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Etiqueta: Mujeres en Acción

Mujeres en Acción exige cumplir compromisos en Diálogo Multisectorial y atención a sus propuestas

El movimiento social autónomo Mujeres en Acción participó en el Diálogo Multisectorial convocado por el Gobierno y propuso establecer una política nacional de cuidados, un ingreso básico vital y una contribución única solidaria del 1% a los grandes contribuyentes, señaló en un comunicado.

Ante las tres propuestas, Mujeres en Acción exige al señor Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, y al señor Presidente de la Asamblea Legislativa cumplir con los compromisos.

El movimiento propuso establecer una política nacional de cuidados que contemple los cuidados como derecho humano y como inversión productiva para un desarrollo con igualdad y, según señalan, las autoridades de Gobierno presentes en el Diálogo Multisectorial se comprometieron a presentar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para crear el Sistema Nacional de Cuidados.

Por otro lado, propusieron un Ingreso Mínimo Vital como camino para la reactivación económica con igualdad social y para orientarse hacia la Renta Básica Universal.

“Este subsidio es para generar capacidad no solo para asumir con dignidad una labor fundamental para la sostenibilidad de la vida sino también para promover mayor inserción de las mujeres en la actividad productiva que genere valor agregado”, indica el material gráfico divulgado por el movimiento.

Mujeres en Acción también propuso adoptar una contribución solidaria obligatoria (por una sola vez) equivalente a un 1% sobre los activos registrados y acumulados en los últimos tres años por parte de aquellas personerías jurídicas que clasifican como Grandes Contribuyentes Nacionales (excluyendo “Holdings”) y de las Grandes Empresas Territoriales, con el objetivo de fortalecer los programas sociales.

De acuerdo con Mujeres en Acción, dicha propuesta no fue priorizada y ante su reclamo en la plenaria del 19 de noviembre el Gobierno no respondió. “Exhortamos a que esta propuesta sea priorizada y convertida en Proyecto de ley”, señalaron en el comunicado.

Carta para Carlos Alvarado de Mujeres en Acción

Compartimos la carta enviada por el colectivo Mujeres en Acción con respecto a la iniciativa del Gobierno llamada: «Costa Rica escucha, propone y dialoga»:

San José, 18 de agosto del 2020

Señor
Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República
Su Despacho

Estimado señor presidente:

El colectivo feminista Mujeres en Acción, conscientes y extremadamente preocupadas por la crisis social, política y económica que vive nuestro país a consecuencia de las decisiones históricas y, las que se han adoptado para enfrentar la pandemia, ante la sugerencia del gobierno llamada: «Costa Rica escucha, propone y dialoga», consideramos importante manifestar lo siguiente:

  1. Es vital un diálogo nacional que abra la posibilidad de comprender y actuar sobre las realidades territoriales, sectoriales y poblacionales creadas y profundizadas a partir de las medidas adoptadas en el marco de la crisis sanitaria.
  2. Es clave reconocer que desde que inició la pandemia, grupos sociales y económicos hemos planteado acciones inmediatas, de corto y mediano plazo, que no han sido respondidas por parte de su gobierno.

En el contexto actual, y ante esta nueva propuesta, nos preguntamos:

  1. ¿Por qué se parte de una agenda ya definida unilateralmente por parte del gobierno y no se abre a una construcción conjunta entre la diversidad de sectores y actores sociales y políticos, como base para un auténtico diálogo que pueda llevar a negociaciones y acuerdos?
  2. ¿Por qué luego de cuatro meses de falta de escucha a los movimientos sociales se dan plazos tan cortos para dialogar y proponer las urgentes reformas coyunturales y estructurales que necesita nuestro país?
  3. ¿Por qué no se evidencian de forma transparente los mecanismos para analizar y sistematizar las propuestas?
  4. ¿Por qué no se aclara desde ya cuál será el mecanismo de diálogo que garantice las condiciones democráticas, justas, reales y que conduzcan a una eficaz negociación y definición de agenda nacional?
  5. ¿Existe un compromiso real con una visión y proyecto de país inclusivo y democrático, que garantice la actuación del Estado en aras del bienestar colectivo?

En relación con su llamado a la remisión de propuestas queremos recordar que este colectivo remitió a su despacho dos cartas con propuestas concretas, mismas que no han sido respondidas.

El 11 de junio enviamos al despacho que usted representa una propuesta fiscal con seis soluciones concretas para superar la pandemia sin un aumento de la desigualdad y protegiendo las instituciones del Estado de bienestar. Aquí le adjuntamos, para su estudio y respuesta, el siguiente enlace donde encuentra dicho documento:

https://drive.google.com/file/d/1SFihEzmsVmnuIbphQKhx_HwdjmIhzBuI/view?usp=sharing

En una segunda carta abierta, también dirigida a su persona y enviada el 14 de Julio a su despacho (https://drive.google.com/file/d/1lDdDuBz-jpNRmuZVovJ7OHxdW8QWeV4v/view?usp=sharing), en respuesta a su discurso en cadena nacional de televisión del 12 de julio, le preguntamos, entre otras cosas:

  1. ¿Por qué considera indispensable negociar con el Fondo Monetario Internacional, sin abordar públicamente la opción de recurrir a las reservas del Banco Central?
  2. ¿Cómo propone el gobierno refinanciar a las instituciones públicas y a los programas sociales, durante y después de la pandemia?
  3. ¿Está el gobierno valorando la venta de activos en el corto o mediano plazo? ¿Por qué?

También le expresamos nuestro asombro y preocupación con el hecho de que su equipo de gobierno no se hubiera referido aún a las propuestas para enfrentar la crisis que hemos hecho distintos sectores; incluidas dos propuestas legislativas de recurrir a contribuciones fiscales del gran capital para así evitar que Costa Rica salga de la crisis aún más desigual de lo que ya es hoy. Tampoco en esa oportunidad recibimos respuesta.

Nos llama la atención y nos genera dudas la legitimidad de este llamado al diálogo que, se convoca con la decisión ya tomada de negociar un convenio stand by con el FMI en septiembre. Lo anterior a pesar de que se ha cuestionado su conveniencia como única vía para financiar al Estado y, tomando en cuenta que hasta la fecha, ha existido la negativa de transparentar los términos de esta negociación.

El gobierno ha tenido muchos meses para escuchar y actuar sobre las diversas propuestas de los movimientos sociales. Sin embargo, no hay existido un mínimo respeto y consideración para contestarlas.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos respuestas transparentes, claras, concretas y por escrito de ambas misivas al correo de mujeresenaccion.costarica@gmail.com y respetuosamente sugerimos, con miras a participar en un eventual diálogo, lo siguiente:

  1. Un primer diálogo con una participación plural para fijar una agenda entre todos los movimientos sociales, sectores económicos y sociales organizados y el gobierno, con metas de corto, mediano y largo plazo.
  2. El carácter vinculante de los acuerdos tomados con miras al establecimiento de una hoja de ruta que verdaderamente los incorpore y garantice su cumplimiento.
  3. Un marco ético de actuación con mínimos comunes para el diálogo y los disensos acordados entre todos los sectores y movimientos.
  4. La suspensión o retiro de los proyectos enviados a la Asamblea Legislativa que afectan el empleo y las finanzas públicas, especialmente el proyecto N. 21181, denominado proyecto de flexibilización laboral, que no sólo es inconstitucional, sino que atenta contra el derecho al trabajo y las conquistas laborales de los últimos 100 años, así como todos los estándares y principios del derecho internacional.
  5. Un informe sobre el avance de las negociaciones con el FMI y los términos concretos que se están negociando.
  6. La discusión colectiva de si las negociaciones con el FMI son realmente indispensables o si es posible contar con alternativas de financiamiento a partir de un impuesto temporal a los grandes patrimonios y las riquezas nacionales propuestas por muchos sectores, uso de fondos del Banco Central e impuestos a las transacciones financieras.
  7. La presencia de personeros gubernamentales de rango ministerial y con poder de decisión durante todas las negociaciones, incluyendo al Equipo Económico del Gobierno.
  8. La incorporación y operacionalización del principio de la ética del cuidado de la vida humana y del planeta en el centro de las políticas económicas y sociales.
  9. La existencia de observadores garantes del diálogo, acordados de común acuerdo, incluyendo personalidades reconocidas, neutrales e idóneas, como representantes de las universidades públicas, más no de denominaciones religiosas.

Finalmente, adjuntamos un documento que recoge una serie de nuestras propuestas claves a contemplarse en este diálogo y que ya presentamos públicamente el día 24 de julio (https://www.facebook.com/mujeresenaccioncostarica/videos/770243210209319).Reiteramos que nos anima el amor que tenemos por nuestro país, la defensa de los derechos humanos de todas las personas que lo habitamos, y el deseo de fortalecer la democracia política, social y económica y en consecuencia, el Estado Social de Bienestar.

M.Sc. Ana Elena Obando M.
Mujeres en Acción

Mujeres en Acción: carta abierta al presidente de la República

San José, 14 de julio de 2020

Señor
Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República
Su Despacho

Estimado señor presidente:

A finales de abril su gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional un Instrumento de Financiamiento Rápido por $504 millones, correspondientes a la cuota de Costa Rica para la atención de emergencia del Covid-19. En cadena nacional del domingo 12 de julio, usted anunció que, aprobado este préstamo por parte de la Asamblea Legislativa, su gobierno negociará un convenio stand-by con el FMI, y señaló que este acuerdo es indispensable para garantizar la estabilidad económica. Sin embargo, desde hace semanas, distintas personas con vasto conocimiento en la materia, en cuenta el viceministro de ingresos de la administración Solís Rivera: Fernando Rodríguez, han señalado que no es necesario acudir al FMI, dado que existe la opción de financiarnos a través de las reservas del Banco Central. Como consecuencia, queremos saber ¿Por qué considera indispensable negociar con el Fondo, sin abordar públicamente las consideraciones sobre la opción de recurrir a las reservas del Banco Central?

En su discurso del domingo 12 de julio, usted también señaló que el país logrará la estabilidad económica durante 2020 con la refinanciación de la deuda y recortes por 355 mil millones de colones en el gasto público; sin mencionar el impacto de las significativas reducciones a los ingresos fiscales, tales como las autorizaciones a las y los contribuyentes para postergar responsabilidades tributarias hasta fin de año o la reducción generalizada de hasta el 75% en las cuotas obrero-patronales a la CCSS, aprobadas al inicio de la pandemia. Así, hemos de concluir que el núcleo de la política de su gobierno para lograr la estabilidad económica en 2020 recaerá en una fuerte reducción del Estado. Nos preocupa sobremanera, que esta política de recortes vaya a destruir de forma irreparable la institucionalidad pública precisamente ahora, en que ha quedado claro en todo el mundo, más allá de cualquier duda razonable, que los Estados son la principal fuente de resiliencia de los países frente a crisis corno la actual pandemia. A este respecto, en concreto querernos saber: ¿Cómo propone su gobierno refinanciar a las instituciones públicas y a los programas sociales, incluyendo y especialmente, a la CCSS durante y después de la pandemia?

En relación con la presentación de una propuesta al FMI, el domingo 12 de julio usted señaló que será negociada con los principales actores políticos, y se refirió concretamente a las jefaturas de fracción. Dado el interés público de esa negociación, cuyas consecuencias nos alcanzan a todas las personas que vivimos en este país, demandamos que haga pública la propuesta que su gobierno hará a las fracciones legislativas, y que la discusión se dé de cara a la ciudadanía. Le hacemos una respetuosa, pero enérgica instancia, para que usted y las demás personas que integran el Consejo de Gobierno y Consejo Económico, compartan esa propuesta e informen continuamente, de forma abierta, sobre el desarrollo del proceso de negociación con la Asamblea Legislativa y luego con el FMI.

En esta misma línea, distintas voces, a las que nos sumamos, han manifestado su preocupación de que el Gobierno podría estar considerando la venta de activos públicos, como una de las alternativas para enfrentar la actual crisis y como medio de negociación con el FMI, lo cual nos parece peligroso para el futuro del país. Señor presidente, respetuosamente le preguntamos: ¿Está usted y su gobierno valorando la venta de activos en el corto o mediano plazo? En caso afirmativo: ¿Cuáles activos y por qué?

Finalmente, aprovechamos la ocasión para manifestarle nuestro asombro, de que su equipo de gobierno no se haya referido aún a las propuestas para enfrentar la actual crisis que hemos hecho distintos sectores, incluidas dos propuestas legislativas, para recurrir a contribuciones fiscales del gran capital, y así evitar que Costa Rica salga de la crisis, aún más desigual de lo que es hoy.

Se suscriben de usted,

COLECTIVO MUJERES EN ACCIÓN
CC.

Señora Pilar Garrido, Ministra de Planificación
Señor Elián Villegas, Ministro de Hacienda
Señor Rodrigo Cubero, Presidente Ejecutivo del Banco Central de Costa Rica
Señora Silvia Lara Povedano, viceministra de la Presidencia
Prensa

Justicia fiscal para enfrentar la crisis actual

Este viernes 3 de julio a las 4:30 p.m. se presentará en vivo las propuestas sobre: “Justicia fiscal para enfrentar la crisis fiscal actual”, en la página de Facebook de Mujeres en Acción (MeA):

Con la participación de Sofía Guillén – UCR; Ximena Araneda – ITCR; Francisco Robles- UCR y la moderación de Ana Rosa Ruiz – Mujeres en Acción.

Mujeres en Acción: decisiones del gobierno propician una sociedad más desigual

SURCOS recibió el siguiente comunicado de Mujeres en Acción:

Queridas compañeras del movimiento feminista y de mujeres:

En Mujeres en Acción estamos muy preocupadas por las decisiones que el gobierno está tomando en el contexto de la crisis del COVID 19. Dichas medidas apuntan hacia una sociedad más desigual que la que teníamos, más excluyente para la diversidad de mujeres y otras poblaciones tradicionalmente discriminadas y, más frágil ante futuras emergencias como la que estamos viviendo. Sin embargo, esta crisis y sus lecciones, pueden ser la oportunidad para diseñar y construir una Costa Rica inclusiva, justa y democrática entre todas.

Pensando en la sociedad que sí queremos, hemos redactado un documento para plasmar las preocupaciones y plantear propuestas que aseguren el ejercicio de los derechos humanos básicos, tan urgentes en esta coyuntura.

Queremos invitarlas a leerlo, divulgarlo al interior de sus organizaciones y suscribirlo si así lo consideran. En el enlace que incluimos más abajo podrán leer el documento y firmarlo a título personal, como organizaciones o colectivas. Una vez recogidas las firmas, lo publicaremos y lo presentaremos junto a ustedes, en una sesión virtual de redes sociales.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEmOscD5MWIrl9wimPVosYjvrIQYjYZ8aYH4rmaKecIKF4yQ/viewform

Mujeres en Acción

Mujeres en Acción propone justicia fiscal para enfrentar la crisis

MUJERES EN ACCIÓN PROPONE:
CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA ÚNICA A GRANDES CONTRIBUYENTES NACIONALES Y GRANDES EMPRESAS TERRITORIALES: JUSTICIA FISCAL PARA ENFRENTAR LA CRISIS

¿Quiénes somos?

MUJERES EN ACCIÓN (MeA) es una articulación feminista que surge a la vida pública en el año 2018 para defender los derechos conquistados hasta entonces por las mujeres costarricenses en su búsqueda de la igualdad real frente a las amenazas conservadoras que emergieron en la campaña electoral presidencial de ese año. Desde entonces MeA ha continuado activa no solo en la defensa y promoción continua de los derechos humanos de las mujeres, sino también en el debate sobre las políticas públicas y el devenir de la sociedad costarricense en su conjunto que apreciamos en disputa permanente frente a la agenda neoliberal.

La tendencia decreciente de la economía -profundizada por la suspensión obligada de muchas actividades económicas – y la condición de desigualdad social preexistente en el país antes de la crisis sanitaria – amenazan con profundizar la pobreza de las mujeres y de la población en general y el desfinanciamiento del Estado, incluyendo los programas sociales.

Frente a ello es urgente una gobernanza fiscal que ejerza derechos y obligaciones bajo un contexto de justicia fiscal. Hasta ahora las respuestas brindadas tienden a recargar el costo de la crisis económica en la población contribuyente, principalmente trabajadora, y en el redireccionamiento de los presupuestos de las instituciones públicas. Estos recursos no solo son insuficientes sino que se agotan rápidamente frente a una crisis que se avizora larga, además de que también ponen en números rojos la continuidad de programas de desarrollo nacional de corto y mediano plazo. El ejemplo más concreto es la pretensión de utilizar los fondos de FONATEL, destinados a la reducción de la brecha tecnológica y de comunicación, para fines diferentes sin que a la vez se identifiquen recursos de recapitalización.

Como se ha dicho, la atención urgente de la crisis sanitaria ha implicado, a la fecha, un peso adicional sobre los presupuestos institucionales – principalmente los que brindan servicios de atención directa a la población. El caso más emblemático es el de la CCSS obligada a redireccionar recursos originalmente destinado a otros fines de desarrollo institucional y de la salud pública para responder a los requerimientos específicos de la pandemia. A esto se agrega la reducción de los ingresos de la CCSS en materia de cobro de las cuotas obreros patronales debido al aumento del desempleo y la reducción temporal de la contribución de patronos y trabajadorxs. Al igual que ésta, muchas de las medidas de atención de la crisis económica generada por la pandemia han volcado la balanza a favor de uno solo de los sectores sociales, la empresa privada, descuidando a la gran mayoría de los y las ciudadanos para los cuales solo hay respuestas asistencialistas e insuficientes.

En igual situación se encuentran otras instituciones, principalmente del sector social, cuyos presupuestos han sido drenados para tratar de atender y paliar parcialmente el impacto social y económico de la crisis sanitaria. En esta situación se encuentran programas tales como comedores escolares, CEN-CINAI, IMAS, INAMU, FODESAF, entre otros, con el agravante de que la fuente tradicional de ingresos de muchos de estos programas de asistencia social se ha visto afectada asimismo por el debilitamiento de la actividad económica nacional.

Esta visión cortoplacista le puede pasar al país una factura mucho más alta que la generada por el gasto específico de la atención sanitaria, compromete el desarrollo del país y nos puede hacer retroceder varias décadas de conquistas sociales. No podemos permitir que la crisis sanitaria se convierta en una crisis social y económica de grandes dimensiones.

El comportamiento de la pandemia en otros países indica que hay que prever varios meses más de mayor y menor confinamiento en el cual la actividad económica será probablemente fluctuante y la recuperación del empleo será lenta e incierta para muchos sectores como, por ejemplo, el turismo cuya recuperación es altamente dependiente de la afluencia de personas con capacidad de consumo. Por consiguiente, es de esperar que continúe y se profundice el impacto ya existente en importantes segmentos de la población en materia de ingresos y consecuente empobrecimiento, necesidades alimentarias y de habitación no satisfechas, además de privación de servicios como el cuido o la educación.

En este contexto la asistencia directa del Estado a través de sus programas sociales será más urgente que nunca para impedir que estos impactos se tornen permanentes e irreversibles. No obstante, como señalamos arriba, estos programas se encuentran seriamente desfinanciados y no existe alternativa planteada que busque su recapitalización, incluyendo las finanzas de la CCSS a pesar de la inyección vía préstamos de algunos recursos que son, sin embargo, insuficientes.

Al igual que nosotras, otras agrupaciones sociales y académicas han estado planteando y urgiendo al Gobierno y a la Asamblea Legislativa identificar fuentes de recursos que no recarguen la crisis sobre la ciudadanía. La conclusión unánime es que hay que buscar el dinero donde éste exista y volcar la mirada hacia aquellas personas y empresas cuyo patrimonio ha mantenido un ritmo de crecimiento constante permitiéndoles en los últimos años acumular riqueza. Algunas incluso han reportado rentas brutas y activos con un valor económico muy alto, sin reportar impuestos o pérdidas. Lo anterior según la radiografía del impuesto a las utilidades del 2018 del Ministerio de Hacienda y el informe de fiscalización de la Contraloría General de la República sobre las Grandes Empresas Territoriales del 2018.

Son muchos los países donde se están discutiendo y en algunos casos aprobado medidas para gravar la riqueza y avanzar hacia mayor justicia fiscal. La misma OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) – a la cual el país ha ingresado recientemente – ha adoptado fuertes medidas en materia fiscal y anticorrupción como la Convención multilateral para prevenir la erosión de las bases imponibles y traslado de beneficios y, en particular, el Instrumento Multilateral (MLI) que contiene disposiciones de carácter obligatorio (estándares mínimos) y otras de carácter opcional para evitar la evasión fiscal.

Costa Rica ya es parte de la OCDE y debería asumir estos estándares con pleno compromiso.

Recuperamos aquí la acción desarrollada por el expresidente José Figueres Ferrer en el año 1948 cuando, ante un país devastado por una guerra, urge y exige que todas las personas

habitantes del territorio nacional aportaran de su propio peculio para poder sacar adelante al país.

En Costa Rica están identificados los sectores que tienen mayor riqueza, los que históricamente han reflejado una generación de grandes rentas y que no están aportando en forma proporcional al fisco.

Según la radiografía de las utilidades del 2018 del Ministerio de Hacienda, del total de actividades lucrativas de personas físicas y personerías jurídicas (451 783 inscritas) un 55% solo declara, es decir, no contribuye en impuestos.

Entre las personas físicas (322 837), el 65,5% solo declara. De este grupo, un total de 117 641 reportan actividad lucrativa activa y “… 821 declarantes reflejaron una renta neta igual a cero que significa un 9,3% de ese total, cuyos ingresos brutos fueron superiores a los ¢10.000.000”. (Ministerio de Hacienda (2019, pág. 40)

La situación es aún más grave cuando se analiza la contribución de las personerías jurídicas. Un total de 128 946 personerías jurídicas están inscritas y el 40,6% del total de personerías solo declaran y no aportan al fisco. De este grupo, (52 262), un 3,3% (lo que representa 873 personerías jurídicas) declaran cero utilidades netas.

El Ministerio de Hacienda, obligado por un recurso de amparo, publicó en el año 2019 la lista de las empresas que declararon cero utilidades. La lista es de 194 personerías jurídicas, de ellas hay 115 empresas que son Grandes Contribuyentes Nacionales (según clasificación de la Dirección General de Tributación)..

En la Gaceta N.º 63 del jueves 12 de abril del 2018 la Dirección General de Tributación informa sobre las características de las empresas que son Grandes Contribuyentes y las Grandes Empresas Territoriales (GETES). Ambas tienen montos elevados de activos así como de renta bruta en colones, tal como se aprecia a continuación (en colones):

La Contraloría General de la República señala en un informe de fiscalización del 2018 (DFOE-SAF-IF-00002-2018) que el 27% de las Grandes Empresas Territoriales declararon pérdidas o cero impuestos de utilidades en el periodo 2010-2016. Del total de declaraciones presentadas (3.949) por los contribuyentes denominados GETES, un 21% (824) presentaban pérdidas y un 6% (238) cero impuestos. Es decir, un 27% de las Grandes Empresas Territoriales declararon pérdidas o cero impuestos de utilidades en el periodo 2010-2016, según este reporte. En estos dos últimos casos los ingresos brutos percibidos en el periodo de estudio, alcanzaron los 8.149.998 millones de colones y los activos totales alcanzaron los 15.580.099 millones de colones.

Estas pérdidas o cero utilidades se producen en la forma como se presentan los gastos. Según el informe supracitado, “Los contribuyentes pueden declarar gastos que no están siendo realmente en los que incurren y así disminuir su base imponible. Además, dificulta el análisis de inteligencia o riesgo fiscal e incide en los procesos de fiscalización, porque no hay certeza de la calidad de la información que contienen los formularios de declaración que se almacenan en las bases de datos tributarias”.

Las Grandes Empresas Territoriales (GETES) aportan un 4,6% del total recaudado por el Gobierno. En el 2016 eran 519 empresas cuyos activos totales eran de 5,2 billones de colones con una renta bruta de 4 billones de colones, según el informe señalado. Es decir: todas estas empresas han logrado alcanzar una capacidad de activos y generación de renta bruta significativa que ha sido posible por las condiciones económicas, políticas y sociales que este país les ha facilitado. Por tanto, la renta BRUTA debería aportar a la recaudación fiscal y no solo por solidaridad en esta coyuntura sino como aporte a la inversión pública que este país por medio del Estado realiza en infraestructura y servicios.

En este sentido, una política fiscal justa, equitativa y solidaria por parte de las Grandes Contribuyentes Nacionales y Grandes Empresas Territoriales sería contribuir solidariamente para atender la actual situación de crisis.

NUESTRA PROPUESTA A LA CIUDADANÍA, AL SEÑOR PRESIDENTE Y A LAS SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS

  1. Adoptar una contribución solidaria obligatoria – por una sola vez – equivalente a un 1% sobre los activos registrados y acumulados en los últimos tres años por parte de aquellas personerías jurídicas que clasifican como Grandes Contribuyentes Nacionales (excluyendo “Holdings”) y de las Grandes Empresas Territoriales.
  2. Adoptar una contribución solidaria obligatoria – por una sola vez – equivalente a un 1% sobre las utilidades netas registrados en los últimos tres años de las personas físicas de la última categoría de recaudación de la Dirección de Tributación Directa, esto es: aquellas que reportan una utilidad o renta neta mayor a 20 millones de colones.
  3. Suspender durante el período de pandemia la aplicación de la Regla Fiscal con el fin de que las instituciones públicas se aboquen a la atención de ésta.
  4. Apoyar la propuesta del Expresidente José María Figueres para trasladar fondos del Banco Central colocados en el exterior e invertirlos en Bonos del Estado para financiar programas de atención de emergencia a la población afectada por las consecuencias de la pandemia.
  5. Crear una tasa equivalente de 3 colones por cada mil colones sobre todas las transacciones del sistema bancario nacional para capitalizar los programas sociales destinados a transferencias directas y servicios a la población, exceptuando los depósitos de planillas y pensiones hasta cierto límite de salario, pagos de tarjetas de crédito y retiros de cajeros automáticos. Todos las anteriores exclusiones señaladas por el señor Figueres a los cuales agregaríamos las transferencias sociales y depósitos de pensiones alimentarias.
  6. Acatar las disposiciones de la OCDE en materia tributaria – incluyendo lo señalado en el Instrumento Multilateral MLI, entre otros – específicamente las relacionadas con aumentar las tasas de tributos a quienes más riqueza, patrimonio e ingresos poseen. Construir una ruta para el cumplimiento de estas obligaciones en un plazo de 6 meses.

Los recursos obtenidos en las propuestas 1 y 3 se destinarán EXCLUSIVAMENTE para capitalizar programas de asistencia social, incluyendo los servicios de la CCSS, garantizando la inclusión de la perspectiva de género y derechos humanos.