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Etiqueta: OIJ

TIRRIA

José Manuel Arroyo Gutiérrez

         Siempre creí que este curioso sustantivo, así como el adjetivo tirrioso (sa) eran costarriqueñismos. Pero resulta que no exactamente. El Diccionario de la Lengua Española (Vigésima Tercera Edición, p. 2127), consigna la muy castiza tirria como una “manía, odio u ojeriza hacia algo o alguien”; y respecto de tirrioso(sa) sí resulta ser un uso particular en Costa Rica para referirse a alguien “que tiene tirria”.

         El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) fue creado mediante Ley No. 5524 del 7 de mayo de 1975, en el marco de la gran reforma al sistema normativo penal de los años setentas del siglo pasado. Esta Ley en particular topó, en su proceso de gestión, con el veto del Presidente Figueres Ferrer, quien expresamente cuestionó la posibilidad de un cuerpo policial en la esfera del Poder Judicial. Pero se impuso finalmente la voluntad legislativa, mediante resello, en favor de fundar una policía técnica para la investigación científica de los delitos, que viniera a sustituir las anacrónicas “oficinas de detectives” o la muy corrupta y desprestigiada Dirección de Investigaciones Criminales existentes hasta entonces, en la esfera del Poder Ejecutivo.

         Se dio así un salto hacia la modernización en la investigación de los delitos de todo tipo, pero, de manera estratégica, se sustrajo asimismo de los gobiernos de turno, la posibilidad de manipular las denuncias e investigaciones penales con fines político-partidarios y se neutralizó la eventual persecución ilegítima de opositores o críticos.

         Estas breves notas lingüísticas e históricas vienen a cuento, porque oyendo la tirria con la que el Presidente Chaves Robles se refiere al OIJ y su decisión de vetar la reforma legal que rebajaría la edad de jubilación de sus integrantes, se evidencia su profunda frustración por no poder controlar un cuerpo policial profesional, cuyo rol se magnifica al ser Costa Rica un país sin ejército y contar esta policía especializada con un tradicional prestigio y buena calificación dentro de la ciudadanía.

         Hay buenas razones de orden técnico para proponer la jubilación anticipada de personas en razón de la naturaleza del trabajo que desempeñan, como es el caso de la función policial, en la que hombres y mujeres deben tener condiciones físicas óptimas, pericias y destrezas asociadas a la fuerza, la habilidad, los reflejos y la capacidad de respuesta que en promedio empiezan a declinar después de los 50 años. Este debería ser un derecho que abarcara a todas las fuerzas policiales del país y no sólo al OIJ.

         En síntesis, Chaves Robles debería oír razones, aceptar que este es un país con poderes divididos y controles recíprocos y dejar de ser tan tirrioso, porque es malo para el hígado.

Agrónomo Jaime García denuncia desprotección de patrimonio en Reserva Natural Wessberg

El agrónomo y ambientalista Dr. Jaime Enrique García González presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la Dirección del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) por la desprotección del patrimonio arqueológico ubicado en la Reserva Natural Absoluta Nicolás Wessberg, en Montezuma de Cóbano, Puntarenas.

El recurso surge luego de que el Museo Nacional de Costa Rica confirmara la presencia de restos arqueológicos de culturas prehispánicas en dicha reserva, según consta en un informe técnico elaborado por los arqueólogos Felipe Solís Del Vecchio e Iván Alfaro Gálvez del Departamento de Antropología e Historia.

«El hallazgo incluye fragmentos de metates, cerámica y otros vestigios culturales con una antigüedad estimada entre los años 300 y 800 d.C., correspondientes al período Bagaces», detalla el informe INF MNCR-DAH-104-2024 del Museo Nacional, fechado el 1 de noviembre de 2024.

García denunció que, a pesar de la importancia del descubrimiento, el SINAC no ha tomado medidas adecuadas para proteger este patrimonio arqueológico ubicado en la reserva de 62 hectáreas.

