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Etiqueta: neoliberalismo

Guillermo Lasso en Ecuador, deshonesto sin límites

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. José A. Amesty R.

El 2 de abril del año 2017, el candidato Lenín Moreno se proclamó vencedor de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador; tras cuatro años de gestión, ésta demuestra que, lejos de implementar su propuesta original, votada por el pueblo ecuatoriano, pensando éste que iba a ser un gobierno igual o parecido al de Rafael Correa, resulto ser un neoliberalismo por sorpresa, situándose al servicio de una minoría, que representaba a Guillermo Lasso.

En realidad, la alineación del programa de Lasso, las exigencias del FMI y la actuación del gobierno de Moreno, fueron una ecuación perfecta, ya que Lasso, el aliado de Moreno, durante su mandato, plantea un programa de gobierno netamente neoliberal. Entonces, los datos, de esta dupla nefasta para Ecuador, no mienten. Si gana Lasso, aliado de Moreno y del FMI en estos cuatro años de gobierno, no puede esperarse más que el continuismo en la aplicación de la agenda neoliberal y su profundización más reaccionaria, es decir, unas políticas de ajuste antisocial.

Pero nos interesa, indagar más sobre este tétrico millonario banquero, exitoso evasor de impuestos, Guillermo Lasso, quien ha intentado por tres veces, en 2013, 2017 y 2021, llegar al poder absoluto en Ecuador.

Lasso, como banquero y candidato a la presidencia de Ecuador, estaría violando e incumpliendo con la Ley de Pacto Ético, que prohíbe a los aspirantes a un cargo público tener vínculos con paraísos fiscales.

En una de las empresas fuera de Ecuador, del multimillonario candidato, una de sus empresas históricas es Banisi Holding S.A., con sede en Panamá. El Banisi Holding es propiedad del Banco de Guayaquil, matriz de la fortuna de Lasso desde los años 90. En el directorio del Holding, se encuentran sus hijos, Juan Emilio Lasso Alcívar, que figura como director y presidente ejecutivo, y Santiago Lasso Alcívar con los cargos de Director y Presidente de la Junta Directiva. Este lazo familiar es una expresa violación de la Ley del Pacto Ético, promulgada luego del referendo de 2017 en Ecuador.

Como descubrió la periodista argentina Cynthia García, los negocios en el exterior de Lasso comienzan a inflarse, desde 1970, y luego en 1999-2002, a raíz del feriado bancario del año 2000 en Ecuador. La fortuna de Lasso pasó de 1 millón, a 31 millones de dólares, a través de la especulación con los bonos emitidos tras el feriado bancario.

Estos bonos se entregaban a los depositantes, a cambio del dinero que los ahorristas tenían en el banco, depósitos que habían sido congelados por el feriado decretado en 1999 por el gobierno de Jamil Mahuad. El banco de Guayaquil de Lasso, y otras entidades hicieron su agosto comprando estos bonos a un 40 o 50 por ciento de su valor.

El Banco de Guayaquil, propiedad de Guillermo Lasso, fue uno de los bancos que mayor cantidad de (bonos) Certificados de Depósito Reprogramados (CDRs) canjeó, esto quiere decir que se aprovechó de las necesidades de la gente para incrementar su fortuna. Esto convierte a Lasso en cómplice de la peor crisis económica del país, pues se benefició del salvataje bancario.

El Banco de Guayaquil estaba conformado por la Corporación Multi BG S.A., quien con la ley del Pacto Ético, la Multi BG SA, se diseminó en 8 fideicomisos, fuera de Ecuador, que pertenecen sea a sus hijos, a familiares de Lasso o a ejecutivos del Banco de Guayaquil.

En la cartera central, fuera de Ecuador de Lasso, el Banisi Holding constituido por 49 firmas en el extranjero, le permitieron ganancias a Lasso de hasta el 3000 por ciento, desde 2015 a la fecha.

También se destacan otros emprendimientos como las Noras, una serie de 29 empresas con nombres de fantasía (Nora, Bill y Malena Investment) dedicadas a la inversión inmobiliaria de 2009 y 2010, en Estados Unidos, aprovechando él desparramo económico armado por el estallido financiero. El nombre de estas empresas registradas en Coral Gables, Florida, es un homenaje a la madre del candidato. Las propiedades fueron adquiridas durante los remates de 2009, a una tercera parte de su precio. En poco tiempo duplicaron su valor. Todo lo anterior, es llamado un “laberinto-una telaraña de paraísos fiscales”.

Su banco de Guayaquil, ha sido uno de los principales beneficiarios de un sistema que ahoga el crecimiento económico nacional. En 2019, uno de los peores años de la historia reciente del país, aumentó sus ganancias en un 17 por ciento. Ni la pandemia contuvo la fiebre ganadora del banco. En los primeros ocho meses del 2020, sus ingresos por intereses aumentaron en un 26 por ciento respecto al récord que había registrado el año previo.

Guillermo Lasso es el único candidato que representa a los banqueros y empresarios de las cámaras de la producción. Estos sectores, de los más atrasados en América Latina en cuanto a responsabilidades estatales y sociales, no comprenden el sentido del progreso económico con bienestar humano, lo confunden como simple éxito en los negocios privados, el mismo que suponen irradiará los beneficios colectivos, algo que históricamente nunca ha ocurrido en Ecuador, pues tal “modelo” solo ha ahondado las diferencias sociales, el dominio político de las élites y el abismo en el reparto de la riqueza.

Lasso quiere que las cosas sigan así por muchos años, y una elección presidencial podría allanarle el camino. Sin embargo, las encuestadoras tienen una amplia ventaja para Andrés Arauz.

Ya desde 2017 y mucho antes, el mañoso banquero se ha negado a dar explicaciones sobre sus negocios financieros. Guillermo Lasso, sus hijos y allegados tendrían empresas en los paraísos fiscales de las Islas Caimán, Panamá, Delaware y en Florida.

El colmo del cinismo, es que en uno de sus discursos, dice: “vivimos la dictadura de un partido político, integrado mayormente por aquellos corruptos que se llevan dinero del Ecuador a depositarlo en paraísos fiscales, porque tienen que esconder el dinero mal habido, y que le pertenece a todo el pueblo ecuatoriano”, en referencia al proyecto que lideró Rafael Correa, pero es como si hablara de sí mismo.

Como dice un dicho popular, todo tramposo y ladrón, es mentiroso; este alude a una de las tantas promesas de campaña de Lasso, cuando alguna vez ofreció “crear un millón de empleos” en cuatro años, cuando otros ofrecieron, 800.000, 470.000 y 250.000.

Un dato curioso, qué revela lo ostentoso y lo habilidoso de Lasso; además de aprovechar para dar un mensaje de parte nuestra. Hace unos días, el candidato Lasso, mostró una apariencia diferente y juvenil, uno de los elementos más llamativos fueron las Nike rojas de 500 dólares. Surgió así la propuesta, que el día de las elecciones, sus votantes usen botas del mismo color, aunque seguro, serán zapatos menos ostentosos.

Sí, el 11 de abril próximo, se observarán gente con tenis rojos en los recintos electorales, aunque sean módicos. Esperamos que además de servir para hacer un conteo superficial-preliminar de votos, pensemos en el significado de otros zapatos, los que rinden tributo a mujeres víctimas de violencia y representan el vacío que dejan, quienes han sido asesinadas.

Así las cosas, los ecuatorianos y ecuatorianas prestos a votar en esta nueva ronda, el próximo 11 de abril, tienen en Argentina y Brasil (pero también en el México de Peña Nieto o en el Chile de Piñera) la certeza de lo que van a vivir en un futuro próximo, si se dejan seducir por la oferta engañosa del banquero, que utilizará el Estado para extender sus negocios y redistribuir la riqueza, y que jamás gobernará en favor de las grandes mayorías sociales del Ecuador.

Finalmente hay que señalar que el expresidente chileno de talante neoliberal, Sebastián Piñera, que en 1982 se benefició patrimonialmente de la quiebra del Banco de Talca y que estuvo prófugo de la justicia, viajó a Ecuador a entregarle su respaldo al banquero Lasso. En lugar del dicho popular que reza que “la sangre llama”, en este caso “el dinero llama”. Como dicen en Ecuador, y espero que en Chile también se invoque ¡Prohibido olvidar!

Rompiendo el cerco neoliberal

Escrito en . Publicado en Derechos.

Álvaro Vega Sánchez. Sociólogo.

Hoy, como en tiempos de la conquista, son los valientes pueblos originarios quienes están abriendo horizontes de esperanza, con su lucha justa por afirmar su identidad/dignidad y defender sus derechos, particularmente la recuperación de sus tierras.

Se trata de una lucha digna, patriótica y ejemplar de más de 500 años y que también significa, en nuestros días, romper el cerco neoliberal que les ha negado el verdadero derecho de ciudadanía, que va más allá de portar una cédula de identidad o de un principio constitucional que afirma la identidad pluricultural de un país.

En nuestro país, se han visto obligados a tomar acciones de hecho para recuperar sus tierras ante la desidia del Estado para proteger y defender sus derechos. Les ha costado caro. Pero están dispuestos a no claudicar.

Se han convertido, así, sin proponérselo, en la punta de lanza de la gran batalla que está librando el pueblo costarricense para romper este cerco que ha creado dos Costa Rica, como acostumbraba a decir, ya en los aciagos años de 1980, el insigne filósofo don Oscar Barahona, y que no solo ha negado y violentado derechos a nuestros conciudadanos indígenas, sino también a las trabajadoras y trabajadores del sector público y privado del país.

 El cerco neoliberal que se venía fortaleciendo con la triple alianza entre el Partido Acción Ciudadana, el bipartidismo PLUSC y los partidos religiosos fundamentalistas PRN y PNR, conforme se acercan las elecciones del 2022, se muestra cada vez más debilitado, y no se vislumbra ninguna señal de repunte de ninguno de estos partidos que podrían darle un nuevo aire.

La decadencia del cerco neoliberal es una tendencia dominante en América Latina y, a raíz de la pandemia, el impacto cada vez más devastador del cambio climático y los desesperados y masivos flujos migratorios, entre otros fenómenos asociados a esta “jaula de hierro”, adquiere alcance global.

Este cerco, que pretendió reconquistar Bolivia con la biblia fundamentalista desplazando a la bandera wiphala, símbolo sagrado de los pueblos indígenas del altiplano, perdió la batalla. Y en Brasil es cada vez más inminente su fracaso, de cara al vergonzante papel del presidente Jair Bolsonaro, apoyado también por el fundamentalismo religioso. En Argentina se desplomó y en Ecuador, al parecer, va por el mismo camino.

El binomio entre partidos de derecha política con rasgos neofascistas y el fundamentalismo religioso pierde credibilidad y fuerza política. Ha quedado expuesto su rostro antidemocrático, intolerante y violento, tanto en el golpe de Estado en Bolivia como en los actos en la Casa Blanca que buscaban deslegitimar la elección del presidente Biden.

Sin embargo, hay nuevos intentos de recuperar espacio político en países como Perú, con la candidatura de Rafael López Aliaga que emula el comportamiento del bolsonarismo, tal y como lo argumenta, el sociólogo de la religión, Pablo Barrera (ver aquí).

También, en nuestro país, el liderazgo político-religioso fundamentalista se apresta a una recuperación de su fuerza política, capitalizando el descontento mayoritario con el actual gobierno de perfil más laico. Pero, no le será fácil por su complicidad con la política neoliberal prevaleciente. Asimismo, ya no tendrá el mismo efecto electoral levantar la bandera del mesianismo para “salvar” al país, cuando han sido evidentes y escandalosas las disputas por repartirse el botín de la deuda política, que los ha conducido a dividirse. Una vez más, se muestran como partidos que van tras los panes y los peces.

Se están dando las condiciones para romper el cerco hegemónico neoliberal en Costa Rica. Es la única vía para defender y fortalecer el régimen democrático y garantizar el respeto a los derechos de los indígenas y de las trabajadoras y trabajadores hoy vilmente pisoteados.

La Metamorfosis. Cuando la Constitución deviene «leyenda urbana»

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Luis Paulino Vargas Solís
Economista, director a.i. CICDE-UNED

Me refiero aquí al artículo de Rubén Hernández Valle, titulado “La burguesía salarial y la autonomía universitaria” (La Nación, 5 de marzo de 2021).

El escrito transmite claramente la impresión de que el distinguido jurista da por bueno que a las universidades se les aplique una versión parcialmente modificada de la ley del empleo público. Ello podría incomodar a La Nación, medio que, con infinita largueza y generosidad, le concede a Hernández Valle, tarima y altavoces para difundir sus ideas. Es que, como es público y notorio, ese medio se ha dedicado a satanizar cualquier posible trato diferenciado a las universidades.

O sea, pareciera que Hernández Valle contradice la ortodoxia establecida, puesto que admite que para el personal académico de las universidades rija una especie de sistema paralelo de remuneración o premio, que se entregaría de forma casuística. Ilustremos el punto. Dígase que este año Paquita publicó un par de artículos científicos y Remigio un libro. Entonces les dan un bono (o varios bonos, no lo sé), como recompensa. Claro, ello no se incorpora a sus salarios, pero sí aporta un “plus” para el año o temporada en que les fue concedido, con la posibilidad de que esos “pluses” se repitan cada vez que Paquita y Remigio publican algo.

Lo de “plus”, bien lo sabemos, es palabra maldita, ominosa, peligrosísima. Ninguna persona que no desee caer en desgracia con los grandes poderes que rigen a nuestro país, debiera jamás pronunciarla. Y, claro está, Hernández Valle no la menciona. Su heterodoxia no da para tanto. Lo de “plus” lo digo yo, que de todos modos soy parte del grupo de forajidos, que aquellos poderes ha declarado culpables de todos los males que aquejan a Costa Rica. Pero, en fin, es rigurosamente cierto que Hernández Valle mete por la ventana de atrás, este otro tipo de “plus”, acaso confiado a que La Nación no se entere. No vaya a salir regañado.

Eso sí, ni Paquita ni Remigio tendrán una trayectoria académica que exhibir y de la cual ufanarse, para al cabo de los años decir: “soy catedrática”, “soy catedrático”. A los 60 serán el mismo profesor y profesora que eran a los 22 ¿O será que en la versión de Hernández Valle es posible conceder este tipo de estímulos morales a modo de pluses simbólicos? No lo sé, y el famoso jurista no lo aclara.

Por otra parte, nos alecciona Hernández Valle en el sentido de que las universidades, dotadas de “autonomía administrativa”, pueden “administrar su personal (nombrarlo, sancionarlo, despedirlo, etc.)”. Y, sin embargo, el proyecto de empleo público dice que es un órgano externo a las universidades el que reglamentará todo eso ¿Realmente las universidades estarían “administrando su personal” cuando es una instancia externa la que formula y aprueba los reglamentos que regulan esos menesteres? No creo que Hernández Valle sea tan ingenuo como para tomarse en serio tal cosa, aunque sí pareciera lo suficientemente arrogante como para creer que los demás somos tan idiotas como para admitir tamaño desatino. Lo más que podríamos decir es que las universidades aplicarán las reglas que alguien más formuló, con un agravante: ese ente externo posiblemente no tiene ni idea de cómo funcionan las universidades públicas costarricenses.

Podemos ilustrar el punto así: supóngase que Hernández Valle tiene un muy exclusivo bufete de abogados (es solo un decir, ignoro si lo tiene). Pues resulta que una empresa que se dedica a la fabricación de inodoros se encarga de formular los reglamentos en materia de personal del bufete de nuestro distinguido jurista ¿podemos confiar que lo harán bien y a satisfacción de tan reputado abogado?

Hernández Valle nos habla asimismo de la “autonomía académica” y de la “autonomía financiera”. En relación con esta última menciona el “numeral 85 de la carta política”, y, en gesto de inusitada magnanimidad, reconoce que depender en materia de financiamiento “de los humores del Ejecutivo o del Legislativo”, impediría ejercer “a cabalidad” la autonomía académica. Aquí de nuevo, el señor jurista arriesga ganarse una reprimenda por parte de los mandamases. Baste recordar que La Nación misma ha presionado reiteradamente para que los “humores del Ejecutivo o del Legislativo” metan mano en los presupuestos universitarios, y cuando lo han hecho -porque recientemente lo han hecho- lo han aplaudido de pie y a rabiar.

En relación con esto último, y como para apaciguar la ira que sus heterodoxias y veleidades pudiesen provocar, Hernández Valle enfatiza que las universidades están obligadas a observar una “sujeción estricta a la regla fiscal”. Cae entonces la pregunta: y si la regla fiscal de alguna manera entrase en conflicto con el “numeral 85 de la carta política” ¿cuál prevalecería? Se supone -entiendo que todavía el orden institucional de Costa Rica funciona de esa forma- que una norma constitucional es superior a una ley. Y la regla fiscal -no lo olvidemos- nace de la ley 9635.

Pero hay algo más que, no obstante la infinitud de su sapiencia, Hernández Valle deja pasar desapercibido: el artículo 78 de la Constitución. Este ordena que a la educación (incluidas las universidades) se destinará un financiamiento total, no inferior al 8% del PIB. Supuesta una “sujeción estricta a la regla fiscal” ¿sabe usted que ocurriría con los presupuestos para educación (la totalidad de éstos, no solo los de las universidades)? Sencillo: el porcentaje con respecto al PIB irá disminuyendo con el paso del tiempo. Es un resultado inexorable que deriva del diseño de la regla fiscal y de la aritmética que le es propia. Mientras la deuda pública exceda del 30% como porcentaje del PIB, el gasto en educación estará forzado a crecer menos que el PIB, y, por lo tanto, el porcentaje entre ese gasto en educación y el propio PIB, irá en descenso año con año. Y si hoy la deuda ronda el 70% del PIB ¡haga usted cálculos para cuándo se logrará que descienda por debajo del 30%! De aquí a ese momento -acaso yo no vea la aurora de tan venturoso día- el porcentaje que los presupuestos de la educación representen en el PIB, habrán caído lejos, muy lejos del 8%.

Ya para entonces, el artículo 78 constitucional habrá pasado a ser, por mérito propio, una “leyenda urbana”, muy de acuerdo, por cierto, con la estética literaria tan del gusto de nuestro afamado jurisconsulto. Y, entonces, ¿mantenemos apego al mandato de “sujeción estricta a la regla fiscal”?

Y en cuanto a la “autonomía académica”, hay hilos que el señor abogado no enhebra. Dejarlos sueltos es peligroso. Esa autonomía no solo requiere, para hacerse efectiva, de la autonomía financiera, de forma que, en materia de dineros, las universidades no queden sometidas a “los humores del Ejecutivo o del Legislativo”. Es que la autonomía académica se concreta en la libertad de cátedra, y ésta última es mucho más que un principio abstracto que flota en el éter de las ideas. La libertad de cátedra se hace efectiva, se encarna y materializa, cuando los académicos y las académicas la ejercitan: en la docencia, la investigación o la extensión o acción social. La cosa se enturbia cuando el nombramiento, evaluación, despido, etc. de ese personal queda sujeto a reglamentaciones influidas por “los humores del Ejecutivo o del Legislativo”, que es, exactamente, lo que ocurre en este caso.

También nos habla Hernández Valle de las convenciones o negociones colectivas. Se abstiene de repetir su tan entrañable pero vulgar falacia en relación con el artículo 6 del Convenio 98 de la OIT, pero igual insiste en la prohibición. Ello convierte en “leyenda urbana”, no solo el artículo 62 de nuestra Constitución, sino también el propio Convenio 98, como también el Convenio 154 de la OIT.

Pero, en fin, creo que de eso se trata justamente. Es decir, las realidades políticas en Costa Rica han evolucionado hacia el imperio incontestable de ciertos intereses y, respectivamente, de la ideología propicia a esos intereses. Esa hegemonía es a tal punto asfixiante, que inclusive están reescribiendo la Constitución y reescribiendo las obligaciones internacionales del país. Todo aquello que no se ajuste a esos intereses y esa ideología va metamorfoseándose en “leyenda urbana”.

En el cierre de su artículo, tal y como ya lo había hecho en el título de éste, Hernández Valle opta por curarse en salud, recurriendo a la descalificación a priori en contra de quienes opinen diferente a él. Sé que mucha gente que lea esto, recurrirá al mismo sucio y vil procedimiento. Me tiene sin cuidado. A mis 63 años, con mi derecho jubilación mediante el sistema IVM de la Caja debidamente consolidado, y habiendo renunciado a cualquier figuración política, puesto que Costa Rica jamás me consideró merecedor de alcanzar ninguna, no tengo ya ningún interés personal que defender. Lo dejo dicho, pero sin esperar que haya ninguna comprensión sobre mi decir.

 

Tomado del blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/

El lobo y la oveja

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Hernán Alvarado

El 24 de octubre de 2020, La Nación publicó en su página 15 un artículo un poco raro de un autor tristemente célebre, titulado: «El instrumento y la toalla», factura del primer ciudadano de la República. Fue una comunicación baladí, tan inocua que pasó inadvertida, pese a que informa tanto sobre quién gobierna; o cuando menos sobre su megalomanía -conocido efecto del ejercicio del poder. Tal vez fue otro intento desesperado de mejorar imagen, mientras repite, pendiente abajo, que no le «…importa el costo político personal o la vanidad de la popularidad.»

Si los diputados hubieran cumplido con la reforma constitucional del artículo 9, del año 2003, y hubieran aprobado ya la revocatoria de mandato, otro gallo le cantaría. Hasta entonces la rendición de cuentas del artículo 11 seguirá siendo un saludo a la bandera. Pero el último informe de este mandatario fue más bien un insulto al Soberano. Raro también que mencione, entonces, en este extraño artículo, su «corazón republicano».

Dime con quien te comparas…

El artículo presenta un asunto personal y excepcional, a la sombra del actual «contexto crítico», «…coyuntura tan dura para el país». Y «más que para mostrar espiritualidad» lo hace para «delinear los valores» que guían su conducta. Ahora bien, ¿qué sentido tiene ventilarlos públicamente? ¿Acaso combate así la imagen de ateo que sus oponentes han querido endilgarle? Más adelante llega a afirmar que «Gracias a Dios no le debo nada a nadie, más que a mi familia… y al banco». ¿Y a sus electores, tampoco les debe nada? Confiesa, quizá sin querer, que el voto es para él un cheque en blanco, lo que explica bastante bien por qué gobierna como lo hace.

Al Presidente no le interesa mostrar espiritualidad, pero se apoya en una «oración que durante cinco años repetí en las mañanas y arraigó en mí como principio orientador de vida». Enseguida cita la oración que comienza diciendo: «Señor, hazme instrumento de tu paz…». Entonces, corresponde aludir primero al sujeto omitido de la oración, a Francisco de Asís (1182-1226), figura extraordinariamente significativa.

Francisco encontró su fe en el templo de San Damián, donde una imagen de Jesucristo le pide restaurar su iglesia en ruinas. Él restauró su templo, pero también su iglesia, es decir su pueblo, fundando tres órdenes religiosas. El que bautizaron Juan representa la esperanza del cristianismo, porque sustituye la pasión del sacrificio por el gozo de una presencia suprema. Lejos de fundar su fe en el miedo y el castigo, la busca en el amor humano. Francisco de Asís renuncia a su riqueza material y a sus títulos de nobleza para convertirse en un instrumento de paz; renuncia al ejército papal, a su ropa, incluso renuncia a ser sacerdote, por no considerarse digno de la investidura. Su mensaje es tan potente porque predica con el ejemplo; cuidando a los pobres, a los enfermos y protegiendo a los animales. La leyenda del lobo retrata bien su apuesta ética. Se cuenta que Francisco pactó con un lobo que azotaba a la ciudad de Gubbio; fiera que merecía el peor castigo. Pero su compasión lo amansa y convence a los pobladores de alimentarlo, en vez de perseguirlo. Su mensaje es conciliador y convoca a una convivencia pacífica, esperanzada y dichosa. En ese sentido, el Papa actual eligió muy bien su nombre, el cual porta con suma dignidad, aunque por ser la primera vez parezca más bien un síntoma.

Nada en común, entonces, con el estilo de gobierno del Presidente; así que se ve enseguida que la comparación no aplica. Más aún, resulta chocante que aluda a una voluntad espiritual tan radical para referirse a un ejercicio político tan superficial, que ha traído dolor y decepción a tanta gente; entre otros, a los miles de despedidos durante la pandemia para cuidar la rentabilidad de las empresas y los cientos de jubilados a quienes se les ha metido, descaradamente, la mano en el bolsillo.

Bien haría el señor Presidente en seguir el ejemplo de Francisco, renunciando a su arrogancia y mejor aún a su puesto, tan mal ejercido hasta ahora; por haber convertido la Presidencia de la República en piedra de discordia; en vez de erigirla, según había prometido, y según su deber, en atalaya de la concordia nacional. Por otra parte, hasta ahora él solo ha renunciado a una pensión que todavía no tiene y a una popularidad que ya había perdido irremediablemente.

¿Otro falso mesías?

El Presidente piensa que nos ha salvado de lo peor, prestándose como «un instrumento para el país», «…para hacer las cosas que antes no se quisieron o no lograron hacerse». En cambio, él quiso y pudo hacerlas porque comprende que la popularidad, que lo puso ahí, es pura «vanidad». En particular, para quien se siente llamado a «evitar una nueva crisis social, económica y política». Por eso, afirma que en el tiempo que le queda seguirá resolviendo «…por el fondo, no cosméticamente, y menos aún pateando la bola al próximo gobierno.»

Según lo que dice, él piensa que nos alejó del abismo con la reforma fiscal, aunque no hay mejor ejemplo de una decisión cosmética, que beneficia a unos cuantos y tira la bola hacia adelante. No hay mejor muestra de que en este país la clase política le tiene miedo a la mafia empresarial. La misma que hace «clavos de oro», goza de jugosas exenciones y amnistías, evade y elude sus obligaciones fiscales, se roba el impuesto de ventas, contrabandea y estafa impunemente. Cuando haya investigación en serio seguro que se encontrará también su asocio, de larga data, con el narcotráfico; con el que comparte la manía de esconder ganancias. Al respecto, el Presidente puede preguntarle a su principal asesor, el ministro que lo enlaza con el sector privado. La mafia empresarial demanda mejores servicios y carreteras, junto con el recorte del gasto público, trapito de dominguear del Presidente que revela para quien trabaja tanto.

La pandemia, junto con la crisis que desató, puso en evidencia que fue una falsa solución, una medida remendona para evadir el problema de fondo, o sea, una reforma fiscal justa y progresiva. Ahora el virus le sirve de excusa, aunque mala porque su eventualidad fue prevista desde el 2015; prueba de ello es que ya casi se tenían las vacunas listas. Hoy que el país se encuentra sumido en la anunciada crisis fiscal y en una más profunda crisis económica, el Presidente declara impávido que «Si aspiré a gobernar fue para evitar a toda costa una dolorosa crisis fiscal para las personas del país, apelmazada por 20 años durante los cuales, por un motivo u otro, no se concretaron las soluciones.»

Él está convencido de haber evitado lo peor, de haber sido un instrumento «en especial para quienes sufren pobreza y desempleo», bajo el alero de un manoseado argumento neoliberal: la medicina es amarga, pero es mejor que la enfermedad; las medidas son dolorosas, pero sería peor no tomarlas. El problema es que después de 40 años de neoliberalismo la enfermedad se ha agravado cada vez más pues la verdadera pandemia es la desigualdad social, resultado de esa política económica impuesta, desde el «consenso de Washington», mediante una dictadura en «democracia», ejercida con desparpajo por esos «representantes» que no escuchan, ni respetan, ni rinden cuentas a quienes los eligieron; puesto que ya se sabe que «La clase política no le tiene miedo al pueblo» (diputada del PLN, Yorleny León).

Si se ha gobernado o no para los pobres y desempleados lo dirán próximamente, en las urnas, los jóvenes, las personas con discapacidad, los vendedores ambulantes, las pequeñas empresas familiares, las jefes de familia, los pequeños agricultores abandonados hace años, los trabajadores despedidos, las comunidades pesqueras y fronterizas, las personas pensionadas. Y todos aquellos que se han quedado esperando una reactivación «inclusiva y solidaria». Admitiendo que el Presidente se ha prestado como instrumento, la pregunta entonces sería: ¿un instrumento de quién y para qué?

¿Y la oveja?

Lejos de ser instrumento de paz social, este Presidente ha venido a atizar la lucha de clases, apoyándose en la maquinaria mediática de la plutocracia. En complicidad con una Asamblea Legislativa que da vergüenza ajena, ha ignorado o vacilado a quienes protestan y proponen. Ha criminalizado las manifestaciones callejeras, ha satanizado las pensiones dignas y se ha aprovechado del confinamiento para aprobar, a toda velocidad, una serie de medidas anti-laborales, a cual más ocurrente, inconstitucional e irresponsable. Mientras tanto, los diputados se han ido a enterrar en su búnker, que más parece una caja de (mala) leche que un «santuario de la democracia».[1] Nos costará años reparar los desaguisados de este (des)gobierno.

Por otra parte, el Presidente dice que combate el populismo porque «…es la peor amenaza que nos acecha y contra el que había y hay que actuar». ¿Y por qué? Porque «…expresa odio hacia algunos o discriminación en todos los sentidos.» Sin embargo, pasa por alto que el principal rasgo populista es precisamente un líder mesiánico como él, que se sirve del odio y el miedo con la cuchara grande. Él se ha basado, por ejemplo, en las campañas orquestadas y denigrantes contra las personas jubiladas, contra los empleados públicos, contra las universidades y su autonomía, con el único fin de cargar de impuestos a las mismas espaldas de siempre y continuar con su obsesiva reducción del Estado. Ese populismo neoliberal, al que parece atado de pies y manos, muestra hoy sus garras más despiadadas, porque está más acorralado que nunca. Por eso crea enemigos por doquier, mediante campañas repetitivas de corte neofascista, a cual más mentirosa y manipuladora.

Así que no es casualidad que don Carlos haya salido premiado con el título del peor presidente, entre 11 países considerados, según información reciente de CID-Gallup; algo que no debería seguir tomando a la ligera. Ningún presidente que haga lo que hay que hacer obtendría una calificación tan mala. En definitiva, el Presidente no es convincente porque su discurso no pega con la realidad y él mismo convirtió el «diálogo nacional», su mayor esperanza, en otro simulacro mediático; para lanzarnos después en las fauces del Fondo Monetario Internacional.

En suma, estamos enfrentando a un Presidente que se cree salvador, hasta el punto de pretender compararse con Francisco de Asís; mientras hace un discurso incendiario, provocador y desafiante. Él dice que combate privilegios (de los pensionados) mientras defiende los lujos y privilegios de la mafia empresarial, al punto de que el último Ministro de Hacienda debió irse por poner el dedo en la llaga de la evasión y por no encontrar «el prócer» que necesitaba el país, según sus propias palabras, para enfrentar la delicada situación fiscal post pandemia. Lo cierto es que este gobierno ha sido, como lo expresara Luis Fernando Astorga, un gobierno de los ricos, con los ricos y para los ricos; que se ha dedicado, contra su juramento, a conculcar nuestra Constitución, actuando como una dictadura que impone su ley y su criterio, sorda a cualquier otra opinión. A eso llama gobernar con firmeza.

De ahí que la democracia liberal representativa esté tan herida de muerte, porque sus salvadores desprecian a quienes los eligen y les piden cuentas. Hoy mismo, esa élite gobernante se siente llamada a acabar con el Estado social que surgió del pacto histórico del 49. Pero un derecho es una libertad socialmente conquistada, por eso pretender transformar los derechos adquiridos en odiosos privilegios resulta tan regresivo, tan bárbaro, tan brutal como querer devolver la rueda de la historia. Eso atenta contra los derechos humanos, incluso contra el derecho de propiedad, infectando a todo el sistema de inseguridad jurídica, a penas propia de un Estado fallido. En conclusión, este gobierno arbitrario y autoritario, de corte neofascista, ha declarado repetidamente y de diversas maneras que ha venido a hacerle la guerra a nuestra paz social. A eso llama resolver los problemas del país.

Al final, el Presidente suelta su broma: «¿Y la toalla? Solo me sirve para secar sudor y arropar el amor por Costa Rica». Un intento ingenioso, aunque malogrado, que más bien parece otra «burrada», porque ¿en qué cabeza cabe que el amor por Costa Rica necesita ser arropado y además con una toalla sudada?[2] Para colmo, don Carlos ha resultado, como Presidente, un mal comunicador y humorista. ¿Y la oveja? Sirva solo para recordar que hoy abundan los lobos que suelen arroparse con su linda piel.

[1] Sobre la estética fascista de ese edificio ver el excelente artículo de Laura Flores Valle en el Fígaro, titulado: Mirar y obedecer: la estética autoritaria del nuevo edificio legislativo; se encuentra en: el-figaro-net.

[2] «Si digo una burrada me corrigen porque yo no paso de periodista» Carlos Alvarado, 21 de noviembre de 2020.

Propuesta de líneas políticas en Salud Nacional

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Marlin Óscar Ávila Henríquez

«Este trabajo ha sido elaborado con la esperanza que un nuevo poder político lo trate de utilizar en un Estado de Derecho, con un gobierno elegido en las próximas elecciones que se efectuarían en noviembre del presente año en Honduras. Si no, cuando llegue a existir.

Sin lugar a dudas, su aplicación enfrentaría obstáculos fuertes, aun en un Estado de Derecho. Irónicamente el sector que puede obstaculizarlo bastante será el mismo gremio de los galenos integrados en el Colegio Médico de Honduras (CMH). Sabemos bien que el sistema del libre mercado o neocapitalismo, ha tenido existo en conquistar a los médicos a su favor. Las significativas prebendas que reciben de las grandes farmacéuticas; las ventajas y privilegios en ingresos al ser contratados por centros privados, hospitales, y demás servicios privatizados en el sistema de salud, les ha hecho olvidar su ética médica y su juramento Hipocrático e inclinarse más por privilegiar sus ingresos económicos y mercantiles frente a lo humano y el salvar vidas. Así como ocurre ahora en Bolivia, donde el gobierno declaró en emergencia sanitaria y, muchos médicos se han opuesto porque les afecta sus bolsillos, declarando paro general, el gremio de médicos favorecido con la privatización, allí, como en otros países, sin excluir a Honduras, son capaces de incumplir con sus juramentos, de dejar morir pacientes en significativas cantidades, si se les presenta la opción de elegir entre mantener sus privilegios o servir al pueblo.

Marlin Óscar Ávila».

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La indignación social debe servir para construir un mejor país

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Tengo la certeza de que hay muchas causas y motivos para estar indignados. La indignación ha venido en aumento, conforme la situación económica de las personas y las familias empeora y no se encuentran respuestas certeras y concretas, ni en el Gobierno, ni en la Asamblea Legislativa.

La pandemia ha exacerbado y desnudado una crisis económica y social, cuyas causas más relevantes hay que asociar al impulso de un modelo económico, el neoliberalismo, que ha venido debilitando y erosionando el Estado Social de Derecho, desde hace más de 30 años.

Cada vez más costarricenses se convierten en víctimas de la desigualdad social, derivada de ese modelo que han aplicado sucesivamente, unos más-otros menos, gobiernos del PLN, PUSC y PAC. Empero esa desigualdad social creciente no ha crecido sola: Se ha incrementado a la par de una concentración cada vez más notoria de la riqueza en menos manos. Hace algunas décadas, cuando Costa Rica gozaba de una mejor distribución de la riqueza, se hablaba de que en El Salvador tal riqueza (y el poder político) estaba concentrado en 14 familias. Hoy, nuestro país, ha transitado un escabroso camino que se parece cada vez más al modelo salvadoreño.

Más y más costarricenses están irritados por el creciente empobrecimiento y por la incertidumbre que emerge al mirar el futuro. Dentro de este dominante escenario de indignación social, también causa molestia y hastío el festín de precandidaturas presidenciales, llenas de desmedidas ambiciones personales y vacías de propuestas de políticas inclusivas, que ofrezcan soluciones reales a la gente.

Lo malo es que muchas personas reaccionan contra la política y no, como debía de ser, contra las y los políticos que usufructúan de ella, sin compromiso social medible en hechos y cuyas promesas siempre se las lleva el viento.

En el mejor de los casos, esta indignación social de hoy puede empujar a muchas personas a la apoliticidad y al abstencionismo, y con ello a una pasividad nada alentadora y constructiva. Cuando, hoy más que nunca, se requiere enarbolar el artículo 9 de nuestra Constitución Política, en lo atinente al carácter participativo que debe tener la democracia costarricense, es contraproducente que cada vez más personas –justamente irritadas por asociar la “política” con el aprovechamiento patrimonial de que hacen gala muchos políticos–, se desmovilicen y no ejerzan plenamente sus derechos ciudadanos.

Valga recordar que la apoliticidad es una posición política que hace que la persona que la reivindica se haga a un lado para que otras personas decidan por ella, en asuntos que son de su primordial interés. La democracia sólo se fortalece con más democracia, pero para ello se requiere la más activa y consciente participación social y política de la ciudadanía. La auto marginación de las mayorías hace que las élites plutocráticas, afiancen su dominio económico y político a sus anchas en desmedro de la democracia y el Estado Social de Derecho.

Sin embargo, la indignación creciente puede convertirse en una bomba de relojería, que se manifieste a través de estallidos sociales. No hay mal que dure cien años ni cuerpo –social—que lo resista. Ya varios organismos internacionales (con números en la mano), están pronosticando para América Latina en este 2021 pandémico y de incremento de la desigualdad y exclusión social, la aparición de estallidos motivados por la ira social.

Y el país está sumando números en esa rifa, ante la falta de propuestas concretas y viables de reactivación realmente inclusiva y justa, que ofrezca respuestas inmediatas y en perspectiva para amplios sectores sumergidos en la pobreza y la marginación social. Y esa falta de respuesta es gasolina y fósforos, que aportan tanto los que dominan el escenario político actual, como los que aspiran a dominarlo en las próximas elecciones y que piensan que el pueblo está condenado al olvido y a la inconsciencia política perpetua.

Es por ello que es imprescindible que cada vez más personas y grupos, se movilicen social y políticamente, hacia el norte de las propuestas progresistas, decentes y defensores de un Estado Social y Ecológico de Derecho. Sólo transitando por ese camino de certezas y esperanzas, la Democracia no ha de enfrentar los designios de un Estado fallido, en el cumpleaños 200 del país realmente progresista y democrático, que debemos ser.

(8 de marzo, 2021)

Distancia social: la paradoja de las fracturas en la Costa Rica del bicentenario

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Al ser 6 de marzo se cumplen 365 días exactos desde que fue anunciado el primer caso por Coronavirus en Costa Rica. En esos días, las informaciones resultaban escuetas pero llevaron a localizar los primeros incidentes en la provincia de Alajuela, concretamente en el Hospital de la ciudad.

Luego se conocería que entre los afectados de forma temprana por la enfermedad, se encontraba una pareja de turistas estadounidenses, cuyas identidades, proveniencia y estadía en el país fueron manejadas con absoluta discreción y privacidad. Semanas después, el aumento exponencial de casos fue relacionado con la presencia de población migrante, fundamentalmente proveniente de Nicaragua, en lo que hemos definido en varias oportunidades, como la constitución de las espacialidades de la sospecha: asentamientos urbanos, cuarterías, fincas de producción piñera ubicadas en la zona norte del país, quedaron subsumidos en una especie de lugares peligrosos y potencialmente mortales.

Tanto fue el discurso y la presión mediática sobre esta relación entre migración y enfermedad, que llevó a las autoridades costarricenses a definir por primera vez en años una estrategia interinstitucional de seguridad fronteriza denominada «Frontera segura», que básicamente consistía en clausurar y blindar las posibles entradas irregulares de personas provenientes de Nicaragua al país, garantizando con ello el resguardo de la higiene costarricense que ya empezaba a debilitarse. El manejo libertino de la pandemia por parte de las autoridades de aquel país hizo levantar aún más las consideraciones sobre el distanciamiento y el tratamiento de sospechoso sanitario a todo aquel proveniente de la geografía del norte.

La forma inédita mediante la cual varias comunidades se organizaron para rechazar albergues con personas enfermas, muchas de ellas migrantes, es un claro ejemplo del impacto de los discursos y las prácticas institucionales conjugadas con una agenda mediática volcada a responsabilizar a los extranjeros, a cierto tipo de extranjeros, sobre el aumento de los casos y la incontenibilidad de una posible masificación del virus.

Valga decir que, contrario a lo que ocurrió con la pareja de turistas estadounidenses, la exposición de muchos grupos de personas migrantes de origen nicaragüense a la opinión pública fue constante, agresiva, irrespetuosa. Para ellos no hubo protección de identidad ni cuido en hoteles: sus rostros y cuerpos fueron expuestos una y otra vez en medios de comunicación y redes sociales, socavando el principio de resguardo de imagen e identidad que debe privar en medio de situaciones extremas como las que se instalaron a nivel global durante el año 2020. Una fractura más en la convivencia se había instalado.

Esta situación fue fiel reflejo de la traducción colectiva y empírica de una serie de conceptos, antes desconocidos, que fueron introducidos por las autoridades de salud costarricenses como una forma de ajustar las indicaciones emanadas desde organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asi, se empezaron a escuchar con frecuencia nociones como confinamiento, testeo, burbujas sociales, curvas planas y levantadas y distancia social.

En este último concepto, no solo se implementaron las prácticas sugeridas de guardar una relación de cerca de dos metros con respecto a otras personas, sino que la noción fue llevada al campo macro social donde espacialidad, clase, nacionalidad y sector de empleo, terminaron por evidenciar el recorte profundo en una sociedad aboslutamente fragmentada como la costarricense.

Ya desde antes de la pandemia las distancias sociales y poblacionales eran evidentes, luego de las primeras implementaciones del plan de ajuste fiscal aprobado durante el año 2018 y que delineó una conjugación de intereses privados con las definiciones de enfoque neoliberal desarrolladas por los cuadros económicos y sus músculos politicos enquistados en la gestión gubernamental del país.

Según el Programa Estado de la Nación, la crisis estaba instalada antes que la coyuntura sanitaria fuera declarada con el primer caso: un 21% de hogares costarricenses se encontraban en condiciones de pobreza; 9% de los cerca de 1.600.000 hogares existentes en Costa Rica no tenían las condiciones para que la gente se «quedara en casa» y un 7% no contaba con acceso a servicios básicos como agua, luz y disposición de desechos sólidos[1].

Hoy en día la situación es más crítica. Hacia finales de 2020, de acuerdo con INEC, el porcentaje de hogares pobres había crecido hasta un 26%, siendo la cifra más alta registrada en el país en los últimos 30 años. Al iniciar el año de la pandemia ya se tenía una cifra de desempleo relevante del 12.5% que aumentó al 24% durante los meses más duros y que luego se estacionó en una todavía alta cifra de dos dígitos del 20%.

Habrá que esperar por los datos agregados del primer trimestre de este año para tener una verdadera dimensión de lo ocurrido. Sin embargo, dados los escenarios mostrados, una verdadera distancia social real se ha instalado en el país. Ya no solo recoge la habitual eversión entre personas costarricenses y cierto tipo de migrantes como lo hemos expuesto en la primera parte de estas reflexiones; ahora suma las desigualdades crecientes, los altos niveles de exclusión social y los procesos de división y polarización que continúan confrontando a las mismas poblaciones, en un juego alimentado por cámaras, empresarios, medios y ciertas visiones tecnócratas y reduccionistas instaladas en las esferas gubernamentales.

En el año del bicentenario, las varias Costa Ricas que existen se han hecho evidentes. Algunas no celebrarán la fecha por obvias razones. Otras serán recordadas por su tristemente célebre papel de haber llevado al país a una fractura social sin retorno. Cuando esta columna está siendo terminada, se conocen nuevos actos de violencia en territorios indígenas de China Kichá, escenarios de recuperaciones y de usurpaciones contantes a manos de personas no indígenas. Allí se dibujan quizá en grado sumo las ditancias provocadas por décadas de desigualdad, racismo y exclusión

Con estas evidencias, la distancia social es quizá el mejor calificativo que podemos endosarle a las Costa Ricas del bicentenario. Y estamos claros que no tiene que ver solo con los 1,8 metros solicitados para resguardar el virus. Es una fractura mucho más profunda, aguda e irreversible cuya vacuna no aparece en el horizonte. Al menos por ahora.

[1] Programa Estado de la Nación. «Las desigualdades que enfrentan los hogares en cuarentena». 6 de abril de 2020. Consultado en https://estadonacion.or.cr/las-desigualdades-que-enfrentan-los-hogares-en-cuarentena/

Foto de cabecera: https://flacso.or.cr/noticias/la-otra-distancia-social-reflexiones-y-aproximaciones-a-lo-subnacional/

Carta Pública al Rector de la UCR: La lucha debe ser por toda la institucionalidad solidaria, no solo por las universidades

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 21 de febrero del 2021.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 21 de febrero del 2021.
Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta
Rector, Universidad de Costa Rica
Presente.

Reciba un saludo atento. Quienes suscribimos la presente, todos, todas integrantes de la comunidad de docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad de Costa Rica (UCR), queremos manifestarle, de manera muy atenta y respetuosa, pero también enfática, las siguientes inquietudes.

Por medio de noticias de prensa, entre las que se incluye información publicada en el Semanario Universidad el pasado 16 de febrero, nos enteremos de que los rectores de las universidades públicas, entre ellas la UCR, se encuentran haciendo “lobby” para intentar “conciliar con los diputados una moción con la que se buscaría dejar por fuera del proyecto de Ley Marco de Empleo Público a las universidades estatales” (Zúñiga, Adrián, 16 de febrero del 2021, “Universidades promueven moción para ser excluidas del proyecto de Ley Marco de Empleo Público”; en: Semanario Universidad).

Entendemos que esta gestión se da como reacción ante la inclusión de las universidades públicas en el mencionado proyecto. A su vez, tenemos claro que, con dicha iniciativa de ley, los sectores conservadores, amparados en la gestión del actual gobierno y en las bancadas de los partidos de línea conservadora con los que ha conformado alianza en la Asamblea Legislativa, aspiran a apuntalar el proceso neoliberal de desmantelamiento y pauperización de las instituciones solidarias del Estado Social de Derecho en el país, así como a configurar un mecanismo autoritario y antidemocrático de control político para el sector público. Hacemos eco de estas consideraciones en virtud de que se desprenden tanto del texto del proyecto como de los muchos intercambios y reflexiones que se han generado en diversos foros alternativos sobre el tema.

Sin duda, coincidiremos en que la UCR —al igual que las demás universidades públicas— forma parte sustantiva de toda esta institucionalidad solidaria a la que se intenta asestar un golpe definitivo en la actual coyuntura. En el caso de la UCR, el fundamento solidario de su institucionalidad se pone de manifiesto en su Estatuto Orgánico, particularmente en lo expresado en los artículos 3, 4 y 5. No es casual que la UCR fuera, junto con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Código de Trabajo y las Garantías Sociales, una de las primeras instituciones creadas en el marco del proceso de reforma social que, con perspectiva solidaria, se gestara en los años 40.

Como todos sabemos, gracias al impacto social agregado de todas las políticas y de todas las instituciones creadas en esa época, fortalecidas y complementadas en el devenir de la implementación del modelo de desarrollo que las sustentaba, nuestro país llegó a lograr y a ostentar, por décadas, elevados índices de desarrollo humano. La UCR y las universidades públicas —a la par del resto de instituciones estatales—, no solo aportaron cualitativamente a esos logros, sino que han servido como elementos de “contención” ante el evidente y progresivo deterioro institucional y social generado por la paulatina radicalización de la “contra reforma” neoliberal, de la cual el proyecto de ley Marco de Empleo Público constituye un evidente punto de llegada.

A todas luces, no es solo la UCR ni es solo la educación superior pública lo que está en juego en este momento, es toda la institucionalidad pública en su conjunto, la paz social y la perspectiva de futuro de la nación.

Por lo tanto, en una coyuntura tan crítica como la presente, y ante una acción tan contundente de parte de los sectores conservadores, promotores del deshumanizado proyecto neoliberal, sorprende sobremanera ver que los rectores acuden, al margen del resto de instituciones, fuerzas y movimientos sociales, a tratar de negociar por su cuenta, de manera exclusiva, una supuesta salida o salvamento para las universidades públicas. En un momento histórico que, más que nunca, demanda la mancomunidad de esfuerzos para contrarrestar la arremetida neoliberal, la sociedad costarricense y quienes componen los movimientos sociales miramos anonadados a las autoridades universitarias hacerse a un lado para intentar salvarse a sí mismas, de manera exclusiva, mientras dejan al resto de instituciones a su suerte, con todo lo que eso implica.

Y sorprende aún más cuando el principal recurso argumentativo al que se apela es la “autonomía universitaria”, como si dicho principio constituyera un fin en sí mismo, al margen de las condiciones y circunstancias de la realidad social. La autonomía universitaria sin justicia social es un principio vacío y expresa más una suerte de defensa de «privilegios» que un valor social. No hay duda de que la autonomía universitaria está en juego, pero esta autonomía solo tiene sentido y contenido en función de una sociedad en la que prevalezcan el Estado de Derecho, la solidaridad, la justicia y la paz social. Apelar a la autonomía universitaria para protegerse individualmente y volver la mirada hacia “otra parte” mientras se deja a la suerte al resto de instituciones públicas, mientras se pisotean las estructuras solidarias y se compromete el futuro del país, es una completa incoherencia con los funda-mentos de la Universidad Pública.

Con este accionar, las autoridades universitarias apelan a una “táctica” que poco o nada tiene de estratégica: no solo dan la espalda al resto de la institucionalidad pública y al modelo de sociedad por y para el cual fueron creadas, sino que, además, se dejan llevar por la consabida estratagema, tan propia de los sectores conservadores, de dividir para vencer, con el inminente riesgo de que, al final, se pueda perder todo, incluyendo el supuesto “salvamento” propio.

Además, se dejan tentar por focalizar la discusión en el tema de los salarios, lo cual, si bien es un asunto significativo que hay que enfrentar y resolver, sobre todo desde la perspectiva de las inequidades internas, de ninguna manera refleja la cuestión de fondo, que es el intento de los sectores conservadores de desmantelar la institucionalidad solidaria del Estado Social de Derecho.

Así, toda la pertinencia de la Acción Social, la Investigación y la Docencia, asentados en las lógicas del pensamiento crítico, se ponen en “entre dicho” ante este tipo de procederes de parte de las autoridades universitarias.

Una parte significativa de la “buena imagen” que han tenido nuestras instituciones de educación superior en las últimas décadas se ha asentado en su relativamente coherente y consistente vinculación con la sociedad. Sin embargo, esta imagen ha venido sufriendo un deterioro progresivo. Y, si bien es cierto que esta desmejora se debe en parte a la narrativa conservadora que se reproduce de modo sistemático contra la educación superior pública, también es claro que se suman otros aspectos relacionados con un paulatino inconsecuente accionar social de las universidades en los últimos años.

Destaca de manera especial la gregaria y poco solidaria actitud adoptada por las autoridades de las universidades públicas durante el movimiento social contra la Reforma Fiscal, a finales del 2018, que llevó a las organizaciones sindicales de las instituciones públicas a sostener el movimiento de huelga más largo de la historia del país. En aquella ocasión, mientras esas organizaciones se expusieron al sesgado juzgamiento social —en un contexto de informaciones parcializadas, así como de narrativas políticas y mediáticas plegadas a los intereses del gobierno y del sector empresarial— en el caso de la UCR solo se “concedió” permiso para acudir a un par de marchas, convocadas para caminar “por la acera”, como si la movilización social no tuviera en su carácter disruptivo uno de los principales sustentos para procurar presión y generar cambio en la política pública.

Si bien, en el caso de la UCR, aquella situación se dio bajo la circunstancia de una administración claramente conservadora y poco proclive a apoyar acciones sociales como esas, lamentablemente, pese al advenimiento de una nueva administración que se presentó como defensora de una propuesta progresista, el mismo movimiento social que antes tuviera que ver a las universidades hacerse a un lado ante una lucha tan trascendente, ahora mira cómo los rectores intentan negociar por aparte, a espaldas de los demás.

En estas circunstancias, y ante todas las consideraciones planteadas, nos parece muy importante exhortar a las autoridades universitarias, y en particular las de la UCR, para que reconsideren su accionar, de cara a hacer frente tanto al proyecto de ley concreto como a las transformaciones institucionales que lo motivan.

En particular, recomendamos que las autoridades universitarias de la UCR, antes que promover acciones –negociaciones y marchas— de manera independiente, al margen del resto de actores sociales, apelen a un esfuerzo mancomunado y apunten a sumar esfuerzos con el resto de fuerzas vivas de la sociedad, pues solo de esa manera —sumando fuerzas, antes que dividiéndolas— podremos aspirar a salvaguardar la institucionalidad solidaria como un todo, y a mantener condiciones sociales e institucionales que permitan retomar el rumbo para la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria.

Suscribimos, atentamente:

1.Marvin Amador Guzmán, docente e investigador, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, cédula 106730592.
2. Carmen Caamaño Morúa, docente e investigadora, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Sociales, cédula 105770718.
3.         Lucía Molina Fallas, docente, Escuela de Psicología, cédula 107930190.
4.         Adriana Rodríguez Fernández, profesora, Escuela de Psicología, cédula 1-11220442.
5.         Adriana Maroto Vargas, docente, Escuela de Psicología, cédula 2-0519-0760.
6.         Mariano Sáenz Vega, sociólogo, investigador del Centro de Investigaciones en Antropología (CIAN), cédula 302200485.
7.         Roberto Fragomeno Castro, profesor catedrático, Escuela de Filosofía, cédula 8 0137 0052.
8.         Isis Campos Zeledón, docente e investigadora, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, cédula 106750974.
9.         Andrés Dinartes Bogantes, docente interino, Escuela de Psicología, investigador colabo-rador del Instituto de Investigaciones Sociales, cédula 113010879.
10.      Helga Arroyo Araya, docente Escuela de Psicología, cédula 603030677.
11.      Eva Carazo Vargas, productora de Desayunos de Radio Universidad, cédula 108930621.
12.      Miguel Regueyra Edelman, docente, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, cédula 104910119
13.      Vilma Leandro Zúñiga, profesora, Escuela de Psicología, cédula 303360920
14.      Yorlenny Madrigal Vargas, Centro de documentación, Instituto de Investigaciones Socia-les, cédula 601590539.
15.      Amanda Mesén Badilla, profesora, carrera de Psicología, Sede Occidente, cédula 1-13950114.
16.      Maurizia D’ Antoni Fattori, docente, Escuela de Psicología, cédula 8-0119-0458.
17.      Ignacio Dobles Oropeza, docente, Escuela de Psicología, cédula 104330692.
18.      María José Masís Méndez, docente, Escuela de Psicología, cédula 304050372.
19.      María del Rocío Murillo Valverde, docente, Escuela de Psicología, cédula 106530858.
20.      Mauricio Castro Méndez, docente, Facultad de Derecho, cédula 107130156.
21.      Teresita Cordero, docente, Escuela de Psicología, cédula 401200379.
22.      Laura Chacón Echeverría, docente, Escuela de Psicología, cédula 1512 278.
23.      Eduardo Bolaños Mayorga, docente, Escuela de Psicología, cédula 113860823.
24.      Ruthman Moreira Chavarría, docente, Escuela de Psicología, cédula 1 1017 0869.
25.      Mario Andrés Soto Rodríguez, docente, Escuela de Psicología, cédula 1-1312-0325.
26.      Mirta González Suárez, profesora emérita, Escuela de Psicología, cédula 800480869.
27.      Vernor Arguedas Troyo, catedrático jubilado, Escuela de Matemática, cédula 90013012.
28.      Ana Patricia Maroto Vargas, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 204500764.
29.      Jesús Rodríguez Rodríguez, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 205880957.
30.      Héctor Mauricio Barrantes González, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 205750207.
31.      José Adrián Moya Fernández, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206890333.
32.      Javier Francisco Morera Soto, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206440864. 
33.      Evelyn Alfaro Vargas, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206120068.
34.      Carlos Márquez Rivera, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 800750594.
35.      Andrés Cubillo Arrieta, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206620597.
36.      María Fernanda Vargas González, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206560425.
37.      Imelda María Rojas Campos, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 205820789.
38.      Jéssica Jiménez Moscoso, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206310569.
39.      Melissa Cerdas Valverde, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206530134.
40.      Bryan Gómez Vargas, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 113710405.
41.      Wendy María Araya Benavides, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 207020684.
42.      Priscilla Angulo Chaves, docente y estudiante, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 116750218.
43.      Sindy Mora Solano, profesora, Escuela de Sociología, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), cédula 1-1051-0573.
44.      Gustavo A. Jiménez Barboza, docente, Escuela de Sociología, Investigador IIS, cédula 1-1358-0886.
45.      Sergio Villena Fiengo, Director Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), cédula 8-0086-0259.
46.      Gabriela Jiménez Rodríguez, estudiante, Trabajo Social, Sede de Occidente, carné B23510.
47.      Andrey Gerardo Carrillo Sánchez, estudiante, Enseñanza de los Estudios Sociales y Educación Cívica, Sede de Occidente, carné A61235.
48.      Javier Cisar Arce, estudiante, Enseñanza de los Estudios Sociales y Educación Cívica, Sede de Occidente, carné B82248.
49.      Daniela Oconitrillo Calderón, estudiante, Trabajo Social, Sede de Occidente, carné B95663.
50.      Wilder Johan Díaz Gutiérrez, estudiante, Educación Primaria, Sede de Occidente, carné B92608.
51.      José Armando Obando Vega, estudiante, Enseñanza de la Matemática, Sede Rodrigo Facio, carné B85700.
52.      Tiffany Rodríguez Aragón, estudiante, Enseñanza de la Matemática, Sede de Occidente, carné B96581.
53.      Alex González Rodríguez, estudiante, Gestión de los Recursos Naturales, carné B83488.
54.      Julio Armando Villalobos Bermúdez, estudiante, Enseñanza de la Matemática, Sede de Occidente, carné B88482.
55.      José Pablo Ramírez Marín, estudiante, Enseñanza de la Matemática, Sede de Occidente, carné C06343.
56.      Luis Ernesto Aguilar Carvajal, docente, Escuela de Sociología, Investigador IIS, cédula 1-1025-0338.
57.      Héctor Ferlini Cartín, Sede del Pacífico y Escuela de Filosofía, cédula 113220032.
58.      Flory Chacón Roldán, docente, Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), cédula 113900025.
59.      Adriana Vindas González, docente, Escuela de Psicología, cédula 108760608.
60.      Adriana Sánchez Lovell, Instituto de Investigaciones Sociales (IIS).
61.      Silvia Azofeifa Ramos, docente, Instituto de Investigaciones Sociales, cédula 402000281.
62.      Guillermo A. Navarro Alvarado, investigador, IIS, cédula 114190096.
63.      Amanda Alfaro Córdoba, docente e investigadora, Sección de Artes, Escuela de Estudios Generales, cédula 205590541.
64.      George García Quesada, docente e investigador, Escuela de Filosofía, cédula 901070687.
65.      Carlos Guillermo Calderón Tenorio, estudiante de la Maestría Académica en Teoría Psicoanalítica, cédula 115860293.
66.      Esteban Andrés Morales Solano, estudiante de Bachillerato en Sociología, cédula 305130524.
67.      Laura Pamela Gamboa Granados, estudiante, Trabajo Social, Sede de Occidente, carné B93124.
68.      María Catalina Acuña Blanco, estudiante, Trabajo Social, Sede de Occidente, carné B80053.
69.      Yeisy Dayana Varela Arroyo, estudiante, Enseñanza de la Matemática, Sede de Occidente, carné C08101.
70.      Joshua Rojas Zamora, estudiante, Enseñanza de los Estudios Sociales y la Educación Cívica, Sede de Occidente, carné B66307.
71.      Andrea Molina Ovares, docente Escuela de Psicología, cédula 1 13060256.
72.      Andrés Cambronero Rodríguez, estudiante egresado de la Maestría en Psicología Comunitaria, UCR, cédula 1-1516-0984.
73.      Maricel Monge Chaves, estudiante de Geografía y Enseñanza de Estudios Sociales, cédula 115620858.
74.      Melissa Hernández Vega, estudiante, Maestría en Estudios de las Mujeres, Géneros y Sexualidades, cédula 1-1472-0652.
75.      Luis López Ruiz, docente e investigador, Escuela de Sociología e IIS, cédula 108030653.
76.      Josué Arévalo Villalobos, docente, Escuela de Psicología e INIE, cedula 109790015.
77.      Marisol Jara Madrigal, docente, Escuela de Psicología, cédula 109990220.
78.      María Andrea Araya Carvajal, docente, Escuela de Psicología, Sede Rodrigo Facio y Sede de Occidente, cédula 1 1090 0787.
79.      Soledad Hernández Carrillo, docente, Escuela de Psicología, cédula 110900469.
80.      Roberto Herrera Zúñiga, docente, Escuela de Filosofía y Sede de Occidente, cédula 1 1146 0533.
81.      Damián Herrera González, docente, Escuela de Psicología, Sede de Occidente, cédula 206070116.
82.      Gerardo Cerdas Vega, docente, Escuela de Trabajo Social, cédula 108970131.

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Libro: “Neoliberalismo y afectos: derivaciones para una praxis psicosocial liberadora”

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Editorial Arlekín publicó el libro “Neoliberalismo y afectos: derivaciones para una praxis psicosocial liberadora” de Helga Arroyo e Ignacio Dobles.

El libro aborda en ocho capítulos lo siguiente:

– El materialismo histórico, la psicología y los procesos de subjetividad
– Sartre. Dialéctica, proyectos humanos y totalizaciones-en-marcha
– Marcuse. Una revolución de los afectos, la vida para ser vivida
– Sobre las afectividades
– Las formas de subjetividad neoliberal
– Estrategias del miedo: configuraciones, efectos
– Los afectos y la psicología en la perspectiva decolonial
– Conclusiones: derivaciones, implicaciones y alcances

SURCOS comparte el libro para su reflexión.

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