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Etiqueta: moratoria petrolera

La exploración y explotación de hidrocarburos en Costa Rica no es sostenible

Imagen de Gobierno de México. Tomada de Pressenza.com

Recientemente, la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada (UCCAEP) hizo una propuesta al presidente de la República para que emita un decreto ejecutivo que suspenda la moratoria petrolera y así, reactivar la exploración y explotación de hidrocarburos (petróleo y gas natural) en el país.

Se trata de un asunto recurrente que es de interés de todos los costarricenses pues, desafortunadamente, se vende la idea de que con la hipotética extracción de estos recursos el país obtendrá “dinero fácil y abundante” y con ello vencerá la pobreza y se hará casi tan rico como Noruega.

Algo que, como hemos dicho, resulta un irrespeto muy serio a la sociedad costarricense y en particular a la gente más pobre y necesitada, pues les crea falsas expectativas que no se van a cumplir. Algo que no resulta para nada justo ni necesario.

Lo que propone la UCCAEP: se emite un documento titulado “Propuesta de UCCAEP para una política energética equilibrada”. El gestor principal de la propuesta es el Dr. Roberto Dobles, exministro de Ambiente y Energía de la administración Arias y quien es coordinador de la Comisión de Energía de la UCCAEP.

La propuesta encuentra fundamento en el hecho de que los vehículos pueden transformarse para que en vez de consumir derivados del petróleo puedan consumir gas natural. Se indica que, con esto, se mejora la sostenibilidad ambiental del país, pues se reducen las emisiones.

Además, se señala que el quemado del gas natural es más barato que quemar petróleo, por lo que el cambio produciría una menor inversión.

La eventual extracción de los hidrocarburos la tendrían que realizar empresas petroleras trasnacionales. Se indica que estas empresas tendrían que pagar renta y otros impuestos que generarían ganancias para el Estado.

Según la UCCAEP los yacimientos potenciales en Moín, Limón y Río Blanco en el Caribe podrían generar hasta $251 mil millones, monto que mayoritariamente se llevarían las empresas petroleras extranjeras. Detallamos aquí por qué razón.

Elementos a considerar: ante esta posición, se hace necesario, presentar argumentos técnicos de contrapeso que sirvan a las autoridades de gobierno para tomar la decisión más sabia y equilibrada posible.

Estos argumentos se presentan en razón de la experiencia del autor como geólogo de exploración petrolera de RECOPE por cerca de 15 años y, también, por ser uno de los autores responsables de compilar la información técnica petrolera obtenida de casi un siglo de exploraciones petroleras realizadas en el país durante el siglo XX. También, por la experiencia del autor en hidrogeología ambiental y en evaluación de impacto ambiental.

Así las cosas, recomendamos considerar los siguientes argumentos técnicos:

En Costa Rica no existen estudios científicos serios y avalados por las autoridades técnicas de gobierno o pares o de entes académicos que demuestren fehacientemente la existencia de yacimientos probados de hidrocarburos en territorio nacional.
Existen datos de valoración potencial que tienen más de 30 años de antigüedad y son solo una posibilidad para atraer empresas petroleras a realizar exploración en el país. Lo que existen son especulaciones sin pruebas revisadas.

Este elemento es muy importante, pues de especular un eventual volumen de yacimientos, es fácil pasar a estimar el valor comercial del mismo. De allí sale esa cifra de $251 mil millones, es decir, de un dato especulativo y de potencial que no está fundamentado de ninguna manera en datos de reservas probadas y comprobadas. Por esta razón, estos números deben manejarse con suma precaución.

El costo de las tareas de exploración de hidrocarburos es muy oneroso, del orden de decenas a cientos de millones de dólares por año. El país no podría asumir esos gastos en actividades de exploración para saber si es cierto o no si existen yacimientos potencialmente explotables.
Se debe recordar que durante casi todo el siglo XX se realizaron actividades de exploración de hidrocarburos por diferentes empresas petroleras sin ningún éxito. Esto se debe a que geológicamente Costa Rica es un país muy complejo y por eso no es un país atractivo para realizar actividad petrolera.

Costa Rica es un país producto del choque de placas tectónicas, por lo que tiene muchas fallas geológicas por donde el petróleo o el gas natural que se pudo generar podría haberse perdido por su salida a la superficie. Para colmo de males, tiene mala calidad de rocas reservorio, debido a que las arcillas, que sellan los poros de las rocas, son un mineral abundante.

En el planeta Tierra existen reservas de petróleo hasta el 2070 aproximadamente y de gas natural hasta el 2090 o 2100. Hay muchos hidrocarburos disponibles y no se ocupa encontrar más yacimientos.
Lo que se ocupa es dejar de usarlos, es decir, descarbonizar la economía y cumplir el Acuerdo de París del 2015, el cual el país suscribió.

Además de esto, la eventual extracción del petróleo o del gas natural dependerá del tipo de yacimiento, su profundidad y naturalezas de los hidrocarburos. Dependiendo de esto, el costo de la extracción puede ser más alto que el promedio y sus impactos ambientales pueden ser muy significativos. Esto no se sabrá hasta identificar un yacimiento, pero en un contexto geológico como el de Costa Rica y por la experiencia de la exploración petrolera realizada en el siglo XX, es una posibilidad real.

En caso de realizarse actividad petrolera en el país, tendría que ser por medio de concesiones a empresas petroleras extranjeras, las cuales tendrían que hacer la inversión en exploración y, dado el caso, de la explotación, por lo que ellas se llevarían la mayor parte del recurso y sus ganancias (hasta el 85% del total).
De manera que al país solo le quedaría muy poco del recurso, con el agravante que nos quedarían los impactos ambientales que se produzcan por contaminación, cuya remediación no se pagaría con las ganancias obtenidas.

Las experiencias en países tropicales, es que la remediación de los impactos ambientales producidos por la actividad petrolera, por lo general, es más costosa que el beneficio económico que deja. Así no es negocio, pues las empresas petroleras se llevan las ganancias y a nosotros nos toca lidiar con los problemas ambientales y sociales que se derivan.

Los lugares donde la UCCAEP dice que podría haber hidrocarburos son zonas de bosques biodiversos con acuíferos en el subsuelo o áreas marinas con gran biodiversidad y muy sensibles desde el punto de vista ambiental.
Son de gran riqueza ecológica y habría que sacrificar esos recursos para sacar petróleo o gas natural para el beneficio mayoritario de una o varias empresas petroleras extranjeras. Destruir la biodiversidad no es negocio para Costa Rica.

Existen otras alternativas para el alto consumo de hidrocarburos que tiene el país y consiste en el desarrollo de combustibles alternativos como los biocombustibles o el hidrógeno verde.
También se podría impulsar la geotermia de baja y media entalpía en todo el país, algo que hemos descuidado por años y que debería ser impulsado para que sea el sector privado el que lo aproveche. Esta energía geotérmica puede aportar la energía eléctrica que necesita un parque automotor eléctrico, por lo que no es necesario el uso de gas natural.

Estas actividades dejarían beneficios económicos directos al país y mayores que los que dejaría el arriesgarse a empezar una incierta actividad petrolera.

Finalmente, el país tiene una importante imagen ambiental ante el mundo y eso es causa de que se tenga mucho turismo que es la primera fuente de ingresos del país y, además, una gran reputación en materia ambiental en todo el mundo.
Aventurarse con el tema de hidrocarburos en medio de una enorme Crisis Climática en el planeta dejaría la reputación internacional del país por los suelos.

No debemos olvidar que conforme pasa el tiempo, más se agrava la situación de Cambio Climático y más intensos son los efectos de éste. Costa Rica es un país altamente vulnerable a la Crisis Climática. Desde este punto de vista, el que el país se abra a la exploración y muy, pero muy eventual explotación petrolera, resulta altamente contradictorio, en particular, porque esa actividad no es parte de su modelo de desarrollo económico.

Costa Rica tiene otras alternativas para impulsar su desarrollo económico. Por medio de una correcta planificación y gestión de su territorio, puede potenciar el uso sostenible de sus bosques, biodiversidad, suelos para producción regenerativa, potencial geotérmico y riqueza hídrica, a parte del potencial que tienen sus mares.

Así las cosas, ponerse a revivir una actividad que no se necesita y que debemos dejar en el pasado, no es para nada recomendable.

El autor es geólogo ambiental. Fue geólogo de exploración petrolera para la Refinadora Costarricense de Petróleo entre 1984 y 1999. Ex secretario General de la SETENA. Catedrático de Sedimentología y Geología Ambiental de la Universidad de Costa Rica hasta el 2019. Es Doctor en Ciencias Naturales y consultor ambiental en evaluación ambiental, ordenamiento ambiental del territorio, planificación territorial, gestión del riesgo e hidrogeología ambiental.

 

Compartido con SURCOS por Gerardo Badilla.

Fuente: https://www.pressenza.com/

Moratoria Petrolera Sí, Pero También Justicia Energética

(FECON, 17/06/2020) En los últimos días se ha desarrollado un fuerte debate sobre la desafortunada idea de que Costa Rica se abra a la explotación petrolera, a la minería de oro a cielo abierto y a la explotación de gas natural. Ideas empujadas por diputados y diputadas de dudoso prestigio ambiental. Pero el debate que merece el país debe ser más profundo y consecuente. Es necesario hablar de justicia energética, justicia climática y transición justa.

El debate ha despertado por la negativa por parte del directorio de la Asamblea Legislativa de recibir a Cristiana Figueres, ex-Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (2010-2016), pero también miembro de una de las familias propietarias de embalses hidroeléctricos privados. Al menos se conoce que las plantas hidroeléctricas “Volcan” y “Pedro” están ligadas a su familia; de las cuales para 2018 recibieron por parte del ICE ¢2.863 millones y ¢2.678 millones, respectivamente.

La discusión de la generación eléctrica en Costa Rica es importante debido a la gran presión que existe para represar ríos. En 2015, se detectaron al menos 16 proyectos hidroeléctricos solamente en la Zona Sur. Gracias a la organización comunitaria esto se pudo parar, pero continua la insistencia por parte de intereses particulares por llamarlo a esta energía “limpia”. Escondiendo así las consecuencias graves de este modelo energético sobre el ambiente y la gente de las comunidades.

Pero este “enjambre hidroeléctrico” no es casual, se sabe que la generación eléctrica privada es un gran negocio gracias a la apertura que brindan la Ley #7200: “Ley de Generación Autónoma o Paralela” y la Ley #8345: Ley Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las empresas de Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional.

Este marco normativo propicia un clima muy favorable para los negocios vinculados a la venta de energía al ICE. Que solo en 2018 significó un gasto por compra de energía innecesaria que ascendió a más de ¢25.000 millones de colones. Pero según informes del Diputado José María Villalta para el período 2010-2018 se ha pagado a las empresas privadas de energía ¢709.936 millones por energía que el ICE no necesitaba.

Sumas que año a año, de una u otra manera, las personas que pagamos el recibo de electricidad estamos condenadas injustamente para engordar las billeteras de unos cuantos. Que de paso, esos cuantos políticos y empresarios, siguen empeñados en destruir los ríos con sus represas.

Desde el sector ecologista por supuesto que deseamos que la moratoria a la explotación petrolera se convierta en ley. Pero aparejado a esto es urgente la justicia energética que proteja a los más pobres y genere las condiciones para transitar con justicia social hacia la sociedad post-petrolera.

El modelo que representa Cristiana Figueres pretende falsamente plantearse como el futuro, la Economía Verde propone la electrificación del transporte sin asumir los costos ambientales de la migración de la industria del vehículo eléctrico privado bajo el mismo modelo individualizado. A Cristina Figueres se le olvida que no solo existe el pico del petroleo, sino también estamos ante el pico en la extracción de minerales. Materiales necesarios para el impulso de la electrificación del sector automotríz. América Latina ya somos testigos de enfrentamientos armados y golpes de estado producto del extractivismo de oro, cobre, niquel, litio, cobalto, etc.

Costa Rica merece un debate profundo sobre su modelo energético. Proponemos que el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa abra un Dialogo Energético, espacios inclusivos, basados en la ciencia, la sostenibilidad ambiental, la justicia social, la distribución de la riqueza y el acceso universal a la energía.

La Sala Constitucional avala moratoria petrolera

Por Mauricio Alvarez Mora (*)

 

Otra derrota para los intereses que quieren amarrarnos a la contaminación y agravar el cambio climático con el extractivismo petrolero.

La Sala de forma unánime declaró sin lugar una acción de inconstitucionalidad presentada contra los Decretos Ejecutivos números 36693-MINAET, 38537-MINAE y 40038 que se emitieron en la pasada y actual administración para establecer una moratoria para la exploración y explotación de petróleo hasta la celebración del bicentenario de la Declaración de Independencia de Costa Rica en 2021.

La sentencia 2018-3850 del 7-3-2018 resolvió los alegatos legales del Colegio de Geólogos de Costa Rica, aduciendo lesiones a la jerarquía normativa y a su derecho al trabajo. La sala volvió a legitimar las moratorias amparados en las potestades del Poder Ejecutivo y compromisos internacionales contra el cambio climático.

Esta moratoria es un logro de 20 años de movilización ecologista y comunitaria (Semanario Universidad, 15-4-2015). En la década de los noventas se aprobó una Ley de Hidrocarburos, aún vigente, de estilo colonial que regala nuestro petróleo a las trasnacionales a cambio de comprárselos a precio de mercado internacional, para que se realizaran dos licitaciones que entregaron tierras del Caribe en 1997 a la empresa Harken y de la zona norte, en el 2000, a la Mallon Oil ambas concesiones representaban el 30% del territorio nacional.

Sin embargo, después de una histórica campaña de resistencia ante las concesiones del Caribe, a la empresa Harken se le rechazó su Estudio de Impacto Ambiental necesario para iniciar su actividad (Ver más en Revista La Bici 1 y La Bici 2: http://www.grupoadela.org/labici). La decisión fue histórica pues por primera estableció límites ambientales para este tipo de mega-inversiones y se demostró técnicamente los que eran mayores los costos que los beneficios. La concesión en la zona norte se detuvo durante varios años por recursos legales y finalmente nunca se concretó con la firma de un contrato (ver más en: http://bit.ly/1ul5Utl ).

Como respuesta a esta oposición legal y técnica a estas dos licitaciones el presidente Abel Pacheco (2002-2006) declaró una moratoria petrolera que fue apoyada contradictoriamente al final del Gobierno de Arias al negarse a firmar el contrato con la Mallon Oil pero firmando un acuerdo con China. Harken también amenazó con demandar al país, pero no tuvo suerte en sus intenciones. Finalmente, el anterior gobierno adoptó el decreto ampliado hasta 2021 por la actual administración.

La sociedad costarricense llegó a un importante consenso de que nuestro desarrollo no debe basarse en la industria extractiva. Esta decisión nace de la certeza de que nuestros bosques, humedales, mares, nuestra gente y la democracia vale más que el oro o el petróleo.

La sentencia de la Sala nos deja una moratoria petrolera más resistente a los vientos del fundamentalismo neoliberal. Esta moratoria nos consolidaría como el primer país libre de industrias extractivas transitando hacia una sociedad pospetrolera y más armoniosa con el ambiente.

 

(*)Profesor y coordinador del Programa Kioscos Socioambientales UCR.

 

Enviado a SURCOS por el autor.

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100 días en Ambiente: Lo bueno, lo malo y las medias tintas

100 días en Ambiente - Lo bueno, lo malo y las medias tintas

Por Mauricio Álvarez M,

Presidente FECON y profesor UCR

Una inquietud inusual rodea el informe de los primeros cien días después de décadas de gobiernos de turno que poco o ningún cambio era de esperar, sin embargo para la administración Solís la expectativa de cambio de su gestión puede ser inversamente proporcional a la erosión y descapitalización política que puede sufrir el nuevo gobierno.

Con la Copa mundial vivida en medio de estos primeros meses de gobierno, hacer la analogía con un partido de fútbol queda muy a la mano para el ejercicio de análisis de esta centena de días donde los indicadores podríamos colocarles categoría de goles, faltas o penales.

A esta altura del partido un empate y varios penales quedan a la vista por la pugna entre fuerzas que quieren lograr una gestión del cambio, y las fuerzas que tienden hacia el continuismo y que están muy bien representadas por los miles de burócratas y mandos medios heredados de gobiernos anteriores y que vetan cualquier modificación y se perfilan como una tendencia de oposición dentro del Gobierno; a lo que hay que sumarle el trabajo orquestado por el poder empresarial-comercial que usa a los medios de comunicación masiva para llenar de titulares que provocan contradicciones y sólo evidencian las pifias del gobierno y no sus posibles aciertos.