«En el Plan General de Manejo de la RNANW realizado en 2013, ni siquiera se menciona el componente arqueológico, a pesar de que existen evidencias de que los fundadores de la reserva, Nicolás Wessberg y Karen Mogensen, conocían de la existencia de estos restos culturales», explicó García a SURCOS.

Según consta en la denuncia, el monumento arqueológico, ahora registrado oficialmente como «Nicolas Wessberg (P-1768 NW)», se encuentra disperso en un área aproximada de 3,000 metros cuadrados y está dividido en dos sectores con diferente concentración de materiales.

El arqueólogo Felipe Solís, uno de los autores del informe del Museo Nacional, señaló que «es posible que en tiempos prehispánicos el terreno se empleara como un área funeraria, aunque no se puede descartar que también existieran algunas casas en la zona».

Actualmente, la reserva carece de personal designado por el SINAC y es custodiada únicamente por voluntarios extranjeros. Esta situación preocupa a García, quien también presentó una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por presuntos actos de vandalismo ocurridos recientemente en la reserva. En imágenes se aprecia parte del deterioro de la edificación producto del descuido del ente responsable del cuido. Asimismo, algunas piezas arqueológicas.

El recurso de amparo busca que se ordene al SINAC implementar medidas efectivas para la conservación tanto del patrimonio natural como arqueológico de la reserva, creada mediante Decreto Ejecutivo N° 23701-MIRENEM del 10 de octubre de 1994.

Diputada denuncia que fracción oficialista bloquea proyecto para fortalecer el OIJ

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo ha comunicado que “el proyecto N° 24191 propone excluir al personal especializado, profesional, policial y jefaturas del Organismo de Investigación Judicial de la aplicación de las modificaciones a la Ley de Salarios de la Administración Pública introducidas por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Pública y de la Ley Marco de Empleo Público.

El proyecto ya se encuentra en su etapa final en plenario, sin embargo, la diputada independiente Kattia Cambronero proponente del proyecto denunció mediante sus redes sociales que la bancada oficialista le presentó 150 mociones al proyecto, por lo que deberán votarse cada una de ellas para seguir con el trámite; mientras tanto la ola de violencia en el país es cada vez más grave.

«El Ejecutivo tiene cero interés por la seguridad de los costarricenses. A esta hora ya han presentado más de 150 mociones al proyecto para mejorar las capacidades del OIJ. La mayoría de la diputada Cisneros. Sin duda no quieren un mejor OIJ. ¿Por qué será?», dice la publicación.

Desde la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo hacen un llamado a que se retiren estas mociones y se apruebe cuando antes este fundamental proyecto. “De igual forma externamos nuestro reconocimiento a la diputada Cambronero por proponer y defender esta importante iniciativa”, dice la publicación de la Mesa.

Emprenden acciones para agilizar reclutamiento y selección de personal del OIJ

  • Labor coordinada entre la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial y la Dirección del OIJ

Manteniendo la rigurosidad en los requisitos para ingresar a trabajar en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Poder Judicial inició una labor coordinada para agilizar las diversas etapas del proceso de selección y reclutamiento.

El trabajo coordinado lo emprenden la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial y la Dirección del OIJ, con el apoyo del Consejo Superior.

El objetivo es acortar los plazos de contratación y atender los requerimientos de recurso humano que demanda el Organismo, manteniendo los estándares de rigurosidad en la contratación del personal más idóneo para los puestos requeridos en la policía judicial.

Para las autoridades del Consejo Superior, a partir de los acuerdos tomados, se atienden las necesidades institucionales del OIJ, respecto a la contratación de personal y mediante la coordinación entre los entes a cargo del proceso de reclutamiento y selección, se ejecutan acciones adecuadas para darle celeridad.

Roxana Arrieta Meléndez, Directora de Gestión Humana destacó que se propuso un plan de trabajo, que involucra a la Dirección con la Unidad de Potencial Interno (UPI) del OIJ, que promueve la revisión del modelo de reclutamiento y selección del personal policial, ante la cantidad masiva de personas que se incriben en los concursos.

