Costa Rica se encuentra ante una encrucijada histórica. La indiferencia ya no es una opción, es lo que alimenta al autoritarismo. Si guardamos silencio, permitiremos el desmantelamiento de los pilares que sostienen la vida democrática y la libertad.
Convocamos a la acción unitaria del Bloque Democrático: comunidades, organizaciones sociales, universidades públicas, artistas e intelectuales, iglesias, ciudadanía.
Exigimos respeto a nuestra Constitución Política.
El Poder Judicial está bajo asedio y existe el peligro de un «cierre técnico»
La campaña de hostigamiento contra los tribunales y la fiscalía general ha cruzado límites peligrosos. Ya no se trata solo de descalificaciones verbales en conferencias y redes, sino de una estrategia de asfixia financiera planificada.
El fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, elevó una alarma gravísima ante la Corte Plena al denunciar que los millonarios recortes presupuestarios impuestos por el Poder Ejecutivo buscan provocar un «cierre técnico» del Poder Judicial.
El impacto real: esta reducción forzada de recursos desmantela las fiscalías y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el peor momento para la seguridad del país, y con esto deja vía libre al crimen organizado. Como bien señaló la magistrada Patricia Solano en la misma sesión: “Pareciera que el enemigo no es el crimen organizado, sino el Poder Judicial”.
El objetivo de fondo es debilitar los expedientes de corrupción que comprometen directamente al oficialismo y promover la impunidad de las redes de influencia. Un Poder Judicial maniatado económicamente pierde la capacidad de actuar como contrapeso constitucional frente a los abusos del Ejecutivo.
La Caja de Seguro Social (CCSS): El desmantelamiento del bienestar social
A la par del ataque contra el Poder Judicial, la Caja Costarricense de Seguro Social sufre una intervención sistemática destinada a ahogarla y colonizar sus mandos técnicos.
El impacto real es la manipulación de las juntas directivas, la parálisis de infraestructura hospitalaria básica urgente y las políticas que promueven la fuga de especialistas de la salud para destruir la mayor conquista social de nuestro pueblo.
El objetivo de fondo es convertir la salud pública en un negocio y neutralizar cualquier foco de resistencia técnica o sindical interna.
Dejar caer a la CCSS es romper el pacto social de solidaridad que ha garantizado democracia social en Costa Rica por más de ochenta años.
La amenaza de la represión y la pérdida de garantías individuales
El debilitamiento institucional busca allanar el camino hacia un régimen autoritario. Nos preocupan profundamente las narrativas que coquetean con la suspensión de garantías individuales so pretexto de crisis, y el ingreso desmedido de fuerzas militares extranjeras aprovechando los recesos de la Asamblea Legislativa.
Un escenario sin controles constitucionales facultaría al oficialismo para ejecutar allanamientos políticos, intervenir la Fiscalía General y neutralizar a la Contraloría General y al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
No permitiremos una Costa Rica arrodillada, temerosa y militarizada.
¡Actuemos ya!
Hacemos un llamado urgente para unirnos a la Red Nacional de Comités Democráticos y Patrióticos en cada barrio del país. Nuestra resistencia es pacífica pero firme, fundamentada en las leyes y en la soberanía de la ciudadanía costarricense.
Luchamos porque:
1- El Poder Judicial mantenga su total independencia y el presupuesto constitucional.
2- La Caja Costarricense del Seguro Social sea rescatada de la intervención política y financiera de Zapote y del secuestro del Ministerio de Hacienda.
3- Costa Rica sea un país donde se respetan la vida y leyes republicanas, las libertades públicas y democráticas. Que se respeten las garantías individuales.
¡Viva Costa Rica!
Firmantes:
Edison Valverde Araya, Comunidad Buen Vivir
Lenin Chacón Vargas, Buen Vivir Comuna Cocles
Raúl Blanco Chavarría, abogado, secretario general de la JVC
Manuel Monestel, Premio Magón
Alfonso Chase Brenes, Premio Magón
Manuel Mora Salas
Gonzalo Villalta Gewrtz
Gloria Valerín Rodríguez, exministra de La Mujer
Macarena Barahona Riera, escritora
Patricia Mora Castellanos, exministra, exdiputada
Olga Goldemberg Guevara, escritora
Marielos Castro Umaña
Ángel Lara, escultor
Ana Mercedes Rodríguez, profesora
Rafael Cuevas Molina, escritor
Oscar Madrigal Jiménez, abogado
Alcides José Murillo Campos
Leiner Vargas Alfaro
Enrique Sibaja Granados
Marvin Cordero Gómez
Gonzalo Gallegos Jiménez
Habib Succar Guzmán
Inés Gutiérrez Moya
Aurelia Trejos Paris, cantautora
Oscar Espinoza, cantautor
Gerardo Aguilar Sevilla, abogado
Ena Aguilar Ramírez
Manuel Romero Arroyo
Walter Arias Bermúdez
Claudio Monge Pereira, exdiputado
Mónica Peredo, filóloga
Victoria Montero Zeledón, actriz
Nieves Barahona Riera, actriz
Arnaldo Moya Gutiérrez, historiador
Dorelia Barahona Riera, escritora
Alex Cuadra Hernández
Ana Lorena Alfaro Fuentes, M.G.L.
Rosa María Mata Mena
Ronulfo Morera Vargas
Gerardo Contreras, catedrático universitario
Francisco Javier Hernández Quiros
Francisco Barahona Riera, doctor Ciencias Políticas
German Chacón Araya, sociólogo
Alberto Campos Barrantes
Li Sáenz Urgell
Israel Guillén González
José Rafael Flores Alvarado
Alejandro Antonio Fernández Madrigal
Zeyla Meza, abogada
Julissa De Los Ángeles Madrigal Madrigal
Leda Montoya, trabajadora social
Xiomara Eve
César Quirós Brenes
Franklin Monge Montero
Jorge Edwin Lao Largaespada
Diego Villalobos Quirós
Lyn Madrigal
Ligia María Madrigal Castillo
Freddy Jiménez Herrera
Ricardo Ascanio Sánchez, librero
María Eugenia González García
Alcides José Murillo Campos
Luis Hidalgo Canifrú
Mario Alfaro Rodríguez, profesor
Luis Fernando Monge Rojas
Annie Saborío Mora
Karla Matamoros Hernández
Juan Bautista Rojas Esquivel
Leonardo Rivera Pérez
Karen Vargas Gutiérrez
Jorge Vallejos Ortiz
Guillermo Garro Brenes
Alfredo Gerardo Chaverri Brenes
Luis Miranda Vega
Héctor Ferlini-Salazar
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Hay momentos en los que el miedo deja de ser solamente una reacción frente a determinados acontecimientos y comienza a convertirse en una manera de interpretar la realidad.
Quizá Costa Rica esté atravesando uno de esos momentos.
Durante los últimos meses hemos escuchado hablar insistentemente de narcotráfico, sicariato, organizaciones criminales, amenazas, balaceras, inseguridad, Fuerza Élite, secreto de Estado y debilitamiento de las capacidades institucionales para enfrentar el crimen organizado. Ahora se ha incorporado un elemento particularmente sensible: la presidenta de la República ha considerado públicamente que eventuales operaciones terrestres estadounidenses contra el crimen transnacional podrían resultar beneficiosas para la seguridad nacional.
La afirmación merece atención. También merece serenidad.
Hasta donde se conoce públicamente, no existe una operación terrestre estadounidense anunciada para Costa Rica. Tampoco disponemos de evidencia que permita afirmar que una intervención extranjera sea inminente. La propia presidenta ha señalado que no existe actualmente un plan concreto y que una eventual presencia de tropas tendría que transitar por los procedimientos constitucionales correspondientes.
Pero algo importante sí ocurrió: la posibilidad fue introducida en la conversación política nacional desde la propia Presidencia de la República.
Eso es suficientemente relevante como para discutirlo. No necesitamos convertirlo en algo que todavía no es.
El miedo tiene razones
Sería irresponsable negar la gravedad del problema de seguridad que enfrenta Costa Rica.
El narcotráfico existe. El sicariato existe. Las disputas territoriales entre organizaciones criminales existen. Hay comunidades en las cuales las personas han modificado sus rutinas por temor a la violencia.
La propia presidenta ha recurrido a su experiencia cotidiana para describir esa realidad. Ha contado que las balaceras la despiertan durante la noche y ha explicado que las amenazas recibidas le impiden realizar actividades tan sencillas como salir tranquilamente a comprar pan.
Son imágenes comunicativamente poderosas.
La inseguridad deja entonces de expresarse mediante estadísticas, tasas de homicidios o distribución territorial del delito y adquiere un rostro cotidiano: si hasta la presidenta, protegida por los cuerpos de seguridad del Estado, no puede comprar pan tranquilamente, ¿qué puede esperar el ciudadano común?
La pregunta parece inevitable.
Pero precisamente allí debemos detenernos.
Una cosa es la violencia realmente existente. Otra, la percepción social de inseguridad. Y otra distinta, la construcción política del significado de esa inseguridad.
Las tres pueden coexistir y retroalimentarse sin ser exactamente lo mismo.
Reconocer esa diferencia no significa minimizar las víctimas ni negar la criminalidad. Significa impedir que el miedo sustituya al análisis.
La paradoja institucional
Hay además una cuestión difícil de ignorar.
Mientras el crimen organizado es presentado como una amenaza de enorme magnitud, hemos asistido a discusiones y reducciones presupuestarias que afectan precisamente a instituciones nacionales encargadas de investigarlo, perseguirlo y juzgarlo.
El Poder Judicial ha advertido sobre los efectos que determinadas reducciones pueden producir sobre las capacidades del OIJ y del Ministerio Público para enfrentar el crimen organizado.
La paradoja merece explicación.
Si la amenaza es tan grave, ¿por qué no ocupa un lugar igualmente urgente el fortalecimiento presupuestario, técnico y humano de las instituciones nacionales encargadas de combatirla?
No tenemos elementos para afirmar que exista una estrategia deliberada consistente en debilitar esas instituciones para justificar posteriormente soluciones extraordinarias o extranjeras.
No debemos afirmarlo.
Pero tampoco necesitamos demostrar semejante intención para formular una pregunta legítima sobre la coherencia de las políticas públicas.
Y esa pregunta resulta todavía más importante cuando, simultáneamente, empieza a presentarse como beneficiosa la posibilidad de operaciones terrestres extranjeras.
Cooperación e intervención no son sinónimos
Costa Rica necesita cooperación internacional.
El narcotráfico es un fenómeno transnacional. Combatirlo requiere intercambio de información, inteligencia, tecnología, cooperación policial y judicial y coordinación con otros Estados.
Confundir toda cooperación con una intervención militar sería tan equivocado como presentar cualquier presencia operativa extranjera simplemente como una forma más de cooperación.
Las palabras importan porque las diferencias también importan.
Una cosa es cooperación internacional.
Otra, asistencia policial.
Otra, coordinación operativa.
Y otra cualitativamente distinta son operaciones terrestres desarrolladas por fuerzas extranjeras en territorio nacional.
Costa Rica, país sin ejército permanente desde hace décadas, debe discutir esa última posibilidad con particular cuidado. No desde un nacionalismo elemental ni desde un rechazo automático a Estados Unidos, sino desde nuestra historia institucional, nuestra Constitución, nuestra soberanía y nuestra concepción civil de la seguridad.
Cuando lo excepcional se vuelve imaginable
Quizá allí se encuentre uno de los cambios más importantes que estamos experimentando.
Las sociedades no cambian solamente cuando se aprueba una ley, se firma un decreto o ingresan tropas por una frontera.
También cambian cuando determinadas posibilidades dejan de parecernos extraordinarias.
Primero algo resulta impensable.
Después alguien lo menciona.
Luego provoca escándalo.
Más tarde se discute.
Finalmente puede incorporarse al repertorio normal de alternativas políticas.
No sabemos si Costa Rica recorrerá ese camino respecto de operaciones extranjeras. Precisamente porque no lo sabemos debemos evitar hablar como si ya hubiese ocurrido.
Pero sí podemos observar que algo anteriormente excepcional ha entrado en el campo de lo políticamente imaginable.
Y eso merece discusión democrática.
El problema del secreto
A este panorama se agrega la utilización del secreto de Estado respecto de determinadas materias vinculadas con seguridad e inteligencia.
También aquí necesitamos mesura.
Todo Estado requiere reservar determinada información. Ningún gobierno puede revelar anticipadamente tácticas policiales, fuentes de inteligencia, investigaciones en curso o detalles operativos cuya publicidad pueda beneficiar a organizaciones criminales.
El problema democrático no consiste, por tanto, en afirmar que todo secreto es ilegítimo.
La pregunta es otra:
¿cuánto secreto, sobre cuáles materias, durante cuánto tiempo y sometido a qué controles puede admitir una democracia?
Mientras mayor sea la excepcionalidad invocada para protegernos, mayor debería ser nuestra preocupación por conservar controles institucionales capaces de vigilar a quienes ejercen esas facultades.
Vigilancia democrática, sin embargo, no significa paranoia.
Preguntar no equivale a inventar una respuesta cuando todavía no la conocemos.
Denuncias que deben preocuparnos, pero también investigarse
En este clima han aparecido además denuncias de personas activistas y críticas del Gobierno que aseguran haber abandonado Costa Rica y solicitado protección internacional alegando amenazas o persecución política.
El asunto es suficientemente grave como para no trivializarlo.
Y precisamente por eso es suficientemente grave como para no convertir una denuncia en una conclusión antes de investigarla.
Hay que escuchar a quienes denuncian.
Documentar sus casos.
Conocer las amenazas.
Determinar su procedencia cuando sea posible.
Distinguir actuaciones de particulares de actuaciones estatales.
Exigir respuestas institucionales.
Y, si la evidencia permite establecer persecución política, denunciarla con toda contundencia.
Pero anticipar esa conclusión sin disponer todavía de pruebas suficientes puede terminar debilitando precisamente aquello que pretendemos denunciar.
La democracia necesita vigilancia. No necesita que sustituyamos los hechos que desconocemos por aquello que tememos que pueda estar ocurriendo.
Una pregunta incómoda para quienes criticamos
Y aquí quienes nos oponemos a determinadas decisiones gubernamentales deberíamos hacernos también una pregunta incómoda.
¿No estaremos contribuyendo nosotros mismos a propagar el miedo?
Las declaraciones presidenciales sobre eventuales operaciones estadounidenses han provocado preocupación comprensible. Muchas personas defensoras de los derechos humanos, de la soberanía y de nuestra tradición civilista han reaccionado denunciando los riesgos que podría representar una intervención extranjera.
La advertencia es necesaria.
Yo mismo me opongo firmemente a que la lucha contra el narcotráfico termine utilizándose para normalizar operaciones terrestres de fuerzas extranjeras en Costa Rica.
Pero advertir no es lo mismo que anunciar la catástrofe.
Cuando convertimos una posibilidad en certeza, un anuncio en un hecho consumado o una preocupación legítima en evidencia de que lo peor resulta inevitable, podemos terminar participando involuntariamente en la misma circulación social del miedo que cuestionamos.
Y entonces ocurre una paradoja.
Desde el Gobierno puede decirse:
la criminalidad es tan grave que necesitamos pensar en medidas extraordinarias.
Y desde la oposición podemos terminar respondiendo:
las medidas extraordinarias son tan graves que debemos vivir aterrados por lo que viene.
Los discursos son políticamente antagónicos.
Pero ambos pueden producir un mismo resultado emocional:
miedo, ansiedad e impotencia.
Cuando el miedo gana la discusión
El miedo posee una extraordinaria capacidad para reducir el espacio de las preguntas.
Frente a una amenaza presentada como extrema dejamos poco a poco de preguntarnos:
¿qué debemos hacer?
Y comenzamos a preguntarnos:
¿cuánto estamos dispuestos a permitir para que nos protejan?
Pero existe otro efecto menos visible.
Cuando desde posiciones críticas presentamos el deterioro democrático, la intervención extranjera o la excepcionalidad como acontecimientos prácticamente inevitables, también podemos producir otra pregunta:
¿para qué hacer algo si ya todo está perdido?
Ahí el miedo deja de movilizar.
Paraliza.
Satura.
Agota.
Produce la sensación de que las decisiones ya fueron tomadas en algún lugar inaccesible y que al ciudadano solamente le corresponde esperar sus consecuencias.
Ese quizá sea uno de los mayores peligros del momento.
No solamente que tengamos miedo.
Sino que el miedo termine convenciéndonos de nuestra propia impotencia.
No regalemos el miedo
Quienes cuestionamos al poder no necesitamos competir con él para determinar quién describe el futuro más aterrador.
Podemos hacer algo mucho más difícil.
Advertir sin aterrorizar.
Denunciar aquello que podemos demostrar.
Investigar aquello que sospechamos.
Preguntar aquello que desconocemos.
Y reconocer expresamente la diferencia entre las tres cosas.
La posibilidad de operaciones terrestres extranjeras debe discutirse.
Los recortes que puedan afectar la capacidad del OIJ, del Ministerio Público y del Poder Judicial deben cuestionarse.
El alcance del secreto de Estado debe vigilarse.
Las denuncias de persecución deben investigarse.
La violencia debe combatirse.
Pero ninguna de esas tareas exige convencernos anticipadamente de que la democracia costarricense está condenada.
La esperanza también puede ser política
Tal vez aquí necesitamos recuperar una palabra que parece haber desaparecido de nuestra conversación pública:
esperanza.
No la esperanza ingenua de quien piensa que nada malo puede ocurrir porque «Costa Rica siempre ha sido diferente».
La historia no concede semejantes garantías.
Tampoco la esperanza como simple optimismo.
Hablo de otra cosa: la esperanza crítica que nace precisamente de reconocer que el futuro todavía no está decidido.
Una posibilidad no es un destino.
Una amenaza no es un acontecimiento consumado.
Una democracia bajo tensión no es necesariamente una democracia derrotada.
Todavía existen instituciones.
Todavía existen tribunales.
Todavía existe prensa crítica.
Todavía existen universidades, organizaciones sociales, movimientos ciudadanos y personas dispuestas a cuestionar al poder.
Todavía podemos investigar.
Todavía podemos denunciar.
Todavía podemos recurrir.
Todavía podemos organizarnos.
Todavía podemos escribir.
Todavía podemos disentir.
Y precisamente porque todavía podemos hacerlo, debemos hacerlo.
La esperanza, entendida de esta manera, no es la antípoda ingenua del pensamiento crítico.
Es la antípoda política de la impotencia.
Septiembre bajo la sombra del miedo
Todo esto ocurre durante septiembre.
Banderas, faroles, himnos, independencia y soberanía forman parte durante estas semanas de nuestra liturgia cívica.
Quizá la coincidencia pueda servirnos para algo más que repetir ceremonias.
Soberanía no significa aislamiento.
Independencia no significa rechazo a la cooperación internacional.
Y defender nuestra tradición civilista no significa cerrar los ojos ante las nuevas dimensiones del crimen organizado.
Pero tampoco deberíamos celebrar la independencia mientras renunciamos a discutir serenamente qué significa ser soberanos frente al miedo.
Antes de preguntarnos si necesitamos fuerzas extranjeras operando en nuestro territorio, podemos preguntar qué necesitan nuestras propias instituciones.
Antes de aceptar que solamente medidas extraordinarias pueden protegernos, podemos exigir evidencia sobre la eficacia de las medidas existentes.
Antes de anunciar que la excepcionalidad es inevitable, podemos impedir que se vuelva normal.
Y antes de concluir que nada podemos hacer, podemos recordar que la democracia nunca consistió en tener garantías de que todo saldrá bien.
Consiste precisamente en conservar espacios colectivos para decidir qué hacemos cuando las cosas pueden salir mal.
Quizá esa sea una tarea apropiada para este mes patrio.
Mientras encendemos faroles para recordar una independencia conquistada hace más de dos siglos, convendría proteger otra forma menos visible de independencia:
la capacidad de una sociedad para pensar políticamente sin que el miedo piense por ella.
Y si el miedo pretende convencernos de que ya nada podemos hacer, quizá nuestra respuesta democrática más sencilla y más contundente sea:
Con frecuencia, en estos días oscuros, muchos que sí tememos a la dictadura y a la desaparición de jueces independientes que garanticen nuestros derechos, nos preguntamos, con angustia, qué nos espera. Intentaré resumir algunas percepciones y los fundamentos que las apoyan.
Un tsunami neoliberal, reaccionario, neofascista, antidemocrático, autocrático y de extrema derecha arrasa el mundo occidental, cuna y terreno donde por algo más de dos siglos ha florecido, con grandes altibajos, la democracia liberal/republicana clásica.
Este movimiento político nefasto está en su mejor momento. Lo vemos con espanto cómo ha tomado a los Estados Unidos de América y a varios países del sur del continente. También tomó a países de la antigua Europa Oriental y conforman fuertes corrientes partidarias en el occidente europeo.
No obstante, hay indicios de que esas fuerzas políticas regresivas, montadas sobre las bestias del ultra-nacionalismo, el fundamentalismo religioso, la xenofobia, la represión migratoria, el antifeminismo y la agresión a las minorías identitarias, no son sostenibles en el mediano plazo. Lo evidencia el derrocamiento, en las urnas, de Orbán en Hungría, y se concretan y anuncian fuertes golpes, también electorales, contra el trumpismo estadounidense. El desastre económico del desquiciado mental de Milei en Argentina, augura asimismo un cambio más temprano que tarde.
En Costa Rica, el chavismo constituye la expresión vernácula de esa oleada antidemocrática. Hemos seguido el libreto: una democracias que no le ha llegado a amplios sectores de la población, ni para brindarle servicios básicos, ni para garantizarle derechos fundamentales. A esta realidad se ha unido la corrupción público/privada de la clase política tradicional y la emergencia de la criminalidad organizada y transnacional, sobre todo del narcotráfico.
El terreno estaba por completo abonado para que surgiera el chavismo, la promesa demagógica y populista, el mesianismo que nos tiene ya hace casi cinco años en la crispación y la polarización, el espectáculo politiquero y la venta de supuestas soluciones que no alcanzan a solucionar los problemas más acuciantes de la ciudadanía. Los servicios siguen deteriorándose, la corrupción se agrava, los derechos se neutralizan o anulan.
Idea cardinal y decisiva de este populismo de derecha que nos gobierna fue la necesidad de obtener una mayoría calificada (40 diputaciones) para poder llevar a cabo las transformaciones que propugna: una copia de lo que Nayib Bukele ha hecho en El Salvador: una mayoría aplastante en el Poder Legislativo que le permitiera tomar por asalto a la Corte Suprema, destituir magistrados, conformar un Tribunal Constitucional complaciente, nombrar a un amigo como Jefe del Ministerio Público; además, una supresión de las garantías propias del Estado de Derecho; una declaración –supuestamente temporal pero que ya lleva años- de un estado de sitio que se prolonga indefinidamente; y un sistema electoral que asegure el continuismo perpetuo de la élite autocrática al mando.
Pero eso no sucedió en nuestro país. El Partido Pueblo Soberano, de Chaves y Fernández, aunque ganaron holgadamente, no obtuvieron la mayoría calificada a la que aspiraban. Se quedaron a siete diputaciones de poder hacer lo que les diera la gana con este Estado de Derecho y nuestro sistema democrático. La consecuencia más relevante de esta realidad política y que se ha ido develando en los últimos meses es que, llevados por el triunfalismo y la prepotencia, no previeron un PLAN-B, y ahora están dando palos de ciego en casi todos los temas transcendentales para el país.
Es ya patente que el show mediático con caravanas blindadas y ruido de sirenas, las conferencias-arengas de los miércoles, las supuestas conspiraciones y atentados contra los dignatarios, y los proyectos de ley en materia penal por completo inviables por inconstitucionales, no dan abasto para legitimar la ausencia de programas de gobernanza y políticas públicas eficaces. Tampoco es suficiente la estrategia de culpar al Poder Judicial y sus órganos auxiliares por el problema de inseguridad que azota al país y que, en los últimos días ha desnudado quiénes son los que realmente están penetrados hasta el tuétano –el Poder Ejecutivo y sus cuerpos policiacos- y quiénes están cumpliendo con sus obligaciones y asestando rudos golpes al crimen organizado, a saber, el OIJ, el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia.
Los escenarios que enfrenta el chavismo son básicamente tres:
9.1. Aceptar la dura realidad de que ya no van a poder hacer aquí lo que Bukele está haciendo con el pueblo salvadoreño y, con un mínimo de sensatez y estrategia política –si es que deciden tenerlas-, aceptar que deben sentarse a negociar con el bloque democrático de oposición que se ha ido consolidando en la Asamblea Legislativa. Esto significaría, entre otros asuntos álgidos, negociar el nombramiento de las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional, girar las partidas presupuestarias congeladas al Poder Judicial y olvidarse de nuevos recortes; archivar los impuestos a la canasta básica; devolver a los trabajadores pensionados su ROP, entre otros asuntos de urgencia. Quizá, con esa inteligencia logren obtener la aprobación de leyes y proyectos que les interesen y reconstruyan su imagen frente a quienes han confiado en ellos.
9.2. Continuar con la estrategia contumaz y atolondrada de no dialogar, no negociar, pretender torcer el brazo al Poder Judicial, llevarlo al colapso, obligarlo a deteriorar sus servicios con la peregrina idea de que la gente clamará por su cierre, en fin… conducir a una situación caótica que, estoy seguro, el mismo chavismo no sabe a dónde con exactitud puede conducir. Los chavistas -dirigentes y bases sociales-, deben darse cuenta que de esta virtual “guerra civil” no saldrá nadie ganancioso. ¿Desplegarán efectivos de la Fuerza Pública alrededor del Congreso para que no sesione? ¿Perpetrarán esa maniobra en el Circuito Judicial de San José? ¿Asfixiarán presupuestariamente a la Administración de Justicia y los otros entes de control y contrapeso? ¿Cuál puede ser el desenlace de semejante maniobra?, ¿provocar un enojo enardecido de la población contra las agencias judiciales, o se les devolverá como búmeran? ¿Serán capaces de desatar un enfrentamiento armado entre la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial? ¿Qué diablos estará pasando por esas cabecitas?
9.3. Otra apuesta, que puede sonar descabellada pero que nunca se sabe, es que el chavismo continuista esté apostando a pedir intervención extranjera, para imponer un Estado de Excepción dictatorial. Ya hemos visto a Rodrigo Chaves coquetear con el ejército salvadoreño y, en la de menos, también puede estar acariciando la ilusión de que el amo supremo, Donald Trump, se apunte a la aventura. Ya lo hemos visto asimismo medir fuerzas entre número de efectivos con los que contaría versus los efectivos de la Policía Judicial. Pero en este punto hay una cuestión medular que no debe olvidarse. Hasta ahora, los entes que han contado con la confianza y apoyo de las agencias estadounidenses (CIA, DEA, Embajada, Departamento de Estado) han sido el Ministerio Público y el OIJ, y no tanto el Poder Ejecutivo y sus instancias de policía. Además, Costa Rica no tiene el peso geopolítico suficiente como para justificar una intervención tipo Venezuela. El Tío Sam tiene en estos momentos demasiados frentes abiertos en el mundo, y en este país no se vislumbra una fuerza política alternativa, de izquierda radical y antiimperialista, que amenace la tradicional alianza con los Estados Unidos. Así que este escenario, salvo que todos se vuelvan por completo locos, es el menos probable.
10. Seamos pues moderadamente optimistas. Confiemos en que el tsunami neoliberal de extrema derecha siga evidenciando sus alcances limitados en todo el mundo. Confiemos en que la sociedad costarricense comience a detectar el callejón sin salida en el que nos ha metido el chavismo. Confiemos en que el populismo demagógico del continuismo se ira desgastando en sus consignas y su propia incapacidad para cumplir promesas. Confiemos, en fin, en que la gente empezará a manifestarse y organizarse para salvar la aspiración democrática, pacífica y justa que supieron heredarnos los abuelos y abuelas.
Si la presidenta Laura Fernández se dedicara a trabajar y no a andar levantando chismes de humo, cual si fuese una de «Las Fisgonas de Paso Ancho», después del horrible fin de semana que le provocó la detención del más buscado maleante del país, con el consecuente reconocimiento popular hacia las autoridades de la Fiscalía y el OIJ, su gestión quizá mejoraría.
Pero, ¡qué va!, no hay manera, pues con Chaves mandando abiertamente a su lado, se le ordenó salir a especular, junto al ministro de Hacienda (¿?), sobre detalles logísticos de procesos judiciales que evidentemente no le competen. Así que, al igual a como hubo que enseñarle a Chaves, a ella hay que contarle que existe en Costa Rica independencia y separación de poderes, y que, por tanto, los procesos y procedimientos judiciales son responsabilidad exclusiva del Poder Judicial y no del poder inquilino en Zapote.
Aunque lo hecho fue gravísimo, lo fue más cuando vemos que lo hizo para, infructuosamente, tratar de minimizar el acto heroico de los oficiales judiciales en que se abatió a un maleante prófugo de alta peligrosidad (no de «alta gama», como dijo ella), y la captura de dos de sus compinches, Diablo y Tan, peligrosísimos delincuentes que, por cierto, no juegan con pistolitas de plástico. No, ¡jamás!, sino con pesadas armas de guerra, de elevado poder destructivo.
El operativo Némesis demandó un intenso trabajo de investigación y planificación, estrictamente confidencial, para evitar que se filtrara información sensible hacia policías corruptos de Seguridad Pública, que poco a poco han ido cayendo en manos de la justicia.
Ante los cuestionamientos perversos de Chaves y Fernández, el señor fiscal general, don Carlo Díaz, señaló que «las decisiones relacionadas con el traslado de personas privadas de libertad, el momento en que éstas son conducidas a los despachos judiciales, así como la modalidad en que se desarrollan las audiencias, responden exclusivamente a criterios jurídicos, procesales y de seguridad, definidos por las autoridades competentes del sistema de administración de justicia». Contundente lección de educación cívica.
Cabe anotar que, mientras se estaba tratando de justificar la solicitud de imposición de medidas cautelares sobre los delincuentes apresados, un abogado diputado, defensor también del ministro Chaves, estaba en ese mismo instante en los tribunales actuando para el bando contrario, en defensa de un presunto criminal ligado al narcotráfico.
Podría ser que, para esa diligencia, José Miguel Villalobos hubiese solicitado un día de vacaciones a la presidenta legislativa (pues sus colegas diputados estaban cumpliendo con una tarea junto a la presidenta Fernández en el Congreso), pero es extraño, al menos, que un legislador que tiene pesada influencia sobre la aprobación de nuevas normas sobre narcotráfico y el crimen organizado, con acceso indiscutible a información sensible, simultáneamente esté involucrado en la representación legal de supuestos mafiosos, así como en la campaña amarga de Chaves y Fernández contra el Poder Judicial.
Autoridades judiciales que, pese a las acciones violentas y ofensivas lanzadas desde el corazón del fascismo tico, se mantienen con el noble pueblo costarricense a su lado, firmes en defensa de nuestra democrática patria, en un momento especialmente álgido cuando soplan aires dictatoriales cada vez más tormentosos.
El Instituto Sindical de Formación Política expresa su más digno reconocimiento a las autoridades por la valentía demostrada en la desarticulación de la peligrosa banda del “Diablo», cuyo cabecilla fue aprehendido en el día de hoy, tras un enfrentamiento armado que dejó agentes heridos en el cumplimiento de su deber.
Asimismo, exigimos al Poder Ejecutivo y Ministerio Hacienda la asignación urgente de recursos, para equipamiento tecnológico moderno y una mejora salarial justa para los agentes del equipo táctico, quienes, aun poniendo en riesgo sus vidas, se esmeran por cumplir con su patriótico deber.
Es inaceptable que, en condiciones adversas y con armamento inferior al utilizado por el grupo criminal, nuestros agentes hayan debido enfrentar a una estructura que los atacó con armas de guerra. Pese a ello, no titubearon: expusieron su integridad con profesionalismo y demostraron una vocación de servicio ejemplar.
Las estructuras criminales cuentan con abundante financiamiento y mayor capacidad operativa. Por ello, resulta imperativo que nuestra Policía Judicial pueda dotarse de tecnología de punta y armamento de última generación, para estar en igualdad de condiciones frente a la delincuencia organizada.
Finalmente, este Instituto respalda firmemente a la Dirección del OIJ, al Ministerio Público y al Poder Judicial en su coherente y necesaria lucha contra la corrupción y el crimen organizado, y hace un llamado a la ciudadanía para respaldar estas acciones en defensa de la seguridad y la justicia.
Por JoseSo (José Solano-Saborío) para SURCOS / Entre Verdades y Opiniones
Antes de adentrarnos en este análisis, debo aclarar una vez más: no soy abogado. Mis conocimientos, apenas básicos, en materia de derecho provienen de cursos parte de mis estudios formales en Administración Pública y Politología — en Derecho Constitucional y Derecho Público—, materias de las cuales he procurado actualizar constantemente, pero siguen siendo, reitero, de carácter básico.
No pretendo, por tanto, erigirme como un erudito, a diferencia de lo que ocurre con cierto “todólogo” de Monterán quien, siendo lego en la materia, imparte “clases magistrales” todos los miércoles acompañado de la señora presidenta Fernández Delgado, para que nuestros magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otros jerarcas del Poder Judicial “aprendan” y agarren volados.
Ante esta realidad, consulté con diversos profesionales en derecho para corroborar si mi interpretación de los hechos recientes era acertada. A partir de esas conversaciones, y tras filtrar el ruido político, comparto las siguientes conclusiones.
El mito de la “liberación por descuido”
Ambos personajes insisten en afirmar que a alias “Diablo” “lo soltaron” hace 10 años debido a una supuesta negligencia, mala intención o un “error grave” de la Fiscalía por “no pedir la ampliación de la prisión preventiva a tiempo”.
Como ya demostramos en publicaciones anteriores, tal afirmación es categóricamente falsa. El imputado no fue liberado por un descuido administrativo; se fugó tras el cambio legítimo de su situación jurídica de prisión preventiva a medidas cautelares alternativas.
La evidente animadversión hacia la institucionalidad los lleva a repetir los discursos presidenciales con un único fin: demeritar y continuar erosionando el prestigio y la labor del Poder Judicial.
Aclarando conceptos jurídicos
Para disipar las confusiones que se intentan posicionar en la opinión pública, es necesario puntualizar tres aspectos fundamentales:
El tope constitucional es inflexible: La prisión preventiva no es una pena anticipada; es una medida cautelar excepcional sujeta a plazos máximos improrrogables fijados por ley. Por más que el Ministerio Público solicite la prórroga oportunamente, nuestro ordenamiento jurídico —en estricto apego a los derechos fundamentales— impide mantener a una persona en prisión preventiva de manera indefinida si el proceso se prolonga más allá del límite legal. Al cumplirse dicho plazo, la imposición de medidas alternas es un mandato imperativo para el tribunal, no un capricho ni un error subsanable.
La distinción entre proceso y ejecución: Una vez que el tribunal modifica la medida por el vencimiento del plazo legal, si el imputado evade la justicia, jurídicamente se configura una fuga. Su recaptura operativa en la vía pública corresponde a los cuerpos policiales (Fuerza Pública y OIJ), y no constituye un error procesal de origen del sistema judicial.
La realidad de los debates complejos: Pretender achacar la evasión de un imputado a un supuesto retraso administrativo ignora tanto los topes máximos del encierro preventivo como la naturaleza misma de los juicios complejos.
Tema jurídicamente zanjado. Dejen de inventar el agua tibia.
Cuando leí varias publicaciones del ejército de troles chavistas decir: “Pero, duraron 10 años en capturarlo”, para bajarle el piso al OIJ tras la detención de alias Diablo el 24 de julio de 2026, supe que ese es el relato que les pidieron repetir. Hoy siguiendo el relato, pero yendo más allá, la presidenta Fernández acusa al OIJ y dice que alias Diablo estuvo 10 años en fuga por la alcahuetería del Poder Judicial. Me surgió la duda: ¿Será que otros criminales por narcotráfico fueron capturados o dados de baja en menos tiempo en otros lares?
Ahí está Pablo Escobar, entre su primera acusación por un delito de narcotráfico en 1976 y su muerte en 1993, transcurrieron 17 años, aunque ciertamente no todo ese tiempo estuvo en fuga. Entonces busqué otros casos.
Pedí lo siguiente a las IA Gemini, Grok y Deep Seek: “Elabore un listado de los 12 criminales prófugos más buscados en América Latina y establezca los años que se duró en capturarlos luego de la orden de detención o condena por delitos relacionados con el narcotráfico. Ordene el listado de mayor a menor tiempo de fuga”.
Esta es la respuesta combinada de las tres IA:
Listado de 12 narcotraficantes y capos del crimen organizado en América Latina que mantuvieron órdenes de aprehensión, solicitudes de extradición o condenas pendientes por narcotráfico y permanecieron en calidad de prófugos de la justicia, ordenados de mayor a menor tiempo de fuga previo a su captura o recaptura:
Ismael “El Mayo” Zambada (México). Tiempo prófugo: 35-40 años. Detalles: Cofundador del Cartel de Sinaloa. Con órdenes de aprehensión de México y Estados Unidos desde finales de los años 80 del siglo pasado. Fue detenido el 25 de julio de 2024.
José Alberto “El Beto” Guerrero (Colombia). Años en fuga: 26 años (1997 – 2023). Detalles: Exjefe del Cartel del Norte del Valle, capturado en Venezuela y extraditado.
Fidel Urbina (México). Años en fuga: 22 años (2000-2022). Detalles: Exlíder de Los Zetas, capturado en Veracruz.
Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy” (México). Tiempo prófugo: 17 años. Detalles: Asumió el liderazgo del Cártel de Juárez tras la muerte de su hermano Amado Carrillo Fuentes en 1997. Mantuvo órdenes de arresto federales en EE. UU. y México hasta su captura en octubre de 2014 en Torreón, Coahuila.
Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” (México). Líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Más de 15 años como uno de los más buscados, acusaciones en Estados Unidos desde 2010; recompensa de hasta $15 millones. Reportado muerto en operación militar en febrero de 2026.
Juan Carlos Ramírez Abadía (Colombia). Años en fuga: 15 años (1992 – 2007). Detalles: Líder del Cartel del Norte del Valle, capturado en Brasil.
Daniel “El Loco” Barrera (Colombia). Tiempo prófugo: 14 años. Detalles: Considerado uno de los mayores capos del narcotráfico en Colombia tras la era de los grandes cárteles. Estuvo en la clandestinidad con órdenes de captura y circulares rojas de INTERPOL desde 1998 hasta su detención en San Cristóbal, Venezuela, en septiembre de 2012.
Joaquín “El Chapo” Guzmán (México). Tiempo prófugo: 13 años (primer periodo de fuga). Detalles: Tras su primera captura en Guatemala en 1993, se fugó del penal de máxima seguridad de Puente Grande en enero de 2001. Estuvo prófugo durante 13 años continuos hasta su recaptura en Mazatlán en febrero de 2014 (posteriormente volvió a fugarse en 2015 y fue recapturado en 2016).
Dairo Antonio Úsuga David, “Otoniel” (Colombia). Tiempo prófugo: 12 años. Detalles: Máximo líder de la organización criminal Clan del Golfo. Contaba con decenas de órdenes de captura y pedido formal de extradición por narcotráfico emitidos desde 2009. Fue capturado por las fuerzas armadas colombianas en octubre de 2021.
Rafael Caro Quintero (México). Tiempo prófugo: 9 años (segundo periodo de fuga). Detalles: Tras ser liberado de prisión de manera irregular por un tribunal mexicano en agosto de 2013, se emitió de inmediato una nueva orden de reaprehensión. Permaneció en la clandestinidad casi 9 años (encabezando la lista del FBI) hasta su recaptura en julio de 2022 en Choix, Sinaloa.
Diego León Montoya Sánchez, “Don Diego” (Colombia). Tiempo prófugo: 8 años. Detalles: Uno de los principales cabecillas del Cártel del Norte del Valle en Colombia. Fue incluido en la lista de los 10 más buscados del FBI en 1999 con cargos de tráfico masivo de cocaína y homicidio, siendo capturado por el ejército colombiano en septiembre de 2007.
Juan Carlos Ramírez Abadía, “Chupeta” (Colombia). Tiempo prófugo: 7 años. Detalles: Líder del Cártel del Norte del Valle con orden de extradición dictada por EE. UU. en el año 2000. Permaneció prófugo ocultándose en Brasil tras someterse a múltiples cirugías plásticas faciales para modificar su apariencia, hasta ser localizado y arrestado en agosto de 2007.
Conclusión: Dato mata relato. La captura de alias Diablo constituye un hito del OIJ, un mérito que se logra tras perseverar y no desmayar en la lucha contra el crimen organizado durante muchos años. La población costarricense está consciente del alcance y valor de esta acción contundente del OIJ, por tanto, tal hecho no puede ser devaluado por los relatos de la perversa ideóloga del régimen y su ejército de troles, ni por los dichos de una presidenta que al parecer se le hace difícil pensar con cabeza propia.
Había oscuridad todavía cuando ellos salieron. Sin fanfarria. Sin aplausos. Con la certeza fría de que esa madrugada podía ser la última.
El Organismo de Investigación Judicial, ejecutó la operación más compleja y arriesgada de los últimos años: la captura del criminal más peligroso, más armado y mejor financiado que haya operado en este país. Meses de planificación en silencio absoluto, porque los intentos anteriores habían fracasado y una sola filtración podía costar vidas. Las de ellos. Las de inocentes.
Y a las cinco de la mañana, cuando los sinvergüenzas dormían convencidos de que el dinero, las armas y la impunidad los protegían para siempre, el Estado de derecho llegó a cobrar la deuda.
Lo que vino después no fue una detención de película. Fue una hora de infierno.
No respondieron con pistolas de barrio ni con carabinas de patrulla. Respondieron con armas de guerra. Armas diseñadas para matar con eficiencia brutal. Una lluvia de fuego de alto poder destructor cayó sobre los agentes del OIJ como si la vida de esos servidores públicos no valiera nada frente al poder de una organización criminal que se había creído intocable.
Cinco oficiales cayeron heridos. Cinco servidores que esa mañana besaron a sus familias sin saber si regresarían.
Pero ninguno echó para atrás.
Que se entienda bien lo que eso significa. Frente a armamento de guerra, con compañeros heridos, en medio de la oscuridad y el caos, ninguno abandonó su posición. Ninguno traicionó su juramento. Ninguno dejó sola a Costa Rica.
Eso no es trabajo. Eso es heroísmo en su forma más pura y más humilde. La de quien no sale en las portadas de las revistas, no gana premios en actos de gala, no cobra un centavo extra por poner su cuerpo entre el crimen organizado y la ciudadanía que duerme tranquila sin saber el precio que otros pagan por esa tranquilidad.
Mi reconocimiento más profundo y emocionado al director del OIJ y a cada uno de los agentes que participaron en esta operación. Pero especialmente a esos cinco hombres y mujeres que recibieron balas de guerra y siguieron en pie. A sus familias, que esa mañana esperaron noticias sin saber cuáles iban a ser. A los que los atendieron. A los que los acompañaron.
Pundonor. Lealtad. Patriotismo. Amor por Costa Rica. Esas palabras se escriben fácil en un discurso. Ellos las escribieron esa madrugada con su propio cuerpo.
Los verdaderos héroes no llevan capa ni buscan reconocimiento. Llevan una placa, un chaleco antibalas y una convicción que ninguna ráfaga de fusil puede quebrar: que la ley no se negocia, que el crimen no gana y que este país vale cada sacrificio.
Costa Rica tiene hoy una deuda con ellos que no se salda con palabras. Se salda con presupuesto, con equipamiento, con salarios dignos, con el respaldo irrenunciable del Estado que juraron proteger.
Hoy, con orgullo y con emoción, les digo: gracias. Desde lo más profundo. Gracias por ser quienes son. Gracias por no echarse para atrás cuando el miedo era la respuesta más razonable. Gracias por recordarnos que en Costa Rica todavía hay personas dispuestas a dar lo máximo por todos los demás.
Merecen nuestro respeto, nuestra gratitud y todo nuestro respaldo.
El historiador y analista político Óscar Aguilar Bulgarelli difundió un video en el que se refiere a la captura de Alejandro Arias Monge, conocido como alias «Diablo», calificándola como un hecho de enorme significado para el país. Según Aguilar, no se trata de la detención de un delincuente más, sino posiblemente del criminal más peligroso en la historia reciente de Costa Rica, al que describe como «un verdadero tumor en ese cáncer social que es el narcotráfico».
El analista atribuyó la captura al trabajo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Ministerio Público, «desde sus jefes, desde sus directores hasta los más humildes servidores», y expresó su agradecimiento y reconocimiento a quienes participaron en el operativo, recordando que hay cinco personas heridas tras un enfrentamiento armado con la estructura delincuencial. Aguilar subrayó que quienes arriesgaron su vida en el operativo fueron funcionarios costarricenses, independientemente de que se contara o no con apoyo de agencias extranjeras, y pidió cesar «tanta crítica malsana» contra estas instituciones.
Aguilar vinculó este hecho con la reciente disputa presupuestaria entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en la que este último había señalado el perjuicio que representaría una disminución de su presupuesto para organismos como el OIJ, la Fiscalía y los tribunales de justicia. A su juicio, la captura demuestra la necesidad de respaldar la independencia del Poder Judicial, y advirtió que «nadie venga a ponerse ahora una flor en el ojal que no le pertenece», al aclarar que la acción fue exclusivamente del Poder Judicial, sin coordinación visible con el Poder Ejecutivo.
El analista dirigió críticas directas al diputado Nogui Acosta, jefe de fracción del partido de gobierno, por declaraciones en las que Acosta habría minimizado el hecho al señalar que se trataba de un delincuente que llevaba diez años prófugo, y por poner en duda lo que podrían hacer los tribunales de justicia con el detenido. Aguilar calificó esa actitud como «mezquina» e «injusta», y retó públicamente a Acosta a renunciar a su inmunidad parlamentaria para permitir que la Fiscalía abra lo que Aguilar describió como doce expedientes que, según afirmó, existen en su contra por acusaciones de delitos penales y administrativos. El analista cerró su intervención señalando que, cuando la inmunidad de Acosta expire, «también se sentará en esos tribunales».
La Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (FECTSALUD), a través de su secretario de Prensa y Propaganda, Juan Carlos Durán Castro, planteó públicamente tres condiciones que, a su criterio, el Gobierno debería cumplir para que la organización sindical considere legítima la discusión sobre una eventual emisión de eurobonos.
En primer lugar, la Federación exige que el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves Robles, se pronuncie públicamente para descartar un aumento del 1% en el impuesto al valor agregado (IVA). En segundo lugar, solicita que se respeten los nombramientos para la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y que se defina una forma de pago para la deuda que se mantiene con esa institución. En tercer lugar, pide que se frenen los recortes presupuestarios en educación, salud, pensiones, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Poder Judicial y otras instituciones públicas.
Según Durán Castro, de no cumplirse estas condiciones, FECTSALUD no considerará de recibo ninguna discusión sobre el tema de los eurobonos.
La organización sindical hizo además un llamado a las fracciones legislativas del Frente Amplio, Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y a la fracción encabezada por la diputada Claudia Dobles, para que no negocien ningún acuerdo relacionado con eurobonos que se aparte de los pactos suscritos previamente con organizaciones sociales, sindicales y socioproductivas, incluido el Pacto Patriótico Costarricense firmado en la Asamblea Legislativa con un sector del movimiento sindical y social, cuya segunda etapa está prevista para el 4 de agosto.
FECTSALUD sostiene que la eventual aprobación de los eurobonos no resolvería el problema de fondo de la deuda del país, la cual, según indicó Durán Castro, superó el 60,5%, atribuyendo esa situación a la gestión del ministro Chaves Robles y del exministro de Hacienda, Nogui Acosta. Advirtió que, de aprobarse este mecanismo sin las condiciones planteadas, implicaría cargar con nuevos impuestos a la clase trabajadora, tanto del sector público como del privado.
El dirigente sindical cerró su mensaje señalando que corresponde ahora a la presidenta Laura Fernández y al Gobierno definir si están dispuestos a aceptar esas condiciones.
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