Los últimos acontecimientos de violencia y represión efectuados por el gobierno de Carlos Alvarado contra estudiantes han sido justificados bajo falacias y calumnias, los grandes consorcios comunicacionales se encuentran en una alianza que está desinformando a la población y creando enemigos entre el pueblo, a continuación planteamos un análisis urgente.
Las malas negociaciones efectuadas por el Consejo Nacional de Rectores, reflejadas en las convocatorias a paro y subsecuentes tomas de sedes y facultades de diferentes universidades públicas, son parte del iceberg que escondía el presupuesto nacional para el año 2020, el cual fue recientemente aprobado en segundo debate en la Asamblea Legislativa, con todos los recortes presupuestarios amalgamados en la regla fiscal y en la visión de “eficientar” el Estado social de derecho.
La convulsión del movimiento estudiantil es producto de la resistencia a la arremetida contra la autonomía universitaria y su presupuesto, el cual ya no solo fue trastocado con un condicionamiento, sino además reducido. Cuando ya no hay constitución lo único que queda es la calle para exigir respeto.
A pesar de los hechos antes mencionados la prensa escrita, radial y virtual, construye de forma tradicional hechos paralelos, los ejemplos más históricos más recientes están en la Huelga contra el Combo fiscal, donde los medios masivos de desinformación construyeron enemigos y posverdades como fue el caso “ATENTADO” (sic) contra poliducto de RECOPE y las “reuniones” del quirófano, ambos hechos ampliamente desmentidos y hoy demostrado que fueron falacias intencionales para generar nociones tergiversadas de los hechos, y poder encontrar “culpables”. La prensa hoy sigue impune ante la mentira y el terrorismo mediático.
Lo que hoy presentan medios como Amelia Rueda, Teletica y La Nación sobre la represión ejecutada contra estudiantes universitarios de San Ramón, Heredia y San José en horas de la madrugada es exactamente el mismo mecanismo, están creando a partir de una “versión” no probada, de “hechos” no demostrados un supuesto atentado contra la vida de oficiales de policía ¿cuáles oficiales? ¿Hay videos? ¿Existen evidencias concretas?
Actualmente existen 11 personas, estudiantes universitarias, que están detenidas, sin embargo los medios únicamente recogen los argumentos de las fuerzas represivas del estado -la fuerza pública- y ni un solo argumento del sector estudiantil que fue reprimido, se presenta una verdad sin contraparte y como diría Isabel Ducca ¡No importa que todo se base en una suposición! La construcción mediática la convierte en verdad oficial. La verdad oficial no requiere investigación ni hechos que la comprueben, mucho menos la voz de los acusados.
Inclusive existen ya citatorios para juicios de flagrancia contra estudiantes, hoy a las 5 p.m, la justicia demuestra una eficiencia sin precedentes cuando de juzgar a activistas y protestas sociales se trata, esta práctica ha venido en escalada en los últimos años.
Llamamos a la movilización permanente y a la libertad de las personas detenidas.
¡Cuando nos quitan la Constitución, lo único que nos queda es la calle!
Desde distintos espacios del movimiento estudiantil se convoca a una marcha por la defensa del derecho a la educación superior pública. La movilización surge «ante la insistencia de los sectores que favorecen la privatización de la educación y la injusticia tributaria al recortar el Fondo Especial para la Educación Superior, al mismo tiempo, violan la autonomía universitaria al definir partidas para el destino de los fondos».
Compartimos distintos afiches que circulan con la convocatoria y los detalles.
Información compartida con SURCOS por Angélica Alvarado Barrantes, Mauricio Álvarez Mora y Alberto Gutiérrez Arguedas.
La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Andrea Chacón, recuerda en este audio a los medios de difusión su responsabilidad de informar «de manera balanceada, sin que se tergiverse o manipule lo que estamos diciendo a haciendo desde el movimiento estudiantil».
La representante de la FEUCR recalca que es falsa la afirmación de algunos medios de que la convocatoria a la marcha en defensa del presupuesto universitario fue una manipulación de los rectores. Escuche el video de menos de dos minutos enviado a SURCOS:
Imagen de portada tomada de Semanario Universidad.
Por Eval Antonio Araya Vega, filósofo, docente e investigador, Sede Regional de Occidente, UCR
El acuerdo tomado el 22 de octubre sobre el FEES es suficientemente claro y positivo pero, para comprender sus límites y alcances, es necesario interpretarlo desde principios lógicos, administrativos y jurídicos.
¿Qué garantiza?
R1/ El respeto a la independencia conferida a las universidades estatales por la Constitución Política, artículos 84 y 85. Confróntese: a) considerandos: 1, 6, 11 y 12; b) acuerdos: 1, 2, 5 y 6.
R2/ El financiamiento de las universidades según lo previsto en la Constitución Po- lítica, artículos 78 y 85. Confróntese: a) considerandos: 4, 5 y 9; b) acuerdos: 1, 2 y 4.
¿Qué corrige?
R1/ El accionar inconstitucional y unilateral de la hoy ex Ministra de Hacienda Rocio Aguilar, al pretender clasificar partidas del FEES cuando ello es potestad exclusiva del quehacer autónomo universitario. Confróntese: a) considerando 8; b) acuerdo 2.
R2/ El monto presupuestario que las universidades estatales, por muto proprio, d finieron en partidas equivalentes a gastos de capital, lo que quedará plasmado en las registros contables correspondientes. Confróntese: a) considerandos 9, 10; b) acuerdo 2.
¿Qué mejora?
R1/ La jurisprudencia para la posterior aplicación de los artículo 84 y 85 en lo que respecta a la ejecución del FEES, toda vez que se hace explícito que solo las propias universidades pueden clasificar sus partidas. Confróntese: acuerdo 1.
R2/ El nivel de representatividad democrática de la Comisión de Enlace negociado- ra del FEES, al incorporar a la representación estudiantil, según designación de los órganos institucionales correspondientes. Confróntese: a) considerando 3; b) acuerdo 3.
¿Qué lo limita?
R1/ La falta de una lectura correcta, basada en principios de gestión administrativa universitaria y recursos propios del razonamientos lógico y jurídico.
R2/ El oportunismo de algunos grupos “políticos” que promueven la división, la en procura de sus propios intereses no explicativos con transparencia suficiente.
¿Cuándo logrará eficacia plena?
R1/ Cuando el Plenario de la Asamblea Legislativa, con base en el mecanismo de aprobación correspondiente, apruebe el Presupuesto Nacional de la República respetando lo definido por CONARE y plasmado en el acuerdo. Confróntese: a) Considerandos 9 y 10; b) Acuerdo: 2.
R2/ Cuando en los años sucesivos se respete la autonomía universitaria sin vacilaciones y se concrete la negociación quinquenal del FEES. Confróntese: Acuerdos 1 y 4.
¿Por qué debemos estar alertas?
R1/ Porque el Plenario de la Asamblea Legislativa podría no aprobar lo ya acordado por la Comisión de Asuntos Hacendarios con respecto del FEES al momento de aprobar el Presupuesto General de la República 2020. Confróntese: Considerando 9.
R2/ Porque el contexto FEES está siendo utilizado por intereses políticos y partidarios que, desde siempre, han intentado debilitar en el mejor de los casos, y eliminar en el peor, la educación superior estatal costarricense, lo que demanda acciones estratégicas sostenidas en su defensa.
¿En qué contribuyó el acuerdo?
R1/ Con la renuncia de la ex Ministra de Hacienda Rocío Aguilar, al quedar una vez más en evidencia, su proceder arbitrario e inconstitucional en pro de su proyecto económico.
R2/ En fortalecer la autonomía universitaria, el respeto para con la Constitución Po- lítica y, consecuentemente, para con el Estado Social de Derecho, al momento que se delimitó al Poder Ejecutivo y se lo indujo a manifestar compromiso explícito en este aspecto específico. Confróntese: acuerdos 5 y 6.
¿Qué corresponde ahora?
R1/ Promover en lo sucesivo y a lo interno de las comunidades universitarias una oportuna discusión interna sobre la distribución, justa y equitativa, de sus presupuestos, a fin de evitar los malestares evidenciados en esta coyuntura.
R2/ Unirnos las comunidades universitarias en un frente común para la defensa estratégica, orgánica y sostenida de las educación superior estatal costarricense.
Eval Antonio Araya Vega,
Filósofo, docente e investigador, Sede Regional de Occidente, Universidad de Costa Rica.
Los representantes estudiantiles, por primera vez, participarán en la Comisión de Enlace del Consejo Nacional de Rectores
Durante la reunión en Casa Presidencial, las representaciones de las federaciones estudiantiles reafirmaron el rol fundamental del alumnado en los procesos de negociación y toma de decisiones. Foto: Anel Kenjekeeva.
La anulación del desvío de ₡35 000 millones para gasto de capital y el acuerdo de no crear ninguna nueva clasificación de partidas del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) no fueron los únicos logros alcanzados tras la marcha multitudinaria convocada por el movimiento estudiantil el martes 22 de octubre.
A raíz de la convocatoria, los jóvenes también lograron un acuerdo histórico con el Consejo Nacional de Rectores (Conare): ser parte de la Comisión de Enlace, ente encargado de negociar el monto del FEES, en el cual no existía ninguna representación estudiantil.
“Lo ocurrido en los últimos días dio cabida a la importancia de la representación estudiantil en espacios para la toma de decisiones, tanto a lo interno como a lo externo de las universidades públicas. Por ejemplo, en la Comisión de Enlace. Es importante indicar que se han generado varias críticas a la forma en cómo se invierte el dinero en las universidades públicas. Por eso, nosotros como movimiento estudiantil nos comprometemos a ser críticos sobre la forma en cómo se invierten los recursos a nivel interno, en el marco de la autonomía, para crear una sociedad más democrática y justa”, manifestó Andrea Chacón Chacón, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR).
Con este nuevo acuerdo, se modificará el convenio que coordina la educación superior pública costarricense. Así, los representantes estudiantiles de las diversas universidades públicas podrán tener una voz, aún más activa, cuando se realicen las negociaciones.
“El involucramiento de los estudiantes en la Comisión de Enlace es una decisión que responde a un propósito de décadas articulado por las representaciones estudiantiles. El Gobierno de la República ha expresado su concordancia con la respuesta emanada por Conare. También, se compromete a realizar las gestiones pertinentes para garantizar la adecuada operación planificada por las universidades públicas en el ejercicio de su independencia funcional en ejercicio del autogobierno y la autoadministración”, dijo el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Dr. Henning Jensen Pennington.
Para que el acuerdo se concrete aún falta que el presidente de la República, Carlos Alvarado, emita el decreto ejecutivo destinado a modificar oficialmente la forma en cómo se integra la Comisión de Enlace. Dicho cambio entrará a regir una vez que sea ratificado por los consejos universitarios de las universidades públicas.
Acuerdos claves
Otra de las decisiones tomadas el 22 de octubre fue reclasificar los gastos considerados como corrientes para contabilizarlos como gastos de capital. Lo anterior permite que, a lo interno de las universidades, un total de ¢35 000 millones pasen de la línea de gasto de capital a la línea de gastos operativos, lo cual mejora el uso de los recursos.
De igual forma, se habló sobre la posibilidad de que el FEES se negocie de manera quinquenal —en la medida que la situación financiera del país lo permita, a fin de asegurar el pleno disfrute del derecho a la educación— y que las únicas clasificaciones permitidas serán aquellas aprobadas por los órganos de gobierno de las universidades públicas. Esto en el marco del Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (Planes), en el cual se incluye el componente de gasto de capital.
Los acuerdos establecidos permitirán que las universidades públicas realicen sus labores normales y puedan responder a los compromisos adquiridos con la población estudiantil. Entre ellos, proporcionar becas, contratar docentes, fortalecer la oferta de cursos, así como robustecer el funcionamiento de las sedes, recintos, docencia, acción social e investigación.
La marcha salió del pretil de la Sede Rodrigo Facio rumbo a Casa Presidencial. La movilización se denominó «Somos U públicas» y fue convocada por el movimiento estudiantil.
La manifestación se generó luego de que el Ministerio de Hacienda anunciara el desvío de ¢70 000 millones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) a inversión de capital, lo cual imposibilitaba usar ese dinero en otros rubros como becas, investigaciones y proyectos de acción social.
El Concejo de Escuela de Ciencias Sociales, en Sesión Extraordinaria n° 24-2019 celebrada el 21 de octubre de 2019, artículo 3:
CONSIDERANDO QUE:
“Las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal Costarricenses constituyen, desde su fundación, un elemento insustituible en la búsqueda permanente del desarrollo nacional, en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, en el mantenimiento del equilibrio ambiental y la reducción de la huella ecológica, en el fortalecimiento de la identidad cultural, en la potenciación de la participación colectiva, en la igualdad de oportunidades sin diferencias, entre otras, de género, etnia, religión, extracción social, preferencia sexual, necesidades especiales y formas de aprender, en el respeto de la libertad de expresión, en la promoción de la cultura de paz, en el fortalecimiento de las instituciones democráticas del país, en la protección de la dignidad esencial del ser humano y el sistema de libertad y justicia social.
Los artículos 84 y 85 de la Constitución Política de Costa Rica garantizan la autonomía universitaria, el autogobierno y el financiamiento de las universidades públicas.
El Poder Ejecutivo en la persona de la Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, tomó la decisión unilateral de reasignar, primero, ¢ 70.000 millones y luego la Asamblea Legislativa ¢ 35.000 millones del FEES 2020, en el rubro de “transferencias de capital”, lo cual constituye una medida autoritaria que atenta directamente contra la inversión en Educación Superior Pública de Costa Rica. Esta decisión se da a pesar de que el CONARE había aceptado asignar estos ¢ 70.000 millones, pero tomándolos del presupuesto general de las universidades y no del FEES.
La reasignación del presupuesto por parte del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa tendrán perjuicios directos en las universidades públicas, como la posible reducción de becas y servicios estudiantiles, límites de matrícula, eliminación y restricción de proyectos de investigación, acción y extensión social, disminución de contratación de profesores (as), entre otras restricciones ya indicadas por las Rectorías de las Universidades, todas las cuales ponen en condición de emergencia a las universidades públicas e impedirán el fortalecimiento de la Educación Superior Pública.
El Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, asumieron, una vez más, acciones contra la inversión en educación superior, en consonancia y cumplimiento de una política económica de austeridad y restricción que atenta contra el Estado social costarricense, incluidas la cultura, la salud y la seguridad social en general. Esas medidas incluyen, entre otras, la aplicación de la Regla fiscal, la imposición de un impuesto del 2% a las compras de las universidades estatales (a pesar de que no se ha definido un mecanismo para su devolución a las universidades) y la inclusión del INA y la Red de Cuido, en el 8% del PIB destinado a la educación pública”.
SE ACUERDA:
“Hacer un llamado a la defensa del modelo de universidad pública costarricense, de su papel fundamental en la promoción del desarrollo humano sostenible y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.
Rechazar la decisión unilateral del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa de reasignar cualquier monto del FEES 2020, por contravenir lo establecido en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política de Costa Rica.
Asumir el compromiso de reforzar la campaña de comunicación sobre el aporte de las universidades públicas a la sociedad costarricense, como acción de transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos que recibimos del pueblo de Costa Rica.
Participar activamente en la marcha del martes 22 de octubre del 2019, convocada inicialmente por los y las estudiantes de la UNA y la UCR, y ahora acuerpada de forma unánime por las 5 universidades públicas, en defensa del Estado y la inversión social, la educación pública superior garantizada en la Constitución Política de Costa Rica y la defensa de la autonomía universitaria.
Comunicar a la comunidad universitaria y a la comunidad nacional.” ACUERDO FIRME.
Luego de la consulta a sus bases, el MEDSE dispone:
1- Condenamos el ataque a la autonomía universitaria y al financiamiento de la educación superior por parte del ministerio de hacienda y su depositaria Rocío Aguilar.
2- Apoyamos el movimiento estudiantil universitario en busca de la protección de la educación superior pública y la igualdad de oportunidades para los estudiantes de todo el territorio nacional.
3- MEDSE condena la represión ejercida en contra de los estudiantes de la Universidad Nacional e insta a todos los sectores estudiantiles a unir esfuerzos para lograr objetivos comunes.
4- Las acciones a tomar se estarán coordinando con los representantes regionales en las próximas horas.
5- MEDSE llama a la unión nacional en contra del totalitarismo y las políticas regresivas que provocan empobrecimiento, violencia y la debacle de nuestra economía.
Representantes de todas las universidades públicas del país y de las diferentes zonas se hicieron presentes en la manifestación para defender sus derechos
La marcha de las universidades públicas fue multitudinaria con representantes de la UCR, la UNED, el TEC, la UNA y la UTN. Foto: Karla Richmond.
Miles de estudiantes, funcionarios, docentes y autoridades universitarias marcharon esta mañana hacia la Casa Presidencial con el fin de protestar por la iniciativa del Ministerio de Hacienda de separar parte de los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para un uso distinto al requerido por las universidades públicas.
Esta iniciativa del Gobierno no solo afectaría el presupuesto que se prevé para el funcionamiento integral de estas instituciones sino que también constituye una amenaza a lo que establece la Constitución Política, en cuanto a la autonomía de las instituciones de educación superior públicas.
“Esta es una marcha en realidad de defensa de la Constitución Política, es una marcha que quiere transmitirle al pueblo de Costa Rica que la institucionalidad costarricense es de una enorme importancia y entre esa institucionalidad se encuentra la educación superior pública”, expresó al respecto Henning Jensen Pennington, presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y rector de la Universidad de Costa Rica.
Rodrigo Arias, rector de la UNED, y Henning Jensen, rector de la UCR, se reunieron en la rotonda de La Bandera con un amplio grupo de representantes de las diferentes universidades. Foto: Karla Richmond.
Agregó, asimismo, que en este momento, debido a una decisión unilateral de la ministra de Hacienda, la educación superior pública se encuentra amenazada, “pero nuestra preocupación no es solo por la Universidad, no es solo por la autonomía universitaria, es por la vigencia de la Constitución Política. Y ese es el mensaje que nosotros deseamos transmitirle a toda la nación costarricense, a todo nuestro pueblo, porque al defender la Constitución Política, estamos defendiendo el cuerpo jurídico de nuestra nación”, manifestó Jensen.
Igualmente, Rodrigo Arias, rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), destacó la importancia de la defensa de la educación pública al decir que esta marcha “es una lucha, en defensa de la educación pública, en defensa de las universidades públicas, en defensa del papel que históricamente hemos cumplido en el desarrollo de la sociedad costarricense, en defensa del principio constitucional que nos da un marco legal para cumplir plenamente la misión que tenemos en nuestro país y que ha sido agredido de diferentes maneras durante el último tiempo”.
Asimismo, dijo que es una equivocación decir que se está luchando por salarios. “Es una tergiversación, es parte de esa campaña de desprestigio que se ha desarrollado para algunos sectores de la sociedad, con el propósito de minar la credibilidad en las universidades, probablemente respondiendo a otro tipo de intereses económicos de algunos grupos de presión. Pero es falso, porque estamos marchando en defensa de la inclusividad, de la equidad, del acceso a la formación profesional que dan las universidades, en defensa de la movilidad social que da la educación superior, en defensa de los fundamentos que se construyen a partir de los aportes que las universidades dan a un país como Costa Rica», manifestó Arias.
Los rótulos, pancartas y mantas con diferentes mensajes a favor de la educación superior pública estuvieron presentes durante toda la marcha. Foto: Karla Richmond.
Del mismo modo, se expresó Jensen, pues afirmó que “aquí, en contra de lo que pudieran decir algunas personas, no estamos defendiendo ningún tipo de privilegio, no estamos saliendo a la calle para luchar por salarios, estamos luchando por lo que constituye el núcleo de la sociedad costarricense y de la misma ciudadanía costarricense. Ese núcleo está definido por aquello que es el andamiaje de nuestro cuerpo jurídico y nuestro cuerpo político, que es la Constitución Política”.
Autonomía
Por su parte, Marcelo Prieto, rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN), destacó que la lucha que se da este día va más allá del presupuesto universitario. “Estamos aquí luchando, no solamente por la restitución de los recursos que el Ministerio de Hacienda arbitrariamente desvió del presupuesto universitario, del FEES, sino que estamos luchando por la autonomía universitaria, que está siendo constantemente cuestionada por fuerzas políticas enemigas de la Universidad. Y estamos luchando por una visión de país, lo que estamos peleando hoy aquí es mantener a Costa Rica como una sociedad democrática, como una sociedad igualitaria y como una sociedad inclusiva”, destacó.
Prieto agregó que a pesar de que la UTN no tiene afectación presupuestaria con el desvío de fondos del FEES, sí considera que existe un atentado contra la universidad pública, contra la educación pública y contra las posibilidades de acceso a la educación de todos los estudiantes de Costa Rica.
Los rectores y los presidentes de las federaciones de estudiantes se reunieron con el presidente de la República, Carlos Alvarado, al finalizar la marcha en la Casa Presidencial. En el transcurso del día se conocerán los acuerdos de esta reunión. Foto: Efraín Cavallini (UNA).
Una marcha estudiantil
El movimiento estudiantil de las cinco universidades públicas caracterizado por una amplia diversidad impulsó la marcha desde diferentes puntos del país. Por parte de la Universidad de Costa Rica, cientos de estudiantes de las sedes y recintos se hicieron presentes, salieron desde la madrugada de sus respectivas provincias para unirse a la marcha bajo la consigna de la defensa de la educación superior pública y la autonomía universitaria.
“Venimos a defender nuestra autonomía como Universidad y el presupuesto de sedes y recintos, ya que seríamos la población más afectada en caso de que se diera este condicionamiento de los 70 000 millones de colones”, señaló Anthony Ricardo Bertarau, estudiante de dirección de empresas de la Sede del Caribe.
El joven, además, apuntó que la UCR en Limón tiene diferentes proyectos de investigación y acción social que benefician directamente a alrededor de 4 000 personas. Asimismo, 15 000 niños, jóvenes y adultos mayores se ven beneficiados indirectamente en comunidades rurales, y esta es una de las razones por las que se movilizaron en esta marcha.
Laura Rodríguez Rodríguez.
Por su parte, Andrea Chacón, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), explicó que “todo este movimiento surge a raíz de la imposición de Hacienda para que invirtamos un porcentaje de nuestro presupuesto de una manera establecida por ellos, lo cual contraría completamente el principio de la autonomía universitaria y es parte de las razones por las que estamos luchando”.
La estudiante explicó que han promovido la información hacia todas las instancias de la Universidad para visibilizar los diferentes ataques que se han dado a lo largo del año hacia la educación. Además, desde el jueves anterior las organizaciones estudiantiles han realizado espacios de reflexión y discusión en sus respectivas escuelas, facultades, sedes y recintos para informar a la mayor cantidad de estudiantes sobre esta situación.
La marcha convocada por los estudiantes de las diferentes universidades públicas fue apoyada, además, por las autoridades universitarias, funcionarios, docentes y muchas personas más relacionadas con el quehacer institucional de las distintas universidades.
Fue así como se pudo observar, bajo un fuerte calor, a cientos de personas con rótulos, mantas, pancartas con diferentes mensajes en defensa de la educación superior pública. La marcha partió desde las diferentes universidades y se reunieron en la rotonda de La Bandera y en la Fuente de la Hispanidad, para marchar en conjunto hasta la Casa Presidencial.
Nidia Burgos Quirós
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
José Andrés Céspedes Campos
Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información
La APSE brinda su solidaridad y apoyo al movimiento estudiantil que en los últimos días se mantiene en protestas en defensa del injusto recorte al presupuesto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2020, que amenaza con el cierre de cupos de carreras, despidos de personal, recorte de becas y cierres técnicos de sedes.
Manifestamos también nuestro abierto rechazo a la represión que han sufrido los estudiantes en los últimos días. Los ataques a la comunidad estudiantil y sus protestas son una afrenta contra el derecho humano de la libre expresión y manifestación y se suman a la amplia lista de ataques que hemos sufrido quienes disentimos del actual Gobierno y sus políticas. Defendemos el derecho de las y los estudiantes a protestar, así mismo como defendemos el derecho de las y los trabajadores de hacer Huelgas, razón por la cual nos hemos opuesto radicalmente al proyecto antihuelgas (Exp. 21049).
Desde la pasada huelga en contra de la Reforma Fiscal denunciamos que las políticas de austeridad aplicadas por este Gobierno implicaban recortes inmediatos al presupuesto social, y en particular advertimos sobre el impacto que tendría en el presupuesto de la Educación Pública. Denunciamos también una política antiestatal orquestada desde el Ministerio de Hacienda, cámaras empresariales y medios de comunicación corporativos cuyo objetivo es reducir el gasto público enfocándose principalmente en los salarios y los programas sociales. El ataque que ya se dirigió a distintas instituciones como municipalidades, Caja y más recientemente JAPDEVA, ahora se centra en las Universidades Públicas, ninguna institución pública está inmune en esta arremetida neoliberal.
Hacemos un llamado a la afiliación apsina y la sociedad en general a solidarizarse con las comunidades estudiantiles en lucha en defensa de la Educación Pública, en oposición a todas las políticas fiscales de recortes y en rechazo a las políticas de criminalización de la protesta social que pretenden amordazar a quienes le hacemos resistencia a la agenda neoliberal.