“Una propuesta innovadora es la aplicación de una prueba de inteligencia con una duración de 30 minutos, como primer filtro y cuyo resultado se obtiene el mismo día de realización. Esta nueva prueba tiene como fin buscar el mejor talento para el desempeño de los puestos del OIJ. Nos permite además, en un tiempo muy corto la aplicación y el resultado de una prueba que se apega a la atención de los nuevos retos, la evaluación de habilidades y competencias”, explicó Arrieta Meléndez.

Randall Zúñiga López, Director del OIJ, señaló que los acuerdos alcanzados con la Dirección de Gestión Humana, permitirán agilizar los procesos de contratación de personal policial y reducir los plazos de nueve meses a tres meses en promedio.

“No estamos bajando los parámetros rigursos de ingreso al OIJ, estamos difiriendo en el tiempo algunas etapas para su incorporación al Organismo, pues siempre se les va a exigir a las personas todos los exámenes y requisitos propios del reclutamiento. En el caso de los exámenes médicos que deben costearse con recursos propios, estamos permitiendo que procedan una vez que ingresen a trabajar, pues tienen un costo alto”, explicó Zúñiga López.

Para el jerarca del Organismo, esta representa una acción afirmativa a favor de mujeres jefas de hogar y con recursos económicos limitados, pues facilita que más personal femenino se pueda incorporar a la labor del OIJ.

También se coordina la capacitación del personal del UPI en la aplicación de la metodología de las pruebas psicológicas, revisión de antecedentes y verificación de algunas competencias que exigen los puestos.

Información del Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial

12 de abril: celebración del Día de la Autonomía Universitaria

Dr. Carlos Araya Leandro, Profesor Catedrático Miembro del Consejo Universitario, UCR

El día 12 de abril fue declarado, institucionalmente, como Día de la Autonomía Universitaria, con motivo de la transgresión a la autonomía consagrada en la Constitución Política que sufrió la Universidad de Costa Rica (UCR) en ese mismo día en 2010. Recordemos que en aquella oportunidad, ante un supuesto delito atribuido a un funcionario de esta institución, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por orden del Ministerio Público, desplegó un operativo técnico-pericial en el campus de la Sede Rodrigo Facio para, en principio, recabar pruebas incriminatorias.

Lamentablemente, este ingreso al campus universitario constituyó un allanamiento ilegal y propició un abuso de autoridad con “[…] decenas de agentes armados del OIJ y de la Fuerza Pública, que ingresaron en la Universidad aún después de haberse cumplido con la detención y el retiro del sospechoso del campus”, según lo señala el acuerdo de Consejo Universitario en sesión extraordinaria número 5435 del 14 de abril de 2010. Lo grave de ese evento no fue el fondo de la acción penal, es decir, la persecución del aparente delito, que en un estado democrático y de derecho, como el nuestro, compete al Ministerio Público en todo el territorio nacional, sino la forma en cómo dicha acción fue llevada a cabo. En primer lugar, la acción se dio irrespetando los mecanismos ordinarios de coordinación para ese tipo de situaciones; en segundo lugar, todo sucedió en ejercicio desproporcionado e infundado del uso de la fuerza contra miembros de la Comunidad Universitaria.

El 12 de setiembre de 2018, la Fuerza Pública intervino contra un grupo de personas que se manifestaba contra la aprobación del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Entonces, oficiales de la Fuerza Pública ingresaron en el campus universitario, en persecución del grupo que protestaba, con el lamentable saldo de un estudiante herido.

Si bien, afortunadamente, no han acaecido otros hechos similares, lo cierto es que sí han predominado decisiones de políticas públicas que han perpetuado un acecho constante hacia las Universidades Públicas. Así, por ejemplo, leyes emitidas en los últimos años como la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas o la Ley Marco de Empleo Público, o bien, proyectos de Ley como el que pretende regular el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y la intención de reformar el artículo 85 de la Constitución Política de la República, expediente legislativo 20 852, archivado en 2020, han pretendido desconocer y, peor aún, socavar la autonomía constitucional de la que gozan las Universidades Públicas. Todo ello, se ha dado bajo la excusa de aplicar una serie de medidas de tipo presupuestario a un vasto sector público, sin detenerse a reflexionar de forma pausada y seria si, con ello, se violenta el Estado Social de Derecho y, por lo tanto, el orden constitucional que garantizan las libertades y promueven un desarrollo equitativo.

Ante estas agresiones solapadas, camufladas por las vías formales, no queda otra opción más que acudir, con sabiduría, al texto constitucional e insistir en su defensa. Allí es en donde la independencia o la autonomía de las Universidades Públicas hallan su punto de anclaje y de salvaguarda superiores.

A la luz de la Constitución Política, es claro que el Constituyente reconoció una extensa e importante autonomía a la Universidad Pública para protegerla de las injerencias del poder político; dicha autonomía es administrativa (funcional, formal y material), de gobierno, político-organizativa, presupuestaria (financiación estatal y hacienda propia) y contractual. En particular, se sobreentiende que la autonomía se trata de una garantía institucional diseñada para permitir una actividad con una misión en el largo plazo; es decir, no se limita a periodos político- electorales, donde los gobiernos nacionales se turnan por periodos efímeros.

Para que una nación próspera como la nuestra mantenga su senda de progreso, es vital una Universidad robusta, refugio del pensamiento libre, que además cuente con recursos suficientes. Gracias a la Universidad Pública, la ciudadanía costarricense cuenta con una autoridad intelectual que se expresa con una voz que no se somete a la voluntad del poder, sino que responde a los valores superiores que trascienden la dominación y los proyectos de moda.

La celebración del Día de la Autonomía Universitaria es un extraordinario momento para reiterar que, como comunidad universitaria y como institución de cultura superior, debemos levantarnos en defensa de la autonomía universitaria.

Para cumplir con este deber, es necesario que concibamos la esencia constitucional real del orden que nos ampara; es decir, comprender cuál es la función y el fin que nos delegó el Constituyente y así mejor defender la autonomía y posicionarla en el contexto nacional. Así, no basta con florecer en autonomía, antes debemos sembrar, irrigar, abonar, pero, sobre todo, proteger lo que se nos ha confiado la sociedad costarricense.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Súbito fallecimiento de director del OIJ conmovió al país

José Luis Pacheco Murillo

El país entero se conmovió ante la súbita noticia de la muerte del señor Walter Espinoza Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Esa conmoción se debió a varios motivos principalmente: porque era un servidor público ejemplar, de esos que enorgullecen la profesión y el servicio, de esos que se entregan con alma, vida y corazón al servicio de los demás. Porque nos brindaba confianza con sus acciones y manifestaciones. Porque hacia lo necesario junto a sus subalternos por cuidarnos y por acabar con esos delincuentes del crimen organizado y del narcotráfico.

Además, porque se enfrentó con decisión firme a quienes querían afectar y debilitar al OIJ, ya fueran compañeros de trabajo, superiores como los Magistrados o incluso a diputados y Ministerio Público. Hacia lo necesario por defender la institucionalidad.

Funcionarios como el señor Espinoza Espinoza son los que hacen grande la función pública y los que nos hacen mantener una esperanza sobre esos servidores públicos que cumplen a cabalidad con sus funciones y van más allá para bien de su institución y del país.

Esa calidad de funcionario público se combinó con la calidad de Esooso y padre de familia, lo que era lógico pues, si era excelente para servirle a los extraños con mucho mayor razón se entregaba al servicio de los suyos, de los que amaba.

Escuchar a sus compañeros de trabajo referirse a su calidad humana, hace que esta noticia sea mayormente triste para ellos, su familia y el país.

Que su paso por la función pública sirva de ejemplo a quienes estuvieron cerca de él y para todos aquellos que tienen la posibilidad de hacer lo necesario para bien del país.

