Cómo enfrentar la inseguridad ciudadana es una de las preguntas más frecuentes. Las respuestas son diversas, pero en la mayoría de los casos apuntan hacia un mayor control y presencia policial: restricción de derechos individuales, construcción de mega cárceles, instalación de cámaras de seguridad, incremento de patrullajes y detenciones, entre otras medidas. La preocupación es legítima. El aumento de homicidios y delitos es alarmante.
Las acciones represivas son indispensables. También lo son las reformas al Código Penal y a la normativa vinculada con el control y la sanción del delito, así como la asignación de recursos financieros suficientes para la capacitación, la estabilidad laboral y la especialización de los cuerpos policiales.
Sin embargo, estos cambios y acciones deben complementarse con dos tareas fundamentales que, por básicas, parecieran no desarrollarse con la profundidad y determinación necesarias: la inteligencia y la convivencia.
Profundizar y mejorar la calidad de las labores de inteligencia -especialmente en ámbitos como la legitimación de capitales, las actividades económicas sensibles, las rutas delictivas, los flujos financieros y las estructuras jerárquicas de las organizaciones criminales- es crucial. También lo es identificar y debilitar sus capacidades logísticas y económicas. Esto exige altos niveles de especialización, tecnología adecuada y mayores recursos para los cuerpos de seguridad.
Por otra parte, las comunidades más seguras no son necesariamente las que cuentan con más policías, más cárceles o más detenciones. Son aquellas donde existe mayor y mejor convivencia. Hay que fortalecer las relaciones comunitarias, promover acuerdos y reconstruir el tejido social.
La convivencia se construye mediante proyectos de desarrollo social, el mejoramiento de barrios vulnerables, una educación de calidad y programas culturales ambiciosos que potencien la identidad y la cohesión comunitaria. La organización y participación de la gente es un factor crítico de éxito para una intervención de esta naturaleza. Tiene mayor potencial el trabajo que puedan realizar equipos de promoción y activación social junto a las comunidades organizadas, que la labor llevada a cabo por equipos reducidos de policías municipales o eventos con funcionarios de Fuerza Pública organizando “mejenguitas” en los barrios,
Asimismo, se requiere una estrategia amplia de comunicación pública y la articulación de esfuerzos entre los gobiernos municipales, el gobierno central, las instituciones públicas y privadas y las organizaciones representativas de las comunidades.
A través de una acción coordinada, las municipalidades y las instituciones competentes deben impulsar proyectos de infraestructura con impacto directo en la seguridad. Garantizar que parques, salones comunales, áreas de juego infantil y otros espacios públicos sean escenarios de actividades culturales, deportivas y recreativas es otro mecanismo esencial para fortalecer la convivencia. El espacio público debe ser, ante todo, el espacio de la convivencia.
También es indispensable fomentar un mayor conocimiento de nuestros barrios. Las personas deben conocer su entorno inmediato, su geografía física y social, y ser parte activa de su comunidad.
Enfrentar la inseguridad exige firmeza institucional y cohesión social. Necesitamos un Estado más organizado, más sólido e integral, pero también una ciudadanía más participativa, más comprometida y fortalecida en su tejido social.
Participarán los 5 territorios Ngäbes de Costa Rica.
Este domingo 15 de febrero de 2026 será el torneo relámpago en donde se presentará a los equipos Ngäbes que participarán de la II Copa de Fútbol Indígena Ngäbe, que iniciará formalmente en marzo próximo.
Estarán participando 16 equipos de los cuales 10 son masculinos y 6 femeninos.
El torneo relámpago de presentación de los equipos se realizará en la cancha de Caracol de Laurel, Corredores, Zona Sur de Costa Rica.
Esta II Copa de Fútbol Indígena de Territorios Ngäbe del Sur tiene como objetivo los siguientes propósitos:
✅ Empoderar a mujeres y jóvenes futbolistas de los territorios.
✅ Fortalecer la unión entre las comunidades Ngäbe del Sur.
