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Etiqueta: OCDE

Análisis de Coyuntura: La administración Chaves Robles

Escrito el . Publicado en Derechos.

La Escuela de Sociología de la Universidad Nacional compartió el análisis de coyuntura de la sociedad costarricense. En un documento detalla los puntos más importantes de la administración actual, retratan la situación y mantienen al día las cuentas del gobierno.

Relatan cómo su estilo político es uno de enfrentamiento, lejano a la negociación, y critica a los Poderes de la República o a partidos y personas con lenguaje fuerte.

La estrategia presidencial se ha enfocado en crear una oposición más sentida de grupos y la interpelación es directa con pocas posibilidades de acuerdos.

Hay también una serie de puntos importantes que trata, y se colocan abajo, del documento que invitamos a nuestros lectores a revisar ya que tiene información puntual e importante sobre la situación coyuntural de esta administración.

  1. Uno de los rasgos más característicos de la administración de Rodrigo Chaves Robles ha sido su persistente búsqueda del desmantelamiento de la institucionalidad pública, destacando particularmente intentos de vender empresas estatales, el cercenamiento del gasto público en sectores claves del país, el desfinanciamiento de instituciones públicas y el incumplimiento de deudas con estas. 
  2. Tanto en la praxis y el discurso: Chaves asume una retórica degradante contra las institucionalidad democrática y pública, intentando posicionarse como un líder popular y antisistema que incluso ha llegado a denominar a Costa Rica como una ‘‘dictadura perfecta’’, declaración que posteriormente fue rechazada públicamente por 8 expresidentes de la República (Campos, 2024, párr. 1). Tal y como señala Murillo (2024, párr. 6), para Chaves ‘‘su gobierno encarna una ‘revolución’ y aferrado a la figura de un ‘jaguar’ como metáfora de valentía en ocasión de un pretendido referendo… Chaves llegó a calificar como falsa la idea de que Costa Rica haya sido una democracia desde la mitad del siglo XX’’.
  3. La educación ha sido un reto para el gobierno Chaves Robles, nos hemos enfrentado a hitos históricos y múltiples ataques y recortes en búsqueda de un desmantelamiento de la Educación Pública tal y como la conocemos. El gobierno no ha planteado una ruta precisa y clara y directa tanto en sustancioso de alta vulnerabilidad reinserción escolar formación de personal académico y en la incorporación de las nuevas tecnologías al proceso educativo.
  4. El enfrentamiento con la Contraloría se ha agravado en los últimos meses ya que en materia de contratación evaluación de órganos públicos y altos administrativos ha tratado de que esta institución salga del ámbito que le corresponde para tratar de limitar sus posibilidades, de hecho comenzó con un encuentro en la Contraloría General de la República para luego ampliar a otros niveles.
  5. El gobierno de Costa Rica ha mantenido como constante el reducir gastos públicos como una medida para lograr mayores equilibrios macroeconómicos con la finalidad de reducir el déficit a niveles aceptables. De hecho, el Ministro Acosta ha logrado reducir sustancialmente el déficit, pero con ausencia de un de una estrategia que permita establecer objetivos que son necesarios para el país de hecho, el sector educativo se ha visto cómo el sector donde la reducción es fuerte en un momento que el modelo educativo es muy endeble y, con una inercia que no le permite responder al requerimiento del país.
  6. Si bien en el plan internacional el gobierno de la república se ha comprometido con la cumbre del milenio y ser un país de vanguardia en esta materia. Las acciones parecieran ir en otro sentido. De hecho, el MINAE no cuenta con una política ambiental como fueron otros gobiernos que avanzaron hacia un país más sustentable por el contrario las mismas afirmaciones del presidente sobre la tala bosques en otro momento sobre explotación petrolera han puesto en duda la situación. De hecho, no se han firmado decretos que ayuden a mejorar, sino que en temas como la tala de bosques hay una omisión grande que ha terminado en un debate sórdido entre las partes lo cual nos indica que no hay élites que plantean acciones que mejoren en el campo ambiental.
  7. La violencia estructural indicada en los últimos tres meses se mantienen femicidios, raptos, violaciones, desaparición de personas jóvenes y el sicariato en su máxima expresión. Se hacen esfuerzos por la dureza pública y otros organismos para fortalecer la vigilancia pero se requiere fortalecer el número de personas, pero con tecnología de punta para poder combatir a la misma, de igual manera el fortalecimiento de la fuerza marina es una necesidad de primer nivel y contar con equipos y grupos especializados en la vida aérea es parte de lo que se requiere en esta área con una legislación más oportuna para combatir al narcotráfico y otras formas similares.
  8. Costa Rica ha vivido un periodo de intensos enfrentamientos entre los poderes del Estado, reflejando un deterioro notable en las relaciones institucionales y un ambiente político cada vez más polarizado. Durante estos meses, la confrontación entre el Poder Ejecutivo, liderado por el presidente Rodrigo Chaves, la Asamblea Legislativa, la Sala Constitucional (Sala IV), el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Defensoría de los Habitantes (DH) y la Contraloría General de la República (CGR), ha alcanzado niveles sin precedentes, poniendo en cuestión la estabilidad democrática del país. 
  9. Se reconoce que, a pesar de las críticas hacia la labor de Luis Amador y del Ministro Marcelo Jenkins, ha habido una continuidad en los esfuerzos en esta área. Si bien se han logrado algunos avances, como en el caso de la carretera de circunvalación en Cartago, la ruta 32 con sus puentes y el mantenimiento estratégico, aún se está trabajando en lo que se ha denominado “rezago histórico”. El gobierno debería enfocarse en finalizar estas obras, como la carretera San Carlos, que son necesarias. Además, es fundamental fortalecer acciones en zonas de alta densidad, como los núcleos de zonas económicas y carreteras como Liberia-Nicoya, y dejar el planeamiento de estas iniciativas para los próximos años. 
  10. La inversión social no es un tema central en el gobierno de la república pese a que estamos en una situación en el cual la pobreza y las desigualdades las asimetrías son un factor presente con mayor profundidad para Costa Rica. Esta situación es preocupante porque más grupos se unen a la pobreza donde las oportunidades y por el tipo de formación no tiene posibilidades de desarrollarse. No hay recorrido del sector ni planes de mediano y largo plazo lo que se expresa en un alejamiento de la propuesta del plan nacional de desarrollo y se aleja fuertemente de los acuerdos firmados con la OCDE y la cumbre del 2030.

SURCOS comparte los materiales del análisis.

PPT conferencia SEP 2024Descarga
Informe Coyuntura II Periodo 2024 FDescarga

En carta al presidente Chaves, al ministro de Ambiente y a la OCDE movimientos sociales llaman a discutir efectos del modelo neoliberal y alternativas ante cumbre ministerial

Escrito el . Publicado en Derechos.

San José, Costa Rica, 5 de octubre del 2023

Presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles

Ministro de Ambiente de Costa Rica, Franz Tattenbach Capra

Representantes de gobiernos y otras entidades en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

RE: La urgencia de discutir abiertamente las consecuencias del modelo económico neoliberal y alternativas como eje de la Cumbre Ministerial sobre la Sostenibilidad Ambiental de la Organización para la cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

Estimados y Estimadas Participantes en la Cumbre Ministerial sobre la Sostenibilidad Ambiental de la OCDE, Costa Rica 2023:

Les escribimos como miembros y miembras de movimientos ecologistas y sociales en Costa Rica profundamente preocupados por el modelo económico neoliberal que está destruyendo el planeta. Es una preocupación, como saben ustedes, compartida por lideres mundiales como el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, y muchos representantes del mismo sector privado, y articulada en eventos como laCOP27, COP15, reuniones preparativas para COP28, Conferencia del Agua de la ONU 2023, Semana Mundial del Agua, entre muchos otros.

Creemos, como muchos grupos, comenzando por los pueblos originarios, que, sin discutir abiertamente los profundos e históricos daños que ha causado este modelo económico y alternativas, es imposible enfrentar la emergencia climática.  Compartimos nuestras preocupaciones y demandas en este pronunciamiento.

PRONUNCIAMIENTO EN DEFENSA DE LA VIDA Y EL AGUA

En el marco de la celebración de la Cumbre Ministerial sobre la Sostenibilidad Ambiental OCDE que se celebra en San José, Costa Rica, la cual presenta una agenda que busca proponer un modelo de desarrollo más justo, ecológico y sostenible; CUESTIONAMOS el modelo neoliberal y las narrativas capitalistas corporativas que están robándose el poco tiempo que tenemos como humanidad para enfrentar los escenarios climáticos que ya enfrenta nuestro planeta; y EXPRESAMOS nuestra profunda preocupación por la brecha existente entre la imagen “verde” que proyecta Costa Rica hacia el exterior y la realidad que vivimos dentro de nuestro país.

RESALTAMOS la creciente preocupación por las consecuencias del modelo neoliberal y la urgencia de debatirlo abiertamente expresada por el mismo sector privado. Es imposible resolver problemas cuyas raíces no se nombran ni se discuten. RECHAZAMOS el modelo corporativista que promueve el mito que el sector privado pueda organizar, responder y financiar más rápido y mejor que el sector público las múltiples crisis que vive el planeta diariamente.  EXIGIMOS que a través de este evento internacional se planteen formas de sustituir el modelo económico actual, se transformen las dinámicas de poder, y se refute el neocolonialismo responsable del desastre ambiental que vivimos. En esta reunión estará en sus manos el destino del planeta tierra y de nuestros países.

Aunque Costa Rica se destaca como un país visionario y ejemplar por conservar el ambiente y no tener ejército—una reputación merecida por su historia de lucha para construir un estado que garantiza el bien común, pero que es actualmente asaltado—DENUNCIAMOS las siguientes situaciones en Costa Rica en pleno año 2023.  Las compartimos con detalles, porque reflejan el desequilibrio de poder entre las corporaciones y la sociedad civil que está destruyendo el sector público, la confianza entre ciudadanos y el gobierno, la paz y la naturaleza:

1) Los grandes intereses económicos y comerciales están acabando con nuestros ríos, matando nuestros humedales, y contaminando nuestros mares.

2) Tenemos una mala gobernanza del agua, producto del gobierno actual y los anteriores, ya que cobramos centavos por el canon de concesiones de aprovechamiento y luego declaramos que no hay recursos para protegerla. A modo de ejemplo, en el año 2023 en Costa Rica se regala a las grandes plantaciones de caña de azúcar y palma aceitera 40 m3de agua para riego por cada centavo de dólar estadounidense (costo actual ₡0.14 / m3de agua).

3) El avance sin control de la expansión de las fronteras del monocultivo de piña está destruyendo 4000 hectáreas de áreas silvestres protegidas y 16000hectáreas de humedales. Además, alianzas público-privadas como la de Del Monte-GIZ en la zona sur del país, están consolidando el poder corporativo en cuencas donde los ríos se están secando y los pozos contaminando, extinguiendo dialogo urgente sobre la viabilidad de las plantaciones de piña en un tiempo de emergencia climática acelerada.

4) Enel territorio nacional tenemos8000 pozos de extracción de agua operando de forma ilegal. Esto representa alrededor del 50% del total de pozos en uso del país, situación que no permite monitorear el estado de nuestras fuentes de agua ni cumplir con el pago por derecho de uso.

5) En Guanacaste se concentra el uso del agua para riego en pocas manos y se les subsidian. Se sobreexplota la cuenca Bebedero-Tempisque en beneficio de cuatro grandes empresas agroindustriales productoras de caña de azúcar y arroz, algunas propiedades del expresidente Arias Sánchez.

6) Contaminación de fuentes de agua con arsénico en San Carlos y metabolitos de clorotalonil en Cartago por el uso desmedido de agroquímicos, dejando sin acceso al agua potable a más de 9000 personas.

7) Continuamos sin tener proyectos válidos y concretos para cumplir los compromisos en cuanto al tratamiento apropiado de las aguas residuales.

Estas situaciones, entre otras en el país, y como muchos sectores están señalando, demuestra que el mandato (y propósito) del sector privado no es proteger la naturaleza ni la sociedad –el bien común –a largo plazo y para las futuras generaciones.

Creemos que continuar promoviendo el actual modelo político y económico neoliberal en el país, en América Latina y en el mundo es peligroso para la humanidad. El deber supremo frente al mundo entonces debería ser promover el diálogo inclusivo y transparente sobre los riesgos asumidos por las crisis climáticas agudizadas por el sistema capitalista mundial.

Nos urge cambiar radicalmente el modelo impuesto por décadas, que ha dejado a la naturaleza como víctima del mal desarrollo, violenta a las comunidades, despoja territorios, y vulnera ecosistemas naturales, la salud, la biodiversidad y la vida. No es posible continuar con la brecha entre las narrativas oficiales y lo que se vive.

QUEREMOS sobre todo seguir fielmente, no solamente en promesas y palabras, la visión de lideres indígenas, quienes entienden la Tierra como una entidad viva y sagrada.  Queremos sustituir el modelo neoliberal con modelos que unen la visión de los pueblos originarios con paradigmas de decrecimiento, métricas que reemplazan el PIB, y otras medidas sistémicas concretas y valientes.  Sin desafiar el sistema económico actual y los poderes que lo mantienen, terminaremos siempre con discursos sin consecuencia, porque no llegamos a la raíz de los problemas. Por lo anterior EXIGIMOS:

En Costa Rica:

1) El respeto por parte del gobierno de turno a nuestra Constitución Política y al cumplimiento del artículo 50 que nos da el derecho de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

2) Detener de inmediato el ataque del gobierno actual, y elementos del sector privado, a las leyes e instituciones del estado cuya misión es proteger el ambiente.

3) Garantizar la protección integral del agua como bien común, sus cuencas hidrográficas y ecosistemas estratégicos (humedales, ríos, océanos) desde la autogestión territorial, fortaleciendo los acueductos comunitarios (ASADAS) como organizaciones claves en el entramado social, histórico y cultural en torno al agua. Sera imposible proteger el mar sin proteger los ríos y ecosistemas que lo afectan.

4) Frenar el modelo de turismo depredador que consume agua intensivamente y provoca la gentrificación de las comunidades costeras.

5) Detener de manera urgente la deforestación que provoca la expansión de monocultivos y declarar una moratoria a la expansión piñera en Costa Rica; y promover un debate abierto y transparente sobre alianzas público-privadas que consolidan el poder corporativo al nivel de las cuencas.

En América Latina y globalmente:

1) Exigimos a todos los países el cumplimiento real y a tiempo de sus compromisos asociados a los ODS para 2030, y aplicar sanciones para los infractores.

2) Frenar los subsidios fiscales a los más ricos y a las inversiones que generan muerte, pobreza y desastres ecológicos, y una transición justa y hacia una economía local.

3) Detener la atracción de empresas transnacionales extractivistas (grandes consumidoras de agua) que vienen a nuestros países a extraer nuestros recursos naturales; sea en minería, agricultura, urbanismo o turismo.

4) Promover propuestas alternativas, sistémicas, y a escala, al modelo neoliberal actual, como son las cooperativas y la renta básica universal, entre otras.

5) Proteger la vida e integridad de los defensores y defensoras ambientales que vienen siendo amenazados, atacados y asesinados por su legítima labor de cuidar y proteger la naturaleza.

6) Poner sobre la agenda pública nuevamente la ratificación del Acuerdo de Escazú.

7) Avanzar la agenda global por los Derechos de la Naturaleza y de los Ríos.

Solo la paz ambiental evitará la injusticia intergeneracional.

Se despiden,

Miembros y miembras de movimientos ecologistas, sociales y laborales de Costa Rica.
Nos organizamos, resistimos y luchamos en contra de este sistema que aniquila la vida.

Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT)
Movimiento Patriótico por Costa Rica
Unión de Trabajadores y Trabajadoras – Universidad Técnica Nacional
Buen Vivir – Costa Rica
Comité de Vigilancia de los Recursos Naturales (COVIRENAS) del Caribe Sur
Colectivo Talamanca Siempre Verde
Asociación Ambientalista Montaña Verde
Asociación Confraternidad Guanacasteca

Asociación Talamanqueña de Ecoturismo y Conservación (ATEC)
Movimiento Cahuita Unida
Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica
Sindicato de Trabajadores del AyA (SITRAA)
Central General de Trabajadores (CGT – Costa Rica)
Unidos por la CCSS

Imagen: https://alianzaalimentaria.org

Monitor OCDE: Carencias en evaluaciones de Mideplan afectan la efectividad de programas estatales

Escrito el . Publicado en Derechos, Educación, Sin categoría.

El Mideplan invirtió unos 475 millones de colones solo en la evaluación de 15 políticas públicas y programas, entre el 2019 y el 2022. Este monto y las ganancias que se podrían obtener de la correcta implementación de estas políticas y programas podrían estar en riesgo al aplicarse las evaluaciones de forma inadecuada. Foto libre de derechos por Nasim Nadjafi / Pixabay, UCR

El país podría desaprovechar cientos de millones de colones por estas inconsistencias

Las fallas en la creación y en el uso de herramientas de control perjudican la supervisión de políticas públicas.

El Estado está compuesto por muchas entidades que tienen sus propios programas cuyo fin es organizar sus servicios, promover el desarrollo y, en términos muy generales, hacer que el país avance.

Para asegurarse de que estos programas cumplan con sus objetivos, hay que evaluarlos. Y el encargado de esto es el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (más conocido como Mideplan).

Pero aquí viene el problema: este ministerio ha presentado fallas en las guías de Términos de Referencia de los instrumentos que utilizan para evaluar los programas durante los últimos años. Así lo advierte el Monitor OCDE, instancia que sirve de enlace entre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el país, la cual está adscrita al Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

El Monitor OCDE llegó a esta conclusión tras una revisión de 26 informes de evaluación concluidos y con acceso público, que a su vez identificaron más de 510 recomendaciones, 105 acciones y 47 categorías para instituciones públicas. Tras este análisis, se determinó que un 86,3 % de las recomendaciones se concentran solo en el control de la gestión o en el ciclo corto de la intervención, es decir, en temas de presupuesto, procedimientos de trabajo y necesidades de capacitación.

En cambio, únicamente el 12,5 % trató el cumplimiento de las metas de los programas, lo que deja un reducido 1,2 % de las recomendaciones para la toma de decisiones estratégicas, objetivo final que, se supone, debería cumplir toda evaluación estatal.

En gráficos, estos son algunos parámetros analizados por el Monitor OCDE para calificar los instrumentos utilizados por Mideplan en sus evaluaciones, así como el grado de conocimiento de los diferentes actores que participan de estos procesos.

La evaluación de programas y su verdadera utilidad

La más reciente Agenda Nacional de Evaluación, que coordina Mideplan, contempla 15 intervenciones a programas estatales de diversa índole, desde el 2019. De estos, 14 fueron calificados en el cumplimiento de sus metas con una nota superior al 87,5 % y 11 de ellos incluso obtuvieron la totalidad de metas cumplidas al 2022. En todos ellos, ese ministerio invirtió una suma de 785 mil dólares (unos 475 millones de colones al tipo de cambio de este martes).

Cabe aclarar que cada una de estas evaluaciones tiene tres partes que la integran: Mideplan encabeza con un equipo supervisor del proceso, un equipo de la institución contraparte que va a ser evaluada y también un equipo evaluador externo (donde en algunas ocasiones, la UCR ha sido la entidad contratada).

Entonces ¿dónde está el problema? Según el documento Gestión pública basada en evidencia: uso de los resultados de la evaluación, realizado por el coordinador del Monitor OCDE, Esteban Mora Martínez, en muchos casos se desconoce el alcance, los requisitos y las expectativas de una evaluación, incluso antes de que esta inicie.

Además, algunos de estos análisis no aportan mayor información sobre el aprovechamiento de las evaluaciones para futuros estudios. En otras palabras, los resultados de esas evaluaciones no están dirigidos a la toma de decisiones estratégicas, por lo que no producen cambios en el diseño de los programas públicos y, por lo tanto, los problemas siguen sin resolverse.

Según Mora, Mideplan ha fallado a la hora de indagar si existe la suficiente información o los insumos en las instituciones para responder a estos instrumentos evaluativos, así como las características de los temas a analizar (por ejemplo, de dónde sale el problema que afecta a una entidad, por qué es un problema y para quiénes es un problema), lo que da al traste con la inversión de tiempo y recursos empleados en las herramientas para la revisión de los programas, aunque – según el Ministerio – estas mediciones culminen con éxito.

Esteban Mora, coordinador del Monitor OCDE: las debilidades en los instrumentos de evaluación generados por Mideplan

Y ¿por qué ocurre este “corto circuito” entre lo que se espera de los programas y lo que se obtiene? Las causas son varias, pero todas tienen que ver con el proceso de evaluación, desde la formulación de la herramienta de testeo hasta los resultados obtenidos y su utilidad real.

Mora comentó que las evaluaciones tienen varios factores adicionales que les impiden dar mejores frutos: por un lado, los escasos recursos de las entidades para aplicarlas de forma correcta; por otro lado, la falta de capacitación del funcionariado que ofrece el servicio; y a esto hay que agregar el desconocimiento de los instrumentos y las herramientas metodológicas por parte de las personas que son evaluadas, así como una limitada comunicación de los resultados y los beneficios que la ciudadanía podría obtener gracias a estos programas.

Esteban Mora, coordinador del Monitor OCDE: las razones que impiden una correcta evaluación de los programas estatales

Todos estos factores hacen que, muchas veces, el equipo evaluador del Mideplan deba reestructurar el instrumento de evaluación, así como la información histórica, para crear un instrumento que sea realmente efectivo. Pero en estos “remiendos” se pierde tiempo y dinero no solo del proceso en sí, sino (y, sobre todo) del efecto positivo que debería generar el programa o proyecto estatal

Según explica el coordinador del Monitor OCDE, este desperdicio de recursos, logística y tiempo es muy preocupante, pues los resultados de estas evaluaciones se quedan en el camino sin poder explotarse más, lo que también imposibilita a las autoridades tomar la mejor decisión sobre qué hacer con estos programas.

Esteban Mora, coordinador del Monitor OCDE: es arriesgado tomar decisiones con los errores presentes durante la confección de las evaluaciones

Si bien todo este problema puede parecer muy técnico y lejano de la vivencia de cada hogar costarricense, la realidad es que afecta a cada persona que vive en este país, ya sea porque la población no recibe el beneficio de estos programas de forma óptima o porque se está desaprovechando la inversión que se hace en ellos.

Por eso es que, según Mora, corregir este tipo de errores es esencial para que las evaluaciones permitan generar un aprendizaje en las diversas entidades evaluadas, crear conciencia ciudadana y propiciar una mejora continua de los procesos y servicios: «esto es parte de los aprendizajes que el propio CICAP ha tenido como parte de varios procesos evaluativos a nivel nacional. Por eso es que ejecutamos esta la investigación y compartimos los resultados con Mideplan y con la Plataforma Nacional de Evaluación», afirmó el investigador.

La Política Nacional de Responsabilidad Social 2017 – 2030, ejemplo de un programa sin evaluar

Para ilustrar de forma más aterrizada cómo están afectando los errores o las omisiones de Mideplan a los programas y proyectos que deberían beneficiar a la población, el coordinador del Monitor OCDE el caso de la Política Nacional de Responsabilidad Social 2017 – 2030, que ha sido impulsada a través de directrices de la OCDE.

En palabras resumidas, esta pretende que las empresas dispongan parte de sus bienes, servicios y réditos para el aprovechamiento de un proyecto de derechos humanos, medioambiente o de cualquier intervención social o económica en beneficio de las comunidades o de algunos sectores del país.

A falta de la incorporación de esta política en la Agenda Nacional de Evaluación, que coordina Mideplan, recientemente el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) debió solicitar a la OCDE un diagnóstico para determinar sus efectos y alcances, pues esta cartera intuía que el país tenía mucho por mejorar en la aplicación de esta política.

Y efectivamente, así fue. La OCDE halló que esta iniciativa alcanza solo al 70 % de todas las grandes empresas del país, que en conjunto son el 2,5 % del total de negocios en Costa Rica. El restante 97,5 % son micro, pequeñas o medianas empresas, que no están insertas dentro de esta política. Con esta información, el MEIC podría restructurar la forma como está aplicando esta política, para que tenga mayor impacto social en beneficio del país.

En buena teoría, estos resultados debieron provenir de una evaluación realizada por Mideplan, algo que no está haciendo y que afecta de forma significativa el desarrollo social y los beneficios que podría estar recibiendo la población. Si se considera que este ministerio es cocreador de esta política, el problema se vuelve aún más obvio. En palabras de Mora: “una buena política pública nace para ser evaluada”.

Los programas y proyectos públicos de la Agenda Nacional de Evaluación

Estas son las 15 iniciativas que han sido intervenidas por el Mideplan entre el 2019 y el 2021, en la Etapa III de la Agenda Nacional de Evaluación. Las herramientas utilizadas para medir su efecto en algunas de ellas han sido puestas en duda por el Monitor OCDE:

Estrategia Nacional para el Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles y Obesidad 2013-20212

Vacunación contra el Papiloma Humano

Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2011-2020

Estrategia “Construyendo Puentes y Sinergias”

Cooperación Internacional en Biodiversidad y Cambio Climático

Programa DESCUBRE

Promoción de la Autonomía Personal de la Personas con Discapacidad

Gestión Hacienda Pública: Carga Tributaria

Banca para el Desarrollo

Carretera Cañas-Barranca

Mercado Regional Mayorista Región Chorotega

Estrategia Sembremos Seguridad

Programa de atención déficit habitacional para la población de escasos recursos económicos

Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático

Programa Centros Cívicos por la Paz

Los resultados de esta investigación de la UCR coinciden con los de las metaevaluaciones (las revisiones de las evaluaciones) contratadas por el propio Mideplan. Estos análisis también identificaron vacíos relacionados con la participación de otros actores, las partes interesadas, la forma en que se diseñan los términos de referencia y el uso de las evaluaciones para la toma de decisiones.

 

Pablo Mora Vargas

Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR

Ante los filibusteros de Zapote y de Cuesta de Moras, contra el neo esclavismo laboral

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

En la Constitución Política se dice claramente que la jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la semana; que la jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana, y que el trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más de los sueldos o salarios estipulados. Cuando la jornada diurna y nocturna se mezclan, en las llamadas jornadas mixtas, no deben ser mayores a las 7 horas de trabajo.

El logro de la jornada de 8 horas fue el resultado de una lucha tenaz, continua, sostenida durante el siglo XIX y parte del siglo XX, para superar las condiciones infamantes de seguridad e higiene ocupacional, y las particulares condiciones de trabajo cuyas jornadas eran de 12, 14, 16 y hasta 20 horas diarias en distintos empleos y trabajos, situación que afectaba hombres, mujeres, menores de edad y a los niños, quienes eran usados para limpiar chimeneas en las fábricas industriales.

