Al interpretar su hermosa canción “El padre Antonio y su monaguillo Andrés”, el salsero panameño Rubén Blades recuerda siempre el destino de los defensores de derechos humanos que han sido asesinados en el contexto latinoamericano.
“Podrán matar a las personas pero nunca a sus ideas”, dice Blades mientras la historia del asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero va desarrollándose en un ritmo sentido:
“Antonio cayo, ostia en mano y sin saber por qué Andrés se murió a su lado sin conocer a Pelé Y entre el grito y la sorpresa, agonizando otra vez Estaba el Cristo de palo pegado a la pared Y nunca se supo el criminal quién fue Del Padre Antonio y su monaguillo Andrés”.
El 7 de diciembre de 1994 fueron asesinados en Costa Rica Jaime, María del Mar y Oscar. Líderes ambientalistas de entonces libraban una férrea batalla contra los intereses privados y sus socios en el Estado costarricense.
A finales de ese año se lograría detener la acción de la Ston Forestal, que intentaba implantar sus intereses forestales, madereros y de tráfico de drogas en el sur del país, una región rica por su biodiversidad.
Seis meses después fue hallado otro ecologista y poeta muerto en circunstancias aún no aclaradas. David Maradiaga, el Rey David como lo llamábamos en el mundo poético costarricense y centroamericano, también fue asesinado.
Una semana antes de su muerte coincidiríamos en un viaje desde Heredia hacia la Universidad de Costa Rica. Allí me contaría lo contentos que estaban quiénes habían quedado de la lucha contra la transnacional forestal. Pero también me revelaría su miedo, un miedo preciso y latente que pude ver en sus ojos: “me andan siguiendo para matarme”, me diría.
Una semana después abriría el periódico y confirmaría el hecho: lo mataron.
Treinta años después la vigencia de las ideas de estos cuatro defensores de la vida permanece y se hace fuerte. La narrativa sobre el paraíso ambientalista y ecológico que acompaña a Costa Rica en los foros internacionales, se desvanece ante la impunidad que persiste en estos cuatro asesinatos.
Recordemos que la fragilidad de los defensores de la vida en Costa Rica y la región continúa: Jairo, Bertha, Sergio, Jerhy. Los mataron, pero sus ideales y luchas continúan presentes.
En otras columnas recientes hemos hablado de la memoria como recurso contra el olvido. Que las ideas de justicia y dignidad que marcaron la vida y obra de estos héroes no se vayan nunca de nuestras reflexiones.
Quisiera terminar este ejercicio de recuerdo con uno de los textos más hermosos que ha parido la poesía centroamericana, justamente en la palabra de David, mi querido David:
Animal Lluvioso
Soy un andante en el dédalo del tiempo animal lluvioso que agarra la palabra y la blande frente al hastío Vivo en medio de estos montes ni dichoso ni infeliz en cruel comercio de gases con mis vecinos de piedra Tengo las manos del jardín deshechas por flores muertas una estación de trenes en el encierro un desordenado cuarto en armonía con el caos Tengo una plantacalamar que me abraza y me oscurece y me libera La hierba azucarada y la cena de bengalas para golondrinas y tortugas Tengo Baúles abiertos Bocanadas de clarín que arrinconan a los belcebúes de la casa Pongo a crecer el vuelo y asesino el muro Grito para me oigan en épocas dobladas como bodoques y puestas como cuñas en los resquicios del tiempo Amo a las mujeres pintadas en rotos almagestos Idolatro sextantes herrumbrados astrolabios y pirámides Busco arcángeles para sembrar sobre baldosas cotidianas Manos para dejar en ruinas la ruina Gallos para matar la muerte Animal lluvioso me declaro seguro del sol que un día nacerá de mis pálidas gotas
Han pasado 30 años desde aquel 7 de diciembre de 1994, cuando Óscar Fallas Baldí, Jaime Bustamante Montaño y María del Mar Cordero Fernández perdieron la vida en un incendio que destruyó la casa donde vivían los dos primeros. Los orígenes del incendio nunca fueron esclarecidos por las autoridades correspondientes. Tampoco se ha aclarado el crimen ocurrido siete meses después, el 14 de julio de 1995, cuando David Maradiaga, compañero de lucha y organización, fue encontrado muerto en el parque Los Mangos de Barrio Luján, varias semanas después de su desaparición.
En ese momento, los cuatro eran miembros activos de la extinta Asociación Ecologista Costarricense (AECO) y estaban al frente de una importante campaña contra la transnacional *Stone Container*. Tres días antes del incendio, celebramos una victoria en conjunto con las comunidades del Golfo Dulce en Puerto Jiménez, luchando contra la construcción de un muelle industrial para procesar y exportar astillas de melina, una especie invasora en la zona. Esta campaña, que logró su objetivo en menos de dos años, fue una victoria importante para el movimiento ecologista.
Durante esta campaña, varios ecologistas recibieron amenazas y sufrieron actos de violencia, como el aflojamiento de las tuercas de las llantas del vehículo de la AECO. Después del incendio del 7 de diciembre, comenzaron a llegar llamadas anónimas a nuestra oficina, diciendo: «La lista no ha terminado», amenaza que se cumplió meses después con la muerte de David Maradiaga. Más detalles sobre estos hechos se encuentran en “Una memoria que se transforma en lucha: 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica”.
Por todo esto, nos reuniremos, en memoria de estos compañeros y compañera, sus amistades, familiares, compas, ecologistas y personas autoconvocadas, para recordar y celebrar la continuidad de sus vidas en nuestras vidas durante estos 30 años.
¿Cómo vamos a conmemorar?
Un pequeño grupo de personas nos hemos encargado de buscar sinergias y voluntades para llevar a cabo esta jornada de memoria. Hemos logrado conseguir un local que generosamente nos ha sido cedido: se trata de la Casa Cultural Sendero, un «Vivero Urbano de Industrias Creativas», ubicada en Barrio Escalante.
Nos convocamos a partir de las 4 de la tarde para crear un altar con sus fotos, flores y velas, para traerlos al presente y rendirles homenaje. A las 4:30 p.m., algunas personas cercanas nos compartirán palabras, poesía, anécdotas y todo lo que deseen recordar sobre nuestros compañeros caídos. Este momento se prolongará hasta las 6:00 p.m., cuando haremos una pausa para preparar el sonido del concierto de “Cantos de Batalla”, que forma parte de la memoria histórica musical del movimiento ecologista. El concierto comenzará a las 7:30 p.m.
Durante la pausa, de 6:00 p.m. a 7:30 p.m., las personas podrán visitar la feria navideña que se celebrará en el local, o disfrutar de una cena en el Jardín de Lolita.
¿Cómo puedo colaborar?
Esta actividad se está llevando a cabo sin fondos disponibles, mediante trabajo voluntario y con las donaciones de personas y organizaciones ecologistas. Por lo tanto, está abierta a quienes deseen contribuir trayendo bocadillos, vino o cualquier otra cosa para compartir.
Asimismo, invitamos a todos a participar en la creación del altar y en la jornada de la memoria. Todos los aportes, como flores, fotos o recuerdos, serán bienvenidos. El evento también será un espacio abierto para compartir testimonios, recuerdos y sentimientos.
¿Dónde queda Sendero?
La casa Cultural Sendero se encuentra a 50 metros al este de la esquina sureste de la Antigua Aduana, en la línea del tren, frente al Jardín de Lolita.
La entrada al concierto y al evento es gratuita y todas las personas son bienvenidos.
El próximo sábado 27 de julio a las 7 de la noche, La Colmena Gastronomía y Cultura será el escenario del estreno en vivo del álbum «Cantos de Batalla». Este proyecto musical, lanzado el mes pasado, construye una memoria histórica del movimiento ecologista costarricense a través de la recopilación de pregones que han caracterizado distintas campañas en los últimos años.
«Cantos de Batalla» es una obra única compuesta al ritmo de tambores e inspirada en la defensa de los bienes comunes y los derechos humanos. Estos pregones de lucha, nacidos desde la irreverencia y el amor a la ecología y a la vida, han resonado en las calles de Costa Rica, fortaleciendo la resistencia ambiental con la fuerza y magia del tambor. A lo largo de más de 30 años, estos cantos han sido fundamentales para fomentar y alegrar la resistencia que ha permitido a Costa Rica alcanzar importantes victorias ambientales, como la prohibición de petroleras, la minería a cielo abierto, el maíz transgénico y la construcción de represas en los ríos Térraba y Pacuare.
