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Etiqueta: OIJ

¿Qué nos espera?

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Con frecuencia, en estos días oscuros, muchos que sí tememos a la dictadura y a la desaparición de jueces independientes que garanticen nuestros derechos, nos preguntamos, con angustia, qué nos espera. Intentaré resumir algunas percepciones y los fundamentos que las apoyan.

  1. Un tsunami neoliberal, reaccionario, neofascista, antidemocrático, autocrático y de extrema derecha arrasa el mundo occidental, cuna y terreno donde por algo más de dos siglos ha florecido, con grandes altibajos, la democracia liberal/republicana clásica.
  2. Este movimiento político nefasto está en su mejor momento. Lo vemos con espanto cómo ha tomado a los Estados Unidos de América y a varios países del sur del continente. También tomó a países de la antigua Europa Oriental y conforman fuertes corrientes partidarias en el occidente europeo.
  3. No obstante, hay indicios de que esas fuerzas políticas regresivas, montadas sobre las bestias del ultra-nacionalismo, el fundamentalismo religioso, la xenofobia, la represión migratoria, el antifeminismo y la agresión a las minorías identitarias, no son sostenibles en el mediano plazo. Lo evidencia el derrocamiento, en las urnas, de Orbán en Hungría, y se concretan y anuncian fuertes golpes, también electorales, contra el trumpismo estadounidense. El desastre económico del desquiciado mental de Milei en Argentina, augura asimismo un cambio más temprano que tarde.
  4. En Costa Rica, el chavismo constituye la expresión vernácula de esa oleada antidemocrática. Hemos seguido el libreto: una democracias que no le ha llegado a amplios sectores de la población, ni para brindarle servicios básicos, ni para garantizarle derechos fundamentales. A esta realidad se ha unido la corrupción público/privada de la clase política tradicional y la emergencia de la criminalidad organizada y transnacional, sobre todo del narcotráfico.
  5. El terreno estaba por completo abonado para que surgiera el chavismo, la promesa demagógica y populista, el mesianismo que nos tiene ya hace casi cinco años en la crispación y la polarización, el espectáculo politiquero y la venta de supuestas soluciones que no alcanzan a solucionar los problemas más acuciantes de la ciudadanía. Los servicios siguen deteriorándose, la corrupción se agrava, los derechos se neutralizan o anulan.
  6. Idea cardinal y decisiva de este populismo de derecha que nos gobierna fue la necesidad de obtener una mayoría calificada (40 diputaciones) para poder llevar a cabo las transformaciones que propugna: una copia de lo que Nayib Bukele ha hecho en El Salvador: una mayoría aplastante en el Poder Legislativo que le permitiera tomar por asalto a la Corte Suprema, destituir magistrados, conformar un Tribunal Constitucional complaciente, nombrar a un amigo como Jefe del Ministerio Público; además, una supresión de las garantías propias del Estado de Derecho; una declaración –supuestamente temporal pero que ya lleva años- de un estado de sitio que se prolonga indefinidamente; y un sistema electoral que asegure el continuismo perpetuo de la élite autocrática al mando.
  7. Pero eso no sucedió en nuestro país. El Partido Pueblo Soberano, de Chaves y Fernández, aunque ganaron holgadamente, no obtuvieron la mayoría calificada a la que aspiraban. Se quedaron a siete diputaciones de poder hacer lo que les diera la gana con este Estado de Derecho y nuestro sistema democrático. La consecuencia más relevante de esta realidad política y que se ha ido develando en los últimos meses es que, llevados por el triunfalismo y la prepotencia, no previeron un PLAN-B, y ahora están dando palos de ciego en casi todos los temas transcendentales para el país.
  8. Es ya patente que el show mediático con caravanas blindadas y ruido de sirenas, las conferencias-arengas de los miércoles, las supuestas conspiraciones y atentados contra los dignatarios, y los proyectos de ley en materia penal por completo inviables por inconstitucionales, no dan abasto para legitimar la ausencia de programas de gobernanza y políticas públicas eficaces. Tampoco es suficiente la estrategia de culpar al Poder Judicial y sus órganos auxiliares por el problema de inseguridad que azota al país y que, en los últimos días ha desnudado quiénes son los que realmente están penetrados hasta el tuétano –el Poder Ejecutivo y sus cuerpos policiacos- y quiénes están cumpliendo con sus obligaciones y asestando rudos golpes al crimen organizado, a saber, el OIJ, el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia.
  9. Los escenarios que enfrenta el chavismo son básicamente tres:

    9.1. Aceptar la dura realidad de que ya no van a poder hacer aquí lo que Bukele está haciendo con el pueblo salvadoreño y, con un mínimo de sensatez y estrategia política –si es que deciden tenerlas-, aceptar que deben sentarse a negociar con el bloque democrático de oposición que se ha ido consolidando en la Asamblea Legislativa. Esto significaría, entre otros asuntos álgidos,  negociar el nombramiento de las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional, girar las partidas presupuestarias congeladas al Poder Judicial y olvidarse de nuevos recortes; archivar los impuestos a la canasta básica; devolver a los trabajadores pensionados su ROP, entre otros asuntos de urgencia. Quizá, con esa inteligencia logren obtener la aprobación de leyes y proyectos que les interesen y reconstruyan su imagen frente a quienes han confiado en ellos.


    9.2. Continuar con la estrategia contumaz y atolondrada de no dialogar, no negociar, pretender torcer el brazo al Poder Judicial, llevarlo al colapso, obligarlo a deteriorar sus servicios con la peregrina idea de que la gente clamará por su cierre, en fin… conducir a una situación caótica que, estoy seguro, el mismo chavismo no sabe a dónde con exactitud puede conducir. Los chavistas -dirigentes y bases sociales-, deben darse cuenta que de esta virtual “guerra civil” no saldrá nadie ganancioso. ¿Desplegarán efectivos de la Fuerza Pública alrededor del Congreso para que no sesione? ¿Perpetrarán esa maniobra en el Circuito Judicial de San José? ¿Asfixiarán presupuestariamente a la Administración de Justicia y los otros entes de control y contrapeso? ¿Cuál puede ser el desenlace de semejante maniobra?, ¿provocar un enojo enardecido de la población contra las agencias  judiciales, o se les devolverá como búmeran? ¿Serán capaces de desatar un enfrentamiento armado entre la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial? ¿Qué diablos estará pasando por esas cabecitas?


    9.3. Otra apuesta, que puede sonar descabellada pero que nunca se  sabe, es que el chavismo continuista esté apostando a pedir intervención extranjera, para imponer un Estado de Excepción dictatorial. Ya hemos visto a Rodrigo Chaves coquetear con el ejército salvadoreño y, en la de menos, también puede estar acariciando la ilusión de que el amo supremo, Donald Trump, se apunte a la aventura. Ya lo hemos visto asimismo medir fuerzas entre número de efectivos con los que contaría versus los efectivos de la Policía Judicial. Pero en este punto hay una cuestión medular que no debe olvidarse. Hasta ahora, los entes que han contado con la confianza y apoyo de las agencias estadounidenses (CIA, DEA, Embajada, Departamento de Estado) han sido el Ministerio Público y el OIJ, y no tanto el Poder Ejecutivo y sus instancias de policía. Además, Costa Rica no tiene el peso geopolítico suficiente como para justificar una intervención tipo Venezuela. El Tío Sam tiene en estos momentos demasiados frentes abiertos en el mundo, y en este país no se vislumbra una fuerza política alternativa, de izquierda radical y antiimperialista,  que amenace la tradicional alianza con los Estados Unidos. Así que este escenario, salvo que todos se vuelvan por completo locos, es el menos probable.


    10. Seamos pues moderadamente optimistas. Confiemos en que el tsunami neoliberal de extrema derecha siga evidenciando sus alcances limitados en todo el mundo. Confiemos en que la sociedad costarricense comience a detectar el callejón sin salida en el que nos ha metido el chavismo. Confiemos en que el populismo demagógico del continuismo se ira desgastando en sus consignas y su propia incapacidad para cumplir promesas. Confiemos, en fin, en que la gente empezará a manifestarse y organizarse para salvar la aspiración democrática, pacífica y justa que supieron heredarnos los abuelos y abuelas.

Enemigos de la democracia sufren una derrota

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Si la presidenta Laura Fernández se dedicara a trabajar y no a andar levantando chismes de humo, cual si fuese una de «Las Fisgonas de Paso Ancho», después del horrible fin de semana que le provocó la detención del más buscado maleante del país, con el consecuente reconocimiento popular hacia las autoridades de la Fiscalía y el OIJ, su gestión quizá mejoraría.

Pero, ¡qué va!, no hay manera, pues con Chaves mandando abiertamente a su lado, se le ordenó salir a especular, junto al ministro de Hacienda (¿?), sobre detalles logísticos de procesos judiciales que evidentemente no le competen. Así que, al igual a como hubo que enseñarle a Chaves, a ella hay que contarle que existe en Costa Rica independencia y separación de poderes, y que, por tanto, los procesos y procedimientos judiciales son responsabilidad exclusiva del Poder Judicial y no del poder inquilino en Zapote.

Aunque lo hecho fue gravísimo, lo fue más cuando vemos que lo hizo para, infructuosamente, tratar de minimizar el acto heroico de los oficiales judiciales en que se abatió a un maleante prófugo de alta peligrosidad (no de «alta gama», como dijo ella), y la captura de dos de sus compinches, Diablo y Tan, peligrosísimos delincuentes que, por cierto, no juegan con pistolitas de plástico. No, ¡jamás!, sino con pesadas armas de guerra, de elevado poder destructivo.

El operativo Némesis demandó un intenso trabajo de investigación y planificación, estrictamente confidencial, para evitar que se filtrara información sensible hacia policías corruptos de Seguridad Pública, que poco a poco han ido cayendo en manos de la justicia.

Ante los cuestionamientos perversos de Chaves y Fernández, el señor fiscal general, don Carlo Díaz, señaló que «las decisiones relacionadas con el traslado de personas privadas de libertad, el momento en que éstas son conducidas a los despachos judiciales, así como la modalidad en que se desarrollan las audiencias, responden exclusivamente a criterios jurídicos, procesales y de seguridad, definidos por las autoridades competentes del sistema de administración de justicia». Contundente lección de educación cívica.

Cabe anotar que, mientras se estaba tratando de justificar la solicitud de imposición de medidas cautelares sobre los delincuentes apresados, un abogado diputado, defensor también del ministro Chaves, estaba en ese mismo instante en los tribunales actuando para el bando contrario, en defensa de un presunto criminal ligado al narcotráfico.

Podría ser que, para esa diligencia, José Miguel Villalobos hubiese solicitado un día de vacaciones a la presidenta legislativa (pues sus colegas diputados estaban cumpliendo con una tarea junto a la presidenta Fernández en el Congreso), pero es extraño, al menos, que un legislador que tiene pesada influencia sobre la aprobación de nuevas normas sobre narcotráfico y el crimen organizado, con acceso indiscutible a información sensible, simultáneamente esté involucrado en la representación legal de supuestos mafiosos, así como en la campaña amarga de Chaves y Fernández contra el Poder Judicial.

Autoridades judiciales que, pese a las acciones violentas y ofensivas lanzadas desde el corazón del fascismo tico, se mantienen con el noble pueblo costarricense a su lado, firmes en defensa de nuestra democrática patria, en un momento especialmente álgido cuando soplan aires dictatoriales cada vez más tormentosos.

ISFODE reconoce valentía de autoridades judiciales que desarticularon banda de alias Diablo y exige asignación urgente de recursos

El Instituto Sindical de Formación Política expresa su más digno reconocimiento a las autoridades por la valentía demostrada en la desarticulación de la peligrosa banda del “Diablo», cuyo cabecilla fue aprehendido en el día de hoy, tras un enfrentamiento armado que dejó agentes heridos en el cumplimiento de su deber.

Asimismo, exigimos al Poder Ejecutivo y Ministerio Hacienda la asignación urgente de recursos, para equipamiento tecnológico moderno y una mejora salarial justa para los agentes del equipo táctico, quienes, aun poniendo en riesgo sus vidas, se esmeran por cumplir con su patriótico deber.

Es inaceptable que, en condiciones adversas y con armamento inferior al utilizado por el grupo criminal, nuestros agentes hayan debido enfrentar a una estructura que los atacó con armas de guerra. Pese a ello, no titubearon: expusieron su integridad con profesionalismo y demostraron una vocación de servicio ejemplar.

Las estructuras criminales cuentan con abundante financiamiento y mayor capacidad operativa. Por ello, resulta imperativo que nuestra Policía Judicial pueda dotarse de tecnología de punta y armamento de última generación, para estar en igualdad de condiciones frente a la delincuencia organizada.

Finalmente, este Instituto respalda firmemente a la Dirección del OIJ, al Ministerio Público y al Poder Judicial en su coherente y necesaria lucha contra la corrupción y el crimen organizado, y hace un llamado a la ciudadanía para respaldar estas acciones en defensa de la seguridad y la justicia.

San José, 26 de julio 2026

Lo que provoca la envidia y la mala fe: caso de alias Diablo

Por JoseSo (José Solano-Saborío) para SURCOS / Entre Verdades y Opiniones

Antes de adentrarnos en este análisis, debo aclarar una vez más: no soy abogado. Mis conocimientos, apenas básicos, en materia de derecho provienen de cursos parte de mis estudios formales en Administración Pública y Politología — en Derecho Constitucional y Derecho Público—, materias de las cuales he procurado actualizar constantemente, pero siguen siendo, reitero, de carácter básico.

No pretendo, por tanto, erigirme como un erudito, a diferencia de lo que ocurre con cierto “todólogo” de Monterán quien, siendo lego en la materia, imparte “clases magistrales” todos los miércoles acompañado de la señora presidenta Fernández Delgado, para que nuestros magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otros jerarcas del Poder Judicial “aprendan” y agarren volados.

Ante esta realidad, consulté con diversos profesionales en derecho para corroborar si mi interpretación de los hechos recientes era acertada. A partir de esas conversaciones, y tras filtrar el ruido político, comparto las siguientes conclusiones.

El mito de la “liberación por descuido”

Ambos personajes insisten en afirmar que a alias “Diablo” “lo soltaron” hace 10 años debido a una supuesta negligencia, mala intención o un “error grave” de la Fiscalía por “no pedir la ampliación de la prisión preventiva a tiempo”.

Como ya demostramos en publicaciones anteriores, tal afirmación es categóricamente falsa. El imputado no fue liberado por un descuido administrativo; se fugó tras el cambio legítimo de su situación jurídica de prisión preventiva a medidas cautelares alternativas.

La evidente animadversión hacia la institucionalidad los lleva a repetir los discursos presidenciales con un único fin: demeritar y continuar erosionando el prestigio y la labor del Poder Judicial.

Aclarando conceptos jurídicos

Para disipar las confusiones que se intentan posicionar en la opinión pública, es necesario puntualizar tres aspectos fundamentales:

El tope constitucional es inflexible: La prisión preventiva no es una pena anticipada; es una medida cautelar excepcional sujeta a plazos máximos improrrogables fijados por ley. Por más que el Ministerio Público solicite la prórroga oportunamente, nuestro ordenamiento jurídico —en estricto apego a los derechos fundamentales— impide mantener a una persona en prisión preventiva de manera indefinida si el proceso se prolonga más allá del límite legal. Al cumplirse dicho plazo, la imposición de medidas alternas es un mandato imperativo para el tribunal, no un capricho ni un error subsanable.

La distinción entre proceso y ejecución: Una vez que el tribunal modifica la medida por el vencimiento del plazo legal, si el imputado evade la justicia, jurídicamente se configura una fuga. Su recaptura operativa en la vía pública corresponde a los cuerpos policiales (Fuerza Pública y OIJ), y no constituye un error procesal de origen del sistema judicial.

La realidad de los debates complejos: Pretender achacar la evasión de un imputado a un supuesto retraso administrativo ignora tanto los topes máximos del encierro preventivo como la naturaleza misma de los juicios complejos.

Tema jurídicamente zanjado. Dejen de inventar el agua tibia.

¿10 años es mucho o poco tiempo para capturar un narco en fuga?

Rodolfo Ulloa Bonilla

Cuando leí varias publicaciones del ejército de troles chavistas decir: “Pero, duraron 10 años en capturarlo”, para bajarle el piso al OIJ tras la detención de alias Diablo el 24 de julio de 2026, supe que ese es el relato que les pidieron repetir. Hoy siguiendo el relato, pero yendo más allá, la presidenta Fernández acusa al OIJ y dice que alias Diablo estuvo 10 años en fuga por la alcahuetería del Poder Judicial. Me surgió la duda: ¿Será que otros criminales por narcotráfico fueron capturados o dados de baja en menos tiempo en otros lares?

Ahí está Pablo Escobar, entre su primera acusación por un delito de narcotráfico en 1976 y su muerte en 1993, transcurrieron 17 años, aunque ciertamente no todo ese tiempo estuvo en fuga. Entonces busqué otros casos.

Pedí lo siguiente a las IA Gemini, Grok y Deep Seek: “Elabore un listado de los 12 criminales prófugos más buscados en América Latina y establezca los años que se duró en capturarlos luego de la orden de detención o condena por delitos relacionados con el narcotráfico. Ordene el listado de mayor a menor tiempo de fuga”.

Esta es la respuesta combinada de las tres IA:

Listado de 12 narcotraficantes y capos del crimen organizado en América Latina que mantuvieron órdenes de aprehensión, solicitudes de extradición o condenas pendientes por narcotráfico y permanecieron en calidad de prófugos de la justicia, ordenados de mayor a menor tiempo de fuga previo a su captura o recaptura:

  1. Ismael “El Mayo” Zambada (México). Tiempo prófugo: 35-40 años. Detalles: Cofundador del Cartel de Sinaloa. Con órdenes de aprehensión de México y Estados Unidos desde finales de los años 80 del siglo pasado. Fue detenido el 25 de julio de 2024.
  2. José Alberto “El Beto” Guerrero (Colombia). Años en fuga: 26 años (1997 – 2023). Detalles: Exjefe del Cartel del Norte del Valle, capturado en Venezuela y extraditado.
  3. Fidel Urbina (México). Años en fuga: 22 años (2000-2022). Detalles: Exlíder de Los Zetas, capturado en Veracruz.
  4. Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy” (México). Tiempo prófugo: 17 años. Detalles: Asumió el liderazgo del Cártel de Juárez tras la muerte de su hermano Amado Carrillo Fuentes en 1997. Mantuvo órdenes de arresto federales en EE. UU. y México hasta su captura en octubre de 2014 en Torreón, Coahuila.
  5. Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” (México). Líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Más de 15 años como uno de los más buscados, acusaciones en Estados Unidos desde 2010; recompensa de hasta $15 millones. Reportado muerto en operación militar en febrero de 2026.
  6. Juan Carlos Ramírez Abadía (Colombia). Años en fuga: 15 años (1992 – 2007). Detalles: Líder del Cartel del Norte del Valle, capturado en Brasil.
  7. Daniel “El Loco” Barrera (Colombia). Tiempo prófugo: 14 años. Detalles: Considerado uno de los mayores capos del narcotráfico en Colombia tras la era de los grandes cárteles. Estuvo en la clandestinidad con órdenes de captura y circulares rojas de INTERPOL desde 1998 hasta su detención en San Cristóbal, Venezuela, en septiembre de 2012.
  8. Joaquín “El Chapo” Guzmán (México). Tiempo prófugo: 13 años (primer periodo de fuga). Detalles: Tras su primera captura en Guatemala en 1993, se fugó del penal de máxima seguridad de Puente Grande en enero de 2001. Estuvo prófugo durante 13 años continuos hasta su recaptura en Mazatlán en febrero de 2014 (posteriormente volvió a fugarse en 2015 y fue recapturado en 2016).
  9. Dairo Antonio Úsuga David, “Otoniel” (Colombia). Tiempo prófugo: 12 años. Detalles: Máximo líder de la organización criminal Clan del Golfo. Contaba con decenas de órdenes de captura y pedido formal de extradición por narcotráfico emitidos desde 2009. Fue capturado por las fuerzas armadas colombianas en octubre de 2021.
  10. Rafael Caro Quintero (México). Tiempo prófugo: 9 años (segundo periodo de fuga). Detalles: Tras ser liberado de prisión de manera irregular por un tribunal mexicano en agosto de 2013, se emitió de inmediato una nueva orden de reaprehensión. Permaneció en la clandestinidad casi 9 años (encabezando la lista del FBI) hasta su recaptura en julio de 2022 en Choix, Sinaloa.
  11. Diego León Montoya Sánchez, “Don Diego” (Colombia). Tiempo prófugo: 8 años. Detalles: Uno de los principales cabecillas del Cártel del Norte del Valle en Colombia. Fue incluido en la lista de los 10 más buscados del FBI en 1999 con cargos de tráfico masivo de cocaína y homicidio, siendo capturado por el ejército colombiano en septiembre de 2007.
  12. Juan Carlos Ramírez Abadía, “Chupeta” (Colombia). Tiempo prófugo: 7 años. Detalles: Líder del Cártel del Norte del Valle con orden de extradición dictada por EE. UU. en el año 2000. Permaneció prófugo ocultándose en Brasil tras someterse a múltiples cirugías plásticas faciales para modificar su apariencia, hasta ser localizado y arrestado en agosto de 2007.

Conclusión: Dato mata relato. La captura de alias Diablo constituye un hito del OIJ, un mérito que se logra tras perseverar y no desmayar en la lucha contra el crimen organizado durante muchos años. La población costarricense está consciente del alcance y valor de esta acción contundente del OIJ, por tanto, tal hecho no puede ser devaluado por los relatos de la perversa ideóloga del régimen y su ejército de troles, ni por los dichos de una presidenta que al parecer se le hace difícil pensar con cabeza propia.

Cuando el crimen declaró la guerra, el OIJ no retrocedió

Welmer Ramos González

Había oscuridad todavía cuando ellos salieron. Sin fanfarria. Sin aplausos. Con la certeza fría de que esa madrugada podía ser la última.

El Organismo de Investigación Judicial, ejecutó la operación más compleja y arriesgada de los últimos años: la captura del criminal más peligroso, más armado y mejor financiado que haya operado en este país. Meses de planificación en silencio absoluto, porque los intentos anteriores habían fracasado y una sola filtración podía costar vidas. Las de ellos. Las de inocentes.

Y a las cinco de la mañana, cuando los sinvergüenzas dormían convencidos de que el dinero, las armas y la impunidad los protegían para siempre, el Estado de derecho llegó a cobrar la deuda.

Lo que vino después no fue una detención de película. Fue una hora de infierno.

No respondieron con pistolas de barrio ni con carabinas de patrulla. Respondieron con armas de guerra. Armas diseñadas para matar con eficiencia brutal. Una lluvia de fuego de alto poder destructor cayó sobre los agentes del OIJ como si la vida de esos servidores públicos no valiera nada frente al poder de una organización criminal que se había creído intocable.

Cinco oficiales cayeron heridos. Cinco servidores que esa mañana besaron a sus familias sin saber si regresarían.

Pero ninguno echó para atrás.

Que se entienda bien lo que eso significa. Frente a armamento de guerra, con compañeros heridos, en medio de la oscuridad y el caos, ninguno abandonó su posición. Ninguno traicionó su juramento. Ninguno dejó sola a Costa Rica.

Eso no es trabajo. Eso es heroísmo en su forma más pura y más humilde. La de quien no sale en las portadas de las revistas, no gana premios en actos de gala, no cobra un centavo extra por poner su cuerpo entre el crimen organizado y la ciudadanía que duerme tranquila sin saber el precio que otros pagan por esa tranquilidad.

Mi reconocimiento más profundo y emocionado al director del OIJ y a cada uno de los agentes que participaron en esta operación. Pero especialmente a esos cinco hombres y mujeres que recibieron balas de guerra y siguieron en pie. A sus familias, que esa mañana esperaron noticias sin saber cuáles iban a ser. A los que los atendieron. A los que los acompañaron.

Pundonor. Lealtad. Patriotismo. Amor por Costa Rica. Esas palabras se escriben fácil en un discurso. Ellos las escribieron esa madrugada con su propio cuerpo.

Los verdaderos héroes no llevan capa ni buscan reconocimiento. Llevan una placa, un chaleco antibalas y una convicción que ninguna ráfaga de fusil puede quebrar: que la ley no se negocia, que el crimen no gana y que este país vale cada sacrificio.

Costa Rica tiene hoy una deuda con ellos que no se salda con palabras. Se salda con presupuesto, con equipamiento, con salarios dignos, con el respaldo irrenunciable del Estado que juraron proteger.

Hoy, con orgullo y con emoción, les digo: gracias. Desde lo más profundo. Gracias por ser quienes son. Gracias por no echarse para atrás cuando el miedo era la respuesta más razonable. Gracias por recordarnos que en Costa Rica todavía hay personas dispuestas a dar lo máximo por todos los demás.

Merecen nuestro respeto, nuestra gratitud y todo nuestro respaldo.

Óscar Aguilar Bulgarelli exalta captura de alias «Diablo» y reta a Nogui Acosta a renunciar a su inmunidad

El historiador y analista político Óscar Aguilar Bulgarelli difundió un video en el que se refiere a la captura de Alejandro Arias Monge, conocido como alias «Diablo», calificándola como un hecho de enorme significado para el país. Según Aguilar, no se trata de la detención de un delincuente más, sino posiblemente del criminal más peligroso en la historia reciente de Costa Rica, al que describe como «un verdadero tumor en ese cáncer social que es el narcotráfico».

El analista atribuyó la captura al trabajo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Ministerio Público, «desde sus jefes, desde sus directores hasta los más humildes servidores», y expresó su agradecimiento y reconocimiento a quienes participaron en el operativo, recordando que hay cinco personas heridas tras un enfrentamiento armado con la estructura delincuencial. Aguilar subrayó que quienes arriesgaron su vida en el operativo fueron funcionarios costarricenses, independientemente de que se contara o no con apoyo de agencias extranjeras, y pidió cesar «tanta crítica malsana» contra estas instituciones.

Aguilar vinculó este hecho con la reciente disputa presupuestaria entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en la que este último había señalado el perjuicio que representaría una disminución de su presupuesto para organismos como el OIJ, la Fiscalía y los tribunales de justicia. A su juicio, la captura demuestra la necesidad de respaldar la independencia del Poder Judicial, y advirtió que «nadie venga a ponerse ahora una flor en el ojal que no le pertenece», al aclarar que la acción fue exclusivamente del Poder Judicial, sin coordinación visible con el Poder Ejecutivo.

El analista dirigió críticas directas al diputado Nogui Acosta, jefe de fracción del partido de gobierno, por declaraciones en las que Acosta habría minimizado el hecho al señalar que se trataba de un delincuente que llevaba diez años prófugo, y por poner en duda lo que podrían hacer los tribunales de justicia con el detenido. Aguilar calificó esa actitud como «mezquina» e «injusta», y retó públicamente a Acosta a renunciar a su inmunidad parlamentaria para permitir que la Fiscalía abra lo que Aguilar describió como doce expedientes que, según afirmó, existen en su contra por acusaciones de delitos penales y administrativos. El analista cerró su intervención señalando que, cuando la inmunidad de Acosta expire, «también se sentará en esos tribunales».

FECTSALUD propone que se condicione respaldo a eurobonos a que el Gobierno descarte un aumento del IVA y frene los recortes presupuestarios

La Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (FECTSALUD), a través de su secretario de Prensa y Propaganda, Juan Carlos Durán Castro, planteó públicamente tres condiciones que, a su criterio, el Gobierno debería cumplir para que la organización sindical considere legítima la discusión sobre una eventual emisión de eurobonos.

En primer lugar, la Federación exige que el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves Robles, se pronuncie públicamente para descartar un aumento del 1% en el impuesto al valor agregado (IVA). En segundo lugar, solicita que se respeten los nombramientos para la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y que se defina una forma de pago para la deuda que se mantiene con esa institución. En tercer lugar, pide que se frenen los recortes presupuestarios en educación, salud, pensiones, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Poder Judicial y otras instituciones públicas.

Según Durán Castro, de no cumplirse estas condiciones, FECTSALUD no considerará de recibo ninguna discusión sobre el tema de los eurobonos.

La organización sindical hizo además un llamado a las fracciones legislativas del Frente Amplio, Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y a la fracción encabezada por la diputada Claudia Dobles, para que no negocien ningún acuerdo relacionado con eurobonos que se aparte de los pactos suscritos previamente con organizaciones sociales, sindicales y socioproductivas, incluido el Pacto Patriótico Costarricense firmado en la Asamblea Legislativa con un sector del movimiento sindical y social, cuya segunda etapa está prevista para el 4 de agosto.

FECTSALUD sostiene que la eventual aprobación de los eurobonos no resolvería el problema de fondo de la deuda del país, la cual, según indicó Durán Castro, superó el 60,5%, atribuyendo esa situación a la gestión del ministro Chaves Robles y del exministro de Hacienda, Nogui Acosta. Advirtió que, de aprobarse este mecanismo sin las condiciones planteadas, implicaría cargar con nuevos impuestos a la clase trabajadora, tanto del sector público como del privado.

El dirigente sindical cerró su mensaje señalando que corresponde ahora a la presidenta Laura Fernández y al Gobierno definir si están dispuestos a aceptar esas condiciones.

Los amortiguadores de la República

Roger Ríos Duarte

Costa Rica construyó, quizá sin proponérselo del todo, uno de los entramados de amortiguadores más densos de América Latina. Un Poder Judicial que, dentro de sí, alberga una policía de investigación —el OIJ— deliberadamente separada del Ejecutivo, para que quien investiga el delito no dependa de quien gobierna. Una Sala Constitucional capaz de anular los actos del poder. Un Tribunal Supremo de Elecciones tan autónomo que se ganó el apodo de cuarto poder. Una Contraloría que vigila el gasto público. Universidades con autonomía constitucional, encargadas de pensar el país sin pedir permiso. La Caja, la Defensoría, la prensa independiente, las municipalidades. No son adornos institucionales: son los diques que han hecho de Costa Rica una excepción en la región.

Tienen un nombre antiguo: los cuerpos intermedios. Montesquieu los llamó pouvoirs intermédiaires, los poderes interpuestos entre el soberano y el súbdito, que impiden que el poder fluya sin diques desde el centro. Tocqueville, un siglo después, vio en ellos el secreto mismo de la libertad: las asociaciones, los tribunales independientes, la prensa, los gobiernos locales, las universidades. Son, a la vez, un freno y un refugio. Frenan al poder porque lo obligan a rendir cuentas; y le dan al ciudadano común un punto de apoyo para no quedar solo, inerme, frente a la maquinaria del Estado. Una democracia sin cuerpos intermedios no es una democracia más ágil: es un individuo aislado frente a un poder sin contrapeso.

Esos diques están siendo erosionados, y hay que decirlo con nombres. El Ministerio de Hacienda —hoy en manos del mismo Rodrigo Chaves, que además concentra la cartera de la Presidencia en un arreglo sin precedentes en nuestra historia— se ha negado a girar más de ₡8.600 millones que la Asamblea ya había aprobado para reforzar al OIJ y al Ministerio Público, mientras engrosaba la Fuerza Pública que responde al Ejecutivo. El oficialismo mantiene bloqueado, ronda tras ronda, el nombramiento de los magistrados suplentes que la Sala Constitucional necesita para operar. Y sobre las universidades públicas pende, año con año, la amenaza del recorte y el discurso que las pinta como privilegio y no como patrimonio. El patrón es reconocible: no se abolen las instituciones autónomas —eso sería escandaloso—, se las asfixia, se las bloquea, se las desprestigia. Se las vacía por dentro, con formas legales y en nombre del pueblo.

Hay una escena que lo resume. El 14 de mayo de 2025, en Casa Presidencial, el entonces presidente Chaves comparó en voz alta los cerca de 17.000 efectivos de la Fuerza Pública con los cerca de 1.000 agentes del OIJ. La comparación fue tan cargada que un diputado le preguntó si imaginaba a ambas policías dándose de balazos, y un periodista le consultó sin rodeos si aquello no era un llamado solapado a un golpe de Estado. El presidente esquivó la pregunta. Pero el mensaje implícito ya estaba dicho, y era el más primitivo de todos: nosotros somos más.

La pregunta no es quién tiene más fuerza; esa la responde cualquier autócrata. La pregunta, la que funda toda democracia, es cómo se logra que la fuerza se transforme en autoridad legítima y no en mera dominación. Weber lo vio con claridad: el poder desnudo, el que solo cuenta cabezas y fusiles, es preinstitucional; la civilización política empieza cuando ese poder acepta límites que no puede fijar él mismo. Tocqueville, por su parte, advirtió sobre dos tiranías, no una. La del poder central que absorbe a los cuerpos intermedios hasta dejar al ciudadano a solas con el Estado. Y la tiranía de la mayoría: aquella en la que un gobierno que invoca al pueblo y se sabe más numeroso atropella los límites que protegen a las minorías y a las instituciones. Lo inquietante de nuestro momento es que las dos operan juntas, y que la segunda se anunció con todas sus letras aquel 14 de mayo. «Somos más» no es un dato: es un programa.

Nada de esto niega que algunas de estas instituciones tengan defectos reales: un Poder Judicial con permanencias de décadas, procesos lentos, opacidades que irritan con razón. Pero hay una diferencia decisiva entre reformar un contrapeso y demolerlo. A un tribunal enquistado se lo renueva con reglas transparentes; no se lo deja sin presupuesto. A una universidad se le exige rendir cuentas; no se la ahoga. Quien confunde deliberadamente las dos cosas —reforma y demolición— no busca mejores instituciones: busca instituciones más dóciles.

Por eso hay que decirlo ahora, y no después. Los amortiguadores de la República no son obstáculos para gobernar: son la garantía de que, el día en que a cualquiera de nosotros le toque enfrentar el poder, no estará solo. Se los defiende cuando todavía están en pie, no cuando ya hicieron falta. Protegerlos no es asunto de tal o cual gobierno: es la condición para que siga habiendo democracia cuando los gobiernos cambien.

Óscar Aguilar Bulgarelli cuestiona proyecto sobre nombramiento del fiscal general y pregunta: «¿Dónde está la plata?»

El historiador y analista político Óscar Aguilar Bulgarelli difundió un video en el que cuestiona recientes iniciativas y decisiones del Gobierno y plantea interrogantes sobre el manejo de las finanzas públicas, la independencia institucional y el uso de los recursos del Estado.

En su intervención, Aguilar Bulgarelli inicia refiriéndose al proyecto de ley presentado por la diputada Marta Esquivel para modificar el mecanismo de nombramiento de la persona que ocupe la Fiscalía General de la República.

Según el historiador, la propuesta implicaría trasladar esa competencia desde la Corte Suprema de Justicia hacia la Asamblea Legislativa, lo que, a su juicio, vulneraría el principio de división de poderes.

El analista sostiene que el proyecto responde al interés de favorecer a personas que enfrentan investigaciones judiciales y afirma que la iniciativa requiere 38 votos para ser aprobada, por lo que hizo un llamado a diversas fracciones legislativas para que no respalden la reforma.

Cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos

En una segunda parte de su análisis, Aguilar Bulgarelli comenta las recientes declaraciones del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, acerca de la necesidad de adoptar medidas de contención del gasto público.

Frente a ello, el historiador expone una serie de decisiones gubernamentales que, según su criterio, explican la situación fiscal y contradicen el argumento de que no existen recursos suficientes.

Entre ellas menciona:

  • la reducción de impuestos aplicada a importaciones de arroz, que —según afirma— benefició a un reducido grupo de importadores;

  • modificaciones en la forma de calcular los impuestos para vehículos de lujo;

  • la contratación de una empresa extranjera para impartir cursos virtuales de inglés;

  • los recursos destinados a publicidad gubernamental;

  • y pagos efectuados a un programa de comunicación que, según sostiene, favorece la imagen del Gobierno.

Aguilar Bulgarelli presenta estas cifras para cuestionar las prioridades del gasto público y plantea que, antes de solicitar sacrificios a la ciudadanía, corresponde explicar el destino de esos recursos.

Críticas a la reducción de recursos para seguridad y educación

El historiador también critica la decisión de no girar recursos destinados al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio Público, al considerar que ello afecta la capacidad institucional para enfrentar la delincuencia.

Asimismo, cuestiona la evolución de la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y sostiene que durante la actual administración aumentó el monto adeudado a la institución.

En materia educativa, afirma que el presupuesto destinado a educación se redujo respecto del porcentaje establecido constitucionalmente, situación que, según indica, repercute en el deterioro de la infraestructura educativa.

Crítica al discurso de la «economía jaguar»

Otro de los temas abordados es el uso de la expresión «economía jaguar», utilizada por el Gobierno para destacar el desempeño económico del país.

Aguilar Bulgarelli sostiene que dicha caracterización fue presentada como un reconocimiento internacional de mayor alcance del que realmente tuvo y considera que la situación fiscal actual contradice ese discurso.

En ese contexto, cuestiona los anuncios de que no habría aumentos salariales para el sector público y afirma que las políticas aplicadas durante los últimos años no produjeron los resultados prometidos.

«¿Dónde está la plata?»

En el cierre de su intervención, el historiador compara la situación costarricense con declaraciones realizadas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele sobre el manejo de los recursos públicos.

A partir de esa comparación, dirige una pregunta al presidente Rodrigo Chaves:

«¿Dónde diablos está la plata?»

Con esa interrogante concluye su análisis, señalando que, a su juicio, corresponde al Gobierno explicar el destino de los recursos públicos y las razones por las cuales, pese a las medidas adoptadas durante los últimos años, se afirma ahora que el Estado enfrenta limitaciones financieras.