Escuela de Ciencias Sociales del ITCR se suma a la defensa de la educación superior pública
El Concejo de Escuela de Ciencias Sociales, en Sesión Extraordinaria n° 24-2019 celebrada el 21 de octubre de 2019, artículo 3:
CONSIDERANDO QUE:
- “Las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal Costarricenses constituyen, desde su fundación, un elemento insustituible en la búsqueda permanente del desarrollo nacional, en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, en el mantenimiento del equilibrio ambiental y la reducción de la huella ecológica, en el fortalecimiento de la identidad cultural, en la potenciación de la participación colectiva, en la igualdad de oportunidades sin diferencias, entre otras, de género, etnia, religión, extracción social, preferencia sexual, necesidades especiales y formas de aprender, en el respeto de la libertad de expresión, en la promoción de la cultura de paz, en el fortalecimiento de las instituciones democráticas del país, en la protección de la dignidad esencial del ser humano y el sistema de libertad y justicia social.
- Los artículos 84 y 85 de la Constitución Política de Costa Rica garantizan la autonomía universitaria, el autogobierno y el financiamiento de las universidades públicas.
- El Poder Ejecutivo en la persona de la Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, tomó la decisión unilateral de reasignar, primero, ¢ 70.000 millones y luego la Asamblea Legislativa ¢ 35.000 millones del FEES 2020, en el rubro de “transferencias de capital”, lo cual constituye una medida autoritaria que atenta directamente contra la inversión en Educación Superior Pública de Costa Rica. Esta decisión se da a pesar de que el CONARE había aceptado asignar estos ¢ 70.000 millones, pero tomándolos del presupuesto general de las universidades y no del FEES.
- La reasignación del presupuesto por parte del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa tendrán perjuicios directos en las universidades públicas, como la posible reducción de becas y servicios estudiantiles, límites de matrícula, eliminación y restricción de proyectos de investigación, acción y extensión social, disminución de contratación de profesores (as), entre otras restricciones ya indicadas por las Rectorías de las Universidades, todas las cuales ponen en condición de emergencia a las universidades públicas e impedirán el fortalecimiento de la Educación Superior Pública.
- El Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, asumieron, una vez más, acciones contra la inversión en educación superior, en consonancia y cumplimiento de una política económica de austeridad y restricción que atenta contra el Estado social costarricense, incluidas la cultura, la salud y la seguridad social en general. Esas medidas incluyen, entre otras, la aplicación de la Regla fiscal, la imposición de un impuesto del 2% a las compras de las universidades estatales (a pesar de que no se ha definido un mecanismo para su devolución a las universidades) y la inclusión del INA y la Red de Cuido, en el 8% del PIB destinado a la educación pública”.
SE ACUERDA:
- “Hacer un llamado a la defensa del modelo de universidad pública costarricense, de su papel fundamental en la promoción del desarrollo humano sostenible y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.
- Rechazar la decisión unilateral del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa de reasignar cualquier monto del FEES 2020, por contravenir lo establecido en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política de Costa Rica.
- Asumir el compromiso de reforzar la campaña de comunicación sobre el aporte de las universidades públicas a la sociedad costarricense, como acción de transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos que recibimos del pueblo de Costa Rica.
- Participar activamente en la marcha del martes 22 de octubre del 2019, convocada inicialmente por los y las estudiantes de la UNA y la UCR, y ahora acuerpada de forma unánime por las 5 universidades públicas, en defensa del Estado y la inversión social, la educación pública superior garantizada en la Constitución Política de Costa Rica y la defensa de la autonomía universitaria.
- Comunicar a la comunidad universitaria y a la comunidad nacional.” ACUERDO FIRME.
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