Este evento también rinde homenaje a los 30 años del asesinato de los dirigentes ecologistas Óscar Fallas Baldí, María del Mar Cordero Fernández y Jaime Bustamante, integrantes de la Asociación Ecologista Costarricense (AECO). «Cantos de Batalla» es un tributo a su legado y a la lucha que hemos sostenido durante todos estos años en defensa de la vida.
El concierto contará con la participación de destacados músicos:
Fabián Pacheco:composición, voz, djembé, ronroco, caracola
Oscar Jiménez:guitarra, charango, quijongo guanacasteco y coros
Fernando Calvo:bajo eléctrico y coros
Mila Acuña:tambora, tambor alegre y coros
Anyul Arévalo Acosta:tambor alegre y coros
Joseph Jiménez:djembé, tambor chico, tambor llamador, campana, agogó, triángulo, güira y coros
Javier Alvarado Vargas:dirección musical, guitarra, guasá y coros
Además, contaremos con la presencia de invitados especiales:
La Voz Nativa
Luz María Romero
La producción del concierto está a cargo del Colectivo Cantos de Batalla y la productora Profana Latinoamérica. Las entradas tienen un valor de 7 mil colones y pueden adquirirse llamando al 6431 4978.
¡No te pierdas esta oportunidad única de celebrar la música y la resistencia ecologista costarricense en un evento inolvidable!
La participación social en decisiones públicas es uno de los indicadores de democracia participativa que tenemos para medirnos como sociedad. En Costa Rica existen diversos espacios de participación desde el nivel local hasta el institucional, pero en general se perciben problemas sistemáticos en la efectividad y calidad de la participación en este tipo de espacios.
En este boletín se encontrará información sobre la participación social en las decisiones de carácter público, haciendo énfasis en la defensa de la comunidad y el territorio, que son las bases fundamentales para el desarrollo del movimiento ecologista costarricense. La transformación de los moldes que impiden el desarrollo de una participación plena es el gran desafío para las organizaciones sociales.
El contenido se orienta por las reflexiones del Diálogo Virtual realizado en agosto sobre la temática, con las presentaciones de Héctor Ferlini Salazar, representando a Confluencia Solidaria, Dylanna Rodríguez Muñoz por Kioscos Socio-Ambientales y Erlinda Quesada Angulo de AMUDA y FECON.
Según la organización “La evidencia sugiere que, a medida que se intensifica la crisis climática, también aumenta la violencia contra quienes protegen su tierra y nuestro planeta”.
En 2020, se registraron 227 asesinatos, es decir un promedio de más de cuatro personas asesinadas por semana y lo convierte, en el año más peligroso registrado para las personas que defienden su territorio y sus bienes comunes, así como los ecosistemas que son vitales para la salud ambiental del planeta y la estabilidad climática.
La región Latinoamericana sigue siendo la más letal pues tres de cada cuatro personas en total 165 personas asesinadas en la región el año pasado, el país más peligroso del mundo es Colombia (65), México (30) Brasil (20), Honduras (17) y Guatemala (13) Nicaragua (12), Perú (6), Argentina (1) y Costa Rica (1) son los países de la región con más personas defensoras de la tierra y los bienes comunes asesinadas.
Más de un tercio de los ataques mortales están relacionados con la explotación de recursos (explotación forestal, minería y agroindustria), represas hidroeléctricas y otra infraestructura. El extractivismo forestal fue el sector con el mayor número de homicidios (23), seguido por agroindustria y minería (17).
Según británica Global Witness los pueblos indígenas son las principales víctimas de este año y para muestra nuestro país donde se registra el asesinato del defensor indígena Jehry Rivera asesinado de cinco disparos por la espalda en medio de un “linchamiento” de usurpadores no indígenas por un terreno recuperado en febrero del 2020.
