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Etiqueta: OIJ

Es el modelo económico, dice el director del OIJ

Óscar Madrigal

El día de ayer participé en un programa de radio llamado “Alternativas” sobre el tema de la criminalidad en el país. Resumo algunas ideas que expuse.

Hace unos tres días el director del OIJ, Walter Espinoza, decía en una entrevista en La Nación:

“Recientemente el Informe del Estado de la Región reveló que Centroamérica bajó sus índices de homicidios durante la última década con excepción de Costa Rica, que se mantiene con niveles similares al 2010.

De acuerdo con Espinoza, el enfrentamiento entre bandas narco locales, sumado a problemas de índole social como pobreza, desempleo, desigualdad, falta de oportunidades y poca distribución de la riqueza, hacen que la tasa nacional de homicidios no disminuya”.

El director del OIJ es consciente que el actual modelo de desarrollo económico que genera desigualdad, pobreza, desempleo, injusta distribución de la riqueza es también la causante de que los delitos, por ejemplo, de homicidios, no disminuyan.

Los estudios sobre la criminalidad también han demostrado que la delincuencia no es un problema de los pobres. Otras naciones mucho más pobres que la nuestra, muestras índices menores de delitos, como por ejemplo los homicidios.

Sin embargo, los partidos políticos que han gobernado en las dos últimas décadas han enfrentado el problema de la criminalidad solo desde la perspectiva de un derecho penal autoritario, aumentado las penas y los delitos desde mediados de los años 90, sin que esta política haya producido ningún beneficio. Solo ha aumentado el autoritarismo sin beneficio para la sociedad.

Las clases dominantes creen que las leyes penales resolverán problemas sociales, cuando es evidente que las leyes por sí solas no resuelven los problemas de la sociedad, lo que solo se logra con políticas públicas dirigidas a enfrentar las causas de la criminalidad. Sin embargo, las actuales políticas de austeridad, de recorte a los programas de atención social que impulsa el actual Gobierno, solo agudizará la criminalidad del país. Además, las leyes anti-huelgas, la criminalización de la protesta social, junto a las políticas autoritarias del proyecto de Empleo Público, se orientan a crear un sistema político cada vez más autoritario y, por tanto, menos democrático.

Costa Rica ha pasado a ocupar el top de los países más desiguales del mundo, según el Banco Mundial, y ahora también a estar entre los primeros 5 lugares del continente con la mayor cantidad de privados de libertad por habitantes y con el mayor índice de mujeres privadas de libertad de Centroamérica.

Se sabe también que las cárceles no resocializan a esas personas, las cuales por lo general se encuentran hacinadas y violándose en muchos casos sus derechos humanos.

A lo anterior debe agregarse que la aplicación de las leyes, lo que llamamos la justicia, no parece operar de la misma manera para todas las clases sociales. Los escándalos de corrupción no terminan en juicios o sentencias, sobre todo cuando se trata de personas adineradas o pertenecientes a las clases poderosas económicamente.

Las estadísticas así lo indican: de todos los casos denunciados por corrupción solo el 20% van a juicio después de 3 o 7 años; de los que van a juicio solo el 7% terminan con sentencia y solo la mitad de ellas en sentencias condenatorias. Pero lo más llamativo es que se trata de casos “menores” como el tráfico que pide una “mordida” o el funcionario municipal una “comisión”. Los grandes actos de corrupción que involucran a los miembros de los clanes poderosos económicamente no aparecen nunca juzgados.

La llamada clase política, por otra parte, está carcomida por la corrupción. Casi todos los partidos políticos han sido condenados por estafa o están siendo acusados por estos delitos: el PLN, el PAC, el partido evangélico de Justo Orozco, el PASE de Oscar López, el Libertario de Otto Guevara, el partido del doctor Hernández, el PUSC y muchos otros. De igual manera, prácticamente todos los expresidentes han enfrentado acusaciones por corrupción por casos como Alcatel, Caja, la Trocha, Cementazo, Cochinilla y otros.