Lo cierto es que la resistencia al cambio, propuesto por Solís y su gabinete, está presente dentro del aparato administrativo y el MINAE y otras dependencias vinculadas a medio ambiente no están exentas. Para muestra del nivel de cercanía entre las administraciones anteriores y los intereses empresariales vimos en plena Audiencia en Sala IV a un funcionario público que tomó, de la manera más natural y a la vista y paciencia de todas las personas en el recinto, la computadora del abogado de Monsanto para hacer su presentación, a ese “gesto” se le suma el silencio de otros funcionarios en la vista donde su participación fue no decir nada ¿actitud cómplice? el que calla otorga. Juzgue usted.

En el área ambiental podemos recordar el western del italiano Sergio Leone “El bueno, el malo y el feo”, en un ejercicio de análisis de las dibujar a grandes rasgos “lo bueno, lo regular y lo malo”, algo así como aquella película del género spaghetti principales acciones y omisiones del arranque del gobierno.

Aciertos: “lo bueno”

  1. Decreto de incineración de Basura. El nuevo Gobierno envió un mensaje claro a favor de la salud pública y que se convierte en una respuesta positiva para las comunidades organizadas en contra de la incineración, las cuales ejercen la democracia de forma activa para lograr el cumplimiento del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Así, mediante el Decreto Ejecutivo 38500-S-MINAE, el Ministerio de Ambiente en conjunto con el Ministerio de Salud establecen una Moratoria Nacional de las actividades de transformación térmica de residuos ordinarios sólidos hasta que no exista certeza científica de sus consecuencias por parte de las autoridades gubernamentales competentes. La moratoria está siendo atacada por unos algunos alcaldes municipales y empresas interesadas.
  2. Decreto de maíz patrimonio cultural. Este responde a la lucha ecologista y comunitaria en defensa del maíz. Como parte de las acciones de incidencia de la campaña En defensa del maíz “se realizaron reuniones con el ministro del anterior gobierno y se presentó una propuesta de decreto pero a pesar de la anuencia del jerarca de Cultura Manuel Obregón el gobierno anterior no firmó. El decreto firmado por el gobierno es un paso más para cerrar definitivamente la puerta al maíz transgénico para ello está en las manos del actual poder aprobar una decreto de moratoria a los transgénicos así como apoyar un proyecto de prohibición por ley.
  3. Diálogo nacional sobre el tema energía. Sacar contingencia eléctrica despejando la cancha sobre el tema. El lanzamiento del proceso de diálogo anunciado, que no hace otra cosa que formalizar o generarle condiciones de “civilismo” más apropiadas a las batallas del día a día en la discusión energética nacional, anuncia a diferencia de los anteriores, se le marcó la cancha al ICE quién siempre ha sido juez y parte, vende la electricidad, hace los estudios y además cuando es posible evaluarlos prácticamente están hechos los proyectos. El diálogo no podrá obviar que es negocio para el ICE el facturar electricidad y esto deberá estrepitosamente chocar contra la ausencia premeditada de una cultura de ahorro importante.
  4.  No a los proyectos hidroeléctricos Pacuare y Consuelo en Río Cañas Buenos Aires zona Sur. “Vamos a verificar la directriz dictada al ICE que el río Pacuare no tendrá una represa por lo menos en este gobierno y no firmaré ninguna declaratoria que ponga en riesgo el agua para consumo humano” sentenció el jerarca del MINAE, Edgar Gutiérrez frente a unos 30 representante de comités de base del Movimiento Nacional en Defensa de los Ríos y organizaciones ecologistas reunidos el 4 agosto en el MINAE. El ministro volvió a repetir lo que ya les dijo a los diputados en una comparecencia reciente “Dejemos a los ríos tranquilos y estamos trabajando mociones a la ley de contingencia – pues los diputados de oposición aseguran que tienen los votos para aprobarla – a la que calificó como que es un adefesio y no puede aprobarse así como está. ¿Qué negocio para el país puede ser comprar energía producida por el agua en época de invierno, y combustible en época seca? Los empresarios que se pongan creativos para ofrecer al país lo que verdaderamente deje de consumir combustible”, sentenció.

Ambivalencias y medias tintas: lo “más o menos”

  1. La moratoria petrolera modifica el artículo 1 del decreto 36 693 MINAET firmado durante la administración de Laura Chinchilla, ampliando su plazo hasta el 2021 fecha de la celebración del bicentenario de la Declaración de Independencia de Costa Rica. Este decreto es un logro de 15 años de movilización ecologista y comunitaria. Sin embargo, partiendo que aún no existe el texto final del decreto y que es sólo una ampliación del plazo, quedan vigentes las críticas que hizo el movimiento ambiental sobre el decreto que no incluye en la moratoria el “insistido” gas ni su exploración, Mallon Oil sigue haciendo presión y por otro lado el acuerdo con China sigue vigente. Para consolidar el compromiso que se desprende del Pacto Ambiental al que se comprometió el actual presidente hace falta el impulso de una ley que declare a Costa Rica como país libre de exploración y explotación petrolera. El decreto de moratoria es un tránsito para prohibir por ley la actividad petrolera logrando convertir a nuestro país en el primer país en el mundo libre de industrias extractivas como la minería y la industria petrolera.
  2. No firmar un decreto de moratoria a los transgénicos transitorio hasta que se apruebe el proyecto de ley y que consolide los compromisos de campaña del PAC. El Partido Acción Ciudadana (PAC) se propuso en campaña respetar la voluntad de más de setenta cantones que se han declarado «libres de cultivos transgénicos» en todo el territorio nacional.
  3.  No descartar el aeropuerto en la Zona Sur porque afecta el Parque de las esferas declarado recientemente patrimonio de la humanidad, y el humedal Térraba Sierpe. El Aeropuerto en términos ambientales implicaría la aplicación, en el Pacífico Sur, del modelo turístico que ha hecho estragos económicos, sociales y ambientales en el pacifico Norte (Guanacastización de Osa). El Estudio de Impacto Ambiental del Aeropuerto entró a SETENA en diciembre del 2013, por lo que seguramente no fue evaluado para la candidatura de Patrimonio Mundial. Convirtiéndose en un elemento medular para la evaluación solicitada por Comité de Patrimonio Mundial sobre el impactos del Aeropuerto. La SETENA pidió criterio a una serie de instituciones, por esto la UCR presentó el estudio: “Valoración del documento sobre el estudio de impacto ambiental del aeropuerto internacional en la región Brunca (AIRB)”, un extenso documento de críticas y recomendaciones, así como señalamiento de omisiones al proyecto.
  4.  Agenda ambiental legislativa: Lento o casi imperceptible avance de la presentada por ecologistas el 5 de junio pasado, destacando los proyectos de ley prioritarios, de los cuales fueron convocado los proyecto de moratoria a los transgénicos y de Territorios Costeros Comunitarios (TECOCOS)mientras otros que continúan sin ser convocados son el de Fortalecimiento de los Acueductos Comunales ASADA, la Reforma Constitucional para que el agua se declare como un bien de dominio público y su acceso como un derecho humano, así como el pocos avance del importante proyecto No.18804 “Investigación sobre las responsabilidades del estado en el caso del asesinato del ambientalista Jairo Mora y otros casos de agresiones contra el movimiento ecologista (Comisión Permanente Especial de Ambiente) procedimiento comisiones especiales investigadoras.” Esto debió ser una prioridad a partir del triste aniversario de la muerte de Jairo Mora.
  5. Pocas señas de una reformar integral de la SETENA que catalogado como “primer reto ambiental del Gobierno en una solicitud de una 20 de organizaciones ambientales. Muchos de estas solicitudes fueron acogidos como compromisos de campaña. Esto se da después de 8 años de intervención política y de un enorme cúmulo de fracasos e irregularidades donde destacan: Caso Crucitas, Marina Moín, refinería China, el caso de torres y antenas de telefonía celular, el caso de P.H. Diquís, la falta de convocatoria a la Comisión Mixta de apoyo a SETENA , la no reglamentación de la Evaluación Ambiental Estratégica de políticas, desarrollo de procedimientos arbitrarios e inconsultos, evidente pérdida de autonomía técnica, anomalías en trámites de diversos proyectos, ineficiencia en el proceso de control y seguimiento, deficiencia en el proceso de trámite ambiental de planes reguladores, los Incumplimiento de rectificaciones solicitadas por la Contraloría General de la República.

Desaciertos: “Lo malo”

  1. Transgénicos. El triste y deplorable apoyo de funcionarios de MAG, MINAE a la compañía Monsanto en vista de Sala Constitucional. El presidente de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, trató de defender la supuesta rigurosidad, capacidad administrativa y confianza de la “evaluación de riesgos” empleada en el país, lo cierto es que no existe tal control porque existen registros de impactos ecológicos ocurridos por transgénicos. Uno de estos impactos corresponde a los eventos descontrolados de propagación de plantas y rebrotes de algodón transgénico ocurridos en Cañas, Guanacaste en el año 2005 (Sprenger, 2008), y también, se recuerda que en Chomes en Puntarenas más de 180 mujeres trabajadoras sufrieron de intoxicaciones con uso de pesticidas en campos de algodón transgénico durante los meses de julio y octubre de 2010 (IRET, 2011).
  2. Muelle de Apm Terminal. Se le da toda serie de ventajas y más tiempo al proyecto sin ningún balance más estratégico los impactos y costos socio ambiental del proyecto. Sin saber si el proyecto de Megapuerto de APM Terminals es viable ambientalmente, se inició la construcción de una carretera (ruta 257) que atravesara el Humedal Cariari en Moín de Limón. El Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) rechazó la medida cautelar provisional que ordenó al Servicio Nacional de Conservación (SINAC) del MINAE, no autorizar la tala de árboles en el Humedal. Sin embargo, los ecologistas sostenemos que es necesario que exista una ley para que se pueda reducir el Humedal y no un decreto de interés nacional como en este caso.La SETENA solicitó a la empresa mediante Resolución N° 669-2014-SETENA del 3-5-2014, un anexo donde aclare las 110 omisiones, errores e inconsistencias al proyecto del mega-puerto. En dicha resolución se asegura que “se concluyó que el mismo no aporta suficiente información para poder determinar si el proyecto es viable ambientalmente”. A pesar que la SETENA calificó de “confusas” y “contradictorias” varias partes del Estudio de Impacto ambiental (EIA) les dio 6 meses para presentar un anexo. Posterior a ello, deberá emitir un criterio final, tomando en cuenta que a pesar del posible rechazo al megapuerto se tendrá el humedal atravesado por una calle que no tuvo ningún sentido construir (Ver más).
  3. Contra la Participación ciudadana en ambiente. En otro pulso más que parece ganar el sector empresarial el gobierno no levantó un veto del gobierno de Oscar Arias al proyecto de “Ley para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental”. Esta ley reforma y adiciona varios artículos de la Ley Orgánica del Ambiente, con la finalidad de fortalecer y consolidar los mecanismos para hacer efectiva la participación de la población en la toma de decisiones sobre asuntos relacionados con el ambiente. Esto mediante un procedimiento de consultas populares para que la población sea informada y pueda decidir sobre aquellos asuntos ambientales que sean competencia del MINAET y de trascendencia para sus comunidades. Las consultas pueden ser convocadas directamente por el Ministerio o por iniciativa popular mediante recolección de firmas de la ciudadanía interesada. En el proyecto de ley se establecen tres tipos de consulta: plebiscitos, referendos y audiencias públicas.
  4. El Instituto Costarricense de Pesca (INCOPESCA) solicitó a la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) un aumento de la capacidad de captura de atún en aguas nacionales del Pacífico. Esta medida se da en un conflicto abierto por el decreto de zonificación ZEE a la medida de algunos grupos que han estado en pugna por asegurar zonas particulares de pesca frente un proceso que parece irreversible de deterioro, sobre explotación y extinción de especies y recursos marinos.

 

Para finalizar, de las posiciones construidas con diversos actores ambientales agrupados como Pacto Ambiental hoy todavía no las conocen los jerarcas, algunos más bien se han contradicho, como afirmar que el PH Diquís es un “proyecto estrella” para el Gobierno y que “no hay piedras en el camino” para los proyectos (crhoy.com, 20-6-14).

Todavía hay Juntas Directivas, Institutos, Departamentos, oficinas, programas claves que permanecen sin cambios y con poca o nula participación del sector ambiental. Por otro lado, se reconoce que existen espacios importantes de participación y una gran apertura, pero no hay un método de participación claro y operativo que garantice la efectividad de este derecho.

Más que “encharralado” nuestro sistema político está empantanado y necesita de un nuevo pacto social que se adapte a lo que hemos construido como consensos y superar los disensos. El gobierno tiene que ubicarse y superar el “modo campaña” para trabajar en los cambios sustanciales posibles.

 

Enviado a SURCOS Digital por Mauricio Álvarez M.

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