Las luchas por esta jornada culminaron, en un primer momento, en las grandes movilizaciones y huelgas que se dieron en Estados Unidos en 1886, cuyo centro de atención fue la ciudad de Chicago, cuando resultado de esas luchas se estableció la jornada de 8 horas para los trabajadores de Estados Unidos. En un segundo momento, cuando a partir de estas luchas, se estableció el 1 de mayo de 1890, como un día de lucha internacional, a realizarse cada año, para hacer valer esta jornada y demandar otras reivindicaciones obreras y laborales en todas partes del mundo.

En Costa Rica la movilización obrera, cada 1 de mayo, se empezó a realizar, desde entonces, en 1913 y, la jornada de 8 horas diarias se aprobó, como resultado de luchas y huelgas que se dieron en 1920, cuando a finales de enero se inició esta lucha en trabajadores del sector público, que se generalizó a otras actividades laborales, y en diciembre de 1920, el Presidente Julio Acosta García, mediante un Decreto reconoció el derecho de organización sindical, el derecho de huelga y el establecimiento de la jornada de trabajo en 8 horas diarias, junto con un aumento de salarios.

En los años siguientes hubo necesidad de continuar esta lucha porque no en todas las actividades laborales se reconocía.

En 1943, cuando se aprobó el Capítulo de las Garantías Sociales, en la Constitución Política de 1871, se estableció con rango constitucional la jornada de 8 horas. Ese mismo año se aprobó el Código de Trabajo donde se materializó esta jornada, con otras combinaciones específicas según ramas de producción, género y edad de los trabajadores. Este Capítulo constitucional se incorporó y aprobó en la Constitución Política aprobada en 1949, al amparo de la Segunda República, que dirigía José Figueres Ferrer, jornada que hasta hoy no había sido cuestionada en su extensión diaria.

Internacionalmente, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), creada en 1919, organismo hoy vinculado a las Naciones Unidas, al cual
Costa Rica está adherido, y al cual se subordina en los Convenios Internacionales que de la OIT se han ratificado, ha establecido la jornada de 8 horas de trabajo diario, como uno de sus iniciales y más importantes Convenios. Al amparo de la OIT países europeos, miembros de la OCDE, organismo al que también Costa Rica se ha incorporado, tienen hoy jornadas de trabajo de 36 y 35 horas semanales, y no de 48 horas semanales como están establecidas para el sector privado en Costa Rica.

En la vida productiva del país hay empresas que tienen distintos regímenes de trabajo. Las hay que trabajan las 24 horas seguidas, porque el giro de sus actividades productivas obliga a que tengan un proceso laboral continuo. Las hay con sistemas productivos que no obligan las 24 horas continuas.

En estas empresas la contratación laboral se realiza tomando en cuenta el tipo de jornadas de trabajo legal y constitucionalmente establecidas, contratando trabajadores en jornadas de 8 horas, y pagando horas extras hasta 4 más, para una jornada extendida de 12 horas.

Las empresas que laboran 24 horas continuas, sin interrumpir sus labores, tienen que organizar turnos de trabajo de 8 horas, para los tres grupos de trabajadores que se distribuyen en ese tiempo de trabajo. Si dividen sus trabajadores en dos turnos laborales de 12 horas, tienen que reconocerles el pago de horas extras. Todo esto apegado a la Constitución y la ley, sin que haya que modificar el Código de Trabajo ni la Constitución Política.

Tres turnos de trabajadores distribuidos en 24 horas de trabajo de una empresa, en turnos de 8 horas cada uno, sin duda genera más trabajo, para más personas, que dos turnos de trabajo de 12 horas, que elimina un grupo de trabajadores. De hecho, la jornada de 8 horas estimula la mayor contratación de trabajadores, mientras la jornada de 12 horas reduce la contratación de trabajadores.

Empresarios y políticos esclavistas, nacionales y extranjeros, quieren alargar las jornadas de trabajo a 12 horas diarias, sin pago de horas extras, reduciendo en esa posibilidad la contratación de trabajadores, abaratando sus costos de producción que se pagan con salarios. Falsamente dicen que la jornada de 12 horas va a dar a contratar más trabajadores, que los que tuvieran que contratar en tres turnos de 8 horas. En ello tienen comprometido al Presidente de la República, a su Consejo de Gobierno, y a la mayoría de los partidos políticos que tienen representación parlamentaria. El Presidente se presenta como el adalid, cosa que le gusta, de estos empresarios y políticos.

Quieren modificar legalmente artículos del Código de Trabajo para que la jornada laboral del sector privado sea extendida hasta las 12 horas diarias, al estilo que existían en el siglo XIX, cuando el régimen de trabajo y de las relaciones laborales se igualaba a los sistemas esclavistas de trabajo y de producción. No casualmente a los trabajadores y obreros del siglo XIX se les llamó esclavos modernos. Los empresarios extranjeros que así presionen en el país se comportan como filibusteros modernos. Los filibusteros encabezados por William Walker querían establecer la esclavitud en Centroamérica. La establecieron momentáneamente en Nicaragua y querían convertir a los pueblos centroamericanos en pueblos esclavos y anexados a los estados esclavistas sureños de los Estados Unidos.

El Presidente de Costa Rica el pasado 11 de abril, en Alajuela, paradójicamente habló contra los filibusteros que él considera existen en el país. Ocultó en su falso discurso el carácter y su esencia filibustera, de ser el Jefe de los Filibusteros laborales, que quieren hacer de los dos millones de trabajadores del sector privado, una masa de trabajadores esclavizados, sometidos a 12 horas de trabajo diario, sin reconocimiento de pago de horas extras, reduciéndoles así sus salarios, y empeorando sus condiciones materiales de trabajo, de vida y de familia.

El Presidente se presenta como el émulo de estos esclavistas modernos, como el verdadero Jefe Filibustero, junto con los diputados que le acompañan, que quieren imponer la jornada de 12 horas, como integrantes de esa falange impía de nuevos filibusteros esclavistas, instalados en sus cuarteles de Zapote y Cuesta de Moras, donde se libra la batalla como la del 11 abril, por derrotar a los filibusteros…anti trabajadores, neo esclavistas, anti costarricenses de su tradición jurídica laboralista.

El Benemérito de la Patria, el Gran Capitán de la lucha contra los filibusteros, Juan Rafael Mora Porras, cuando marchó hacia Nicaragua, llamó a luchar contra los filibusteros que habían reducido a Nicaragua “en la más oprobiosa esclavitud”, y amenazaban de imponer la esclavitud en Centroamérica y en Costa Rica.

Hay que detener, por la presión y protesta organizada popular, con criterios científicos sicológicos, médicos, por el sentido común, por la por el razonamiento histórico y jurídico, por la jurisprudencia internacional que tiende a bajar las jornadas de trabajo y no a aumentarlas, a esos filibusteros instalados en la toma de decisiones legislativas para evitar que establezcan el sistema de trabajo esclavista de las 12 horas diarias.

¡No, al neo esclavismo laboral! ¡No, a los esclavistas modernos!

Nuestros niños, los más pobres

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Manuel Delgado

Impactó la noticia de que nuestro país es el que tiene mayor tasa de pobreza infantil de las 38 naciones que componen la OCDE. Según esos datos, el 27% de los menores de 17 años viven en pobreza. Por cierto, a diferencia de la de otros países, nuestras cifras son del 2021, lo que quiere decir que toman en cuenta la situación creada por la pandemia del Covid-19, que presumiblemente empeoró la situación de la población, especialmente la de la más pobre. Es decir, en la realidad estamos peor de lo que dicen los datos de la OCDE.

Es, además, dice ese organismo, el segundo país con mayor desempleo (solo superado por España).

Es posible que ambas cifras tengan que ver, pues son las mujeres las más golpeadas por el desempleo y la pobreza. Y mujeres solas crían a la mitad de los niños que nacen en este país.

Para ese organismo uno de los motivos que explican este fenómeno es la cantidad de niños nacidos de madres adolescentes. Pero sucede que nuestro país redujo esos índices de manera ejemplar en la pasada década. El porcentaje correspondiente cayó de un 19% en el 2012 a un 9% en el 2021. Ese factor, el de ser hijos e hijas de madres adolescentes, sigue pesando, sin duda. Pero podríamos pensar que hay otros factores más decisivos.

El 70% de los niños que nacen en Costa Rica son nacidos fuera de matrimonio, y la mitad de ellos de madres solteras, es decir, sin pareja. Son un total de 24.140 pequeños. Y eso sí parece ser significativo, sobre todo porque las madres solteras siguen tomando la delantera. En el 2008 eran no más de 16.331.

Además, de los niños así nacidos, un 30% carece por completo de soporte económico de su padre.

La OCDE dice:

«La custodia de los hijos suele corresponder a la madre, quien frecuentemente tiene un ingreso personal menor que su expareja. Por consiguiente, no es de sorprender que el riesgo de pobreza (de 31%) de las familias monoparentales sea tres veces mayor que el de las familias con dos padres (10%) en toda la OCDE en promedio”.

Según el Banco Mundial (Oportunidades para reducir la pobreza en Costa Rica) “las madres solteras enfrentan desafíos mayúsculos. Sus ingresos laborales tienden a ser bajos y aquellos provenientes de transferencias públicas y privadas no resultan ser un complemento suficiente. Más de la mitad de todas las madres solteras pueden clasificarse como pobres y su situación pareciera haberse deteriorado en la última década”. La tasa de pobreza calculada por ese informe para las mujeres es de 27,7%. La de los niños de 0 a 14 años, del 40%.

El aumento de la pobreza infantil tiene esos componentes que tienen que ver con las malas prácticas de la sexualidad y la reproducción, la desigualdad a que se ve sometida la mujer, la poca efectividad de nuestras leyes y prácticas de paternidad responsable y muchas otras, que aparentemente tienen que ver con el comportamiento individual de las personas. Pero la verdadera causa no se encuentra allí. Está en un régimen social de por sí injusto, en la que el ser humano es mercancía de segunda, y donde los niños, por ser improductivos, por su vulnerabilidad y su dependencia, son los más sacrificados.

Resulta especialmente triste comprobar que los niños de todos los países de esa organización privilegiada, entre ellos el nuestro, sean el sector de la población que muestra mayores cifras de pobreza y que, además, representan un sector cuyo número va en aumento. Son más pobres que los ancianos, mucho, pero mucho más pobres que la media de la población adulta y además cada vez son más. Eso es así en todos los países, En España y en Israel, en Estados Unidos y en Francia, y más, como vemos, en Costa Rica.

Es el resultado más demoledor de un régimen estructuralmente injusto, cuyos males sociales se han agravado por las políticas de contención del gasto público y la privatización galopante.

Al fin y al cabo, la clave está allí, y el sacrificio de nuestros niños ante el altar del capital es un signo de la debacle de nuestro régimen social y político corrupto e inhumano. Esa sangre inocente clama por un cambio de régimen, que transforme esta democracia podrida que los condena a la muerte por otra democracia, popular, participativa, socialista.

Una normativa inasumible

Escrito el . Publicado en Derechos, Trabajo.

Manuel Hernández

1.- El esperpento totalitario q creó la LEY MARCO DE EMPLEO, MEGAMIDEPLAN, no tiene una hoja de ruta para implementar la aplicación de esta ley. Palabras más, palabras menos, así lo advirtió la CGR en su último informe.

Es decir, MIDEPLAN está más perdido que el hijo de Lindbergh.

2.- El proyecto de reglamento de esta ley está lleno de disposiciones confusas, ambiguas y oscuras.

Además, se extralimitó en el ejercicio de la potestad reglamentaria. Así lo dictaminó la PGR, nada sospechosa de ser simpatizante de los servidores públicos, y todavía mucho menos de los sindicatos.

3.- El proyecto de reglamento es una nueva versión de ese Frankenstein, construido en los astilleros de OCDE y FMI, cada vez más impresentable, que se vuelve contra los postulados del Estado Social y Democrático. Así lo sostienen los sindicatos.

4.- No lo pudo haber dicho mejor mi compadre y colega Clint Eastwood:

“Está a mitad del camino, entre ninguna parte y el olvido.”

UNDECA, BUSSCO y el Movimiento Sindical Unido rechazan antidemocrático reglamento a Ley de Empleo Público

Escrito el . Publicado en Trabajo.

Los representantes sindicales, con la participación del secretario general de UNDECA, Luis Chavarría, entregaron un fundamentado documento con la posición unánime del movimiento sindical, respecto a la consulta pública del Proyecto de Reglamento a la Ley Marco de Empleo Público.

En síntesis, las organizaciones deploraron y advirtieron que al igual que con la Ley de Empleo Público, el proyecto de reglamento se tramita de manera atropellada y antidemocrática, presionado por la OCDE y el FMI, manifestando su oposición por los siguientes motivos:

1.- Falta de legitimidad democrática de la reglamentación de la Ley Marco de Empleo Público: una anodina consulta, sin participación democrática y diálogo social, a días de la vigencia de la ley, para cumplir un formalismo, de mero trámite.

2.- Deficiencias, inconsistencias y omisiones en la implementación y reglamentación de la Ley Marco de Empleo Público: la falta de claridad conceptual, criterios metodológicos y técnicos, reflejo de la incapacidad de Mideplan; causa incerteza administrativa y jurídica. (Informe CGR- DFOE-FIP-RF-00002-2022)

3.- La Ley y el Reglamento de la Ley Marco de Empleo Público: un caballo de Troya: con el pretexto de la crisis fiscal se extralimitaron en la ley y el ejercicio del poder reglamentario, reconfigurando la institucionalidad y vaciando de contenido la autonomía atribuida a la Caja Costarricense de Seguro Social, universidades públicas y municipalidades, a contrapelo de la Constitución Política.

4.- El núcleo duro de la ley y su reglamento: la gobernanza total y totalitaria de MIDEPLAN:  todas las instituciones descentralizadas y el Poder Judicial quedan sometidas a esa “tutela” política, desde el reclutamiento, selección, promoción, concursos, formación, evaluación y disciplinamiento salarial.

5.- El producto estrella: el salario único global: el más misterioso y sombrío del proyecto, que genera grandes dudas acerca de las condiciones y derechos laborales en que quedarán los funcionarios.  

6.- La política extrema de devaluación de los salarios: la continuidad de la política de reducción de los salarios reales y empobrecimiento de la clase trabajadora del sector público.

7.- El proyecto de reglamento omitió realizar el control de convencionalidad: esa gravísima infracción violenta la libertad sindical, el derecho a asociación, negociación colectiva y huelga recogidos en la Opinión Consultiva OC-27-21, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los convenios 87, 98, 151 y 154 de OIT y los artículos 2 y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

8.- El proyecto de reglamento omitió el Informe Técnico de OIT acerca de la Ley Marco de Empleo Público: los cuestionamientos, observaciones y recomendaciones fueron ignoradas.

A merced de esta legislación regresiva, fiscalista e incompatible con los principios del Estado Social y Democrático se profundizará en nuestro país la desigualdad social, el desempleo, la precarización de las condiciones de trabajo y el congelamiento de los salarios.

¡UNDECA alerta y llama a la clase trabajadora a defender la CCSS, la institucionalidad pública y los legítimos derechos de las y los trabajadores públicos.!

San José, 14 de febrero de 2023.

SURCOS comparte el documento enviado a la ministra de Planificación:

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Lo mediocre del mercado eléctrico costarricense son las recomendaciones de la OCDE

Escrito el . Publicado en Análisis.

Greivin Hernández González*

El pasado lunes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó la última edición del Estudio Económico para Costa Rica, un documento que acostumbro a leer con atención, por la comparabilidad de los datos con países líderes en diversas áreas. Aunque no está ayuno de sesgos y errores, en esta edición tuvo pifias mayúsculas en las recomendaciones sobre el mercado eléctrico costarricense.

No se equivoca en su análisis porque no lo tiene, toma como base un informe publicado por el Banco Mundial en 2015, que usa datos del 2007-2013 (así es, de hace más de una década). A partir de cifras desactualizadas, la OCDE en 2023 sostiene que “El desempeño operativo del ICE es mediocre cuando se compara con instituciones pares (World Bank, 2015[18]) y los precios de la electricidad han sido más altos que en los países pares de la región.”

La misma conclusión la tiene el informe del Banco Mundial (2015) y para ello se basa, primordialmente, en tres comparativas: precios, días necesarios para instalar un servicio nuevo y caídas en el sistema. Pero qué pasaría si buscamos los datos más actuales, juzgue usted.

Ciertamente de 2007 a 2013 las estadísticas del país reportan un aumento continuo en las tarifas eléctricas, sin embargo, a partir de tal año, la misma fuente utilizada por el Banco Mundial (2015), la CEPAL, registra una caída drástica en los precios, desde los 18,5 hasta los 12,8 centavos de dólar por kWh de 2013 a 2021, respectivamente, lo que ubica al país con las tarifas eléctricas más bajas de la región, ver Figura 1.

Figura 1. SICA: precio medio regulado por país, 2012-2021 (centavos de dólar/kWh)

Fuente: CEPAL. Estadísticas del subsector eléctrico de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), 2021.

El segundo dato fuera de contexto, son los días de espera para una nueva conexión eléctrica que, al decir del Banco Mundial en 2015, son muy altos, pues bien, el mismo dato para 2019 ubica a Costa Rica sólo por debajo de Panamá (para los países de la OCDE está en 74 días según la misma fuente), ver Figura 2.

Figura 2. SICA: Tiempo requerido para acceder a un servicio nuevo de electricidad, 2019 (días)

Fuente: Banco Mundial. Indicadores de desarrollo mundial.

El tercer dato, frecuencia de las fallas eléctricas reportadas por las empresas, tiene una interpretación curiosa por parte del Banco y la OCDE, a pesar de que Costa Rica está por debajo del promedio de la OCDE y Uruguay, después de Panamá es el que menos caídas en el sistema reporta en la región. Lamentablemente la encuesta de la que se obtiene este dato no ha sido actualizada. La segunda gran pifia del informe OCDE, es aplicar un doble estándar, mientras que en algunos casos la OCDE basa su análisis en los resultados (notablemente educación), en el caso del mercado eléctrico lo fundamenta además en las reglas. Es decir, asume que porque existe un operador con posición de dominio de mercado (el ICE) y altas regulaciones, los resultados son malos. Sin embargo, omite cifras tan positivas para la vida del ciudadano común, como son el acceso universal al servicio eléctrico, ver Figura 3, bajas tarifas (ver Figura 1), o las bajas pérdidas en transmisión y distribución, ver Figura 4.

Figura 3. SICA: acceso al servicio eléctrico, 2020 (%)

Fuente: CEPAL. Estadísticas del subsector eléctrico de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), 2021.

Figura 4. SICA: evolución de las pérdidas de transmisión y distribución, 2010-2021. (en porcentajes)

Fuente: CEPAL. Estadísticas del subsector eléctrico de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), 2021

Aquí pareciera existir además un sesgo ideológico de los redactores de esta sección del informe, o acaso un olvido de la teoría económica. En microeconomía, se describe el caso del monopolio natural, como es el de la electricidad, dicha teoría ha establecido que es posible que un mercado de este tipo alcance los mismos resultados de competencia perfecta, mediante una regulación adecuada.

Aún más, no deja de sorprender que la OCDE no utilizase los datos que posee y publica, sobre la evolución reciente del índice de precios a la energía, ante choques externos como la invasión a Ucrania, o la recuperación mundial acelerada post COVID-19. Así mostraría que el mercado eléctrico costarricense es ejemplar, pues ha coadyuvado a resistir dichos eventos mucho mejor que el grupo de países con las mejores prácticas a escala mundial y regional, ver Figura 5.

Figura 5. ALC4, Costa Rica y OCDE: Índice de precios de la energía, 2015-2022 (nivel, 2015=100)

En suma, es difícil saber a ciencia cierta cómo una institución seria y prestigiosa llegó a conclusiones y recomendaciones con información tan desfasada y descontextualizada, sus causas y motivaciones. Sorprende que ante la abundancia de estadísticas actuales y de fácil acceso (me tomó sólo unos minutos actualizar y verificar los equívocos), se aventurase a emitir conclusiones y recomendaciones al amparo de un análisis tan vago, poniendo en juego tanto el desempeño de un mercado estratégico para cualquier país, como su reputación.
 
* El autor es economista

Imagen superior: DPL News

La OCDE, el ICE y una información inútil

Escrito el . Publicado en Análisis.

Freddy Pacheco León, PhD

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no solo ofrece a la comunidad una cobertura eléctrica cercana al 50% que alcanza a todos los rincones del país, sino que, además, es casi en su totalidad de origen renovable. Y es así, por disposición histórica de sus fundadores y primeros desarrolladores, que lo decidieron mucho antes de que planetariamente se recomendara el uso de energías renovables, en virtud de las medidas que hay que implementar para enfrentar las causas y consecuencias del cambio climático.

Además, gracias a su internacionalmente reconocida eficiencia y eficacia, y al hecho de que se trata de una empresa estatal que funciona sin fines de lucro, sus tarifas son las menores del istmo centroamericano, para beneficio de habitantes y sector productivo. De ahí el prestigio bien ganado del ICE y el cariño de que goza entre los costarricenses.

Sin embargo, ahora que Costa Rica se está estrenando como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), que originalmente era conocida como el “club de los países ricos” por haber sido fundada por EUA, Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá, Italia, España, Países Bajos, Suecia, Suiza, Noruega, Bélgica, Portugal, Austria, Grecia, Turquía, Luxemburgo e Islandia, ha recibido de manos de su actual presidente, el australiano Mathias Cormann, un “Estudio Económico” fechado 2023, pero ¡con información de hace una década!, por lo menos en lo que se refiere al ICE.

Si se tratara de un informe sin importancia el censurable fallo no tendría especial trascendencia, pero al tratarse de un diagnóstico, o sea un documento sistemático, evaluativo, que permite producir hipótesis y acciones con objetivos ideológicamente orientados, mal haríamos en desdeñar su contenido.

Aparte de señalar, casi en forma de lamento, que la participación de la generación de electricidad del sector privado permitida está limitada al 30%, destaca que tiene barreras contractuales con el ICE como las que exigen que la participación extranjera en las empresas no supere el 65%, obviando eso sí, que por muchos años el ICE se ha visto obligado legalmente a comprar energía del lucrativo sector privado, a precios más altos que los de su producción.

El tinte tendencioso de esas anotaciones, se reafirma cuando afirma sin ambages, que “el desempeño operativo del ICE es mediocre”, cuando se le compara con instituciones pares y que los precios de la electricidad han sido más altos que en los países centroamericanos, usando para ello, información del Banco Mundial recabada hace diez años, y no la que se tiene a disposición pública en diversas fuentes.

Así pues, siguiendo la lógica procesal de la información anotada, se plantea inmediatamente la hipótesis derivada de esa falacia, para afirmar que el rompimiento del monopolio en “la operación de la red de transmisión”, y la apertura de la competencia en la “generación y el suministro minorista”, “puede generar grandes beneficios en forma de innovación y precios más bajos”. Seguido, como era de esperar, por la liturgia economicista que como letanía repite que se “debería considerar flexibilizar las restricciones y los límites existentes a la participación del sector privado, incluidos los relacionados con la propiedad extranjera, como una forma de estimular la innovación y la competitividad y enfrentar los próximos desafíos para el sector eléctrico”.

Es cierto que nuestro país, como lo es Chile, el primer país latinoamericano afiliado a la OCDE, está muy lejos de alcanzar los índices de desarrollo exhibidos en el grupo de los países fundadores, y que es necesario fortalecer la planificación y la ejecución de acciones orientadas hacia un desarrollo social y económico, que nos permita avanzar hacia la toma de decisiones dirigidas hacia el combate de la pobreza y la desigualdad. Pero es fundamental que ese desarrollo al que aspiramos, no solo sea visto como crecimiento económico, sino que ha de ser sostenido, sostenible, incluyente, que conlleve una transformación estructural que no se limite a la fusión de entidades gubernamentales sin ton ni son, como lo estamos viendo en proyectos de ley.

La aspiración ha de ser la de corregir desequilibrios, mitigar tensiones sociales ampliando la participación democrática. Lo sucedido lamentablemente en Chile, después de tantos años de ser miembro de la OCDE, se podría evitar en Costa Rica, pero para ello, se habrá de sustentar las hipótesis y acciones en información real, válida, actualizada, útil, y no en lo que, lamentablemente, estamos leyendo en ese estudio de la OCDE.

La OCDE: espejitos y cuentas de vidrio

Escrito el . Publicado en Análisis.

Luis Paulino Vargas Solís

Desde su sede en París, a 8.900 kilómetros de San José, nos llegó la delegación de la OCDE. Hicieron tan largo trayecto, atravesando el Atlántico, para traernos unas maletas llenas de espejitos y cuentas de vidrio, que no otra cosa es lo que nos ofrece el informe que presentaron.

Un informe plagado de lugares comunes y trivialidades. Nada que no sepamos, nada que no haya sido dicho incontables veces en Costa Rica, pródigo, inclusive, en los detallitos truculentos que la propaganda repite incansable en nuestro medio. Por ejemplo, las groseras inexactitudes sobre el ICE.

Los datos -perfectamente conocidos- son tratados con extrema superficialidad, desde una visión fragmentaria, sin perspectiva histórica, sin contextualización sociocultural, y vacíos de cualquier sustancia teórica que dé alguna luz sobre los problemas estructurales de fondo.

Hay cuestiones que son abordadas desde datos ya un poco viejos, y sobre las cuales se lanzan afirmaciones que muy posiblemente se han desactualizado. En muchos otros asuntos, la falacia emergería con claridad en cuanto se asuma un enfoque crítico y complejo, que intente desentrañar las interrelaciones que subyacen a las variables.

El enfoque es ortodoxo y conservador, y desde ahí nos empuja a aplicar una regla fiscal que, tendencialmente, nos lleva al Estado mínimo que la distopia neoliberal propone ¿se atreverían recomendarle lo mismo a Dinamarca o Suecia? Lo cual nos sugiere un ejemplo -entre los muchos que podríamos citar- de las falacias implícitas del discurso de esa gente, cuando, por una parte, hacen ver el bajo nivel de productividad de la economía, y por el otro nos recetan austeridad fiscal y desmantelamiento del sector público ¿Acaso serán tan charlatanes como para imaginar que de esa forma se podrá impulsar la productividad?

Es más o menos lo mismo que diría cualquier consultora privada de Costa Rica, de esas que cobran platales por poner unos cuantos datos en uno coqueta presentación de PowerPoint.