Ir al contenido principal

Etiqueta: neoliberalismo

Suspensión exprés y a la carta de contratos de trabajo (III)

Escrito en . Publicado en Análisis, Trabajo.

MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA MITIGAR LAS CONSECUENCIAS

Manuel Hernández

El sábado de la semana pasada, se aprobó el proyecto de ley que espolea a los y las trabajadoras más explotadas, facultando a los patronos recortar unilateralmente las jornadas de trabajo y castigarlas con una reducción proporcional hasta en el orden de un 75% de sus exiguos salarios.

Esta ley fue votada por diputados y diputadas de todas las fracciones políticas, que uno no puede ser tan ingrato y dejar de reconocer que se arrollaron las mangas, incluso sacrificando un sábado, para atender los demandantes intereses de las cámaras patronales.

Pero, además, hay que advertir, cómo si esta medida legislativa no fuera salvaje, que el jueves de la misma semana, se promulgó un Decreto Ejecutivo que disciplina un procedimiento de excepción para resolver las solicitudes patronales  de suspensión de los contratos de trabajo, que presionan y hacen fila en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.[1]

1.- CONTENIDO SUSTANTIVO DEL DECRETO EJECUTIVO

Tratando de resumirlo, el objeto de ese decreto es regular el procedimiento excepcional de suspensión de los contratos de trabajo, que los patronos y empresas presenten en las oficinas de inspección de trabajo.

La solicitud debe indicar los hechos en que se fundamenta la gestión, si la suspensión es parcial o total, los puestos afectados y el plazo de suspensión de los contratos de trabajo.

Además, el patrono debe aportar una declaración jurada, que indique las causas justificantes de la solicitud, que paga los salarios mínimos y cumple otras obligaciones de ley.

Una vez recibida la solicitud, el inspector informará inmediatamente a la jefatura de la oficina de Inspección de trabajo, que deberá dictar resolución dentro de los dos días hábiles siguientes.

Este es sumariamente el contenido de este novísimo decreto, cuyos extremos más relevantes se comentan a continuación.

2.- ASPECTOS MEDULARES DEL PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO

El objetivo del decreto ejecutivo es regular el procedimiento y facilitar a los patronos, de la manera más urgente posible, la suspensión temporal de los contratos de trabajo, parcial o de toda la planilla, liberándolos del pago de los salarios de las personas trabajadoras.

i.- En primer lugar, hay que subrayar que las disposiciones del decreto remiten olímpicamente a los incisos a) y b) del artículo 74 del Código de Trabajo (CT), que determinan las causas colectivas de suspensión temporal de los contratos de trabajo.

Aquí traigo a colación un artículo anterior que escribí [2], en que sostuve y justifiqué, desde el punto de vista jurídico, que los motivos económicos que están invocando las empresas, relacionados con las consecuencias que en su actividad ha producido la pandemia, para hacerse de la suspensión de los contratos de trabajo, no tienen el mínimo respaldo en estas disposiciones legales.

Por tanto -afirmé y reitero-, que la autoridad administrativa tendría que hacer una interpretación jurídica muy retorcida de la ley, a contrapelo del principio indubio pro operario, para que se declaren con lugar las tantas solicitudes de los patronos, que ahora claman y pegan el grito al cielo, pero que en las situaciones de bonanza económica, nunca repartieron sus utilidades con las y los trabajadores.

ii.- El decreto configura un caricaturesco procedimiento, que evidencia que su ratio essendi es darle una apariencia de legalidad, de la forma más célere, a la decisión patronal de suspender los contratos de trabajo, respaldada en una resolución administrativa, nada más ni menos que del propio Ministerio de Trabajo, que le compete velar por el cumplimiento de los derechos de los trabajadores.

No se exige prueba idónea que justifique la suspensión de los contratos de trabajo, cuyo rigor probatorio –onus probandi-, por las consecuencias tan extremadamente gravosas que produce la resolución administrativa, no puede devaluarse con un requisito tan laxo como una simple declaración jurada patronal, algo así, como el juramento de estilo que rinden los políticos y que ya conocemos sus frutos.

iii.- Resulta totalmente improcedente que en un Estado de Derecho ese procedimiento administrativo ablatorio se tramite y resuelva sin la mínima intervención de las personas trabajadoras que socialmente sufrirán el hurto de sus salarios.

No está contemplada ninguna audiencia al trabajador, ni siquiera una rutinaria entrevista del inspector de trabajo, para someter al contradictorio la solicitud patronal y confrontación de la declaración jurada, para que la autoridad administrativa tenga más elementos de mérito para dictar la resolución final.

Una gravísima violación al respeto y dignidad de la persona trabajadora, que causa una vulneración del debido proceso y el derecho de defensa; que por lo visto, estas garantías quedaron levantadas o suspendidas de facto, veremos hasta cuándo, bajo la excusa incontestable del estado de emergencia nacional.[3]

 iv.- El decreto no tiene enfoque de género y tampoco contiene medidas que prohíban actos de discriminación contra las mujeres y otras personas trabajadoras.

En la eventualidad de una suspensión de los contratos que no afecte la totalidad del personal, el decreto libra a total discreción del patrono seleccionar las personas trabajadoras cuyos contratos quedarán suspendidos temporalmente, que no tengo la menor duda que las mujeres serán las primeras que tendrán esta suerte.

Tampoco establece ninguna protección a favor de las trabajadoras embarazadas, en período de lactancia, jefas de hogar y otras personas que puedan estar en alguna condición de vulnerabilidad social u otro tipo.

Menos contiene alguna disposición -en el supuesto de suspensión parcial- que prohíba la suspensión de los contratos de personas que ostentan algún fuero de protección.

Entonces, se diseñó un procedimiento administrativo de mero trámite, que excluye la mínima participación de las personas trabajadoras, quebrantándose el debido proceso y el derecho de defensa; es decir, un procedimiento exprés y a la carta de los intereses empresariales.

3.- MEDIDAS DE EMERGENCIA QUE MITIGUEN LA SITUACION SOCIAL Y ECONOMICA DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS AFECTADAS POR CONTRATOS SUSPENDIDOS

Finalmente, hay un aspecto que jamás podría dejar pasar inadvertido, expresamente regulado en el mismo artículo 74 CT, que no se trata de una disposición de poca valía y mucho menos en la circunstancia actual.

Me estoy refiriendo al párrafo final del artículo 74 CT, con fundamento en el que se dictó aquel Decreto Ejecutivo, cuyo texto dispone:

“Artículo 74.- Son causas de suspensión del contrato de trabajo, sin responsabilidad para el patrono ni para los trabajadores:

a. (…)

En los dos primeros casos [falta de materia prima, fuerza mayor o caso fortuito] el Poder Ejecutivo podrá dictar medidas de emergencia que, sin lesionar los intereses patronales, den por resultado el alivio de la situación económica de los trabajadores:”

Pues bien, esta norma, que la habrán leído con atención, no la estoy inventado, ni todavía el confinamiento me está haciendo tener alucinaciones legales.

La norma legal existe –lege data-, previsoramente contemplada por el legislador desde 1943.

Aunque, insisto,  no es procedente la suspensión de los contratos de trabajo por los motivos argüidos por los empresarios, el Poder Ejecutivo amparado en esta disposición legal, en el mismo decreto que reguló este procedimiento, debió  necesariamente comprender  las medidas de emergencia para mitigar la situación vulnerable en la que caerán cientos de personas trabajadoras, a merced de las resoluciones, que cómo si fueran impresiones de máquinas rotativas de periódicos, se van a dictar en el transcurso de esta y próximas semanas.

No es menor cosa que durante el período de la suspensión de los contratos, no se sabe por cuánto tiempo, las y los trabajadores, confinados en sus hogares, dejen de percibir los maltrechos salarios, que ya con costo alcanzaban para sufragar los gastos de alimentación, transporte, servicios públicos, alquiler de la casa de habitación y otras necesidades más.

Por favor, ¿ahora, con qué recursos, las familias de los y las trabajadoras más empobrecidas van a poder satisfacer estas elementales e inaplazables necesidades?

Bueno, pues quede muy claro que el Gobierno de la República no necesita ninguna ley para atender y resolver esta situación de imperiosa necesidad social, en la que lamentablemente van a quedar ahogados en la tragedia trabajadoras de fábricas, servicios, comercio, hoteles y otras actividades, sino se definen y ejecutan, en lo inmediato, políticas públicas que protejan su condición y situación.

Lo único que hace falta es voluntad política, y menos indiferencia ante el infortunio de cientos de humildes compatriotas, que, echando mano a esta ley de la República, el Gobierno puede y debe dictar un decreto de emergencia, con la misma celeridad que se promulgó aquel, que contenga las medidas sociales y económicas que puedan paliar la situación de las personas injustamente privadas de sus salarios, que se les reducirá la jornada de trabajo o perdieron sus empleos.

¡Los sacrificios no los tienen que seguir soportando los mismos de siempre!

Foto: OIT

[1] Decreto Ejecutivo N° 42248-MTSS, Reglamento para el procedimiento de suspensión temporal de los contratos de trabajo relacionados con los incisos a) y b) del artículo 74 del Código de Trabajo, publicado en el Alcance N° 53 a la Gaceta N° 55 de 20 de marzo de 2020.

[2] “Pandemia y suspensión de los contratos de trabajo”

[3] Algunas de estas ideas las tomé prestadas de mi anterior artículo “Neoliberalismo en tiempos de pandemia”, en el que comenté la ley de reducción de la jornada de trabajo, cuyo procedimiento administrativa de autorización es  prácticamente el mismo que  contiene ese decreto ejecutivo.

Las políticas neoliberales atentan contra la salud y el trabajo en medio de la pandemia

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Comunicado de profesionales, docentes, estudiantes y agrupaciones políticas y sociales ante la emergencia nacional e internacional provocada por el SARS-CoV-2:

  1. Actualmente, se vive un escenario mundial de emergencia ante la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, conocido como el nuevo coronavirus. Las infecciones y las muertes de las personas siguen en aumento, y en América Latina sus efectos apenas se empiezan a observar. En este contexto, la salud y la seguridad social han demostrado una importancia indiscutible, así como los efectos mortales de la austeridad fiscal aplicada en estos rubros. Los casos de Italia, España y Estados Unidos -dónde la salud universal y gratuita es inexistente o ha sido disminuida por los Gobiernos neoliberales- evidencian el peligro de los recortes fiscales y los procesos de privatización y tercerización de la seguridad social.
  2. En Costa Rica, la respuesta primaria para enfrentar la emergencia ha surgido de la institucionalidad pública que se mantiene a pesar del desmantelamiento fiscal de ésta, los intentos de privatización y el sabotaje político en su contra. No es la primera vez que esto ocurre. Ante la crisis económica global del 2008, la banca pública y estatal costarricense protegió al país de los efectos de la crisis del capitalismo global que amenazaban con golpear nuestra economía. Nuevamente, vemos cómo instituciones y empresas públicas, sus trabajadores y trabajadoras, responden coordinadamente para resguardar la salud y la economía del país:

a) El Ministerio de Salud ha desarrollado una estrategia nacional e interinstitucional orientada a la prevención del contagio mediante campañas educativas, la realización de pruebas y análisis de laboratorio y la investigación de los nexos epidemiológicos en los casos identificados.

b) La CCSS facilitó rápidamente la atención médica de las personas pacientes infectadas y amplió su infraestructura y su capacidad técnica y profesional para enfrentar la pandemia.

c) El ICE duplicó la velocidad del internet de fibra óptica a sus clientes para promover el trabajo desde el hogar. Además, el ICE, la CCSS y el Ministerio de Salud trabajaron arduamente para convertir el CENARE en un centro de oxigenación para futuros pacientes del coronavirus.

d) La FANAL disminuyó la producción del licor marca CACIQUE para producir alcohol en gel y alcohol antiséptico y Correos de Costa Rica se avocó a su distribución para evitar la especulación de precios y asegurar su acceso en todo el territorio nacional.

e) El MEP en coordinación con el CNP garantizaron la entrega de alimentos a miles de estudiantes -beneficiarios de los servicios de comedor escolar- considerando que la mala alimentación y desnutrición aumentan el riesgo de adquirir infecciones. Fueron los sindicatos de educadores quienes propusieron esta acción.

f) Las universidades públicas facilitaron sus instalaciones para realizar pruebas y personal para atender la emergencia.

3. A pesar de este esfuerzo y la evidente importancia de estas instituciones, los grandes empresarios insisten en su desmantelamiento. No conformes con la inversión estatal en salud y seguridad social, e incluso atentando contra ella, los grandes empresarios de este país han aprovechado para imponer, una vez más, su agenda empresarial y neoliberal. Con este gobierno en especial han recibido enormes beneficios: una reforma fiscal regresiva, debilidad en el combate de la evasión y la elusión fiscal, mantener exoneraciones injustas y grandes amnistías tributarias. No satisfechos, imponen un retroceso gigante en derechos laborales como lo es facilitarles despidos y suspensiones de contratos masivos, con la justificación poco creíble de mantener los empleos. También insisten con propuestas privatizadoras y con ampliar la precarización laboral a trabajadores públicos, con propuestas como reducir en un 50% el salario. No podemos permitir que los ricos de este país aprovechen la crisis sanitaria para imponer a las y los trabajadores un golpe enorme a los salarios, condiciones de trabajo y de vida.

4. Las recientes medidas gubernamentales para proteger al sector privado evidencian la tónica neoliberal de este gobierno del PAC, en consonancia con los anteriores gobiernos del PUSC y el PLN. De forma paradójica, dichas medidas empresariales erosionan el futuro de la institucionalidad pública. La respuesta económica del gobierno de es la misma que ha llevado a la economía global a un escenario de desigualdades extremas y decrecimiento económico: socializar las pérdidas de los ricos y blindar sus ganancias privadas.

Ante esto:

  • Saludamos el esfuerzo de trabajadores de la salud y de otras instituciones públicas para enfrentar esta emergencia.
  • Denunciamos los intereses de los grandes empresarios del país para seguir desmantelando la institucionalidad pública costarricense y proteger únicamente sus ganancias.
  • Exigimos suspender la regla fiscal, que impide una respuesta contundente y seria a la emergencia de salud y sus efectos económicos. Es hora de abandonar las tesis neoliberales, que nos están llevando a un peligroso camino sin salida.
  • Urgen medidas contundentes para penalizar la evasión y la elusión fiscal. No pueden exigir sacrificios quienes mantienen sus riquezas en paraísos fiscales aun en medio de una emergencia. Se debe revertir la regresividad fiscal del país, y eliminar exoneraciones fiscales a las grandes empresas y fortalecer los impuestos directos. Es momento de poner la riqueza de unos pocos al servicio de las necesidades sociales de la mayoría.
  • Hacemos un llamado a las y los trabajadores de todos los sectores para rechazar contundentemente los intentos de la derecha y empresarios para desmantelar las garantías sociales y golpear agresivamente los salarios y nuestras condiciones de trabajo.

Si desea firmar el comunicado, enviar un mensaje con su información al correo: arias.luis1988@gmail.com

Firman:

Organizaciones sociales:

  1. Grupo Socialismo y Libertad.
  2. Colectivo CEAAL CR.
  3. La Comuna Carmen Lyra.
  4. ¡Ya Basta!
  5. Asamblea General Autónoma de la Sede de Occidente.
  6. Colectivo Semilla Ramonense.
  7. Confederación Unitaria de Trabajadores (C. U. T.).
  8. Federación Nacional de Trabajadores Industriales (FENATI)
  9. Sindicato Unitario de Trabajadores de la Construcción (SUNTRACS)
  10. Sindicato de Trabajadores de Cooperativa Dos Pinos (SITRACODOSPINOS)
  11. Sindicato de Trabajadores de Desarrollo Productivo del Sector Público y Privado (SINTRADEPP)
  12. Sindicato de Trabajadores de Grupo Gfours (SINTRAGFOURS)
  13. Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Atenas (SITRAMA)

Personas físicas:

  1. Luis Arias C., politólogo.
  2. Roberto Ayala, sociólogo.
  3. Diego Chaverri, sociólogo UNA.
  4. Liliana Monge Sánchez, trabajadora social y docente UCR
  5. Adriana Monge Arias, trabajadora social, docente UCR
  6. Andrés Molina Araya, filósofo y teólogo.
  7. Alberto Gutiérrez Arguedas, docente UCR.
  8. Marvin Amador Guzmán, docente de la Escuela de comunicación, UCR
  9. Andrea Cuenca Botey, psicóloga UNED.
  10. Carmen Caamaño Morúa, docente UCR.
  11. Olman Bolaños, historiador y docente, UNED.
  12. Francisco Robles Mena, técnico en Bibliotecología, UCR.
  13. Andrés Dinartes Bogantes, docente interino, UCR.
  14. Jeffery López Castro, antropólogo y productor audiovisual.
  15. Sergio Reuben Soto, sociólogo y economista, profesor pensionado.
  16. Nancy Piedra Guillén, socióloga, UCR.
  17. Rodrigo Antonio Campos Cordero, sociólogo, UNED.
  18. Roberto Fragomeno, docente UCR.
  19. Héctor Ferlini-Salazar, comunicador.
  20. Luis Alberto Soto Ramírez, trabajador social, movimientos sociales de San Ramón de Alajuela.
  21. Gustavo Jiménez Barboza, docente UCR.
  22. Yasy Morales Chacón, docente UCR.
  23. Yeimer Gerardo Ramos Torres, profesor de Estudios Sociales y Educación Cívica.
  24. Julia Elena Murillo Ulloa, profesora de Estudios Sociales y Educación Cívica.
  25. Sebastián Fournier Artavia, productor ONDA UNED.
  26. José Francisco Herrera estudiante de derecho de la UCR y filosofía de la UNA.
  27. Rafael Eduardo López Alfaro, extensionista UNED.
  28. Jorge Tortós, estudiante de sociología UCR.
  29. Joel Oviedo Segura, politólogo, estudiante del posgrado en Sociología, UCR.
  30. Esteban Alvarez Picado, estudiante de Turismo Ecológico de la Universidad de Costa Rica.
  31. Carmen Marín González, trabajadora social y docente UCR.
  32. Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.
  33. Elías Alvarado Ramírez, vocal 1 en la Asociación de Estudiantes de la Sede de Occidente.
  34. Allen Cordero Ulate, sociólogo UCR.
  1. Dayana Ureña Solís, docente MEP.
  2. Juliana Gil Ortiz, socióloga.
  3. David Castillo Mora, biblista, CERJUC.
  4. Angélica Alvarado Barrantes, estudiante de biología de la UCR.
  5. Alonso Gamboa, estudiante de sociología, defensor de DDHH, miembro del Centro de Amigos para la Paz.
  6. María Trejos Montero, docente y activista DDHH ACODEHU.
  7. Mariana Gutiérrez Mora, soy feminista y trabajadora social.
  8. Frella Fernández.
  9. Flavia José Mora Cubero, docente MEP.
  10. Idahyma Barrantes.
  11. Jorge Eduardo Zamora Montero.
  12. Fainier Jiménez Mena.
  13. Ana Isabel Venegas Araya, docente de Secundaria, Estudios Sociales y Cívica, MEP.
  14. Laura Marcela Arias Cabrera, docente, psicóloga y activista.
  15. Nora González Chacón
  16. José Alberto Navarro Gómez, productor audiovisual UNED – Onda UNED
  17. Enid Cruz Ramìrez, coordinadora general, MUSADE.
  18. Jimmy González Álvarez, docente y trabajador del INA.
  19. Helvetia Canales Campos, docente.
  20. María de los A. Calderón Morales.
  21. Miguel Angel Araya Picado, educador.
  22. Eval Antonio Araya Vega, filósofo, profesor UCR.
  23. Annette Briceño Suárez, Trabajadora Social, UCR
  24. Adrián Calvo Ugalde, trabajador social.
  25. Ana Lorena Dávila Cubero, trabajadora Social, parte del Comité de lucha Mujeres de Liberia, Guanacaste.
  26. Ericka Chaves Fallas, estudiante de licenciatura en Trabajo Social en la UCR, SO.
  27. Deivis Ovares Morales, dirigente sindical de UNDECA
  28. Óscar Daniel Espinoza Ramos, cantautor y artista plástico.
  29. María Elena Madrigal Paniagua, estudiante de licenciatura en Trabajo Social UCR, SO.
  30. Sebastián Saborío, sociólogo UCR.
  31. David Maroto Gómez, sociólogo, UCR.
  32. Mónica Monge Mora, estudiante sociología, UCR.
  33. Armando Navarro Martínez, abogado-SINDEU.
  34. Ricardo Jaime de Freitas, profesor emérito de la Universidad de Panamá y militante cultural pictórico (en solidaridad internacional).
  35. Mariana Garro Fallas, estudiante de TS UCR-SO.
  36. Katherine Castro Aguilar, estudiante de licenciatura en Trabajo Social de la UCR-SO
  37. Francisco Rodríguez Barrientos, académico y escritor.
  38. Ana Cristina Quesada Monge, docente de Trabajo Social y del Sistema de Estudios Generales, UCR-SO.
  39. Esperanza Tasies Castro, catedrática UCR.
  40. Yanela Castro Monge, profesora de Estudios Sociales y estudiante de Antropología, UCR.
  41. Jorge Chaves Aguilar, Trabajador Social, UCR
  42. Graciela Mora Padilla, socióloga, UCR.
  43. Catalina Miranda Matamoros.
  44. Edouardo Olmos Campos, jubilado.
  45. Gerardo Mora Burgos, filósofo, UCR.
  46. Tatiana Sibaja, estudiante de TS, UCR.
  47. Marina Salguera Pomares.
  48. Laura González Álvarez, socióloga.
  49. María Alejandra Rojas Jiménez, estudiante licenciatura de Trabajo Social.
  50. Arturo Meléndez Montero, profesor de Estudios Sociales y Educación Cívica, estudiante de filosofía, UCR.
  1. Luz Marina Vásquez Carranza.
  2. Samantha Fuentes Romero, trabajadora social, UCR.
  3. María Barrantes Alvarado, estudiante de TS, UCR.
  4. J. Alejandra Moya Mora, trabajadora social, estudiante diseño gráfico, UCR-SO.
  5. Damaris Madrigal López.
  6. Andrés Chaves, estudiante de sociología, UCR.
  7. Alisson Esquivel Miranda, estudiante de trabajo social, UCR-SO.
  8. Diana Molina Vargas, Trabajadora Social, UCR
  9. María del Socorro Mesén Fallas, trabajadora social, jubilada.
  10. Jorge Conte, sociólogo y docente UNED.
  11. Ronald Rivera Rivera.
  12. Adrián Jaén España, sociólogo, UCR.
  13. Edwin Chacón Muñoz, trabajador social y máster profesional en arquitectura.
  14. Jorge Delgado Salazar, educador jubilado.
  15. Marianela González Seravalli.
  16. Trino Barrantes, Sindeu.
  17. Carolina Ávalos Dávila, profesora-investigadora UNED.
  18. Jacqueline María Zamora Alfaro, estudiante licenciatura en Trabajo Social, UCR, SO.
  19. José Hidalgo Salazar, educador y miembro de ANDE.
  20. Franco Fernández Blanco, estudiante de Sociología.
  21. Catarina Goldoni Ruiz, profesora jubilada.
  22. María del Carmen Lara Hidalgo, docente educación religiosa.
  23. María Cecilia Vega Guzmán, docente jubilada, UCR-SO.
  24. Mario Rodriguez Bonilla, Secretario General de la Central General de Trabajadores (C. G. T.).
  25. Marianela Segura Ramírez, Secretaria General Adjunta de SITRAA.
  26. Lauren Villegas Zambrano estudiante de licenciatura, UCR.
  27. Roberto Mesén Vega, abogado y notario.
  28. Luis Arturo Martínez Vásquez, docente UCR.
  29. Rocío Castillo Valverde, PGB1 Escuela República de Uruguay
  30. Mauricio Gutiérrez Arguedas, docente UCR.
  31. Adriana Araya Chaves, fotógrafa, estudiante de antropología de la UCR.
  32. Sergio Varela Rodríguez, empresario independiente.
  33. Raúl Venegas Castro, UNDECA, CCSS.
  34. Andrés Chaves Castillo, estudiante de sociología, UCR

119. David Mora Robles, Msc. en Sociología y encargado de proyecto Redes Sur.
120. Carolina Castillo Echeverría
121. Kimberly Umaña Zamora.
122. Javier Cambronero arguedas
123. Adriano Corrales Arias, escritor y profesor universitario.

Foto: OIT

Neoliberalismo en tiempos de pandemia (II)

Escrito en . Publicado en Análisis, Trabajo.

“Inventa lege, inventa fraude». (máxima romana)

Manuel Hernández

El día de ayer, la Asamblea Legislativa aprobó, en primer debate, un proyecto de ley impulsado aceleradamente por el Poder Ejecutivo, que da luz verde a la reducción temporal de las jornadas de trabajo, cuando los ingresos de las empresas resulten perjudicados por una declaratoria de emergencia nacional, dictada al amparo de la Ley Nacional de Emergencia y Prevención del Riesgo, N° 8488 de 22/11/2005.

El proyecto legislativo se tramitó mediante una vía ultra rápida, a la que nos quieren acostumbrar.

El ámbito de aplicación se limita a las relaciones de empleo privado, regidas por el Código de Trabajo, y la duración temporal de la medida de reducción de la jornada se puede “autorizar” (el entrecomillado es propio e intencional) hasta tres meses, prorrogable por dos períodos iguales, para que no les falte.

La centralidad del proyecto radica en facilitar al patrono una generosa licencia, para que modifique unilateralmente los contratos de trabajo, habilitándolo –por mandato de ley- para que recorte hasta en un 50% la cantidad de horas de la jornada ordinaria, cuando sus ingresos brutos se disminuyan al menos en un 20%, en relación con el mismo mes del año anterior, a consecuencia del hecho que produce la correspondiente declaratoria de emergencia, que podría ser la actual, o en el futuro, cualquier otra.

Cuando la disminución de los ingresos de las empresas alcance o exceda un 60%, en relación con el mismo mes del año anterior, el patrono puede reducir temporalmente la jornada de trabajo hasta un 75% de la jornada semanal.

En todos estos casos, el salario se disminuirá proporcionalmente en función del recorte de la jornada de trabajo.

Esta patriótica iniciativa es susceptible de los siguientes comentarios puntuales:

1.- Cuestionable constitucionalidad de la reducción unilateral de los salarios, por voluntad exclusiva del empleador

El recorte de las jornadas de trabajo que los patronos quedan facultados para imponer unilateralmente, no es más que una excusa para legitimar la reducción de los salarios de las personas trabajadoras.

La reducción proporcional del salario, a consecuencia del recorte de la jornada de trabajo, por acto de imperio del patrono, es una solución legislativa de muy dudosa constitucionalidad.

El salario integra el núcleo duro de los derechos fundamentales de las y los trabajadores, que tiene una protección constitucional reforzada en nuestro ordenamiento jurídico.

El salario, normalmente el único patrimonio del trabajador y trabajadora, está revestido de una serie de medidas de protección, entre las cuales sobresale la garantía de irreductibilidad de los salarios.

Esta garantía es defensiva no sólo para resistir las potestades unilaterales del empleador (ius variandi), sino también oponible al legislador ordinario.

El salario constituye un derecho intangible que el legislador no puede trastocar, en perjuicio de las y los trabajadores.

Con mayor razón, el legislador mucho menos puede afectar el salario mínimo, normalmente el máximo que se paga a las personas trabajadoras del sector privado, porque tiene una protección constitucional privilegiada (artículo 57 constitucional).

Aunque la reducción de los salarios se pretenda aprovechar en una declaratoria de emergencia nacional, esta declaratoria no confiere ninguna patente de corso al legislador, para que se vulneren los derechos fundamentales de la clase trabajadora.

2.- Falta de razonabilidad técnica y proporcionalidad en la definición de los porcentajes de disminución de los ingresos de las empresas y reducción de las jornadas

El proyecto señala que si las empresas tienen una reducción de sus ingresos brutos, por lo menos de un 20%, o por lo menos de un 60%, en relación con el ingreso del mismo mes del año anterior, la jornada se puede reducir hasta el 50% de la cantidad de horas de la jornada ordinaria, o hasta el 75% de la jornada semanal, respectivamente.

Pero, además incorporó una cláusula abierta que estipula que si la reducción de los ingresos no se ajusta a los anteriores parámetros, pero si causa una afectación real, también se podrá reducir la jornada de trabajo.

Al tenor de esta norma, todo patrono que haya tenido una reducción en los ingresos, cualquiera que sea el porcentaje, incluso si los ingresos se contraen en un porcentaje inferior al 20%, puede siempre disfrutar de la licencia de reducir la jornada.

Así, independientemente del nivel de disminución de los ingresos brutos, se generaliza, sin ninguna restricción, la medida de recorte de la jornada laboral.

Hay que advertir que la curiosa métrica contable de la disminución de ingresos, no tiene ningún fundamento técnico, en la de menos construida en los astilleros del sindicato corporativo patronal, que tanto interés ha mostrado en que se apruebe este conveniente proyecto, y que la diligente respuesta legislativa no se ha hecho esperar.

Además, una reducción del salario semanal hasta en el orden del 75%, evidencia una regulación totalmente irrazonable, que prácticamente con ese simbólico ingreso, a duras penas, el trabajador podrá sufragar los gastos de transporte y alimentación en el centro de trabajo.

Por otro lado, el patrono puede demostrar alegremente la reducción de los ingresos de su actividad empresarial con una declaración jurada, autenticada por un abogado o una certificación de un contador público autorizado, cualquiera de las dos, a conveniencia del patrono.

Naturalmente el patrono tenderá a aportar una simple declaración jurada, que no es prueba idónea para demostrar su situación financiera, que así tan extraordinariamente fácil se la pusieron a la patronal.

Este otro vicio mayúsculo del proyecto se suma al anterior, en razón que carece de la debida razonabilidad técnica y proporcionalidad, que son parámetros de constitucionalidad de las leyes, desbordados en el proyecto de ley.

3.- Unilateralismo del pseudo procedimiento administrativo de modificación de los contratos de trabajo, a contrapelo del debido proceso y el derecho de defensa

El procedimiento de modificación de los contratos se tramita en sede administrativa, correspondiéndole a la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social conocer y resolver la correspondiente solicitud patronal.

El diseño legal del procedimiento no contempla la mínima intervención de las personas trabajadoras que resultarán perjudicadas por la medida de reducción de la jornada, con la consecuente lesión salarial, ni siquiera a título informativo o comunicativo, por lo menos por urbanidad social.

La jornada de trabajo y el salario, nos dice pacíficamente la doctrina iuslaboralista, son elementos esenciales del contrato de trabajo; deviniendo, por tanto, inadmisible la alteración unilateral de estos elementos constitutivos, a gusto del patrono, dejando en total interdicción la participación de la persona trabajadora, en aquel procedimiento en que se está jugando –literalmente- el arroz y los frijoles de la gente más pobre, que no es cualquier cosa. Por ahí algún autor decía, con toda razón: “Para el trabajador, el salario es todo.” Es cierto, que el proyecto incorporó que la reducción de las jornadas de trabajo puede negociarse con los sindicatos, o en su defecto, con los representantes de los trabajadores, pero esta norma no es más que un espejismo jurídico, una lírica declaración de buenas intenciones, porque, como todos sabemos, los sindicatos que existen y funcionan en el sector privado son contados con los dedos de las manos.

La regulación de este desaguisado procedimiento es arbitraria, violatoria del más elemental debido proceso y el derecho de defensa, que excluye, de principio a fin, la mínima participación de quienes tienen un indiscutible interés legítimo en el asunto, en orden a la defensa, no de cualquier derecho, sino de sus derechos fundamentales.

La configuración legal del impresentable procedimiento administrativo, implica una ostentosa afrenta contra el Estado de Derecho, cuya misión es la protección suprema de los derechos y libertades fundamentales.

4.- “Autorización” ex post y no previa de la reducción de la jornada de trabajo y el descuento de los salarios

Existe otro aspecto muy serio, como si los anteriores no fueran suficientemente graves, que es necesario escudriñar entre la narrativa del contenido normativo del proyecto, que no se vaya a creer que se trata de una minucia jurídica irrelevante, porque realmente no lo es.

El proyecto habilita al patrono, ipso facto, para que de una vez, pueda reducir la jornada de trabajo, y en consecuencia, disminuir los salarios, solo con la condición que realice la correspondiente solicitud dentro de los tres días siguientes.

Es decir, el patrono no requiere ninguna autorización previa para ejecutar, de inmediato, la reducción de la jornada de trabajo y el castigo proporcional del salario.

 Así las cosas, la afectación se consuma de una vez, sin necesidad de permiso previo de la autoridad ministerial, cuya actividad administrativa se limita únicamente a constatar, a posteriori, que la solicitud del patrono cumple los ya vistos laxos requisitos de ley.

Entonces, la expresión “autorización” que tiene la denominación del proyecto de ley, reiterada en el desarrollo del mismo, induce a engaño, porque desde el punto de vista jurídico, la autorización siempre es previa al ejercicio de una conducta y no ex post, como de esta última manera se disciplina en el proyecto, con la finalidad de legitimar la modificación anticipada y abrupta de los contratos de trabajo, por lo que el procedimiento se limita a una cuestión de mero trámite, sin ninguna intervención de los afectados.

Desde hace mucho tiempo, desde la antigua Roma, existe aquella máxima inmortal, registrada en el primer diccionario DREA (1734): “Hecha la ley, hecha la trampa.”

A manera de cierre:

Nadie cuestiona que en esta situación tan dura por la que estamos pasando, el principal objetivo es combatir la pandemia, salvaguardar la salud y la vida de las personas y además, proteger el trabajo.

Pero aun así, en una situación extraordinaria, en el ámbito de las relaciones de trabajo, las medidas no pueden implicar una excepcionalidad tan extrema e intensa, que a merced de una declaratoria de emergencia nacional, se pueda cohonestar la violación de los derechos de las y los trabajadores, si se quiere de los más fundamentales, como es el salario, del cual depende su subsistencia y la de sus familiares.

En realidad, la pretendida reducción de la jornada no es más que un artificio legislativo, para disminuir los salarios de las personas a quienes con costo los empresarios, que hoy pegan el grito al cielo, les remuneran efectivamente el salario mínimo de ley.

