El Movimiento Ciudadano Pro Plan Regulador de Escazú convoca a una reunión general el lunes 24 de noviembre, a las 6:30 p.m., en la sede de CODECE en San Antonio. La invitación está dirigida a todas las personas, organizaciones y colectivos que han venido articulando esfuerzos para garantizar una participación ciudadana efectiva en la construcción del nuevo Plan Regulador de Escazú.
Esta convocatoria se enmarca en un momento significativo para el cantón. Tal como informó la Municipalidad de Escazú en su sitio oficial —ejemplificado en la imagen sobre la próxima asamblea distrital de San Antonio para elegir representación ciudadana en la Comisión del Plan Regulador— el proceso de conformación de espacios participativos se está extendiendo a todos los distritos del cantón. En el caso de San Antonio, la asamblea distrital ampliada será el miércoles 3 de diciembre, en el Salón Distrital, para la elección de la persona representante de la sociedad civil para el período 2024–2028.
Un logro histórico construido desde la ciudadanía
Según detallan las organizaciones convocantes, este momento es producto de meses de civismo, educación, conocimiento colectivo y organización comunitaria. Gracias a la articulación de diversos colectivos el Concejo Municipal aprobó, con 5 votos a favor y 2 en contra, la instauración de la Comisión del Plan Regulador con participación ciudadana, un avance calificado como histórico para la gobernanza local.
Este hito abre un camino hacia un proceso más transparente, democrático y alineado con las necesidades reales de los barrios y comunidades del cantón.
Próximos pasos
La reunión del 24 de noviembre permitirá:
Coordinar la participación del movimiento frente a las asambleas distritales.
Definir estrategias conjuntas para consolidar una representación amplia y legítima.
Informar a las personas asistentes sobre el avance del proceso y los roles ciudadanos en la Comisión del Plan Regulador.
Fortalecer el trabajo colectivo de cara a las próximas etapas.
Las organizaciones hacen un llamado a mantener la unidad que ha caracterizado el proceso: “Porque cuando el pueblo se une, Escazú avanza”.
Imagen de cabecera: una de las actividades de participación ciudadana en este proceso.
Los problemas que aquejan a la sociedad como corrupción, narcotráfico, crimen organizado, falta de oportunidades, pobreza etc. no tienen soluciones simples, ni dependen solo de personas, demandan entender los problemas y actuar sobre las causas para poder resolverlos.
Soluciones aparentemente radicales para acabar en con el crimen organizado, tales como cárceles más grandes o leyes más fuertes, si no afectan el origen y causas del delito, terminan llenando las cárceles de delincuentes menores, mientras los autores intelectuales permanecen impunes.
En países como los latinoamericanos, donde la corrupción tiene raíces históricas y está profundamente arraigada en las estructuras de poder, desde donde se propaga en cascada, las medidas represivas tienen poco impacto si prolifera la impunidad en la parte superior de la pirámide institucional.
La corrupción como se sabe es la base en que se fundamentó el clientelismo político, esto es el manejo del poder por dádivas para manipular las decisiones de las personas impidiendo su desarrollo ciudadano y organizacional. A su vez el clientelismo le abre las puertas al poder económico del narcotráfico y del crimen organizado.
¿Estamos condenados, por ser endémica la corrupción, a seguir siendo países imposibles de gobernar y destinados a ser pasto del crimen organizado? No, en absoluto si actuamos sobre las verdaderas causas generadoras, esto es, por una parte, sobre la impunidad en las altas esferas y por otra en la descentralización depositando los controles en las sociedades organizadas local y regionalmente. Comunidades y regiones con capital social, no articuladas por las mafias clientelistas.
Tenemos como ejemplo a países como Singapur, China o Vietnam afectados en el pasado seriamente por la corrupción, que decidieron acabar con la impunidad en los altos mandos con medidas ejemplares que desalentaron a los subordinados, que se cobijaban con el paraguas de los altos jerarcas, de seguir por un camino de alto riesgo personal.
Una vez que se acaba la impunidad en los altos mandos, disminuye la corrupción en los niveles inferiores y los recursos y servicios empiezan a alcanzar para todos. Por otra parte, la descentralización y la alfabetización organizacional generada en la práctica por las comunidades, sirve de control efectivo sobre la forma en que se utilizan los recursos acelerando el progreso de las comunidades.
La solidaridad y la creatividad se encuentran en un mismo espacio.
Te invitamos a la III Feria de Economía Social Solidaria este 01 y 02 de noviembre, en la Antigua Aduana.
Horario: de 9 a.m. a 6 p.m.
Entrada gratuita
Vení a conocer organizaciones, productos, iniciativas y experiencias que celebran el trabajo conjunto y la transformación social. Estarán participando organizaciones de todas las regiones del país, cada organización representa a varias familias que se organizan para fortalecer las economías desde los territorios.
Co-organiza: Programa de Economía Social Solidaria y el TCU 607 Comer Orgánico de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica junto a diversas instituciones y organizaciones.
En tiempos donde las grandes corporaciones agroindustriales imponen sus intereses sobre los territorios, las semillas y la vida misma, la soberanía alimentaria emerge como una iniciativa política de los pueblos. Es el derecho de las comunidades a decidir qué producir, cómo alimentarse y de qué manera cuidar la tierra que les sostiene. En Costa Rica, este principio se teje con fuerza desde la Economía Social Solidaria (ESS) y los Circuitos Económicos Solidarios (CES) impulsados por la Red Nacional de Economía Social y Solidaria (RedESS).
La soberanía alimentaria como resistencia
Durante más de tres décadas, el modelo neoliberal ha erosionado los tejidos comunitarios, desplazado a pequeños productores y subordinado la alimentación al mercado global. En contraposición, los movimientos solidarios costarricenses han defendido la producción agroecológica, los saberes ancestrales y la autogestión territorial, construyendo desde abajo alternativas concretas frente al poder corporativo de las transnacionales.
Los mercados solidarios, las canastas agroecológicas y las redes locales de intercambio son ejemplos de cómo la soberanía alimentaria se materializa en prácticas cotidianas. No se trata solo de producir alimentos, sino de recuperar el control sobre los medios de vida y sobre el sentido del trabajo, priorizando el bienestar colectivo sobre el lucro.
Tejiendo redes de esperanza
Entre 2020 y 2024, la RedESS demostró que la organización comunitaria puede sostener la vida en medio de la crisis. Frente al colapso de los mercados globales durante la pandemia, las redes territoriales solidarias distribuyeron alimentos, equipos y apoyo mutuo, canalizando recursos con transparencia y equidad. Así se confirmó que la solidaridad organizada es más eficaz que la caridad vertical, y que la soberanía alimentaria se construye desde la confianza y la cooperación.
Cada mercado solidario, cada semilla intercambiada, cada compra de productos alimentarios campesinos, representa una forma de resistencia frente al dominio de las corporaciones que mercantilizan la comida, privatizan el agua y destruyen los suelos.
Contra el acaparamiento y por el bien común
El avance de las transnacionales agroalimentarias amenaza la diversidad biológica y cultural. Su poder se sostiene sobre la concentración de tierras, el control corporativo de los mercados de productos alimentarios, y la manipulación genética de semillas. Frente a ello, los pueblos deben reivindicar su derecho a cultivar, compartir y decidir. La soberanía alimentaria no puede ser garantizada por el mercado: solo los pueblos organizados pueden protegerla.
Llamado a la acción
Hoy más que nunca, defender la soberanía alimentaria es defender la vida. RedESS hace un llamado a:
Fortalecer los circuitos económicos solidarios, que unen productores y consumidores conscientes.
Apoyar la producción agroecológica local, libre de agroquímicos y de dependencia corporativa.
Exigir políticas públicas que reconozcan a la ESS como pilar del desarrollo territorial sostenible.
Promover la educación y comunicación popular, para visibilizar las luchas de las comunidades rurales y urbanas.
Construir alianzas latinoamericanas, porque la soberanía alimentaria no tiene fronteras.
La soberanía alimentaria no es una utopía lejana. Es una práctica viva que germina en los huertos comunitarios, en los mercados solidarios y en las manos que siembran con amor y dignidad. Es la respuesta de los pueblos frente a un sistema que pone precio a la vida.
Defendamos la soberanía alimentaria. Resistamos la dominación transnacional. Alimentemos el futuro desde la solidaridad.
El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica presenta los boletines Demo-crítica, una serie de reflexiones colectivas nacidas en el curso-taller “Elecciones 2026: Herramientas para la lectura crítica de propuestas socioambientales”. Esta producción reúne diálogos, aprendizajes y herramientas construidas por comunidades, colectivos, organizaciones y personas comprometidas con la defensa de la democracia y la justicia socioambiental.
Más que conclusiones definitivas, los boletines son semillas de pensamiento crítico y acción comunitaria que buscan nutrir el debate público y fortalecer la organización social en el marco de las elecciones nacionales del 2026. El contexto es desafiante: discursos políticos maquillados de verde, criminalización de la protesta, proyectos extractivos y la necesidad urgente de construir alternativas desde los territorios.
Democracia en disputa
Uno de los ejes centrales del taller fue repensar la democracia más allá de las urnas. Se evidenció cómo la captura del poder por élites económicas y la mercantilización de la naturaleza muestran una erosión democrática. La democracia, señalan los aportes colectivos, debe vivirse día a día en la defensa del agua, los territorios indígenas, los bosques y en la organización comunitaria.
El “desarrollo” como trampa discursiva
Se identificó cómo términos como sostenibilidad, carbono neutralidad o economía verde funcionan muchas veces como ropajes discursivos que legitiman megaproyectos turísticos, hidroeléctricos y monocultivos que generan despojo y desigualdad.
Criminalización de la protesta
El curso también abordó la creciente criminalización de la protesta social en Costa Rica. Desde la Ley Antihuelgas hasta la falta de ratificación del Acuerdo de Escazú, se debilita la protección de defensoras y defensores ambientales. Recordar las muertes de Sergio Rojas y Jerhy Rivera refuerza la urgencia de visibilizar la protesta como un motor democrático, no como una amenaza.
Herramientas para el análisis electoral
Entre los principales aportes destacan:
Matrices de análisis para detectar trampas discursivas y beneficiarios reales de los proyectos.
Hoja de ruta socioambiental 2026, no solo como lista de reclamos, sino como horizonte de vigilancia y organización.
Estrategias de comunicación diversa, desde lo digital hasta el arte y el humor, para disputar sentidos frente al marketing político.
Más allá de las urnas
Los boletines concluyen que el poder real no se agota en el voto: la democracia y la justicia socioambiental se construyen cada día en los territorios, en la calle y en las comunidades. El proceso electoral es un escenario clave, pero no definitivo.
Boletines publicados
Boletín 1 (8 agosto 2025): Democracia y bienes comunes en disputa.
Boletín 2 (23 agosto 2025): Discursos verdes y desigualdades socioambientales.
Boletín 3 (29 agosto 2025): Criminalización de la protesta y organización social.
Boletín 4 (5 septiembre 2025): Hoja de ruta y comunicación política desde los territorios.
👉 Puede acceder al documento completo en el siguiente enlace:
En medio del paisaje cafetalero de la zona de Los Santos, un nuevo audiovisual producido por Prisma Latinoamérica propone mirar más allá del grano de café. El documental titulado Los Santos: un sendero experimentado para el desarrollo nacional pone en primer plano la historia de comunidades que no han esperado soluciones desde los gobiernos de turno, sino que han construido el cambio desde sus propios territorios, con esfuerzo, organización y dignidad.
A través de testimonios y reflexiones desde la base comunitaria, el video destaca cómo, en un contexto nacional marcado por la incertidumbre, Los Santos ha tejido redes de colaboración, abierto mercados alternativos y fortalecido su vida comunal, a pesar de políticas públicas que a menudo excluyen e invisibilizan a las regiones rurales.
Más allá de una historia sobre café, este trabajo habla de resistencia, innovación, autonomía y justicia. Es una invitación a repensar el modelo de país desde lo local, a descentralizar las decisiones sobre salud, educación, seguridad y ambiente, y a reconocer que el desarrollo puede nacer desde los territorios.
Le invitamos a ver el cortometraje completo y a sumarse a la reflexión sobre cómo fortalecer nuestro país desde nuestras comunidades.
Foros públicos abordarán el problema y las amenazas de los rellenos sanitarios
Hay consenso entre todos los sectores involucrados en la disputa por el manejo de los residuos: se trata de una “bomba de tiempo” que amenaza con desatar un caos de múltiples dimensiones. Podría convertirse en una emergencia ambiental, social y sanitaria sin precedentes en las últimas décadas, ya que existen suficientes antecedentes y condiciones para ello.
Por un lado, la empresa Berthier EBI ha iniciado un arbitraje internacional contra el Estado costarricense ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), alegando una expropiación de facto por parte de las municipalidades de Alajuela y Montes de Oro. Otro factor que podría detonar la crisis en la gestión de residuos del país es el cierre proyectado del relleno en La Carpio.
En este contexto, el Ministerio de Salud busca «pasar la papa caliente» mediante la imposición de un nuevo reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos. Este ha sido duramente criticado por las municipalidades, al considerar que excede las competencias del ente rector, vulnera los principios de proporcionalidad y razonabilidad, e impone plazos y obligaciones sin tomar en cuenta los tiempos y costos legales que enfrentan los gobiernos locales para implementar nuevos servicios.
Costa Rica cuenta con más de siete décadas de legislación y políticas en materia de residuos. Sin embargo, en la práctica ha prevalecido un único modelo: los mega rellenos o sitios de disposición final, operados por empresas privadas. En lugar de avanzar hacia las soluciones reales establecidas por ley, se ha facilitado el camino al monopolio transnacional, se ha diluido la rectoría entre el MINAE y el Ministerio de Salud, y se ha criminalizado a las comunidades que resisten.
Estos mega rellenos se ubican principalmente en cantones periféricos y menos urbanizados del Gran Área Metropolitana, convertidos en verdaderos territorios de sacrificio: zonas marcadas por la contaminación y tratadas como descartables por el modelo de desarrollo dominante. Esto se ve agravado por el racismo ambiental, donde los impactos recaen desproporcionadamente sobre comunidades empobrecidas y periféricas.
En Costa Rica, comunidades como Pavas, Ciudad Colón, Río Azul, La Carpio, Santa Ana, Belén, Mora, Cartago, Desamparados, Esparza y Miramar han luchado contra este modelo desde los años 90. Algunas, como Río Azul, Desamparados y La Carpio, han perdido estas batallas y hoy viven las consecuencias.
Por ejemplo, en Miramar de Puntarenas, la Asociación Civil Pro Natura ha denunciado múltiples agresiones ambientales: los pasivos de la minería, un vertedero abandonado por la Municipalidad de Puntarenas tras su clausura, y actualmente, un relleno sanitario operado por el Grupo Rabsa. Además, enfrenta un nuevo proyecto: el Parque de Tecnología Ambiental Galagarza, impulsado por EBI de Costa Rica S.A., que ha generado fuerte rechazo. Otros cantones como Mora, Turrubares, Osa y Alajuela también enfrentan amenazas similares.
Frente a este escenario, las comunidades se están organizando para enfrentar en conjunto la basurización de sus territorios. Una de sus acciones serán dos foros públicos en línea (https://www.facebook.com/surcosdigital), que buscan visibilizar las luchas, resistencias y alternativas frente al modelo de gestión de residuos basado en mega botaderos y tecnologías contaminantes.
Los foros están organizados por la Alianza por una Vida Digna, SURCOS Digital, Asociación Civil Pro Natura, Movimiento Cívico No al Basurero en Mora, el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes de la Escuela de Geografía de la UCR y Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social.
Primer foro: «Territorios de sacrificio y resistencia a la basurización» Se realizará el lunes 21 de julio a las 6:00 p.m. por Facebook Live de SURCOS Digital. Este espacio busca visibilizar los impactos sociales y ambientales de los rellenos sanitarios en comunidades como Miramar, Desamparados, Cariari y La Carpio. Participarán Katya Chacón, presidenta de la Asociación Iniciativas Comunales de Desamparados; Melissa Flores, líder comunal de Residencial Ciudad Cariari; Dayana Rojas Venegas, ingeniera en Biotecnología con maestría en Responsabilidad Social Corporativa y presidenta de la Asociación Civil Pro Natura; y el Dr. Ronal Arrieta, doctor en Biotecnología, académico pensionado de la UCR y especialista en manejo ecológico de residuos sólidos.
Segundo foro: «Territorios amenazados por la basurización» Se llevará a cabo el lunes 28 de julio a las 6:00 p.m., también por Facebook Live de SURCOS Digital. Este espacio busca compartir experiencias de organización comunitaria y defensa territorial frente a proyectos de basurización en Mora, Turrúcares, Osa y Miramar. Participarán Sergio Ramírez, informático, empresario y vecino de Salamá de Osa; Dayana Rojas Venegas, presidenta de la Asociación Civil Pro Natura; Ronulfo Morera, del Movimiento Cívico No al Basurero en Mora; Karla Segura, de la Comisión de Lucha contra el Basurero de Turrúcares; y el M.Sc. Álvaro Sagot, abogado especialista en derecho ambiental y profesor de la UCR.
Esta serie de foros busca construir un espacio de diálogo crítico y propositivo frente a un modelo fallido de gestión de residuos. Invitamos a todas las personas a difundir y apoyar esta iniciativa.
Con apoyo del proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
Esta nota forma parte de una producción audiovisual realizada por el Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR), en colaboración con comunidades organizadas en los Estados Unidos. El trabajo documenta una experiencia inspiradora de lucha popular por el derecho a la vivienda en una de las ciudades más desiguales del mundo: Los Ángeles, California.
En medio de una profunda crisis habitacional global, donde millones enfrentan desalojos, rentas impagables y condiciones indignas, el Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles se ha convertido en un referente de resistencia urbana, organización comunitaria y poder popular. Esta producción recoge los testimonios de personas migrantes, trabajadoras e inquilinas que, cansadas de los abusos de propietarios y el abandono de las autoridades, decidieron organizarse para defender sus hogares, sus derechos y sus comunidades.
Desde barrios como Boyle Heights, Koreatown y el Valle de Sacramento, las voces protagonistas relatan cómo la falta de regulación al mercado inmobiliario ha dejado a miles en riesgo constante de desalojo. “Vivimos en una ciudad donde más del 60 % de las personas alquilan, pero las decisiones se toman para beneficiar a los dueños”, denuncia Cristina Sánchez Juárez, cofundadora del sindicato. “Formamos este movimiento porque no había una voz que nos representara. No se trata solo de sobrevivir al desalojo, se trata de construir comunidad”.
El video retrata cómo el sindicalismo inquilino, basado en principios de educación popular, autonomía organizativa y solidaridad barrial, ha permitido a estas comunidades no solo resistir desalojos, sino organizar huelgas de renta, recuperar espacios comunes y transformar el miedo en poder colectivo. “Nos están expulsando de nuestras casas, de nuestras ciudades, de nuestra historia”, expresa Daniela Líez, vecina de Boyle Heights. “Pero al unirnos, aprendimos que no estamos solas. El sindicato no es solo para enfrentar emergencias, es un espacio de formación, de acompañamiento y de transformación social”.
Además de visibilizar los impactos de la crisis inmobiliaria en los sectores populares y migrantes, el documental establece un puente con las experiencias organizativas en Centroamérica, particularmente en Costa Rica. Durante su visita, miembros del sindicato participaron en espacios de intercambio con comunidades locales, reconociendo en la pedagogía popular un pilar fundamental para sostener procesos de largo plazo. “Venimos a aprender de las luchas que se han tejido en este territorio. Necesitamos construir redes que trasciendan fronteras”, comparten.
A diferencia de las ONG tradicionales que operan dentro de marcos institucionales, el sindicato apuesta por una organización independiente y radicalmente democrática, donde las decisiones surgen de las asambleas y donde la participación de las juventudes es clave para proyectar el movimiento hacia el futuro. “Queremos cambiar la mentalidad de ser inquilinos sin derechos. La vivienda no es una mercancía, es un derecho humano”, afirman. “Y este movimiento está creciendo, porque las personas ya no están dispuestas a aceptar la injusticia como normal”.
Este trabajo forma parte del compromiso del Observatorio de Bienes Comunes de la UCR, un espacio académico y comunitario que busca visibilizar las luchas sociales, territoriales y urbanas por la defensa de los derechos colectivos y la justicia socioambiental.
La Asociación de Mujeres Organizadas de Biolley (ASOMOBI) invita a toda la población al Festival Comunitario Tierra y Amistad, en conmemoración del Día Nacional del Felino y la Vida Silvestre.
Salón Comunal de Biolley, Buenos Aires, Puntarenas Sábado 19 de julio De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Actividad gratuita y para toda la familia
Durante el festival se realizarán actividades culturales, educativas y recreativas para todas las edades: circo, música en vivo, comidas típicas, charlas ambientales y mucho más.
Este espacio nace del compromiso de ASOMOBI por fortalecer la organización comunitaria, promover la educación ambiental y celebrar la biodiversidad local, con el apoyo del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la UNED.
Se agradece el respaldo de organizaciones aliadas como RedQuercos, EducaPILA, Ritmos Mulatos, y a Aquelarre de Arte por la creación de los diseños gráficos del evento.
El Festival Tierra y Amistad es una invitación a compartir, aprender y cuidar nuestra riqueza natural y cultural en comunidad.
Por: Bernardo Archer Moore Cahuita, 06 de julio del 2025
Mientras los representantes del Estado aceleran en silencio el desarraigo de nuestras comunidades costeras, mantienen a muchos líderes comunitarios distraídos en reuniones interminables con altos funcionarios, entretenidos entre promesas, diagnósticos y propuestas que rara vez se concretan.
Pero un día cualquiera, al despertar de ese espejismo, la realidad golpea sin aviso: la casa de un vecino, o quizás la suya, ha sido demolida por tratarse, según las autoridades, de una “ocupación precaria”.
Perder de vista que el verdadero objetivo del aparato estatal en la zona costera del Caribe Sur es apropiarse de los 200 metros de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) sin pagar un colón en indemnización, es caer en una trampa peligrosa.
Lo hacen aun cuando en esos mismos terrenos nacieron nuestros padres y abuelos, décadas antes de la existencia de la Ley 6043 de 1977, y mucho antes de leyes como la 9242, que ahora los califica como simples “poseedores precarios” del dominio público.
Ignorar esta realidad no es inocente: Es contribuir, por omisión o distracción, con los propósitos del despojo institucionalizado.
A quienes deben dedicar tiempo y lealtad estos líderes no es a los burócratas de traje y protocolo, sino a sus representados y vecinos.
Deberíamos de estar en sesión permanente con los miembros de nuestras propias familias, y vecinos, organizándonos con urgencia para enfrentar la avalancha que ya asoma en el horizonte.
Esperar a que la tormenta nos caiga encima para decidir qué hacer es, sin duda, el peor de los caminos.
Si no nos organizamos ahora, como dice el refrán: El último que salga, que apague la luz.
Reflexiones finales
Debemos recordar que nuestras tierras heredadas son más valiosas que cualquier celebración o espectáculo promovido por quienes buscan despojarnos.
Durante décadas enviamos señales equivocadas al Estado y a nuestras futuras generaciones: Actuamos como suplicantes en lugar de defensores de nuestros derechos. La prioridad debe ser la unidad familiar y comunitaria bajo el principio: todos para uno y uno para todos.
Nota:
Llamado a la acción comunitaria
La historia nos ha enseñado que la unidad comunitaria es nuestra mayor defensa frente a políticas que buscan despojarnos de nuestros territorios. Por ello, hacemos un llamado urgente a los vecinos, asociaciones y organizaciones del Caribe Sur a mantenerse en sesión permanente, organizando comités locales, participando activamente en reuniones comunitarias y fortaleciendo nuestros mecanismos de defensa colectiva.
La resistencia pacífica, la acción legal informada y la visibilidad internacional son herramientas que debemos utilizar con firmeza y determinación. El tiempo de la dispersión ha terminado. Nos corresponde defender el legado de nuestros antepasados con dignidad y unidad.
Contacto:
Asociación de Promoción de la Cultura y Defensa de los Derechos Humanos de los Habitantes de Cahuita (ACUDHECA)
