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Etiqueta: MOPT

Campaña por el rescate de la ruta 30703 supera las 300 firmas; CONAVI anuncia inspección técnica tras presión ciudadana

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Comunicado

Cartago, 19 de octubre de 2026. El Frente Eco Cipreses informa a la opinión pública, medios de comunicación y comunidades aledañas que la campaña activa de recolección de firmas para exigir la intervención urgente de la ruta de travesía 30703 (Sector La Puente – Cipreses, Oreamuno) ya ha superado las 300 firmas de vecinos, trabajadores y personas usuarias de la vía.

Esta movilización ciudadana nace de la absoluta indignación ante el estado deplorable, ruinoso y sumamente peligroso en el que se encuentra la carretera. A través de una denuncia formal dirigida al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y a la Contraloría de Servicios, con copia a la Alcaldía y el Concejo Municipal de Oreamuno, las comunidades exigieron la rendición de cuentas por el abandono sistemático de esta arteria vital.

En el documento, los vecinos denuncian que la ruta es hoy un campo de cráteres intransitable que genera un impacto económico devastador para la clase trabajadora de Cartago, obligando a los conductores a pagar altísimas facturas por daños en suspensiones, llantas y aros. Por ello, se exigió a las autoridades una explicación técnica del abandono y una fecha exacta para una rehabilitación integral, rechazando categóricamente los «parches temporales» que desaparecen con las lluvias.

Primera respuesta de las autoridades

Como fruto de esta fuerte presión ciudadana, el Frente Eco Cipreses recibió una respuesta formal por parte del señor Esteban Jarquín Vargas, representante del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), quien indicó textualmente lo siguiente:

«En atención a su comunicación relacionada con las condiciones de la Ruta de Travesía N.° 30703, específicamente en el sector La Puente–Cipreses, cantón de Oreamuno, provincia de Cartago, se les informa que esta Administración procederá a realizar una inspección técnica en el sitio, con el propósito de verificar las condiciones señaladas en su denuncia, determinar el estado actual de la infraestructura vial y valorar las necesidades de intervención que correspondan.

A partir de los resultados de dicha inspección, y de determinarse la necesidad de ejecutar obras, se procederá a valorar su incorporación en la programación de intervenciones de conservación vial, considerando las competencias institucionales, los alcances legales y contractuales aplicables, la disponibilidad de contenido presupuestario y las prioridades de atención establecidas para la zona.»

Llamado a mantener la presión

Si bien consideramos que esta inspección es un primer paso logrado gracias a la unión comunal, la historia nos ha enseñado que no podemos bajar la guardia.

Por lo tanto, invitamos a toda la población a firmar y mantener activa la campaña de firmas para sostener la presión social ante el abandono que el mal gobierno mantiene sobre las vías públicas de Cartago. No podemos permitir que esta inspección técnica se convierta en una excusa burocrática más ni en promesas vacías; la paciencia de la clase trabajadora llegó a su límite.

Le instamos a sumar su voz y compartir el formulario para exigir soluciones definitivas.

Enlace para firmar la petición: https://forms.gle/uSAGK7auMEDf6fAT7

Personas usuarias de la ruta 30703 en Cartago denuncian el abandono de la vía y exigen al MOPT y al CONAVI una fecha de intervención

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El Frente Ecologista de Cipreses dio a conocer, mediante un comunicado de prensa del 13 de octubre, la denuncia formal que 227 personas vecinas, usuarias y trabajadoras de Cartago han suscrito sobre el estado de la ruta de travesía 30703, conocida como la ruta de La Puente, en el sector La Puente-Cipreses de Oreamuno. La campaña de recolección de firmas sigue activa.

La denuncia está dirigida al ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), a la dirección ejecutiva del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y a la Contraloría de Servicios del MOPT y el CONAVI, con copia a la Alcaldía y al Concejo Municipal de Oreamuno. La iniciativa se ampara en el derecho de petición y de rendición de cuentas que establece la Constitución Política. Busca poner fin a lo que las personas firmantes califican como un “abandono sistemático” de una vía clave para la conectividad y el desarrollo de la zona alta de Cartago.

