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Etiqueta: niñez indígena

Nuevas evidencias confirman la situación de vulnerabilidad que enfrentan familias Ngäbe-Buglé durante la cosecha de café

La Clínica de Derechos Humanos Ambientales del IDELA-UNA da seguimiento a la denuncia pública y llama a fortalecer la respuesta institucional

San José, Costa Rica. Nuevas investigaciones, observaciones de campo y pronunciamientos de organizaciones indígenas y sociales confirman y amplían las preocupaciones planteadas en julio de 2026 sobre las condiciones que enfrentan las familias indígenas Ngäbe-Buglé que se desplazan desde Panamá hacia Costa Rica para participar en las cosechas de café.

En julio de este año, la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA) de la Universidad Nacional (UNA), junto con el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED) y el Observatorio de Relaciones Laborales de la Facultad de Derecho de la UCR, participó en un pronunciamiento público que alertó sobre la situación de esta población.

Una investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) divulgada por Semanario Universidad, informó que entre 2016 y junio de 2026 habían fallecido 37 niñas, niños y adolescentes en la zona cafetalera de Los Santos, en su mayoría pertenecientes al pueblo Ngäbe-Buglé. De estas muertes, 23 correspondían a menores de un año. La investigación señaló además que 32 fueron clasificadas como muertes por causas naturales y que 23 estuvieron asociadas con bronconeumonía. El OIJ identificó que las muertes se concentraron entre septiembre y enero, coincidiendo con la temporada de cosecha, y llamó la atención sobre factores relacionados con el acceso a la salud, las condiciones de traslado y las condiciones de alojamiento. (Semanario Universidad)

Esta información se suma ahora a nuevos pronunciamientos y observaciones de organizaciones vinculadas con los pueblos indígenas y con la defensa de los derechos humanos.

Desde el territorio Ngäbe: la voz de Cultura Kare

El comunicado de Cultura Kare, organización agro-ecoturística de carácter familiar vinculada al territorio indígena Ngäbe de Conte Burica, aporta una perspectiva desde el territorio y coloca la situación actual dentro de una historia más amplia de desplazamiento, pérdida territorial y movilidad transfronteriza del pueblo Ngäbe-Buglé.

En su comunicado, Cultura Kare señala que: “Cada año, miles de familias de la población indígena Ngäbe-Buglé se ven forzadas a abandonar sus comunidades. No viajan por elección; se mueven empujadas por la necesidad económica, convirtiéndose en la mano de obra esencial que sostiene la recolección del café, un motor agrícola vital para la región.”

La organización también advierte sobre las condiciones que enfrentan las familias durante este recorrido y sobre la presencia de niñas, niños, mujeres embarazadas, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Dentro de su propio comunicado, Cultura Kare incorpora como documento de respaldo un informe elaborado por Roy Arias Cruz, director de SEPROJOVEN, a partir de un monitoreo de campo realizado durante agosto y septiembre de 2026 en el puesto fronterizo de Río Sereno, en Coto Brus.

El informe de Arias documenta, mediante observación de campo, entrevistas, fotografías y videos, las condiciones que enfrentan las familias indígenas Ngäbe-Buglé mientras esperan la documentación necesaria para continuar su viaje hacia las zonas cafetaleras.

Según ese monitoreo, durante agosto y septiembre ingresaron por Río Sereno aproximadamente entre 100 y 300 personas por día. Muchas viajaban en familias extensas, con niñas, niños, bebés y mujeres embarazadas. El informe registra esperas de dos o tres días y la permanencia de familias a la intemperie, sin espacios adecuados para descansar, alimentarse o acceder a servicios sanitarios.

Entre las necesidades identificadas se encuentran el acceso insuficiente a agua potable, la inseguridad alimentaria, la ausencia de espacios seguros para dormir, las deficiencias de los servicios sanitarios y la falta de vestimenta, particularmente para niñas, niños y bebés.

Estos elementos permiten ampliar la mirada sobre la problemática: las condiciones de vulnerabilidad no comienzan necesariamente en las fincas cafetaleras, sino que pueden presentarse desde el desplazamiento y los pasos fronterizos.

La voz de Prilaka

A esta información se suma el pronunciamiento de Prilaka, organización de base comunitaria que trabaja por los derechos colectivos de comunidades indígenas de la Mosquitia de Nicaragua.

Prilaka expresa su solidaridad con el pueblo Ngäbe-Buglé y llama la atención sobre las barreras burocráticas y los obstáculos que enfrenta esta población para tramitar y obtener salvoconductos en distintos puntos fronterizos.

En sus propias palabras: “Denunciamos las graves barreras burocráticas y los constantes obstáculos que enfrenta esta población para tramitar y obtener salvoconductos en los puestos fronterizos de Paso Canoas, Río Sereno, Sabalito en la zona sur y Sixaola en la zona del Caribe. La falta de documentación transfronteriza oportuna vulnera sus derechos fundamentales y condiciona el acceso a los servicios de atención médica y de salud integral en los cantones cafetaleros.”

Prilaka también plantea que la situación debe ser comprendida desde una perspectiva de derechos colectivos y dignidad indígena, y no únicamente como un problema administrativo o migratorio. Su pronunciamiento denuncia que, mientras se anuncian reformas y medidas relacionadas con los derechos indígenas, persisten situaciones de persecución, despojo territorial y afectación de la autonomía, las lenguas, las culturas y las tradiciones ancestrales de los pueblos indígenas.

Una denuncia que debe traducirse en acciones

Para la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del IDELA-UNA, los nuevos elementos conocidos durante estos meses refuerzan la necesidad de una mayor respuesta institucional coordinada entre Costa Rica y Panamá.

Los informes y pronunciamientos recientes muestran que la problemática abarca mucho más que la atención posterior a una enfermedad o a una emergencia. Incluye las condiciones de movilidad, los trámites fronterizos, el acceso a alimentación y agua, el alojamiento, la atención sanitaria, la protección de niñas y niños y las condiciones laborales en las fincas cafetaleras.

Por ello, la Clínica reitera el llamado formulado en julio de 2026 para que las instituciones responsables fortalezcan la atención primaria en salud, la vacunación, el seguimiento epidemiológico y la atención materno-infantil; realicen inspecciones efectivas de las condiciones de alojamiento, transporte y trabajo; garanticen el acceso a la seguridad social y a los servicios públicos; y establezcan mecanismos permanentes de coordinación con las organizaciones indígenas y las comunidades involucradas.

La producción de café no puede desvincularse de las condiciones de vida de quienes realizan la cosecha. Las personas Ngäbe-Buglé son pueblos indígenas con derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico costarricense y por instrumentos internacionales de derechos humanos.

La información conocida durante estos meses confirma la necesidad de que las instituciones públicas y los distintos actores vinculados con la actividad cafetalera adopten medidas efectivas que garanticen condiciones dignas, seguras y culturalmente pertinentes para las familias indígenas que participan cada año en las cosechas.

La Clínica de Derechos Humanos Ambientales del IDELA-UNA continuará dando seguimiento a esta situación y llama a que las nuevas evidencias y testimonios se traduzcan en acciones concretas de protección y garantía de derechos.

Imagen: Minor Jiménez / Cultura Kare

Mujeres indígenas lideresas hacen un llamado urgente por la democracia y la paz

Nosotras, mujeres indígenas lideresas de distintos territorios indígenas de Costa Rica, hacemos un llamado urgente y, sobre todo, con gran responsabilidad.

Conscientes de que los anteriores gobiernos no han sido perfectos y que han tenido desaciertos, lo cierto es que no nos hemos visto en situaciones alarmantes como las que con este gobierno nos ha tocado vivir.

Como mujeres defensoras de la vida de cada mujer, de la vida de nuestros pueblos, de la niñez, del ambiente, de la cultura y de la coexistencia del ser humano, sentimos la obligación de hacer un llamado a salir a votar por la democracia, por la paz, por el diálogo y la buena convivencia, aspirando a tener un país donde la niñez indígena tenga oportunidad de estudiar, los jóvenes indígenas tengan oportunidad de contar con recursos para estudios superiores, y donde las mujeres indígenas y sus familias se sientan seguras dentro de sus territorios.

Que las mujeres indígenas puedan expresar sus pensamientos y propuestas sin gritar, que encuentren espacios para debatir con conciencia y capacidad, que seamos auténticas y que la fuerza de las abuelas guíe a cada una para tomar decisiones por este país que urge seguir viviendo en paz y democracia.