Que Dios lo acoja en su seno. Muchas gracias señor Walter Espinoza Espinoza y disfrute del descanso eterno. Solidaridad y paz para sus familiares, amigos, compañeros de trabajo.

¡Sin justicia no hay democracia! Reclamo de pueblos originarios

El día viernes 11 de marzo del 2022, una delegación del Pueblo Cabécar de China Kichá, la Coordinadora de Lucha Sur Sur y de organizaciones defensoras de los derechos humanos sostuvieron una reunión con el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y su equipo.

Las organizaciones expresaron sus inquietudes, denuncias y propuestas sobre las crecientes agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los Pueblos Originarios de Costa Rica y la impunidad reinante en estos casos.

La Dirección del OIJ se comprometió a dar respuesta al documento presentado por las organizaciones. En estos días se estará brindando mayor información sobre estas gestiones.

El documento contiene el siguiente texto:

Señor

Walter Espinoza Espinoza

Director

Organismo de Investigación Judicial

Reciba un saludo de parte de las organizaciones de Pueblos Originarios y defensoras de los derechos humanos que suscribimos el presente documento.

A partir de la reunión de una delegación de quienes suscribimos con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, señor Fernando Cruz Castro, el pasado 26 de enero y con el objetivo de continuar con el diálogo que permita un real acceso a la justicia para los Pueblos Originarios, nos hacemos presentes para manifestar algunas inquietudes y demandas ante esta Dirección.

Es de conocimiento público las múltiples agresiones y violaciones a los derechos humanos que estamos viviendo los Pueblos Originarios de Costa Rica. Como hemos comunicado reiteradamente y desde hace muchos años, la ocupación legal de nuestros Territorios por parte de personas que no pertenecen a nuestros Pueblos, es la causa principal de la violencia y violación sistemática de nuestros derechos humanos y es obligación del Estado, en este caso del Poder Ejecutivo, ejecutar los desalojos administrativos necesarios para devolvernos nuestras tierras.

Ante el ejercicio de nuestro derecho humano colectivo a la tierra; está la violencia y violaciones a los derechos humanos en nuestra contra se han incrementado, ante lo cual, la impunidad es la respuesta que hemos encontrado de parte del Poder Judicial.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos define la impunidad como: «falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familias»

Son reiteradas las denuncias públicas, ante la Inspección Judicial, la Defensoría de los Habitantes y otras instancias, sobre el actuar discriminatorio y racista de diversas instancias judiciales, incluido el OIJ, en la atención, trámite y resolución de los casos en los que son parte los Pueblos Originarios.

Uno de los obstáculos frecuente para el acceso a la justicia por parte de los Pueblos Originarios es que, conociendo las realidades culturales de estos Pueblos y su poco o nulo acceso al internet y equipos de cómputo, diversas instancias judiciales se niegan a entregar copias en físico de las denuncias, resoluciones y demás trámites judiciales, a pesar de la solicitud expresa de las y los ofendidos.

SURCOS comparte además el siguiente documento entregado por representantes de pueblos originarios al fiscal general interino:

 

https://www.facebook.com/111882987093775/posts/477557537192983/

Compartido con SURCOS por Coordinadora de Lucha Sur Sur-CLSS.

LIMÓN-MÉXICO-LAS MARAS-PUNTARENAS

Óscar Madrigal

Óscar Madrigal

El asesinato de un líder narco dentro de una escuela en Limón y colateralmente de un trabajador del centro educativo por proteger a una niña estudiante ha causado gran conmoción. A raíz de este hecho el director del OIJ dio declaraciones interesantes en Canal 7.

Expresó que, si se separan las estadísticas de homicidios por provincias o sectores geográficos, Limón tendría una tasa de 32 homicidios por cien mil habitantes, TASA SIMILAR a México y otros países igual de violentos.

Por supuesto parece que nadie en Costa Rica ha comprendido la gravedad de esta afirmación. Realmente nos escandalizamos por los crímenes en México, El Salvador y otros países, y nos alarmamos con Los Zetas, Los Templarios, el Chapo y demás grupos narcotraficantes, o Las Maras Salvatrucha en El Salvador, grupos organizados que parece que no tenemos en el país, aunque las tasas en Limón y Puntarenas sean semejantes a las de esos países. Este hecho crea alarma y estupefacción, estupor, nos deja pasmados, con los pelos de punta. ¡¡A ese nivel estamos en los Puertos!!

El señor Espinoza agrega que la criminalidad en Limón o Puntarenas no puede enfrentarse solo a nivel policial o represivo ya que los problemas delincuenciales obedecen a causas sociales, desempleo, pobreza, disgregación familiar, etc. Y mientras no se resuelvan esas que son las verdaderas causas, los problemas continuarán.

El entrevistador le pregunta sobre la influencia del narcotráfico. El director del OIJ hace dos afirmaciones contundentes: Costa Rica se ha convertido en una gran bodega de cocaína y en uno de los MAYORES EXPORTADORES DE COCAÍNA del mundo. Tremenda revelación dicha por uno de los más altos dirigentes policiales. Sin embargo, los dirigentes políticos no le dan la importancia requerida al tema y creen que con escáneres o redadas podrán resolver o menguar la situación. Tengamos presente que el problema del narcotráfico en vez de reducirse, como nos pregonan todos los ministros de Seguridad y presidentes, crece continuamente hasta los niveles que revela el director del OIJ.

El asunto de la influencia de las drogas sobre la delincuencia me recordó que en Las Maras de El Salvador el negocio de las drogas no es el más importante, sino que es secundario, porque el territorio salvadoreño no es lugar de paso de la cocaína. El negocio de Las Maras es principalmente la EXTORSIÓN lo que les ha permitido dominar grandes territorios donde impera su ley y ha obligado a los gobiernos de turno, incluyendo al actual, a establecer negociaciones y pactos de tolerancia. Dicen que la represión contra Las Maras empezó cuando estas pasaron de hacer negocios de los barrios pobres a los barrios de los ricos. La extorsión fue el negocio inicial también de la mafia neoyorquina y estadounidense, como vimos en la película El Padrino II.

El negocio de la droga no es la causa primaria de la problemática criminal, sino que son las condiciones de miseria, desempleo, desesperanza o violencia en que viven miles y miles de jóvenes.

Los gobernantes de este país deberían tomar muy en serio que están parados sobre una bomba de tiempo, que no se resolverá con más represión y violencia, sino con salarios justos, empleos, oportunidades o educación que abran otro horizonte para Limón y Puntarenas.

Misterio envuelve muertes de animales en Muelle de San Carlos

El hallazgo de múltiples animales en una finca en el sector de Muelle en el cantón San Carlos alertó la noche del 20 de abril a las y los vecinos de la zona. Según el medio Allan Jara Noticias, el misterio provocó que varios agentes judiciales y de ambiente acudieran a la zona para iniciar las investigaciones que pretenden determinar la causa de muerte de estos animales. Entre ellos se encuentran: animales domésticos, iguanas, zopilotes y felinos. 

La muerte de varios manigordos preocupa a las personas del lugar dado que, según el Sistema Nacional de Salud Animal (SENASA), es una especie en peligro de extinción. La aparición de un nuevo felino fallecido a orillas del río Peñas Blancas, una zona cercana a sembradíos de piña y agricultura de monocultivo extensivo, llevó al despliegue de 17 agentes de la Sección Especializada de Delitos del Medio Ambiente, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según la unidad de investigación, existe la probabilidad de que las afluentes de agua que llegan al Río se encuentren contaminadas con sustancias venenosas. Así mismo, no se descarta la posibilidad de que la cadena alimenticia de iguanas envenenadas esté provocando la muerte de estos animales silvestres.

Una vez finalizada la investigación y determinada la causa de muerte, se llevará a cabo un proceso penal. Para las y los vecinos y el sector turístico de la zona, dichas muertes podrían representar un precedente en el tema del tratamiento de este tipo de acciones, que podrían ser catalogadas como delito.

 

Fuente: facebook.com / Allan Jara Noticias

Compartido con SURCOS por Adriana Laclé.

Sin justicia no hay democracia

El próximo viernes 11 de marzo de 2022 el director del Organismo de Investigación Judicial recibirá a representantes de Bajo Chirripó, China Kichá y la Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Comunicado de prensa

  • Representantes de China Kichá, Bajo Chirripó y Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) serán recibidos por el director del OIJ.
  • La reunión se realizará este viernes 11 de marzo a las 2:00pm de la tarde en el OIJ y a las 3:00 pm de la tarde las personas participantes darán declaraciones a los medios de comunicación interesados en las afueras del edificio 

Desde finales del año pasado las comunidades originarias de nuestro país han venido sufriendo una escalada de violencia como incendios y agresiones sobre más de 13 personas en las últimas semanas en China Kichá. El intento de asesinato del dirigente Cabécar Leonel Segura en Bajo Chirripó y se suma a muchas otras agresiones en otros territorios y que viene de años atrás. 

Sobre el caso de Leonel García el pasado 26 de enero se realizó una manifestación en los Tribunales de Justicia donde fue recibidos por el presidente de la Corte Fernando Cruz quien abrió este espacio con él director del Organismo de Investigación Judicial Walter Espinoza quien recibirá a tres representantes de las comunidades originarias más afectadas por la violencia en días recientes y organizaciones de organizaciones defensoras de los derechos humanos. 

Los pueblos originarios han sufrido históricamente una violencia sistemática y constante, agresiones y violación a los derechos humanos, racismo institucional y mayor impunidad que han reproducido en asesinatos, amenazas de muerte y ataques físicos. 

Los voceros de los Pueblos originarios expresarán sus preocupaciones y demandas ante el actuar negligente del OIJ y otras instancias judiciales en las sedes judiciales de Pérez Zeledón, Buenos Aires, Matina y Talamanca. Al mismo tiempo presentarán información sobre denuncias judiciales y públicas que requieren un actuar expedito y diligente por parte del OIJ y el Poder Judicial en su conjunto, esperando que en un plazo razonable el OIJ pueda dar un informe y respuestas a las demandas planteadas. 

Esta reunión se realizará una semana antes de la conmemoración del asesinato por razones políticas de Sergio Rojas Ortiz, clan Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre, crimen que continúa impune. 

Para 2020 desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur se registraron 86 actos de violencia contra personas indígenas que en la mayoría de los casos han quedado impunes. Mientras en el 2021 el Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas (OCAC) del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR en su informe anual registraron 143 acciones colectivas como denuncias, pronunciamientos, marchas, asambleas, bloqueos y recuperaciones de territorio, entre otras; identificando la defensa de los derechos de los pueblos originarios como el mayor actor y causa de acciones de movilización social a nivel nacional. 

¡Alto a la impunidad!

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios! 

– Concejo Ditsö Iriria Ajkönul Wakpa de Salitre. 

– Consejo Iriria Sat Kök deYabami Dí (Cabagra). 

– Recuperadoras/es Cabécar de Kono Jú. 

– Recuperadoras/es Cabécar de Yuwi Senaglo. 

– Recuperadoras/es Cabécar de Sekero Kaska. 

– Recuperadoras de Saka Duwë Senaglo. 

– Recuperadoras/es Cabécar de Kelpego. 

– Recuperadoras/es Naso Brörán de Crun Shurin. 

– Recuperadoras/es Naso Brörán de San Andrés. 

– Consejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cäjc. 

– Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur. 

– Cootraosa. 

– Comite de lucha por la tierra Finca Chánguina. 

– Voces Nuestras. 

-Bloqueverde 

Para más información: coordinadoradeluchass@gmail.com / bloqueverde@gmail.com

 

Imagen de incendio provocado en territorio indígena de China Kichá.