El proyecto de ley destella una visión neoliberal, de corte autoritario, que proscribe toda participación de los trabajadores, en una especie de pseudoprocedimiento administrativo, que definirá la suerte de lo que antemano prácticamente está ya resuelto, en menoscabo del Estado de Derecho.

Sin la menor duda, se configuró un caricaturesco procedimiento permisivo, que podría facilitar el fraude de ley contra el salario de los trabajadores, pretextado en una declaratoria de emergencia; que ya de toda manera, la ley les quedará lista y empacada para aplicarla en cualquier otra situación.

Así también queda allanada la aprobación del otro proyecto de ley de flexibilización laboral, que significa la destrucción de la regulación de las jornadas de trabajo.

En un Estado Social y Democrático, en tiempo de crisis, las políticas de Estado deben decididamente proteger la situación social y económica de las personas trabajadoras más explotadas y no, por contrario, hacer más gravosas sus condiciones de trabajo y vida, ya de por sí muy precarizadas por el mercado de trabajo, para favorecer los espurios intereses de las cámaras patronales.

Los sacrificios no los tienen que seguir soportando los mismos de siempre.

Ilustración: https://www.ocac.cl/el-gen-de-los-obreros/

Las mujeres del campo y el coronavirus

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Los robles de sabana están en flor, en toda su belleza, los mangos también están en flor y los árboles de mayo, igual que otros en el norte y en el sur. Para nosotras ver los árboles en flor con sus distintos tonos de rosa, amarillo, naranja, es un regalo de la naturaleza y es hermoso. Podríamos disfrutarlos más si no estuviéramos en una situación tan difícil, tan peligrosa y sobre todo tan incierta. Este documento surge de diversas comunicaciones que hemos tenido entre las compañeras de la Red de mujeres Rurales desde sus regiones y la Asociación Tinamaste.

Hemos estado comentando varios materiales sobre la epidemia, el comportamiento del virus, y por supuesto son solo algunos, porque hay muchísimos sobre el tema y no podemos ni siquiera tratar de leer lo que sale y al ritmo que se están produciendo, sobre todo porque tenemos que seguir trabajando. No cabe duda que la información que tenemos es muy escasa.

Vemos muchas manifestaciones de solidaridad ante el desastre social y sobre todo de salud, y eso es maravilloso, y mucho se ha planteado que la pandemia nos debe hacer pensar que tenemos que salvarnos juntos o no nos salvaremos de esta crisis; ni de las que vienen.

Porque esta descomposición global, es resultado de un planeta enfermo y una sociedad enferma, todo deteriorado, maltratado. Y porque vendrán muchas más si no cambiamos.

Queremos plantear una vez más que esta situación no es resultado solo del virus como tal, ni que se resolverá una vez controlado el virus. Por eso queremos plantear y denunciar varios asuntos.

La crítica situación sanitaria nos pone enfrente de manifestaciones diversas, y podemos decir que todas agravan la discriminación que ya vivimos. Ya las relaciones sociales en esta sociedad nos afectan, pero se está profundizando el aislamiento y nos saca de la calle, de esa calle que nos ha costado tanto conquistar con muchos años de lucha y de ruptura del encierro de las mujeres. Esta situación además pone a las personas en una dependencia aún mayor de la comunicación electrónica, con el agravante de que no toda la población tiene acceso, y nosotras en particular no tenemos acceso a las mismas posibilidades de comunicación.

Algunas de las mujeres en el campo solo recibirán de información lo que vea en la televisión, en los noticieros que siempre nos han desinformado, sin acceso a internet, sin señal o sin el equipo necesario para poder comunicarnos, mientras que otros sectores de la población podrán buscar diversas fuentes de información, con las más variadas opciones tecnológicas. No es cierto que tengamos las mismas posibilidades.

Eso también nos pone en mayor desventaja ante la situación actual. Pero se nos presentan también otras muchas manifestaciones que evidencian que no todas y todos lo estamos viviendo de la misma manera. Suena fácil decir que no salgamos de casa. ¿será que no pueden pensar en cómo vivimos la mayoría de la población que vivimos con lo que nos ganamos al día.

Muchas de las mujeres de campo (y de barrios urbanos populares también) complementan sus ingresos con el trabajo doméstico en otras casas de otras familias. Aquí se presentan pocas opciones para aislarse y no entrar en contacto con otras personas, como pueden hacerlo familias de capas medias profesionales y por supuesto sectores dominantes. Las mujeres trabajadoras domésticas si no vamos a trabajar no tenemos ingresos para la alimentación de las familias y si vamos, debemos tomar autobuses, entrar en contacto con otras personas en diversos espacios, en fin, las posibilidades de contagio son mucho mayores. Y ni qué decir de las que trabajamos en reciclajes, donde nos llegan las basuras de otros lados. Hemos tenido que ser firmes en decir que no nos envíen desechos de hospitales.

Muchas mujeres en las comunidades rurales nos movemos a los centros de población a vender productos de los patios o parcelas, o productos procesados. El sistema capitalista neoliberal nos ha querido desaparecer como mujeres campesinas e indígenas, como familias y pueblos indígenas y campesinos, pero aún no lo lograba totalmente. La economía local se ha resistido a desaparecer y mucho de esto está en manos de las mujeres. Hoy denunciamos que bajo la excusa de la protección sanitaria, la policía persigue a las mujeres que requieren vender sus productos para poder llevar comida a sus familias. todas nosotras estamos paradas, vendemos cúrcuma, huevos, cacao, hacemos cajetas de leche y confites de cacao, vinagre casero y otras cosas, o le ayudamos a vender a otras mujeres y eso ya no lo podemos hacer. Pero no está prohibida la venta de alimentos en los supermercados, por supuesto. ¿Serán motivos sanitarios o será otra manifestación de discriminación de clase? Mientras en los espacios de las grandes discusiones se reconoce cada vez con más frecuencia que la producción local es la que nos puede salvar. Europa amanece con el gran dilema, cierra las fronteras y deja los miles de productos que alimentan a la población sin entrar o se verán obligados a dejar entrar los miles de vehículos terrestres, marítimos o aéreos con los alimentos. Pero el estado costarricense todavía no se entera que debe fortalecerse la producción y el mercado de productos nacionales y dejar de perseguir a las mujeres que con sus productos somos parte de la cadena de los mercados locales. Las grandes empresas que han venido acaparando la tierra, la producción y mercado, con el apoyo estatal, están aprovechando la crisis para intensificar la persecución contra nuestras ya reducidas economías para terminar de matarnos.

¿Será que con estos alimentos se provocará el contagio? ¿Será que se puede escoger entre no hacer las ventas o morirse de hambre? La solidaridad se debe practicar con el consumo de productos locales, no con la persecución.

Y también en las zonas rurales nos meten miedo sobre el consumo de nuestros alimentos.

Tenemos gallinas, y con la alerta sanitaria nos dicen que nos puede dar alguna enfermedad mortal, pero las cadenas comerciales si están haciendo billetes. Meterle miedo a la gente da buenos resultados a los grandes negocios y se trae abajo nuestra economía campesina y nuestras formas de sobrevivir. Están utilizando el coronavirus para legitimar la persecución social.

Y mientras el miedo por el coronavirus crece en el grueso de la población, las familias en zonas transfronterizas ven profundizarse las discriminaciones por su condición de pueblos transfronterizos. Estas fronteras establecidas sobre los pueblos que desde mucho antes se ubicaron en esas zonas. Por ejemplo, muchas familias ngäbes obtienen su sustento del trabajo que realizan a este lado de la frontera, pero duermen al otro lado de la frontera, o a la inversa, muchas mujeres tienen su casa a este lado y cuidan familiares al otro lado de la frontera. Hoy amanecieron con que no pueden pasar la frontera, y no pueden asistir a sus trabajos, y con ello no tendrán el jornal y con qué alimentar a sus familias. ¿Será el coronavirus es la amenaza mayor? ¿O la imposibilidad de comer? Por otra parte, las mujeres de los territorios indígenas, donde el Estado no ha procedido a dar ni un solo paso real para la defensa de los territorios y la protección de las poblaciones violentadas por los finqueros usurpadores, viven una amenaza inmediata a sus vidas, no por el virus, sino por los finqueros y matones pagados por los finqueros. A un año del asesinato de Sergio Rojas y a menos de un mes del asesinato de Yehry Rivera, ambos dirigentes indígenas en defensa de los territorios, la impunidad campea, los intereses de los finqueros racistas, usurpadores, ocupantes ilegales, se han impuesto con la protección del Estado costarricense. ¿Y la seguridad de las comunidades indígenas? ¿Y la aplicación de la ley y de las medidas cautelares de protección a las comunidades indígenas dónde queda? En estos momentos los finqueros se sienten seguros, confiados y están en total impunidad.

Eso les permite seguir quemando casas, cosechas, entrar en espacios privados y robar objetos, amenazar de muerte y violación a las mujeres. Se prevé que el encierro en las casas va a provocar más violencia en las familias y como mujeres debemos acompañarnos para que eso no suceda, pero ¿quién nos va a proteger de la violencia de los finqueros en los territorios indígenas?  Todas estas manifestaciones de la crisis de salud son resultado del mismo sistema en que vivimos. Por décadas el Estado neoliberal nos ha impuesto el monocultivo y la producción industrial como única forma de producción, diciendo que era progreso, que nos traía empleo y mejores condiciones de vida y con ello destruyeron la biodiversidad, nos llenaron de contaminación, con envenenaron el agua, nos quitaron la tierra, nos dieron trabajos mal pagados y en malas condiciones y nos enfermaron. Pero nos dijeron que eso era más limpio.

Hoy sabemos que el desequilibrio ambiental, la cría industrial de animales confinados y la destrucción de la Naturaleza, permiten la transmisión global de las enfermedades; la pérdida de la biodiversidad ha anulado barreras planetarias para responder ante virus y bacterias.

Además, sabemos que la producción industrial de alimentos nos ha quitado los alimentos saludables y diversos y todo ello se sostiene con la concentración de la tierra y otros bienes como agua y semillas. Nos plantean el aislamiento y las medidas de limpieza como las únicas vías para salir de la crisis del coronavirus, pero no dicen que solo es posible si tengo agua limpia, si tengo acceso a los productos de limpieza y sobre todo si podemos mantener altas las defensas del cuerpo y eso solo es posible si tenemos una dieta adecuada, diversa y suficiente.

Desde la Red hemos manifestado muchas veces la necesidad de cambiar estas relaciones de concentración económica, de concentración de la tierra. La diversidad de alimentos saludables y su producción solo puede estar en manos de la producción campesina. Se siguen gastando grandes cantidades de recursos públicos en prevención, contención y tratamiento, pero no se menciona ni una sola medida para cambiar las causas de tanto desastre.

Las mujeres del campo en el mundo hemos demostrado que desde otra lógica podemos producir los alimentos para nuestras familias y comunidades y comercializar en el espacio local para alimentar al mundo, que podemos producir manteniendo equilibrio con la naturaleza, siendo parte de ella y no explotándola. Ante la crisis de salud, de alimentación y de ambiente, solo hay una salida, distribución de la tierra, no acaparamiento de semillas, producción sin agrotóxicos, diversidad en la producción. Solo promoviendo la producción campesina, facilitando los mercados y las cadenas de distribución para poder comercializar nuestros productos, con la participación de las mujeres en la toma de decisiones y control de los bienes en las comunidades podremos construir otras formas de producir, otra forma de ser y otra forma de estar en el planeta.

RED DE MUJERES RURALES DE COSTA RICA
ASOCIACION TINAMASTE
20 de marzo de 2020



Homenaje a Giordano Bruno

Escrito en . Publicado en Alianza, Derechos.

José Manuel Arroyo

El próximo 17 de febrero se cumplirán 420 años de la muerte en la hoguera, -en el Campo de Fiore, Roma-, del filósofo, astrónomo, mago y poeta Giordano Bruno. A este insigne pensador lo persiguió el Santo Oficio (la Inquisición) varias veces y por distintas razones. Desde el punto de vista teológico se atrevió a poner en cuestión dogmas como el culto a las imágenes; el de la Trinidad (Dios tres personas en una); la divinidad de Jesucristo, a quien concebía más bien como un gran Maestro o Mago; la virginidad de María; el celibato sacerdotal; la transustanciación en la Eucaristía. ¡Menudos temas! Desde el punto de vista cosmológico defendió la esfericidad de la Tierra y el sistema planetario copernicano, con el Sol y no la Tierra, en el centro del universo.

Pero además se atrevió, en un ejercicio filosófico-literario-intuitivo, a ir mucho más allá de Copérnico, planteando la existencia de innumerables mundos como el nuestro, inmersos en un universo infinito y homogéneo (constituido por los mismos elementos). Como tema de transición entre lo teológico y lo cosmogónico, concibió un panteísmo donde precisamente el universo es sagrado, Dios es todo y todos, no un señor sentado en una nube.

Sólo para citar una de las consecuencias más revolucionarias del pensamiento de Bruno, si el universo es infinito, su centro no está en lugar alguno o, lo que es equivalente, puede estar en cualquier punto, según la perspectiva, absolutamente relativa, en la que cada quien se sitúe. Esta simple idea no sólo afectaba la cosmogonía; sino que también sugería una cuestión absolutamente subversiva para el ordenamiento social estrictamente jerárquico de su época y de las épocas venideras, así como equiparaba en dignidad/igualdad a todos los seres humanos, por muy distintas posiciones que se ocuparan por razón de clases, talentos, creencias o demás condiciones. Fue la de Bruno, una de las pocas voces que se hicieron eco de Fray Bartolomé de las Casas y condenó el atropello europeo sobre las américas, violentando otras culturas, civilizaciones, religiones y etnias, sólo por ser diferentes.

A Giordano Bruno lo persiguen, procesan y ejecutan por atreverse a pensar libremente y, en esa opción de vida, cuestionar las verdades intocables de su tiempo. Para la segunda mitad del siglo XVI los viajes de exploración y conquista alrededor del mundo, las observaciones, así como las mediciones conforme los avances tecnológicos y científicos, hicieron que esta mente preclara cuestionara “verdades” que resultaban insostenibles. Sin embargo, a Bruno lo liquida una combinación de poder político-religioso, mezcla explosiva que tiene vigencia aún hoy día y que busca reabrir las hogueras reales y metafóricas todavía en este tercer milenio.

En el proceso judicial que finalmente se le siguió, Bruno estuvo preso esperando sentencia por largos siete años (viejo vicio del procedimiento inquisitivo clásico), fue confinado a una celda, torturado y reiteradamente acusado de herejía, blasfemia, impenitencia, inmoralidad y otros muchos cargos que le fueron ampliando y agravando con el tiempo. Curiosamente, sus verdugos le ofrecieron varias veces la opción de retractarse. El mismo Papa, Clemente VIII, temiendo convertirlo en un mártir, dudó de condenarlo y entregarlo a la jurisdicción civil para su ejecución, -de conformidad con otra de las normas del proceso inquisitorial-, actitud que en el fondo revela la mala conciencia que, pese a todo, siempre ha tenido la humanidad respecto a la pena de muerte. Al final, el acusado se negó a retractarse, se le condenó y la sentencia se ejecutó conforme se hacía con quienes no se desdecían, directamente consumido por las llamas y no dándole muerte primero, y quemando el cadáver después.

El mejor homenaje que podemos hacer a este precursor e ícono de la libertad de pensamiento y de la ciencia moderna, es enfrentar con espíritu crítico los dogmas y supuestas verdades absolutas de nuestro tiempo.

Dejando de lado los fundamentalismos religiosos de toda índole, que aún hoy aprovechan la fe religiosa de la gente para construir estrategias de control político, podemos decir que un importante centro de discusión teórica, más de cuatro siglos después, se ha desplazado, de la Teología o Cosmogonía hacia la Economía Política. Así, las verdades incuestionables de hoy (y con esto sólo sigo a Z. Bauman ¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos? ), tienen que ver con que el “libre mercado” está dirigido por una “mano invisible” que automáticamente regula y supera cualquier asimetría; que todos los problemas de la humanidad se van a resolver si logramos un “crecimiento económico” constante e inagotable; que ese crecimiento debe estar acompañado por una “capacidad de consumo” por igual permanente y cada vez mayor; que en esa lógica de los procesos económicos es normal y aceptable que haya “desigualdades”, ganadores y perdedores por derecho propio, dado que existen seres humanos individuales que son “naturalmente” talentosos y superiores y de cuya potenciación y desarrollo dependerá que algo le toque a todos los demás; y, finalmente, que todo esto se inscribe en el contexto de la “competitividad” a toda máquina, única condición que posibilitará la justicia y la reproducción del orden social ideal.

Pero la terca realidad actual, como la que tuviera que enfrentar Bruno en su momento, se impone de manera descarnada y las grandes cuestiones actuales quedan sin explicar si nos atenemos a los paradigmas socio-económicos oficiales.

Los dogmas de una economía centrada en el “libre mercado” han traído, como principal resultado, una desigualdad o inequidad brutal, cada vez mayor, entre países y a lo interno de cada país. El mundo regido por las verdades del neoliberalismo no resiste las observaciones y mediciones de nuestro tiempo. La “mano invisible” es perfectamente reconocible en la especulación bancaria y financiera, así como en el subsidio a la producción, practicada por las grandes potencias y prohibida a las naciones pobres; el modelo de explotación incesante y despiadado para asegurarse un “crecimiento constante” tiene al planeta al límite de sus recursos y del colapso climático.

Tampoco es cierto que la felicidad humana pueda comprarse conforme su capacidad de consumo y la acumulación de insumos y dispositivos desechables año a año, ni podemos aceptar y ver como normal las profundas desigualdades incubadas, puesto que éstas se explican por las condiciones generales en que nacen y se desarrollan las personas (nivel económico de familia, calidad de escuela y universidad a que acceden, oportunidades laborales reales), es decir, las ventajas que efectivamente han tenido de trazarse un plan de vida y alcanzarlo, y no por supuestos talentos o virtudes especiales que unos afortunados poseen y respecto de los cuales al resto de la humanidad sólo le queda extender la mano para recibir limosnas. Y en fin, que esta humanidad no puede seguir apostando a la “competitividad” como clave de las relaciones inter-personales e inter-nacionales, porque ésta es sólo un eufemismo para denominar a la guerra, no sólo la comercial, sino para todas las formas de guerra-guerra que padecemos en pleno siglo XXI. Por supuesto que todo esto tiene que ver con el respeto efectivo a los derechos humanos de hombres y mujeres, de lo que nuestro filósofo también fue el precursor que apuntamos.

Giordano Bruno tiene un monumento desde 1889 en la Plaza Fiore de Roma, producto de un movimiento internacional que quiso inmortalizar su aporte a la libertad de pensamiento y a la ciencia moderna. Mientras su espíritu crítico sobreviva tendremos, como especie, alguna esperanza. El Cardenal Roberto Belarmino, principal inquisidor que dirigió el proceso en su contra y pocos años después también condujo el proceso contra Galileo Galilei, fue canonizado por la Iglesia Católica en 1930, declarado doctor de la Iglesia un año después y en su honor se creó un título cardenalicio que lleva su nombre. Esto último sucedió en 1969. Apenas ayer.

(*) José Manuel Arroyo Gutiérrez, Ex-magistrado y Profesor Catedrático UCR.

Artículo compartido con la Alianza por una Vida Digna por José Manuel Arroyo Gutiérrez, publicado además en http://www.elpais.cr/2020/02/10/homenaje-a-giordano-bruno/

Sea parte de SURCOS:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Tsunami de no-violencia en Colombia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Hernán Alvarado

 

«Todas las revoluciones son imposibles,

hasta que se tornan inevitables.»[1]

[1] Consigna pintada por estudiantes, después de la última toma del edificio de Ciencias Sociales en la Universidad de Costa Rica.

Hasta ahora la violencia parecía haber ganado en Colombia. El ejército justificó a la guerrilla y viceversa; los paramilitares[1] a otras formas populares de auto defensa; los «vándalos» a la policía, de donde ha surgido el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) para prever motines, aunque también los provoca. Por eso aparecen los encapuchados que defienden a los manifestantes. Todos comparten que el fin justifica los medios y que la violencia se combate con violencia. El narcotráfico suma guardaespaldas y sicarios a ese coctel. Así, la «maldita violencia» parecía haberse enquistado en la cultura, reforzando los comportamientos patriarcales[2]. Sus principales víctimas han sido los más vulnerables: niños, jóvenes, mujeres y ancianos[3]. ¿Un ejemplo emblemático? Dilan Cruz, él luchaba por su educación, haciendo valer su derecho constitucional, cuando un arma del ESMAD le alcanzó en la cabeza. ¿Cómo se llama un policía que asesina a quien debe proteger? El alto mando tendrá que hacer milagros para justificarlo[4]. Un joven soldado se suicidó a raíz de ese conflicto. Por décadas, Colombia ha visto morir y partir a demasiada gente inocente.

Y, a pesar de todo, la gente sigue sonriendo, amando, bailando y conquistando cimas deportivas. La alegría, las bellas canciones, la extraordinaria ironía, tanto como la crítica, son modos cotidianos de resistencia. Uno de los países más felices del mundo es también el más desigual de la OCDE y el segundo de América Latina con media fuerza laboral en la informalidad. Por eso, hoy una inmensa mayoría defiende su derecho a vivir en paz. Solo una minoría prefiere mantener el estatus quo que beneficia al 1% de la población y a sus socios extranjeros, en perfecta sintonía con el autoritarismo neoliberal, propio del «capitalismo salvaje».

El pasado 21 de noviembre, el pueblo respondió masivamente al llamado de las organizaciones sociales en todo el país. Había más de cien razones para protestar y más de mil para defender la vida. La primera es el derecho a indignarse. El senador Gustavo Bolívar contaba 247 líderes sociales asesinados, 77 en lo que va del año. En enero pasado, la ONU urgió al Gobierno sobre la matanza de líderes indígenas. Hace pocas semanas, el ejército bombardeó un campamento guerrillero y mató a 8 niños (los lugareños dicen que podrían ser más). El Ministro de Defensa tuvo que renunciar. Son goterones en un vaso que ya estaba relleno con los 2248 «falsos positivos»[5], tema por el que se indaga judicialmente a Álvaro Uribe. Así que a nadie extraña la denuncia de violaciones de derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad.

En Boyacá, donde el gobernador no permitió la entrada del ESMAD, la multitud protestó en forma pacífica[6]. La prensa independiente jugó un papel crucial en la divulgación. En todas partes la asistencia fue multitudinaria, pese a las provocaciones y amenazas del «uribismo» y los desplantes militares del nuevo Ministro de Defensa. Después, un ruido espontáneo de cacerolas, que se oyó en todas partes, dijo ¡basta! Los colombianos exigen que se cumplan los acuerdos de paz y se oponen a más proyectos confiscatorios. Los jóvenes dicen que les han quitado la salud, la educación, el empleo, el futuro; incluso les han quitado el miedo. Ahí está la clave de esta coyuntura. Por eso se está desplomando el «uribismo», incluso en Medellín.

La reacción del presidente Iván Duque ha agravado las cosas. Claudia López, alcaldesa electa de Bogotá, le dijo cómo aplacar la protesta. Entre otras cosas, que era momento de ser humildes, reconocer errores y hacer concesiones. Pero el presidente no entiende qué es «diálogo social», o se hace el desentendido[7]. Tras la gran marcha, reconoció el derecho a protestar y dijo estar escuchando, pero solo habló de «vándalos» para alabar a sus «héroes»: los policías. En plena desobediencia civil, siete días después se había reunido con los ministros, con los alcaldes, con los empresarios, pero no con el Comité del paro nacional. ¿Esperaba que la gente se cansara? Luego, propuso «conversar» sectorialmente (divide y vencerás), lo que fue rechazado.

El presidente no entiende que debe rendir cuentas a quienes pagan su salario, igual que policías y militares; no solo a su partido político. Ganar una elección no da derecho a usurpar el poder. El «uribismo» se tapa los oídos para insistir en una maniobra desestabilizadora y pirómana de sus oponentes. Al presidente nadie le había pedido la renuncia, sino que asumiera su responsabilidad, pero dijo que quieren arrebatarle «con violencia» lo que no pudieron ganarle en las urnas, como si su victoria hubiera sido brillante. Ahora, procura ignorar que muchos de sus electores se han convertido en manifestantes. Ha reprobado en lectura política, en empatía, en liderazgo, cuando ya rondaba el 70% de desaprobación.

Las protestas no cesan, el pueblo ha multiplicado su unidad y solidaridad, su fuerza pacífica crece con arte en las plazas; su participación plantea el dilema democracia o neofascismo[8]. ¿Quién manda en una democracia: la ciudadanía o el gobierno; los representantes o los representados? ¿Para qué sirve la violencia del Estado: para proteger a los ciudadanos o para aterrorizarlos? En uno de los países más violentos de América Latina, el pueblo ha izado la no-violencia en el asta más alta de la patria. Según Diana Uribe, se celebra la historia, es decir, la evolución incesante de la sociedad y la cultura. Una multitud sin miedo revive la idea de Mahatma Ghandi con yoga y música en la calle. En Colombia, como en otras partes de Latinoamérica, la «hiperpotencia» popular en estado de rebelión está reuniendo la fuerza marítima de quienes digna y creativamente exigen justicia y paz[9]. Si sigue firme obligará a evacuar, cuando menos, a los corruptos del gobierno, el ejército y la policía. Por el bien de todos y el futuro de los que vienen, hay que derrotar pacíficamente a los violentos ¡Basta ya y nunca más!

[1] Se trata de mercenarios que actúan en la ilegalidad donde la represión del Estado aún no alcanza.

[2] Ver: Betancur, JM (2000) Moscas de todos los colores, historia del barrio Guayaquil de Medellín, 1894-1934. Santa Fé de Bogotá, Ministerio de cultura.

[3] Colombia también tiene una alta tasa de femicidios con una impunidad encima del 90%.

[4] Álvaro Uribe, líder del «uribismo», ya intentó justificar el bombardeo de niños y los actos represivos del ESMAD. La senadora Paloma Valencia, también del Centro Democrático, publicó de manera expedita: Dilan era un vándalo.

[5] Así se llama a los muertos presentados por el ejército como guerrilleros para mejorar sus resultados. Esas «ejecuciones extrajudiciales» son una práctica de lesa humanidad conocida por Estados Unidos cuando menos desde 1984.

[6] Daniel Quintero, alcalde de Medellín, también pidió al ESMAD no intervenir, pues no era necesario (#LAVIDAESSAGRADA).

[7] Algo que atizó la indignación fue ver al presidente evadir a un periodista, que le preguntaba sobre los niños bombardeados, diciéndole: «¿De qué me hablas, viejo?»

[8] Neoliberalismo + represión = Neofascismo. ¿El paradigma? Augusto Pinochet.

[9] Dussel, E (2016 ) 10 tesis de política. México: Siglo XXI y CREFAL. Tesis 12, pág. 94.

 

Foto de: http://www.resumenlatinoamericano.org/

Enviado por el autor.

Sea parte de SURCOS:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

La religión neoliberal y la interminable conquista

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

La peor droga es la que narcotiza el corazón y la conciencia. El peor tráfico es el tráfico de la fe y con la Palabra de Dios. Hay también “narcotraficantes religiosos”, que tendrán que dar respuesta al Dios de la justicia y de la vida. Juan Stam.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

América Latina es el continente de la interminable conquista. Ayer se levantaron la espada y la cruz para someter a los pueblos originarios al imperio católico español y hoy se levanta la biblia y el fusil para someter a los pueblos latinoamericanos al imperio neoliberal globalizado.

El teólogo Pablo Barrera destaca que “la misma biblia cristiana que fue usada para evangelizar América Latina es usada hoy para justificar el golpe de estado contra el presidente Evo Morales, contra un modelo de sociedad alternativo al impuesto por el capitalismo imperialista” https://surcosdigital.com/la-biblia-en-el-golpe/.

Por su parte, el filósofo Enrique Dussel, entrevistado por Carmen Aristeguí en CNN, señala cómo irrumpe el fundamentalismo evangélico y católico, representado por el golpista Luis Fernando Camacho con la biblia en la mano, para desplazar la bandera Wiphala, símbolo también de la Pachamama, la madre tierra convertida en deidad indígena, más tarde revestida de muchas vírgenes de rostro indígena y negro como la Virgen de Guadalupe, la Virgen de los Ángeles, entre otras https://www.youtube.com/watch?v=Vq9B4VhOD-U&feature=youtu.be.

Es la nueva religión neoliberal, en su versión católico-protestante, que hoy se alía a las fuerzas políticas conservadoras de derecha, para enfrentar a los nuevos movimientos contraculturales que impugnan al globalismo neoliberal. Constituye el nuevo frente ideológico-religioso con el que se pretende evitar el resurgimiento de la diversidad simbólico-religiosa de los pueblos originarios, por lo que representa como fuerza social y política de resistencia a las nuevas tendencias neocoloniales.

Cabe destacar que el factor simbólico religioso en nuestro contexto latinoamericano, más allá de una institucionalidad ritualista y doctrinalista que muestra signos importantes de debilitamiento, sigue gravitando con fuerza, inclusive a la manera de una religiosidad civil de carácter laico. Por consiguiente, hoy como ayer la confrontación asume dimensiones simbólicas de alta intensidad.

El católico santacruceño Luis Fernando Camacho y el evangélico josefino Ronny Chaves son dos versiones del mismo rostro de una religión neoliberal, tal y como puede apreciarse en sus actos y desmanes simbólicos, incluida la “guerra espiritual” para la reconquista territorial de espacios ocupados o amenazados, según ellos por deidades paganas -la bandera Whipala y La Virgen de los Ángeles, respectivamente-.

Esta nueva forma religiosa se convierte en un factor muy importante a considerar dentro de la estrategia de revitalización geopolítica del capitalismo neoliberal globalizante.

Cuando hablamos de religión neoliberal, se trata de un fenómeno de dos vertientes. Por una parte, el neoliberalismo se convirtió en religión al instaurar el reino del mercado –“idolatría del mercado” (Hinkelammert)– que ofrece prosperidad y riqueza a cambio de sacrificios humanos y eco-ambientales. Por otra, el fundamentalismo religioso se secularizó asumiendo esa doctrina y revistiéndola con la seudoteología de la prosperidad. Ambos se convierten en los nuevos vendedores de “indulgencias” para acceder al reino de la prosperidad material en este mundo. Y se alían para emprender una nueva reconquista política y religiosa en América Latina.

Esta estrategia de reconquista religiosa fundamentalista se inscribe en el marco de una política de contención y desarticulación del progresismo latinoamericano. Y la derecha, al nuevo estilo teocrático de Donald Trumph y Jair Bolsonaro, ha encontrado, especialmente en el fundamentalismo neopentecostal, un aliado religioso clave para cohesionar y movilizar a sectores populares contra estos movimientos progresistas. Como señala Dussel, es una especie de cristianismo occidentalizado, de raíces en el evangelismo norteamericano, que “se propaga en el pueblo contra el pueblo”.

La nueva religiosidad neoliberal irrumpe en el escenario político latinoamericano como parte de la estrategia geopolítica de los poderes fácticos, para oxigenar el decadente proyecto globalizador neoliberal. Es la interminable conquista que hoy vuelve a las viejas vías golpistas, apostando por el poder blando o suave (soft power, Nye).

Ilustración tomada de https://blog.cristianismeijusticia.net/

Enviado a SURCOS por el autor.

Sea parte de SURCOS:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

La Alianza Biodiversidad frente a los hechos de violencia en Ecuador

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

Frente a la brutal represión por parte del Estado en contra de pueblos indígenas y sectores populares del campo y la ciudad repudiamos estos hechos y llamamos a que se inicie un verdadero diálogo atendiendo las demandas del pueblo movilizado. Nos sentimos profundamente conmovidas y conmovidos ante las noticias de violación de los Derechos Humanos en el Ecuador.

El pueblo ecuatoriano ha salido a las calles para impugnar un paquete de medidas de ajuste fondomonetaristas, haciendo ejercicio del derecho a la resistencia contemplado en la constitución ecuatoriana.

Denunciamos la muerte confirmada de campesinos indígenas, el ataque policial a zonas de refugio de manifestantes, poniendo en riesgo la salud y la vida de menores de edad y bebés.  Todo esto en el marco de falsos llamados al diálogo que han venido acompañados de ataques a manifestantes -en su mayoría mujeres- desarmadas y con los brazos en alto.

Conocemos que en estos momentos el país se encuentra militarizado y se ha decretado un toque de queda en el área metropolitana de Quito.  En distintas declaraciones a los medios el Ministro de Defensa ha amenazado reiteradamente a toda la población levantada con el uso de toda la fuerza militar, lo mismo que en las cadenas nacionales de la presidencia, pese a que al mismo tiempo se habla de un diálogo, sin detallar en dónde, cómo y bajo qué condiciones. Ninguno de estos gestos abona la paz social y la restauración de un orden justo y democrático.

Expresamos nuestra profunda preocupación y hacemos un firme llamado al Presidente Lenin Moreno, al Ministro de Defensa Oswaldo Jarrín, y a la Ministra del Interior María Paula Romo, a frenar la represión, a deponer la posición de fuerza instaurada al amparo de un estado de excepción y toque de queda y a generar las condiciones para ese diálogo que las organizaciones han venido proponiendo durante los últimos días.

El mundo está observando lo que ocurre en Ecuador y desde nuestra Alianza nos comprometemos a seguir de cerca los acontecimientos y a seguir trabajando para romper el cerco mediático con el que se intenta ocultar los hechos de violencia y represión.

Alianza Biodiversidad

REDES – Amigos de la Tierra, Uruguay

GRAIN, México, Brasil y Argentina

Red de Biodiversidad de Costa Rica

BASE – IS, Paraguay

Campaña de la Semilla de la Vía Campesina, Chile

Grupo Semillas, Colombia

Grupo ETC, México

COA, México

Centro Ecológico, Brasil

Acción por la Biodiversidad, Argentina

CLOC – Vía Campesina

Acción Ecológica, Ecuador

Foto: https://es.aleteia.org

Enviado a SURCOS por Henry Picado

Historia del Neoliberalismo en Costa Rica – adelanto de investigación

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

Este avance de investigación forma parte del libro en proceso Historia del Neoliberalismo en Costa Rica, 1978-1994, que se desarrolla en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central y gracias al apoyo de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. Es un trabajo del historiador David Díaz Arias.

Continuar leyendo