- Después de la ruta del arroz existen amenazas a la producción nacional y se prevé nuevas rutas arancelarias a favor de las importaciones con afectaciones directas a las economías nacionales y locales.
- Desde la Mesa Nacional de Diálogo apoyamos la movilización de hoy miércoles 15 de mayo en favor de la economía y producción nacional.
La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productiva reitera su respaldo al sector agro productor nacional, tal como lo ha manifestado en numerosas ocasiones. Este respaldo se evidenció con fuerza durante la gran marcha del 29 de marzo de 2023 en defensa del sistema agroalimentario nacional.
En el caso específico de la ruta del arroz, el sector ha avanzado en su proceso contencioso-administrativo contra las decisiones del Poder Ejecutivo. La política de favorecer arancelariamente las importaciones de arroz ha provocado la ruina de miles de personas involucradas en esta industria. Es por esto que insistimos en la importancia de un Estado Social de Derecho, donde los habitantes puedan recurrir a la institucionalidad para ejercer y defender sus derechos en pro del bien común frente a amenazas directas.
En este contexto legal, el Grupo Organizado de Productores de Arroz de la Región Pacífico y Brunca Costarricense ha presentado una impugnación legal ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (TCA). Esta acción legal está dirigida contra el Decreto 43642 MAG-MEIC-COMEX, conocido como la «Modificación de los Derechos Arancelarios a la Importación del Arroz en Granza y Pilado», emitido el 3 de agosto de 2022 por el Poder Ejecutivo bajo la administración de Rodrigo Chaves Robles. Este decreto redujo significativamente los aranceles de importación para el arroz, lo que tuvo consecuencias desastrosas para el sector arrocero nacional.
Según CONARROZ, esta medida llevó a la quiebra de 331 productores costarricenses, afectó el empleo de 18,000 trabajadores y empeoró las condiciones económicas de muchas familias vinculadas a la producción nacional del arroz. Además, representó una pérdida de ¢20 mil millones al fisco ($39 millones al tipo de cambio actual) debido a la reducción en los aranceles recaudados, lo que significa menos recursos disponibles para el desarrollo del país.
En este mismo contexto, la política monetaria del gobierno también está impactando negativamente en la producción y la economía nacional. Específicamente, la política relacionada con el tipo de cambio ha experimentado una disminución significativa desde mediados de 2022, pasando de casi 700 colones a alrededor de 520 colones en las últimas semanas.
Es evidente que esta reducción en el valor del dólar (6,7% en 2022, 12,5% en 2023 y 1,1% hasta la fecha en 2024) está teniendo un fuerte impacto en la rentabilidad de las exportaciones, el turismo y las empresas locales que compiten con importaciones extranjeras. Esta situación está generando desigualdades comerciales entre las economías locales y extranjeras representadas en las importaciones, afectando la rentabilidad y la generación de empleo en Costa Rica.
En vista de este panorama, instamos al gobierno y al Banco Central a coordinar políticas con cambios estructurales que aumenten la productividad de los sectores nacionales afectados por el bajo tipo de cambio. Esto ayudaría a generar empleos formales con salarios más altos, fortaleciendo así la economía nacional y la producción interna en lugar de debilitarla.
Nos unimos al llamado de pequeñas, medianas y grandes empresas nacionales, especialmente aquellas que están sufriendo mayores impactos, así como a las empresas de economía social solidaria, medianos agricultores y agroexportadores que son fundamentales para el empleo nacional. Respaldamos la movilización hoy miércoles 15 de mayo, organizada por miles de trabajadores agrícolas y representantes de los principales sectores productivos del país. Esta movilización se llevará a cabo en el marco del Día Nacional de la Persona Agricultora en Costa Rica, comenzando en el Parque La Merced, San José, a las 9:00 am y culminando en la Plaza de la Democracia frente a la Asamblea Legislativa.
El objetivo de esta movilización es defender y evitar la pérdida de empleo de un millón y medio de trabajadores de zonas rurales y costeras de todo el país, cuya subsistencia depende del sector productivo nacional. Esto se realiza en respuesta a las amenazas directas contra la producción nacional, la falta de apoyo a las economías asociativas locales, la inestabilidad en la política monetaria del tipo de cambio y el favorecimiento del sector importador sobre la producción nacional.