En la carta describen el estado de la ruta como “deplorable, ruinoso y sumamente peligroso”. Señalan que durante años las promesas de bacheo no se han concretado y que el asfalto se sigue deteriorando “hasta transformar una carretera vital en un campo de cráteres intransitable”.

Un impacto directo en la economía trabajadora

Las personas firmantes explican que la ruta dejó de ser un camino vecinal secundario y hoy es una vía de alto tránsito que conecta comunidades de la zona alta de Cartago y sirve de desahogo vial para miles de personas. El costo de su deterioro, señalan, recae sobre la clase trabajadora:

“Los ciudadanos de a pie, agricultores, comerciantes y trabajadores que a diario viajamos para ganarnos el sustento, estamos pagando facturas altísimas en reparaciones de suspensiones, llantas estalladas, aros rotos y dirección. Esto representa un golpe devastador para la economía de nuestras familias, en especial cuando ya pagamos puntualmente nuestros impuestos”, indica el documento.

Las preguntas a las autoridades

La comunidad pide respuestas concretas a dos preguntas:

  • ¿Cuál es la razón técnica, administrativa o política para mantener en el abandono una ruta de tanta importancia para la conectividad de la zona alta de Cartago?

  • ¿En qué fecha exacta (mes y año) está prevista una intervención integral y definitiva de la ruta 30703? Aclaran que no buscan “más parches temporales que se lavan con la primera lluvia”, sino una rehabilitación real de la estructura vial y de sus drenajes.

La carta advierte que “la paciencia de la clase trabajadora de Cartago llegó a su límite” y que no pueden seguir asumiendo “el costo de la inacción y del limbo competencial entre instituciones”. Las personas firmantes se reservan el derecho de tomar medidas de presión pacíficas si no reciben respuesta en los plazos de ley.

Respuesta del MOPT

El viernes 9 de octubre, el Despacho del Viceministerio de Infraestructura del MOPT acusó recibo de la denuncia y la trasladó, mediante el oficio MOPT-DVI-TC-1060-2026, a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI. El traslado se dirigió al Ing. Luis Alvarado Arce, director de la Región Central, y al Ing. Braulio Fonseca Ramírez, ingeniero de zona, para que atiendan la solicitud según sus competencias y respondan directamente al Frente Ecologista de Cipreses.

La recolección de firmas continúa

Las personas organizadoras hacen un llamado a más personas usuarias, vecinas y sectores afectados a sumarse en los próximos días. La campaña se difunde con la etiqueta #ReparacionRuta30703 y el lema “Cartago no se calla”. El comunicado concluye que “el desarrollo y la seguridad vial no son un favor, sino un derecho fundamental para quienes transitan y sostienen la economía de Cartago”.

La petición puede firmarse en este enlace: https://forms.gle/vfuHgF2V9oHuA1MA8

Defensoría solicita información sobre eventual revisión del beneficio tarifario en buses para personas adultas mayores

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La Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) información precisa sobre los análisis que se estarían realizando en torno a la sostenibilidad y eventual revisión del beneficio tarifario para las personas adultas mayores usuarias del transporte público colectivo.

La solicitud se realiza en el marco de las competencias de la Defensoría como órgano contralor de la actuación administrativa y de defensa de los derechos e intereses de las y los habitantes, particularmente ante la relevancia que tiene el transporte público para la movilidad, autonomía y acceso a servicios esenciales de las personas adultas mayores.

La Defensoría tuvo conocimiento de diversas informaciones difundidas en medios de comunicación, en las que se señala que, según un acta del Consejo de Transporte Público (CTP), la exoneración del pasaje para las personas adultas mayores podría ser objeto de revisión.

De acuerdo con dichas informaciones, el MOPT estaría analizando la sostenibilidad del beneficio y posibles fuentes alternativas de financiamiento. Asimismo, se ha informado que durante 2025 los pasajes no cobrados a esta población habrían representado aproximadamente ₡14.000 millones.

