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Etiqueta: negocio

Sentires y Saberes: Desconocimiento o mala fe: Los plagucidas en Costa Rica nos acompaña Elidier Vargas

Publicado el . Publicado en Madre Tierra.

Observatorio de Bienes Comunes

En esta ocasión problematizamos los trayectos de los plaguicidas en nuestras sociedades. Reflexionamos sobre la importancia de concientizar el efecto adverso de los plaguicidas y como esto nos atañe a todos los ciudadanos del país, de una forma u otra. Esto puede ser a partir del consumo de productos agrícolas que pueden estar contaminados, a partir del consumo de agua, o simplemente cuando nos desplazamos por las zonas agrícolas, donde están fumigando. Pueden descargar el informe de PNUD aquí https://impactoplaguicidas.cr/

Pueden conocer sobre el proyecto de ley aquí Proyecto de ley Expediente N° 23.783: LEY PARA EL CONTROL Y PROHIBICIÓN DEL USO DE PLAGUICIDAS ALTAMENTE PELIGROSOS Y PROMOCIÓN DE UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE Y AMIGABLE CON LA SALUD, EL AMBIENTE Y LOS ESTÁNDARES DEL MERCADO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS ¿Qué dice?

¿Cómo construir mi idea de negocio?

Publicado el . Publicado en Derechos.

UNED

Durante la Feria Vocacional en Línea se impartirá la charla gratuita “Persona joven emprendedora: ¿cómo construir mi idea de negocio?”, este jueves 18 de noviembre a las 3:00 p.m. Estará a cargo del Programa de Desarrollo Gerencial de la Dirección de Extensión Universitaria, la charla se transmitirá por medio de Facebook Live de DIREXTUNED.

Gobierno se somete a generadores privados de electricidad

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(2 de 3) Por Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON

Reinicio del negocio privado de la electricidad

En términos generales podemos decir que, a partir del 8 de abril de 1949, cuando se creó el ICE con el Decreto Ley No. 449, en Costa Rica se empezó a perfilar una supremacía relativa de la electricidad pública frente a la privada, y que el 18 de octubre de 1990, cuando se publicó la Ley 7.200, iniciamos un retroceso hacia la electricidad privada.

A modo de resumen varias fechas son indispensables: el 18 de octubre de 1990, durante la administración Calderón Fournier, entró en vigor la “Ley n° 7200 Ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela”. Esta ley fue modificada durante el gobierno de Figueres Ólsen. El cambio del capítulo II de la Ley 7.200 se conoce como Ley. No.7.508 y rige desde el 9 de mayo de 1995. En 2011 el gobierno de Laura Chinchilla Miranda le dio el mandato al ICE de “llenar el porcentaje de generación privada de la Ley 7200”. Esta directriz ya no está vigente, pero sí las leyes indicadas. De acuerdo con el capítulo I de la Ley 7.200, los privados pueden operar y venderle al ICE electricidad proveniente de proyectos de no más de 20.000 kW (20 MW). Otros contratos pueden ser de hasta 50.000 kW (50 MW) gracias a la Ley 7.508 (capítulo II de la 7.200), y entre ambas modalidades, la generación privada no puede ser superior al 30% de la capacidad de generación de todo el Sistema Eléctrico Nacional (15% cada tipo de contratos).

La diferencia entre ambos contratos es que los proyectos de hasta 50 MW, denominados “Build, Operate and Transfer” o B.O.T, siglas en inglés para Construcción, Operación y Transferencia, deben pasar a propiedad del ICE luego de los veinte años de su duración. Los contratos, el precio de compra por parte del ICE, su renovación y las condiciones, que hemos tildado de extremadamente favorables para los privados en detrimento de la sociedad costarricense, los hemos revisado en otros textos como “Mentiras, estafas y el delirio de exportar electricidad privada”, en el que analizamos los supuestos bajo los cuales se justifica la generación privada de electricidad y su posible exportación.

Asociado directamente con esa pretensión de apertura para la exportación, fue presentado a la Asamblea Legislativa el Expediente n° 21.606, “Ley para una efectiva integración de Costa Rica al mercado eléctrico regional”. El objetivo de esta propuesta es modificar el artículo 3 del Segundo Protocolo al Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central N° 9004, para permitirle a los generadores privados exportar electricidad, y ya no sólo a las empresas del grupo ICE, como es en la actualidad. Ese proyecto busca que puedan exportar electricidad “todas las empresas costarricenses generadoras, distribuidoras y/o comercializadoras de electricidad, sean públicas, privadas o mixtas, así como los grandes consumidores”. En el artículo “Gobierno blindaría la estafa privada con exportación de electricidad”, explicamos cómo la falta de controles del ICE y “errores” de cálculo de tarifas por parte de ARESEP, favorecieron directamente a los generadores privados con cientos de miles de millones de colones. A modo de ejemplo, según la Contraloría General de la República se trata de “sumas estimadas giradas de más por compra de energía a privados: a mayo 2019 por USD 5,3 millones, a diciembre 2018 por USD 6,0 millones y a diciembre 2017 por USD 12,5 millones”, sólo para algunos contratos.

Otros intentos de privatizar la electricidad

Durante la segunda Administración de Óscar Arias (2006-2010) fue relevante el proyecto “Ley general de electricidad” que tenía un clarísimo barniz privatizador. Hacia mediados de 2009 parecía inminente su presentación al Poder Legislativo, pero fue postergada hasta el siguiente gobierno. Fue presentado a la Asamblea Legislativa como expediente N.° 17.812 en el gobierno Chinchilla Miranda. Pretendía abrir el mercado a los generadores privados eliminando “trabas” de la legislación vigente. Enfatizaba la meta de propiciar condiciones para la exportación de electricidad al mercado regional centroamericano por parte de los generadores privados. El artículo 3 de la propuesta “Acceso al Mercado Eléctrico Regional, MER”, señalaba que “Las empresas generadoras nacionales que utilicen energías renovables para producir electricidad podrán colocar sus excedentes de energía en el MER, una vez cumplidos sus compromisos de suministro nacional, bajo la reglamentación que promulgue la Aresep”.

Tras la no aprobación del Proyecto Ley general de electricidad, el ya expresidente Oscar Arias, en un artículo titulado “Cuestión de sentido común” (La Nación. 17/03/2013), dijo que ese proyecto hubiera acabado “con esas absurdas limitaciones a la generación eléctrica privada”, y se lamentó de que “…Costa Rica perdió la oportunidad de contar con una legislación que nos habría permitido aumentar significativamente la inversión en energías limpias y garantizarle al país el abastecimiento de electricidad por muchos años más…”.

Las presiones para que en Costa Rica opere un mercado eléctrico abierto y con cada vez mayor participación privada, no sólo han estado permanentemente en la agenda de los empresarios privados de la electricidad. También han sido un anhelo antiguo de distintas administraciones. Es decir, privados y gobiernos coincidían, y siguen coincidiendo, en debilitar al ICE y fortalecer la generación privada. El 23 de setiembre de 2010, Teófilo de la Torre, titular del MINAE, expuso en el Foro Apertura y Desarrollo del Sector Electricidad. Reforma del Subsector Electricidad, un “modelo de mercado” en el que el ICE, “privados” y “alianzas”, serían competidores del mercado eléctrico en condiciones de plena igualdad, con una inversión (ideal) de 9.000 millones de dólares dividido en 3 partes iguales.

Otro intento privatizador fue un nuevo proyecto de “Ley de contingencia eléctrica”, Expediente N.° 18.093, que la presidenta Laura Chinchilla Miranda y su Ministro de ambiente, energía y telecomunicaciones, Teófilo De La Torre Argüello, presentaron a la Asamblea Legislativa el 11 de mayo de 2011. Esa propuesta abogaba por “una participación más activa del sector privado en el desarrollo de proyectos” y “la participación de múltiples actores en la industria eléctrica e incentiva la inversión en este subsector”. Una nueva variante de proyecto de ley para atender una supuesta “contingencia eléctrica” nacional, fue publicado en La Gaceta el 27 de enero de 2014 y presentado a la Asamblea Legislativa. Ambas iniciativas fracasaron gracias a múltiples oposiciones, que en su momento discutimos.

De manera amenazante contra el servicio público de electricidad, las propuestas de ley de contingencia avanzaron notoriamente hacia la privatización, pues pretendían declarar “…de interés público y conveniencia nacional los proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica que se encuentren en el Plan Nacional de Energía”. Esta idea hubiera flexibilizado de manera letal las regulaciones y permisos para la generación de electricidad privada. Hasta hoy la “idea” es que esa declaratoria sea el resultado de un exhaustivo análisis de variables que permitan decidir sobre la aprobación o rechazo de un proyecto. Es una “idea” porque la historia reciente registra tanto usos nefastos como positivos de esta figura legal. 2 ejemplos son la declaratoria ilegal conveniencia nacional para el proyecto minero Crucitas, y otro fue el rechazo de la conveniencia nacional para el PH San Rafael, de la constructora HSolís, firmado por el otrora ministro de ambiente Carlos Manuel Rodríguez, el lunes 15 de julio 2019, tras casi 7 años de disputas en las que organizaciones sociales y comunidades demostramos la absoluta inconveniencia de ese proyecto. Ese negocio hidroeléctrico privado de 7,2 megavatios le hubiera costado a la sociedad costarricense 57 millones de dólares.

 

Imagen ilustrativa, ICE.

Salvar vidas o hacer negocio

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Marlin Óscar Ávila Enríquez

Entre médicos preparados para recetar medicamentos indicados por las farmacéuticas y, periodistas amoldados a decir lo que al público le gusta escuchar, se maneja la salud en este país. No hay cuestionamiento ni reflexiones sobre lo que está ocurriendo y el médico siempre tiene la última palabra sobre nuestra salud y, sobre nuestra vida. El periodista simplemente repite lo que el médico (a quien ligeramente califica de «científico») le dice que hace y decide la causa de un fallecimiento. El gremio de galenos se ha acomodado a lo que la OPS/OMS le indica (por lo cual la ciudadanía europea está en las calles ahora mismo).

En mucho todo eso sobre nuestra salud está lejos de la verdad. En un año, se ha logrado hacer desaparecer la generalidad de enfermedades crónicas. Los fallecimientos son por la «pandemia» y más por la plandemia. Se han prácticamente prohibido las autopsias. Así que la ciudadanía se ve obligada a aceptar lo que «el científico» médico le diga, sin importar la «burrada» que a éste se le ocurra. Como «son héroes de primera línea» el ciudadano de a pie no puede cuestionar esa verdad absoluta, que ahora es más cierta que la de un pastor de iglesia, «representante del todopoderoso» en la tierra.

Hace tres días falleció una buena amiga de Covid-19 en el hospital del Tórax, de Tegucigalpa, mientras estaba intubada. Sus más cercanos familiares le solicitaron al médico que la atendía, que le aplicara CDI o CDS intravenoso. El médico, quien se educó con otros cánones y las farmacéuticas le instruyeron distinto, se negó. Desde luego, la amiga falleció, como fallece arriba del 93% de intubados, puesto que nunca ha sido solución para salvar a pacientes ese mecanismo. Ese medio que pareciera de veterinarios para ganado vacuno, pero mantiene buenas ganancias a sus comerciantes. Sin embargo, como lo indican organismos internacionales, nuestros «científicos» sin conciencia científica, lo aplican y nadie les puede contradecir.

Al negarse en aplicar la sugerencia de los familiares de mi amiga, el médico desobedece las normas internacionales, al menos el Tratado de Helsinki, y puede ser procesado jurídicamente por homicidio.

No cabe dudas que ningún otro médico se solidariza con los dolientes, pues dentro del gremio se protegen mutuamente, no importa lo irresponsable que sea su colega. Es como una «mafia» de profesionales. Ahora no se cual gremio es peor en esto, si el de abogados o el de galenos.

Desde luego que mucho galeno ha sido sacrificado por estar en primera fila con la pandemia y por negligencia del gobierno. Aunque se sabe que, en mucho, han estado en la segunda fila, después de la fila de enfermeras. Lo que sucede es que los periodistas los colocan en primera por congraciarse más con los galenos.

Admitimos que muchos galenos cumplen con el principio Hipocrático, el cual afirma que su objetivo es salvar vidas, primeramente, pero, entre la universidad y los negocios de las farmacéuticas, ese principio se ha ido perdiendo, al grado de desaparecer en la mayoría. Ahora primero está el negocio y mucho después salvar vidas.

Con carta dirigida al Presidente piden S.O.S para Gandoca–Manzanillo

Publicado el . Publicado en Madre Tierra.

Limón, 17 de junio de 2017

AEL-034-2017

 

Dr. Luis Guillermo Solís

Presidente de la Republica

Casa Presidencial

Dr. Édgar Gutiérrez Espeleta

Ministro del Ambiente y Energía

Señoras y señores

Diputados(as)

Asamblea Legislativa

Mauricio Álvarez Mora

Presidente

FECON

Señoras y señores

Organizaciones Ambientalistas

Costarricenses

 

Ref: ¡S.O.S.! : Gandoca–Manzanillo

 

Distinguido señor Presidente,

Señoras y señores:

 

Queremos hacerles un respetuoso pero vehemente llamado para unir esfuerzos entre “Tirios y Troyanos”, en pro de la protección del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

Actualmente, en el Caribe sur de Costa Rica campea una corriente depredadora que amenaza hoy más que nunca ese santuario ecológico. No estamos hablando de acciones aisladas, como las consabidas talas ilegales del bosque, o los cuestionados permisos de uso que terminaron creando suntuosos proyectos hoteleros y viviendas. No.

Ahora se trata un proceso extremadamente bien articulado orientado a legalizar un mega negocio de bienes raíces que cuenta con el silencio cómplice de las autoridades locales del SINAC–ACLAC.

Muy probablemente estos empresarios inescrupulosos, cuentan con el respaldo de altas autoridades de la Administración Solís Rivera, que han consentido –posiblemente por desconocimiento–, una serie de acciones carentes de ciencia, técnica y lógica, orientadas a aumentar el flujo vehicular en dicha zona, sin siquiera hacer públicos los rigurosos estudios de capacidad de carga que respalden la ampliación de las vías de acceso al Refugio Gandoca–Manzanillo, en jurisdicción de ACLAC.

El problema que estamos denunciando requiere de una acción política y social del más alto nivel, a fin de evitar daños de difícil o imposible reparación: se requiere la conformación inmediata de una Comisión Técnica, compuesta principalmente por ONG´s como la Fundación Neotrópica, el Centro Científico Tropical, la UICN, la FECON, etc., a fin de que se aboquen a valorar objetivamente los esfuerzos de quienes audazmente impulsaron la sugestiva “Ley de Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur” (No.9223, conocida como Ley Céspedes), aprovechándose de que en dicha zona no existe una comunidad bio alfabetizada, que posea la debida sensibilidad para valorar adecuadamente los supuestos “beneficios” de dicha Ley, la cual hemos impugnado ante la Sala Constitucional mediante la respectiva Acción de Inconstitucionalidad (Exped.N°14-019174-0007-CO), pese a lo cual el gobierno local impulsa desesperadamente la consolidación de la Ley N° 9223 mediante una serie de acciones que generarían daños de IMPOSIBLE REPARACIÓN, aunque la Ley 9223 eventualmente fuera derogada por inconstitucional.

Como una breve reseña de lo que realmente hemos vivido durante la Administración Solís Rivera, les transcribo literalmente uno de los tantos esfuerzos realizados en aras de la transparencia y la legalidad en nuestro litoral Caribe, sin respuesta alguna. Veamos:

“El pasado 28 de setiembre le remitimos el oficio AEL-126-2015, en cuyo epígrafe consignamos “Gestión deficiente del ACLAC” y en respuesta recibimos el oficio de referencia, suscrito por don Julio Jurado, Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), que era el superior jerarca del Director del ACLAC.”

Después de una serie de leguleyadas de rito, don Julio Jurado maquilla su oficio indicando:

“asimismo, le solicitamos nos aclare cuáles son los hechos concretos de la disconformidad contra el Área de Conservación La Amistad Caribe y aportar en caso de tenerla prueba sobre dichas anomalías, lo anterior para darle el tramite debido según corresponda.

Esta Dirección Ejecutiva, está muy interesada en mejorar en lo que está a nuestro alcance, el desempeño técnico, administrativo y jurídico de la Institución, por lo cual todas las quejas y denuncias contra la actuación irregular de algunos de nuestros funcionarios, se atienden, analizan y gestionan de conformidad con la normativa aplicable, lo anterior con el fin de asegurar el fiel cumplimiento de nuestras funciones”. (Fin cita textual).

El señor Ministro del MINAE, así como el Director Ejecutivo del SINAC, son hombres de ciencia, que heredaron 27 procesos administrativos más una larga lista de denuncias contra el Director del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC) Ing. Edwin Cyrus. Por ello, nos resulta a todas luces contradictorio que ni el Ministro ni el Director del SINAC, después de dos años en sus cargos, no hayan ordenado una auditoría evaluativa operativa del ACLAC, lo cual es fundamental para determinar el supuesto buen “desempeño técnico, administrativo y jurídico de la Institución”.

En cuanto “a los hechos concretos de la disconformidad contra el Área de Conservación La Amistad Caribe”, le reiteramos que el Consejo Regional Ambiental (CORAC) es una caja de resonancia de los caprichos del Ing. Cyrus; dicho CORAC nunca se ha manifestado en temas álgidos y trascendentales para la provincia de Limón: como por ejemplo APM Terminal o el fallido Tajo Asunción. Sin embargo, ese CORAC oficiosamente sí se pronunció favorablemente en relación con el trámite del proyecto de ley que luego fuera aprobado como Ley N°9223 (2014), debido a que algunos de sus actuales integrantes, tenían un interés directo en la aprobación de dicha Ley. Lo anterior puede constarse con una revisión de las actas de los cuatro últimos años de dicho CORAC. Esa Ley 9223 autorizó CERCENAR el territorio del Refugio Gandoca–Manzanillo en contra de toda ciencia y técnica y en la Asamblea, por maniobras del Diputado Céspedes y socios, se obviaron los informes técnicos de rigor que emitió el Departamento de Servicios Técnicos, EN CONTRA DE LA APROBACIÓN DE DICHA LEY, pues se trata de una ley regresiva en materia ambiental, entre otros efectos negativos de la misma.

Los denominados Centros de Rescate de la Provincia de Limón, no pasan de ser solapados “Zoo Criaderos”, en los cuales las especies son sometidas a extenuantes jornadas de exhibición para el beneficio exclusivo de unos pocos inconscientes, que explotan al turismo que paga por admirar estas especies en cautiverio.

A pocos metros del Humedal Nacional Cariari, el Ing. Cyrus fue sorprendido emitiendo dos comprometedoras certificaciones, a nombre y beneficio de la empresa RADA S.A., que sirvieron de “fundamento legal” (sic) para drenar un enorme humedal en beneficio de esta empresa, subsidiaria de APM TERMINALS. Y todo ello se realizó en terrenos que son parte del Patrimonio Natural del Estado, en este caso bajo Administración de JAPDEVA, pese a lo cual, solo se conformó una complaciente Comisión Investigadora cuyos resultados resultan risibles.

Por otra parte, se han desmantelado instancias como la Comisión Interinstitucional de las Cuencas de los ríos Banano, Bananito y Estrella, lo cual favoreció indudablemente al desastre ambiental denominado “Tajo la Asunción” de tan triste mención.

Asimismo, los Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales (COVIRENAs), han sido literalmente neutralizados por el Director de ACLAC, estimulando el funcionamiento de un Consejo Regional Ambiental (CORAC) que nunca se pronunció sobre el desastre ambiental del Tajo Asunción ni el drenaje de humedales.

Habría que preguntarle al señor Ministro del MINAE: ¿cómo es que se avala la desafectación del Refugio Gandoca Manzanillo, siendo un sitio Ramsar de prestigio mundial y que, como todos sabemos, se está viendo impactado negativamente por el cambio climático?, ¿no es acaso inviable ambientalmente la Ley No. 9223? ¿Por qué el ACLAC y su CORAC no adujo falta de estudios técnicos que fundamentaran la reducción del espacio del REGAMA y al contrario lo apoyó con entusiasmo? ¿Por cuenta de quién anduvo el Director de ACLAC haciendo lobby en la Asamblea Legislativa a favor de la futura Ley 9223, en vez de combatirla?

Habría que preguntarle al señor Ministro del MINAE: ¿sabía usted que durante los últimos años la Sala Constitucional ha procedido a declarar la nulidad de leyes y decretos tendientes a la reducción del REGAMA?

Es por ello que le solicitamos respetuosamente, en atención a sus responsabilidades como jerarca del MINAE y derivadas de la Ley Orgánica del Ambiente, y basado en principios de ciencia y técnica, consultar a instancias como la UICN, el Centro Científico Tropical (CCT) o a la Fundación Neo Trópica, la viabilidad ambiental de la Ley No.9223, para evitar daños de difícil o imposible reparación en el REGAMA.

Señor Ministro del MINAE: el SINAC que ustedes heredaron, mantiene una serie de instancias totalmente controladas por mezquinos intereses económicos –una verdadera mafia enquistada en la institución– que en contra de su misión y visión institucional, impulsan proyectos en detrimento de la colectividad y del Patrimonio Natural de los costarricenses. Es por ello que solicitamos, tanto a usted como al señor Director del SINAC, que pongan su mano en la conciencia y empiecen a hacer la esperada diferencia que muchos esperábamos de la Administración Solís Rivera en materia ambiental y de transparencia institucional.

Necesitamos acciones concretas y una primera y urgente debería ser el traslado del Ing. Edwin Cyrus, mientras se realiza una auditoría operativa–evaluativa en la ACLAC, dado que el Ing. Cyrus se ha caracterizado por realizar una gestión nefasta para los recursos naturales de Limón. Los jerarcas del MINAE–SINAC conocen y saben que no se trata de apreciaciones subjetivas de un ciudadano inconforme, todo lo contrario: existen pruebas e indicios de todo género en los voluminosos expedientes del Ing. Cyrus desde anteriores administraciones, además del oficio SINAC-DE-1986 del pasado 17 de diciembre.

Y con todo respeto, no esperen que les aportemos las pruebas que ustedes deben recabar en las investigaciones que les competen: si tuviéramos el sólido fundamento fáctico para ello, con el detalle requerido, iríamos de una vez el Ministerio Público y no perderíamos el tiempo en un intercambio epistolar con las jerarquías del MINAE–SINAC que a veces nos parece ocioso.

Vean a continuación lo que están haciendo en estos momentos en el Refugio Gangoca–Manzanillo, al amparo de la Ley Céspedes, abriendo un camino hacia el mismo refugio, para un mayor tránsito de vehículos de todo tipo: https://www.youtube.com/watch?v=Nm701I_3pec&feature=youtu.be

Reciban las muestras de nuestra consideración y quedamos a la espera de sus buenas noticias, informándonos de las acciones tomadas al respecto, para lo cual atenderemos notificaciones al correo machore@gmail.com fax 2798-2645.

Atentamente,

 

Marco Levy Virgo

Presidente

Asociación de Desarrollo para la Ecología

SOS Gandoca Manzanillo

Imágenes tomadas del video https://youtu.be/Nm701I_3pec

Enviado por Marco Levy Virgo.

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UNA esperanza: graduación de jefas de hogar

Publicado el . Publicado en Derechos.

La Escuela de Administración de la Universidad Nacional (UNA), y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) realizó el pasado miércoles 14 de junio el evento “UNA esperanza, graduación de jefas de hogar en emprendedurismo y habilidades para la vida”, en el Auditorio Clodomiro Picado, UNA

Las graduadas provienen de La Carpio, León XIII, Desamparados, Tirrases, Purral, Patarrá y Goicoechea, las cuales forman un grupo de 100 jefas de hogar en condición de pobreza, quienes se preparan para desarrollar negocios sostenibles. Además 550 mujeres más han sido capacitadas en Guanacaste y Limón.

Las participantes han recibido formación técnica que aborda temas como diseño de un plan de negocios, mercadeo y estrategias de venta, y sostenibilidad del negocio; han recibido capacitación en “habilidades para la vida” como atención al cliente y pensamiento creativo e innovador.

La capacitación recibida por estas mujeres forma parte del proyecto “Fortalecimiento de capacidades y habilidades para el emprendimiento”, respaldado por el IMAS, en el marco de la Estrategia “Puente al desarrollo”.

 

*Para mayores detalles en la Oficina de Comunicación. UNA. Tel. 2237-5929 / 2277-3067.

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.fenatrahob.org.bo

Enviado por Oficina de Comunicación de la UNA.

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La Violencia como Negocio

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Marlin Avila

 

La violencia generada y en crescendo desde el golpe de Estado perpetrado por la oligarquía aliada con fuerzas de ultraderecha internacional, terminó convirtiéndose en un negocio lucrativo para algunos sectores del mercado nacional e internacional, razón por la cual, éste es un obstáculo más para lograr reducirla a los estándares mundiales en un país donde no hay guerra declarada.

Terror

En un país donde el periodismo de investigación científica es casi inexistente y la información del Estado es prohibida, lo que se logra son aproximaciones a la realidad con alto grado de error.

Se ha provocado un miedo permanente en la ciudadanía, en la que los medios hacen apología a la violencia generalizada deliberadamente, induciendo el terror en la población mediante la reproducción de imágenes dirigidas a crear pánico la ciudadanía motivada a comprar cualquier medio de protección familiar, contratando los servicios de seguridad privados, evitar a toda costa utilizar los servicios públicos de transporte, creando al fin un ambiente de terror generalizado, que evita cualquier manifestación crítica, puesto que en el imaginario social el Estado está involucrado con este ambiente de inseguridad y terror.

Si contamos a casi cien mil muertes violentas en siete años, estimando a cinco miembros por familia, estamos hablando de medio millón de personas afectadas en su economía, en su vida social y en su estado emocional. Es decir, casi un 6% de la población ha sufrido actos de violencia criminal. Un grupo de psicólogos nos decía que el 35% de la población (2.8 millones) sufre de trastornos o irregularidades mentales. Seguro que los efectos directos e indirectos de la violencia provocada por el crimen, organizado o no, tiene que ver con esto.

Negocio

Hemos visto cómo se han cerrado bastantes negocios de la pequeña y mediana empresa, pero no vemos que cierren una funeraria, una venta de ataúdes; una empresa de seguros de vida; las empresas de seguridad privada, las tiendas de venta de armas; de alarmas y cámaras de seguridad, una cárcel o un cementerio privado. Al contrario, estos negocios crecen como algas en aguas estancadas. En las proximidades de las morgues y de los hospitales públicos, se cierran otros negocios para instalar farmacias, funerarias y venta de ataúdes.

Si contabilizáramos a 25 mil lempiras por servicio funeral, incluyendo el ataúd, dado que la gran mayoría de homicidios es contra familias pobres, entre el 2014 y 2015, se tuvieron cerca de once mil víctimas, lo cual implicaría una inversión al menos de 275 millones de lempiras, poco más de 12 millones de dólares. Si estimáramos estas mismas cifras para los dos años anteriores, estamos hablando de 24 millones de dólares.

La inversión en 2,300 cámaras para seguridad en las calles del Valle de Sula y Tegucigalpa, se puede redondear en L.13, 344,000 (US$600 mil dólares), sin incluir la instalación, mantenimiento, reparación y el costo de monitoreo que exige su buen funcionamiento. Esto lo pagamos con el “Tazón”.

En guardias privados se invierte alrededor de mil cuatrocientos millones de lempiras solamente en sus armas (L.1, 400 millones). A esto hay que sumarle mil quinientos millones de lempiras (L.1, 500 millones) mensuales que debemos pagar por 79 mil guardias que tenemos cuidando los negocios y las personas que circulan en el comercio. A los guardias apenas les pagan el salario mínimo aun cuando trabajan más de las ocho horas diarias. Es decir, las empresas de seguridad tienen una utilidad de 2,400 millones anuales, suponiendo que invierten los restantes 26 millones en nuevo armamento, equipamiento y administración. Este es un negocio dominado por ex oficiales militares y policiales. Es decir, que invertimos un promedio de L.2, 900 millones en mantener a 700 empresas de seguridad privada. Lo que equivale a USA$ 128, 482,807. Este negocio debe seguir creciendo para ubicar a los nuevos oficiales de policía y ejército que se van retirando. La vinculación entre estas empresas de seguridad privada y las instituciones de seguridad y defensa debe ser una de las constantes, lógicamente. Si esto lo proyectamos a los años 2012 al 2014, sumando los estimados del 2015, estamos invirtiendo US$513, 931,228 en los últimos cuatro años.

Además, para mantener el sistema de seguridad (y “defensa”), pagamos 1% de las transacciones que se hacen en el sistema financiero nacional a lo que llamamos el “Tazón”. Hasta octubre del año anterior último se estimaba haber invertido en este rubro L. 8,126.99 Millones. Si anualmente se recaudan más de L. 1,900 millones, a estas alturas de pueden haberse invertido aproximadamente L.9, 200 millones (USA$ 407, 600,630.98) desde el 2012. Es decir, noventa millones y medio de dólares promedio por año. Recordemos que el Ejército obtiene del Tazón el 37%, la Secretaría de Seguridad el 32%, la DNII el 18%, el 6% va a proyectos de prevención y el 2% a la Corte Suprema de Justicia.

Solamente en enterrar nuestros familiares; en pagar seguridad privada, y en pagar el programa de seguridad del gobierno, hemos invertido del 2012 al 2015, un aproximado de US$945, 531, 858.98. Muy cercanos a los mil millones de dólares estadounidenses, lo cual es un movimiento financiero significativo para un país pequeño y pobre.

Esta cantidad excluye otras inversiones en seguridad por no tener las aproximaciones, como son los vehículos blindados; los sistemas electrónicos de seguridad privados; la infraestructura de “barrios seguros”; los gastos de los hospitales privados y públicos en atender heridos; el remplazo de vehículos destruidos en las empresas y de individuos; los sobornos y pago de rescates; la quiebra de micro y mediana empresa; incluso, el desmantelamiento de negocios y empresas por inseguridad. También se excluye la inversión en forma de donación, por capacitaciones, asesoría o dotación de equipos de países amigos. Solamente de los Estados Unidos se han recibido al menos US$200 millones para fortalecer las fuerzas armadas y policías en los últimos 6 años.

Además de lo anterior, el gobierno ha aumentado en Defensa para los últimos seis años su presupuesto en 150%. Lo cual nos dice que la institución que mejor aprovecha de las raquíticas finanzas nacionales, por la situación grave de inseguridad son las Gloriosas.

Balance

Si hacemos un balance de los gastos en seguridad versus los resultados obtenidos, confirmaremos que estas inversiones no se equiparan a la leve reducción de la inseguridad, en los últimos siete años. Las bajas en homicidios se deben en mucho a la intervención de países amigos que han tenido un significativo impacto en el desmantelamiento de algunos carteles de la droga que afectan su propia seguridad.

Los gastos en medios represivos no se detienen, puesto que la política del Estado va dirigida a la persecución, el castigo y la represión de quienes violentan el estatus quo. Lo que menos se hace es labor de prevención. Los programas como “Actívate” y otras pequeñas actividades urbanas deportivas y de distracción momentánea, pagadas con el 6% del Tazón, son insignificantes ante la gravedad. La prevención exige otras inversiones consistentes en capacitación y fortalecimiento a los pocos y raquíticos sistemas de medicina forense, investigación científica del crimen, inclusive equipamiento y montaje de laboratorios forenses; ampliación de la educación superior y el acceso laboral digno a la juventud.

Lo que se hace es lo que incrementa el negocio de empresarios metidos en el comercio de armas, de sistemas de seguridad, cárceles, vehículos blindados, equipos de asalto y antimotines. El mismo sistema de justicia carece de juristas suficientes y bien calificados, y la mayoría de fiscales están “aprendiendo haciendo”, es decir, son novatos que no han recibido la necesaria preparación para enfrentar los casos de manera profesionalmente sólida. A los mejores profesionales del derecho se les aísla y reduce su cobertura, si no es que se les expulsa, muchas veces por ser críticos al sistema impune. Mientras se mantiene debilitado el sistema de justicia, se fortalecen los medios de represión contra la oposición al sistema político predominante.

Giro a Prevención

Girar un programa represivo y confrontativo de seguridad hacia una estrategia enfocada a la prevención, tendría como opositores fuertes a algunos sectores comerciales y de negocios que se lucran diariamente por el terror establecido, lo que hace que diputados y líderes sociales aprueben de primera instancia y “de buena voluntad” leyes y medidas represivas. Los gobernantes y quienes hacen las políticas de Estado, deben evitar hacer crecer esta tendencia de combate a los efectos e irse a las causas, antes que los obstáculos sean mayores y casi imposibles de revertir. La democracia real no descansa sobre bases de miedo y terror, pero sobre tolerancia al contrario, libertad de expresión, movilización y autocrítica.

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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El millonario negocio del DE$ALETEO

Publicado el . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer, Madre Tierra.

Freddy Pacheco León*

El millonario negocio del DE$ALETEO

Si efectivamente se están exportando 45.000 kilos de aletas al año, según los precios de importación en mercados internacionales (US$1.000 el kilo) eso representan un negocio de US$45 MILLONES de dólares), cuando los precios de exportación reportados no llegan a US$20 el kilo. ¡ESE es el gran negocio que impide tomar la medida lógica de PROHIBIR LA EXPORTACIÓN DE ALETAS! – Medida que es enfrentada disimuladamente, por los mismos que «se rasgan las vestiduras» gritando contra la exportación de aletas de UNA SOLA ESPECIE (tiburón martillo) y no de todas las especies que están siendo DESALETEADAS cruelmente, como estamos seguros es el sentir de los costarricenses que quieren acabar con esa masacre. ¿Usted qué piensa amigo lector?

Y reiteramos, si es conocido que el cruel DESALETEO se sustenta en la EXPORTACIÓN de aletas de todas las especies de tiburón, ¿por qué solo ha de prohibirse el comercio internacional de las aletas de tiburón martillo? ¿Queremos o no queremos los costarricenses, que se acabe el desaleteo? Si lo lograron en islas Bahamas prohibiendo la exportación de aletas, ¿por qué no lo decretamos en Costa Rica? ¿QUÉ INTERESES LO IMPIDEN? – Es reconocido que algunos tienen años de vivir de «campañas» en supuesta defensa de los tiburones, pero esos mismos se oponen a prohibir la exportación… que una vez (de acuerdo con ellos) anunció falsamente el exministro René Castro y la expresidenta Chinchilla.

Así que, para corregir, le pedimos al presidente Luis Guillermo Solís que ¡PROHIBA LA EXPORTACIÓN DE ALETAS DE TIBURÓN!, para superar la situación vergonzosa que vivimos los costarricenses ante el mundo.

Debe el Incopesca y su Presidente Ejecutivo, el “Padre Tavo”, reconocer la IMPOSIBILIDAD material de regular la descarga ilegal de aletas, en lugares ajenos a los muelles en que sí se puede supervisar la descarga de tiburones con aletas adheridas. Es tan grande el valor del producto exportado, que las empresas procesadoras (¡no los pescadores artesanales que dicen pescarlos incidentalmente!) hacen lo que sea para que SU NEGOCIO siga adelante.

Islas Bahamas, era un lugar que concentraba el DESALETEO cruel que permite arrancar las aletas de tiburón recién extraído, para luego lanzarlos al mar a morir lentamente. Por razones comprensibles, el gobierno de Bahamas PROHIBIÓ LA EXPORTACIÓN DE ALETAS y, fue tal el éxito, que hoy sus aguas son un santuario reconocido de tiburones que atrae a miles de turistas que gozan con su observación en el ambiente natural. Se estima que un tiburón vivo le genera en divisas por concepto de turismo unos US$250.000 anuales, al país. NO a los tagarotes que hacen negocio con ese despreciable negocio.

Algo similar venimos proponiendo para Costa Rica desde hace años, logrando atraer el interés del expresidente Oscar Arias quien incluso instruyó ¡infructuosamente! a su ministro de Ambiente don Jorge Rodríguez para que se emitiera la normativa prohibiera la exportación de aletas.

En la administración Chinchilla, su ministro René Castro engañó a los asistentes a la ceremonia de firma de un decreto ejecutivo que supuestamente prohibía la exportación e importación de aletas de tiburón. Lo cierto es que la palabra EXPORTACIÓN ni siquiera aparece en el decreto, y en cuanto a la importación… más bien le abre sus puertas.

Nuestros pescadores artesanales NO necesitan de la pesca del tiburón, pues ni siquiera se emiten permisos de pesca de esas especies, como sí se hace con el atún… que el país paradójicamente regala a la flota extranjera. La zonificación para la pesca del atún, ¡una buena decisión! sin duda, no es suficiente. Y no lo es porque la Ley de Pesca sigue permitiendo el otorgamiento de licencias gratis para la pesca del atún. Este campo de la pesca de atún aleta amarilla y barrilete, debería ser promovido para que esos mismos pescadores artesanales, que aprovechan alguito los tiburones pescados incidentalmente, tengan una actividad económica muchísimo mejor. Al tiempo que ha de mantenerse la pesca de tiburón para consumo interno, en vista de que es un producto que puede ser regida por los principios del desarrollo sostenible que se promueve internacionalmente.

 

*Biólogo

 

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Desaleteo y exportación

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Los controles en la descarga de los muelles públicos han demostrado su inoperancia, pues en 1200 km de costa pacífica se pueden descargar sacos llenos de aletas sin que sean detectados. ¡Es tan fácil! O como se denunciara hace más de un año, “parcialmente” adheridas al espinazo, como se plantea en este “refrito” de noticia.

Lo cierto es que sin importar la forma en que se descargan, las aletas son luego transportadas a las plantas de las compañías exportadoras que son las que hacen el gran negocio al reportar un precio de exportación menor a los $16 el kilo, mientras el precio de compra en los mercados orientales es de unos $600 el kilo. Desde Costa Rica con la bendición de algunos grupos “preservacionistas” se exportan millones de dólares anuales en aletas de tiburón… que fueron descargadas “adheridas” al cuerpo del tiburón o, como es más común, clandestinamente.

POR TANTTO, mientras se siga permitiendo la EXPORTACIÓN irrestricta de aletas producto del desaleteo, jamás se podrá detener tan brutal práctica pesquera. Así se ha propuesto, así ha sido aceptado en ciertas oportunidades (el presidente Arias y su ministro de Ambiente don Jorge Rodríguez así lo manifestaron en su oportunidad) pero los que se dicen defensores de los tiburones, hacen causa común con el INCOPESCA para oponerse a una medida que ha resultado exitosa en, por ejemplo, las islas Bahamas.

En otras oportunidades se ha dirigido la atención hacia la pesca de tiburones donde no medie el DESALETEO, lo que no es más que una medida sin sentido que no resuelve el grave problema del desaleteo y que más bien desvía la atención cual cortina de humo. Igual a como sucediera con la emisión de un decreto ejecutivo que, ¡además de mal redactado!, no prohibía la importación y mucho menos la exportación de aletas, pese a que fue así demagógicamente anunciado por el gobierno en el Parque Nacional Manuel Antonio. O como en un caso reciente (ya resuelto judicialmente en Costa Rica) en la forma en que vienen las aletas adheridas.

¡”Dejémonos de varas”!, decía un amigo puntarenense. “Prohibamos la exportación y veremos cómo, de un día para otro, se acaba esa criminal práctica pesquera”.   ¿Por qué será que no se sigue su consejo desinteresado?  ¿Qué intereses ocultos lo impiden?

Caben las preguntas pues ya llevamos más unos 10 años de costosas “campañas” sin que se vean resultados positivos (por lo menos) para los tiburones.

 

Freddy Pacheco León.

Biólogo

 

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