Este asesinato se dio en un ciclo de violencia que incluye amenazas de muerte a doce lideresas y lideres de pueblos indígenas y dos activistas que acompañan el proceso de recuperación territorial que vienen realizando las comunidades originarias. Estas amenazas son parte de los 89 tipos de agresiones registradas tan solo el año pasado [3], entre las que están: agresiones por parte de turbas, múltiples tipos de amenazas, amedrentamientos, hostigamientos, detonaciones de arma de fuego, incendios, bloqueos de caminos, agresiones con arma, ataques con sustancias químicas y muchas otras formas de violencia.
Hay un modo operandi que en muchos casos se transforma en un ciclo de violencia política, pues si bien no es lineal, tiene un patrón que inicia con la desacreditación y el acoso, pasa a las demandas o a la judicialización, se convierte en acción directa en forma de amenazas o atentados, y finalmente puede llegar al asesinato.
Resulta no menos que vergonzoso y hasta repudiable que un Estado como Costa Rica, que auspicia y facilita la negociación del denominado “Acuerdo Escazú”, herramienta para evitar este ciclo de violencia contra las personas defensoras ambientales, haga el triste papel, pues algunas personas en la Asamblea Legislativa, el Gobierno, las Cámaras empresariales y la Corte Constitucional se han orquestado para hacer un boicot al acuerdo. Esto a pesar de tener este período dos asesinatos a líderes indígenas, este ciclo de violencia en territorios indígenas, más de 100 hechos de violencia desde hace tres décadas en nuestro país y la realidad que refleja el informe presentado por Global Witness esta semana.
Conversatorio sobre contextos latinoamericanos de violencia contra personas defensoras de la naturaleza
San José, Costa Rica.- Este próximo lunes 7 de diciembre, a las 5:00 pm, se presentará el libro “Una memoria que se transforma en lucha: 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica”, que recuenta casi 100 hechos de violencia contra las personas defensoras de la naturaleza en nuestro país. Esta realidad no tiene nada que ver con la imagen idílica de las postales turísticas, de país verde y de paz con la que se vende a Costa Rica en el exterior.
La presentación del libro será un conversatorio ––que se transmitirá vía redes sociales–– entre destacadas activistas de toda la región Latinoamérica, como lo son Karin Nancen (Uruguay), presidenta de la federación ecologista Amigos de la Tierra Internacional; Silvia Riveiro (México), investigadora directora para América Latina del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (ETC); Esperanza Martínez (Ecuador), especialista en Derechos de la Naturaleza de Acción Ecológica; y Tatiana Roa (Colombia), de CENSAT Agua Viva- Amigos de la Tierra Colombia.
Nuestro país es parte de la región con más asesinatos de personas defensoras en el mundo, puesto que ocupa Latinoamérica desde 2012. Casos como el de Jairo Mora (2013), Sergio Rojas (2019) o Yehry Rivera (2020) son parte de estas lamentables estadísticas.
Según el prólogo del libro, este “es un esfuerzo por sistematizar una fracción de la criminalización pues se ha construido a partir de las mismas fuentes y voces de personas defensoras”. Además, “es un ejercicio de memoria histórica en construcción y que necesariamente debe seguir alimentándose y sobre todo aclarándose y tratando de lograr justicia y acabar con la impunidad ante la mayoría de casos”.
Los autores aseguran que “es importante señalar que sí hay destacados logros ambientales en nuestro país y existen también externalidades y costos humanos sobre cada uno de estos avances. En ese sentido, este panorama de criminalización tiene un peso importante a la hora de hablar de éxitos, indicadores y políticas ambientales.”
La criminalización se puede definir “como un proceso de acciones y estrategias realizadas por instancias estatales y privadas, que buscan la estigmatización, denigración, intimidación, deslegitimación y la desmovilización de las luchas socioambientales y territoriales”. Se puede manifestar como formas sutiles de prejuicios, hasta elaborados dispositivos mediáticos y político-jurídicos, conformando un ciclo de violencia socio ambiental.
El libro sistematiza 18 demandas individuales y 7 demandas colectivas contra más de 36 activistas procesados por defender el ambiente y derechos comunitarios. Además, se listan formas de persecución y amenazas documentadas, que incluyen al menos 25 atentados o ataques directos, 10 incendios a casas o locales, y 21 casos de amenazas de muerte. Toda esta violencia ha culminado en los asesinatos de 13 defensores y defensoras del ambiente, los cuales se perpetraron entre 1975 y 2020, y la mayoría de los cuales aún se mantiene en la impunidad.
La investigación fue realizada por Mauricio Álvarez Mora y Alicia Casas y fue compilado por la periodista Fabiola Pomareda. Es una publicación de la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON), realizada con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo en México, el Centro Investigaciones en Estudios Políticos (CIEP) y el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Fundación Heinrich Böll en El Salvador.
SURCOS recibió la siguiente secuencia de imágenes divulgadas por personas de movimientos ecologistas, en las cuales, se alerta acerca del impacto de los recortes en el presupuesto del MINAE que impulsan algunas fracciones legislativas:
La crisis mundial y nacional actual (con sus componentes político, económicos y sanitarios) nos presenta enormes retos y nos brinda también posibilidades. Saldremos de ella, implementando una agenda ecologista, social justa y solidaria, y no una agenda capitalista neoliberal, patriarcal y extractivista.
Por lo tanto, proponemos:
1) Apoyar la re-activación de un amplio Movimiento Nacional, constituido por sectores sociales y políticos que impidan la destrucción de las conquistas sociales del pueblo costarricense, alcanzadas a un alto precio y con muchos esfuerzos. La unidad y las alianzas son imprescindibles ante enemigos poderosos.
2) La base de la reactivación económica debe ser la seguridad y soberanía alimentaria, rescatando las propuestas milenarias de pueblos ancestrales. Hemos visto con crudeza, pero también con claridad en estos meses, qué es lo estrictamente necesario para sobrevivir. Proponemos abandonar la economía de supuesta abundancia que significa acumulación en pocas manos, para centrarnos en una economía de la sobrevivencia, donde lo primordial sea la satisfacción de las necesidades más esenciales para todas las personas: techo, trabajo, alimento y agua pura en cantidad y calidad suficiente, tanto para la humanidad como para los seres animales y vegetales que coexisten en nuestro planeta.
3) Tierra para quien que quiera trabajarla y producir alimentos: Con extrema urgencia el campesinado sin tierra debe recibirla, además, se debe reconocer el derecho a la tierra de las mujeres que la están habitando y trabajando, construyendo redes de apoyo mutuo, en producción y comercialización, fortaleciendo relaciones campo-ciudad, de manera bidireccional.
4) No es el monocultivo, plagado de pesticidas y uniforme, el que nos garantizará la sobrevivencia. Debemos impulsar de manera masiva la producción agroecológica de alimentos, tanto en la ciudad como en el campo, considerando las necesidades humanas y las de seres polinizadores y dispersores (insectos, aves, mamíferos). Debemos proteger y dispersar nuestras semillas nativas, criollas, y fomentar el intercambio de conocimiento de prácticas agroecológicas. Producir lo que comemos y comer lo que producimos, reduciendo progresivamente las cadenas de dependencia alimentaria del exterior.
5) Esta crisis sanitaria nos ha mostrado que nuestras posibilidades de sobrevivencia se reducen si no contamos con buena salud. Se debe rechazar de manera radical todo lo que nos enferma y nos condena: comidas y bebidas basura, que son origen de diversas patologías y factores de riesgo como diabetes e hipertensión, sobrepeso, obesidad, etc.
6) No es solo con una producción y un consumo más racional y más local que sobreviviremos, sino que también es necesaria otra realidad de producción y consumo basada en la economía social solidaria, en la autogestión de los recursos verdaderamente cooperativa, basada en la organización local, tanto rural como urbana.
7) Debemos conducirnos hacia un modelo de verdadera democracia participativa y de control y defensa del territorio local y nacional, incluido el de nuestros propios cuerpos. Existe una necesidad de constituir unidades locales de poder real para la toma de decisiones políticas sobre los usos del territorio y sus recursos, para potenciar un bienestar integral y distribuido equitativamente, por sobre los procesos de acumulación por desposesión que trata de validar el desarrollismo globalista, amparado en estructuras institucionales centralizadas y con jerarquías complejas cooptadas por el poder hegemónico.
8) Nos comprometemos a luchar contra la implementación del programa neoliberal que propone esta administración, basado en el desmantelamiento de las conquistas sociales de nuestro pueblo, el ultra-endeudamiento y la venta de activos estatales y empresas públicas. Todo abuso, todo privilegio insultante debe ser eliminado. Aspiramos a una sociedad caracterizada por la ecosuficiencia, la ecoeficiencia y una distribución social de la riqueza que asegure una vida digna a todas las personas y no opulenta para unas pocas.
9) Rechazamos la falsa premisa que el desarrollo minero y petrolero será una solución económica para los problemas del país y sus pueblos. No es con más destrucción y más contaminación que lograremos una sociedad ambientalmente sana y socialmente justa. Urge un diálogo real sobre la matriz energética que necesitamos. El futuro no es el oro ni el petróleo.
10) El pueblo debe tener acceso a una renta básica universal, como derecho humano. La riqueza, inmoralmente súper acumulada durante las décadas pasadas en manos de una pequeña élite, debe ser redistribuida. Un nuevo pacto social se hace necesario. Es la única forma de evitar un derrotero violento.
11) Nos unimos al llamado de otros movimientos sociales de impulsar una Ley de Contingencia Fiscal Progresiva y Solidaria.
12) Con los pueblos indígenas, hacemos un llamado a sumarse respetuosamente a sus agendas de trabajo en pro de la recuperación y defensa de sus tierras y territorios, el empoderamiento del recurso hídrico, el respaldo a las prácticas culturales de producción e intercambio de trabajo, apoyo a los sistemas de uso tradicional de los recursos naturales (para alimento, medicina, materiales), a las fincas multicultivos (por su diversidad de productos), y al manejo comunitario de los bosques desde su cosmovisión.
Imagen UCR.
13) Es momento de hacer rupturas claras con el orden impuesto que por más de 30 años ha corroído la institucionalidad del Estado. Las dificultades del gobierno para atender en lo económico las necesidades más básicas de la población en media pandemia, es una clara muestra de los efectos nocivos del desmantelamiento institucional y el sobreendeudamiento público. Sin resolver las condiciones básicas para la estabilidad social en el país, es políticamente inviable iniciar un diálogo.
14) Como movimiento ecologista creemos que el diálogo es necesario y urgente, pero con condiciones claras: requerimos de espacios transparentes, respetuosos, efectivos, participativos, que lleven soluciones en distintos niveles (corto, mediano y largo plazo), y no con agendas definidas con anterioridad y a la medida de los grandes grupos de poder económico. Un diálogo que nos lleve a disminuir las desigualdades históricas, y camine hacia una justicia social, ambiental y de género.
Con atención hemos seguido el tema de la condición agrícola actual en el país. Desde siempre y especialmente desde el último censo agrícola en 2014 nos preocupa el balance que expresaban los datos sobre la producción de granos básicos en nuestro país. Fue una medición concreta del impacto del proceso de ajuste neoliberal y el libre comercio en la estructura productiva primaria del país.
La Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON) tiene cercanía y está integrada por grupos de base comunitaria en los que defendemos valores ecologistas, muy importantes en la sostenibilidad de los modelos de agricultura. Defendemos la idea de soberanía alimentaria, en la que consideramos, deben participar desde la base amplia y articuladamente las pequeñas producciones comunitarias.
Con este preámbulo, procederemos en este momento histórico de crisis laboral y económica, a realizar una propuesta para la recuperación económica del campo costarricense desde la economía agroecológica y de unidades productivas de pequeña escala, usando como modelo el cultivo de arroz.
Una revolución agraria en el arroz
La producción de arroz ha sido una de las más complejas de sostener en el país, especialmente por el desmantelamiento campesino que significaron las políticas de ajuste estructural y la entrada del Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, que con su superestructura productiva acaparó rápidamente el mercado arrocero con sus precios de importación subsidiados.
Sin embargo, hay posibilidades de imaginar, plantear y justificar una recuperación agrícola con fundamento agroecológico en nuestro país. Para ello, las fuentes demuestran la viabilidad de producir altos rendimientos con solamente insumos orgánicos. El Sistema Intensivo de Cultivo Arrocero (SICA) ya ha demostrado altos rendimientos en modalidad de cultivo agroecológico. Con base en estos resultados, proponemos un cambio en el sistema de producción actual como política de Estado, bajo la siguiente argumentación:
Cuota de producción y alcance de la participación social
Si en Costa Rica se necesitaran 75 mil hectáreas[1] más de siembra de arroz para cumplir la cuota de más de 350 mil toneladas anuales que se consumen en el país[2], con pequeñas unidades productivas articuladas se podría alcanzar progresivamente esa meta y generar así ingresos para decenas de miles de familias campesinas con rentabilidad en pocas hectáreas de cultivo.
El beneficio social por participación económica podría alcanzar a futuro hasta las 40 mil familias campesinas (suponiendo una distribución homogénea de dos hectáreas por cada una en sistema de cultivo intensivo de arroz), con ganancias netas de hasta 1.5 millones por hectárea según el rendimiento anual.[3]
Si se produce con abonos orgánicos que utilizan desechos de animales y biomasa vegetal, tenemos la gran ventaja de reducir el impacto ambiental, la dependencia de insumos químicos, e incentivar un encadenamiento productivo generando el establecimiento de centros especializados en producción y distribución de abonos a gran escala para mayor acceso de los productores. Estos centros beneficiarían a otro grupo más de trabajadores por localidad, que obtendrán más ingresos por cada hectárea de cultivo orgánico local.
Rendimiento del cultivo agroecológico
Según expone el agrónomo Jorge Orlando Acosta (2011), en Colombia se documentaron rendimientos de hasta 8 toneladas por hectárea con el Sistema Intensivo de Cultivo Arrocero (SICA)[4], superior a los demás tipos de cultivos convencionales, superando así por mucho las 3,5 toneladas que son el promedio de rendimiento por hectárea en el sistema arrocero de Costa Rica[5]. El citado sistema no depende de que haya inundación permanente y utiliza solo insumos orgánicos. Es hacia estos sistemas debemos apuntar como país.
También es importante señalar que muchas fuentes agronómicas reconocen que los agrosistemas arroceros orgánicos probados en China han sido exitosos, por ejemplo, en Ecuador, donde se han logrado rendimientos de 3.68 toneladas por hectárea con inundación, con abonos orgánicos y control biológico de plaga con patos. También se han estimado que se pueden producir 5.5 T/ha con un costo de $1000/ha (2013)[6], por lo que se pueden desarrollar entonces sistemas de producción con renta neta de hasta 750 mil por cada millón comercializado.
Si en otros países se ha demostrado el potencial de este tipo de agrosistemas, acá es cuestión de apuntar con una política de Estado contundente a un sistema productivo eficiente con el uso de recursos. Ningún otro mejor que el orgánico, que puede hacer aprovechamiento circular de insumos del mismo arroz y utilizar los desechos de producción animal. Al fin de cuentas, el mundo requiere una transición tecnológica.
Necesidad y oportunidades
La gran ventaja de nuestra desventaja productiva actual, es que para llenar el vacío se puede innovar y propiciar esa transición a modelos productivos que no dependen de insumos de importación, mientras los sistemas ya existentes también apuntan a adaptarse.
Es un hecho que el país cuenta con riquezas de tierra y agua suficientes para generar autosuficiencia alimentaria. Solamente debemos ser capaces de generar sistemas de aprovechamiento distribuido del recurso hídrico en unidades de producción de pequeña y mediana escala en los territorios en lugar de grandes e impactantes embalses para exportadores de azúcar o desastrosos proyectos de riego para pastos ganaderos en los que el SENARA invierte cuestionablemente millones de dólares desde hace años. [7]
La cosecha de lluvias es posible con sistemas de aprovechamiento de escorrentías en pequeños reservorios, para propiciar el riego permanente y la inundación temporal requerida por el Sistema Intensivo de Cultivo Arrocero (SICA) que permite alto rendimiento. Por ejemplo, en un clima tropical seco como el de Liberia, por kilómetro cuadrado se pueden cosechar 100 millones de litros de agua con los datos de precipitación promedio registrados para el mes de mayo.
También sería posible autorizar sistemas de almacenamiento de los volúmenes de escorrentía de los caudales máximos en afluentes, incentivando la inscripción de aprovechamientos con tarifa diferenciada en los meses de mayor precipitación, de forma que se permita disponer artificialmente de humedad en el suelo tempranamente, para mitigar el efecto de meses muy secos.
Incluso en zonas alejadas de cuerpos de agua, se pueden alimentar estos sistemas de almacenamiento de agua cosechada en época de lluvias desde cauces para fines de producción alimentaria, mediante uso de cisternas como mecanismo de subvención del Estado.
Es importante garantizar que los sistemas productivos respeten los límites ecológicos de los regímenes de humedal y no haya un crecimiento insostenible de la demanda en los meses más secos para proteger también la biodiversidad y el uso múltiple del agua en los territorios. También la política pública debe apuntar a priorizar el acceso a fuentes de agua para seguridad alimentaria y en lugar de la agroexportación, incentivando el cambio productivo.
Beneficios al consumo
Los beneficios obtenidos mediante estos sistemas de producción para el consumidor también son un hecho. Primero que todo, en la salud, pues se asegura una calidad e inocuidad del producto básico con su producción orgánica, bajando el riesgo de desarrollar cáncer por consumo sostenido de agrotóxicos usados actualmente.
En término de precios, si existen centros de procesamiento semi-industrial distribuido en las unidades de producción, además de disponer fuentes de trabajo, se logra bajar los costos de transporte, tanto para el pilado como para la distribución comercial final. Se pueden ofrecer así precios competitivos que incentiven el consumo local y lo consoliden, hasta superar la dependencia de importaciones y desarrollar la capacidad de sostener un nuevo sistema de precios autónomo y soberano.
Producciones colectivas de arroz agroecológico en Brasil. Fuente: mst.org.br
Al incentivar la participación de la pequeña propiedad rural en este modelo económico de autosuficiencia, se erradicará el control centralizado de las decisiones económicas en una sola corporación privada, donde concertan sólo grandes productores y accionistas. Además se genera resiliencia adaptativa por el uso de semillas locales y se puede a mediano plazo desarrollar una capacidad de aprovechamiento de las bonanzas para compensar los años de menor producción.
Extrapolar la propuesta arrocera a otros cultivos básicos
Es urgente la recuperación pública de la producción de granos básicos y la pluralización productiva mediante la ampliación de la base productiva en pequeñas producciones locales con mercado garantizado. Los frijoles y el maíz son granos de producción precolombina con inmejorable adaptación a nuestros suelos orgánicos y altos rendimientos históricos para sustentar los pueblos de nuestra región. Además, estos mercados también están acaparados por importaciones.
En estas circunstancias en que se vislumbra una recesión económica, las posibilidades de ingreso por cultivo a pequeña escala toman más importancia. Es tiempo de apostar por la recuperación de la economía basada en la producción alimentaria soberana de granos básicos, para garantizar la seguridad alimentaria del pueblo costarricense y erradicar de una vez por todas, el hambre, que es una de las más intolerables formas de violación a los derechos humanos más básicos en el mundo.
Desde FECON, hacemos un llamado al ministro de agricultura para atender nuestras propuestas para la implementación de agricultura ecológica en el país como política de Estado.
[1] Un cálculo desde 2008 aseguró que necesitaríamos unas 283 mil hectáreas adicionales para granos básicos. De maíz blanco (16.000) y amarillo (150.000), fríjol (41.000) y arroz (76.000) si se quiere abastecer la demanda nacional. https://bit.ly/3c8rDAS
[3] Al precio actual del arroz en recibidor estimado con un dato modelar de costo/rendimiento registrado en un cultivo orgánico en Ecuador. Fuente: https://bit.ly/3b4Jjfd
[4] Evaluación del Sistema Intensivo de Cultivo Arrocero SICA en en Municipio de Purificación de Tolima. Fuente: https://bit.ly/2z7QF4s
[5] Estimación con base en datos. Solo el 35% de lo que se consume se produce en el país (Indarroz), Son 36.000 hectáreas sembradas entre 2017 y 2019 (Conarroz). Fuente: https://bit.ly/3flGqdq
[7] Véanse los conflictos PAACUME con la Reserva Lomas Barbudal y los conflictos comunales con proyectos de riego del SENARA para sociedades de usuarios privadas en Puntarenas
Imagen de cabecera: Cultivo agroecológico de arroz en Brasil. Fuente: mst.org.br
