La Pastoral Social Caritas, comisión de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, ha emitido un comunicado sobre el proyecto de ley 21.182, orientado a introducir algunas reformas al Código de Trabajo; entre ellas, las jornadas de trabajo de 12 horas durante cuatro días consecutivos, seguidos de tres días de descanso (jornadas 4-3; en algunos casos, 3-4), en ciertas labores y bajo ciertas condiciones.
La reflexión de la Comisión se fundamenta en la ética social, desde donde la Iglesia aborda temas como el trabajo y el desarrollo humano, que consiste en “el paso, para cada uno y para todos, de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas” (san Pablo VI, Populorum progressio 20).
Durante cuatro o tres días, las personas trabajadoras sujetas a estos horarios de trabajo estarían 12 horas fuera de su hogar, a las que habría que sumar las de desplazamiento entre sus lugares de habitación y sus centros de trabajo. Fácilmente, esto significaría 14 horas o más fuera del hogar. Explicando el comunicado, el vocero de la Pastoral Social, Pbro. Edwin Aguiluz Milla señaló que “este régimen de trabajo afectaría la convivencia familiar, debilitando los vínculos de la familia. Perjudicaría seriamente las tareas de cuido de las personas dependientes (menores de edad, adultos mayores y otras), lo que se comportaría, en muchos casos, la imposibilidad de incorporarse al mercado laboral de muchas personas. Dado que comúnmente las mujeres son quienes cargan con el mayor peso de las tareas de cuido, estas estarían seriamente afectadas y, en muchos casos, verían cerradas las posibilidades de acceder al trabajo remunerado formal. Las jornadas 4-3 serían incompatibles con los horarios de estudio de una gran parte de trabajadores que estudian fuera de su jornada laboral. Además, está documentado que jornadas laborales tan extensas tienen un impacto en la salud física y mental de las personas trabajadoras”.
No existen garantías de que, en las actuales condiciones de la inspectoría del trabajo por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se respete para todas las personas el principio de voluntariedad en la incorporación en el régimen de las jornadas 4.3, explica el comunicado.
El Pbro. Aguiluz expresó que el documento advierte que se debe respetar la identidad cultural de una gran parte de la población costarricense que es confesionalmente cristiana, por lo que el domingo es parte importante de su espiritualidad, como día de alegría, descanso y solidaridad. Las jornadas de 12 horas en día domingo son incompatibles con esta práctica de una gran parte los costarricenses.
Para la Pastoral Social Caritas, en definitiva, esta reforma de las jornadas laborales, lejos de favorecer el desarrollo humano integral, lo perjudicaría. El documento señala que existen vías para la reactivación económica y, por ende, de generación de empleo, tanto desde el Poder Ejecutivo como del Legislativo, que no producen precarización del trabajo ni afecten la vida familiar, las tareas de cuido, el estudio y la salud de las personas trabajadoras.
Desde el 2019 se comercializa en farmacias privadas el anticonceptivo oral de emergencia, Levonorgestrel. Foto: Karla Richmond, UCR.
La Institución realizará un sondeo con el objetivo de visibilizar obstáculos y limitaciones en el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres
El Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) de la Universidad de Costa Rica realizará un sondeo dirigido a usuarias de anticoncepción oral de emergencia (AOE), conocida como “píldora del día después”, para identificar las dificultades de acceso que enfrentan en el país.
El estudio lo lidera la farmacéutica y experta en bioética, MSc. Gabriela Arguedas Ramírez, como parte de las investigaciones que se realizan en el Observatorio de los Derechos Reproductivos, iniciativa creada por el CIEM para analizar diversas problemáticas nacionales relacionadas con derechos reproductivos de la mujer y violencia obstétrica.
La iniciativa pondrá a disposición de las mujeres un formulario por medio del que las mujeres pueden compartir la experiencia y los obstáculos que han encontrado a la hora de adquirir anticoncepción oral de emergencia en farmacias privadas en el país.
“Con la investigación queremos tener un panorama o fotografía acerca de los obstáculos que enfrentan las mujeres que requieren anticoncepción oral de emergencia, para corregir esos obstáculos en la garantía de un derecho reproductivo”, enfatizó Arguedas.
Posterior a la fase de recolección de información, el CIEM realizará un análisis situacional, con la intención de presentar sugerencias de política pública al Ministerio de Salud, al Colegio de Farmacéuticos y al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.
Para la experta en bioética, la anticoncepción oral de emergencia se circunscribe en el campo de los derechos reproductivos y los derechos humanos, y es un tema que no sólo compete a los agentes litigantes, sino también a la academia.
Gabriela Arguedas Ramírez, farmaceútica y experta en bioética, del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM), Universidad de Costa Rica (UCR). Foto: Laura Rodríguez Rodríguez,UCR
“Desde mi experiencia como investigadora en derechos humanos y en mi calidad de especialista en bioética, considero que una universidad estatal como la UCR tiene una obligación fundamental de generar investigación en derechos humanos y eso es lo que estamos haciendo a través del Observatorio y del CIEM”, manifestó Arguedas.
En el ámbito internacional, la anticoncepción oral de emergencia es un derecho reproductivo consolidado y no representa un tema de discusión. Países como Estados Unidos y el Reino Unido son pioneros en el campo y se caracterizan por la plena garantía de este derecho de las mujeres.
“En los países que tienen un mejor marco de derechos humanos, especialmente en lo referente a los derechos reproductivos, la anticoncepción oral de emergencia es algo que se encuentra normalizado y libre de prejuicios respecto a su uso”, expresó la académica.
La investigadora enfatiza en que la anticoncepción oral de emergencia (AOE) se debe dispensar con los criterios técnicos adecuados, pero supone que en Costa Rica no se están implementando de esta manera y se obstaculizan los avances en este ámbito de la salud.
Pese a que el Decreto Ejecutivo N° 41772-S, publicado en el año 2019, autorizó en Costa Rica la comercialización libre y sin receta en farmacias privadas del Levonorgestrel o anticonceptivo oral de emergencia, Arguedas aseguró que “hay una gran distancia entre el cumplimiento formal y el acceso a un derecho”.
“En el país algunos organismos de derechos humanos y varios informes especializados desde hace muchos años, ya habían hecho el llamado de atención al Estado costarricense, justamente porque no había acceso a la anticoncepción oral de emergencia”, externó la investigadora.
La investigación sobre la anticoncepción oral de emergencia se realizará durante el año 2022 y 2023, está dirigida a mujeres mayores de 18 años y se realizará de forma anónima para proteger las declaraciones de las participantes. El formulario estará disponible en la página web del CIEM y en el siguiente enlace: https://odr.ciem.ucr.ac.cr/pre-formulario/.
Gustavo Martínez Solís Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información, UCR
Bajo el lema “Construyendo equidad, igualdad y bienestar, en los escenarios de la Economía Social y Solidaria”, la Red Latinoamericana de Mujeres, extiende la invitación a todas las mujeres de la región, a su II Trayecto de Capacitación y Formación. Los encuentros serán presenciales en los países encargados de desarrollar cada una de las sesiones (ver banderas), y virtuales para quienes estén lejos.
El temario de estas capacitaciones incluye temas de derecho y luchas de las mujeres indígenas, movimientos sociales y el rol de la Economía Social Solidaria.
Para la inscripción/registro al Trayecto de Formación Red Latinoamericana de Mujeres de la Economía Social y Solidaria puede ingresar al siguiente enlace: https://forms.gle/3PTYwpHYyVHCpxjr7
La formación iniciará el próximo 3 de agosto, los cupos son limitados y la participación será totalmente gratuita.
Para mayor información, leer las imágenes adjuntas.
Investigación UCR consultó a 18 mujeres vinculadas de manera activa a Municipalidades, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa con el propósito de conocer sus experiencias respecto a manifestaciones de violencia simbólica y en redes sociales. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
La legislación existente en Costa Rica no detiene la violencia política contra las mujeres
El aumento de la participación de las mujeres en la política nacional promueve las manifestaciones de violencia y discriminación en redes sociales, así lo determinó una investigación desarrollada por la M.Sc. Yanet Martínez, Directora del Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
“En 2018, por primera vez en la historia de Costa Rica, la Asamblea Legislativa alcanzó el mayor número de diputadasen la historia del país. Aunque esto representa un hito y fue un logro político importante, también fue el año en que tuvimos un aumento de la violencia política contra las mujeres”, expresó Martínez.
Los resultados de esta investigación se derivan de 18 entrevistas a mujeres vinculadas de manera activa a Municipalidades, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa en el período entre 2014-2022; con el propósito de conocer sus experiencias respecto a manifestaciones de violencia simbólica y en redes sociales.
Entre los criterios de selección de las mujeres entrevistadas, se buscó a aquellas con participación en la función política en los últimos ocho años y que fueran provenientes de diversos partidos políticos y posturas ideológicas, para lograr un equilibrio en los resultados por analizar.
La violencia política en Costa Rica se tipificó en la Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en política, aprobada por la Asamblea Legislativa, en el 2021. Esta normativa contempla el acoso u hostigamiento, la violencia física, psicológica, emocional, sexual, patrimonial y simbólica, como medio de protección a las mujeres en el escenario político.
“La existencia de esta legislación no asegura su cumplimiento ni la erradicación de las manifestaciones de violencia contra las mujeres en política, ya sea de tipo simbólica, mediática o en redes sociales”, expresó Yanet Martínez.
La académica agregó que “Cada avance es resultado de la lucha colectiva, en este caso de la mujeres y de personas aliadas, pero una vez lograda la normativa no se acaba la historia ahí, sino que debemos trabajar el tema educativo, cultural, entre otras dimensiones”.
Yanet Martínez Toledo, directora e investigadora en temas de género del Centro de Investigación en Comunicación (CICOM). Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
La violencia política trasciende al espacio digital
La investigación determinó que las redes redes sociales se han convertido en uno de los principales espacios donde se manifiesta la violencia contra las mujeres vinculadas a la función pública, como lo es el caso de las entrevistadas más jóvenes, quienes experimentaron la utilización de fotografías de sus perfiles privados para desacreditar su labor política.
Según detalla el estudio, las manifestaciones de violencia contra las mujeres en espacios digitales forman parte de una cultura de discriminación hacia esta población en el espacio público. Existe un círculo de violencia en el que se conjugan expresiones en espacios presenciales y digitales; siendo entornos donde se presentan de manera directa la violencia de género y un ataque al ejercicio político de las mujeres, como medios para transgredir la ideología y a las opiniones de las mujeres y sus cuerpos.
Martínez aseguró que “las mujeres vivimos en contextos de violencia y violencia simbólica, que puede pasar por el acoso, pero en las redes sociales pasa por otras formas de acoso y hostigamiento. Cuando eres una mujer en política estás entrando en un territorio que tradicionalmente ha sido masculinizado, que es un espacio donde está naturalizado la violencia contra las mujeres”.
Respecto al uso político de redes sociales, las mujeres entrevistadas reportan las expresiones de violencia y hostigamiento a través de diversas plataformas. Se determinó que 17 de las 18 entrevistadas han experimentado manifestaciones de violencia siendo usuarias de Facebook; 11 como usuarias de Instagram y 7 a través de la plataforma de Twitter.
“En los mensajes privados es donde a veces pasa de todo. Uno dice: no puede ser que alguien en sus cinco sentidos llegue a estas cosas. Pero de ahí en fuera tratamos de manejar todo con cautela, con mucha prudencia. Y respirando un poco, porque sí a veces uno desea contestar muchas cosas, pero sabe que no debe o no puede hacerlo”, declaró una diputada del PLN-Alajuela (2018-2022).
Algunas entrevistadas optaron por un uso limitado de sus redes sociales, como forma de autocuidado, velando por su propia salud mental y obviando de cierta forma las manifestaciones de violencia suscitadas por su función política.
La investigadora afirma que la totalidad de las mujeres entrevistadas han vivido violencia política de manera directa, o al menos conocen a una mujer que lo haya experimentado. Sin embargo, también se ha determinado que en algunas ocasiones no se reconoce la violencia y por tanto, se omite haberla experimentado.
El estudio contempló una serie de medidas para mitigar las expresiones de violencia contra las mujeres entrevistadas mediante diversos esfuerzos de sus equipos de comunicación, a fin de identificar los comentarios con contenido de odio, el establecimiento de diálogos y publicaciones que apelen a la conciencia de la población sobre este tipo de contenidos.
En Costa Rica existen entidades que desarrollan acciones de incidencia para promover la participación política de las mujeres libre de violencia y discriminación, como son la Red de Mujeres Municipalistas (RECOMM) y el Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica. Estas instancias contemplan la investigación como estrategias colectivas para el fortalecimiento de las alianzas entre mujeres que incursionan en política.
Para la coordinadora del PROLEDI, la M.Sc. Giselle Boza Solano, el estudio abordado propicia el debate político y académico para el fortalecimiento de la libertad de expresión y la participación política de las mujeres libre de violencia y discriminación en diversos escenarios.
“La investigación contribuye hacia una apertura del plano académico, el fortalecimiento de los usos políticos de las redes sociales, así como en la construcción de una ciudadanía política que ayude a afrontar las manifestaciones de violencia política, mediática y en redes sociales”, expresó Boza.
Gustavo Martínez Solís, Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información, UCR.
En Costa Rica, las poblaciones con mayores factores de riesgo se identifican como personas con inseguridad socioeconómica, desempleadas o con trabajo parcial, trabajadoras en el sector servicios, y, de manera significativa, mujeres, según estudio sobre salud mental realizado por las universidades públicas durante la pandemia.
El pasado viernes 17 de junio de 2022 la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó el «Informe mundial sobre salud mental: Transformar la salud mental para todos», primer informe sobre salud mental que publica la OMS en 20 años, el cual presenta una visión actual y normalizada de las afectaciones en la salud mental como un fenómeno existente en la vida cotidiana de personas y comunidades, y como uno de los efectos más significativos de la pandemia que, a día de hoy, todavía sigue presente. La salud mental es, como plantea el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, “una parte intrínseca de nuestra salud y bienestar individuales y colectivos” (OMS, 2022).
Entre los datos más significativos que publica el informe, se encuentran la prevalencia de sintomatología asociada a depresión y ansiedad en nuestras sociedades y su aumento de aproximadamente un 25% durante la pandemia; así mismo, la prevalencia de distintos trastornos mentales, para un aproximado de una de cada ocho personas del mundo, como, por ejemplo, la esquizofrenia, presente en una de cada 200 personas adultas en el mundo; y la realidad del suicidio como una situación que afecta a personas, familias y comunidades, llegando a representar uno de cada 100 fallecimientos en todo el mundo, situándose como “una de las principales causas de muerte” entre las personas jóvenes.
El informe señala la situación de desatención y falta de financiación y recursos que los servicios de salud mental tienen en todos los países, así como la falta de gobernanza, investigación o recursos, la priorización de la salud física, bajo un enfoque biologicista, y la carencia sistemática de fondos para la salud mental comunitaria, hasta llegar a menos de un 2% del total de presupuestos de atención de la salud dirigidos específicamente para salud mental, y, de este presupuesto, una gran parte destinada a psiquiatría y hospitales psiquiátricos.
Esta situación es uno de los fundamentos que conllevan que las personas no prioricen el cuido de la salud mental, junto con la falta de conocimiento, la estigmatización, la discriminación, la falta de acceso a servicios en el ámbito público o el costo en el ámbito privado.
Salud mental en Costa Rica
En Costa Rica, las universidades públicas (UNA, UCR, UNED) nos unimos durante la pandemia con las instituciones públicas de salud (Ministerio de Salud y Caja Costarricense de Seguro Social) para generar información y evidencia sobre el impacto que la emergencia sanitaria ha tenido en la población de Costa Rica. Los datos encontrados se alinean con los presentados en el informe, mostrando el aumento durante la pandemia en sintomatología asociada a depresión grave y ansiedad generalizada, estrés o burnout (este último, principalmente en población trabajadora). Las poblaciones con mayores factores de riesgo se identifican como personas con inseguridad socioeconómica, desempleadas o con trabajo parcial, trabajadoras en el sector servicios, y, de manera significativa, mujeres.
El informe mundial falla en profundizar en los antecedentes relacionados con la situación de salud mental, mencionando solo de pasada la desigualdad social y económica, situada al mismo nivel y no como causa también de otros factores indicados como conflictos armados, violencia, o el desplazamiento y las migraciones vinculadas con estos conflictos y por la emergencia climática. Los datos de Costa Rica ponen en el centro de la discusión también la necesidad de priorizar la defensa de los derechos humanos, y atender la desigualdad socioeconómica y su impacto en el bienestar de su población.
Recomendaciones para atender la situación
La OMS señala como recomendaciones para la mejora en la atención de la salud mental la revisión y actualización de leyes, planes y políticas, la alineación con los objetivos de desarrollo sostenible, el aumento de la inversión, la coordinación y articulación efectiva entre actores institucionales y sociales, el fortalecimiento de la investigación y el acceso a información, la acción de base comunitaria, el refuerzo de las capacidades y el conocimiento del personal de salud pública, la promoción de la inclusión social de personas con trastornos mentales y el acceso a servicios bajo un enfoque de derechos humanos y biopsicosocial basado en la evidencia.
Desde el Ministerio de Salud, la Mesa Técnica Operativa de Salud Mental y Apoyo Psicosocial, instancia que ha atendido esta temática de forma integrada y articulada con instituciones y organizaciones durante la pandemia, se presentó el pasado mes de marzo una propuesta para orientar la Recuperación Psicosocial de personas, comunidades y organizaciones durante el fin y posterior al fin de la emergencia sanitaria, señalando alguno de estos aspectos, e incluyendo la atención a la recuperación socioeconómica de la población.
La atención de la salud mental es un compromiso que debemos asumir todas las personas. El cuidado propio y el cuidado colectivo, con apoyo en las estrategias, iniciativas y acciones que instituciones públicas del país, organizaciones comunitarias y otras proponen, precisa ser una prioridad para todas y todos. Porque el bienestar y la dignidad de las personas no se negocia, y no podemos dejar a nadie atrás.
Al conmemorar el 28 de mayo el Día Internacional de la Higiene Menstrual, el movimiento sindical debe reconocer que la menstruación es una función corporal natural que las mujeres y las niñas experimentan de diversas maneras y que puede agravar su exclusión de las sociedades debido a la ignorancia, los prejuicios y los tabúes. La falta de instalaciones sanitarias privadas y limpias, el dolor menstrual y otras molestias físicas relacionadas con la menstruación son otros factores que contribuyen a la posición desigual de las mujeres en el lugar de trabajo. La menstruación sigue siendo una barrera importante para la igualdad, ¡y esto no es aceptable!
Sobre la base de la resolución del Congreso de la UITA de 2017 de hacer de la menstruación una cuestión laboral y sindical, la UITA ha elaborado un breve documento político (disponible en inglés, español y francés) centrado en:
Cómo organizar acciones concretas en torno a la igualdad de la menstruación en el lugar de trabajo
Cómo crear un entorno de trabajo solidario e informado
Cómo negociar con los empresarios sobre la menstruación
Cómo participar en campañas nacionales cruciales
La presidenta del Comité de Mujeres de la UITA, Patricia Alonso, declaró: «No existe una solución única aplicable a todos los contextos, países y lugares de trabajo. Lo que sí es cierto es que los sindicatos deben asegurarse de que cualquier trabajo en torno a la menstruación no conduzca a la discriminación en la contratación o la promoción de las mujeres trabajadoras y no fomente ningún estereotipo de género”.
SURCOS comparte la siguiente infografía de la Alianza por una Vida Digna: Mujeres y jornadas de 12 horas.
En esta se abordan las afectaciones para las mujeres trabajadoras con este proyecto de convertirse en ley. Las ilustraciones fueron hechas por Daniel Herrera Vargas y la infografía como tal, además la información fue recopilada por Alianza por una Vida Digna. Compartimos la imagen completa así como las secciones de esta para que se utilice de la forma que se estime mejor descargando y guardando en su dispositivo.
Imagen de portada con fines ilustrativos: Semanario Universidad.
La reforma que impulsa el gobierno de Costa Rica (con el aparente apoyo del PLN, PUSC, PLP y NR) para permitir una jornada de 12 horas es un retroceso de más de 100 años en materia laboral. La jornada máxima de 8 horas fue establecida en Inglaterra desde 1866 y en EEUU desde 1886. Existe como obligación por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde 1919. Con 12 horas, estaremos retrocediendo más de un siglo y perjudicando a muchísimas mujeres de este país. Explico las razones:
Costa Rica es un país donde casi la mitad de los hogares son monoparentales, sostenidos por mujeres. Es decir, aparte de ganarse el sustento trabajando fuera, tienen que criar hijos y echar adelante las tareas del hogar solas, el resto de su día. Jornadas extenuantes de 16 o 18 horas.
Bajo el atractivo y tramposo nombre 4/3, el proyecto tiene un claro objetivo: no pagar horas extra y aumentar la jornada de 40 a 48 horas semanales. A eso le llaman «flexibilización laboral». Las contrataciones ofrecidas serán por 4 días en jornadas extenuantes de 12 horas (8 am a 8 pm, por ejemplo) a salario simple.
En tal escenario, cualquier mujer trabajadora y madre sólo tendrá tres opciones: a) Pagar una cuidadora para sus hijos por todas las horas extra esos 4 días de trabajo, con lo cual tendrá que gastar parte de su salario, y saldrá grandemente perjudicada pues ella seguirá percibiendo un salario simple. Se le irá lo servido por lo comido, como dice nuestro pueblo. b) Apoyarse en una red de cuido, lo que implicará que prácticamente no verá a sus hijos 4 días de la semana y tendrá que ir a recogerlos a las 8 o 9 de la noche todos los días, con los peligros y el cansancio que ello implica; c) Renunciar al trabajo.
Las mujeres con hijos y responsables de crianza sola (muchísimas en esta sociedad) serán las más perjudicadas, con beneficio para los hombres y las mujeres solteras. Se crea una grave situación de desigualdad laboral para esas ciudadanas que—por cierto—tienen la responsabilidad de criar a casi el 50% de los niños de este país pues, como dijimos arriba, cerca de la mitad de los hogares son monoparentales, según estadística del propio INEC. Suena realmente injusto, ¿verdad?
Para impedir esta grave situación, desde hace un siglo y medio se aprobó internacionalmente la jornada obligatoria de 8 horas. La gente olvida que el 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo a nivel mundial porque en el año 1886, justo ese día, 200,000 trabajadores de Chicago promovieron la jornada de 8 horas, la cual quedó plasmada en la Ley Ingersoll, aprobada por el presidente Andrew Johnson (1865-1869).
En Inglaterra, las 8 horas se había empezado a instaurar desde 1866, a raíz de la aprobación del Congreso de Ginebra. En Australia desde 1856. En España, desde 1919. La primera Convención de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) también definió la jornada de las 8 horas como una obligación universal, desde el año 1919, es decir hace más de un siglo. En Costa Rica, en nuestro Código de Trabajo.
La lógica humanista de las 8 horas está en la famosa teoría del 8/8/8, promovida por el empresario, filántropo inglés (y promotor de los derechos laborales) Robert Owen, quien desde inicios del siglo XIX había sustentado que un ser humano necesita 8 horas para el trabajo, 8 horas para el descanso y 8 horas para la recreación. Esta es la base de una vida equilibrada y sana. Una discusión zanjada hace más de un siglo.
Sin embargo —al igual que con otros temas—, Costa Rica retrocede desde hace varios gobiernos. Vamos como el cangrejo, caminando hacia atrás, al siglo XVIII, a las formas neo-esclavistas del mercantilismo manchesteriano. Primero fue la reforma tributaria regresiva de 2018; luego la prohibición y penalización penal de la huelga, otro derecho laboral. Todo esto en una Costa Rica que es hoy la 8va sociedad más desigual del mundo, como informa el Banco Mundial.
Con este proyecto de las 12 horas (tramposamente ofreciendo el confite o la golosina de los 3 días libres) se está creando en Costa Rica un régimen abusivo y excesivo, donde grandes empresas lucrarán aún más a costa de no pagar horas extras, y claramente marginarán de la posibilidad de trabajar de muchas mujeres.
Hay mucho de neo-esclavismo en esto de la flexibilización laboral. Si no me creen, pregúntele a los muchachos repartidores de Uber y Glovo, que se ganan apenas 800 coloncitos por entrega, sorteando la lluvia, la calle y los accidentes, sin seguro ni protección alguna…
Y ante todo esto, ¿qué dice el PLN, el cual fue en sus orígenes un partido socialdemócrata, que protegía clases medias y trabajadores? Bien, gracias. ¿Y el PUSC, cuyo fundador ideológico, el Dr. Calderón Guardia, impulsó el Código de Trabajo y la jornada de 8 horas? Igual. Sí te vi, no me acuerdo. Los huesos de don Pepe y del Doctor deben estar moviéndose en sus tumbas, agitados, de puro asombro y puro cabreo.
Vivimos tiempos tristes. Una clase política pequeña, títere, que se hinca y hace genuflexiones al dios Mercado y a grandes empresas que hoy poseen casi el 80% del capital del planeta, como ha recordado el propio Banco Mundial en “Taking on Inequality” (2018).
Una clase política liliputiense y chata que se olvida de las personas de carne y hueso, de los derechos democráticos y las garantías que la sociedad occidental logró en el último siglo.
MSc. Anais Patricia Quirós Fernández Académica Universitaria, Escritora Carrera de Idioma Inglés y Programa Institucional Ingles para el Trabajo PIT Secretaría de la Mujer, Genero, Equidad y Movimiento LGTBQI Seccional Sindical Nacional ANEP-UTN Sede del Pacifico, Sede Central
El día 26 de abril de 2021, en la circular CRI-04-2021, la Comisión Interna de Reglamentos en atención al procedimiento PR-Rectoría 01 somete a consulta a la comunidad universitaria el Reglamento contra el Acoso y Hostigamiento Sexual en la Universidad Técnica Nacional. A la fecha este Reglamento se encuentra en borrador.
Creer que este tema tiene una sola dirección –acoso hacia la mujer– es un error, ya que en realidad tiene muchas direcciones que no se deben ignorar.
Entender ¿qué es el acoso y hostigamiento sexual? es tan importante como saber identificarlo y saber denunciarlo cuando este se manifiesta en el lugar de trabajo.
Como lo define la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “el acoso y hostigamiento sexual es una violación de los derechos fundamentales de las trabajadoras y los trabajadores, este acto constituye un problema de salud y seguridad en el trabajo y una inaceptable situación laboral.”
El acoso y hostigamiento en el campo laboral y académico se presenta muchas veces disfrazado de distintas maneras: como chantaje, como ambiente laboral hostil, y por medio de comportamientos que pueden ser de naturaleza física, verbal y no verbal.
¿QUIÉN PUEDE SER OBJETO DE ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y LABORAL?
TODOS Y TODAS, incluyendo nuestros y nuestras estudiantes.
¿QUIÉN PUEDE ACOSAR Y HOSTIGAR?
El acoso puede venir de directivos o empleados con jerarquía, compañeros de trabajo, hombres y mujeres, destacando estadísticamente el acoso de hombres hacia mujeres. Pero hoy con una tendencia ascendente el acoso entre personas del mismo sexo. Y no dejando de lado el acoso de académicos y académicas hacia estudiantes y viceversa.
Lamentablemente hay algo que no podemos omitir…El acoso y hostigamiento sexual van de la mano con las relaciones de poder y las condiciones de trabajo, perjudicando el campo laboral de quienes poseen menos poder y son más vulnerables.
¿LE PARECE A USTED FAMILIAR ESTE TEMA?
La peor barrera y el más grande temor de quien ha sido sujeto de acoso y hostigamiento, es denunciar a quien está en una posición jerárquica que determina un puesto, un curso en el caso de los estudiantes, o con posibilidad de perjudicar las condiciones de trabajo.
La comunidad universitaria NO ESTA CIEGA, NI DORMIDA, NI SORDA, NI CARENTE DE CONOCIMIENTOCON RELACION A ESTE TEMA.
Como se deduce del Código de Ética de la UTN, y que aplica a todos los funcionarios, el tráfico de influencias que es una práctica ilegal, y consiste en utilizar la influencia personal en ámbitos de gobierno o privados, a través de conexiones con personas, y con el fin de obtener favores o tratamiento preferencial al margen de la legalidad, esta también relacionado con:
El acoso y hostigamiento sexual y laboral donde se da, se quita o se movilizan funcionarios o funcionarias de sus puestos. Aun cumpliendo con todos los requisitos.
Los favores académicos a cambio de notas o la aprobación de un curso. Un caso delicado de malas prácticas entre algunos docentes con relación a los estudiantes que debemos prestarle mucha atención.
El acoso y hostigamiento sexual cibernético (redes sociales). El cual ha aumentado con la pandemia.
¡ESE MENU ESTA PRESENTE EN NUESTRA INSTITUCION!
El acoso recíproco podrá “favorecer” algunos funcionarios y algunas funcionarias de la UTN, pero… ESA MALA PRÁCTICA no da derecho a promover dichas conductas y comportamientos NO deseados, dentro de la institución y no ser denunciadas.
La manipulación y abuso de autoridad laboral y académico, tiene nombre, se llama ACOSO Y HOSTIGAMIENTO. Y está penalizado en Costa Rica (Ley No 7476). A los funcionarios de nuestra universidad, desde la legalidad se les ha otorgado facultades de actuación, pero también se han definido cuidadosamente sus límites. Asimismo, se habilita a la Administración para su acción confiriéndole al efecto poderes jurídicos que no pueden ser trasgredidos.
¡DEBEMOS ACTUAR!
Es prioritario aprobar el Reglamento sobre Acoso y Hostigamiento Sexual de la UTN. Incorporar normativas universitarias que establezcan sanciones disciplinarias progresivas, para no permitir más situaciones conocidas y que se dejan pasar por alto sin prestar la atención inmediata necesaria. Después de ello, construir una política institucional contra el acoso y hostigamiento sexual y laboral. Promover capacitación que genere cambios en la cultura laboral. Reforzar el cumplimiento de buenas prácticas éticas institucionales para proporcionar una garantía pública de protección de los derechos. Cumplir con los deberes, y así salvaguardar la seguridad y el bienestar de la comunidad universitaria en general.
EN CONCLUSIÓN. No podemos seguir calificando las conductas de acoso y hostigamiento sexual dadas dentro de la comunidad universitaria como SIMPLES conductas inapropiadas cuando son actos tipificados, identificados y sancionables.
En el desempeño de las múltiples funciones vinculadas a la gestión de la Universidad Técnica Nacional, las autoridades, el personal académico, administrativo y de servicios operativos poseen derechos que deben ser respetados.
El objetivo de este taller es construir, entre las participantes, con la guía de las facilitadoras, una nueva mirada sobre la salud mental de las mujeres, participativa, integradora e inclusiva.
Les proponemos un ciclo de 4 talleres de 4 horas de duración donde trabajaremos sobre la metáfora de la metamorfosis.
Sesión 1: La crisálida: En esta sesión vamos a trabajar sobre todos los factores que influyen en nuestra autoestima.
Sesión 2: Camino a la transformación: Este día veremos los mandatos de crianza, cómo me he formado como mujer, qué me enseñaron del amor de pareja.
Sesión 3: Luce tus colores: En esta sesión vamos a trabajar en la capacidad de afirmarnos a nosotras mismas.
Sesión 4: Despliega tus alas: Este último día trabajaremos en nosotras mismas con el acompañamiento de otras mujeres en la apertura de nuevos procesos de vida.
COSTO: Estos talleres tienen una inversión de ₡30.000 (treinta mil colones, por sesión). Si paga el paquete completo se le hará un descuento del 10%.
MATERIALES: Todas las sesiones incluyen alimentación y materiales.
HORARIO: Les ofrecemos dos horarios. Sábados de 9 a.m. a 1 p.m. (21 mayo, 04 junio, 18 junio, 02 julio). Miércoles de 5 p.m. a 9 p.m. (25 mayo, 08 junio, 22 junio, 06 julio).
CUPO: 15 personas por cada horario.
LUGAR: Ofident, Barrio Escalante.
CONTACTO: Para consultas, más información o confirmar su espacio al WhatsApp 8441-2757; o bien, al correo mfrojas@ideasingeniosas.com
