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Etiqueta: neoliberalismo

¿Hay salida a la crisis en Honduras?

Marlin Oscar Ávila

Por seguir el “nuevo modelo liberal” o neoliberalismo, uno de los países centroamericanos que ha alcanzado a convertirse en Estado fallido es Honduras. Costa Rica es el que menores dificultades tiene actualmente, aun cuando sigue insistentemente los pasos de la privatización de sus servicios públicos, el narco actividad y hechos de corrupción de funcionarios públicos, siempre en contubernio con el empresariado, los cuales han sido los mayores flagelos de sus vecinos. La involución de la sociedad hondureña en los últimos 10 años pareciera seguir en caída libre. Sin opción para las grandes mayorías, más que seguir expresando su disgusto por las redes, como un recurso terapéutico; manifestarse públicamente aún a sabiendas que las fuerzas militares y policiales tienen orden de reprimir y hasta asesinar a quienes lo hagan; y, organizando caravanas hacia México y Estados Unidos, como opción de búsqueda de mejores oportunidades. Desde luego, hay quienes prefieren no ver, no saber y menos expresar el disgusto que causa las condiciones de su entorno, esperando, cómodamente: “que el Dios Todopoderoso sea quien cambie la situación.”

Y pareciera que, de acuerdo con las estadísticas oficiales generadas desde la propia Secretaría de Seguridad, el suicidio se posiciona como otra opción viable a la salida de la crisis que viven miles de hondureños. Más de 45 personas se han quitado la vida en los primeros dos meses del 2019. Se trata de un promedio de un caso al día en los últimos años. Se presumen sus causas, pero es un tema que aún falta por estudiarse con profundidad[1].

Los 30 productos de la canasta básica oficial alcanzan un monto 15 mil 300 lempiras[2] mensuales[3], en contraposición con un salario mínimo promedio 9 mil 443. 24. Y estos 30 productos terminan no teniendo razón de haberse seleccionado, si las distribuidoras, en especial, los supermercados, les cobran el IVA. Por otro lado, están las micro y pequeñas empresas sin capacidad para una sostenibilidad de sus negocios, los cuales es ven obligados a cerrar, tanto por la ausencia de políticas financieras apropiadas, como por las políticas de Estado, en cuanto Honduras es, junto con Nicaragua, donde se pagan más altos tributos.[4] Si encima de esto, existe la extorción de las maras quienes cobran tributos “de guerra”, en contubernio con las autoridades policiales y civiles, ningún negocio se puede sostener.

Los servicios básicos de salud (sanidad)[5] y educación para la sociedad hondureña, por otro lado, han dejado mucho por desear, y van de mal en peor. No se han llegado a reestructurar y modernizar, desde hace más de 50 años, pero sí ha habido promesas de su modernización en cada uno de los gobiernos[6]. Cada impulso de los políticos con propósito de “modernización”, se reduce a la profundización de la privatización de esos servicios, que, por otro lado, se encuentran inmersos en redes de corrupción que nadie desconoce, en las que se ven beneficiados los políticos y empresarios. El resultado: el encarecimiento a su acceso a la masa de trabajadores.

Honduras tiene un crecimiento vegetativo del 1.64% (datos de 2016)[7]. Si se promedia que en abril del 2018 había 9 millones 012 mil 229 habitantes, ahora tendríamos una población de 9 millones 160 mil 030 habitantes. En el 2016, el Banco Mundial (BM), dijo que Honduras es un país de ingreso medio-bajo que se enfrenta a desafíos significativos, con cerca del 60. 9% de la población viviendo en la pobreza en 2016. En zonas rurales, aproximadamente uno de cada 5 hondureños vive en pobreza extrema (menos de US$1. 90 al día).

Dos años después (2018), el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), daba a conocer que la pobreza había aumentado casi los ocho puntos porcentuales más: “Los datos del INE señalan que las personas en condición de pobreza representan el 68 por ciento de la población, más de seis millones de personas.” Además, informó que “…de este colectivo, el 44%, es decir, 3. 9 millones viven en la pobreza extrema, a lo que se suma otra realidad: el subempleo que es de 56% y del total de asalariados, el 75% recibe menos de la remuneración de subsistencia[8]”, lo que resulta en una fuerte explotación económica de la clase trabajadora.

Otro escenario que permite visibilizar la crisis en el país, es el éxodo colectivo de migrantes. Hasta antes de este fenómeno, el éxodo hacia EUA era manejado, exclusivamente, por traficantes (coyotes) de personas (unas 300 personas por día pagan cada una entre 5 mil y 6 mil dólares al coyote)[9], pero a partir del 13 de octubre del 2018, con la modalidad de grupos de autoprotección, de manera libre, muchas en núcleos familiares se han sumado hasta 7 mil migrantes[10]. La penúltima caravana, con más de mil personas, salió el 21 y 22 de enero de 2019 y a mediados de febrero[11]. 

Las cifras de migrantes que tradicionalmente han salido del país, se afirma que son 1,500 por día. Así es que en los 102 días cumplidos el viernes, ciento cincuenta y tres mil (153,000) habría abandonan su país por razones de inseguridad, desempleo, impunidad, corrupción y desprotección social. Hay muchas más familias que anhelan abandonar el país, pero no lo hacen por las condiciones actuales en las que subsisten o por no estar dispuestos a pasar los riesgos que eso implica, no obstante, cada ves más familias aceptan el reto diariamente.

Esta migración, junto a la de Guatemala y El Salvador, hacen que el gobierno de Washington pierda su cordura y amenace, no solamente con levantar un muro en su frontera sur e incluso cerrar por un tiempo el tránsito con México, donde pasan miles de millones de dólares semanalmente, pero con cortar la ayuda económica que ha brindado el último inquilino de la Casa Blanca, a los tres países del extremo norte centroamericano, que según ellos ronda los mil trescientos millones de dólares.[12] Lo que no parece admitir el equipo que gobierna a EUA, es su responsabilidad con lo que ocurre en estos países centroamericanos. Hasta el más sencillo ciudadano sabe que detener o reducir la creciente cantidad de migrantes hacia el norte, no se logra colocando muros, pero sí combatiendo las causas que la provoca. O como pareciera escucharse en toda la región, “se cambia y eligen mejores gobiernos, para acabar con esta pesadilla”, algo que se inició ya en El Salvador.

Las opciones y los vacíos políticos actuales

Algunos indicativos hacen creer que en Honduras se ha conformado una dictadura similar a las dictaduras de los ochentas: la de Perú con Fujimori, o actuales, apellidados como “democráticos” como la de los Ortega en Nicaragua; Netanyahu en Israel, y en algunos rasgos monárquicos como con Mahamed bin Salmán, príncipe heredero de Arabia Saudita, y otros que surgen al amparo o no de los Halcones en la Casa Blanca de Washington. Son países donde la impunidad, corrupción, el crimen organizado y los abusos de autoridad están a la orden del día. Algunos analistas piensan que la dictadura catracha no llega ni a ser un proyecto político a largo o mediano plazo, sino a un equipo de criminales, vestidos de políticos, astutos usurpadores del poder, sin ningún escrúpulo para robar hasta la saciedad lo que pertenece al pueblo. Es por esto que se ha roto el récord de asesinatos de civiles, aun en territorios en estado de guerra. Si esto es así, Honduras está al lado de la peor de cualquiera de las dictaduras políticas en el globo terráqueo.

La separación de poderes entre la Corte Suprema de Justicia, el Congreso y el Ejecutivo, en el caso hondureño, se ha venido denunciando como inexistente, desde que el poder está concentrado en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), establecido por el decreto legislativo No. 2392011 en el 2011, presidido entonces por el presidente actual de la “República”[13].

Desde allí se emanan las directrices que definen las principales políticas a seguir en toda la institucionalidad del país. En ocho personas que encabezan esos poderes, incluyendo a los Secretarios de Seguridad y Defensa, esta hegemonizado el poder de todo el Estado y, desde luego, quien preside este pequeño grupo, es quien dirige sin menor discusión los lineamientos del Estado completo. Es así como la misma Constitución, en su artículo 287, da pie para que luego, un grupito de funcionarios convierta el poder político “democrático” en una dictadura, aunque mantenga en su discurso, las expresiones de una democracia en funciones. Siendo que ahí están el Fiscal General y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, no se puede esperar más que un comportamiento mafioso.

El golpe de Estado de junio del 2009, además de las jugadas políticas y económicas mafiosas posteriores del líder liberal Roberto Mitcheletti Bain, incluidas las dos últimas elecciones fraudulentas,[14] sin cumplimiento alguno de las promesas de campaña, apoyados por Washington, ha llevado al pueblo hondureño a una creciente insatisfacción hacia sus gobernantes y las instituciones del Estado[15].  Los nueve años con cuatro meses posteriores al golpe de Estado han sido de significativos intentos de cambios de gobernantes[16] por parte de amplios sectores sociales y partidos en la oposición,[17] sin lograr trascender más allá de momentos de esperanzas que luego se convirtieron en la frustración de propuestas políticas, con centenas de asesinatos, prisioneros y exilados políticos. Esta frustración convertida en enojo, inunda las redes sociales con el descrédito aligerado, la ofensa y descalificación de quienes tratan de encontrar una salida alterna al posible éxodo masivo de una más significativa cantidad de ciudadanos, niños y niñas, profesionales, e incluso empleados que no logran superar los sueldos de hambre que les dan las patronales.  La mente estrecha de miembros del PN quieren hacer creer que este éxodo en caravanas es promovido por el partido de oposición Libre, por lo que entre más “dis que militantes de Libre” salen, son menos los votos de la oposición al PN.

Ese escenario ha llevado a grupos sociales a desilusionarse de quienes han liderado los movimientos y partidos políticos dentro de la oposición, por ser incapaces de evitar los fraudes y las negociaciones que les ha fragmentado, pese a las propuestas de unificación de los partidos progresistas en un solo bloque, proyecto que dejó de atraer luego de la fugaz existencia de la Alianza Opositora Contra la Dictadura.

En los últimos meses hemos visto, no sólo el desarme de los esfuerzos de unidad entre partidos y movimientos políticos, también la fragmentación de partidos de la oposición como Libertad y Refundación (LIBRE), los que están atravesando reducción de credibilidad de sus líderes que hacen dudar que sean una alternativa. No se trata de inexistencia de probables líderes, se trata de ausencia de propuestas estructuradas, proyectos creíbles y de definir mejor los criterios para su selección.  Aun cuando hay un ambiente muy emotivo que descalifica cualquier esfuerzo político serio y realista, se debe tener propuesta creíble. Por ejemplo, debería existir un análisis histórico que brinde un diagnóstico del origen de los círculos sociales y actores que han ocupado el poder político desde 1982, después de una constituyente, cuando se cree haber iniciado la instalación de gobiernos civiles, o no militares.[18] Tener una explicación de cómo y porqué surgen esos nuevos gobiernos, los orígenes sociales y económicos, como de sus inicios en la política, ayuda a definir criterios para saber las fuentes sociales, económicas y políticas de adónde no debe y adónde sí es recomendable extraer a futuros gobernantes y burócratas. Una reseña y caracterización de esta índole puede ayudar a conocer, por ejemplo, cómo creció la figura del actual presidente, sus orígenes y cómo se llega a conformar una familia con poderes absolutos, acusados de liderar carteles de la droga[19]. Si no sabemos cómo se llega a tener un dictador o un liderazgo como el de Manuel Zelaya quien ha sobrevivido lo que ningún estadista centroamericano ha pasado, pero que aún nueve años después mantiene un liderazgo y una especie de carisma indiscutible, al no hacer ese recuento analítico, se mantendría el riesgo de otro fracaso de elevadas consecuencias para el país. En esto ayuda el saber hasta en qué escuelas, colegios y universidades se educaron estos personajes, su círculo de amigos/as y su forma de adquirir el capital que poseen.

Cualquier crisis dentro de la oposición favorece a la actual administración de gobierno que, además, ha caminado de la mano de Washington. De acuerdo con algunos medios, las élites gobernantes y empresariales, incluyendo a oficiales del ejército nacional, están involucrados en alta corrupción[20] y en la narco actividad en grande[21], mucho liderado por el hermano del presidente, el señor Antonio (Tony) Hernández[22], sin dejar de lado a la difunta hermana del presidente, doña Hilda Hernández, quien manejaba muchos negocios ilícitos[23] , además de fungir como Ministra “sin cartera”. No cabe dudas que el conflicto y amenaza guerrerista de Washington contra Venezuela[24] y, ahora contra Nicaragua y Cuba, contribuye a que Juan Orlando Hernández se aproveche para llevar agua a su molino, siempre cumpliendo muy obedientemente las órdenes que emanan sus jefes desde el Departamento de Estado en EUA.  Su último movimiento es hacia convertir las criticas directas hechas por el presidente elegido de El Salvador, Armando Bukele Ortez, en una “defensa a la patria”, algo que no extraña en su desbordado cinismo habitual. Mientras sus tropas persiguen, detienen, asesinan jóvenes y reprimen a la ciudadanía que se manifiesta en diferentes zonas del país, él exhibe sus aviones de guerra y da una gira turística, gravada y publicada en las redes sociales, por las tierras del Golfo de Fonseca. Washington es consciente del perfil delictivo del presidente hondureño, pero sigue manteniendo a su conveniencia esta enfermiza relación. Los Halcones de Washington saben que el presidente Juan Orlando Hernández no les puede negar ninguna negociación porque éste sabe que, de entrar en contradicción, lo puede llevar al siguiente día a los juzgados de Nueva York para que sea juzgado por complicidad en el narco tráfico. En estos días el Pentágono e Israel, le acaba de vender una flota de helicópteros artillados y aviones de guerra a Honduras.

Los medios corporativos de información contribuyen en mantener la ingenuidad de la ciudadanía entreteniéndole con futbol y novelas diariamente a hombres y mujeres; con un ejército completamente involucrado en lo ilícito, volcado hacia el gobierno acusado de narcotráfico, por las significativas prebendas que sus altos oficiales logran, salvo un grupo clandestino de oficiales y ex oficiales intermedios que tratan de rescatar el prestigio y la moral de las FFAA. Así las cosas, al pueblo trabajador hondureño, víctima del peor gobierno en décadas, no le quedan más que dos opciones: luchar en las calles contra la dictadura hasta lograr su caída o, salir huyendo del país a como dé lugar. En una lucha campal, estilo chalecos amarillos europeos, seguramente un nuevo liderazgo aparecerá, con mejores criterios de selección. Es de esa lucha campal de donde se podría extraer a un nuevo y verdadero liderazgo político, puesto que esta sociedad tiene muy valiosas personas, comprometidas con lograr una Honduras que permita una mejor calidad de vida. Es asunto de perder ese miedo cultivado por el sistema dominante. Desde luego, esta lucha por los cambios estructurales incluye el rompimiento o fraccionamiento de la argolla que conforma el Consejo de Seguridad Nacional. También incluye el persuadir a la Comunidad Internacional de desistir con su apoyo a esta dictadura, aun cuando nadie ignora el doble racero que mantiene la cooperación internacional, particularmente la estadounidense y de la Unión Europea. 

[1] https://wp.radioprogresohn.net/alarmantes-cifras-de-suicidio-en-honduras/ https://criterio.hn/2019/02/23/honduras-reporta-2750-suicidios-en-los-ultimos-ocho-anos/

[2] 0,041 dólar por un lempira, a la fecha de redactar este artículo.

[3] https://criterio.hn/2018/07/14/canasta-basica-de-honduras-entre-las-mas-caras-del-mundo/

[4] https://criterio.hn/2018/07/14/canasta-basica-de-honduras-entre-las-mas-caras-del-mundo/

[5] . De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el desempeño de los sistemas nacionales de salud Honduras ocupa la posición 131 de 191 países [5]. La importancia de contextualizar el rol del Estado en el sistema de salud radica en que sólo 2.9% de la población está cubierta por seguros privados [6 http://www.archivosdemedicina.com/medicina-de-familia/situacin-del-sistema-de-salud-en-honduras-y-el-nuevo-modelo-de-salud-propuesto.pdf

[6] https://www.elheraldo.hn/pais/1155919-466/gobierno-de-honduras-buscar%C3%A1-modernizar-salud-y-educaci%C3%B3n

[7] https://www.indexmundi.com/es/honduras/tasa_de_crecimiento.html

[8] https://www.oncenoticias.hn/la-onu-confirma-que-honduras-recayo-tres-puntos-en-los-indices-de-pobreza-extrema/

[9] https://www.nytimes.com/es/interactive/migracion-coyotes-contrabando/https://www.laprensa.hn/honduras/1153842-410/honduras-migrar-migrantes-eua-migraciones-indocumentados-

[10] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45978111

[11] https://www.oncenoticias.hn/reportan-nuevo-exodo-masivo-de-hondurenos-hacia-ee-uu/

[12] CNN 31 de marzo, 1 de abril de 2019

 

[13] Ese término entrecomillado, pues una en una verdadera REPÚBLICA, el poder descansa en el pueblo, y éste delega el poder en tres instituciones esenciales que se convierten en el poder Legislativo (Congreso), Judicial (Corte Suprema de Justicia) y el Ejecutivo (el presidente y su Gabinete de ministros).  

[14] http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/12/18/fraude-electoral-en-honduras-el-grito-silencioso/

[15] https://www.laprensa.hn/honduras/tegucigalpa/428399-98/elecciones-2013-seguidores-de-libre-salen-a-protestar-a-las-calles-de https://presencia.unah.edu.hn/noticias/en-honduras-hay-poca-confianza-en-las-instituciones-segun-encuesta-de-percepcion-del-iudpas/

[16] https://criterio.hn/2017/08/24/conozca-plan-gobierno-la-alianza-opositora-la-dictadura/

[17] https://www.elheraldo.hn/pais/1169345-466/alianza-de-oposici%C3%B3n-anuncia-comandos-de-insurrecci%C3%B3n-en-las-calles

[18] https://www.elheraldo.hn/especiales/eleccionesgenerales2013/historia/presidentesperiododemocratico/

[19] Reflexión hecha el domingo 31/3 con dos buenas amistades en un café.

[20] https://www.laprensa.hn/honduras/1200505-410/caso-pandora-diputados-honduras-sag-corrupcion-lavado-activos-

[21] https://www.laprensa.hn/honduras/1056810-410/militares-daban-seguridad-e-informaci%C3%B3n-de-radar-a-los-cachiros; https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/colusion-del-ejercito-de-honduras-con-narcotraficantes-continua-existiendo-informe/

[22] https://tiempo.hn/fiscalia-revela-las-confesiones-de-tony-hernandez/

http://www.elpais.hn/2019/01/04/niegan-a-tony-hernandez-defenderse-en-libertad/

https://www.nytimes.com/2018/11/26/world/americas/honduras-brother-drug-charges.html; https://tiempo.hn/fiscalia-revela-las-confesiones-de-tony-hernandez/

http://www.elpais.hn/2019/01/04/niegan-a-tony-hernandez-defenderse-en-libertad/

https://www.nytimes.com/2018/11/26/world/americas/honduras-brother-drug-charges.html

[23] http://elperiodico.hn/2018/11/26/abogado-omar-menjivar-hilda-hernandez-dirigia-saqueos-de-fondos-publicos/

[24] https://actualidad.rt.com/actualidad/306784-eeuu-sanciones-venezuela-resolucion-ayuda-humanitaria

https://canal6.com.hn/washington-afirma-que-anunciara-mas-sanciones-contra-venezuela.html

http://www.latribuna.hn/2019/02/20/ortega-tiene-los-dias-contados-dice-asesor-de-seguridad-nacional-de-trump/

 

Enviado por el autor.

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El neoliberalismo es el nuevo principio de la Constitución

Oscar Madrigal

Hasta el voto de la Sala IV sobre el proyecto fiscal, el capítulo de Garantías Sociales tenía su fundamento en el principio cristiano de justicia social y nuestro Estado se definía como estado social, con el fin, como dice la Constitución, de “procurar una política permanente de solidaridad nacional”. (Art. 74). El otro principio fundamental en materia social que establece la Constitución es que “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país” (…) “y el más adecuado reparto de la riqueza”. (Art. 50). Pues bien, a partir del viernes pasado, el nuevo principio constitucional, según esos magistrados, es el equilibrio de las finanzas públicas.

En consonancia con esta posición el Estado Social queda supeditado a que no se rompa la relación ingresos-egresos del Estado, con lo cual los derechos sociales o individuales, dependerán en el futuro de la “solvencia económica estatal”. Textualmente lo dice: “De manera inexorable, debe existir un equilibrio entre los derechos prestacionales y la solvencia económica estatal, ya que los primeros dependen de las posibilidades materiales propiciadas por la segunda”.

De esta manera los derechos existirán siempre y cuando hayan recursos; por ejemplo, habrá medicinas contra el sida, si la Caja tiene recursos, electricidad en zonas alejadas sin al ICE le genera un equilibrio financiero, clínica de fertilización en vitro si Salud posee dinero o simplemente salarios crecientes si el Ejecutivo tiene plata.

Los magistrados lograron que la austeridad neoliberal adquiriera rango constitucional, el viejo y añorado sueño de Miguel Ángel Rodríguez de incluir un capítulo en la Constitución de Garantías Económica, lo lograron sin discusión alguna nuestros neoliberales con este fallo.

Además, la Sala IV (que ya no es constitucional) da otro paso: el Estado social de derecho “ideal” es el Estado Social de Derecho “posible”, es decir, se constriñen las prestaciones sociales y por tanto los derechos a la política de equilibrio presupuestario. Este, sin duda, es un cambio radical en la concepción de los derechos de los habitantes, los cuales ahora deben limitarse a lo que presupuestariamente es posible, con lo cual no habrá avance posible en el futuro.

En fin, la decisión de estos magistrados, es una pieza sacada del neoliberalismo, adosadas con un fuerte tinte inhumano, sin análisis jurídico y alejado de los principios que hasta ahora habían orientado la Constitución y el Estado costarricense.

Imagen tomada de http://dfiscal.blogspot.com

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

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Sobre el odio a los migrantes nicaragüenses y otras enfermedades sociales

Sobre el odio a los migrantes nicaragüenses y otras enfermedades sociales

Juan Carlos Cruz Barrientos

Lo ocurrido este sábado 18 con la manifestación xenofóbica es una escenificación de nacionalismo exacerbado, odio hacia la población nicaragüense y autoritarismo fascistoide largamente alimentado por sectores de la ultraderecha. Tres fenómenos que se alimentan de la irracionalidad por un lado, de la ignorancia por otro y que en común tienen un caldo de cultivo en las condiciones objetivas de vida de las víctimas del modelo económico neoliberal: desempleados, trabajadores informales y asalariados mal pagados…

Estas personas enfilan sus frustraciones hacia quienes ven como la amenaza externa a los migrantes pobres de un país con el que largamente se mantiene una relación conflictiva: la clase trabajadora nicaragüense. Sin embargo son fenómenos que deben abordarse por separado ya que la manipulación ideológica de chovinismo, el odio hacia el migrante pobre y las exhortaciones a la mano dura, son armas que tarde o temprano devienen en gobiernos autoritarios filo-fascistas que lejos de resolver los problemas estructurales, los agravan.

No podemos dar pie a ningún argumento que legitime el uso de la simbología de unidad patriótica, como es la selección nacional de fútbol, ni la supuesta relación entre migración y creciente criminalidad, para aniquilar nicaragüenses como lo pretendían los manifestantes del sábado. El supremacismo costarricense en cualquiera de sus manifestaciones, es un invento ideológico de la derecha para ocultar lo que en común tenemos todos los pueblos centroamericanos que es la creciente desigualdad social entre ricos y pobres.

Los migrantes nicaragüenses no son responsables del desempleo en Costa Rica. La causa del desempleo es el estancamiento de nuestra economía que dejó de crecer desde hace años y en eso nada tienen que ver los migrantes. Los migrantes nicaragüenses tampoco son responsables de la sobredemanda de servicios médicos en la Caja Costarricense de Seguro Social porque se trata de una migración joven que hace poco uso de los mismos. Los problemas en la calidad de atención que brinda la Caja hay que buscarlos en las malas decisiones y en la corrupción de la alta gerencia y algunos cuantos médicos inescrupulosos.

Tampoco es cierto que exista una relación estadística entre el aumento de la criminalidad y la migración nicaragüense. Dicho aumento es fruto de la actividad de las bandas de narcotraficantes y ahí tampoco tiene que ver el grueso de los migrantes nicaragüenses.

En todo caso los hechos del sábado 18 favorecen a Ortega para descalificar a los que huyen de la tiranía y de paso alimentar el desprecio hacia el pueblo costarricense. No es descartable esperar de Ortega otras sorpresas fronterizas, como autoagresiones, para desviar la atención y alimentar el sempiterno recurso del conflicto entre ambas naciones al estilo de Isla Calero.

Frente a los chistes y comentarios xenófobos, frente a la desinformación y las mentiras, frente a los llamados patrioteros, no podemos permanecer indiferentes. Una escalada del odio contra nuestros hermanos de la clase trabajadora nicaragüense tampoco resolverá los problemas estructurales que nosotros los ticos no hemos podido resolver, sólo fortalecerá a los políticos oportunistas que se valen del malestar y la frustración social para llevar agua al molino del fascismo.

El problema fiscal: Lo que no debería hacerse pero insisten tercamente en hacer

Luis Paulino Vargas Solís

 

Sin duda nos conviene, incluso nos urge, encontrar una salida pronta al problema del déficit fiscal y la escalada ascendente sobre la deuda pública que trae consigo. Pero ello no debería de ninguna manera ser pretexto para la precipitación y la chapucería. De acuerdo con la evidencia empírica y la teoría más seria y mejor fundamentada, hay cosas que no deberían hacerse. Lo malo es que se insiste en hacerlas.

El problema fiscal, la economía y el empleo

El primer serio error es no captar la relación entre el problema fiscal y el desempeño de la economía y del empleo. Si en otras épocas, se decía que el “mejor ministro de Hacienda” era una buena cosecha de café, hoy, tiempos del gobierno de Carlos Alvarado, podemos afirmar que la “mejor ministra de Hacienda” es una economía boyante que genere muchos empleos de calidad. El dinamismo económico, que pone a caminar todos los engranajes de la maquinaria productiva y provee empleos abundantes con salarios al alza, automáticamente genera mayores ingresos al gobierno. En cambio, por ya casi diez años la economía tica crece claramente por debajo de sus estándares históricos, con el agravante –incluso mucho más importante– que ese mediocre dinamismo es sumamente deficitario en términos de su capacidad para generar empleos y contribuir al sostenimiento de las finanzas públicas.

Según como se haga, el abordaje de lo fiscal puede dañar la economía y el empleo

Si se opta por un abordaje que enfatiza el recorte de gastos del gobierno, y la imposición de impuestos que obliguen a los sectores pobres de la población y a los grupos medios a recortar sus gastos de consumo, lo que tendremos, con casi total seguridad, es un bajón de la economía que deteriorará aún más la de por sí lamentable situación del empleo. Es como si decidiéramos despedir a nuestra “mejor ministra de Hacienda”, para sustituirla por algún tipo inepto y descuidado. El problema podría empeorar en vez de mejorar, y resolverlo conllevará costos aún más elevados.

A mediano y largo plazo la factura podría ser muy onerosa

Tenemos entre manos propuestas fiscales que, claramente, se desentienden de los problemas del empleo. Se arriesga con ello agravar la anemia crónica de la economía y la masiva carencia de empleos decentes. Pero, además, son propuestas inequitativas, que recargan los costos del proceso sobre los sectores más pobres y, en segundo lugar, sobre los grupos medios. Ello agravará la de por si aguda desigualdad que hoy fractura nuestra sociedad. Y, para peores, se apuesta (por medio de la regla fiscal) a un debilitamiento de la institucionalidad pública que, por encima de todo, golpeará a quienes más necesidad tienen. Esto puede provocar inestabilidad social en lo inmediato y, en todo caso, es algo que daría combustible al hervor a fuego lento del malestar y el disgusto que siente mucha gente en Costa Rica, especialmente en las zonas periféricas empobrecidas y olvidadas, y en los barrios marginales de las ciudades del Valle Central. Es echar leña a una hoguera que eventualmente puede convertirse en una enorme conflagración. Ya lo vimos en esta última campaña electoral, cuando caminamos al borde del abismo. La próxima podríamos caer.

Las propuestas en discusión: ejemplo perfecto de lo que NO debería hacerse

La transformación del impuesto sobre las ventas en impuesto al valor agregado (IVA), generalizando su aplicación a muchos servicios que hoy están exentos, tendrá dos consecuencias principales: en lo inmediato obligará a un recorte de los gastos de consumo por parte de familias pobres y de clase media, lo que implicará un frenazo a la economía y, posiblemente, un deterioro en los pésimos indicadores de empleo que tenemos. Segundo, en el mediano y largo plazo, agudizará la desigualdad, ya que es un impuesto que pesa más fuertemente sobre el bolsillo de quienes menos tienen.

El IVA podría ser aceptable, dadas las ventajas que tiene como herramienta para el control del fraude en el impuesto sobre la renta, pero solo si fuese parte de una propuesta integral que hiciese que, en su conjunto, el sistema tributario fuese realmente justo y equitativo. No es lo que se propone. El impuesto sobre rentas y ganancias de capital, incluido en el proyecto en discusión, podría dar un aporte en ese sentido, pero en gran medida pierde ese cualidad, en vista del diseño que se le da (una tasa “plana” del 15%, que lo mismo sería pagada por el pequeño inversionista o ahorrante, que por los grandotes). El incremento en el impuesto sobre salarios por encima de 2,1 millones al mes, tiene cierto grado de progresividad o justicia (poquitas personas en Costa Rica reciben tal monto de ingresos), pero es claramente, un impuesto que afectará a los profesionales asalariados del sector público, y el cual no toca en absoluto a los ricos-realmente-ricos, propietarios de grandes patrimonios (como acciones de empresas; bonos del gobierno; mansiones principescas; edificios de alquiler; yates, autos de lujo y aviones privados, etc.).

La llamada regla fiscal (véase mi artículo Regla fiscal parte II: para entenderla y entender el disparate) es claramente un receta animada por una feroz ideología anti-sector público, que inevitablemente conducirá a un mayor debilitamiento de los servicios públicos, con graves consecuencias: para la población más pobre en primer lugar, así como para estabilidad social y política en su conjunto.

Por su parte, todo el discurso que insiste en el recorte del gasto público, y que en buena medida traduce un odio mal disimulado hacia los empleados y las empleadas públicas, confunde la mojigatería moralizante con las realidades de la economía. Eso sumará a los factores regresivos, dañinos en lo inmediato para la economía y el empleo, y, a mediano y largo plazo, para la desigualdad, la estabilidad democrática y la paz social.

Necesitamos una propuesta fiscal diseñada sobre la base de otros criterios. Sobre eso volveré en un artículo posterior.

 

En imagen de portada: Rocío Aguilar, nueva ministra de Hacienda.

Tomado del blog: http://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com

Enviado a SURCOS por el autor.

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El empleo en el acuerdo Alvarado-Piza: cuando todos estemos muertos

Luis Paulino Vargas Solís (*)

 

El acuerdo firmado por Carlos Alvarado y Rodolfo Piza, que justificó ante la ciudadanía el apoyo que el segundo dio al primero en la campaña electoral de la reciente segunda ronda, contiene un apartado titulado “empleo y crecimiento”. Se supone que son medidas destinadas a devolverle dinamismo a la economía y reactivar el empleo, lo cual, por supuesto, tendría sentido como un esfuerzo para el corto plazo, es decir, para rendir frutos en un plazo de un año, aproximadamente.

Esto es bien importante. Veamos las razones.

Primero, en lo que se refiere al débil crecimiento de la economía, la historia se resume en lo siguiente:

– Es un problema que empieza a finales de 2008, hace casi 10 años. De ahí en adelante, e incluso si dejamos de lado la etapa (noviembre 2008 a septiembre 2009) en que se sintieron con más fuerza los impactos negativos de la crisis económica mundial, el dinamismo de la economía costarricense queda situado varios escalones por debajo de sus tendencias históricas previas.

– Entre mediados de 2015 y mediados de 2016 hay una cierta recuperación, cuando la economía crece en los alrededores del 5% (inclusive un trimestre que lo hizo al 6%), algo que, sin embargo, resulta muy modesto comparado con otras recuperaciones registradas en otros momentos (cuando se lograba crecer arriba del 8%).

– Ese mediocre recuperación fue posible sobre todo gracias a condiciones internacionales propicias, en particular, el fuerte bajón de los precios del petróleo, lo que, a su vez, empujó el consumo de las personas y las familias (esto último favorecido, además, por el crédito y la deuda).

– Las condiciones que propiciaron esa recuperación se han agotado: los precios del petróleo volvieron a subir pero, además, el peso de las deudas está obligando a mucha gente a frenar sus gastos de consumo.

– Todo lo cual ha hecho que en el último año el crecimiento económico caiga por debajo del 3%, con el agravante de que son las actividades de zona franca las más dinámicas, lo que significa que a “la economía donde realmente vive la mayor parte de la gente”, le va bastante mal.

En cuanto al empleo, la historia se cuenta en pocas palabras: en 2009 se registra un repentino y abrupto deterioro de los diversos índices sobre empleo, y la verdad, de entonces a la fecha no ha habido prácticamente ninguna mejoría. No solo tenemos problemas gravísimos (que afectan a más de 1,2 millones de personas trabajadoras), cuyas manifestaciones más agudas se dan entre las mujeres, la población joven y la de mayor edad, sino que, incluso, el porcentaje de personas que potencialmente podrían incorporarse al mundo del trabajo remunerado pero que no lo hacen, tiende a aumentar con el tiempo. Es una situación desastrosa, que no solo implica un grave despilfarro de capacidades productivas, sino, lo que es peor, pone de manifiesto la carencia de oportunidades laborales decentes, con todo el daño que esto inflige a la dignidad de las personas.

¿Y por qué es necesario reactivar la economía y, en especial, reactivar el empleo? Bueno, pues primero que nada por la gente misma, urgida de un empleo decente. Pero también por otras razones, incluso porque sin reactivación de la economía y del empleo, resolver el problema fiscal será mucho más difícil e implicará costos mucho más altos.

Y, entonces, ¿qué propone el acuerdo Alvarado-Piza?

Es innecesario entrar en mayores detalles. Lo escrito ahí corresponde al tipo de propuestas cliché que la demagogia en Costa Rica ha puesto a circular: créditos para micro y pequeñas empresas; capacitación en el INA; cursos de inglés; simplificación de trámites, y otras babosaditas por el estilo, todo perfectamente inofensivo.

Si uno se pone optimista, y asume que todo lo planteado va en serio y que, en efecto, se pondrá mucho empeño en lograrlo, lo que se podría decir es: “esto podrá quizá dar algunos frutos positivos dentro de unos cuantos años, quizá cuatro o cinco, no antes”. Pero la verdad yo no metería las manos al fuego por esto, ni creo que logre gran cosa, puesto que, para empezar, lo que se formula es un “frankenstein” construido a retazos, carente de integralidad y coherencia.

Pero, además, como ya dije, se necesita una reactivación inmediata de la economía y, en especial, del empleo. Parafraseando a Keynes: no para cuando todos estemos muertos.

La reactivación de la economía depende esencialmente de dos cosas que, en el contexto de una economía capitalista como la costarricense, son esenciales, por completo ignoradas en el documento que comento: la demanda y la rentabilidad.

Primero, porque las empresas no producen si no hay una demanda vigorosa que estimule esa producción. Segundo, porque no lo harán si su inversión no tiene una tasa de rentabilidad apropiada. Son un par de cosillas elementales que, en su momento, fueron puestas en evidencia por los que quizá son los dos más grandes economistas de la historia: Keynes y Marx, ambos cordialmente aborrecidos por la ortodoxia económica (incluida la ortodoxia marxista, que no soporta que le mencionen a Keynes).

La demanda anda floja porque el consumo de la gente y la propia inversión de las empresas andan muy flojas. La inversión de las empresas anda floja porque la rentabilidad también está adolorida, y porque no hay demanda saludable que la estimule. El consumo de la gente anda también averiado porque los salarios permanecen estancados, los problemas del empleo son de pegar gritos y, encima, el endeudamiento acumulado –que ha sido la forma como la gente suple sus malos salarios y sus problemas de empleo– ha llegado a un punto que obliga a apretarse el cinturón.

Y encima nos vienen con un paquete tributario que siendo en sí mismo una colección de parches, está formulado con total despreocupación respecto de esa delicada situación económica y del empleo, lo cual viene siendo como recurrir a las recetas de la medicina de otras épocas, cuando al paciente debilitado, se le debilitaba aún más sangrándolo.

Ahora, ¿Y por qué la rentabilidad anda damnificada? Pues un factor es la debilidad misma de la demanda. Otro –voy a pronunciar una grave blasfemia– tiene que ver con el tipo de cambio, algo que –lamento decirlo– fue explotado demagógicamente por Carlos Alvarado.

Por ahora, omitiré una explicación en detalle sobre esto. Solo quiero enfatizar una cosa: la gestión neoliberal de la política sobre el tipo de cambio nos ha llevado a un peligroso callejón sin salida. Apegados al dogma de la baja inflación, han utilizado el tipo de cambio colón-dólar como al modo de un ancla para mantener los precios bajo control. Pero al hacerlo de esa forma, han propiciado que se pongan en marcha tendencias muy dañinas. Por un lado, el tipo de cambio se ha desconectado de la realidad de la economía y ello, al dañar la rentabilidad de muchas empresas pequeñas, medianas e incluso empresas grandes de capital nacional (exportadoras, del ámbito turístico o que compiten con importaciones) ha frenado la inversión y la generación de empleos (aclaro que la historia de las zonas francas es bien distinta). Pero ello además ha promovido el endeudamiento en dólares, por parte de personas, familias y empresas cuyos ingresos son en colones. Si se diera una devaluación significativa, esto último tendría muy perniciosos efectos. Pero el caso es que ese peligro también alcanza al sector público, cuyo endeudamiento en dólares también ha crecido considerablemente.

El tipo de cambio dificulta cualquier posible reactivación de la economía y el empleo, pero su corrección conlleva graves amenazas. Jugando con fuego, el neoliberalismo criollo nos ha puesto en un difícil predicamento.

Luego volveré sobre esto.

 

(*)Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, (CICDE-UNED)

 

Tomado del blog http://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/

Enviado por el autor.

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Caída y ascenso del movimiento fundamentalista cristiano

Marcos Chinchilla Montes

 

Me conmovió de sobremanera leer sobre todas aquellas personas que hicieron el esfuerzo por regresar a Costa Rica, casi que con el fin exclusivo de votar y alzar su derecho a favor de una sociedad que continúe acogiendo un orden democrático que aunque imperfecto, brinda garantías de una institucionalidad y convivencia social orientada a la tolerancia, la justicia social, la integración y el respeto del derecho.

Si bien desde el gobierno de Monge (1982-1986) esas condiciones se han venido deteriorando con la intromisión del neoliberalismo, lo cierto es que la sociedad costarricense no ha claudicado en su anhelo y esfuerzo por alcanzar una sociedad donde todas las personas quepamos en condiciones de justicia, igualdad y equidad en la distribución de riqueza, y en los años recientes, con mayor nivel de armonía con la naturaleza.

Las últimas semanas, y particularmente con la presentación del Plan de Gobierno 2.0 del Partido Restauración Nacional, dejó en evidencia la odiosa confluencia de los intereses económicos de la burguesía nacional que parecieron tener muy buena sintonía con un discurso moralizante, evangelizador y discriminatorio de todo aquello que se aparta de la moral fundamentalista cristiana. Doloroso tener que reconocer como el odio, la intolerancia, la persecución, el fundamentalismo religioso y la violencia se visibilizaron y posicionaron con simpleza en nuestra sociedad; estábamos o estamos a un paso de que se instalara el pensamiento nazista que otrora acabó con la vida de millones de negros, judíos, gays y gitanos

Dichosamente, hoy le asistimos un duro golpe a esa visión de mundo que pensaba retrotraernos 2000 o 2500 años hacia atrás, heredándonos incluso tradiciones e instituciones del oscurantismo medieval y de la inquisición católica.

Muchas pueden ser las razones por las cuales la sociedad costarricense se volcó contra la propuesta del sequito de Fabricio y los neoliberales que posteriormente se le adhirieron; sin embargo, me voy a concentrar brevemente en las siguientes:

La ampliada indignación nacional que borró las fronteras de la pertenencia partidaria y que reconoció el riesgo de violentar un orden societal basado en la defensa, promoción, respeto, exigibilidad y disfrute de los derechos humanos.

Indiscutibles falencias intelectuales, profesionales y personales de Fabricio Alvarado que quedaron ampliamente demostradas en los pocos debates en que participó. Participar en política no es lo mismo que hablar en lenguas en un culto.

Incomprensión e irrespeto aberrante hacia la normativa internacional con la que el país se ha comprometido durante varias décadas, y que a su vez son garante de la promoción de los derechos humanos y las normas de convivencia internacional.

La relación personal y espiritual entre Fabricio y Rony Chávez (este último su padre espiritual) se tornó en un elemento de conflicto en la campaña en la medida que Chávez argumenta que la Virgen de los Ángeles es un espíritu demoniaco que debe ser combatido y desterrado. Este es un tema muy sensible para millones de católicos en el país y Fabricio nunca fue capaz de aclararlo o procuro desviar la discusión.

Un plan de gobierno que en sus diferentes versiones no demostró ni coherencia, ni una direccionalidad política nacional, y que más bien dejó la sensación de ser el plan de una iglesia que quería expandirse a nivel nacional e imponerse como orden moralizante.

Choque frontal y un cuestionamiento continuo hacia la institucionalidad electoral costarricense.

Adhesión oportunista de una serie de figuras ampliamente cuestionadas y mohosas del Partido Liberación Nacional, entre ellas Antonio Álvarez Desanti -candidato perdedor; lo que permitió dejar en claro que el Partido Renovación Nacional es sumamente poroso, que eso de las manos limpias es solo un eslogan de campaña, y que para hacer negocios, se lo hace desde cualquier partido político. A esto hay que sumarle la adhesión de Otto Guevara y otros candidatos presidenciales perdedores que más bien resultaron inconvenientes.

La sospechosa relación entre la campaña de Fabricio Alvarado, el diario digital el Mundo y OPol Consultores que generalmente le favorecía en las encuestas y que solía distanciarse con creces a las encuestas del CIEP de la Universidad de Costa Rica. Los resultados electorales dejan en amplio descredito a OPol y las personas que estaban detrás de esa empresa.

La indignación nacional se expresó no solo en el voto, sino en una sostenida campaña de memes, videos, comentarios, noticias y reflexiones en las redes sociales y en Whatsapp, las mismas debe asumirse como formas de participación social y de educación que permitieron conocer los riesgos que implicaba un posible ascenso de Fabricio Alvarado a la presidencia del país.

La derrota de Fabricio es a su vez una derrota para los hermanos Arias pues sus intereses económicos y políticos se posicionaron rápidamente detrás de éste; es una doble derrota para un deslucido Álvarez Desanti, sus seguidores y el sector más rancio del PLN; y es una humillación para la Iglesia Católica costarricense que le cedió espacio al fundamentalismo evangélico, perdiendo credibilidad social.

Sin embargo, deseo llamar la atención sobre el siguiente aspecto. En este round Fabricio resultó perdedor; no obstante, desde hace varios años el fundamentalismo cristiano aprendió a degustar las mieles del poder, y van por éste. Desde mi lectura, el fundamentalismo cristiano es ya un movimiento social (eso sí, de derecha), y han venido demostrando que tienen músculo político y que tienen capacidad para movilizarse y hacer temblar la institucionalidad costarricense; sino, recuérdese la cantidad de diputaciones que ganaron para la próxima Asamblea Legislativa, situación que avizora una situación especialmente delicada para el gobierno de Carlos Alvarado.

Finalmente, tenemos cuatro retos muy importantes y que no se deben de descuidar, a saber:

Carlos Alvarado debe hacer un excelente gobierno en términos de justicia social, distribución de riqueza, desarrollo de infraestructura, protección del medio ambiente y defensa de los derechos humanos; de no hacerlo, puede que no resistamos un nuevo embate del movimiento fundamentalista cristiano y su asociación con el pensamiento neoliberal.

El Tribunal Supremo de Elecciones debe revisar y modificar su normativa. Resulta inverosímil que ante tanta violación a la norma electoral, el tribunal se quede casi de brazos cruzados.

La vivencia espiritual debe complementarse con un pensamiento científico que permita enfrentar el pensamiento mecánico-mágico-religioso que está en la base del fundamentalismo cristiano. El desarrollo de una política cultural, educativa y participativa podría incidir en que recuperemos lo mejor de pensamiento de la ilustración, sin descuidar una relación constructiva y respetuosa con el medio ambiente.

La capacidad de reacción y acción social que asumió una buena parte de la sociedad costarricense contra la intolerancia debe mantenerse y fortalecerse. Como lo externé líneas atrás, el fundamentalismo cristiano es ya un movimiento social, con músculo y presencia en la Asamblea Legislativa; vendrán días aciagos en los que intentaran imponer su visión moral y excluyente de lo que es el ser humano, y debemos tener capacidad para cuestionarlos y enfrentarlos.

Dichosamente ganó la sensatez, el respeto a lo socialmente diverso, una agenda que garantiza los derechos humanos, y especialmente, la institucionalidad republicana que con sus evidentes limitaciones, aún permite la convivencia y la inclusión y existencia de la diferencia. Por el momento, con buen tino enterramos la intolerancia.

 

*Imagen tomada de https://semanariouniversidad.com/pais/fabricio-alvarado-presenta-su-plan-de-gobierno-2-0/

Enviado por el autor.

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Carta pública dirigida al Arzobispo José Rafael Quirós acerca de la Iglesia en las elecciones

Estimado Monseñor:

Esta no es una carta edulcorada, pero esperamos que usted vea, en la sinceridad, la medida de nuestro amor por la Iglesia.

Los temas sobre la familia y la ética sexual han predominado en la contienda electoral, poniendo en segundo plano otros muy importantes como la justicia social y la inequidad en la distribución de la riqueza. Antes de la elección del 4 de febrero, no recordamos haber visto ningún llamado de los obispos para ampliar la temática, con lo que se permitió –de modo directo o indirecto– un énfasis erróneo que desorientó al electorado. Tanto es así que en cartas posteriores, y tardías, la Conferencia Episcopal se vio en la necesidad de solicitar una visión integral.

Autorizados analistas opinan que Restauración Nacional, de innegable raíz neo-pentecostal, en alianza con los más radicales políticos neoliberales, pretende debilitar nuestro Estado Social de Derecho mediante una privatización acelerada de las instituciones públicas como el INS, el ICE, etc. ¿Cuál es la posición de la Iglesia para que ese tema sea discutido?

Nos preguntamos con angustia por qué la Iglesia promueve y fomenta tanta cercanía con el neo-pentecostalismo, si no ha tenido –por décadas– intentos efectivos de diálogo con iglesias de larga tradición en el país, como la Anglicana, la Luterana y la Metodista. Tan precipitada cercanía ha servido para respaldar las pretensiones del candidato de Restauración Nacional. Así opinamos muchos católicos.

El mentor espiritual del candidato Fabricio Alvarado, señor Rony Chaves, amenaza abiertamente el culto a la Virgen de los Ángeles y plantea una guerra contra el catolicismo, pero en ningún momento hemos visto una reacción de los dirigentes católicos que defienda nuestras creencias y nuestra fe. No se puede argumentar que eso sería meterse en política.

Acciones como el “Manifiesto Conjunto” entre la Iglesia Católica y la Alianza Evangélica Costarricense, que –por cierto– acarreó una reprobación del Tribunal Supremo de Elecciones el 18 enero 2018, y la marcha “Por la vida y la familia” del 3 de diciembre de 2017, sin duda produjeron y producen en muchos fieles la sensación de que da lo mismo ser católico que pentecostal. Esto se vuelve dramático en un contexto de acelerada migración de fieles católicos hacia otros credos.

Con todo respeto pero con dolor, afirmamos que hay sacerdotes que públicamente se han manifestado a favor del partido Restauración Nacional, y que en ningún momento ellos han recibido una llamada de atención —pública también— desautorizándolos. Ese silencio oficial de los señores obispos respalda la opción política del partido antes mencionado. El que calla otorga. Por ejemplo, mientras en días recientes hemos escuchado al candidato Fabricio Alvarado utilizar la marcha conjunta del 3 de diciembre con fines políticos, la Iglesia Católica permanece en el silencio, como si desconociera que las acciones públicas deben ser respondidas de manera pública.

La Iglesia Católica ha permitido que circulen –refrendadas por el silencio de sus representantes— falsedades, exageraciones y deformaciones sobre los programas de educación afectiva y sexual del MEP. Para tener una posición objetiva, la Iglesia tenía la responsabilidad de hacer un análisis riguroso, desde la ciencia de la teología, sobre esos programas. Muchos miembros de la Iglesia no nos satisfacemos con generalidades ni planteamientos de fundamentación no fehacientemente demostrada.

Con todo respeto hacia Usted y amor por nuestra Iglesia, esperamos que su respuesta pública contribuya a esclarecer las confusiones creadas en la población católica.

Deyanira Sequeira, cédula 1-248-675

Cristina Zeledón Lizano, cédula 1-230-339

Estrella Zeledón de Carazo, cédula 1-194-378

Fernando Rudin Vega, cédula 1-0484-0457

Aurelia Trejos París, cédula 1-360-879

José Pablo Mora Vargas, cédula 2-0581-0912

Edgar Fernando Céspedes Ruiz, cédula 9-008-572

Blanca Zelaya Irías, cédula 1-0365-0145

Jorge Alejandro Rivera Alvarado, cédula 1-0794-0409

Marco A. Cañizales Ramírez, cédula 1-0932-0081

Misael Mora Pacheco, cédula 2-0391-0306

Julia Li Vargas, cédula 1-0669-0057

María Gabriela Marín Arias, cédula 1-0619-0342

Carlos Eduardo Díaz Aguilar, cédula 1-0524-0105

Yolanda Rojas Rodríguez, cédula 9-0012-0762

Zaida Sequeira, cédula 1-0292-0747

Cecilia Motta Di Mare, cédula 1-0403-0689

Guadalupe González Kreysa, cédula 9-0071-0985

Saray Córdoba, cédula 1-0438-0311

Ligia Barquero, cédula 1-0415-0623

Nydia Sequeira, cédula 1-0340-0524

José Roberto Díaz Marín, cédula 1-0502-0821

Rosario Morera Alfaro, cédula 4-0109-0224

Alfredo Monge Rojas, cédula 1-0432-0849

Pilar Ureña Álvarez, cédula 1-0573-0651

 

*Foto tomada del Facebook del Arzobispo José Rafael Quirós.

Enviado por Deyanira Sequeira.

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Brasil: táctica de golpe de estado y apariencias legales

Rogelio Cedeño Castro*

 

Primera parte

El resultado inmediato más visible del juicio político contra la presidenta brasileña Djilma Rousseff, un hecho perturbador que ha ocupado las páginas y pantallas de la prensa mundial durante más de un mes, como es en su esencia el acto ilegítimo, ilegal y desproporcionado dispuesto, hace pocos días, por la mayoría de los integrantes de la cámara de diputados y del senado de ese país, ha sido su separación del cargo y la formación de un nuevo gobierno encabezado por el vicepresidente Michel Temer, convertido ahora en su más encarnizado enemigo, cuyo gabinete aparece conformado solo por integrantes de la minoría rica, caucásica y conservadora del país. Dentro de lo que constituye un acto que implica una vuelta a las prácticas oligárquicas, racistas y sumamente excluyentes, además de grotescas, de un pasado no tan lejano y tan propias del manejo del poder, por parte de las viejas elites durante buena parte del siglo anterior, las que implicaron desde siempre la discriminación y la violencia, en diversos grados, en contra de los grupos negro, indígena y mestizo que conforman la mayoría de la población brasileña, dentro de un país con más población negra que cualquier país africano, aunque también esta figura entre las más apartadas del poder y la riqueza, incluso si lo consideramos a escala planetaria.

No conformes con esto, los integrantes del nuevo gobierno han procedido, de inmediato, a la aplicación de un programa político, económico y social más agresivo, de naturaleza neoliberal y poco respetuoso de los procedimientos legales, dentro de lo que son un conjunto de acciones que, en ningún momento, han recibido la sanción positiva del voto popular.

Es aquí donde se revela, de manera definitiva e inocultable, la singularidad y la violenta determinación de las acciones dispuestas por este conglomerado de diputados y senadores, sobre todo por su pretensión de imponerle a la población brasileña un paquete de acciones en materia de política social y económica principalmente, las que tendrán graves efectos sobre los más pobres y excluidos, en ese enorme y contrastante país, todo como resultado del fin del período de las llamadas vacas gordas, al caer estrepitosamente el precio de las materias primas o commodities de los países de la región, después de un período durante el que, según afirma el economista Alfredo Serrano Mancilla,: “la política económica de Brasil fue muy exitosa en redistribuir riqueza a favor de las mayorías. Políticas sociales, como el programa Bolsa Familia, fueron responsables de sacar a 36 millones de brasileños de la pobreza. Se generó empleo (20,8 millones de puestos de trabajo), se mejoraron los salarios y se crearon casi 80.000 nuevas pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, todo esto se consiguió sin romper con las alianzas con el sector financiero. La banca privada nacional engordaba sus cuentas y el capital-golondrina financiero llegaba del exterior al calor de las altísimas tasas de interés. Por momentos, de las más atractivas del planeta. Un complejo equilibrio de ganar-ganar aplaudido por todos: alta aprobación de las mayorías y piropos de los medios internacionales. Por ese entonces se llegó a hablar de Brasil como la tercera vía latinoamericana”.

El descaro, el desenfado y la violencia, no tan implícita como pudiera pensarse en principio, con los que se exteriorizan todas estas medidas dentro del panorama político del Brasil contemporáneo, auguran un momento amargo y duro para las grandes mayorías populares de ese inmenso país sudamericano, una verdadera nación continente con casi 8 millones de kilómetros cuadrados y varias zonas horarias dentro de su extenso territorio, el que limita con la casi totalidad de los otros países sudamericanos, con las excepciones de Chile y Ecuador. Las complejas relaciones de poder hacia el interior de la nación brasileña aparecen aquí, provocando o mostrando una gran variedad de contrastes y problemáticas diversas planteadas a partir de su misma existencia, dada la gran variedad de contrastes en los órdenes más diversos que existen entre las diversas regiones y estados que las conforman, las que van entre las áridas y empobrecidas tierras del nordeste( el sertao, donde el hambre ha reinado desde hace mucho tiempo) y las ricas tierras gauchas del sur brasileño, con su característico verdor y las abundantes predios agrícolas, o entre las áreas costeras de Río de Janeiro o San Pablo con sus áreas urbanas y la inmensidad de las tierras amazónicas, un reservorio forestal de decisiva importancia para toda la especie humana y que se encuentra, cada vez más amenazado por la codicia de unas cuantas empresas transnacionales y los propios latifundistas brasileños, opuestos a cualquier modificación en la distribución de la tierra y en las prácticas depredadoras hacia los bosques de la Amazonía.

Dentro de semejante país, las camarillas locales del poder juegan un papel esencial en la toma de las decisiones más importantes, así como en la obstaculización de aquellas otras que puedan afectar a sus intereses y privilegios de casta, tal y como ha sucedido en esta oportunidad con todos los elementos de la trama del llamado impeachment o juicio político en contra la actual presidenta, que en realidad busca derribar su gobierno e imponer el programa político de la derecha, por el que no votaron en las últimas elecciones generales la gran mayoría de los brasileños y que los políticos de la derecha derrotados en las urnas apenas ayer están tratando de poner en ejecución, de manera acelerada, para impedir o mitigar la reacción de los movimientos populares, tales la Central Unitaria de Trabajadores o el Movimiento de los Sin Tierra(MST).

Este juicio político en esencia es promovido principalmente por sus antiguos aliados en el poder del Partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), a lo largo de los últimos trece años, a partir de la primera elección de Luis Ignacio Da Silva Lula, en las elecciones generales del año 2002, entre los que figura el presidente provisional recién designado y que había sido electo vicepresidente de la república, junto con la presidenta Djilma Rousseff en las pasadas elecciones generales de 2014. Los “aliados” de Lula y Djilma, provenientes de esta fuerza de derecha que ha sido siempre en realidad el MDB, aunque se autocalifiquen como un partido de centro(¿?), han roto con el actual gobierno de Djilma para buscar el retorno a un pasado o statu quo caracterizado por la miseria y creciente violencia contra los sectores populares, quienes a lo largo de la última década han despertado y se han movilizado por sus derechos, incluso enfrentándose al gobierno o a pesar suyo. El camino de los golpistas ahonda los graves problemas de ilegitimidad que ya enfrentaban los poderes públicos y el sistema político hasta ahora imperante en Brasil, además de ser una amenaza mortal para la débil democracia de un gigantesco país. La hipocresía de los protagonistas del drama y las apariencias legales con las que buscan cubrir sus acciones violentas, no ocultan las graves consecuencias de este asalto al poder en el mayor país sudamericano y sus implicaciones en la geopolítica mundial, a las que tendremos que referirnos más en detalle.

*Sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA).

 

Enviado a SURCOS Digital por Carlos Morales.

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De pensamiento es la guerra

Nils Castro

 

Desde finales del siglo pasado, en América Latina experimentamos un proceso por el cual varios partidos o liderazgos de izquierda han llegado al gobierno por medios electorales. Esto abrió un panorama de originales oportunidades políticas y socioeconómicas de carácter democrático, pese a las restricciones que los sistemas políticos y electorales vigentes en cada país tenían establecidas para asegurar el mantenimiento del régimen ya instalado por la clase dominante.

Como era de prever, la emersión de este proceso despertó el fenómeno opuesto: la contraofensiva regional de la derecha en los planos político, mediático, sociocultural y económico, que ha explorado varias modalidades. Aunque algunos de esos gobiernos más tarde fueron defenestrados o han sufrido reveses electorales, nada impide que los movimientos que los impulsaron se rehagan, ni que en otras naciones latinoamericanas afloren opciones de izquierda que también ganen elecciones. Pese a los afanes de algunos “críticos” que pretenden que dichos reveses ya significan la aniquilación de ese proceso, este todavía es un fenómeno en desarrollo: sus causas no han cesado, ni tampoco las expectativas y nuevos escenarios que ellas movilizan.

Precisamente por esto, transcurridos tres lustros el conjunto de esa experiencia debe ser evaluado. No solo por sus valiosas aportaciones, sino porque ello contribuirá a superar la multiforme contraofensiva de las derechas que, pese a haberse advertido a tiempo, pilló impreparados a muchos liderazgos de izquierda. Por ello, esa evaluación demanda tanto honestas autocríticas como conclusiones dirigidas no sólo a revertir dicha contraofensiva, sino a elevar los objetivos del proceso.

La demora en hacerlo favorece la proliferación irresponsable o maliciosa de cierto periodismo sensacionalista que recicla “teorías” como las del péndulo y el “fin de la historia”. Su pertinacia busca negar legitimidad y hasta subsistencia a las izquierdas que militan en los respectivos países, en paralelo con la contraofensiva de las derechas.

  1. El nombre

Antes de abordar algunos aspectos del asunto conviene recordar algunos antecedentes del actual “progresismo” y los alcances que la palabra ha tenido. Discutir el nombre ayuda a acordar cómo ocuparnos del fenómeno.

Me parece inapropiado referirse a la diversidad de formas nacionales de ese proceso con el nombre de “socialismo del siglo XXI”. Más que proponer un proyecto articulado, esa noción expresa el anhelo asignado a una gesta nacional, pero difícilmente puede caracterizar a las emprendidas en otros países. En estricto sentido, el país donde hoy se construye y debate un proyecto socialista para el siglo XXI es Cuba.

Para abarcar ese variado conjunto de experiencias prefiero el veterano calificativo de “progresistas”, comodín lingüístico de larga historia latinoamericana. En los años 60 y 70 incluyó a corrientes, líderes y gobiernos que fueron desde Lázaro Cárdenas y Jacobo Árbenz hasta la revolución boliviana, Jango Goulart y Salvador Allende, sin omitir a Torres, Velasco y Torrijos, entre tantos otros. Esto es, designó a movimientos patrióticos y populares con los cuales la izquierda podía colaborar, que aportaron justicia social, impulsaron la producción nacional, fueron solidarios y procuraron rescatar la soberanía y autodeterminación conculcadas por el imperialismo.

Ese vocablo no requirió definición doctrinaria pero brindó un ancho alero para juntar a esa rica gama de corrientes efectivas en nuestras ciudades y campos, para compartir demandas y metas sin desconocer las diferencias que coloreaban sus respectivas identidades.

En aquellos años se emplearon otros términos afines, como los de movimientos o gobiernos de liberación nacional, nacional-populares, democrático-revolucionarios, etc. Pero la noción de “progresistas” conserva la ventaja de ser más indeterminada que otras con las cuales se intenta sustituirla pero son menos flexibles ante el heterogéneo panorama regional. Por ejemplo, la de “pos neoliberales”, que sugiere que el neoliberalismo pereció, o los gobiernos progresistas pudieron ignorar todas sus imposiciones. Como tampoco las de gobiernos de “centroizquierda”, reformistas o socialdemócratas, cascaron es cuyo sentido el oportunismo europeo vació al entregarse al neoliberalismo, y que en Latinoamérica omiten las controversias que cada día animan la vida interna del progresismo.

  1. Sus antecedentes

Pese a la represión macartista al movimiento democrático de la posguerra, durante los años 60, en significativos sectores populares y medios tomó cuerpo una cultura política afín a las aspiraciones emancipadoras, latinoamericanistas y reformadoras. Además de sus propias reivindicaciones, esa cultura asumió repercusiones de la quiebra del estalinismo, las realizaciones de la Revolución cubana, las revoluciones del 68, los movimientos anticolonialistas afroasiáticos y la lucha del pueblo norteamericano por los derechos civiles y contra la guerra de Vietnam. El progresismo que maduró en aquellos años, tuvo la virtud de compaginar toda esa gama de experiencias.

En menos de 30 años, en América Latina esa cultura política alcanzó un auge significativo, sobre todo en sectores urbanos populares y medios. El brío que el acontecer sociopolítico regional le imprimió a la misma se plasmó en una aceleración significativamente reflejada en dos hitos: entre el momento en que Fidel Castro enunció el Programa del Moncada[1]y aquel cuando proclamó La II Declaración de La Habana mediaron apenas 10 años[2].

No obstante, en el fragor de los siguientes años más de una vez el vanguardismo idealista de algunos de sus líderes excedió los términos de esos hitos, al postular como punto de partida al segundo ‑‑la revolución socialista continental‑‑ a poblaciones que aún no habían llegado a reclamar aspiraciones como las planteadas en La Historia me absolverá. Su fervor sobre pasó los alcances temporales de lo que el grueso de la columna de millares de potenciales rebeldes latinoamericanos ya estaban listos a hacer suyos.

Después, al cabo de su tiempo aquel robusto fenómeno padeció el desgaste de la demora del éxito de los proyectos revolucionarios emprendidos, de la frustración de las esperanzas inicialmente cifradas en la renovación del “socialismo real” ‑‑y a la postre su desaparición‑‑, así como la “apertura” de China y el cambio de su política internacional. Por añadidura, de los efectos del “periodo especial” cubano, que retrajeron temporalmente las esperanzas latinoamericanas en la posibilidad de repeler al imperialismo y de acceder al socialismo, y que motivó dudas y controversias sobre la naturaleza y las posibilidades del propio socialismo.

  1. Expansión y crisis

Esa cultura política latinoamericana tuvo un repliegue. Así, cuando en tiempos de la señora Tatcher y el presidente Reagan el imperialismo desató la contraofensiva neoliberal, en el campo revolucionario las fuerzas ideológicas requeridas para enfrentarla no estaban en su mejor momento. Eso le facilitó a la derecha imperial y sus cómplices locales no solo lograr una rápida implantación de sus “reajustes estructurales” en los ámbitos institucionales y económicos, sino también en el campo ideológico, moral y cultural.

El ímpetu contrarrevolucionario de la ofensiva neoliberal reformuló las normas e instituciones económicas internacionales en beneficio de la gran burguesía financiera y la privatización des nacionalizadora de los recursos y empresas públicas. En términos generales, pese a que la pesadilla de las dictaduras militares quedó atrás, se reorganizó el ejercicio de la política y las prácticas electorales a favor de los liderazgos dispuestos a justificar e implementar los correspondientes “reajustes” institucionales y normativos. Aunque se menciona con menor frecuencia, esa ofensiva igualmente invadió el campo ético, cultural y educacional. Alineó los grandes medios periodísticos, restringió las universidades públicas y multiplicó las privadas, eliminó los subsidios a múltiples centros de investigación, cooptó a intelectuales y formadores de opinión, etc.

Aquella ofensiva fue adonde sabemos: achicar el Estado y sus atribuciones, desproteger las empresas y la producción nacional es, precarizar el trabajo y el salario, marginar las organizaciones laborales y sociales, insolidaridad, consumismo, etc. Pero a la postre eso provocó irritaciones sociales que remataron en insurrecciones urbanas y pérdidas de gobernabilidad. Al cabo, la política y los procesos electorales reordenados por las agencias neoliberales perdieron legitimidad y eficacia, y la supervivencia del sistema requirió rehacerse.

Aun así, incluso tras la crisis económica que afloró en 2008, es excesivo pretender que el neoliberalismo colapsó. Aun teóricamente desacreditado, sigue asociado al gran capital y continúan vigentes sus reglas, que regulan el comercio y las finanzas internacionales, y gran parte del funcionamiento institucional de la mayoría de los organismos internacionales y países, así como las formas de pensar de millares de funcionarios públicos y privados. A esto contribuye el hecho de que el neoliberalismo es blanco de múltiples críticas, pero aún no ha tenido que enfrentarse a una contrapropuesta ideológica sistematizada.

  1. Al gobierno, pero no al poder

Como sabemos, en ese escenario de rechazo social a las política neoliberales, varias candidaturas procedentes de la izquierda mejoraron sus posibilidades al coincidir con el crecimiento del voto de castigo contra quienes las sustentaron. Con diferencias según las particularidades de cada país, algunas izquierdas mejoraron su representación municipal y/o parlamentaria, o directamente ganaron elecciones presidenciales aún sin haber logrado significativas victorias locales y legislativas.[3]

El análisis y comparación de procesos nacionales deberá ser parte de la evaluación que tenemos pendiente hacer y compartir. No obstante, sabemos que estas victorias fueron viables gracias a la combinación de unas promesas de campaña deliberadamente poco radicales, con la votación de repudio a la políticas y los gobiernos precedentes. En otras palabras, gran parte de esos votos no reflejó una identificación ideológica de la mayoría ciudadana con un proyecto enfilado a emprender la Revolución, ni con el supuesto de que sus candidatos realizarían un gobierno más revolucionario que el prometido en su oferta electoral.

Por lo tanto, mutatis mutandis, esas izquierdas obtuvieron una oportunidad de gobernar asociada a una mayoría electoral que reclama mejorar sus condiciones de vida, pero que no por ello ya está dispuesta a asumir ‑‑al menos todavía‑‑ las tensiones y riesgos de emprender un salto revolucionario. En otras palabras, de gobernar para cumplir determinadas promesas electorales, no para sobrepasarlas. Además, para hacerlo respetando la institucionalidad prestablecida, sin modificarla por medios distintos de los que ella misma dejaba establecidos. Esto es, para llegar al gobierno, pero no al poder.

Solo donde grandes insurrecciones urbanas habían abierto la posibilidad de cambios mayores, algunos de esos gobiernos pudieron realizar reformas constitucionales que ampliaran su campo de acción aunque, aun así, esas reformas más tarde resultarían insuficientes.[4]

  1. Cuánto ya se pudo

La devastación del Estado por el tsunami neoliberal y sus dolorosas consecuencias en cada población y soberanía nacionales, hizo indispensable emprender rectificaciones, a riesgo de llevar países y economías al caos. La aparición de gobiernos progresistas se insertó en ese contexto, cuando urgieron políticas correctivas pos neoliberales, sin que aún fuera viable sostener alternativas pos capitalistas. Pero eso permitió reconstruir un sistema socioeconómico con el cual reparar muchos de los daños sociales infligidos por los “ajustes” neoliberales, y restablecer las funciones sociales del Estado, lo que también implicó avanzar en la construcción de una comunidad latinoamericana de naciones.

Pese a la diversidad de los procesos políticos que los caracterizan, estos gobiernos coinciden en varios rasgos que originaron importantes efectos regionales: restablecieron la responsabilidad del Estado antela economía, el mercado y la redistribución del ingreso; reorganizaron servicios públicos para atender las funciones sociales del Estado, principalmente las de acceso a la salud y la educación; crearon programas de lucha contra la pobreza y el hambre, y por la alfabetización y la ciudadanización; y, además, ampliaron las inversiones en infraestructura para el desarrollo y para la solución de problemas sociales.

A la par, desarrollaron importantes proyectos de solidaridad e integración latinoamericana e incluso caribeña, que rediseñaron y fortalecieron, o crearon, organismos como el Mercosur, la Unasur, el Alba y finalmente la Celac. Eso incrementó notablemente el peso político y diplomático de Latinoamérica frente al mundo, y su capacidad de negociación. Ni siquiera los críticos más biliares de este progresismo desconocen tales adelantos de la integración regional.

Un buen aprovechamiento del período de alza de los precios internacionales de las materias primas en varios países facilitó financiar los programas de asistencia social sin castigar impositivamente a la clase adinerada. Sin embargo, esa opción apaciguadora no se aprovechó para ampliar y diversificar la capacidad productiva de esos países, y fortalecer sus reservas financieras, para cuando volvieran las vacas flacas, como ocurre tras la crisis mundial emergida en 2008.Además, por efecto del carácter correctivo y asistencialista pero no revolucionario –pos neoliberal pero no pos capitalista‑‑ de estos gobiernos, algunas acciones necesarias, como reformas agrarias y tributarias de mucho mayor aliento, dejaron de acometerse.

En la mayor parte de los casos, tampoco se realizó la indispensable reforma política, ni la debida reforma del campo de las comunicaciones sociales. Estas inconsecuencias, que cabe computar como falta de coraje político y de confianza en el potencial de las organizaciones populares, pueden registrarse como victorias de los grandes medios de comunicación que ahora implementan la contraofensiva de derecha.

Con todo, en estos quince años los gobiernos progresistas ampliaron extraordinariamente el campo de la ciudadanía y la participación popular en el debate de los asuntos de interés público, además de mejorar las condiciones de vida y concretar derechos civiles de decenas de millones de ciudadanos. Por muchas reconquistas que ahora las derechas puedan lograr, ese patrimonio cívico no será fácilmente arrebatado a los sectores populares. De allí en adelante, ahora hay una masa crítica más robusta con la cual discutir y movilizar mejores proyectos de futuro, opción que las organizaciones de izquierda deberán saber ganarle a las derechas.

Pero, tras la el surgimiento de los gobiernos progresistas las realidades y expectativas latinoamericanas quedaron cambiadas. No cabe suponer que toda esta experiencia ha sido un fiasco, ni dejó de legar relevantes consecuencias. Cualquier propuesta latinoamericana de mejor futuro sostenible deberá alzarse a partir de sus resultados, porque el punto al que hemos arribado no es de agotamiento sino de evaluación y relanzamiento

  1. La siguiente disyuntiva

Luego de que los proyectos revolucionarios de los años 60 y 70 del siglo XX ‑‑ ya fueran proyectos guerrilleros, del nacionalismo militar o el socialismo allendista ‑‑dejaron de lograr los objetivos previstos o concluyeron en reformas negociadas con el gobierno existente, y de que Latinoamérica fue blanco de la ofensiva neoliberal, no ha vuelto a darse otro auge ideológico de esa talla. El movimiento político e ideológico que posibilitó las victorias electorales progresistas de los albores del siglo XXI fue expresión de mayorías sociales más resabiosas, que deseaban revertir los efectos del tsunami neoliberal pero temían recaer en luchas civiles o dictaduras militares, o sufrir nuevas tribulaciones económicas.

Ninguno de estos accesos de liderazgos de izquierda al gobierno fue producto de una revolución y, en consecuencia, ellos asumieron gobiernos previamente estructurados y normados por la clase dominante, en las formas dispuestas por el sistema político preestablecido. Con lo cual los progresistas pasaron a ser parte del grupo gobernante, pero sin desplazar a la clase dominante.

En teoría, para superar esta situación hay dos medios: uno consciente de que en tales condiciones solo se puede ir más allá si el proceso es capaz de formar bases políticas que lo exijan, que ayuden a implementarlo y que defiendan las iniciativas gubernamentales que sobrepasa en las restricciones iniciales. Impulsar el proceso exige formar nuevos destacamentos de cuadros y movilizar organizaciones populares ‑‑transformar indignaciones sociales en movimientos políticos‑‑, misiones que por su carácter corresponden principalmente a los partidos y organizaciones de izquierda, más que al aparato gubernamental, que constitucionalmente debe servir a toda la sociedad.

Y un segundo medio, según el cual para ir más allá será necesario lograr sucesivas reelecciones del gobierno progresista, a cada una de las cuales acudir con un programa más avanzado, con base en la simpatía y confianza políticas idealmente obtenidas a través de una buena gestión gubernamental y la satisfacción de importantes demandas y necesidades sociales. Este supuesto es más engañoso de lo que parece, pues generalmente esos gobiernos no compiten por la reelección proponiendo desarrollos más radicales, sino opciones reculadas a la defensiva.

  1. Del revés a la contraofensiva

Ese supuesto ha conllevado repetidos autoengaños, al subestimarlas reacciones que las derechas enseguida de su derrota electoral pasan a impulsar. Aunque pierdan uno o más comicios, ellas conservan su poder económico, su red de articulaciones y auspicios internacionales, el control de sus grandes medios de comunicación y su influencia cultural. La perplejidad inicial de su primer revés puede desconcertar a las derechas temporalmente, pero antes de acudir a la siguiente campaña ellas realinearán sus recursos y medios, e invertirán en renovar su imagen y eficacia.

Desde hace algunos años varias fundaciones y universidades privadas estadounidenses pasaron a ofrecer cursos de organización, encuesta, publicidad y marketing políticos para capacitar jóvenes cuadros de derecha. A su vez, algunas fundaciones españolas se han dedicado a surtir giras y charlas de veteranos dirigentes de la reacción hispanoamericana.

Con estos respaldos y otros más inconfesables, las derechas han remozado su capacidad de cambiar estilos, lenguajes y liderazgos visibles. Como también de apropiarse de algunas de las temáticas suscitadas por las izquierdas, y de culpar al gobierno progresista de los problemas sensitivos que sus antecesores de derecha dejaron en el terreno y las izquierdas hayan demorado en resolver. Sobre todo eso ya he escrito en extenso en estos años y me sacaría de tema repetirlo aquí.[5]

  1. Las enajenaciones del electoralismo 1

Cuando un gobierno progresista vuelve a elecciones, por muchos que hayan sido sus méritos eso ocurrirá sobre un campo sistemáticamente asolado por la oposición económica y los medios periodísticos de mayor audiencia. Esto es, los logros del progresismo habrán sido omitidos o demeritados, sus deficiencias habrán sido sobre dimensionadas y muchos de sus recién pasados votantes estarán desorientados.

En ese contexto, ante cada período electoral el progresismo volverá a encarar una de las aberraciones propias de la democracia capitalista: cada campaña será cada vez más publicitaria y costosa, y los modos de sufragarlas serán más esquivos. Si, como es probable, el sistema electoral no ha podido ser reformado por el proceso progresista, las campañas estarán cada día más sujetas al marketing y más permeadas por la cultura y las prácticas del consumismo y el mercado.

Ante cada reto electoral la primera será que los recursos económicos no alcanzan. Salen los candidatos y dirigentes a buscar donaciones ‑‑a subastarse al mercado, diría Brecht‑‑ y no falta quien incurra en desviación de fondos públicos, lo que, aparte de sus implicaciones legales, bajo el sigilo también puede triturarla moral de algún involucrado. Por mucha buena fe que haya de por medio, inevitablemente la plata de los donantes implica reciprocidades que enajenan a dirigentes, candidatos y partidos, aunque las justifique un “realismo” del que después no hay escapatoria.

A la par suele admitirse el supuesto de que ser de izquierda es un inconveniente electoral; se acepta el prejuicio de que vale “correrse al centro” para suavizar imagen, tranquilizar donantes y buscar una incierta reserva de votantes moderados. Abandonas las posiciones que antes permitieron reconocerte y ser electo como quien eres, pero a los ojos de quienes antes te creyeron irás dejando de serlo. Al cabo, los votos que allá tal vez consigas podrán dejarte lejos de compensar los que pierdes en el campo que dejaste al agotarse la credibilidad que te restaba.

  1. Izquierda y moral

Cuando estos vaivenes se aceptan en una agrupación comprometida con transformar al país, lo que empieza como una falla ética circunstancial se convierte en daño mayor: la confianza perdida se vuelve escepticismo y la credibilidad se esfuma la suspicacia popular concluye que “estos ya son iguales que los otros”, voz que los medios “objetivos” enseguida entran a festinar.

Este fenómeno es asimétrico. Si en un partido conservador se cometen triquiñuelas el público lo cree “natural”, considerando que su moralidad es funcional al capitalismo salvaje. Pero si eso ocurre en un partido que promete otro horizonte ético, asumir comportamientos del repertorio moral capitalista es una aberración.

Para la militancia revolucionaria la calidad de cierta ética, por cuyos principios se está dispuesto a perder la libertad y hasta a dar la vida, es definitoria. Porque en última instancia se va a la contienda política por una de dos razones: porque el sistema es miserable y hay sobradas razones para luchar por transformarlo; o porque se busca disfrutar de las mieles de ese sistema miserable aunque sea a expensas de los demás.

  1. Las enajenaciones del electoralismo 2

Cuando la obsesión electoral se toma la vida partidaria, sus demás soportes lo resienten: si, por ejemplo, el partido merma la formación de líderes comunitarios, pierde dinámica de inserción y liderazgo locales, pierde el liderazgo político que se construye al luchar por las reivindicaciones diarias del ciudadano, que no son parte del escenario electoral. Es decir, al convertirse prioritariamente en grandes máquinas electorales, partidos de reconocidos méritos pueden perder influencia sociocultural porque las energías invertidas en campaña se sustraen a las demás actividades de construcción de contra hegemonía.

Por lo tanto, vale preguntarse: si en las campañas electorales es inevitable competir sin los recursos financieros necesarios, ¿solo podemos participar en desventaja? Si nos dejamos seducir por las campañas a la norteamericana, embriagadas por la estética del consumismo, siempre estaremos en desventaja, aunque tengamos recursos. Pero así como en la guerra revolucionaria solo el ejército de la clase dominante puede alinear el armamento más costoso, mientras las fuerzas populares deben apelar a la inventiva guerrillera, en las contiendas electorales la izquierda debe crear sus propias alternativas, desplegando las capacidades comunicativas de la creatividad popular y juvenil, cónsona con la condición social y moral que sustenta su credibilidad. En ambos casos la capacidad de sorprender con iniciativas inesperadas será decisiva.

  1. Partido permanente vs partido coyuntural

Eso exige volver a preguntarse: ¿cuáles son las misiones esenciales de un partido de izquierda? Decimos que impulsar a los sectores populares a organizarse y formar cuadros políticos, asumir un programa de transformación social, movilizar a las organizaciones y masas sociales para enfrentar los retos políticos por superar, para crear contra hegemonía popular y convertir masas en fuerza política. En ese marco, la participación en campañas electorales para darles mejor contenido es una parte de dichas misiones, más ahora cuando esto puede incluir hasta la posibilidad de llegar al gobierno.

No obstante, debemos distinguir entre el partido permanente y el coyuntural. Cuando la posibilidad de ganar elecciones se hace efectiva, esa parte de las misiones puede tomarse la mayoría de las previsiones, energías y recursos de la vida partidaria, incluso en detrimento de las demás actividades. Pero solo se gana mayor fuerza y poder para vencer los demás retos cuando  se han cumplido las misiones del partido permanente. En especial, las de enraizamiento comunitario, organización participativa y formación ideológica arraigada en la vida y memoria nacionales, para recatar a los millares de compatriotas que el reinado neoliberal sumió en el consumismo y la banalidad culturales.

Para darnos mejor futuro toca construir otro apogeo de la propuesta ideológica y la cultura política comparables al alcanzado en los años 70.

  1. Objetivos y medios no electorales

Para la oligarquía el objetivo es recuperar al gobierno como instrumento de poder; las elecciones son un medio para ese fin y si por este medio no lo consigue hay otros a los cuales apelar. En cada campaña, más que ganar las siguientes elecciones, para la derecha la prioridad es desacreditar y deslegitimar la gestión de cualquier izquierda en el gobierno, para darle sustentación social al propósito de remplazarla lo más pronto posible.

En tanto logre debilitara sus principales adversarios progresistas, la clase dominante querrá ganar comicios, pero a condición de que eso no limite el poder que ella requiere para obtener sus fines. El objetivo principal de la derecha no es volver a Palacio, sino encauzar un proceso contrarrevolucionario de gran alcance. Su propósito es revertir las conquistas populares acumuladas durante las últimas décadas y tomarse otras adicionales. Si eso puede asegurarse por medios no electorales como los llamados golpes “blandos”, la cuestión medular es la de las formas de deslegitimar al gobierno progresista y legitimar al que lo remplace. Ya sea esto mediante unas elecciones auténticas, espurias o reñidas, o de una operación extra electoral.

En estos años, la contraofensiva de las derechas ha introducido novedosas formas de seleccionar y presentar candidatos, discursos y promesas programáticas, para darles mayor charm mediante el marketing y las técnicas de pesquisa y manejo de la opinión ciudadana, y de las llamadas campañas sucias. Pero lo esencial no son sus estilos rutilantes, sino su capacidad ‑‑principalmente mediática‑‑ para degradar la imagen moral y política de las opciones progresistas, no apenas para justificar su defenestración, sino para crear una supuesta urgencia de remplazarlas y fomentar una demanda de cambios que tenga este sentido.

En la práctica, los medios sustituyen a los partidos una vez que las derechas, a través de los suyos, fijan su agenda para un gobierno contrarrevolucionario. Este se enfilará tanto a revertir las conquistas sociales logradas durante más de un siglo como a reinstalar las políticas neoliberales de privatizar recursos nacionales, incrementar capacidad de financiamiento y endeudamiento externos, reducir los avances en materia de integración a meros acuerdos de liberalización comercial, eliminar capacidad de negociación a las organizaciones laborales y comunitarias, judicializar las controversias con los dirigentes progresistas y sacarlos del escenario político orquestándoles procesos legales.

Para las derechas, usar el sistema electoral para recuperar el gobierno como instrumento de estas políticas tiene sentido si permite tomarse la facultad de ejecutarlas. Darse cierta imagen de legitimidad para justificar el atropello a las normas de la institucionalidad democrática en tanto eso convenga a su objetivo final.

  1. Ahondar el proceso democrático

Así las cosas, ante la presente contraofensiva reaccionaria, quienes hoy son los defensores reales de las instituciones democráticas y del proceso democratizador son la izquierda y los sectores progresistas. Pero esta condición no debe distraernos de tres cosas:

La primera, que la institucionalidad que estamos defendiendo es aquella misma que antes fue estructurada por los gobiernos de la derecha tradicional para restringir el juego democrático, mediante una coexistencia política norma da para mantener las cosas como están, no para cambiarlas. Por lo tanto, la cuestión es salva guardar una institucionalidad que al propio tiempo es imperativo democratizar erradicando los arcaísmos y privilegios que benefician a los partidos y candidatos de la oligarquía, y que encarecen el juego político a favor de los grandes financiadores de campañas. A la vez, para ensancharle el campo a la participación popular. Defender la institucionalidad no tiene sentido si no es impulsando un nuevo proceso democratizador.

La segunda, que es preciso tener presente en nuestra vida política cotidiana, en el análisis del acontecer diario y en la producción teórica, que es un imperativo de la misión de las izquierdas y los sectores progresistas, desarrollar su capacidad de convertir la inconformidad e indignación sociales en conciencia y militancia organizada para derrotar a la contrarrevolución para transformar al país.

Y la tercera, que para materializar esta misión es indispensable una permanente formación y acumulación de fuerzas en los ámbitos del trabajo material, de la vida comunitaria y de las diversas expresiones de la convivencia humana. Que es indispensable compartir ideas, proyectos y expectativas que los distintos sectores progresistas puedan hacer suyos, puesto que solo al arraigar en masas organizadas las ideas se convierten en fuerza material.

Sin embargo, lo más importante es que estas tres cosas no son solo exigencias a las organizaciones que luchan en la oposición, sino sobre todo para las fuerzas progresistas que llegan al gobierno. Porque no solo se  trata de generar mayores fuerzas para desenmascarar y derrotar la contraofensiva reaccionaria, sino también para sacar de la modorra a los cuadros y funcionarios adocenados dentro de los gobiernos progresistas. Los partidos y movimientos progresistas que van al gobierno no deben hacerlo para servir como sus justificadores, sino para exigirle a sus integrantes cumplir sus deberes políticos y morales.

Tener mejores gobiernos progresistas no es el fin de esta historia, sino una oportunidad de completar condiciones que faltan para emprender la siguiente. Entre ellas, rejuvenecer y fortalecer nuestras capacidades para derrotar a la contrarrevolución en el campo de la cultura política, la confrontación ideológica y la comunicación persuasiva porque, como apuntó José Martí, “de pensamiento es la guerra mayor que se nos hace, ganémosla a pensamiento”.

Panamá, abril de 2016.

[1]. La Historia me absolverá, de 1953, donde se plantea el objetivo de lograr un régimen democrático progresista, sin mencionar al socialismo.

[2].En 1962, en la cual pasó de reafirmar al socialismo cubano a convocar a la diversidad de las fuerzas que podían emprender la revolución latinoamericana.

[3]. Obviamente, tales procesos han sido diferentes donde una fuerza de izquierda llegó a Palacio sin obtener mayoría parlamentaria, lo que mediatizó los alcances de su victoria (como Lula), o donde triunfó en ambos cotejos (como Chávez). Y tampoco es igual cuando previamente unas insurrecciones urbanas defenestraron al anterior gobierno complaciente con el neoliberalismo (Correa), que donde triunfó ganándole a la derecha unas elecciones reñidas (Rousseff), o cuando la izquierda triunfó pero su victoria le fue robada (Cárdenas).

[4].Como en Bolivia, Ecuador y Venezuela.

[5].Ver “Una coyuntura liberadora… ¿y después?” en Rebelión 23 de julio de 2009, “Una liberación por completar” en Alai del 17 de agosto de 2009 y, particularmente, “¿Quién es la “nueva” derecha?” en Alai del 14 de abril de 2010 y Rebelión del 15 de abril del mismo año.

 

*Imagen del autor tomada de http://www.cubaminrex.cu/

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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Ciencias sociales contribuyen al desarrollo nacional

Vicerrectora Alice Pérez

En el 40º aniversario del Instituto de Investigaciones Sociales destacó sus aportes al país

 

Eduardo Muñoz Sequeira,

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Ciencias sociales contribuyen al desarrollo nacional
Los aportes de las Ciencias Sociales son parte de las más prestigiosas revistas indexadas. Actualmente, esta área recibe el 18% de los fondos asignados a la investigación (montaje Denis Castro).

“Esta área está muy presente con sus aportes en el espacio académico nacional y en el contexto social, tanto en número de instancias vinculadas con la investigación, como en resultados de esa gestión”, dijo la Dra. Alice Pérez Sánchez durante el acto de conmemoración del 40º aniversario del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS-UCR), celebrado el pasado 24 de setiembre en el auditorio de la Ciudad de la Investigación.

La Dra. Pérez fue parte de las autoridades universitarias que se unieron a ese festejo, en el que reencontraron investigadores, estudiantes y gran cantidad de ex funcionarios del IIS. En su alocución, la Vicerrectora apuntó que las ciencias sociales, en todas sus vertientes, son agentes del cambio que experimenta el mundo en todos los campos, especialmente en el educativo.

Esta área la integran todas las escuelas, centros e institutos de disciplinas agrupadas en las facultades de Ciencias Sociales, Derecho, Economía y Educación, recordó. Éstas son las de mayor producción en cuanto a publicaciones, sus unidades reportan un total de 861 entre los años 2010 y 2014, en promedio 172 anuales. De ese registro, 316 conciernen a artículos en revistas indexadas, tales como Scopus, ISI, Redalyc, SciELO y Latindex. Del total, 141 corresponden a libros y 146 a capítulos en otros. De este universo, el IIS es el responsable de un 13% y de 7% anual en lo referente a proyectos, programas y actividades, con relación a toda el área.

En el quinquenio mencionado, las ciencias sociales reciben el 18% de los fondos asignados a la investigación, “el IIS, en promedio del quinquenio, ha recibido el 15% del presupuesto destinado a las Ciencias Sociales”.

Ciencias sociales contribuyen al desarrollo nacional2
El nuevo edificio del IIS-UCR ofrece condiciones adecuadas para el trabajo de los investigadores y becarios que se incorporan a sus programas de investigación – foto Laura Rodríguez Rodríguez.

Las unidades vinculadas al área de mayor trayectoria son el Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP-UCR), con 54 años desde su creación; el Instituto de Investigación en Ciencias Económicas (IICE-UCR), con 45 años y el IIS, que acaba de cumplir sus 40 años de labor.

Agente de cambio

En el periodo 2010-2014, una tercera parte de las unidades de investigación se relacionan con las Ciencias Sociales. De hecho, son las que muestran mayor crecimiento en el personal dedicado a la investigación económica, política, educativa, historia, estudios de la mujer, entre otros. Al inicio del lapso estaban inscritos 352 investigadores, y al final aumentó a 474. Este incremento se tradujo en mayor cantidad de proyectos, programas y actividades, pasando de 361 a 447, en el mismo periodo.

Ciencias sociales contribuyen al desarrollo nacional3
La investigación de la antropología botánica es una de las más novedosas líneas de trabajo del Laboratorio de Arqueología (foro Rafael León).

Entre los principales aportes temáticos están los educativos, antropología, sociología, psicología y el estudio de las migraciones. “Igualmente importante han sido el aumento de convenios de cooperación interinstitucionales, análisis de riesgo y elaboración de planes de contingencia fundamentales para el desarrollo del país”, acotó la vicerrectora Pérez.

Gran parte de las investigaciones se difunden en las 51 revistas del Portal de Revistas de la UCR, de las cuales 19 se dedican a las especializaciones de las Ciencias Sociales. Asimismo, ya existen 10 casos de gestión de innovación, tramitadas por Proinnova.

Además del área de Ciencias Sociales, la UCR ocupa el primer lugar entre las diez instituciones con más publicaciones científicas en América Central, entre los años 2004 y 2014, según la base de datos Scorpus, en total sumaron 2433 items. Otro estudio realizado este año por el Laboratorio de Cibermetría del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, basado en Google Scholar Citations, determinó que son 74 las científicas y científicos de la UCR que se encuentran en el escalafón de citaciones académicas, y destaca que de los primeros diez lugares nueve pertenecen a la UCR.

Actualmente, la Vicerrectoría de Investigación tiene inscritos 1.258 proyectos, cuenta con 33 centros y 13 institutos de investigación, 108 laboratorios, 15 fincas y estaciones experimentales y 4 unidades especiales de investigación.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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