Este miércoles 15 de noviembre frente a la Corte Suprema de Justicia de San José, se llevará a cabo tres actividades para decir presentes
8 a.m.
Auto-Convocados contra la CORRUPCIÓN frente a la Corte Suprema de Justicia en San José.
11 a.m.
Conferencia Irregularidades del Recurso Hídrico en Guanacaste. Una importante denuncia que usted no debe perderse. Será en el Centro de Amigos para la Paz.
5 p.m.
Actividad informativa Cantando por el Agua Libre. Todos los Auto-Convocad@s de los diferentes colectivos y movimientos sociales se unen por la defensa del Agua y ALERTAN a la población sobre las negociaciones con nuestra Agua que se están dando en la Asamblea Legislativa sin que muchos lo sepan.
El Encuentro Internacional “Configuración del capital y del poder en los territorios rurales de América Latina: extractivismo, agro e hidronegocios y propuestas de resistencia e integración desde abajo” reunirán a más de 100 activistas y académicos del Grupo de Trabajo de Estudios Críticos del Desarrollo Rural, perteneciente al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (GT-CLACSO).
Se espera que asistan participantes de unas 20 organizaciones sociales, estudiantes de posgrado de 16 universidades y centros de investigación y miembros académicos del GT-CLACSO. Las personas participantes provienen de Cuba, Honduras, Nicaragua, Haití, Colombia, Ecuador, Brasil, Chile, Argentina, México, Bolivia, Guatemala, Ecuador, República Dominicana.
“Este será un proceso donde el trabajo en campo y las experiencias de organizaciones campesinas e indígenas sea prioridad y guía para las reflexiones durante la semana” aseguro José Mora del Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria una de las instancias promotoras del evento.
Las actividades se realizarán en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica y en una gira a comunidades rurales entre el 18 y el 23 de septiembre del 2017. Habrá mesas de análisis de coyuntura del desarrollo rural en América Latina, una gira de campo a comunidades rurales del Pacífico Sur costarricense. Entre las actividades abiertas están: “Acuerdos comerciales y propuestas de integración desde abajo” y “Ascenso del conservadurismo y política del despojo en América Latina” ambas a las 6:00 p.m. el 18 de septiembre en el auditorio de la Facultad de Educación y el 22 de septiembre en el auditorio de la Biblioteca de Ciencias de la Salud.
El encuentro busca analizar la coyuntura actual de configuración del capital y el poder en los territorios rurales de América Latina y al mismo tiempo que conocer y profundizar sobre experiencias de resistencia e integración desde abajo.
Para Maria Jose Guillén del Centro de Investigación y Estudios Políticos el encuentro busca “fortalecer los lazos de intercambio académico y ayudar a colocar los problemas actuales de la región centroamericana en el debate latinoamericano e internacional. Ayuda a profundizar el diálogo con organizaciones sociales campesinas e indígenas, que difícilmente han sido tan visibilizadas como otras de mayor impacto mediático como el Movimiento de Trabajadores rurales Sin Tierra (MST) de Brasil”.
Según Gloriana Martínez del Instituto de Investigaciones Sociales “en Costa Rica se está viviendo una renovación de los estudios agrarios, ambientales, rurales, notándose en el aumento de trabajos finales de graduación, proyectos de acción social, trabajos comunales, iniciativas estudiantiles, proyectos de investigación, publicaciones científicas y actividades de reflexión pública”.
La expansión de los monocultivos, la firma de convenios comerciales, la intensificación de los conflictos socio ambientales, la profundización de los efectos del cambio climático y los cambios en la agricultura tradicional, son algunos de los temas más destacados del Encuentro.
Además, muchos de estos temas han configurada una fractura profunda en las sociedades centroamericanas, que siguen sin resolverse luego de la firma de los acuerdos de paz que finalizaron nominalmente la guerra civil en la década de los 90, acuerdos que fueron la antesala de las reformas de ajuste estructural. En la actualidad, el despojo y la violencia en el campo siguen siendo los factores principales de expulsión de la población local que es obligada a migrar a Estados Unidos. En la actualidad, entre el 12% y el 15% de la totalidad de la población vive fuera de la región.
Por lo menos el 60 por ciento de los defensores y activistas que fueron asesinados en 2016 vivían en América Latina y el 40 por ciento de las víctimas eran indígenas y otro porcentaje campesinos ambos sectores enfrentan el extractivismo y despojo de sus territorios, señaló un informe de la organización no gubernamental Global Witness en el que se reveló una cifra récord de 200 activistas ambientales asesinados en el mundo durante ese año.
En Foro Institucional 2017 se analizan casos de protesta en defensa de derechos ambientales
Patricia Blanco Picado,
Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
La protesta social, y en particular la protesta socioambiental en Costa Rica, fue tema de análisis por parte de dos académicos de la UCR y una activista social en el Foro Institucional 2017 dedicado a la libertad de expresión, comunicación y democracia (foto archivo ODI).
La protesta social, entendida como una acción colectiva de la ciudadanía en defensa de sus derechos, ha sido una parte sustancial del país a lo largo de su historia. Sin embargo, en los últimos años el Estado costarricense ha puesto en práctica herramientas legales con la finalidad de inhibir estas manifestaciones y llevar al plano judicial estos conflictos.
«Algunos sectores, que tienen coptado al Estado, buscan intimidar, inhibir o ejercer algún tipo de presión psicológica sobre personas que en algún momento de su vida participan en una protesta social en Costa Rica», expresó el Dr. Nicolás Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Boeglin y el Dr. Jorge Lobo Segura, docente de la Escuela de Biología de esta misma universidad, participaron con expositores en la mesa redonda «Protesta social como manifestación de la libertad de expresión», actividad organizada como parte del Foro Institucional 2017 Libertad de expresión, comunicación y democracia.
Los académicos han brindado acompañamiento técnico a organizaciones comunales en varias protestas ambientales y, por tanto, hablaron desde su experiencia personal.
«Tenemos aún medios de justicia para la resolución de confictos socioambientales», aseguró el Dr. Jorge Lobo Segura, profesor de la Escuela de Biología y uno de los expositores en el Foro (foto Laura Rodríguez).
«Los procesos de protesta socioambiental en nuestro país han sido una forma concreta de expresión de insatisfacción y de reclamo de derechos ambientales de la población y de la naturaleza, como resultado de la preponderancia de los intereses privados sobre lo social y lo natural», aseguró Lobo.
La protesta en el campo ambiental ha aumentado en la última década según cifras del Informe Estado de la Nación y se expresa mediante campañas en contra de megaproyectos mineros, hidroeléctricos, agrícolas, urbanísticos, reformas legales, la defensa del algua y temas relacionados con la región marítimo-costera.
Lobo y Boeglin coincidieron en que la criminalización de la protesta social es un hecho en Costa Rica, ya que a quienes participan en estos movimientos se les trata como delincuentes. Mencionaron varios casos recientes, entre ellos el juicio penal en el que fueron absueltos en abril pasado cinco estudiantes y un profesor de la UCR por participar en el 2012 en una marcha en defensa de la seguridad social.
Los expositores plantearon además que las manifestaciones de inconformidad social no tienen cabida en los medios de comunicación masivos y son solo tomadas en cuenta cuando adquieren gran envergadura, incidencia politica o se convierten en conflictos violentos. «Existe una enorme dificultad de los actores sociales de conseguir atención en los medios», detalló Lobo, sobre todo cuando los movimientos sociales son incipientes.
El Dr, Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la UCR, alertó sobre el uso de técnicas legales y mecanismos sutiles para inhibir el derecho a la protesta social y mandar una señal calra al movimiento ambientalista (foto Laura Rodríguez).
Para el biólogo, la ausencia de medios comunitarios o de prensa con alcance local «es una gravísima omisión de nuestro sistema de comunicación».
Por su parte, Boeglin explicó que en Costa Rica se ha empezado a relacionar el derecho penal y la protesta social, lo que es muy peligroso y preocupante, ya que este tipo de derecho está pensado para sancionar conductas y lograr que las sanciones sea ejemplarizantes.
«El derecho penal en ningún momento tiene que empezar a acercarse de esa manera a la protesta social. La protesta social no es más ni menos que un ejercicio legítimo en la defensa de intereses colectivos, muchos de ellos reconocidos por la institucionalidad costarricense y en una gran cantidad de leyes», afirmó el jurista.
Boeglin y Lobo mencionaron la experiencia vivida ante la demanda por injurias, calumnias y difamación interpuesta en su contra por la empresa minera canadiense Infinito Gold, que pretendía desarrollar el proyecto de minería a cielo abierto Crucitas, en Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela.
Eva Carazo, integrante de varios colectivos sociales y expresidenta de la Federación de Estudiantes de la UCR, enfatizó que las universidades públicas tienen una responsabilidad directa con las comunidades, que requieren el acompañamiento técnico y legal ante la judialización de las protestas sociales (foto Laura Rodríguez).
«Muchos de los que participan en estas marchas -expresó Boeglin- tienen la Constitución en la mano y no entienden que un Estado haga el juego a ciertos sectores e intente sostener lo insostenible, como lo vimos en el proyecto Crucitas, donde vimos a un Gobierno actuar como vocero de una empresa canadiense».
«Eso es algo nunca visto y es profundamente indignante para quienes entendemos un poquito cómo funciona el aparato estatal costarricense», aseguró el profesor universitario.
«Estas experiencias me han mostrado lo importante del proceso de investigación, el trabajo de gabinete, el respaldo a los reclamos con argumentos científicos, técnicos o legales y la importancia de la búsqueda de caminos legales y administrativos como parte de los procesos de protesta socioambiental que ocurren a diario en nuestro país», manifestó Lobo.
La protesta para cuestionar
Las sesiones del Foro Institucional 2017 se realizan los miércoles 8 a.m. a 12 m. en el auditorio del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (Cicap) de la UCR. Las próximas sesiones son el 21 y el 28 de junio (foto Laura Rodríguez).
La necesidad de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la comunicación deben constituirse en reivindicaciones de los movimientos sociales, opinó la activista, expresidenta de la Federación de Estudiantes de la UCR y psicóloga, Eva Carazo, quien participó en la mesa como comentarista.
Carazo reafirmó la importancia de la protesta social como procesos de defensa de derechos e hizo un llamado a cuestionarse «qué le dice la protesta a nuestra sociedad sobre el tipo de modelo depredador y de relaciones y procedimientos que tenemos disponibles para tomar decisiones y resolver los conflictos».
Indicó además que estas manifestaciones colectivas forman parte de la cotidianidad de mucha gente en nuestra sociedad y son aspectos esenciales de su supervivencia. Sin embargo, señaló, no forman parte del mundo que los medios de comunicación presentan: «llegan a los medios hegemónicos solamente como conflictos o aparecen como la nota roja o con un abordaje superficial».
Finalmente, Carazo dijo que en vez de mirar la protesta social como una amenaza, se debería analizar cómo los movimientos sociales han presionado por cambios institucionales necesarios, porque las leyes y el Estado no han funcionado en la protección de los derechos ciudadanos.
El pasado 12 de mayo de 2017, el Rector de la Universidad Nacional Dr. Alberto Salom Echeverría, recibió en la rectoría una delegación de la Academia Solidarista Alberto Martén Chavarría, que le presentó el material preliminar de la producción intelectual de don Alberto Martén Chavarría, padre y fundador del Solidarismo en Costa Rica, que servirá para la publicación de las obras selectas de Martén.
La Academia Solidarista es una organización sin fines de lucro, constituida para promover y fortalecer el Solidarismo, movimiento social costarricense que en el presente año cumple el 70 Aniversario, cuenta con más de 300 mil trabajadores beneficiados y sus recursos superan el 10% de PIB.
Por su aporte al país, don Alberto Martén Chavarría fue declarado Benemérito de la Patria. El Solidarismo alcanzó su máximo reconocimiento cuando en el 2011 se le concedió rango constitucional.
El Lic. Federico Martén Sancho, hijo del creador del Solidarismo entrega al Rector de la UNA un ejemplar del material que se ha producido a la fecha y que será la base para la producción de las obras del señor Alberto Martén.
Acompañó en la reunión directivos de la Academia Solidarista liderados por su Presidente Máster Álvaro Villalobos G.
Se da inicio así, a un proceso que permitirá culminar con la presentación ante el país de las obras mencionadas.
Por: Efraín Cavallini Acuña
Asesor Comunicación Rectoría UNA
Enviado a SURCOS por MSc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
Comunicado del Colectivo del Derecho a la Protesta Social en Costa Rica
El día de hoy viernes 19 de mayo al ser las 4:10 p.m., el juez José Rafael Bolandi Piedra dio sentencia en el caso de las 5 personas acusadas por el delito de resistencia agravada, en el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial, proceso que inició en el 2012, por los hechos acontecidos por la manifestación del 8 de noviembre de 2012.
En la sentencia quedaron absueltos de toda pena y responsabilidad, Luz Marita Arce Soto, Luis Diego Retana Solano, Adrián Jaén España, Denis Solís Cruz y Mario Alb. Villalobos Arias.
Esta sentencia es un triunfo para el movimiento social, a pesar de que la absolutoria se diera por el principio in dubio pro reo, dado que es la primera vez en muchos años que se reconoce que los oficiales de la Fuerza Pública deben velar porque se garantice el derecho a la manifestación y libertad de expresión.
Sin embargo, no hubo justicia plena porque se liberaron de los cargos a los compañeros por duda aunque no hay ninguna duda de la inocencia de los imputados, por lo que pedimos a la población costarricense mantenerse atenta al abuso del poder y a los próximos casos penales de compañeros y compañeras acusados injustamente que tendrán que enfrentar judicialización, penalización y criminalización de la protesta social.
San José, 19 de mayo de 2017.
Tomado de la página de Facebook Colectivo Derecho a la Protesta Social
NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL – NO A LA PENALIZACIÓN DE CIUDADANOS Y LUCHADORES SOCIALES.
Ante los graves hechos denunciados la mañana de hoy 17 de mayo, ocurridos en Guatemala desde el día 15 de mayo recién pasado, varias organizaciones del movimiento social, redes, movimientos sociales de derechos humanos, organizaciones de mujeres, ecologistas, de iglesias, nos hemos reunido para dar a conocer a la opinión pública y hacer exigencias al Gobierno de Guatemala y al Gobierno de Costa Rica.
El día 15 de mayo fue secuestrada en Guatemala una joven costarricense, vejada, agredida, golpeada y dejada la noche del 16 en la ciudad Cobán (a 5 horas de viaje desde la ciudad capital). Posteriormente fue informado que se encuentra en un hospital estatal. La compañera costarricense ha sido violentada en todos sus derechos por estar participando en la concentración en torno a un fueguito simbólico permanente que mantienen las compañeras guatemaltecas en reclamo de justicia por las niñas quemadas en un albergue; horrorosos hechos ocurridos el día 8 de marzo recién pasado en ciudad Guatemala.
Mantenemos una gran preocupación y condenamos los hechos señalados en virtud de que se afecta no sólo a una costarricense sino a una mujer que protesta contra la impunidad por los hechos ocurridos en la quema de una cárcel de niñas. El hecho ataca directamente, no sólo a ellas sino a todo el grupo de mujeres que están ahí y consideramos que es amedrentamiento a esta lucha contra la impunidad en ese país.
El Gobierno de Costa Rica ha actuado y esperamos que esa actuación sea cumplida hasta el final, incluyendo el ingreso de la costarricense y su familia a territorio costarricense, mantener una permanente vigilancia, nombrar un órgano en la Cancillería para darle seguimiento a esta denuncia en Guatemala hasta el esclarecimiento total de los hechos que llevaron a cabo contra esta joven costarricense.
Consideramos que el comunicado de la Cancillería se refiere al quehacer de la joven de manera despectiva y discriminatoria, como si su vida fuera una razón que explica la violación de sus derechos. Ya que independientemente de sus quehaceres laborales y opciones nunca se puede justificar la violación de los derechos humanos de personas y pueblos.
Ante estos hechos demandamos concretamente del gobierno de Costa Rica
Emprender acciones para garantizar la vida de la joven costarricense y su familia y lograr la salida de Guatemala de la joven costarricense y su familia, ya que mientras más tiempo permanezca en Guatemala su vida corre peligro.
Garantizar la atención médica cuanto antes ya que ha sido seriamente agredida y presenta heridas graves físicas y emocionales.
Emprender acciones para garantizar que no sean alteradas y se mantengan bajo el debido protocolo las pruebas de este delito.
Vigilar que las mujeres que actualmente se mantienen en demanda de justicia por las niñas que fueron quemadas y murieron calcinadas en Guatemala no sean hostigadas y agredidas.
Plantear el caso para llamar la atención por estos hechos, ya que no son hechos aislados en Guatemala sino que son parte de una situación de riesgo para muchas defensoras y defensores de derechos humanos. Que este tipo de prácticas se ha convertido ya en una situación de uso común y en muchos casos ha quedado en la impunidad.
Comunicamos a la opinión pública nacional e internacional que estaremos apoyando las acciones directas que se organicen visibles y públicas con el fin de que este caso sea visibilizado en contra de la impunidad
Llamamos a la comunidad internacional, para que se manifieste repudiando estos hechos y se mantenga vigilante hasta que esto sea esclarecido totalmente, y evitar que sea repetido.
Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y políticas costarricenses a que se sumen a las jornadas de protesta y de solidaridad que se están programando.
Convocamos a reunirnos frente a la Cancillería mañana jueves 18 de mayo a las 11 de la mañana, en demanda de estas acciones.
Asociación de Derechos Humanos (ACODEHU)
Centro de Amigos para la Paz (CAP)
Servicio de Paz y Justicia
Justicia, Paz e Integridad para la Creación (JPIC)
Colectivo Tinamaste
Red de Mujeres Rurales de Costa Rica
Movimiento Humanista – Costa Rica
Colectivo Popular Carmen Lyra
Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI-CR)
Mesoamericanas en Resistencia por una vida digna
Alianza de Mujeres Costarricenses
Red de Mujeres Migrantes Nicaragüenses
Movimiento Alternativo de Izquierda (MAIZ)
Asociación de Trabajadoras Domésticas (ASTRADOMES)
Asociación Americana de Juristas – Capitulo Costa Rica – (AAJ – CR)
Coordinación de Comunidades Cristianas Costarricenses – (COCRIC)
Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI)
Colectiva Tierra Semilla y Pan
Colectiva Coexistir (Cartago, Costa Rica)
Mujer No Estás Sola
Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA)
Boletín Grito de la Puebla
Colectivo Gente Diversa
Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Costa Rica Sede de Occidente
Asociación de Estudiantes de Psicología UCR
Asociación de Estudiantes de Antropología UCR
Red de Integración Centroamericana de Derecho Internacional
Red de Derecho Internacional de Costa Rica
Peña Cultural Ramonense
Movimiento Salud Sin Paredes-Región Occidente, Costa Rica
A de Libertad
Asociación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica Sede de Occidente
Colectiva Lésbica Feminista Irreversibles
Observatorio de Género Medios- GEMA
Asociación Voces Nuestras de Costa Rica
Universidad Bíblica Latinoamericana
Casa de Semillas Criollas
Imagen con fines ilustrativos tomada de www.dw.com
¡Hacemos un llamado a la solidaridad internacional!
Durante los últimos años el Estado de Costa Rica ha endurecido aun más su brazo represor, reforzando los procesos de militarización de la policía, reprimiendo manifestaciones, atacando, deteniendo, abriendo procesos judiciales a luchadores sociales, dejando en la impunidad los casos de incendios, amenazas, agresiones y asesinatos a quienes luchan; violentando al pueblo por ejercer su derecho a la libre expresión, a la protesta social; nos violentan por defender los derechos de todos y todas que se han alcanzado en las calles, al mejor estilo de una dictadura. Muchos son los sectores del movimiento social con compañeras y compañeros procesados que van para juicio. Cada vez más el Estado muestra su verdadera cara y a Costa Rica se le cae la falsa imagen de país democrático y de paz, que respeta los derechos humanos.
Ante esto vemos la urgente necesidad de visibilizar que en el territorio que habitamos también existe un Estado represor que violenta al pueblo, a quienes luchan, a quienes enfrentan las injusticias. Y que ante la represión nos organizamos, nos apoyamos mutuamente y le hacemos frente a su violencia institucionalizada.
El día miércoles 22 de marzo se realizó el juicio a una de las personas detenidas en la manifestación del 31 de julio del 2016, que pedía la cancelación inmediata del contrato Fundazoo-Minae, el cierre progresivo y definitivo de los 2 zoológicos estatales (Santa Ana y Simón Bolívar), así como el traslado del león Kivú. La policía atacó a los y las manifestantes y secuestró a 3 sin justificación alguna. El compañero Milton Quesada fue absuelto de todos los cargos, pero aun falta ver qué va a pasar con los procesos de la compañera Catalina Gutiérrez y el compañero José Solano detenides durante la marcha.
También el 05 de abril se realizará el juicio contra cinco luchadores sociales (Marita Arce, Diego Retana, Adrián Jaén, Denis Solís y Mario Villalobos), quienes fueron detenidas y detenidos el 8 de noviembre del 2012 por defender la salud pública y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), durante una manifestación convocada por comunidades de diversas partes del territorio y acuerpada por los movimientos sociales, esto en contexto político donde se estaban cerrando los EBAIS (centros de salud) de las comunidades y disminuyendo presupuesto en hospitales. Estas traían un pliego de peticiones para entregarlo a la CCSS, pero los directivos de dicha institución decidieron no bajar a recibir el documento. Debido a esto les manifestantes permanecieron en las calles exigiendo alguna respuesta ante la problemática que vivían, sin embargo, llegó la policía a barrer con la manifestación pacífica, golpeando manifestantes y deteniendo a 35 personas.
Por estas razones, extendemos una invitación a participar y accionar, desde el territorio que cada quien habite, de la Jornada Internacional en Solidaridad con las y los detenidos y procesados por el Estado de Costa Rica, por la absolución de las y los compañeros que están pasando por juicios políticos, así como en contra de la represión estatal. La invitación está abierta para que tomemos acciones desde el 01 hasta el 07 de abril, como realizar manifestaciones en embajadas o consulados de Costa Rica, enviar comunicados, fotos con muestras de apoyo o cualquier otra acción solidaria.
Por otra parte, queremos compartir con ustedes algunos casos de represión estatal y de impunidad que se han dado en Costa Rica:
Viviana Gallardo en 1981 asesinada por un policía en la celda donde se encontraba prisionera.
En mayo de 1985 fueron detenides 39 compañeros indígenas y 3 compañeras indigenas por protestar contra una empresa extractora de madera que estaba talando los bosques de Térraba, Curre y Boruca.
En 1989 murió en circunstancias no esclarecidas Antonio Zúñiga, indígena del territorio de Ujarrás, quien luchó contra la cacería ilegal, ante la impunidad del Estado.
En 1992 fue asesinado de varios disparos Óscar Quirós, luchador que se opuso a la deforestación en Sarapiquí, ante la impunidad del Estado.
Jorge Aguilar, otro luchador contra la cacería ilegal, quien fue hallado muerto por familiares luego de salir a patrullar, ante la impunidad del Estado.
En 1994 Óscar Fallas, Jaime Bustamante y María del Mar Cordero, miembres de la Asociación Ecologista Costarricense (AECO) murieron en un sospechoso incendio en una casa. Luego de una larga campaña contra la instalación de un puerto astillero en la Península de Osa de la multinacional Stone Forestal, ante la impunidad del Estado.
En 1995, tras estar desaparecido por tres semanas, aparece muerto David Maradiaga, también miembro de AECO, ante la impunidad del Estado.
En el 2006, Trino Barrantes, Célimo Guido y Rocío Céspedes, luego de 4 años de procesos judiciales, son sentenciades a un año de prisión por luchar contra la transnacional RITEVE.
En el 2008, la policía mediante los antimotines, reprime a la comunidad de Sardinal que se encontraba en un proceso de lucha por la defensa del agua.
El 1° de mayo del 2009, la policía reprimió la marcha por el día de les trabajadores, golpea manifestantes y detiene a 8 compañeres anarquistas.
En el 2010, durante la toma del edificio de Ciencias Sociales en la UCR contra el préstamo del Banco Mundial, el compeñero Luis de Sociovoz aparece asesinado y con la oreja cortada, la policía dice que fue un asalto, y no se realizaron investigaciones, ante la impunidad del Estado.
En el 2010, durante la lucha contra la privatización de los muelles de Moín y Limón, y la construcción del megapuerto de APM terminals, son detenidas y procesadas 21 personas, tras un proceso de 5 años quedan absueltas 20, pero la pescadora Paulina Briones es condenada a 12 años de prisión.
En agosto del 2010, en el Marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la policía realiza un desalojo violento de compañeros y compañeras indígenas de diferentes pueblos del país, que exigían la aprobación de la Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, # 14.352, mediante un grupo de al menos 50 antimotines de la Fuerza Pública que golpeó a hombres y mujeres, apoyados por altos funcionarios de la seguridad interna del edificio legislativo.
En noviembre del 2010, la policía municipal de Heredia arresta, tortura y golpea a 4 compañeres anarcopunks por documentar cómo la policía reprime y «decomisa» verduras a vendedores ambulantes en la feria del agricultor.
En 2011, la conservacionista canadiense Kimberly Blackwell fue asesinada dentro de su casa en Puerto Jiménez. Blackwell tuvo enfrentamientos con cazadores ilegales, ante la impunidad del Estado.
En 2012, el Estado lanza una orden de captura contra el ecologista de Sea Shepherd, Paul Watson. Por defender la naturaleza se le adjudicó el delito de “intento de naufragio”, luego mediante la intervención del Estado, la Interpol le giró una orden de captura internacional.
El 8 de noviembre del 2012, la policía reprime manifestación y detiene 35 personas por defender la salud de pública para todes y la CCSS, 5 de las cuales se encuentran en procesos judiciales.
En 2013, de manera particularmente violenta, es asesinado el ambientalista Jairo Mora, que realizaba trabajos de protección y monitoreo de las tortugas marinas que desovan en playa Moín, trabajos que ponían en riesgo la construcción del megapuerto de la transnacional APM Terminals. Tras presión por un primer juicio que dejó libres a los acusados, se retomó el caso, condenando a quienes cometieron el asesinato pero no se interesó en condenar y esclarecer quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato.
El 1° de mayo del 2013, la policía reprime marcha por el día de les trabajadores, golpea manifestantes y detiene a 7 compañeres.
En julio del 2013, la policía reprime marcha por la liberación animal y el cierre del zoológico Simón Bolívar, patrulla atropella un manifestante y detienen a 3 compañeros.
El 24 de febrero del 2014, la policía reprime una manifestación pacífica en Chomes de Puntarenas, convocada por 50 comunidades costeras para defender la Ley de Territorios Costeros Comunitarios, TECOCOS. La Fuerza Pública atacó violentamente a les manifestantes y realizó 11 detenciones. Atacó con antimotines, gases lacrimógenos, incendiaron un potrero(finca) cercano a una gasolinera, ingresaron sin autorización a un local para continuar reprimiendo manifestantes, atacaron un EBAIS, golpearon adultos mayores y niños.
En el 2014, Diego Armando Saborío fue asesinado por enfrentarse a cazadores furtivos en San Carlos, ante la impunidad del Estado.
En Noviembre del 2014, el Estado, sin pruebas ni juicio, encarcela (secuestra) durante 7 meses a Sergio Rojas, luchador del territorio Indígena de Salitre, por la autonomía de su pueblo y la recuperación de las tierras ancestrales.
El 28 de febrero del 2015 fueron detenidas Ingrid Rangel y Karina Araya, activistas del Foro Nacional de Vivienda. Condenadas a un mes de prisión preventiva y se esperan posibles procesos judiciales.
En 2015, tras 15 años de procesos judiciales, 6 juicios, ser varias veces absuelto y ante la apelación constante del Estado para retomar el caso, se encarcela al compañero Orlando Barrantes durante varios meses y se le condena a 12 años de prisión, tras una apelación queda en libertad. Orlado es un luchador campesino que participaba de los movimientos para exigir la indemnización a les afectades por el nemagón y las mejoras para les campesines de Guápiles. También es procesado y encarcelado Iván Angulo. El proceso judicial aún sigue abierto.
En 2015, el Estado condena al guardaparques Mauricio Steller a 12 años de prisión por supuesta «tentativa de homicidio», pero en realidad fue por defender las tortugas y el medio ambiente.
El 07 de noviembre del 2015 la policía municipal de Escazu asesina a Damian Jiménez a tiros (uno en la cabeza), también dispara contra dos de sus hermanos, dejando al menor (de 17 años) herido de gravedad. Las victimas del abuso policial no están cometiendo delito alguno ni se encuentran armadas.
El 16 de febrero del 2016, la policía reprime manifestación de campesines de Changuena, golpea manifestantes y detiene a 7 campesinos (Luis Chinchilla, Manuel Ávila Amador, Mauro Mesa Arias, Laureano Díaz, Daniel Villalobos, Erick Cevallos y Alex Azofeifa) que esperan procesos judiciales.
El 14 de Abril del 2016, la policía reprime manifestación por los derechos animales, golpea manifestantes y detiene a 4 compañeros que esperan procesos judiciales.
El 31 de julio del 2016, la policía reprime manifestación por el cierre de los zoológicos Simón Bolívar y el de Santa Ana, así como por el traslado del león Kivú. Detiene a 3 compañeres, entre estos comunicadores independientes. También una compañera sufre acoso sexual por parte de la policía.
En el 2016, compañeres activistas del movimiento diversidad Laura, Jazmín y Marco se enfrentan a un proceso judicial por la acción mediática para pedir la igualdad de derechos.
El 09 de agosto del 2016, la policía reprime violentamente manifestación de taxistas, dejando a más de 70 personas detenidas, taxis y placas decomisadas, y varios taxistas heridos. Algunos de los detenidos esperan procesos judiciales.
El 18 de agosto del 2016, la policía agredió brutalmente y secuestró al taxista Alexander Barboza como una forma de venganza por un video que circulaba en la red.
Impunidad ante los constantes casos de agresiones, amenazas y quemas de ranchos (casas) y terrenos en territorios indígenas que se encuentran en procesos de lucha por la autonomía de los pueblos indígenas y en la recuperación de su territorio.
Aumento de la criminalización y judicialización de quienes luchan.
Asignación de defensa pública parcializada en los juicios políticos de luchadores que no pueden pagar por abogades privades. Creando juicios montados que facilitan la condena de quienes luchan.
Ante esto hacemos un llamado urgente a la solidaridad internacional, para pedir la absolución de todas las personas detenidas por luchar en Costa Rica, al tiempo que mostramos nuestro repudio a la represión del Estado.
En democracia también se tortura, secuestra y asesina.
¡Ante la represión, organización y lucha. Ante las injusticias, solidaridad!
Se cumplen tres años de la protesta en defensa de la CCSS que fue brutalmente reprimida por los cuerpos policiales. En estos últimos años se ha profundizado, como política de Estado, prácticas autoritarias que buscan quebrar los distintos movimientos sociales de resistencia, los cuales son amedrentados con represión, criminalización, amenazas, judicialización y cárcel.
“La protesta social es un derecho, no un delito. No abandonaremos las calles en la exigencia de nuestros derechos. Exigimos libertad y absolutoria total de las y los luchadores sociales condenados y judicializados”, Colectivo Derecho a la Protesta Social.
En una decisión unánime SINTRAJAP se une al movimiento nacional de lucha convocado y programado para hoy por diferentes fuerzas sociales costarricenses y por las siguientes razones:
Modificación de la Clausula 9.1 del contrato de la APM para que se le permita a JAPDEVA competir por la carga en igualdad de condiciones.
Por el incumplimientos por parte del gobierno con respecto al equipamiento de nuestros puertos específicamente en el tema de montacargas y los atrasos que se han dado para la obtención de una viabilidad ambiental para la construcción del puesto de atraque 5-7 en Moín por parte de JAPDEVA.
En defensa de nuestras garantías económicas, sociales, laborales y sobre todo de nuestra estabilidad laboral.
Nos manifestamos además en defensa de las instituciones públicas y en contra de las iniciativas neoliberales que pretenden empobrecer aún más al pueblo costarricense para beneficiar a unos pocos.
Por estas y otras razones nos unimos a la huelga por el día de hoy a partir de las ocho horas.
*Imagen con fines ilustrativos.
Enviado a SURCOS Digital por Liroy Perez Perez, Secretario de Prensa.
El próximo miércoles 24 de junio a las 8:00 a.m. será llevada a cabo la audiencia preliminar del proceso penal contra Marita Arce, Luis Diego Retana, Adrián Jaen, Mario Villalobos, Luis Salas y Dennis Solís, 6 personas detenidas el 8 de junio del 2012 en una manifestación por la defensa de la seguridad social de Costa Rica, ellos(a) son procesados por el delito de resistencia.
La causa llevada contra estos(a) 6 compañeros(a) muestra que la represión y criminalización de la protesta social está atacando a todos los sectores del movimiento social, en este caso los(a) acusados(a) son estudiantes universitarios, profesores universitarios y de secundaria, militantes de partidos políticos y colectivos autónomos, sindicalistas, activistas de derechos humanos, vinculados(as) a luchas ecologistas, mujeres, hombres y compañeros(as) de distintas generaciones.
Por este motivo y por el trasfondo que estas acciones evidencian el uso de intimidación política, en la que se encuentra el objetivo de desmovilizar a las luchas sociales del país, negarle su derecho a la protesta social y limitar la calle como un espacio legítimo de lucha y resistencia social, se invita a que la población se haga presente en las distintas actividades que se van a llevar cabo en solidaridad con los y las acusadas y en defensa del derecho a la protesta social.
Manifestación artística: Lunes 22 de junio, Fuente de la Hispanidad, 4:00pm
Mitín de apoyo y solidaridad con personas acusadas: Miércoles 24 de junio (día de la audiencia), Tribunales de justicia de San José, 8:00am.
Enviado a SURCOS Digital por Marcos Chinchilla Montes.
