Sector agropecuario no exportador enfrenta limitaciones para acceso al crédito en la banca pública

La Defensoría de los Habitantes presentó un informe final con recomendaciones sobre las estrategias de financiamiento de la banca pública costarricense al sector agropecuario no exportador. La investigación analizó datos del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y del Banco de Costa Rica (BCR) durante los últimos diez años, y revela un patrón sistemático de barreras para acceder a condiciones acorde a su realidad, siendo las mujeres, jóvenes y habitantes de zonas rurales la más afectadas.

El sector agropecuario no exportador, integrado principalmente por pequeñas y medianas unidades productivas orientadas al mercado interno y a la seguridad alimentaria, ha visto cómo el crédito bancario se aleja progresivamente de sus necesidades. Lejos de corregir esta tendencia, la banca pública ha adoptado lógicas comerciales que priorizan la rentabilidad por encima de su mandato constitucional de desarrollo social.

Uno de los hallazgos de la investigación es la masculinización del crédito agropecuario. En el BNCR, por cada mujer que accede a financiamiento, hay ocho hombres que lo hacen. Del total de la cartera analizada (35.298 registros), apenas 3.650 corresponden a mujeres, frente a 30.309 hombres. Esta brecha se agrava cuando se incorpora la variable de edad. Del total de mujeres con crédito activo, únicamente 186 son jóvenes (menores de 35 años) en todo el país. En contraste, casi 2.000 hombres jóvenes accedieron al mismo tipo de financiamiento en el mismo período. Esto significa que ser mujer y joven en el campo costarricense representa una doble barrera para acceder en condiciones reales al sistema financiero público.

La investigación también revela que las mujeres productoras enfrentan tasas de interés más altas conforme envejecen dentro del sistema bancario. En el segmento de adultas mayores, las mujeres pagan en promedio un 8,50%, mientras que los hombres en la misma etapa acceden a tasas de 8,11%. Esta desigualdad acumulada limita la autonomía económica de las mujeres rurales a lo largo de toda su trayectoria productiva.

La investigación identificó que las barreras de acceso al crédito agropecuario no se limitan a las tasas de interés. Existe un conjunto de obstáculos normativos, institucionales y operativos que impiden al pequeño productor rural integrarse al sistema financiero formal:

1. Requisitos documentales desproporcionados: se exige al agricultor estados financieros, flujos de caja proyectados y certificaciones de contadores, exigencias propias de una empresa urbana consolidada.

2. Normativa prudencial inadaptada: el Acuerdo SUGEF 1-05 penaliza la estacionalidad agrícola al medir la solvencia con criterios de flujo constante, clasificando al productor rural como sujeto de alto riesgo por la naturaleza cíclica de su actividad.

3. Concentración territorial del crédito: el BCR coloca el 83,8% de sus recursos agrícolas en San José y Alajuela. Cantones como Curridabat y Escazú concentran más crédito agrícola que provincias con vocación productiva como Heredia o Cartago.

4. Ausencia de asistencia técnica: ambas entidades bancarias reconocieron no brindar acompañamiento técnico a los productores, limitando su rol a la transacción financiera.

5. Falta de segmentación: el BCR admitió no contar con un indicador que diferencie entre productor de mercado interno y agroexportador, lo que impide fiscalizar si los recursos públicos cumplen su función de seguridad alimentaria.

Costa Rica importa el 92% de los frijoles, el 99% del maíz y cerca del 70% del arroz que consume. Esta dependencia alimentaria hace aún más urgente el fortalecimiento del sector agropecuario no exportador. Sin embargo, la banca pública, que por mandato constitucional debe orientar el ahorro nacional hacia el desarrollo productivo y la reducción de desigualdades, ha derivado hacia una lógica comercial e impone barreras precisamente a los actores que más necesitan financiamiento.

La Defensoría de los Habitantes instó al Consejo de Gobierno, en su condición de dueño de la banca pública, a emitir una directriz vinculante dirigida a las Juntas Directivas del Banco Nacional y del Banco de Costa Rica, con el fin de que ambas entidades cumplan efectivamente con su mandato de financiar con condiciones reales al sector agropecuario no exportador.

Dicha directriz deberá ordenar que ambos bancos aprueben un plan institucional de cumplimiento con metas anuales verificables, datos desagregados por sexo, edad y territorio, y un esquema de seguimiento semestral, y que revisen sus modelos de atención para simplificar requisitos, reconocer la estacionalidad agrícola, establecer plazos máximos de respuesta y fortalecer la cobertura fuera de la Gran Área Metropolitana. El acceso equitativo al crédito agropecuario no es un asunto técnico menor: es una condición para la soberanía alimentaria y el desarrollo rural de Costa Rica.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes