Representantes de diversas instituciones reflexionaron sobre los aportes que podría brindar la academia para la atención del fenómeno
Expertos reconocieron la necesidad de acercarse a las comunidades para conocer sus diversas realidades y realizar un adecuado abordaje del fenómeno de la narcoviolencia. (Fotografía con fines ilustrativos).
Pese a la existencia de políticas preventivas y de articulación interinstitucional, se requiere mayor apoyo de la academia para entender el fenómeno de la narcoviolencia y poder atenderlo de forma efectiva; así quedó plasmado en el espacio de reflexión desarrollado el 20 de julio en el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
La actividad se tituló “Narcoviolencia: tendencias de investigación académica y desafíos para las políticas públicas” y contó con la presencia del ministro de Seguridad Pública, Michael Soto; el subdirector de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, Jorge Torres, la jurista del Poder Judicial, Siany Mata; el Director de la Dirección de Promoción de Paz y Convivencia Democrática, Julio Solís y el investigador del ISS, Sebastián Saborío.
Los participantes coincidieron en la necesidad de tratar el fenómeno de la narcoviolencia como un problema de salud pública en el país y de implementar políticas preventivas respecto a las que no se informa lo suficiente en los medios de comunicación.
La jurista Siany Mata afirmó que el “tráfico de drogas lleva implícita la violencia”, por lo cual, resulta necesario reconocer el papel de las autoridades policiales y aclarar la implementación de la jurisdicción sobre crimen organizado.
Participaron de la actividad el investigador del ISS, Sebastián Saborío, el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto; el subdirector de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, Jorge Torres; la jurista del Poder Judicial, Siany Mata Sánchez y el Director de la Dirección de Promoción de Paz y Convivencia Democrática, Julio Solís Moreira. – foto Anel Kenjekeeva.
El ministro Michael Soto señaló la importancia de articular trabajo de campo con las comunidades, las cuales aseguró, presentan realidades distintas. Reiteró además su compromiso con estas acciones al afirmar que no será un “ministro de escritorio”.
A criterio del subdirector de la DIS Jorge Torres, “no existe confianza en el estado, en la policía” y por tanto, se debe trabajar en el fortalecimiento de la imagen de las autoridades si se pretende trabajar en coordinación con las comunidades.
Por su parte, el director Julio Solís enfatizó la necesidad de involucrar a la población en la atención del tema, pues considera que la seguridad impacta a toda la población y por tanto, es también una responsabilidad colectiva.
La narcoviolencia desde la academia
El investigador del ISS, Sebastián Saborío Rodríguez, afirmó que las investigaciones académicas que abordan la narcoviolencia deben presentar una “mirada más preventiva” que favorezca la comprensión real del fenómeno.
El investigador del ISS, Sebastián Saborío, afirmó que las investigaciones deben presentar una “mirada más preventiva” que favorezca la comprensión real de la narcoviolencia. – foto Anel Kenjekeeva.
Según el académico, los estudios sobre esta temática se han concentrado en el registro de datos e incluso presenten cifras inexactas; por lo recomienda un abordaje más cualitativo de la situación que se acerque a la realidad de las distintas comunidades.
Agregó que dicho planteamiento favorecería “la comprensión del territorio”, pues es común que se intente trasladar políticas públicas entre territorios y países, sin tomar en cuenta sus características y particularidades propias.
El investigador consideró que el país ha tenido una mayor resistencia a la influencia del fenómeno de la narcoviolencia respecto a los otros países, como resultado del involucramiento del Estado, aunque reconoció que la policía ha perdido legitimidad.
Saborío concluyó además, que las series y películas romantizan el imaginario construido en torno a la definición de narcotraficantes y de organizaciones criminales, dando lugar a conceptos alejados de las situaciones reales que acompañan el conflicto en la vida cotidiana.
Después de la II Guerra Mundial, Alemania y Francia conformaron la Comunidad Económica del Carbón y el Acero (que a la postre dio paso a lo que hoy es la Unión Europea), con las heridas aún sangrantes del conflicto bélico. Lo hacían más con un interés realista que por un deseo de hermandad: la toma de consciencia de que habitaban la misma “casa común”.
Centroamérica es el hábitat de Costa Rica, para bien o para mal. Ello significa un gran reto: ni diluirse en la región ni querer constituirse en una isla dentro de ella. “Costa Rica no es parte de los problemas de Centroamérica pero éstos si son parte de nuestro país”, manifestaba en su primer gobierno el ex -presidente Oscar Arias. Hoy en día esa premisa se revela parcialmente incorrecta. En una sociedad global, los problemas ticos tienen una continuidad con el resto de la región: la violencia engendrada por el narcotráfico, el aumento de la pobreza extrema, el desempleo, las migraciones, la tentación (como quedó demostrada en los últimos comicios costarricense) de violar derechos humanos incluso por la vía electoral, las consecuencias del cambio climático que actúan en una dimensión centroamericana y caribeña y no a escala estato-céntrica.
Mal haría el nuevo gobierno de hacer un berrinche como el que hizo Luis Guillermo Solís y su canciller de salirse temporalmente del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) por el asunto de las migraciones africanas, haitianas y cubanas que atravesaban el país, ante la negativa de Nicaragua de abrir sus fronteras. La nueva administración debe entender que la integración regional ya no es solo un discurso romántico de hermandad centroamericana sino sobre todo, una estrategia nacional de Alta Política para enfrentar problemas que solo se pueden gestionar y resolver mancomunadamente. La soberanía ya no es aislarse dentro de unas fronteras cada vez más porosas sino, manteniendo la identidad nacional, la capacidad de influir en los recursos de los países vecinos para así enfrentar riesgos nacionales-regionales.
¿Qué el SICA en mucho es un leviatán con una arquitectura frondosa, en algunos casos inútil, que alberga los intereses gremiales y salariales de una “mara” de burócratas con altísimos salarios y de un estamento de consultores centroamericanos e internacionales (ligados a la cooperación) que llevan un estilo de vida lujoso? ¡Eso nadie lo duda!
Aún más: desde la fundación del Mercado Común Centroamericano a finales de los 50´s y principios de los 60´s del siglo pasado, ha hecho más por la integración el empresariado (no de gratis, porque les convenía un economía regional) que la institucionalidad burocrática.
El reto del nuevo gobierno, en ese camino de compaginar identidad nacional y gestión en “condominio” de problemas centroamericanos, es conseguir una limpieza del SICA (tarea que Solís empezó, al menos en el discurso), impulsar la participación empresarial bajo el respeto de los derechos laborales y ambientales, y darle voz al gran ausente: la sociedad civil. Si la integración no se comienza a edificar desde abajo (desde la cultura, el deporte, las MYPIMES, las ciudades, el ambiente), todo será fantasía. La propuesta de Panamá de construir un metro o tren que la una a Costa Rica es en este sentido esperanzadora, y este espíritu se puede extender al resto de la región.
Nuestro país tiene un recorrido que puede potenciar en el marco regional: las relaciones comerciales con China (ahora que algunos países del SICA están alejándose de Taiwán), el TLC con Corea del Sur, sus avances en materia de enfrentar el cambio climático. Destaca aquí el replantearse la decisión de no participar en la Alianza del Pacífico (AP) (sin dudas el esquema integrador más dinámico actualmente en Latinoamérica), no obstante el trecho andado en esa materia. Sin desatender a los grupos internos que se oponen a esa adhesión, Costa Rica puede ser el puente entre la AP y Centroamérica.
Charles de Gaulle solía decir que “cada país debe hacer la política de su geografía”. Este principio se debe aplicar en nuestras relaciones con nuestro vecino del norte. En los últimos tres gobiernos ticos hemos esbozado una política de “caritas enojadas”, lindando con un extremo infantilismo. Algo similar ha hecho Managua. Esperamos de Carlos Alvarado un cambio: se puede defender el interés nacional, la integridad territorial, sabiendo que compartimos una “casa común”.
Hay razones para creer que así será: nombró a una mujer en la cancillería, y además brillante y afrodescendiente, lo cual dice mucho, demasiado. La idea del nuevo gobierno de celebrar el Bicentenario de manera regional, junto con los otros países centroamericanos, no puede sino que aplaudirse.
(*)Catedrático, Escuela de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional.
*Imagen con fines ilustrativos tomad de vox.lacea.org
Enviado por Msc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
«… los datos han demostrado que la participación comunitaria resulta ser una estrategia contra el narcotráfico, y que además contribuye a aumentar la seguridad ambiental y social…»
Narcopista Terraba-Sierpe a la par de Laguna Sierpe.
San José, Costa Rica, 16 de mayo de 2018. Con el fin de esclarecer las razones que llevan a la formación de rutas de tránsito de cocaína en las áreas silvestres protegidas y el impacto generado sobre la gobernanza de la conservación, la Universidad Estatal de Texas, la Universidad Estatal de Oregon y la Fundación Neotrópica, presentaron este miércoles su más reciente investigación sobre los impactos del narcotráfico en el Corredor Biológico Mesoamericano.
Dicha investigación corresponde al Proyecto PEGASuS: bajo el enfoque de la gobernanza participativa para conservar los servicios ecosistémicos y a biodiversidad, financiado por Future Earth, con el fin de identificar el ligamen entre la deforestación anómala y las nuevas rutas de tráfico de drogas en la región del Corredor Biológico Mesoamericano.
La investigación se centra en tres casos de estudio: Guatemala, Honduras y Costa Rica, bajo los objetivos principales de: 1) Evaluar los impactos del tráfico de cocaína sobre los servicios ecosistémicos de las áreas protegidas en América Central a través de indicadores ambientales y económicos; 2) Caracterizar las amenazas a la gobernanza en las áreas silvestres protegidas; 3) Involucrar a actores sociales, gestores de las áreas, investigadores, creadores de las políticas en el refinamiento de la evaluación; y 4) Promover la formación de un observatorio de las consecuencias del tráfico de drogas sobre las áreas protegidas de América Central.
Como parte de la comprobación, el trabajo se centra en las siguientes cuatro hipótesis sobre el impacto del tráfico de drogas en la gobernanza ambiental:
Promueve transformaciones extractivistas del paisaje: El aumento que se da del narcotráfico en América Central acelera actividades extractivistas tales como la ganadería y la minería;
Se aprovecha de los modelos verticales y de mercado de la gobernanza: la narcoactividad capitaliza aquellas actividades no participativas que tienden a dejar el espacio para efectos de control de territorio, tal es el caso del turismo y las plantaciones forestales;
Produce impactos asimétricos en la gobernanza ambiental: los efectos del narcotráfico se darán sobre las áreas protegidas según las condiciones intríncecas de cada uno de los territorios, tales como historia ambiental, institucionalidad, entre otros;
Debilita las coaliciones de conservación: El modelo del narcotráfico no solo genera impactos a nivel de las actividades que promueve, sino también sobre las coaliciones sociales, colocándolas en peligro.
“El elemento fundamental que no se ha capturado en análisis previos siendo importante para la conservación de la región, es el efecto sobre la gobernanza”, señaló Bernardo Aguilar, director ejecutivo de la Fundación Neotrópica.
Así mismo, Jennifer Devine, profesora asistente de la Universidad Estatal de Texas, sostiene que los datos han demostrado que la participación comunitaria resulta ser una estrategia contra el narcotráfico, y que además contribuye a aumentar la seguridad ambiental y social “en el caso de un área protegida donde el Estado no tiene mucho poder, como el caso de la Reserva de la Biósfera Maya en Guatemala, la forma de gobernanza más eficaz para proteger la biodiversidad es la gobernanza comunitaria de las concesiones forestales”.
Por su parte, David Wrathall, profesor asistente del departamento de amenazas naturales en la Universidad Estatal de Oregon, destaca que “en el caso de Honduras el modelo de gobernanza participativa es débil, se debe invertir en él. Las comunidades están pagando un precio muy alto, varios comunitarios han sido ejecutados por defender sus territorios en las áreas protegidas. Las comunidades indígenas son despojadas de sus tierras, ellos son los más afectados”. Por otro lado, además asegura que “existe un fenómeno de tránsito y de blanqueo de ganancias ilícitas que se queda en las comunidades para gastar en ciertas inversiones, tal como la ganadería que tienen un alto impacto ambiental”.
Los investigadores subrayan que las implicaciones directas sobre Guatemala, Honduras y Costa Rica presentan un efecto diferente. En Guatemala y Honduras existe una disputa por el control del territorio, la capitalización de actividades económicas (ganadería, palma, minería, turismo) e inclusive los gobiernos municipales. Por su parte, en Costa Rica se presenta degradación de los servicios ecosistémicos tras la utilización de las áreas silvestres como sistemas de bodegaje, reabastecimiento de combustible y cambio de medio de tránsito.
“El tejido social se erosiona y la gente comienza a tener temor, consideramos que sí hay impactos ambientales que debemos tomar en cuenta si queremos conservar la sostenibilidad de las áreas”, indicó Aguilar. “La solución es la misma, invertir para que no se debilite, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), deberá tener un acompañamiento adecuado de Guardacostas, Dirección de Policías de Fronteras”, esto para el caso específico de Costa Rica, ya que Guatemala y Honduras carece de instituciones como el SINAC que ejerzan injerencia directamente en las áreas silvestres protegidas.
Las áreas protegidas son el blanco perfecto para que las organizaciones de tráfico de drogas establezcan territorios de control dentro de los países de tránsito, más allá del alcance de los esfuerzos de interdicción liderados por el estado, implementando estrategias como socavar las alianzas de gobernanza de conservación existentes, oponerse a las normas y reglas existentes, alterar los beneficios esperados del pago por servicios ecosistémicos entre otros. Estas organizaciones están estableciendo modelos alternativos de gobernanza de los recursos que desafían la autoridad de las agencias de conservación en la región.
Además, en muchos casos las áreas silvestres protegidas coinciden con territorios fronterizos y zonas marinas internacionales, condiciones que facilitan el tránsito de sustancias ilícitas. Ejemplo de ello son los puntos de entrada de drogas de Centroamérica (por ejemplo, la Reserva de la Biosfera Río Plátano que limita con la costa expansiva de Honduras) y puntos de salida (por ejemplo, el parque nacional Laguna del Tigre en la esquina noroeste de Guatemala, inmediatamente adyacente a la frontera con México) y en el Parque Nacional Corcovado en el sur de Costa Rica, muy cercano a la frontera con Panamá.
Lo agravante de esta realidad es que la afectación va mucho más allá del impacto ambiental sobre las áreas silvestres protegidas, es la factura que esto implica en términos de seguridad para los funcionarios gubernamentales que velan por la protección de estos espacios. A esto se suma la violencia que ha cobrado vidas humanas, catalogando a la región centroamericana como una de las más peligrosas a nivel mundial para activistas ambientales, los afrodescendientes y los indígenas.
La siguiente fase de investigación consistirá en una serie de trabajos de campo en Honduras y Guatemala.
Narcopista Terraba-Sierpe a la par de Laguna Sierpe.
En estos días se ha abierto un debate sobre si los permisos que debe, según la Constitución, dar la Asamblea Legislativa a naves (aéreas o marítimas) equipadas militarmente, pertenecientes a gobiernos extranjeros y que atraviesan espacios bajo jurisdicción del Estado costarricense, puede hacerlo el Ejecutivo si dichas naves no están artilladas. Siendo el nuestro un Estado derecho, debe regirse por los principios generales de la hermenéutica jurídica; en este caso, de los principios del derecho público, en donde no cabe aplicar la norma “In dubio libertas” solo válida en la esfera privada. Todo lo contrario, el derecho público se rige por el principio “odiosa stricte interpretanda sunt”.
Por ende, el derecho del Poder Legislativo es indelegable. Más aun, tratándose de un país que, por mandato constitucional, no tiene ejército y que ha signado la declaración de la II Cumbre de la Celac que declara a toda Nuestra América como territorio de paz; lo cual es aun más relevante en una región como la Cuenca del Caribe, donde el componente geopolítico juega un papel decisivo en la lucha contra el narcotráfico. Es dentro de este contexto que los costarricenses debemos analizar esta delicada situación. El narcotráfico es hoy por hoy, un poder político y, sobre todo, financiero que ha escapado de las manos los Estados nacionales individuales; por lo que solo puede ser derrotado si éstos se comprometen a cumplir fielmente políticas regionales dentro de las normas del derecho internacional. El narcotráfico, al igual que el tráfico de armas, constituye una de las mayores amenazas a la paz y a la convivencia democrática de los países de la región.
¿Qué hacer frente a esta amenaza infernal? Los Estados Unidos solo ofrecen una solución militar. Aunque ellos son los principales responsables de esta situación, pues son los mayores consumidores de droga, nunca han tomado preso a ningún capo de su nacionalidad en su propio territorio teniendo poderosas redes de policía y de inteligencia dotados de enormes presupuestos. Ciertamente sería ingenuo no reconocer que, para enfrentar tan grave problema el componente policíaco es indispensable pero no único ni principal. La lucha contra el narcotráfico se hace combatiendo el negocio del lavado, en el que están involucrados grandes bancos yanquis. El narcotráfico maneja cerca de 650 millones de dólares. Mientras este ubérrimo negocio no se elimine, habrá narcotráfico para rato. Por lo que, aplicar la Constitución, que exige que la presencia en territorio patrio de helicópteros no artillados pero dotados de sofisticados artilugios con fines militares, requiera la aprobación del Primer Poder de la Nación según lo prescribe la nuestra Constitución, no es atentar contra la seguridad nacional, ni cerrar los ojos ante la mayor amenaza a nuestra juventud. Pero tampoco podemos quedarnos cruzados de brazos. Si el problema es internacional, la solución debe inspirarse en acuerdos de los países que conforman la Cuenca del Caribe, desde la Florida hasta el Nordeste brasileño, incluidos los territorios insulares. Su aplicación debe regirse por las normas del derecho internacional y bajo control de Naciones Unidas. Solo así se podrá combatir con posibilidades de éxito y desde sus raíces este infame flagelo. Todo lo demás no son más que paliativos o simple retórica.