✅ Visibilizar el talento deportivo como herramienta de transformación social.
✅ Compartir iniciativas culturales, productivas y organizativas de cada territorio.
✅ Activar la economía local mediante la organización deportiva comunitaria.
Este torneo está organizado por Wilfrido Montezuma Rodríguez,
Leidy Ríos y David Morales, quienes son 3 líderes comunitarios comprometidos con el Deporte y la cultura Ngäbe.
Estos coordinadores cuentan con el apoyo de todos los líderes y lideresas de los Territorios Ngäbes del Sur.
SURCOS comparte la siguiente reseña de un boletín que fue enviado a nuestra redacción.
El asentamiento de Monte Alto celebró el pasado 25 de enero de 2026 un acto político de celebración y agradecimiento tras concretarse un logro histórico: después de casi diez años de lucha, las familias lograron un acuerdo que les permitirá comprar sus lotes a un precio accesible y avanzar hacia la titulación formal de la tierra.
El boletín Monte Alto: Celebración y agradecimiento recoge la memoria de un proceso colectivo que nació de la necesidad urgente de vivienda y se sostuvo gracias a la organización, la solidaridad y la perseverancia de cientos de familias trabajadoras.
Una lucha que nació de la necesidad
Monte Alto surgió cuando decenas de familias, sin acceso a vivienda y ante la existencia de terrenos sin uso social, decidieron organizarse e ingresar a la tierra. El proceso fue impulsado por personas con experiencia en luchas agrarias, entre ellas Carlos Coronado, Grace Serrano y Hernán Martínez.
Los primeros años estuvieron marcados por desalojos, destrucción de ranchos, persecución y ausencia de servicios básicos como agua y electricidad. Más de 40 viviendas fueron demolidas en uno de los episodios más duros. Sin embargo, la comunidad resistió.
Las mujeres jugaron un papel fundamental en la defensa del asentamiento, sosteniendo la organización cotidiana, el cuido de las familias y la continuidad de la lucha.
De la tierra para sembrar al derecho a la vivienda
Con el tiempo, el asentamiento creció hasta superar las 400 familias. La realidad social fue redefiniendo el sentido de la lucha: muchas personas trabajaban en la ciudad y no en agricultura, por lo que el eje pasó de la producción agrícola al derecho a la vivienda.
Monte Alto dejó de ser visto únicamente como una toma de tierra y empezó a consolidarse como barrio popular organizado. El acompañamiento de organizaciones sociales, el Bloque de Vivienda, el PRT y otros espacios fue clave para sostener el proceso en momentos críticos.
Un logro histórico
Tras casi una década de movilizaciones y procesos legales, se alcanzó un acuerdo con la empresa propietaria del terreno. Aunque no se trató de una donación, el convenio permitió:
Evitar el desalojo.
Garantizar seguridad sobre la tierra.
Abrir el camino hacia la titulación formal.
Actualmente continúan los procesos de medición y trámites para que cada familia inscriba legalmente su lote.
Aprendizajes para otras luchas
El boletín destaca siete aprendizajes centrales de la experiencia:
La organización colectiva es la base del logro.
Las luchas son procesos largos.
Las mujeres sostienen la resistencia.
La lucha debe adaptarse a la realidad.
Las alianzas fortalecen.
Defender la tierra es defender la dignidad.
La memoria fortalece futuras luchas.
Monte Alto demuestra que los derechos no son concesiones sino conquistas colectivas.
Carlos Coronado: memoria viva de la lucha
El boletín consigna que “durante el acto se rindió homenaje a Carlos Coronado, dirigente histórico de la lucha por la tierra y la vivienda en Costa Rica. Con más de cuatro décadas de participación en procesos organizativos, ha sido impulsor de tomas de tierra tanto en zonas rurales como urbanas”.
Su aporte ha consistido no solo en la acción directa, sino en promover organización, formación política y conciencia colectiva. Para Coronado, la tierra debe cumplir una función social y no ser mercancía, destaca el documento.
Una lucha que continúa
Aunque la compra de los terrenos representa una victoria histórica, la lucha no termina. Persisten desafíos como acceso a servicios básicos, cambio de uso de suelo, infraestructura y construcción de viviendas dignas.
Como expresó una persona participante durante el acto: “Aquí no hubo regalo: hubo lucha, organización y resistencia.”
Movimiento Ríos Vivos, Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON)
Desde hace 2-3 años miembros del Movimiento Ríos Vivos hemos estado considerando estrategias para promover un diálogo abierto y transparente con la corporación Fresh Del Monte Produce Inc. (o PINDECO) sobre los verdaderos costos-beneficios sociales, económicos y ambientales de continuar produciendo piña en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas. Después de más de cuatro décadas de producción industrial de este monocultivo en el país, sus secuelas son evidentes en la salud de los ecosistemas y las comunidades (1-9); en las intolerables condiciones laborales (10-21); en el debilitamiento progresivo de las instituciones del estado y de la sociedad civil (22-30); y en la creciente penetración de las redes internacionales de narcotráfico en regiones donde se cultiva la piña (31-34).
Los participantes en este debate interno han postulado dos estrategias diferentes pero complementarias que describimos a continuación. Se listan, además, acciones exploratorias que se han ejecutado para llamar la atención de los verdaderos propietarios de la corporación, del gobierno y de la comunidad internacional.
La primera estrategia buscaría informar y organizar a las comunidades directamente afectadas, y a la población en general, para generar mayor conciencia sobre la problemática y presionar, tanto a la corporación como a las instituciones responsables, con el fin de sentarse a dialogar. La convicción sobre la efectividad de esta estrategia se basa principalmente en la exitosa experiencia del Movimiento Ríos Vivos (MRV) organizando las comunidades de la zona sur (con apoyo de universidades, grupos ecologistas, ONGs, etc.), entre los años 2013 y 2019, para detener la construcción de 14 proyectos hidroeléctricos en ríos de Pérez Zeledón, Buenos Aires y Coto Brus.
La magnitud de las operaciones de Fresh Del Monte en el cantón de Buenos Aires, su influencia sobre los actores políticos e institucionales, su estructura organizacional corporativa, y sus más de 40 años de trayectoria en la zona sur y en el país, conllevan sin embargo un reto considerablemente mayor que el enfrentado por el MRV en el pasado. En contraste, por ejemplo, las compañías que propusieron los 14 proyectos hidroeléctricos en ríos de la zona sur eran empresas de capital nacional, como el Grupo H Solis (rio San Rafael), la Comercial Talamanca El General S.A. (rio Cañas) e Hidro Convento Energy S.A. (rio Convento). La mayoría de sus operaciones estaban ubicadas en Costa Rica. Sus propietarios eran personas conocidas, y hasta en algunos casos fue posible debatir con ellos/as directamente –como con Mélida Solís, presidenta del Grupo H Solis, que asistió personalmente a reuniones en San Rafael de Pérez Zeledón, donde la empresa pretendía construir una represa hidroeléctrica en el rio del mismo nombre.
Con Fresh Del Monte la situación es diferente: la compañía es en realidad una corporación (una entidad legal independiente, separada de sus dueños o accionistas), sus oficinas centrales están en el extranjero, sus operaciones están ubicadas en varios continentes, y sus representantes locales no son en realidad los dueños de la empresa.
Fuego de piñal en Cacao de Volcán.