Texto escrito por Elides Rivera y Doris Ríos.

Costa Rica excluyó a niñez indígena de Política Nacional

Defensoría acudió a Sala IV para que se garantice la protección de sus derechos

Costa Rica excluyó de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036, vigente en la actualidad, a la población menor de edad indígena, lo que representa una flagrante violación al interés superior del niño y de la niña indígena, sus derechos a la igualdad y no discriminación, sus derechos de participación, supervivencia y desarrollo, entre otros.

A pesar de que la Defensoría de los Habitantes alertó a las autoridades competentes de esta grave decisión, no se echó marcha atrás, situación que provocó que elevara el caso ante el Tribunal Constitucional a través de un recurso de amparo, el cual ha sido admitido para estudio.

La decisión del Gobierno fue que la consulta sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes se hiciera en el marco de la Política Pública de Pueblos Indígenas y no en la Política Nacional de Niñez y Adolescencia. “La desidia y la falta de seriedad con la cual el Estado costarricense ha abordado el tema, y particularmente la violación de derechos que las acciones del Estado generan, al haber dispuesto que la consulta de la política de niñez de la población menor de edad indígena se anexará a la consulta general de pueblos indígenas -lo que supone un periodo mínimo de dos años o inclusive superior- atentan contra el principio de interés superior del niño y la niña, pero además una decisión que se tomó sin criterios razonables ni objetivos”, afirmó la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.

Para esta Defensoría, dicha exclusión constituye una discriminación que invisibiliza a las personas menores de edad que viven en territorios indígenas, sus inquietudes y sus aspiraciones, violentando sus derechos e incumpliendo con la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La Defensoría solicitó a la Sala Constitucional declarar violatorios los acuerdos del Consejo de la Niñez y la Adolescencia, y ordenar la inmediata realización del proceso de consulta a las niñas, niños y adolescentes de los 24 territorios indígenas, garantizándose con ello, la incorporación de sus necesidades y aspiraciones en la Política Nacional de Niñez y Adolescencia y en sus planes de acción.

“No hay política pública sin derechos humanos, ni se puede hablar de una garantía de los derechos humanos sin una debida política pública, su relación es innegable e indisoluble, pues la política pública viene a instrumentalizar el medio a través del cual, el Estado garantiza los derechos, medio que debe tener, además, un contenido presupuestario que torne realista y realizable su ejecución”, agregó la Defensora de los Habitantes.

La discriminación denunciada se observa claramente en cuatro momentos distintos.:

  • A raíz de la exclusión de las personas menores de edad indígenas de los extensos procesos de consulta realizados por la Secretaría Técnica de Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia durante la formulación de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036.
  • En la sesión ordinaria CNNA 03-2023 del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, celebrada el 24 de octubre de 2023, en la que se acuerda atender la consulta y los asuntos relativos a la niñez y adolescentes indígenas en el marco de elaboración de la Política Pública para Pueblos Indígenas (Acuerdo artículo 07) aparte 04), sin fundamentar tal decisión.
  • En la sesión extraordinaria CNNA 02-2024 del 18 de abril de 2024 del Consejo Nacional Niñez y la Adolescencia, con la adopción de los Acuerdos artículo 05) aparte 01) y 02), con los cuales se pretende conferirle un fuero de legitimidad a un proceso lesivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas y queda aprobada la Política Nacional de Niñez y Adolescencia.
  • Por último, se concreta y consolida con el lanzamiento y la entrada en vigencia de dicho instrumento programático-estratégico, en tanto, a partir de ese momento se perpetua la discriminación histórica en contra de la población menor de edad indígena debido a la ausencia de acciones afirmativas y medidas especiales concretas a favor de esa población, que les permita acceder desde un plano de igualdad al disfrute de todos los derechos reconocidos a la población menor de edad, en general.

Como Defensoría hemos venido exigiendo un compromiso real del Estado en materia de protección de derechos de la niñez plasmados en casos concretos como el de la niña desaparecida en Cartago, una adecuada prevención y atención a los casos por acoso escolar, la reducción en la inversión a la educación, entre otros.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes