El día 6 de diciembre del 2024 el programa Alternativas transmitió en vivo un conversatorio con profesionales de distintas disciplinas de las Ciencias Sociales con el fin de analizar el contexto actual de Ecuador. En esta línea se compartieron diversos puntos que permiten un amplio análisis del panorama político tan complejo que se enfrenta actualmente, de esta manera a modo de introducción se señala que un aspecto relevante al intentar comprender la realidad ecuatoriana radica en considerar el contexto latinoamericano en general, el cual es dominado principalmente por un capitalismo neoliberal que genera múltiples consecuencias debido al funcionamiento que este establece.
Es decir, uno de los puntos más destacables es el hecho de que el país se enfrenta a una alta ola de violencia en medio de un sistema que persiste en conseguir sus objetivos sin importar el costo, ya sea atropellando los derechos humanos, generando ecocidios, entre otras situaciones. En este marco, se presentan discursos sumamente polarizados y enfoque social securitista que apunta con mayor frecuencia a medidas punitivistas, además, cabe destacar que en este punto se señala el hecho de que el securitismo conlleva a su vez grandes sumas de dinero invertidas únicamente en dicho sector, por lo que se comienzan a descuidar sectores como educación y salud generando recortes.
Se destaca otra problemática que ha tomado mucho protagonismo y es la economía ilegal (crimen organizado); en este punto tal y como se señala se observa una especie de paralelismo entre el Estado y dichas organizaciones.
En esta línea, se presenta un gobierno con gran capacidad de manipular masas y poca tolerancia a la crítica, lo cual se explica que resulta altamente peligroso para la democracia. En este sentido, se señala el papel de los movimientos sociales en la nación, los cuales han implicado irse ligando poco a poco al sistema de dicho país, de esta manera un punto de encuentro entre las personas panelistas es la necesidad de ver dichos procesos como algo colectivo en lugar de individualista, asimismo se señala en un inicio la necesidad de pasar de un sistema competitivo a uno humanista cuidando el no caer en androcentrismo. De esta manera, se destaca la complejidad del panorama actual en Ecuador dadas las perspectivas cada vez más polarizadas y un gobierno que no apuesta un más a un modo competitivo, así como métodos securitistas para resolver procesos que trascienden más allá de lo que se observa.
Además se le invita a seguir el programa Alternativas, el cual realiza constantemente ejercicios que invitan a cuestionarnos y analizar las realidades actuales.
El Frente Amplio uruguayo (FA-UY) logró una importante victoria electoral, recobrando el poder luego de haberlo perdido durante un período gubernamental. De esta manera, Uruguay será gobernado por el Frente durante 20 años de los 25 del período 2005 – 2030. En los primeros tres gobiernos se aplicó una política económica y social que generó crecimiento con beneficio para la población, con más intensidad en los dos primeros períodos. Esto rompió el dominio de los dos partidos tradicionales que habían gobernado durante el siglo XX: el Partido Blanco y el Partido Colorado. Fue una demostración de que en América Latina puede ejecutarse una política pública de crecimiento, combinando la expansión exportadora con el estímulo al mercado interno. También se demostró que el crecimiento del mercado interno sólo es posible mediante una clara política distributiva en favor de los sectores más rezagados.
En 2019 el FA-UY perdió la elección presidencial ante el Partido Blanco, debido a un desgaste de la gestión gubernamental que mostró un “distanciamiento respecto a la gente” y una pérdida de contacto con el sector empresarial. El Frente revisó lo sucedido y en 2024 ha regresado con la suficiente fuerza para ganar la elección con claridad (un poco menos de 100.000 votos de diferencia) y plantearse la recuperación de los mejores momentos de los primeros 15 años al frente del gobierno. El presidente del FA-UY, Fernando Pereira, define este resultado como el producto de un trabajo puerta a puerta que duró tres años: el resultado de “chancletear” todo el país (www.youtube.com/watch?v=6hUovOa_2lc).
Varios analistas han definido al FA-UY como un partido raro. Es diferente a los otros frentes amplios que operan en América Latina. En realidad, es una coalición de diferentes tendencias que tienen en común la búsqueda del crecimiento combinado con el bienestar de la gente, en un marco de respeto profundo a la democracia uruguaya y a sus rivales políticos. Social demócratas, demócratas cristianos, socialistas, ex tupamaros, ambientalistas y tendencias similares se unen en el FA-UY desde hace 50 años. Todos se definen de izquierda, basados en los principios particulares de cada uno. En este contexto, el concepto de “izquierda” significa solidaridad con los que menos tienen, defensa de los mecanismos estatales que propician la redistribución del ingreso, defensa de la democracia, rechazo al totalitarismo. Así, todas las tendencias citadas se preguntaron: ¿estamos de acuerdo con estos principios? Si. Entonces, actuemos juntos para mejorar al Uruguay. No nos peleemos por tonteras, impulsemos un programa de cambio compartido. Hay un programa básico compartido; pero, cuando hay diferencias de criterio sobre puntos fuera de ese programa, se respeta la opinión de cada uno y su libertad para actuar de acuerdo a sus creencias. Como resultado de esta visión el FA-UY es el partido más grande de Uruguay. En el siguiente enlace se encontrará el programa 2025 – 2030: www.frenteamplio.uy/prioridades-para-gobernar-uruguay-2/
El logro económico
Los dos primeros gobiernos del FA-UY generaron los mejores logros económicos, como se observa en el gráfico 1. En el período 2005 – 2009 gobernó Tabaré Vázquez y en el período 2010 – 2014 José “Pepe” Mujica fue el presidente. La economía creció por encima del 5% anual, combinando la expansión exportadora con el impulso del mercado interno. La capacidad exportadora mejoró notablemente, con lo que las exportaciones por habitante aumentaron un 73%. Influyó un ambiente internacional favorable con precios al alza de los productos de exportación. Pero, el solo hecho del entorno internacional favorable no es suficiente para explicar este tipo de expansión. Se necesitan políticas de promoción de la exportación. Un ejemplo de esto fue la atracción de la inversión extranjera que pasó de US$1.400 millones en el período 2000 – 2004 a US$12.400 millones en el período 2010 – 2014. Además, el crecimiento exportador se vinculó con el mercado interno a través de una política de salarios crecientes y un incremento del gasto social estatal. De esta manera, el consumo de las familias por habitante aumentó un 76% de 2004 a 2014. Esta década demostró que el progresismo puede manejar la economía latinoamericana con eficiencia propiciando la expansión empresarial y el bienestar de la población. El conductor de la política económica de este período fue el economista social demócrata Danilo Astori, destacado catedrático de la Universidad de la República. Astori fue Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de esa Universidad, la principal del país.
El FA-UY impulsó el crecimiento entendiendo que es el resultado de la combinación de la exportación con el mercado interno. No le tuvieron miedo a la globalización, pero la asumieron con políticas claras. No le tuvieron miedo a la inversión extranjera, por el contrario, la propiciaron. No le tuvieron miedo a la concesión de obra pública, ni a las alianzas público – privadas. Entendieron que se trata de impulsar una fórmula apropiada: el progreso empresarial y el bienestar de la población deben ir de la mano, con políticas claras de desarrollo del mercado externo y del mercado interno, con políticas contundentes de redistribución como se verá más adelante.
Gráfico 1
Datos económicos
El tercer período, 2015 – 2019, liderado de nuevo por Tabaré Vázquez, reveló un desgaste de la gestión del FA-UY. Los resultados macroeconómicos se debilitaron como lo muestra el gráfico 1. El proceso exportador continuó, pero con menos intensidad. Esto afectó la dinámica inversora lo que se tradujo en una salida de inversión extranjera. El consumo de las familias también mejoró, pero de manera lenta. Tales factores se combinaron para que la economía creciera un pobre 0,70% anual. El Partido Blanco aprovechó este mal desempeño económico para ganar la elección de 2019. Sin embargo, el resultado del período 2019 – 2023 no fue bueno, creciendo la economía un limitado 0,85% anual. Influyó en esto la pandemia de 2020 – 2021. Pero, el rebote natural, post pandemia, no tuvo la intensidad adecuada. La exportación se recuperó lentamente y se observó cierta recuperación de la inversión extranjera, pero insuficiente. No hubo políticas de distribución favorables a los sectores más rezagados, por lo que el consumo de las familias mejoró limitadamente, así como el mercado interno no fue un factor de crecimiento. Esto facilitó que el chancleteo, citado por Fernando Pereira, rindiera resultados positivos en la reciente elección presidencial generando el cuarto gobierno del FA-UY.
El logro social
El éxito de la política económica de los gobiernos del Frente está relacionado con la política distributiva favorable a los sectores más rezagados. El gráfico 2 presenta un pequeño grupo de indicadores que revelan la orientación de esa acción distributiva.
Gráfico 2
Datos sociales
El ingreso promedio de la población trabajadora aumentó un 60% de 2005 a 2017. El crecimiento económico y esta política distributiva bajaron la pobreza sustancialmente del 20% de la población al 4%. Asociado a lo anterior, la distribución del ingreso mejoró sustancialmente haciendo que el índice de Gini bajó de 0,47 a 0,39, en los primeros años del proceso. Este índice fluctúa entre 0 y 1. Conforme se acerque a 0 la distribución mejora, lo que sucedió en el período mencionado.
Es claro que las políticas distributivas se deterioraron al final del tercer gobierno del FA-UY, revelando el desgaste de la gestión del partido. Sin embargo, es importante observar que el Partido Nacional, en el período 2020 – 2023 no logró revertir esta situación. En parte afectó la pandemia. Pero, una vez superado este problema, no existió voluntad para aplicar una política distributiva consistente, por lo que el ingreso de las personas no superó el nivel dejado por el segundo gobierno de Vázquez. Asociado a esto observamos que la pobreza aumentó levemente y la distribución del ingreso también se deterioró.
La lección para América Latina
La experiencia del FA-UY revela que el progresismo puede manejar con éxito cualquier economía latinoamericana. Es falso que el neoliberalismo sea la opción que tiene la fórmula del éxito. Por el contrario, cada vez queda más claro que la extrema derecha neoliberal lleva al fracaso a nuestros países. El caso más claro es la experiencia argentina con Javier Milei, que está destruyendo la producción, aumentando el desempleo y la pobreza y perpetuando la desigualdad. Con las políticas alternativas del progresismo se puede alcanzar buen desempeño macroeconómico y mejoras sustanciales en el plano social. Pero se requiere de un enfoque unitario de todas las fuerzas que quieran el cambio progresista. Este cambio no será propiedad de un solo grupo, aislado del resto de las fuerzas progresistas. Hay muchas fuerzas que comparten esa visión progresista, entendida como la vocación por el crecimiento con beneficio para la población, en un marco de democracia plena. Los social demócratas, los demócratas cristianos, los socialistas, y demás fuerzas similares, persiguen objetivos comunes de bienestar humano. La unión de esas fuerzas conduce al éxito.
La sociedad costarricense del presente no es la misma que la de ayer. Aclaro eso sí que no soy un nostálgico del pasado. Los significativos avances sociales, producto del Estado Social de Derecho (ESD), que logramos desarrollar entre los años cuarenta y ochenta del siglo anterior, se ha erosionado tanto que cada vez es más irreconocible.
El neoliberalismo económico que emergió, con fuerza en la década de los años ochenta del siglo XX, hizo lo que hace una lluvia tenaz sobre un terreno fértil sin barreras de protección. Lo erosionó de tal manera que hoy es un terreno cada vez más pobre.
Así las cosas, lo que el país construyó en cuarenta años, aún con todas sus limitaciones y defectos, empezó una cuenta regresiva que nos ha llevado a un presente cada vez más sombrío.
Los avances en derechos sociales en salud, en educación y en protección social, que singularizaron a Costa Rica en el contexto latinoamericano, se han convertido en una casa llena de goteras donde no alcanzan los baldes para recoger tan consumado deterioro.
Aun cuando los organismos financieros internacionales hegemonizados por Estados Unidos, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, no lo quieran reconocer, sus recetas neoliberales han fracasado y siguen fracasando al llevar progreso y desarrollo a los países que las aplican. Son pequeñas minorías y élites rapaces las grandes beneficiarias mientras la pobreza y desigualdad golpea a amplios sectores sociales. No por casualidad, los avances y logros en erradicar la pobreza en nuestro país, muestra magros resultados y el país se encuentra entre los diez más desiguales del mundo.
La cultura individualista ha ganado terreno en nuestra sociedad al compás del avance neoliberal, en detrimento de valores y políticas centradas en la solidaridad y los derechos sociales.
El gobierno de Rodrigo Chaves es la culminación de un proceso erosionador del ESD, que se refleja en el deterioro de la CCSS y su rol en la atención de la salud; en una educación pública sin ruta para la movilidad social y donde la reducción presupuestaria es su guía; y en el progresivo debilitamiento de programas sociales, que afectan a distintos sectores y grupos sociales. Para este gobierno, su presidente y ministro de Hacienda, su desvelo son las cifras macroeconómicas y la atención obsesiva de los golosos acreedores, externos e internos.
Y este momento de deterioro social se da en medio de una crisis de inseguridad como nunca había padecido el país, donde los tentáculos del narcotráfico y el crimen organizado han alcanzado todos los poderes sin que el Estado dé muestras de que está ganando la batalla. Todo lo contrario.
Asimismo, la corrupción se ha convertido en la noticia cotidiana. Ahí donde hay poder político siempre emerge la tentación del acto corrupto, el robo y apropiación de recursos públicos, utilizando mil maneras en función de asegurarse la impunidad. Actos de corrupción siempre han existido en toda nuestra historia republicana. Sin embargo, tales actos se han venido exacerbando en los últimos gobiernos del siglo anterior y en todos los del presente siglo XXI. Ninguno se libra y muchos de esos escándalos no han terminado en alguna condena. La impunidad se ha salido con la suya y la justicia no ha prevalecido.
En este presente sombrío muchos de los políticos responsables de las políticas neoliberales, del deterioro del ESD e, incluso, responsables por acción u omisión de actos corruptos, señalan a Rodrigo Chaves como responsable de lo que sucede, después de dos años y medio de su nefasto gobierno. Tienen razón en algunas caracterizaciones y diagnósticos de quizás una de las peores administraciones, pero pareciera que perdieron la memoria histórica y política. Es como si este gobierno de rasgos autoritarios hubiese surgido por generación espontánea.
Su desmesurada ambición politiquera y su escasez autocrítica los hace señalar todo a partir del 8 de mayo del año 2022. No. Señoras y señoras del PLN, del PUSC, del PAC y de otros partidos neoliberales minoritarios, Rodrigo Chaves (incluidos su legión de troles y fanáticos), es un producto depurado de su abandono de las políticas sociales, de su corrupción y de ver la hacienda pública como un botín de corsarios y piratas.
Tengo la convicción de que no todo está perdido y que hay esperanzas redentoras. Pienso que en lo que queda de esos partidos, con seguridad hay costarricenses honestos que realmente quieran que Costa Rica avance por una senda de profundización de la democracia, de la justicia social y el respeto de los derechos humanos. Ahí no incluyo a quienes siempre llegaron a servirse y lucrar con recursos públicos, aunque tengan un mentiroso discurso pseudo-progresista. Tampoco incluyo entre los que la autocrítica es brisa y no huracán.
Aquí si incluyo a las y los jóvenes que no han sido contaminados por las miasmas de la politiquería centrada en la ambición personalista y la insolidaridad.
Se puede construir una Patria buena y justa en un país que tiene reservas humanas, sociales y recursos naturales suficientes para emprender ese camino.
Ya no serán las mismas sendas del siglo anterior. Serán otras que se deberán combinar con los avances científicos y técnicos del presente, las redes sociales y la Inteligencia Artificial. Pero hay que empezar por identificar, sin subterfugios, las raíces de los males del presente.
La abogada Rixi Moncada es la principal pretendiente para la presidencia del Poder Ejecutivo de Honduras en las próximas elecciones internas, en marzo y el 30 de noviembre, del 2025 en las elecciones generales nacionales. Así mismo se elegirán 128 diputados, e igual número de suplentes, para el Congreso Nacional, además de 20 propietarios y 20 suplentes para el Parlamento Centroamericano; 298 alcaldes y vicealcaldes y 2092 regidores. Hasta ahora, ella va punteando las encuestas para sustituir a la presienta Xiomara Castro, ambas del partido político de Libertad y Refundación Libre.
Las mujeres están tomando impulso en las actividades de tipo partidario, animadas por la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Esperemos que hagan un mejor papel que los hombres, pues hay muy poco que demostrar como buenos gobernantes en los últimos 200 años, en favor de las grandes mayorías.
Hemos visto a la presidenta de Honduras entrevistándose con Sheinbaum, dos mujeres con diferente historial político, por lo que deseamos que Xiomara Castro mantenga ese vínculo de amistad e intercambio.
Es claro que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum estará aplicando una gestión para el bienestar social de las mayorías que se incluye en la cuarta transformación, iniciada por Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente para muchos analistas con la reducción de la pobreza y muy alejada del modelo neoliberal. A Honduras le vendrá muy bien una gestión con los mismos principios, lo mismo que a los demás países de la región centroamericana, aunque en Costa Rica, será muy difícil con el presidente Rodrigo Chaves, hecho a la medida del Banco Mundial quién desde su llegada al país, comenzó a privatizar todo lo público, su receta aprendida con transfusiones sanguíneas en los solones de lujo del BM.
El partido gobernante en Honduras es LIBRE, quien se supone favorece las políticas del bienestar de las mayorías y la reducción de la pobreza, con lo que no estaría para favorecer a las grandes empresas. Es decir, que Rixi Moncada debe contar con el respaldo de las mayorías de trabajadores asalariados pobres, que llega a superar el 51%, aunque es el 59% de la población la que vive bajo la línea de la pobreza y de esa el 32% pertenece a la pobreza extrema.
Cualquiera que gobierne en los próximos años, si aplica los principios del neoliberalismo, al que se opone el gobierno mexicano, no hará otra cosa que hacer crecer la pobreza extrema y engordar a los grandes empresarios extranjeros y nacionales y Rixi lo sabe muy bien.
29 de septiembre de 2024.- La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) acaban de lanzar el capítulo dedicado a Honduras de la investigación “Perseguidas por defender y resistir. Criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en Honduras, Nicaragua y México”. Esta es la segunda de tres publicaciones que reflejan los resultados de un trabajo de investigación sobre la criminalización a mujeres que defienden derechos humanos en Mesoamérica, un fenómeno constante y cada vez más creciente en la región.
La defensa de derechos humanos en Honduras: un escenario propicio para la criminalización
Entre 2017 y 2022, el Registro mesoamericano de agresiones a defensoras de la IM-Defensoras documentó un total de 284 agresiones que de forma individual, colectiva o hacia organizaciones o grupos, criminalizan el actuar de las defensoras de derechos humanos. De éstas, 102 fueron detenciones arbitrarias y 182 se relacionaron con el inicio de causas o procesos penales o administrativos.
Entre las causas estructurales de la efervescencia de la criminalización en Honduras, la investigación identifica el Golpe de estado de 2009 como un punto de inflexión en la deriva autoritaria, conservadora y extractivista del país. A partir de 2009 se multiplicaron los proyectos extractivistas, se aprobaron leyes para privatizar servicios públicos, bienes naturales y territorios ancestrales y comunitarios; se llevaron a cabo reformas de las leyes penales para facilitar la criminalización; se profundizó en la militarización, la corrupción y la cooptación del sistema de justicia por parte de intereses empresariales y familias de terratenientes. El fraude electoral de 2017 fue otro momento clave, generando una oleada de represión y criminalización y consolidando una narco-dictadura con ex-presidentes, como Juan Orlando Hernández, que han sido extraditados a Estados Unidos y condenados a prisión por delitos graves vinculados al narcotráfico. En este contexto, defensoras de la tierra y el territorio, especialmente indígenas y garífunas vinculadas al COPINH y la OFRANEH; integrantes del movimiento estudiantil y defensoras de los derechos de las mujeres han sido las que han sufrido más el impacto de la criminalización.
Misoginia y racismo como componentes fundamentales de la criminalización
La investigación se llevó a cabo a través de entrevistas y grupos focales con defensoras criminalizadas y con abogadas con experiencia en estos casos, las cuales en muchas ocasiones también acaban siendo criminalizadas. Las defensoras entrevistadas identificaron como principales causas de la criminalización el avance del neoliberalismo, el desarrollo capitalista voraz, la corrupción, autoritarismo y conservadurismos de los gobiernos de sus países, así como las violencias estructurales racistas y misóginas que siguen imperando en la región. Por ello, uno de los objetivos de este estudio es comprender desde una perspectiva interseccional los patrones e impactos específicos y diferenciados que, por su condición de género, la criminalización tiene sobre los cuerpos, las vidas, las luchas y los entornos comunitarios y familiares de las defensoras.
Construida desde la colaboración y participación de las defensoras y redes de defensoras de derechos humanos de Honduras, México y Nicaragua, la investigación también refleja cómo, pese a todo, las defensoras siguen resistiendo y persistiendo en sus luchas.
“Religión sin poesía” llamaba Roberto Hernández Montoya al neoliberalismo. Culto en verdad peligroso, que exige la inmolación de trabajadores, países, de la humanidad entera. Los Diez Mandamientos de esta superstición están sintetizados en “El Consenso de Washington”, redactado por John Williamson en 1989. Quien lo aplica, aunque se disfrace de revolucionario, neoliberal se queda; quien lo combate es revolucionario, aunque lo tilden de trasnochado.
En dos frentes se libra la batalla contra el Decálogo neoliberal (que transcribimos entre comillas y en negritas): en el frente interno, y en el externo internacional.
-Pero el capitalismo enfrenta periódicamente crisis cada vez más graves, que hasta ahora sólo han sido paliadas mediante políticas fiscales de incremento del gasto público de dos categorías: a) Incremento del gasto público según la idea keynesiana del “multiplicador de la inversión”: erogaciones estatales que reactiven la producción, creen empleo y posibiliten el consumo, y b) guerras que disparen la producción de armamentos, empleen trabajadores en ésta, recluten desempleados como soldados y garanticen una demanda permanente destruyendo armamentos y vidas. Todos los países desarrollados admiten políticas de déficit fiscal: la Deuda Pública Global supera actualmente el 333% del Producto Interno Bruto anual del mundo.
-Los subsidios públicos son indispensables en áreas como fomento de la producción interna, investigación científica, protección de la naturaleza, cultura. Limitarlos sólo para los fines que juzgue legítimos el capital transnacional es el camino de la ruina.
-En el capitalismo neoliberal la “ampliación de la base tributaria” operó siempre incrementando el número de personas de limitados recursos que debían tributar, y cargándolos de pesados tributos directos, como el Impuesto al Valor Agregado. Mientras tanto, los grandes capitales evaden la carga tributaria mediante “Tratados contra la Doble Tributación”, Paraísos Fiscales, donación simulada de los fondos a “Fundaciones sin fines de lucro” exentas de impuestos, y sobre todo, con la complicidad de los legisladores, sancionando una progresiva rebaja de las tasas tributarias al gran capital que ha llevado a los multimillonarios a pagar porcentajes menores que los de los simples trabajadores.
4.-“Tasas de interésdeterminadas por el mercado y positivas (pero moderadas) en términos reales”
“El mercado” no existe cuando el número de oferentes (los bancos) es limitado: la tasa del interés sólo medirá su voracidad. Lo que el Consenso de Washington exige es que ninguna medida pública de protección interfiera con ésta.
-“Competitivas” llama el neoliberalismo a tasas abiertamente desfavorables a la moneda nacional, de modo que las inversiones extranjeras se realicen con montos mínimos de divisas foráneas. Los Estados Nacionales tienen el deber y el derecho de defender el valor de sus monedas; y no devaluarlas para defender los intereses de capitales foráneos o la estabilidad de las divisas de éstos.
6.-“Liberalizacióndel comercio: liberación de las importaciones,eliminación de las restricciones cuantitativas (licencias, etc.), arancelesbajos y uniformes”
-Todas las naciones que hoy son potencias económicas –Inglaterra, Estados Unidos, Alemania- llegaron a serlo aplicando estrictas medidas de protección de la producción y el comercio internos, tales como prohibir ciertas importaciones, cargarles aranceles altos o someterlas a licencias dictadas por la conveniencia nacional. Los países emergentes deben aplicar el mismo tipo de medidas proteccionistas a sus economías.
-Todas las naciones que hoy son desarrolladas lo lograron aplicando estrictos controles a las inversiones extranjeras con el fin de estimular, proteger, favorecer y fortalecer la producción nacional. La finalidad del ALCA era impedírselo a los países latinoamericanos y caribeños.
-Las empresas estatales son instrumentos fundamentales de la construcción del socialismo, de la prestación de servicios básicos indispensables de interés social y de la explotación de recursos naturales en condiciones que posibiliten la aplicación de los beneficios al bienestar general. Privatizarlas es sustituir esos objetivos por el del lucro privado, generalmente extranjero. Las políticas de privatización en los países en vías de desarrollo no han sido más que enormes subastas en baratillo de las empresas públicas, las cuales al convertirse en negocios privados equilibran sus finanzas cesanteando empleados; exigiéndole a los que conservan cumplir con sus tareas y las de los despedidos, y elevando exponencialmente sus precios y tarifas, a costas del consumidor y sin la menor consideración hacia el interés social.
9.-“Desregulación: abolición de regulaciones que impidan acceso al mercado o restrinjan la competencia”
-La “desregulación” globalizadora impide cualquier restricción de la operación del capital, aunque sea necesaria por razones de seguridad, protección al medio ambiente y al consumidor, o supervisión de entidades financieras. Lo comprueban las sucesivas catástrofes de seguridad, ambientales y humanas y sobre todo de quiebras masivas de entidades financieras, que no ocurrirían si en verdad se las supervisara prudencialmente.
-La “seguridad jurídica” globalizadora y neoliberal significa que el capital transnacional exige que todas las controversias sobre sus inversiones sean resueltas de acuerdo con sus propias leyes y por sus propios tribunales, distintos de los de los países donde invierten. También requiere que los gobiernos nacionales no tengan derecho a cambiarles las leyes tributarias, ni a la expropiación por causa de utilidad pública y social. Ello asimismo requiere la “inaplicación” de leyes y tribunales locales, incluso en el caso de litigios relativos al interés público nacional, los cuales según los globalizadores deberían ser decididos por juntas arbitrales o tribunales foráneos como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre las Inversiones (CIADI), en abierta violación de la inmunidad de jurisdicción y la soberanía de la República.
En el plano internacional, cabe contrarrestar irreductiblemente el intento de imponer estos dogmas contrabandeándolos como normas internas o a través de Tratados, como ocurrió con el tristemente célebre ALCA, o los Infames Tratados contra la Doble Tributación, o los de Libre Comercio. Para ello es indispensable crear organismos revolucionarios, como el ALBA-TCP, y coordinar políticas con organizaciones internacionales multipolares, como los BRICS. Evitando, desde luego, que los grandes capitales privados de algunos de los países integrantes de este último bloque o de otros grupos emergentes impongan políticas tan abusivas como las del Consenso de Washington, o peores que ellas.
La versión más dura del neoliberalismo “tico”, que reprodujo las recetas de austeridad europeas (2010), se materializó en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas públicas, N 9635.
Esas recetas están agotadas, las cuales resultaron procíclicas y perversas.
La reducción del gasto público y la política de congelamiento de las remuneraciones no crearon crecimiento, ni reactivación económica.
La consecuencia que tenemos a la vista, de los últimos 4 años, es que la demanda interna dejó de ser motor del crecimiento de la economía del país.
Países europeos, como España, después de la COVID19, que por cierto, obligó a la UE a suspender la aplicación general de la Regla Fiscal, confirman que el crecimiento económico se ha visto favorecido por la combinación de un conjunto de factores, entre los cuales sobresalen los aumentos salariales y el fortalecimiento del mercado laboral.
En España, el crecimiento interanual de los salarios en noviembre 2023 fue de un 6%, y un 4,2 en agosto de 2024, impulsado por varias reformas legislativas que fortalecieron el empleo y el mercado de trabajo.
Por contrario, nuestro país sigue aferrado, como mono en medio de un vendaval, a las políticas de austeridad, que han sido un rotundo fracaso.
Solo los fundamentalistas, a estas alturas, se atreven a sostenerlas.
El país ha tratado de eliminar la pobreza extrema a lo largo de varias décadas. Lamentablemente esa pretensión no se ha logrado. En parte, los problemas radican en la incapacidad estatal de darle los ingresos adecuados a la población pobre para que adquiera los alimentos necesarios para superar la situación en que viven. Además, simultáneamente, se ha destruido la capacidad productiva nacional que podría abastecer a la población pobre con tales alimentos. En consecuencia, un reto de una nueva política social y productiva es la creación de mecanismos efectivos de subsidio, que le den capacidad de compra a la población en extrema pobreza, a la vez que se reconstruye la capacidad productiva nacional para abastecer a esa población. Se trata de crear la demanda de alimentos, incorporando un concepto moderno de subsidio alimentario, y, además, aportar la oferta de alimentos que capte esa demanda, mediante la reconstitución del productor agropecuario nacional. A continuación, formulamos una propuesta en esa dirección.
El desmantelamiento delFondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF)
El Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) ha experimentado en los últimos años un ataque sistemático que busca su destrucción. Este Fondo se financia con dos fuentes básicas. Por una parte, se le asigna una porción del impuesto sobre el valor agregado (IVA), que es administrado por el Ministerio de Hacienda. Por otra parte, el Fondo recibe un flujo de recursos que se derivan de la aplicación de un recargo del 5% sobre las planillas del sector privado, que es captado por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), como parte de las cargas sociales que administra dicha institución. En circunstancias normales, ambas fuentes generan una recaudación cercana al 2% del Producto Interno Bruto (PIB). Al respecto, un segmento del sector empresarial y los economistas neoliberales con posiciones de poder, han buscado debilitar estas fuentes de financiamiento. La base ideológica de este movimiento se fundamenta en el concepto de que el Estado es mal administrador de los recursos que capta por la estructura tributaria, por lo que los recursos estatales generarían un mayor aporte a la economía en manos privadas. Desde luego, este manto ideológico encubre el deseo del segmento empresarial, que lo propaga, de aumentar sus ganancias a corto plazo, sin hacer un esfuerzo por lograr la mejora de la productividad, a mediano y largo plazo, como base genuina del aumento de las ganancias.
A finales de 2018, la ley 9635, de ajuste fiscal, eliminó la base legal que sustentaba el aporte del Ministerio de Hacienda al FODESAF. El grupo neoliberal que se instaló en el Gabinete Económico y en dicho Ministerio, a partir de mayo de 2018, logró incorporar una reforma a la ley constitutiva del Fondo mediante dicha ley, cercenando el párrafo que contemplaba el mecanismo de asignación de los recursos derivados del IVA. Algunos años antes, se había incorporado a la ley del FODESAF una fórmula que definía la forma de darle, obligatoriamente, un financiamiento mínimo al Fondo, en la parte correspondiente al IVA. El artículo 26 de la ley de FODESAF contemplaba asignar al Fondo un segmento del IVA de acuerdo a lo siguiente:
“Artículo 26.-
Los gastos que se generen con ocasión de la administración del Fondo constituido en la presente Ley, por parte de la Desaf, deberán incluirse en el presupuesto respectivo, con base en la totalidad de los ingresos estimados y presupuestados por el Poder Ejecutivo mediante la asignación equivalente a 593.000 salarios base utilizados por el Poder Judicial para fijar multas y penas por la comisión de diferentes infracciones, además del cinco por ciento (5%) de las planillas de los trabajadores y cualesquiera otras fuentes de ingreso existentes.”
La ley 9635, sin ningún miramiento, creó la base del recorte indiscriminado del Fondo modificando este artículo 26. La parte subrayada en la cita anterior fue eliminada, en el título IV, capítulo VI, artículo 30 de dicha ley, quedando la nueva redacción de la siguiente manera:
“Refórmese el artículo 26 de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares… para que se lea de la siguiente manera:
(…)
Artículo 26-
Los gastos que se generen con ocasión de la administración del Fondo constituido en la presente Ley, por parte de la Desaf, deberán incluirse en el presupuesto respectivo, con base en la totalidad de los recursos presupuestados por el Poder Ejecutivo, además del cinco por ciento (5%) de las planillas de los trabajadores y cualesquiera otras fuentes de ingreso existentes.”
¡Sorprendente! El artículo 26 tenía unos pocos años de existencia. Se creó precisamente para garantizar el financiamiento del principal fondo social del país. Y aquí, la ley, con absoluta frialdad, eliminó los recursos por el equivalente al 1% del PIB. El grupo neoliberal que ha manejado el Ministerio de Hacienda tenía claro lo que buscaba: iniciar un proceso de desmantelamiento del FODESAF. Por eso era necesario, para sus intenciones, modificar el citado artículo 26. Así, el gasto de FODESAF queda a discreción del ministro de Hacienda. La reducción constante de la asignación de recursos derivada del IVA, observada en los últimos años, ratifica cómo se está produciendo el desmantelamiento del Fondo, como lo muestra el gráfico 1.
La destrucción del sector agropecuario
En las últimas cuatro décadas el pais ha experimentado la aplicación de una estrategia productiva que favorece la exportación, basada en las zonas francas, y deprime la participación del sector agropecuario. Se ha desarrollado un modelo económico dual: por un lado, crece la producción para la exportación de bienes y servicios, instalada en zonas francas: y por otro, la producción para el mercado nacional se mantiene estancada. Los promotores del modelo argumentan que es más barato comprar productos agropecuarios importados, por lo que no tiene sentido producir esos productos a nivel local. De esta manera, se ha abierto el mercado nacional a los productos agropecuarios importados, disminuyendo los impuestos de importación. Simultáneamente, se va destruyendo todo el apoyo estatal a los productores agropecuarios, lo que genera una desprotección total de los pequeños y medianos empresarios del campo. Como resultado, el sector agropecuario pierde participación en el total de la producción nacional, como lo muestra el gráfico 2, en el caso de la producción agrícola.
Recientemente, a la baja de aranceles de importación de los productos agropecuarios se une la caída del tipo de cambio, lo que se traduce en una reducción acelerada del precio en colones de estos productos. Tal baja genera un abaratamiento del costo de importación, lo que beneficia a los grandes empresarios importadores agropecuarios. Con esto aumenta la ganancia de tales empresarios (si no bajan los precios al consumidor) o genera presión sobre el productor nacional (si bajan el precio del producto en colones). De esta manera, el pequeño y mediano productor no se beneficia de la baja del tipo de cambio, quedando rezagado en la competencia con los grandes importadores.
Este enfoque de desprotección no tiene fundamento en la realidad del comercio internacional. A nivel mundial muchos productores del campo son subsidiados por los gobiernos extranjeros lo que produce una competencia desleal para los productores de países pobres como el nuestro. Además, las fluctuaciones del comercio internacional producen alzas repentinas de los precios de los productos, lo que hace difícil cumplir la pretensión de bajar los precios de los productos importados. Todo esto se traduce en una competencia injusta al productor agropecuario nacional que le resta mercado donde vender sus productos. Como consecuencia, muchos productores han abandonado su actividad durante este período, profundizando la pobreza de las zonas rurales.
El modelo dual genera un estancamiento del empleo para la mayor parte de la población que no tiene la preparación para participar en la producción de las zonas francas. De esta manera, importantes segmentos de la población se quedan con muy pocos ingresos, ante la falta de empleo. Esto genera un efecto fuerte sobre el sector agropecuario que en su mayoría vende para el mercado interno. Es decir, en la medida en que la población no tiene ingresos, las pequeñas y medianas empresas agropecuarias ven reducidas sus ventas. El sector agropecuario podría alimentar a la población con su producción, pero esto se dificulta por la falta de poder adquisitivo de las personas, además de la influencia de la apertura del mercado a las importaciones.
Hacia una política de eliminación del hambre junto a la reconstrucción del sector agropecuario
En principio, el desmantelamiento del FODESAF y la destrucción del sector agropecuario parecen dos problemas diferentes. Sin embargo, es posible diseñar una política pública que busque la solución de ambos problemas, de manera integrada. Con voluntad política el panorama anterior puede cambiar. El cambio de administración gubernamental en 2026 podría abrir el espacio político necesario.
Por una parte, el FODESAF puede reconstituirse devolviéndole los recursos que el Ministerio de Hacienda le asignaba antes de la aprobación de la ley 9635. Es cuestión de restablecer la redacción que tenía el artículo 26 de la ley de Fodesaf antes de la modificación de 2018. Desde luego hay que actualizar los parámetros de la redacción original porque el fenómeno inflacionario ha desactualizado varios elementos. Reconstituido el Fondo puede llegar a un 2% respecto al PIB, sumando el financiamiento que da el Ministerio de Hacienda y lo que se recauda con el recargo sobre las planillas (captado por la CCSS). En este momento, eso puede significar un monto cercano a un billón de colones (1.000.000.000.000). Así, el Fondo podría dedicar una parte de sus recursos a la eliminación de la pobreza extrema. Este nivel de la pobreza se define como la falta de ingreso para cubrir la canasta alimentaria. Al 2023 el costo de esta canasta en la zona urbana era de un poco menos de ₡63.000, y en la zona rural fue de ₡52.000. En la zona urbana se estimó que había 246.000 personas en condición de pobreza extrema, en dicho año; mientras que en la zona urbana vivían 149.000 personas en tal condición.
¿Cómo se logra que las personas superen esa situación? Otorgando un subsidio por el monto de ingreso que les falta para adquirir la canasta alimentaria. El FODESAF da una cantidad importante de financiamientos para diversos propósitos sociales. En ese sentido, es necesaria una reorganización de sus programas de financiamiento para que respondan a una planificación apropiada. Parte de la dispersión se genera por las obligaciones legales que se han acumulado, a lo largo del tiempo, lo que limita la posibilidad de una asignación ordenada de recursos. Es probable que se necesiten algunas reformas legales para alcanzar este propósito. Sin embargo, restableciendo el financiamiento óptimo del Fondo (el billón de colones citado antes), existe la posibilidad de crear una línea de financiamiento a un “subsidio alimentario” que llegue a la totalidad de las personas en condición de pobreza extrema. ¿Cómo se llega a esas personas? A través del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) que es la entidad encargada de los principales programas de reducción de la pobreza. El IMAS tiene las herramientas tecnológicas apropiadas para hacer el “mapeo” de la población pobre, de tal forma que se puedan seleccionar las personas que deberían recibir el subsidio alimentario. Para esto el IMAS debe pasar de la práctica existente de esperar que los pobres lleguen a sus escritorios a una acción fuera de los edificios de la institución, recorriendo el país completo para hacer el mapeo citado y la selección de la población que se debe beneficiar con sus programas. Esto lo han hecho los países que han tenido éxito en sus programas de reducción de la pobreza, como Brasil, Ecuador, Chile, Colombia y México, entre otros. Costa Rica puede repetir las experiencias exitosas. Es cuestión de voluntad política.
Una estimación muy preliminar indica que se necesitarían aproximadamente ₡100.000 millones anuales para otorgar el subsidio alimentario a la población en condición de pobreza extrema. Con sólo restablecer el financiamiento óptimo del FODESAF se tendrían esos recursos. Desde luego, antes de usar ese financiamiento, es fundamental hacer un análisis de duplicidades existentes o que se puedan producir a futuro.
¿Cómo se relaciona lo anterior con la reconstrucción del sector agropecuario? Al respecto, la pregunta básica es: ¿quién produce los alimentos que se necesitan para satisfacer la canasta alimentaria?: ¡El sector agropecuario! Sin embargo, si intentamos beneficiar al sector con sólo otorgar el subsidio alimentario, no se producirá la reactivación deseada, porque el proceso destructivo creado por el modelo aperturista de las últimas décadas no lo permite. La apertura del mercado agropecuario y el desmantelamiento de los mecanismos de apoyo, que antes tenía el Estado costarricense, impedirían que los productores locales abastezcan a los demandantes de alimentos, si éstos tienen capacidad de compra gracias al subsidio alimentario. La capacidad de compra creada con el subsidio se iría al exterior en la forma de importaciones. Y las ganancias, en parte, se quedarían en manos del capital importador. Por lo tanto, hay que bloquear los mecanismos destructivos. ¡Con voluntad política, desde luego!
En consecuencia, el subsidio debe otorgarse condicionado a que sirva para comprar sólo productos nacionales. Los pequeños y medianos empresarios han planteado que se establezca la “canasta alimentaria tica”. En ese sentido, han hecho reiterados llamados a la población para que compre los productos nacionales. Pero, eso no sucederá mientras operen los mecanismos destructivos de la apertura. Por lo tanto, hay que bloquearlos. Eso se puede hacer estableciendo un mecanismo de asignación del subsidio alimentario que sólo permita la compra de productos elaborados por el productor nacional. La tecnología de información moderna, apoyada en la inteligencia artificial, permite hacerlo. La clave es transferir el subsidio a través de una tarjeta de débito: la tarjeta Costa Rica Solidaria (CRS). Mediante un convenio con uno o varios bancos, el IMAS puede emitir esa tarjeta que se asignaría sólo a las personas beneficiarias del subsidio alimentario. Tal tarjeta sólo permitiría comprar los productos de la canasta alimentaria tica. Habría que establecer, simultáneamente, convenios con comercios que se convertirían en distribuidores de dicha canasta. Además, el productor nacional debe hacer las mejoras en la presentación del producto para que pueda operar la tarjeta CRS. No estamos descubriendo el agua tibia. Brasil con su programa Bolsa Familia operó con una tarjeta similar. Este programa sacó de la pobreza a 30 millones de personas. Comenzó inicialmente con la consigna Fome Zero (Hambre Cero). Uruguay tiene la Tarjeta Uruguay Social que ha colaborado a la reducción de la pobreza en ese país. Y, en general, muchos países latinoamericanos han avanzado en esa dirección. En el siguiente enlace se puede observar un ejemplo, que es una breve descripción de la Tarjeta Uruguay Social: www.youtube.com/watch?v=ZlkUkgJIDnQ
En un artículo recientemente publicado en La Revista, por Alfonso Chase sobre el libro “La educación en Costa Rica” del distinguido historiador y colega Iván Jiménez se nos recuerda que el 11 de agosto se cumplieron cuarenta años de la reestructuración del gabinete por el presidente Luis Alberto Monge, y con ello, el ingreso del Lic. Eduardo Lizano Faith a la Presidencia del Banco Central de Costa Rica y Benjamín Piza como ministro de Seguridad, hecho que marca un hito importante en la Historia de Costa Rica. Como bien lo señala don Iván, aquellos cambios fueron el producto de las presiones recibidas por Monge Álvarez desde muy diversas trincheras: la oposición legislativa, la prensa, las cámaras patronales, la propia Embajada de los Estados Unidos y la representación de la AID del gobierno de ese país.
Entonces yo era diputado de la Coalición Unidad y en el mes de mayo de aquel año había terminado mi periodo como jefe de Fracción, por lo que esos hechos los viví y vi en primera fila. No voy a entrar aquí en los detalles de aquella movida ministerial, que puso a don Luis Alberto Monge bajo el alero de la política internacional de USA contra los sandinistas nicaragüenses, gracias la actitud “generosa” del gobierno y su nuevo Ministro de Seguridad, que nunca vieron los movimientos de la llamada “Contra” en la zona norte o la apertura del aeropuerto clandestino en Murciélago todo financiado por orden de Mr. Ronald Reagan a través de la llamada “Iráncontras” , una red de narcotráfico desde Colombia hasta Irán coordinada por la CIA y que abrió el camino de la droga en Costa Rica, que financiará la candidatura de Oscar Arias, como ha sido reconocido por él mismo. Monge y su gobierno, por su parte, fue premiado con todo tipo de ayudas y créditos para solventar la crisis de los años 80, que distribuidos en. diferentes momentos del cuatrienio daría un promedio aproximado de un millón de dólares diarios.
Pero lo que aquí nos interesa destacar es que la implementación de todo lo concerniente a la globalización y el famoso Consenso de Washington, llegó de la mano de Lizano Faith y a la labor realizada por varios de sus discípulos que también ocuparon las sillas del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, como por ejemplo Jorge Guardia, Thelmo Vargas, Fernando Naranjo, y casi todos los que, desde entonces, han estado en esos cargo, pero especialmente debo mencionar a Francisco de Paula Gutiérrez G. (QdDg), quien además de lo señalado, tuvo un exitoso paso por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda en aspectos como el control y disminución de la inflación, por ejemplo.
Pero aquí nos interesa señalar, al igual que don Iván Jiménez, como la llegada de don Eduardo Lizano al Banco Central marcó un cambio de época y de mentalidad a la hora de gobernar este país. Por su influencia en el Banco Central, las aulas universitarias, la Academia Centroamericana o en Consejeros Económicos y Financieros CEFSA, los medios de comunicación o sus libros y su cercanía a políticos como Oscar Arias, Rafael Ángel Calderón, José María Figueres o Miguel Ángel Rodríguez, no cabe duda que su pensamiento, influencias y acción fueron determinantes para que en Costa Rica los gobernantes, políticos, empresarios y medios de comunicación en general, pero especialmente La Nación y Canal 7, aceptarán sin cortapisas las ideas neoliberales, la implementación de la globalización con todo lo que eso significó no solo en lo económico, sino también en lo político y lo social. A partir de ese momento se impuso en Costa Rica el pensamiento único, pues los medios se encargaron de defender e impulsar como línea editorial las nuevas ideas y la educación empezó también un cambio de rumbo a su servicio.
Recuerdo bien como con aquellos cambios políticos de la administración Monge, se intensificó la presentación en la Asamblea Legislativa de proyectos de ley que impulsaran los procesos de privatización y desregulación, como por ejemplo implementación la venta de las empresas de CODESA, la eliminación de aranceles proteccionistas en las aduanas y la apertura de cuentas corrientes en favor de la banca privada, como una forma tibia de empezar a tocar la nacionalización bancaria, que encontró un furibundo defensor en el diputado Jorge Luis Villanueva Badilla. Con la apertura hacia la globalización empezó un furibundo ataque a lo público, especialmente durante el gobierno de Oscar Arias en el que, en junio de 1989 y financiada por el BIRF o Banco Mundial, se creó la Comisión Consultiva Para la Reforma del Estado (COREC) integrada por ocho profesionales nombrados de común acuerdo por los candidatos del PLN y el PUSC, en lo que sería el primer gran acuerdo del bipartidismo o PLUSC como la gente lo llamará luego.
A partir de aquel momento, con el apoyo del FMI, el BM y la AID fundamentalmente, se reorientó el país hacia la nueva mentalidad globalista, donde había que hacer reverencia al nuevo dios: el dinero y el mercado. Desde entonces se le ofreció al costarricense el oro y el moro, entraríamos en una época de gran crecimiento de la producción, habría más riqueza para repartir y el dinero caería en cascada desde las copas de champagne de los ricos hacia los bolsillos de los pobres, habría más equidad, trabajo, una mejor y mayor acceso a la educación, salud boyante y comida para todos, además de buenas carreteras para correr los carritos, aunque fueran de segunda, comprados a los coreanos a pagos.
Pero también el FMI impuso una política que resultó fatal a la larga, todas las obras de infraestructura como las represas del ICE, acueductos o construcción de carreteras, serían consideradas como un gasto del Estado y no como inversión, que realmente lo eran, lo que trajo serias repercusiones presupuestarias con respecto al gasto público, la construcción de esas obras y el mantenimiento de las existentes cuyos nefastos resultados, advertidos por muchos en ese momento, hoy los estamos vivencio.
Para realizar la apertura hacia las nuevas políticas del mundo globalizado hubo condiciones, entre ellas, había que desmantelar las instituciones públicas y la COREC hizo su propuesta en un librito sobre la reforma del estado publicado en octubre de 1990 que se supuso iba a ser, sino la Biblia, por lo menos el Breviario que debían seguir los políticos, gobernantes y administradores públicos para lograr aquel supuesto milagro. Pero resulta que ni los PAE o planes de ajuste estructural, o los acuerdos firmados con el FMI, ni la venta de las empresas de CODESA y la apertura bancaria, el incremento de la educación privada, ni los intentos de privatización del ICE o el surgimiento de los tratados de libre comercio bilaterales con algunos países y otros ejemplos que se podrían citar, habían logrado que el milagro neoliberal diera los resultados ofrecidos, y algunos índices en salud, educación, vivienda y producción empezaban a hacer agua ya a fines del siglo XX.
Pero el siglo XXI trajo un proyecto que suponían vendría a dar un nuevo y necesario impulso a aquellas ideas de un neoliberalismo y globalización que empezaban a ser cuestionados por algunos sectores académicos e intelectuales a nivel mundial: un tratado de libre comercio con Centro América, Estados Unidos y luego se agregó Republica Dominicana. Y empezó a moverse la maquinaría, los tiquetes de avión y reservas hoteleras cundieron por la movilización de los “negociadores” que iban y venían repartiendo, regalando y embuchando las joyas de la abuela. Mientras tanto, los medios de comunicación en manos de la plutocracia nacional. se encargaban de publicar artículos de opinión, entrevistas y reportajes con esos personajes de la esfera económica y política del país, que de nuevo, no se cansaban se alabar las maravillas que nos esperaban. Como olvidar, por ejemplo, la demagogia exacerbada de Oscar Arias cuando señaló que los costarricenses podrían cambiar el Hyundai por un Mercedes Benz y la bicicleta por una moto, para caricaturizar el progreso que nos traería el TLC, porque que 20 años después, seríamos un país del “primer mundo”. Así en unas amañadas votaciones, donde la mente del costarricense se manipuló de muchas maneras por el gobierno de Arias, la Embajada de los Estados Unidos, la empresa privada y los medios de comunicación, el 7 de octubre fue aprobado el referéndum del TLC por una muy ajustada mayoría, a pesar de que los opositores habían logrado montar una campaña que tocó el corazón del costarricense.
Pasados 40 años desde aquel cambio de mentalidad en los años 80 y casi los veinte ofrecidos por Arias para llegar a un país de primer mundo; cabe que nos preguntemos: ¿cómo estamos, se han cumplido las promesas, o tienen razón los costarricenses de estar enojados, resentidos y frustrados?, veamos algunos ejemplos ilustrativos.
Empecemos con la educación, su calidad y el estado de centros docentes declarados como inhabitables y con orden de cierre del Ministerio de salud, hoy es mucho peor; la Caja Costarricense del Seguro Social daba mejor servicio, las listas de espera eran tan numerosas y de tiempos tan extendidos, la corrupción interna era tan evidente y la deuda del gobierno con ella era de tal magnitud como hoy, definitivamente no; la inseguridad ciudadana, el narcotráfico y ¿el número de asesinatos en incomparable con los ocurridos hace cuarenta años y se ha incrementado, casualmente, después del 2006? definitivamente sí. ¿Si bien es cierto se ha dado una mayor producción y aumento de la riqueza en el país, hay también una distribución equitativa de ella, que permita una efectiva disminución de la pobreza?, tristemente la respuesta es un no rotundo; hay una capa más delgada de la sociedad que incrementó su riqueza ofensivamente frente a una clase media que disminuye y una de pobreza que aumenta, convirtiéndonos en un país más desigual cada día. Por otra parte, el irrespeto a la legislación laboral, el incumplimiento de normas fundamentales como las jornadas de trabajo o el pago de horas extra, se hace cada día más frecuente y común en muchas empresas, al igual que el impago de las cuotas empresariales a la CCSS, que equivale a que muchas empresas se dejan en sus cuentas los dineros rebajados a los trabajadores, siendo uno de los principales defraudadores de la Caja el propio Estado, acto delictuoso que ha crecido casi exponencialmente en estos cuarenta años. A la par de ello, se produce el incremento de la informalidad, como una realidad objetiva denunciada casi a diario y factor determinante en el aumento de la pobreza.
Mencionemos ahora la aparición de una corrupción galopante unidas a los negocios ilícitos con el Estado, la evasión y elusión fiscal, así como la existencia de un narcotráfico que cada día con más violencia se apodera del país; son realidades objetivas como para pensar con certeza, que todas las ofertas hechas con la globalización y el cambio de mentalidad, fueron frutíferas para unos pocos, muy pocos, y para las grandes mayorías un engaño más.
Por eso, cabe preguntarse cuarenta años después de la incursión neoliberal y veinte de su consolidación con el TLC, con esos y otros resultados negativos contra ese estado social de derecho que nos ha caracterizado y una desigualdad creciente, si esa masa ciudadana que manifiesta su inconformidad con no asistir a las urnas electorales; y si lo hace, es para darle su voto rencoroso a un movimiento sin partido, sin arraigo político y social, sin conocimiento de la historia y la realidad nacional, de nuestros valores democráticos profundos y su institucionalidad. Se debe denunciar que con mentiras o posverdad, han sabido tocar las fibras de ese resentimiento a través de poses populistas sin contenido profundo, pero que lograron polarizar la sociedad costarricense produciendo una división entre malos y buenos, corruptos o impolutos, costarricenses con corona o sin ella, privilegiados o explotados; lo que evidentemente no obedece a una realidad objetiva de nuestra sociedad. Una muy peligrosa división que pone al país en la única “ruta” que ha sabido crear y proponer este gobierno: la del odio, el rencor y, por qué no, hasta la violencia. Cuidado costarricenses, estamos en peligro.
Esa versión maniquea de la sociedad costarricense la ha creado con éxito, no se puede negar, el presidente Rodrigo Chaves y su cuadrilla de “sacerdotes y sacerdotisas” que en los diferentes centros de poder rinden culto, sin cuestionamiento alguno, al sumo sacerdote y oráculo de toda la posverdad del chavismo, inspirada en sus particulares y trastornados humores.
Luis Paulino Vargas Solís elabora el documento titulado “El proyecto neoliberal en Costa Rica (1985-2024). Orígenes, implantación y evolución”. Se trata de una publicación de la Revista Espiga de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED.
En el resúmen del artículo se expone:
El Proyecto Neoliberal surge en Costa Rica a partir del diagnóstico que, por entonces, se volvió dominante, según el cual el viejo Proyecto Desarrollista se había «agotado». Desde las propuestas iniciales –desregulación financiera, apertura comercial, supresión de las formas tradicionales de proteccionismo, liberalización de los flujos de capitales, neoproteccionismo exportador– se avanzará progresivamente en un proceso que, con el tiempo, tendrá algunas mutaciones importantes, configurando así nuevas etapas en el devenir del Proyecto. Este ha sido muy exitoso en la atracción de capitales extranjeros y en la dinamización de las exportaciones originadas en zonas francas. Pero de ese mismo éxito surgen sus más graves problemas, que se expresan en una economía dualizada, y en un conjunto de presiones competitivas negativas sobre el resto de la economía fuera de zonas francas. Son problemas estructurales que afectan negativamente el empleo, los ingresos de la población, la sostenibilidad de las finanzas públicas y, en último término, la equidad distributiva.
Se extiende la invitación de leer el documento, para ampliar los conocimientos sobre el tema.