Ante esta información, la Defensoría considera necesario conocer con claridad si se está analizando únicamente la sostenibilidad y las fuentes de financiamiento del beneficio vigente o si también se estudia modificar las condiciones actualmente aplicables a las personas adultas mayores.

Por ello, solicitó al MOPT información sobre si existe o no algún estudio, análisis o valoración sobre la sostenibilidad o eventual modificación del beneficio y cuál es su estado; además, si se están considerando modificaciones a las condiciones de acceso, porcentajes de exoneración o distancias actualmente establecidas.

También se consultó cuáles son los criterios técnicos, financieros y jurídicos utilizados y cómo se están incorporando las obligaciones derivadas de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, Ley N.° 7935, si se ha valorado o no el posible impacto de una eventual modificación, especialmente en personas adultas mayores en condición de vulnerabilidad económica, residentes en zonas rurales o que dependen del transporte público para acceder a servicios esenciales y si se contempla la participación o consulta de las organizaciones de personas adultas mayores y de las instituciones vinculadas con la protección de sus derechos, así como el cronograma previsto para concluir el análisis y eventualmente adoptar medidas.

La Defensoría solicitó, además, información a la ARESEP para conocer cuál ha sido su participación en los análisis que estaría realizando el MOPT y cuál sería su intervención, dentro del ámbito de sus competencias, ante una eventual modificación de las condiciones del beneficio.

Asimismo, si ha realizado o tiene previsto realizar estudios sobre el impacto económico y tarifario de mantener, modificar o establecer mecanismos alternativos de financiamiento del beneficio, y se solicita remitir los estudios, informes o criterios técnicos correspondientes.

Hasta este miércoles 7 de octubre, solo ARESEP había respondido e indicó por medio de la Intendencia de Transporte que, no tenía conocimiento si el MOPT-CTP había realizado algún análisis en torno al beneficio tarifario de las personas adultas mayores en el servicio de autobús, de manera que no ha tenido participación en ese proceso, en caso de que se esté llevando a cabo.

Además, informó que en este momento la ARESEP es la contraparte técnica en nuestro país de la cooperación internacional que realiza el Programa de Sociedades Inclusivas de la Unión Europea en el marco de la iniciativa Global Gateway, con la que se procura asentar los primeros cimientos conducentes al diseño de medidas de tarificación progresiva en el transporte público de Costa Rica que considera la situación de la exoneración tarifaria a las personas adultas mayores y que, si bien las medidas asociadas a las fuentes necesarias para la sostenibilidad financiera de los servicios de transporte público requieren modificaciones legales y políticas públicas que corresponde gestionar al Poder Ejecutivo (MOPT-CTP), la ARESEP debe procurar la continuidad de los servicios públicos regulados, de manera que los resultados de esta cooperación internacional serán un insumo importante para esa discusión país.

Para la Defensoría, cualquier análisis sobre este beneficio debe contar con información técnica, financiera y jurídica suficiente, así como considerar los derechos de las personas adultas mayores y los posibles efectos que cualquier eventual modificación pudiera generar sobre su movilidad, autonomía y acceso efectivo a otros derechos y servicios.

La Defensoría enfatiza que su intervención tiene como propósito conocer y valorar la actuación de las instituciones competentes y verificar que los procesos de análisis y eventual toma de decisiones se desarrollen conforme al ordenamiento jurídico y desde un enfoque de derechos humanos.

Prevenir o lamentar: las pretensiones del oficialismo Jaguar para evitar controles previos de la Contraloría

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Por JoseSo — Entre Verdades y Opiniones, para SURCOS

¿Qué es mejor, prevenir el delito o recoger el muerto?

En materia de seguridad ciudadana y defensa nacional, la respuesta nos parece obvia. Pensemos por un momento en lo que ocurrió cuando se ejecutó la desastrosa política de retirar a la Policía de Control de Drogas (PCD) de nuestros puertos, aeropuertos y fronteras. Al abandonar la barrera preventiva, el país quedó ciego e inoperante, apostando por un modelo reactivo donde el Estado solo llegaba a lamentar el daño, recoger los escombros y contar las consecuencias del crimen organizado cuando la droga ya había cruzado nuestros umbrales.

Traslademos este mismo absurdo suicida al manejo de nuestros impuestos. Eso es, letra por letra, lo que el autodenominado “oficialismo Jaguar” ha pretendido hacer con la Contraloría General de la República (CGR) y la Hacienda Pública.

La estrategia para desarmar al vigilante

La intención de quitarle los frenos al vehículo del Estado no ha sido disimulada. Bajo la falsa premisa de que la fiscalización “detiene el progreso”, hemos sido testigos de una embestida sistemática para desarticular la defensa preventiva de los fondos públicos. Entre los intentos más peligrosos destacan:

La insistencia con la “Ley Jaguar” (en sus múltiples versiones): Proyectos de ley redactados con el objetivo quirúrgico de mutilar la Ley Orgánica de la Contraloría, arrebatándole la potestad de emitir órdenes vinculantes, advertencias previas y suspender actos irregulares antes de que se ejecuten.

La amenaza de reformas constitucionales: Solicitudes y presiones políticas para modificar la Constitución Política, buscando reducir a la CGR a un simple auditor de autopsias financieras que solo pueda emitir informes cuando la plata ya desapareció.

El uso de referéndums como arma de presión: Intentar someter a votación popular el desmantelamiento técnico de los controles de contratación administrativa, disfrazando la desregulación de “eficiencia”.

Cuando se apaga la luz: Los casos INA y Pista Oscura

Para entender por qué el control previo es vital, solo basta ver lo que sucede cuando se busca evadirlo o forzarlo mediante atajos legales. Tenemos dos ejemplos recientes y lapidarios:

El contrato INA – Open English: Una adjudicación millonaria otorgada bajo un esquema “llave en mano”, impulsada sin los estudios técnicos rigurosos que demostraran la viabilidad y efectividad del modelo para la población objetivo. Una licitación hecha a la medida que compromete decenas de millones de dólares del presupuesto institucional en plataformas de autoestudio.

El caso Pista Oscura (MOPT-MECO): La intervención en la pista del Aeropuerto Daniel Oduber de Liberia, donde se utilizó la figura del decreto de emergencia y supuestas “ingenierías de valor” para saltarse los procedimientos ordinarios de licitación. El resultado es una investigación penal por presiones indebidas para modificar contratos a favor de la empresa MECO, ignorando criterios técnicos.

Si sumamos el potencial perjuicio económico y el riesgo a la Hacienda Pública de estos dos casos, sobrepasamos y duplicamos las cifras de daño que en su momento escandalizaron al país con el sonado caso ICE-ALCATEL. Y esto, apenas en dos expedientes.

Recoger el muerto financiero

Quitarle el control previo a la Contraloría es el equivalente administrativo a sacar a la PCD de las fronteras. Es pedirle al Estado que cierre los ojos ante las licitaciones a la medida, los decretos de conveniencia y los contratos “llave en mano”, para que la CGR solo pueda actuar años después, redactando informes sobre millones de dólares que ya no están y obras que se entregaron defectuosas.

La eficiencia del Estado no se logra abriendo la puerta al despilfarro. Prevenir siempre será más barato que lamentar.

Organizaciones piden aprobar proyecto de ley sobre pasos de fauna y alertan sobre muerte masiva de animales en carreteras

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Diversas organizaciones ambientales y personas defensoras de la vida silvestre solicitaron a la Asamblea Legislativa ampliar el plazo de discusión y aprobar el proyecto de ley No. 23.166, orientado a garantizar la incorporación de pasos de fauna en obras de infraestructura vial en Costa Rica.

La solicitud fue impulsada por la Comisión Vías y Vida Silvestre de la UNED (CVVS-UNED), junto con sectores ecologistas vinculados al Frente Ambiental del Frente Amplio y organizaciones conservacionistas.

Según el pronunciamiento enviado a diputadas y diputados, la ausencia de pasos de fauna ha provocado una creciente mortalidad de animales silvestres en carreteras nacionales, situación que consideran ya constituye una amenaza para la biodiversidad y la conectividad ecológica del país.

El proyecto de ley busca incorporar medidas obligatorias de protección de fauna silvestre dentro de las obras de infraestructura vial, incluyendo pasos aéreos, subterráneos y otras soluciones de conectividad ecológica.

La Comisión Vías y Vida Silvestre recordó que actualmente “están muriendo más animales silvestres en nuestras carreteras que por la cacería”.

Como parte de la campaña, se compartieron materiales audiovisuales elaborados por la UNED sobre atropello de fauna silvestre y prevención en carreteras.

Además, las organizaciones insistieron en la necesidad de que el proyecto vial de ampliación de la Ruta 1 San José-San Ramón incorpore pasos de fauna desde sus etapas de diseño y evaluación ambiental.

En una carta enviada el 16 de abril de 2026 al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, al viceministerio y al CONAVI, la Comisión Vías y Vida Silvestre consultó formalmente si el proyecto contempla pasos de fauna aéreos, subterráneos y mixtos, y cuántas estructuras de este tipo se encuentran previstas.

La organización recordó que la Ruta 1 atraviesa importantes corredores biológicos y señaló que la Sala Constitucional ya había indicado anteriormente la necesidad de contemplar medidas de protección de fauna silvestre para esta vía.

Entre los antecedentes citados destaca la resolución de la Sala Constitucional relacionada con el proyecto del corredor vial San José-San Ramón. En ella se reconoce que la Ruta 1 atraviesa tres corredores biológicos: Garcimuñoz, El Achiote y Montes de Aguacate.

La resolución también establece que el Estudio de Impacto Ambiental deberá determinar la necesidad de incorporar pasos o cruces de fauna silvestre como parte del diseño del proyecto vial.

Asimismo, SETENA indicó dentro de los términos de referencia del estudio ambiental que deben evaluarse corredores biológicos, fragilidad de ecosistemas y medidas de protección asociadas a la conectividad ecológica.

Aunque la Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso presentado en 2021 debido a que el proyecto aún se encontraba en una fase inicial, el tribunal dejó claro que los pasos de fauna deberán ser incorporados en el diseño del proyecto una vez presentado el Estudio de Impacto Ambiental.

Las organizaciones ambientalistas advierten que el país enfrenta un proceso creciente de “defaunización” de los bosques, producto de la expansión vial, incendios forestales, cacería y cambio climático. Por ello, consideran urgente aprobar legislación que garantice infraestructura amigable con la vida silvestre y reduzca la mortalidad animal en carreteras.

Desde el Frente Nacional Ecologista del Frente Amplio se respaldó la solicitud de ampliar el plazo legislativo del expediente 23.166 y se pidió su pronta aprobación “para proteger y conservar la vida silvestre”. También señalaron la necesidad de detener las muertes de animales tanto por atropellos como por electrocuciones.

Denuncian arrasamiento en “derecho de vía” de la Ruta 32 y exigen evaluación técnica y respuestas del MINAE y el MOPT

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La Asociación Conservacionista YISKI volvió a denunciar lo que califica como un arrasamiento indiscriminado de cobertura vegetal en el llamado “derecho de vía” de la Ruta 32, particularmente en tramos cercanos al Parque Nacional Braulio Carrillo, y exigió una evaluación técnica y científica independiente sobre los supuestos riesgos de deslizamiento utilizados para justificar las intervenciones.

Según informó María Elena Fournier, presidenta de YISKI, las fotografías tomadas el 6 de diciembre, entre las 10:36 y las 11:18 de la mañana, evidencian que las labores realizadas no distinguen entre zonas con riesgo real de deslizamiento y áreas donde, a criterio de la organización, no existía justificación técnica para la tala, lo que habría provocado una afectación generalizada del entorno.

Las imágenes —tomadas por N. Landry, con autorización expresa para su publicación— muestran extensos tramos sin cobertura vegetal, lo que, advierten, podría agravar procesos de erosión, afectar la fauna silvestre y comprometer la estabilidad ecológica del área protegida y su zona de influencia.

Falta de respuestas institucionales

De acuerdo con la denuncia, han transcurrido más de catorce días hábiles sin respuesta por parte del despacho del ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, a quien señalan como máxima autoridad del ente rector en materia ambiental. En el caso del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la consulta habría sido trasladada a una dependencia interna sin que, hasta el momento, exista una respuesta formal.

La denunciante cuestiona además la inestabilidad administrativa en el MOPT, con jerarcas en condición interina y constantes cambios, situación que —a su juicio— contribuye al abandono y desorden en la gestión de la red vial nacional, así como a la falta de rendición de cuentas.

Exigen criterios técnicos y fiscalización ambiental

Desde YISKI se insiste en que las intervenciones realizadas bajo el argumento de “derecho de vía” deben estar respaldadas por criterios técnicos y científicos claros, debidamente documentados y sujetos a fiscalización ambiental, en especial cuando se trata de áreas colindantes con parques nacionales y ecosistemas sensibles.

La organización espera pronunciamientos concretos del SINAC–MINAE, del Sistema Integrado de Trámites y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA) y de las autoridades responsables de la infraestructura vial, a fin de determinar quién autoriza, ejecuta y supervisa estas labores, y bajo qué parámetros.

Un conflicto que no es aislado

Esta nueva denuncia se suma a cuestionamientos previos documentados en SURCOS sobre la aplicación del concepto de “derecho de vía” en carreteras nacionales, particularmente en la Ruta 32, donde organizaciones ambientalistas han advertido sobre tala excesiva, ausencia de pasos de fauna y falta de transparencia en los procesos de decisión.

En esos antecedentes se ha señalado que el uso amplio y poco preciso de esta figura puede derivar en daños ambientales irreversibles, especialmente cuando no existe información pública clara ni evaluaciones independientes que sustenten las intervenciones.

YISKI reiteró que se mantendrá vigilante y que continuará recurriendo a los mecanismos legales y administrativos disponibles para defender el patrimonio natural y exigir responsabilidades a las autoridades competentes.

Organización ambiental cuestiona a la Contraloría por omitir pasos de fauna en ampliación de la Ruta 1

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La Asociación Conservacionista Yiski, por medio de su presidenta María Elena Fournier, cuestionó a la Contraloría General de la República (CGR) ante la ausencia de información sobre pasos de fauna subterráneos y aéreos en el proyecto de rehabilitación y ampliación de la Ruta Nacional n.° 1, sección Barranca–Limonal, recientemente refrendado por la institución fiscalizadora.

El mensaje fue enviado directamente al equipo de prensa de la CGR, con copia a diversas personas y organizaciones, expresando preocupación por el incumplimiento de obligaciones ambientales esenciales que Costa Rica ha asumido internacionalmente.

Una omisión incompatible con los compromisos de conservación

Fournier recuerda que Costa Rica ha firmado y ratificado múltiples convenios internacionales vinculados con la protección de la biodiversidad y la vida silvestre. Sin embargo, en la práctica, miles de animales mueren cada año en las carreteras del país por atropellos evitables.

En su comunicación, plantea una pregunta central:

“¿Están contemplados también, en esta rehabilitación y ampliación de Ruta Nacional No. 1 y otras mencionadas, los pasos de fauna subterráneos y aéreos?”

Subraya que la ampliación vial sin medidas de conectividad ecológica representa una grave falta de alineación con compromisos ambientales vigentes y con el deber estatal de protección de la fauna silvestre.

El refrendo de la CGR y la ausencia del componente ambiental

El comunicado enviado por Xinia Valverde Corrales, de la CGR, informaba que la entidad refrendó dos contratos para ampliar la Ruta 1 a cuatro carriles, adjudicados a:

  • Consorcio Barranca Ruta 1, por más de 121 millones de dólares, más servicios especializados.

  • Constructora Meco S. A., por más de 141 millones de dólares, más servicios especializados.

La CGR indicó haber verificado requisitos legales, técnicos, estudios de preinversión y disponibilidad de terrenos, pero no menciona en ningún punto el componente ambiental relacionado con la conectividad de fauna, un aspecto indispensable para obras dentro de un país megadiverso y con compromisos internacionales de conservación.

Un llamado urgente a la fiscalización ambiental

La Asociación Yiski insiste en que la rehabilitación y ampliación de la Ruta 1 debe incorporar de manera obligatoria:

  • Pasos de fauna aéreos y subterráneos en los tramos necesarios.

  • Respeto a la legislación y normativa ambiental vigente.

  • Coherencia con los compromisos internacionales de conservación firmados por Costa Rica.

Fournier concluye su mensaje recordando la urgencia de detener la mortalidad de fauna silvestre en las carreteras y la responsabilidad institucional de evitar proyectos viales que profundicen esta crisis ecológica.

Denuncian tala indiscriminada en el “derecho de vía” del Parque Nacional Braulio Carrillo

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La Asociación Conservacionista Yiski -junto con otras personas especialistas en derecho ambiental- alertó sobre una corta intensiva de árboles y cobertura boscosa en la Ruta 32, en el tramo que atraviesa el Parque Nacional Braulio Carrillo (Zurquí). La intervención estaría siendo realizada bajo el criterio de “derecho de vía”, pero —según denuncian— se estaría aplicando sin controles adecuados, sin criterios técnicos claros y en zonas que no corresponden a deslizamientos ni emergencias viales.

La denuncia fue dirigida al presidente Rodrigo Chaves, al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, al Área de Conservación Central (ACC), al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y al ministro de Obras Públicas y Transportes, Pablo Camacho, solicitando explicaciones urgentes y una fiscalización inmediata.

¿Qué se está denunciando?

Según expone María Elena Fournier, presidenta de la Asociación Conservacionista Yiski, en su comunicación oficial:

  • La corta observada la semana pasada incluye árboles de todo tamaño, en sectores donde no existe justificación por deslizamientos.
  • La intervención se estaría realizando sin supervisión visible, sin límites claros y sin presencia de funcionarios que garanticen criterios técnicos o ambientales.
  • Se califica la acción como abuso de autoridad y falta de conciencia ambiental, debido al impacto directo sobre uno de los ecosistemas más biodiversos del país.

Impactos señalados sobre el ecosistema del Zurquí

En el texto se advierte que esta corta se suma a una serie de presiones acumuladas sobre la zona:

  • Contaminación por combustibles fósiles.
  • Ruido excesivo por parte de transportistas.
  • Iluminación artificial continua.
  • Ausencia de pasos de fauna aéreos y subterráneos.
  • Reducción visible en la presencia de especies sensibles, como las ranas de cristal.

Según Fournier, estas presiones, sumadas a una tala indiscriminada en la zona boscosa, profundizan la afectación sobre anfibios, aves y fauna que depende de la conectividad del bosque.

El profesor de Derecho Internacional Público Nicolas Boeglin reforzó la preocupación señalando que:

  • Muchas especies del Parque Nacional Braulio Carrillo se movilizan sin tocar el suelo, utilizando las ramas frondosas que cruzan sobre la carretera como corredores naturales.
  • Cortar estos árboles sin prever puentes de lianas u otras estructuras de conectividad biológica implica romper los corredores y poner en riesgo a numerosas especies.
  • Boeglin cuestiona que las autoridades actúen sin considerar las obligaciones ambientales y recuerda que la Sala Constitucional ya ha establecido criterios claros sobre la protección del área en sentencias previas.

Petición urgente

  • Detener de inmediato la tala hasta contar con un análisis técnico verificable.
  • Explicar quién dirige y fiscaliza la intervención en el derecho de vía.
  • Asegurar la protección del ecosistema del Zurquí, conforme a la legislación de áreas silvestres protegidas.

La carta de María Elena Fournier concluye insistiendo en que la situación requiere atención inmediata para evitar daños irreversibles en un parque nacional reconocido por su extraordinaria biodiversidad.

Asociación ecologista solicita a la Sala Constitucional valorar oficio clave del CONAVI como prueba en recurso de amparo sobre rotondas en Ruta 32

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La Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicitó a la Sala Constitucional valorar un oficio clave del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) como prueba en un recurso de amparo interpuesto contra la institución pública. El recurso tiene que ver con la colocación de rotondas en la Ruta 32, situación la cual varios vecinos y comunidades organizadas de la zona han manifestado su molestia.

Esto se dio a conocer a través de la carta a la Sala Constitucional suscrita por Marco Levi Virgo, vecino de Limón. En esta carta, Levi le solicita a este órgano judicial incluir en el recurso de amparo el oficio CARTA-CONAVI-UE32-09-2025-0459 (0563).

La carta, suscrita por el ingeniero Ronald Alfaro Fernández, menciona algunos puntos importantes. Alfaro menciona en el oficio que está buscando estudios funcionales que demuestren o justifiquen la implementación de obras no contempladas originalmente en el proyecto. Levi de esta manera menciona que “esta afirmación implica que las rotondas actuales no cumplen plenamente con las necesidades de funcionalidad y seguridad de la Ruta 32”.

Otro punto a destacar del oficio es que reconoce que la implementación de las rotondas obedece a que quedan pendientes expropiaciones que permitan hacer el paso a desnivel, siendo estas una medida temporal y no una solución. Levi menciona que esto compromete la seguridad vial y contradice las Normas de Diseño Geométrico de Carreteras del MOPT.

Entre otros puntos mencionados en el recurso están que la institución se compromete a mejorar los diseños en un futuro. Además, Levi menciona que los puntos del oficio donde se mencionan las medidas de participación ciudadana son ambiguos en su gran mayoría. Por otra parte, menciona que tienen un acuerdo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la elaboración de estudios técnicos y la planificación de obras complementarias.

Además de la inclusión del oficio como prueba del recurso de amparo, otras medidas solicitadas por Levi a los magistrados judiciales en su carta son: ordenar la realización de estudios técnicos y obras complementarias, la instalación mecanismos efectivos de participación ciudadana, y que la Sala Constitucional designe un plazo razonable para el cumplimiento de las medidas ordenadas.

El recurso de amparo tiene como propósito salvaguardar el derecho fundamental a la seguridad vial y a un ambiente sano, derechos constitucionales consagrados en los artículos 21 y 50 de la carta fundamental.

Lucha comunitaria logra mejora en condiciones de paradas de buses en Ruta 32

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El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón Leiva, compareció ante la Sala Constitucional tras la apertura de una audiencia en su contra por el presunto incumplimiento de una sentencia relacionada con la reubicación de paradas de autobús en la comunidad de La Unión de Guápiles, sobre la Ruta 32. El recurso fue presentado por Víctor Manuel Villalta Martell, quien denunció que las autoridades no han respondido de manera clara ni completa, generando incertidumbre sobre la legalidad de las bahías construidas en puntos no autorizados, lo que pondría en riesgo a las personas usuarias.

En su defensa, Zeledón argumentó que tanto el Ministerio como el CONAVI han actuado conforme a la ley y que se han realizado diligencias para atender la situación, incluyendo reuniones con la comunidad, el Concejo Municipal de Pococí y el Consejo de Transporte Público (CTP). Además, señaló que, tomando en cuenta la solicitud de la comunidad, la parada será definida al costado sur de la rampa del puente peatonal del lado izquierdo de la Ruta 32, sentido 1-2 y que actualmente se está trabajando en su señalización para garantizar la operatividad del servicio de transporte público, por lo que dentro de su petitoria solicita que se exima al Estado del pago de costas, daños y perjuicios. Es importante tener presente que el ministro no ha cumplido con todo lo solicitado por la comunidad, que no es solamente el tema de las paradas de buses. Dada esa situación de desacato a la Sala Constitucional, la comunidad seguirá los pasos legales necesarios para que se le inicie causa en la Corte Plena por desacato.

Fuente: Víctor Manuel Villalta Martell, comunidad de La Unión de Guápiles.

Imagen con fines ilustrativos.