La corrupción de los políticos produce una degeneración en la sociedad porque hay muy pocos referentes y porque la ética en la función pública parece no importar o importar bien poco, como el caso por ejemplo de Figueres. Ese es el mensaje equivocado que se dirige a la ciudadanía sobre los valores y la virtudes de los políticos.

Los componentes de orden social hacen que la criminalidad no descienda en Costa Rica, como lo afirma el director del OIJ. Es necesario, consecuentemente, cambiar el modelo de desarrollo económico, el modelo de acumulación de capital como dirían otros, que está generando o produciendo esos problemas.

En términos generales, solo una democratización de nuestra vida social, económica y cultural podrá disminuir y enfrentar acertadamente la creciente delincuencia nacional.

Analizan situación de la trata de personas en Costa Rica

Organizaciones e instituciones se reunieron en la UCR

 

Katzy O`neal Coto,

Periodista Oficina de Divulgación e Información

Analizan situación de la trata de personas en Costa Rica
Miembros de la Policía, el OIJ y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) asistieron al encuentro realizado en el auditorio de la Facultad de Derecho (foto Laura Rodríguez).

La trata de personas es un problema mundial que priva de su dignidad a millones de hombres, mujeres y niños en todo el mundo. Esta problemática silenciosa también afecta a poblaciones costarricenses, especialmente a aquellas que viven en situaciones de pobreza y exclusión social.

Para conmemorar el Día Internacional contra la trata de personas, el pasado 30 de julio, se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica el Conversatorio “Reflexiones sobre la problemática de trata de personas en Costa Rica con fines de explotación laboral de la población Ngöbe Bugle´”.

En este encuentro participaron miembros de una amplia red de instituciones de gobierno, organizaciones internacionales y organizaciones locales vinculadas con esta temática para analizar las implicaciones económicas, políticas, sociales e individuales de este fenómeno y lantear mecanismos jurídicos y sociales más efectivos para combatir este tipo de delincuencia.

Se realizaron dos mesas de discusión, en las cuales se desarrollaron temas como la situación criminal e institucional de la tarta de personas en Costa Rica y las condiciones de vulnerabilidad de la población Ngöbe Buglé para ser víctimas de la trata de personas con fines de explotación laboral.

Problema mundial

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El Dr. Alfredo Chirino se refirió a la trata en poblaciones indígenas donde el difícil acceso y la falta de información hacen más complejo el accionar para la prevención y atención de las víctimas (foto Laura Rodríguez).

En todo el mundo los tratantes seducen y engañan a mujeres, hombres y niños con atractivas ofertas de trabajos, estudios y viajes, con la promesa de obtener muchos beneficios. Estas ofertas luego se convierten en un círculo de explotación laboral o sexual y en otros casos las personas se ven sometidas, incluso a la extracción de sus órganos.

El Dr. Alfredo Chirino Sánchez, decano de la Facultad de Derecho, manifestó que “a la misma vez que crece la pobreza y la desigualdad crece también la necesidad de compensar estas circunstancias con movimientos de personas que buscan encontrar esperanzas y mejores posibilidades en otras latitudes”.

El Instituto latinoamericano de las Naciones Unidas para la prevención del delito y tratamiento del delincuente (ILANUD) ha planteado que este fenómeno se vea como una grave violación a los derechos humanos, pero también como un fenómeno que reúne diversas patologías de nuestro tiempo; como el crimen organizado, los mercados laborales, las economías sugeridas y la globalización de la pobreza.

Según detalló la especialista Licda. Mercedes Álvarez, representante de la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) este es un fenómeno del cual se tiene poca información. No obstante, se reconoce que las características de los mercados laborales actuales como la flexibilización, la desregularización y la globalización y el crimen organizado son condiciones ideales para la trata de personas.

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El Lic. Alejandro Guevara dijo que «la trata de personas en todas sus formas es una amenaza grave para los derechos humanos para las poblaciones de nuestra subregión» (foto Laura Rodríguez).

El investigador Lic. Alejandro Guevara Arroyo, del ILANUD, explicó que es difícil detectar los casos de trata de personas para explotación laboral debido a la brevedad en que ocurre el hecho delictivo, la aceptación cultural y la falta de normativa y derechos laborales básicos.

Guevara citó datos de las Naciones Unidas que indican que existen más de 40 mil víctimas de la trata de personas a nivel mundial (detectadas y reportadas oficialmente), de ellas el 53% victimas con fines de explotación sexual, 40% con fines de explotación laboral y el porcentaje restante incluye a víctimas sometidas a la mendicidad, la extracción de órganos entre otros. No obstante, la Organización Internacional del Trabajo calcula que casi 21 millones de personas en el mundo son víctimas del trabajo forzoso. En esa cifra se incluye también a las víctimas de trata para la explotación laboral y sexual.

Poblaciones vulnerables

Las situaciones de vulnerabilidad social como la pobreza, la exclusión, la precarización del trabajo y el desempleo hacen que las personas caigan fácilmente en las redes de tráfico que hacen sus ofertas engañosas ya sea personalmente a través de anuncios, mensajes o páginas de Internet.

El Lic. Guevara explicó que las victimas de América Central son transportadas por las fronteras de los países vecinos. Un factor clave es que las victimas proceden de zonas excluidas socialmente y económicamente y de zonas rurales hacia zonas urbanas y de países de bajos ingresos a países de altos ingresos. El 80% de los ofensores de trata de personas son nacionales, es decir, cometen el delito en su propio país de ciudadanía.

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Para la Licda. Kattya Rodríguez el reto es cómo abordar y combatir juntos esta problemática para erradicar la llamada “esclavitud moderna” y llevar a la práctica un modelo de atención (foto Laura Rodríguez).

En el caso de la población indígena Ngöbe Buglé diariamente viven en escenarios de desigualdades, sociales, económicas y políticas que los convierte en posibles víctimas de trata laboral. Para la representante de esta comunidad, la Dra. Myrna Román, la pobreza, el índice elevado de analfabetismo y las dificultades de acceso a los servicios de salud y educación son algunos de los factores que hacen vulnerables a mujeres, hombres y niños indígenas.

Los campos de la agricultura, la construcción y los servicios son las áreas donde más incide este fenómeno, donde las redes y organizaciones aparentan desarrollar sus actividades en el marco de la legalidad con la complicidad de las mismas personas explotadas que en muchas ocasiones temen regresar a situaciones peores en sus países.

Para la directora General de Migración y Extranjería, Licda. Kattya Rodríguez Araica. “Mientras las condiciones de desigualdad social y económica existan tenemos todo el caldo de cultivo para que se genere la trata de personas, tenemos personas en condiciones vulnerables que pueden llegar a ser víctimas de la trata en todas sus modalidades”.

Esfuerzo interinstitucional

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El cantautor Olman Briceño interpretó el tema «Para siempre» sobre las opresiones históricas que han pesado sobre los pueblos originarios y afrodescendientes de Costa Rica e invitó a reflexionar sobre este tema en relación con de la trata de personas (foto Laura Rodríguez).

En Costa Rica, más de una veintena de instituciones sociales y de la administración de la justicia, organizaciones nacionales e internacionales han aglutinado esfuerzos para combatir esta problemática desde la prevención y la atención de las víctimas.

Éstas se reúnen alrededor de la Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT) que se creó junto con la Ley 9095 Contra la Trata de Personas. El reto de esta coalición es articular acciones entre instituciones muy diversas para llegar a las víctimas a brindarles protección de manera oportuna y administrar justicia a los tratadores.

Guillermo Arroyo, investigador del ILANUD, destacó la necesidad de aplicar medidas preventivas enfrentar para las causas profundas de estos delitos, crear más oportunidades económicas en los países, promover practicas de contratación justas, exigir la responsabilidad de las empresas, a visibilizar la situación, abrir más canales de migración legal y establecer programas de movilidad laboral para evitar esta situación.

Un aspecto fundamental del combate contra la trata de personas es la información y educación de la población, así como el aporte de la ciudadanía en denunciar posibles situaciones de este tipo. Para ello el OIJ con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) instan a la ciudadanía a denunciar llamando al 800 8000 OIJ (645).

La actividad fue organizada por la Facultad de Derecho, el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la prevención del delito y tratamiento del delincuente (ILANUD), con la colaboración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT).

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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