Así mismo en la actualidad el país, la zona sur y los movimientos ambientales en particular, atraviesan una coyuntura compleja en la que sobresalen una serie de barreras que dificultan la organización social alrededor de causas comunes como la defensa de los ríos y la naturaleza. Entre las principales barreras a nivel país destacan la intensa polarización social generada por un profundo descontento con la política tradicional; el uso extensivo de plataformas digitales como fuentes de información, socialización y organización social; y la pobreza y desigualdad imperante en las zonas rurales, fronterizas y costeras. A nivel de la zona sur, destacan también la existencia de narrativas divergentes sobre el propósito de la naturaleza (conservación vs generación de empleo); la sensación de exclusión de los beneficios del modelo de desarrollo económico valle-centrista que impera en el país; el racismo y la discriminación contra los pueblos originarios, así como el conflicto persistente por la tenencia de la tierra en sus territorios; y finalmente la creciente penetración del narcotráfico. Como resultado de estas y otras barreras, en los últimos meses el MRV ha experimentado periodos de fragmentación, apatía, reducción de su membrecía y creciente dificultad para unir esfuerzos alrededor de proyectos que amenazan nuestros ríos.
La convicción sobre la efectividad de esta estrategia para presionar a los dueños o accionistas de Fresh Del Monte surge del estudio de la naturaleza particular de las corporaciones que, como PINDECO, cotizan en la bolsa de valores. También del ejemplo de movimientos globales como “Stop the Money Pipeline” e “Insure Our Survival” que buscan detener el financiamiento de proyectos de extracción de petróleo, carbón y gas natural mediante la movilización de personas (para que retiren sus ahorros de instituciones que financian proyectos de combustibles fósiles), la incidencia política y regulatoria (para impulsar reformas como exigir la divulgación de los riesgos climáticos de las inversiones), la capacitación de accionistas (para que presionen colectivamente y le exijan a los bancos que se alineen con los objetivos climáticos), y el desarrollo de campañas en redes sociales para educar al público sobre la conexión entre la industria financiera y la crisis climática.
Entre los ejemplos exitosos de esta estrategia figura la cancelación del seguro de propiedad del proyecto Calcasieu Pass (exportación de gas natural licuado en Luisiana, Estados Unidos) por un monto de $1.5 billones de dólares y propiedad de la empresa GNL Venture Global. Una coalición de organizaciones locales e internacionales temerosas de que el proyecto agravara la grave contaminación, los daños a la salud y el impacto climático en la región presionaron con éxito al gigante global de seguros Chubb, y a otras aseguradoras, para que abandonaran el proyecto y no le extendieran el seguro de propiedad. Entre las tácticas utilizadas por la coalición figuran: a) presión personal mediante campañas de redacción de cartas a miembros de la junta directiva de las compañías de seguros y la corporación; b) interrupción de eventos públicos de gran visibilidad (por ejemplo, eventos deportivos patrocinados por las aseguradoras) para protestar; c) enfoque de racismo ambiental: campaña informativa destacando que muchas instalaciones de GNL Venture Global están ubicadas en comunidades pobres; y d) uso de leyes de información pública para revelar cuales empresas financian el proyecto.
Una corporación es un tipo de empresa que la ley considera como una entidad independiente pero que es propiedad de varios accionistas. Las corporaciones que cotizan en la bolsa de valores, como Fresh Del Monte, venden sus acciones (valores) al público en general, pero principalmente a bancos, fondos de inversión, fondos de pensiones y compañía aseguradoras. La compra de estas acciones (stocks o shares) convierte a estas entidades financieras en los verdaderos propietarios de la empresa.
Las acciones de Fresh Del Monte actualmente se cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (New York Stock Exchange) bajo el código bursátil: FDP. A finales de 2024 el patrimonio neto (activos totales menos pasivos totales) de Fresh Del Monte era de ($1.54 billion) mil quinientos cuarenta millones de dólares, mientras que sus ingresos totales en ese año fueron de ($142.2 million) ciento cuarenta y dos millones doscientos mil dólares.
Los actuales propietarios de Fresh Del Monte son una combinación de inversionistas institucionales e individuales. El mayor accionista individual es el director ejecutivo, Mohammad Abu-Ghazaleh, quien junto con su familia es dueño del 10,59% de las acciones de la corporación. Entre los principales accionistas institucionales (fondos de inversión, bancos) figuran BlackRock, Inc. con más de 5,6 millones de acciones que corresponden al 11,25% del total de acciones;The Vanguard Group, Inc. es el segundo mayor accionista institucional con 4,8 millones de acciones que corresponden al 10,14% del total de acciones. Otros accionistas institucionales incluyen: Dimensional Fund Advisors LP (6,96% de las acciones); Wasatch Advisors LP; LSV Asset Management; American Century Investment Management Inc.; State Street Global Advisors, Inc.; DFA Australia Ltd; JPMorgan Chase & Co.; y Principal Financial Group Inc.
Además de los fondos de inversión (que invierten los ahorros de miles de personas e instituciones), entre los inversionistas institucionales destacan también los grandes fondos de pensión, quienes invierten las pensiones de miles de empleados públicos y privados de los Estados Unidos y otros países del norte global. Estos últimos, son dueños colectivamente de aproximadamente el 66,5% de las acciones de Fresh Del Monte. Entre los principales fondos de pensión se encuentran: California State Teachers Retirement System; Public Sector Pension Investment Board (Canada); Norges Bank (el Banco Central de Noruega, que administra el Fondo de Pensiones Global del Gobierno); Illinois Municipal Retirement Fund; y Teacher Retirement System of Texas.
Sedimento en quebrada La Maura, Volcán de Buenos Aires.
En apego a la segunda estrategia postulada, y con apoyo de coaliciones internacionales, miembros del MRV han sido parte de cuatro acciones diferentes buscando promover un dialogo abierto, transparente y compasivo con representantes de Fresh Del Monte. En primera instancia, hace 5 años, se envió una carta a representantes de la Agencia de Cooperación Internacional de Alemania (GIZ) cuestionando su alianza con Fresh Del Monte que resultó en la “corporatización” de la gestión del agua en la subcuenca del rio Volcán. Seguidamente, en colaboración con Arado Comunicación Alternativa (SURCOS Digital) se realizó una presentación paralela en la Conferencia del Agua de las Naciones Unidas 2023, enfatizando la urgente necesidad de cuestionar el rol del sector privado, particularmente las corporaciones, en el establecimiento de la política global del agua, y al nivel de la cuenca hidrográfica. En octubre del 2024, previo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), movimientos ecologistas enviaron una carta a reconocidos líderes ambientales costarricenses en el extranjero cuestionando nuevamente el liderazgo del sector privado en los espacios de formulación de políticas sobre clima, biodiversidad y agua. Finalmente, el año pasado, y en colaboración con el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP) y el Frente Nacional de Lucha, se suscribió un llamado a la comunidad financiera internacional y del sector de los seguros solicitando apoyo para promover una urgente conversación sobre la creciente vulnerabilidad ambiental y económica del cultivo de piña industrial en Costa Rica, acrecentada por la crisis climática acelerada que nos afecta.
En conclusión, es importante considerar que economías dependientes como la costarricense, que se han abierto al comercio global y a la inversión extranjera, tienden a atraer corporaciones transnacionales con el apoyo de gobiernos locales que les facilitan la explotación de los recursos, la flexibilización de regulaciones laborales y ambientales, la oferta de incentivos fiscales, y la reducción de barreras comerciales. Ante esta realidad, las organizaciones ambientales deben desarrollar estrategias innovadoras que les permitan presionar directamente a los propietarios de dichas corporaciones, a los gobiernos que las apoyan, y en los espacios en que inciden organizaciones internacionales intergubernamentales (como la Conferencia de las Partes (COP) sobre el Cambio Climático, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el CEO Water Mandate, etc.) que también pueden presionar directamente a las corporaciones y los gobiernos que las apoyan.
En la foto de cabecera se aprecia el riego de piña con agua del Rio Volcán.
El Hospital sin Paredes sigue siendo una de esas experiencias que nos recuerdan que la salud nace en la comunidad. Hoy compartimos una reedición histórica y dos entrevistas con Enid Cruz que nos ayudan a volver sobre esa memoria viva y necesaria.
¿Por qué leer y ver este material?
* Porque muestra cómo la salud se construyó caminando con la gente, no desde un escritorio.
* Porque recuerda la visión del Dr. Ortiz y su apuesta por un modelo cercano, humano y participativo.
* Porque ofrece aprendizajes para pensar hoy los bienes comunes sociales: participación, organización y soluciones colectivas.
* Porque esta historia sigue siendo una brújula para defender una salud pública que escuche y responda a las comunidades.
* Porque necesitamos volver a experiencias que demostraron que otro modelo de atención sí era —y es— posible.
El Movimiento Ciudadano Pro Plan Regulador de Escazú convoca a una reunión general el lunes 24 de noviembre, a las 6:30 p.m., en la sede de CODECE en San Antonio. La invitación está dirigida a todas las personas, organizaciones y colectivos que han venido articulando esfuerzos para garantizar una participación ciudadana efectiva en la construcción del nuevo Plan Regulador de Escazú.
Esta convocatoria se enmarca en un momento significativo para el cantón. Tal como informó la Municipalidad de Escazú en su sitio oficial —ejemplificado en la imagen sobre la próxima asamblea distrital de San Antonio para elegir representación ciudadana en la Comisión del Plan Regulador— el proceso de conformación de espacios participativos se está extendiendo a todos los distritos del cantón. En el caso de San Antonio, la asamblea distrital ampliada será el miércoles 3 de diciembre, en el Salón Distrital, para la elección de la persona representante de la sociedad civil para el período 2024–2028.
Un logro histórico construido desde la ciudadanía
Según detallan las organizaciones convocantes, este momento es producto de meses de civismo, educación, conocimiento colectivo y organización comunitaria. Gracias a la articulación de diversos colectivos el Concejo Municipal aprobó, con 5 votos a favor y 2 en contra, la instauración de la Comisión del Plan Regulador con participación ciudadana, un avance calificado como histórico para la gobernanza local.
Este hito abre un camino hacia un proceso más transparente, democrático y alineado con las necesidades reales de los barrios y comunidades del cantón.
Próximos pasos
La reunión del 24 de noviembre permitirá:
Coordinar la participación del movimiento frente a las asambleas distritales.
Definir estrategias conjuntas para consolidar una representación amplia y legítima.
Informar a las personas asistentes sobre el avance del proceso y los roles ciudadanos en la Comisión del Plan Regulador.
Fortalecer el trabajo colectivo de cara a las próximas etapas.
Las organizaciones hacen un llamado a mantener la unidad que ha caracterizado el proceso: “Porque cuando el pueblo se une, Escazú avanza”.
Imagen de cabecera: una de las actividades de participación ciudadana en este proceso.
Los problemas que aquejan a la sociedad como corrupción, narcotráfico, crimen organizado, falta de oportunidades, pobreza etc. no tienen soluciones simples, ni dependen solo de personas, demandan entender los problemas y actuar sobre las causas para poder resolverlos.
Soluciones aparentemente radicales para acabar en con el crimen organizado, tales como cárceles más grandes o leyes más fuertes, si no afectan el origen y causas del delito, terminan llenando las cárceles de delincuentes menores, mientras los autores intelectuales permanecen impunes.
En países como los latinoamericanos, donde la corrupción tiene raíces históricas y está profundamente arraigada en las estructuras de poder, desde donde se propaga en cascada, las medidas represivas tienen poco impacto si prolifera la impunidad en la parte superior de la pirámide institucional.
La corrupción como se sabe es la base en que se fundamentó el clientelismo político, esto es el manejo del poder por dádivas para manipular las decisiones de las personas impidiendo su desarrollo ciudadano y organizacional. A su vez el clientelismo le abre las puertas al poder económico del narcotráfico y del crimen organizado.
¿Estamos condenados, por ser endémica la corrupción, a seguir siendo países imposibles de gobernar y destinados a ser pasto del crimen organizado? No, en absoluto si actuamos sobre las verdaderas causas generadoras, esto es, por una parte, sobre la impunidad en las altas esferas y por otra en la descentralización depositando los controles en las sociedades organizadas local y regionalmente. Comunidades y regiones con capital social, no articuladas por las mafias clientelistas.
Tenemos como ejemplo a países como Singapur, China o Vietnam afectados en el pasado seriamente por la corrupción, que decidieron acabar con la impunidad en los altos mandos con medidas ejemplares que desalentaron a los subordinados, que se cobijaban con el paraguas de los altos jerarcas, de seguir por un camino de alto riesgo personal.
Una vez que se acaba la impunidad en los altos mandos, disminuye la corrupción en los niveles inferiores y los recursos y servicios empiezan a alcanzar para todos. Por otra parte, la descentralización y la alfabetización organizacional generada en la práctica por las comunidades, sirve de control efectivo sobre la forma en que se utilizan los recursos acelerando el progreso de las comunidades.
La solidaridad y la creatividad se encuentran en un mismo espacio.
Te invitamos a la III Feria de Economía Social Solidaria este 01 y 02 de noviembre, en la Antigua Aduana.
Horario: de 9 a.m. a 6 p.m.
Entrada gratuita
Vení a conocer organizaciones, productos, iniciativas y experiencias que celebran el trabajo conjunto y la transformación social. Estarán participando organizaciones de todas las regiones del país, cada organización representa a varias familias que se organizan para fortalecer las economías desde los territorios.
Co-organiza: Programa de Economía Social Solidaria y el TCU 607 Comer Orgánico de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica junto a diversas instituciones y organizaciones.
En tiempos donde las grandes corporaciones agroindustriales imponen sus intereses sobre los territorios, las semillas y la vida misma, la soberanía alimentaria emerge como una iniciativa política de los pueblos. Es el derecho de las comunidades a decidir qué producir, cómo alimentarse y de qué manera cuidar la tierra que les sostiene. En Costa Rica, este principio se teje con fuerza desde la Economía Social Solidaria (ESS) y los Circuitos Económicos Solidarios (CES) impulsados por la Red Nacional de Economía Social y Solidaria (RedESS).
La soberanía alimentaria como resistencia
Durante más de tres décadas, el modelo neoliberal ha erosionado los tejidos comunitarios, desplazado a pequeños productores y subordinado la alimentación al mercado global. En contraposición, los movimientos solidarios costarricenses han defendido la producción agroecológica, los saberes ancestrales y la autogestión territorial, construyendo desde abajo alternativas concretas frente al poder corporativo de las transnacionales.
Los mercados solidarios, las canastas agroecológicas y las redes locales de intercambio son ejemplos de cómo la soberanía alimentaria se materializa en prácticas cotidianas. No se trata solo de producir alimentos, sino de recuperar el control sobre los medios de vida y sobre el sentido del trabajo, priorizando el bienestar colectivo sobre el lucro.
Tejiendo redes de esperanza
Entre 2020 y 2024, la RedESS demostró que la organización comunitaria puede sostener la vida en medio de la crisis. Frente al colapso de los mercados globales durante la pandemia, las redes territoriales solidarias distribuyeron alimentos, equipos y apoyo mutuo, canalizando recursos con transparencia y equidad. Así se confirmó que la solidaridad organizada es más eficaz que la caridad vertical, y que la soberanía alimentaria se construye desde la confianza y la cooperación.
Cada mercado solidario, cada semilla intercambiada, cada compra de productos alimentarios campesinos, representa una forma de resistencia frente al dominio de las corporaciones que mercantilizan la comida, privatizan el agua y destruyen los suelos.
Contra el acaparamiento y por el bien común
El avance de las transnacionales agroalimentarias amenaza la diversidad biológica y cultural. Su poder se sostiene sobre la concentración de tierras, el control corporativo de los mercados de productos alimentarios, y la manipulación genética de semillas. Frente a ello, los pueblos deben reivindicar su derecho a cultivar, compartir y decidir. La soberanía alimentaria no puede ser garantizada por el mercado: solo los pueblos organizados pueden protegerla.
Llamado a la acción
Hoy más que nunca, defender la soberanía alimentaria es defender la vida. RedESS hace un llamado a:
Fortalecer los circuitos económicos solidarios, que unen productores y consumidores conscientes.
Apoyar la producción agroecológica local, libre de agroquímicos y de dependencia corporativa.
Exigir políticas públicas que reconozcan a la ESS como pilar del desarrollo territorial sostenible.
Promover la educación y comunicación popular, para visibilizar las luchas de las comunidades rurales y urbanas.
Construir alianzas latinoamericanas, porque la soberanía alimentaria no tiene fronteras.
La soberanía alimentaria no es una utopía lejana. Es una práctica viva que germina en los huertos comunitarios, en los mercados solidarios y en las manos que siembran con amor y dignidad. Es la respuesta de los pueblos frente a un sistema que pone precio a la vida.
Defendamos la soberanía alimentaria. Resistamos la dominación transnacional. Alimentemos el futuro desde la solidaridad.
El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica presenta los boletines Demo-crítica, una serie de reflexiones colectivas nacidas en el curso-taller “Elecciones 2026: Herramientas para la lectura crítica de propuestas socioambientales”. Esta producción reúne diálogos, aprendizajes y herramientas construidas por comunidades, colectivos, organizaciones y personas comprometidas con la defensa de la democracia y la justicia socioambiental.
Más que conclusiones definitivas, los boletines son semillas de pensamiento crítico y acción comunitaria que buscan nutrir el debate público y fortalecer la organización social en el marco de las elecciones nacionales del 2026. El contexto es desafiante: discursos políticos maquillados de verde, criminalización de la protesta, proyectos extractivos y la necesidad urgente de construir alternativas desde los territorios.
Democracia en disputa
Uno de los ejes centrales del taller fue repensar la democracia más allá de las urnas. Se evidenció cómo la captura del poder por élites económicas y la mercantilización de la naturaleza muestran una erosión democrática. La democracia, señalan los aportes colectivos, debe vivirse día a día en la defensa del agua, los territorios indígenas, los bosques y en la organización comunitaria.
El “desarrollo” como trampa discursiva
Se identificó cómo términos como sostenibilidad, carbono neutralidad o economía verde funcionan muchas veces como ropajes discursivos que legitiman megaproyectos turísticos, hidroeléctricos y monocultivos que generan despojo y desigualdad.
Criminalización de la protesta
El curso también abordó la creciente criminalización de la protesta social en Costa Rica. Desde la Ley Antihuelgas hasta la falta de ratificación del Acuerdo de Escazú, se debilita la protección de defensoras y defensores ambientales. Recordar las muertes de Sergio Rojas y Jerhy Rivera refuerza la urgencia de visibilizar la protesta como un motor democrático, no como una amenaza.
Herramientas para el análisis electoral
Entre los principales aportes destacan:
Matrices de análisis para detectar trampas discursivas y beneficiarios reales de los proyectos.
Hoja de ruta socioambiental 2026, no solo como lista de reclamos, sino como horizonte de vigilancia y organización.
Estrategias de comunicación diversa, desde lo digital hasta el arte y el humor, para disputar sentidos frente al marketing político.
Más allá de las urnas
Los boletines concluyen que el poder real no se agota en el voto: la democracia y la justicia socioambiental se construyen cada día en los territorios, en la calle y en las comunidades. El proceso electoral es un escenario clave, pero no definitivo.
Boletines publicados
Boletín 1 (8 agosto 2025): Democracia y bienes comunes en disputa.
Boletín 2 (23 agosto 2025): Discursos verdes y desigualdades socioambientales.
Boletín 3 (29 agosto 2025): Criminalización de la protesta y organización social.
Boletín 4 (5 septiembre 2025): Hoja de ruta y comunicación política desde los territorios.
👉 Puede acceder al documento completo en el siguiente enlace:
