Cápsula #1 Gestores y Gestoras Locales en Acción, historias que inspiran y transforman comunidades.
Sonia Medina Matarrita es gestora local de la comunidad de La Florida, Isla Venado, en el Golfo de Nicoya. Mujer, madre, abuela y jefa de hogar, ha dedicado gran parte de su vida a la pesca artesanal y al cultivo de ostras, actividad que hoy constituye una fuente clave de empleo y desarrollo para su comunidad.
Es graduada del Técnico en Gestión Local del Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), versión Pacífico Central, promoción 2020. Ha vivido en Isla Venado toda su vida y forma parte de una familia fundadora de la comunidad. Actualmente, se desempeña como presidenta de la Asociación Local de Pescadores de La Florida, Isla Venado.
En el año 2018 fue invitada a Brasil por la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable de Costa Rica y la COFREM de Brasil, con el fin de compartir experiencias sobre la pesca artesanal costarricense y los procesos de organización comunitaria vinculados a esta actividad.
Ostras Deli: desarrollo local con enfoque sostenible
Ostras Deli es un proyecto conformado por tres granjas de ostricultura sostenible ubicadas en La Florida, Isla Venado. La iniciativa surgió a partir de la creación de un Área Marina de Pesca Responsable, dentro de la cual se establecieron estas granjas dedicadas al cultivo de ostras rizadas, un molusco altamente valorado por su aporte nutricional.
Actualmente, el proyecto representa una parte fundamental de la economía local y genera empleo para aproximadamente 24 familias, las cuales han logrado transformar su actividad pesquera mediante prácticas sostenibles y responsables con el ambiente.
Según Sonia Medina, entre los principales desafíos que enfrenta el sector pesquero se encuentran el calentamiento de las aguas, la pesca ilegal y el limitado acceso a los mercados, situaciones que impactan directamente la estabilidad económica de las comunidades costeras.
El proyecto ha contado con el apoyo de diversas instituciones públicas, entre ellas el IMAS, INCOPESCA, INDER, el Ministerio de Trabajo, la Universidad Nacional y el INA, lo que ha permitido fortalecer el proceso productivo y organizativo de la comunidad.
En su momento, el entonces presidente ejecutivo del IMAS, ministro Bermúdez, señaló que “estas granjas encierran las expectativas de reactivación laboral que impulsamos en el país, buscando balancear los resultados económicos, sociales y ambientales en la vida de las familias”. Agregó que este sistema productivo contribuye a la inocuidad del producto, al tiempo que forma parte de una estrategia para la lucha contra la pobreza mediante empleos azules, vinculados al uso responsable de los recursos hídricos.
Para Sonia, uno de los principales logros ha sido la unión comunitaria que ha generado el proyecto. “La granja ha unido a toda la comunidad. Personas que no son asociadas, e incluso que no son de la isla, nos han colaborado con sus propias manos en el proceso de construcción de este sistema”, comentó.
Actualmente, la organización trabaja en la construcción de un nuevo local comunal, con mejores condiciones de espacio y adaptación, e impulsa iniciativas para el aprovechamiento y recolección del agua, tanto para uso doméstico como para el riego de plantas, reforzando así su compromiso con la sostenibilidad ambiental y el bienestar comunitario.
Una producción audiovisual de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) presenta una explicación sobre el papel de la persona gestora local, figura vinculada con los procesos de desarrollo comunitario y participación territorial.
El material forma parte de los contenidos divulgativos asociados al Técnico en Gestión Local de la UNED, programa orientado a fortalecer las capacidades de liderazgo comunitario, organización social y gestión de iniciativas locales.
En el video se plantea la pregunta “¿Qué es una persona gestora local?”, a partir de la cual se introduce el enfoque de la gestión territorial como una herramienta para impulsar procesos de desarrollo desde las propias comunidades.
Formación para la gestión comunitaria
Según la propuesta formativa de la UNED, la persona gestora local es quien facilita procesos de articulación entre comunidades, instituciones públicas y organizaciones sociales, promoviendo iniciativas que contribuyan al bienestar colectivo y al desarrollo sostenible del territorio.
El programa de Técnico en Gestión Local busca precisamente fortalecer estas capacidades mediante herramientas para el análisis del entorno, la planificación participativa, la gestión de proyectos y la incidencia comunitaria.
Este enfoque reconoce que las comunidades poseen conocimientos y experiencias fundamentales para la construcción de soluciones a los problemas locales, y que la formación técnica puede contribuir a potenciar esos procesos.
Educación y desarrollo territorial
La producción audiovisual forma parte de los esfuerzos de la UNED por divulgar oportunidades de formación y promover el liderazgo comunitario, especialmente en territorios donde la organización social y la participación ciudadana resultan claves para impulsar proyectos de desarrollo.
La iniciativa también resalta la importancia de formar personas capaces de articular actores locales, promover procesos participativos y fortalecer la gestión comunitaria, elementos centrales en las estrategias de desarrollo territorial.
Invitamos a ver el video de la producción audiovisual de la UNED para conocer más sobre el rol de la persona gestora local y el Técnico en Gestión Local.
El movimiento socioambiental atraviesa un momento de inflexión histórica. El contexto político, social y territorial del país no solo nos interpela: nos obliga a revisar críticamente nuestras formas de organización, articulación e incidencia. No estamos ante una coyuntura más, sino ante una reconfiguración profunda del modelo de poder y de desarrollo. El desafío no es únicamente resistir retrocesos, sino comprender la magnitud del cambio en curso y redefinir estratégicamente nuestro papel en él.
Contexto
Durante décadas, Costa Rica cultivó un imaginario de excepcionalismo verde y respeto a los derechos humanos. Ese relato, aunque siempre estuvo atravesado por tensiones estructurales, funcionó como horizonte simbólico. Hoy ese imaginario se encuentra erosionado. Ya no ocupa el centro del discurso político ni del debate electoral. En su lugar emergen conflictos territoriales permanentes: disputas por el agua, turistificación desregulada, expansión de agroquímicos, privatización de bienes comunes y ausencia de planificación participativa. El conflicto dejó de ser excepcional; se volvió estructural y cotidiano.
Lo que enfrentamos no son hechos aislados, sino la expresión de un modelo de desarrollo consolidado en las últimas décadas, que privilegia la rentabilidad inmediata por encima de la sostenibilidad ecológica, la justicia ambiental y la autodeterminación comunitaria. Lo que está en juego no es únicamente la gestión técnica de los recursos naturales, sino la posibilidad misma de subsistir y permanecer dignamente en los territorios.
En este escenario se ha intensificado la criminalización de personas defensoras del ambiente. Los conflictos se desarrollan con mayor rapidez y con ciclos de violencia más cortos. El deterioro institucional ha estado acompañado de resistencia social, pero también de judicialización, persecución administrativa y campañas de desprestigio orientadas a debilitar liderazgos comunitarios. Defender el territorio implica hoy mayores riesgos.
A ello se suma un proceso de re-abandono territorial. En múltiples comunidades, el trabajo político de base fue debilitándose, dejando vacíos que han sido ocupados por narrativas autoritarias y soluciones simplificadas. Este abandono no es solo organizativo; es también simbólico. Donde el movimiento social se retiró, otros actores construyeron sentido común.
La regresión socioambiental, además, no ha operado principalmente mediante grandes reformas legislativas, sino a través de decretos, directrices y un progresivo debilitamiento técnico e institucional. Se reducen presupuestos, se desregulan controles, se erosionan capacidades estatales y se limita la autonomía de órganos técnicos creados precisamente para evitar interferencias políticas en decisiones ambientales. El resultado es una creciente concentración de poder que debilita el control democrático y compromete el derecho constitucional a un ambiente sano.
Los retrocesos son concretos: debilitamiento de áreas protegidas sin recursos suficientes, flexibilización de controles sobre agroquímicos, retrocesos en transporte público y transición energética, erosión del liderazgo ambiental internacional. Se consolida así una tendencia que redefine silenciosamente las reglas del juego.
Acciones estratégicas
Frente a este panorama, el movimiento socioambiental necesita una agenda amplia y transformadora. El recambio generacional es impostergable. Es necesario crear condiciones reales para la participación de juventudes, mujeres, pueblos indígenas, comunidades costeras y rurales, actores fuera de la Gran Área Metropolitana y colectivos emergentes con nuevas formas de organización. Muchas de estas experiencias no se estructuran bajo lógicas tradicionales; son más horizontales, autogestionadas e híbridas en sus formas de movilización. El desafío no es subordinarlas, sino dialogar y construir alianzas respetuosas que amplíen el sujeto político socioambiental.
También es imprescindible reconfigurar la articulación territorial. La agenda no puede definirse exclusivamente desde el centro. Debe construirse de afuera hacia adentro, desde las costas, las zonas rurales y los territorios indígenas hacia el debate nacional. En las periferias se están disputando los principales modelos de desarrollo del país; reconocer su centralidad estratégica es fundamental.
La protección de personas defensoras debe ocupar un lugar prioritario. En varios territorios se están enfrentando intereses extractivos, economías ilegales y dinámicas de violencia que no pueden ser asumidas en soledad. Se requiere avanzar hacia mecanismos efectivos de protección, incluso si en el corto plazo deben tener un carácter sui generis o de impulso civil, ante la insuficiencia de respuestas estatales. Al mismo tiempo, es indispensable fortalecer la vigilancia democrática sobre el uso de herramientas de seguridad e inteligencia frente a la ciudadanía organizada.
En el plano institucional, el movimiento debe sostener una incidencia permanente sobre la Asamblea Legislativa y otros espacios de decisión. No basta con reaccionar ante proyectos regresivos; es necesario anticiparse, formular propuestas, construir alianzas y mantener presencia constante en la discusión pública. La rendición de cuentas ciudadana debe convertirse en práctica sostenida y no episódica.
La disputa también es comunicacional. Es urgente fortalecer una narrativa capaz de conectar con preocupaciones cotidianas como el agua, la tierra y el acceso a bienes naturales. Sin abandonar el rigor técnico, el movimiento debe hablar en un lenguaje comprensible y movilizador, disputar el sentido común y ofrecer horizontes de futuro. La denuncia es necesaria, pero no suficiente; se requiere construir esperanza política con propuestas viables.
Finalmente, es clave aprender del contexto regional e internacional. Comprender cómo operan los autoritarismos contemporáneos, qué los fortalece y qué los debilita, permitirá anticipar escenarios y evitar errores. Existen ejemplos de concentración de poder en la región, pero también experiencias de transición democrática que ofrecen lecciones valiosas.
El desafío central no es únicamente resistir el avance extractivista o el debilitamiento institucional. Es reconstruir tejido social, reactivar presencia territorial y proponer un proyecto país basado en la justicia socioambiental. En esa tarea se juega no solo la defensa del ambiente, sino la calidad misma de nuestra democracia.
* Texto presentado en el Foro: “Desafíos de los movimientos sociales ante el rumbo del país”, organizado por la Alianza por una Vida Digna y el medio digital SURCOS, el martes 03 de marzo.
Cómo enfrentar la inseguridad ciudadana es una de las preguntas más frecuentes. Las respuestas son diversas, pero en la mayoría de los casos apuntan hacia un mayor control y presencia policial: restricción de derechos individuales, construcción de mega cárceles, instalación de cámaras de seguridad, incremento de patrullajes y detenciones, entre otras medidas. La preocupación es legítima. El aumento de homicidios y delitos es alarmante.
Las acciones represivas son indispensables. También lo son las reformas al Código Penal y a la normativa vinculada con el control y la sanción del delito, así como la asignación de recursos financieros suficientes para la capacitación, la estabilidad laboral y la especialización de los cuerpos policiales.
Sin embargo, estos cambios y acciones deben complementarse con dos tareas fundamentales que, por básicas, parecieran no desarrollarse con la profundidad y determinación necesarias: la inteligencia y la convivencia.
Profundizar y mejorar la calidad de las labores de inteligencia -especialmente en ámbitos como la legitimación de capitales, las actividades económicas sensibles, las rutas delictivas, los flujos financieros y las estructuras jerárquicas de las organizaciones criminales- es crucial. También lo es identificar y debilitar sus capacidades logísticas y económicas. Esto exige altos niveles de especialización, tecnología adecuada y mayores recursos para los cuerpos de seguridad.
Por otra parte, las comunidades más seguras no son necesariamente las que cuentan con más policías, más cárceles o más detenciones. Son aquellas donde existe mayor y mejor convivencia. Hay que fortalecer las relaciones comunitarias, promover acuerdos y reconstruir el tejido social.
La convivencia se construye mediante proyectos de desarrollo social, el mejoramiento de barrios vulnerables, una educación de calidad y programas culturales ambiciosos que potencien la identidad y la cohesión comunitaria. La organización y participación de la gente es un factor crítico de éxito para una intervención de esta naturaleza. Tiene mayor potencial el trabajo que puedan realizar equipos de promoción y activación social junto a las comunidades organizadas, que la labor llevada a cabo por equipos reducidos de policías municipales o eventos con funcionarios de Fuerza Pública organizando “mejenguitas” en los barrios,
Asimismo, se requiere una estrategia amplia de comunicación pública y la articulación de esfuerzos entre los gobiernos municipales, el gobierno central, las instituciones públicas y privadas y las organizaciones representativas de las comunidades.
A través de una acción coordinada, las municipalidades y las instituciones competentes deben impulsar proyectos de infraestructura con impacto directo en la seguridad. Garantizar que parques, salones comunales, áreas de juego infantil y otros espacios públicos sean escenarios de actividades culturales, deportivas y recreativas es otro mecanismo esencial para fortalecer la convivencia. El espacio público debe ser, ante todo, el espacio de la convivencia.
También es indispensable fomentar un mayor conocimiento de nuestros barrios. Las personas deben conocer su entorno inmediato, su geografía física y social, y ser parte activa de su comunidad.
Enfrentar la inseguridad exige firmeza institucional y cohesión social. Necesitamos un Estado más organizado, más sólido e integral, pero también una ciudadanía más participativa, más comprometida y fortalecida en su tejido social.
Participarán los 5 territorios Ngäbes de Costa Rica.
Este domingo 15 de febrero de 2026 será el torneo relámpago en donde se presentará a los equipos Ngäbes que participarán de la II Copa de Fútbol Indígena Ngäbe, que iniciará formalmente en marzo próximo.
Estarán participando 16 equipos de los cuales 10 son masculinos y 6 femeninos.
El torneo relámpago de presentación de los equipos se realizará en la cancha de Caracol de Laurel, Corredores, Zona Sur de Costa Rica.
Esta II Copa de Fútbol Indígena de Territorios Ngäbe del Sur tiene como objetivo los siguientes propósitos:
✅ Empoderar a mujeres y jóvenes futbolistas de los territorios.
✅ Fortalecer la unión entre las comunidades Ngäbe del Sur.
✅ Visibilizar el talento deportivo como herramienta de transformación social.
✅ Compartir iniciativas culturales, productivas y organizativas de cada territorio.
✅ Activar la economía local mediante la organización deportiva comunitaria.
Este torneo está organizado por Wilfrido Montezuma Rodríguez,
Leidy Ríos y David Morales, quienes son 3 líderes comunitarios comprometidos con el Deporte y la cultura Ngäbe.
Estos coordinadores cuentan con el apoyo de todos los líderes y lideresas de los Territorios Ngäbes del Sur.
SURCOS comparte la siguiente reseña de un boletín que fue enviado a nuestra redacción.
El asentamiento de Monte Alto celebró el pasado 25 de enero de 2026 un acto político de celebración y agradecimiento tras concretarse un logro histórico: después de casi diez años de lucha, las familias lograron un acuerdo que les permitirá comprar sus lotes a un precio accesible y avanzar hacia la titulación formal de la tierra.
El boletín Monte Alto: Celebración y agradecimiento recoge la memoria de un proceso colectivo que nació de la necesidad urgente de vivienda y se sostuvo gracias a la organización, la solidaridad y la perseverancia de cientos de familias trabajadoras.
Una lucha que nació de la necesidad
Monte Alto surgió cuando decenas de familias, sin acceso a vivienda y ante la existencia de terrenos sin uso social, decidieron organizarse e ingresar a la tierra. El proceso fue impulsado por personas con experiencia en luchas agrarias, entre ellas Carlos Coronado, Grace Serrano y Hernán Martínez.
Los primeros años estuvieron marcados por desalojos, destrucción de ranchos, persecución y ausencia de servicios básicos como agua y electricidad. Más de 40 viviendas fueron demolidas en uno de los episodios más duros. Sin embargo, la comunidad resistió.
Las mujeres jugaron un papel fundamental en la defensa del asentamiento, sosteniendo la organización cotidiana, el cuido de las familias y la continuidad de la lucha.
De la tierra para sembrar al derecho a la vivienda
Con el tiempo, el asentamiento creció hasta superar las 400 familias. La realidad social fue redefiniendo el sentido de la lucha: muchas personas trabajaban en la ciudad y no en agricultura, por lo que el eje pasó de la producción agrícola al derecho a la vivienda.
Monte Alto dejó de ser visto únicamente como una toma de tierra y empezó a consolidarse como barrio popular organizado. El acompañamiento de organizaciones sociales, el Bloque de Vivienda, el PRT y otros espacios fue clave para sostener el proceso en momentos críticos.
Un logro histórico
Tras casi una década de movilizaciones y procesos legales, se alcanzó un acuerdo con la empresa propietaria del terreno. Aunque no se trató de una donación, el convenio permitió:
Evitar el desalojo.
Garantizar seguridad sobre la tierra.
Abrir el camino hacia la titulación formal.
Actualmente continúan los procesos de medición y trámites para que cada familia inscriba legalmente su lote.
Aprendizajes para otras luchas
El boletín destaca siete aprendizajes centrales de la experiencia:
La organización colectiva es la base del logro.
Las luchas son procesos largos.
Las mujeres sostienen la resistencia.
La lucha debe adaptarse a la realidad.
Las alianzas fortalecen.
Defender la tierra es defender la dignidad.
La memoria fortalece futuras luchas.
Monte Alto demuestra que los derechos no son concesiones sino conquistas colectivas.
Carlos Coronado: memoria viva de la lucha
El boletín consigna que “durante el acto se rindió homenaje a Carlos Coronado, dirigente histórico de la lucha por la tierra y la vivienda en Costa Rica. Con más de cuatro décadas de participación en procesos organizativos, ha sido impulsor de tomas de tierra tanto en zonas rurales como urbanas”.
Su aporte ha consistido no solo en la acción directa, sino en promover organización, formación política y conciencia colectiva. Para Coronado, la tierra debe cumplir una función social y no ser mercancía, destaca el documento.
Una lucha que continúa
Aunque la compra de los terrenos representa una victoria histórica, la lucha no termina. Persisten desafíos como acceso a servicios básicos, cambio de uso de suelo, infraestructura y construcción de viviendas dignas.
Como expresó una persona participante durante el acto: “Aquí no hubo regalo: hubo lucha, organización y resistencia.”
Movimiento Ríos Vivos, Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON)
Desde hace 2-3 años miembros del Movimiento Ríos Vivos hemos estado considerando estrategias para promover un diálogo abierto y transparente con la corporación Fresh Del Monte Produce Inc. (o PINDECO) sobre los verdaderos costos-beneficios sociales, económicos y ambientales de continuar produciendo piña en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas. Después de más de cuatro décadas de producción industrial de este monocultivo en el país, sus secuelas son evidentes en la salud de los ecosistemas y las comunidades (1-9); en las intolerables condiciones laborales (10-21); en el debilitamiento progresivo de las instituciones del estado y de la sociedad civil (22-30); y en la creciente penetración de las redes internacionales de narcotráfico en regiones donde se cultiva la piña (31-34).
Los participantes en este debate interno han postulado dos estrategias diferentes pero complementarias que describimos a continuación. Se listan, además, acciones exploratorias que se han ejecutado para llamar la atención de los verdaderos propietarios de la corporación, del gobierno y de la comunidad internacional.
La primera estrategia buscaría informar y organizar a las comunidades directamente afectadas, y a la población en general, para generar mayor conciencia sobre la problemática y presionar, tanto a la corporación como a las instituciones responsables, con el fin de sentarse a dialogar. La convicción sobre la efectividad de esta estrategia se basa principalmente en la exitosa experiencia del Movimiento Ríos Vivos (MRV) organizando las comunidades de la zona sur (con apoyo de universidades, grupos ecologistas, ONGs, etc.), entre los años 2013 y 2019, para detener la construcción de 14 proyectos hidroeléctricos en ríos de Pérez Zeledón, Buenos Aires y Coto Brus.
La magnitud de las operaciones de Fresh Del Monte en el cantón de Buenos Aires, su influencia sobre los actores políticos e institucionales, su estructura organizacional corporativa, y sus más de 40 años de trayectoria en la zona sur y en el país, conllevan sin embargo un reto considerablemente mayor que el enfrentado por el MRV en el pasado. En contraste, por ejemplo, las compañías que propusieron los 14 proyectos hidroeléctricos en ríos de la zona sur eran empresas de capital nacional, como el Grupo H Solis (rio San Rafael), la Comercial Talamanca El General S.A. (rio Cañas) e Hidro Convento Energy S.A. (rio Convento). La mayoría de sus operaciones estaban ubicadas en Costa Rica. Sus propietarios eran personas conocidas, y hasta en algunos casos fue posible debatir con ellos/as directamente –como con Mélida Solís, presidenta del Grupo H Solis, que asistió personalmente a reuniones en San Rafael de Pérez Zeledón, donde la empresa pretendía construir una represa hidroeléctrica en el rio del mismo nombre.
Con Fresh Del Monte la situación es diferente: la compañía es en realidad una corporación (una entidad legal independiente, separada de sus dueños o accionistas), sus oficinas centrales están en el extranjero, sus operaciones están ubicadas en varios continentes, y sus representantes locales no son en realidad los dueños de la empresa.
Fuego de piñal en Cacao de Volcán.
Así mismo en la actualidad el país, la zona sur y los movimientos ambientales en particular, atraviesan una coyuntura compleja en la que sobresalen una serie de barreras que dificultan la organización social alrededor de causas comunes como la defensa de los ríos y la naturaleza. Entre las principales barreras a nivel país destacan la intensa polarización social generada por un profundo descontento con la política tradicional; el uso extensivo de plataformas digitales como fuentes de información, socialización y organización social; y la pobreza y desigualdad imperante en las zonas rurales, fronterizas y costeras. A nivel de la zona sur, destacan también la existencia de narrativas divergentes sobre el propósito de la naturaleza (conservación vs generación de empleo); la sensación de exclusión de los beneficios del modelo de desarrollo económico valle-centrista que impera en el país; el racismo y la discriminación contra los pueblos originarios, así como el conflicto persistente por la tenencia de la tierra en sus territorios; y finalmente la creciente penetración del narcotráfico. Como resultado de estas y otras barreras, en los últimos meses el MRV ha experimentado periodos de fragmentación, apatía, reducción de su membrecía y creciente dificultad para unir esfuerzos alrededor de proyectos que amenazan nuestros ríos.
La convicción sobre la efectividad de esta estrategia para presionar a los dueños o accionistas de Fresh Del Monte surge del estudio de la naturaleza particular de las corporaciones que, como PINDECO, cotizan en la bolsa de valores. También del ejemplo de movimientos globales como “Stop the Money Pipeline” e “Insure Our Survival” que buscan detener el financiamiento de proyectos de extracción de petróleo, carbón y gas natural mediante la movilización de personas (para que retiren sus ahorros de instituciones que financian proyectos de combustibles fósiles), la incidencia política y regulatoria (para impulsar reformas como exigir la divulgación de los riesgos climáticos de las inversiones), la capacitación de accionistas (para que presionen colectivamente y le exijan a los bancos que se alineen con los objetivos climáticos), y el desarrollo de campañas en redes sociales para educar al público sobre la conexión entre la industria financiera y la crisis climática.
Entre los ejemplos exitosos de esta estrategia figura la cancelación del seguro de propiedad del proyecto Calcasieu Pass (exportación de gas natural licuado en Luisiana, Estados Unidos) por un monto de $1.5 billones de dólares y propiedad de la empresa GNL Venture Global. Una coalición de organizaciones locales e internacionales temerosas de que el proyecto agravara la grave contaminación, los daños a la salud y el impacto climático en la región presionaron con éxito al gigante global de seguros Chubb, y a otras aseguradoras, para que abandonaran el proyecto y no le extendieran el seguro de propiedad. Entre las tácticas utilizadas por la coalición figuran: a) presión personal mediante campañas de redacción de cartas a miembros de la junta directiva de las compañías de seguros y la corporación; b) interrupción de eventos públicos de gran visibilidad (por ejemplo, eventos deportivos patrocinados por las aseguradoras) para protestar; c) enfoque de racismo ambiental: campaña informativa destacando que muchas instalaciones de GNL Venture Global están ubicadas en comunidades pobres; y d) uso de leyes de información pública para revelar cuales empresas financian el proyecto.
Una corporación es un tipo de empresa que la ley considera como una entidad independiente pero que es propiedad de varios accionistas. Las corporaciones que cotizan en la bolsa de valores, como Fresh Del Monte, venden sus acciones (valores) al público en general, pero principalmente a bancos, fondos de inversión, fondos de pensiones y compañía aseguradoras. La compra de estas acciones (stocks o shares) convierte a estas entidades financieras en los verdaderos propietarios de la empresa.
Las acciones de Fresh Del Monte actualmente se cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (New York Stock Exchange) bajo el código bursátil: FDP. A finales de 2024 el patrimonio neto (activos totales menos pasivos totales) de Fresh Del Monte era de ($1.54 billion) mil quinientos cuarenta millones de dólares, mientras que sus ingresos totales en ese año fueron de ($142.2 million) ciento cuarenta y dos millones doscientos mil dólares.
Los actuales propietarios de Fresh Del Monte son una combinación de inversionistas institucionales e individuales. El mayor accionista individual es el director ejecutivo, Mohammad Abu-Ghazaleh, quien junto con su familia es dueño del 10,59% de las acciones de la corporación. Entre los principales accionistas institucionales (fondos de inversión, bancos) figuran BlackRock, Inc. con más de 5,6 millones de acciones que corresponden al 11,25% del total de acciones;The Vanguard Group, Inc. es el segundo mayor accionista institucional con 4,8 millones de acciones que corresponden al 10,14% del total de acciones. Otros accionistas institucionales incluyen: Dimensional Fund Advisors LP (6,96% de las acciones); Wasatch Advisors LP; LSV Asset Management; American Century Investment Management Inc.; State Street Global Advisors, Inc.; DFA Australia Ltd; JPMorgan Chase & Co.; y Principal Financial Group Inc.
Además de los fondos de inversión (que invierten los ahorros de miles de personas e instituciones), entre los inversionistas institucionales destacan también los grandes fondos de pensión, quienes invierten las pensiones de miles de empleados públicos y privados de los Estados Unidos y otros países del norte global. Estos últimos, son dueños colectivamente de aproximadamente el 66,5% de las acciones de Fresh Del Monte. Entre los principales fondos de pensión se encuentran: California State Teachers Retirement System; Public Sector Pension Investment Board (Canada); Norges Bank (el Banco Central de Noruega, que administra el Fondo de Pensiones Global del Gobierno); Illinois Municipal Retirement Fund; y Teacher Retirement System of Texas.
Sedimento en quebrada La Maura, Volcán de Buenos Aires.
En apego a la segunda estrategia postulada, y con apoyo de coaliciones internacionales, miembros del MRV han sido parte de cuatro acciones diferentes buscando promover un dialogo abierto, transparente y compasivo con representantes de Fresh Del Monte. En primera instancia, hace 5 años, se envió una carta a representantes de la Agencia de Cooperación Internacional de Alemania (GIZ) cuestionando su alianza con Fresh Del Monte que resultó en la “corporatización” de la gestión del agua en la subcuenca del rio Volcán. Seguidamente, en colaboración con Arado Comunicación Alternativa (SURCOS Digital) se realizó una presentación paralela en la Conferencia del Agua de las Naciones Unidas 2023, enfatizando la urgente necesidad de cuestionar el rol del sector privado, particularmente las corporaciones, en el establecimiento de la política global del agua, y al nivel de la cuenca hidrográfica. En octubre del 2024, previo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), movimientos ecologistas enviaron una carta a reconocidos líderes ambientales costarricenses en el extranjero cuestionando nuevamente el liderazgo del sector privado en los espacios de formulación de políticas sobre clima, biodiversidad y agua. Finalmente, el año pasado, y en colaboración con el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP) y el Frente Nacional de Lucha, se suscribió un llamado a la comunidad financiera internacional y del sector de los seguros solicitando apoyo para promover una urgente conversación sobre la creciente vulnerabilidad ambiental y económica del cultivo de piña industrial en Costa Rica, acrecentada por la crisis climática acelerada que nos afecta.
En conclusión, es importante considerar que economías dependientes como la costarricense, que se han abierto al comercio global y a la inversión extranjera, tienden a atraer corporaciones transnacionales con el apoyo de gobiernos locales que les facilitan la explotación de los recursos, la flexibilización de regulaciones laborales y ambientales, la oferta de incentivos fiscales, y la reducción de barreras comerciales. Ante esta realidad, las organizaciones ambientales deben desarrollar estrategias innovadoras que les permitan presionar directamente a los propietarios de dichas corporaciones, a los gobiernos que las apoyan, y en los espacios en que inciden organizaciones internacionales intergubernamentales (como la Conferencia de las Partes (COP) sobre el Cambio Climático, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el CEO Water Mandate, etc.) que también pueden presionar directamente a las corporaciones y los gobiernos que las apoyan.
En la foto de cabecera se aprecia el riego de piña con agua del Rio Volcán.
El Hospital sin Paredes sigue siendo una de esas experiencias que nos recuerdan que la salud nace en la comunidad. Hoy compartimos una reedición histórica y dos entrevistas con Enid Cruz que nos ayudan a volver sobre esa memoria viva y necesaria.
¿Por qué leer y ver este material?
* Porque muestra cómo la salud se construyó caminando con la gente, no desde un escritorio.
* Porque recuerda la visión del Dr. Ortiz y su apuesta por un modelo cercano, humano y participativo.
* Porque ofrece aprendizajes para pensar hoy los bienes comunes sociales: participación, organización y soluciones colectivas.
* Porque esta historia sigue siendo una brújula para defender una salud pública que escuche y responda a las comunidades.
* Porque necesitamos volver a experiencias que demostraron que otro modelo de atención sí era —y es— posible.
El Movimiento Ciudadano Pro Plan Regulador de Escazú convoca a una reunión general el lunes 24 de noviembre, a las 6:30 p.m., en la sede de CODECE en San Antonio. La invitación está dirigida a todas las personas, organizaciones y colectivos que han venido articulando esfuerzos para garantizar una participación ciudadana efectiva en la construcción del nuevo Plan Regulador de Escazú.
Esta convocatoria se enmarca en un momento significativo para el cantón. Tal como informó la Municipalidad de Escazú en su sitio oficial —ejemplificado en la imagen sobre la próxima asamblea distrital de San Antonio para elegir representación ciudadana en la Comisión del Plan Regulador— el proceso de conformación de espacios participativos se está extendiendo a todos los distritos del cantón. En el caso de San Antonio, la asamblea distrital ampliada será el miércoles 3 de diciembre, en el Salón Distrital, para la elección de la persona representante de la sociedad civil para el período 2024–2028.
Un logro histórico construido desde la ciudadanía
Según detallan las organizaciones convocantes, este momento es producto de meses de civismo, educación, conocimiento colectivo y organización comunitaria. Gracias a la articulación de diversos colectivos el Concejo Municipal aprobó, con 5 votos a favor y 2 en contra, la instauración de la Comisión del Plan Regulador con participación ciudadana, un avance calificado como histórico para la gobernanza local.
Este hito abre un camino hacia un proceso más transparente, democrático y alineado con las necesidades reales de los barrios y comunidades del cantón.
Próximos pasos
La reunión del 24 de noviembre permitirá:
Coordinar la participación del movimiento frente a las asambleas distritales.
Definir estrategias conjuntas para consolidar una representación amplia y legítima.
Informar a las personas asistentes sobre el avance del proceso y los roles ciudadanos en la Comisión del Plan Regulador.
Fortalecer el trabajo colectivo de cara a las próximas etapas.
Las organizaciones hacen un llamado a mantener la unidad que ha caracterizado el proceso: “Porque cuando el pueblo se une, Escazú avanza”.
Imagen de cabecera: una de las actividades de participación ciudadana en este proceso.
Los problemas que aquejan a la sociedad como corrupción, narcotráfico, crimen organizado, falta de oportunidades, pobreza etc. no tienen soluciones simples, ni dependen solo de personas, demandan entender los problemas y actuar sobre las causas para poder resolverlos.
Soluciones aparentemente radicales para acabar en con el crimen organizado, tales como cárceles más grandes o leyes más fuertes, si no afectan el origen y causas del delito, terminan llenando las cárceles de delincuentes menores, mientras los autores intelectuales permanecen impunes.
En países como los latinoamericanos, donde la corrupción tiene raíces históricas y está profundamente arraigada en las estructuras de poder, desde donde se propaga en cascada, las medidas represivas tienen poco impacto si prolifera la impunidad en la parte superior de la pirámide institucional.
La corrupción como se sabe es la base en que se fundamentó el clientelismo político, esto es el manejo del poder por dádivas para manipular las decisiones de las personas impidiendo su desarrollo ciudadano y organizacional. A su vez el clientelismo le abre las puertas al poder económico del narcotráfico y del crimen organizado.
¿Estamos condenados, por ser endémica la corrupción, a seguir siendo países imposibles de gobernar y destinados a ser pasto del crimen organizado? No, en absoluto si actuamos sobre las verdaderas causas generadoras, esto es, por una parte, sobre la impunidad en las altas esferas y por otra en la descentralización depositando los controles en las sociedades organizadas local y regionalmente. Comunidades y regiones con capital social, no articuladas por las mafias clientelistas.
Tenemos como ejemplo a países como Singapur, China o Vietnam afectados en el pasado seriamente por la corrupción, que decidieron acabar con la impunidad en los altos mandos con medidas ejemplares que desalentaron a los subordinados, que se cobijaban con el paraguas de los altos jerarcas, de seguir por un camino de alto riesgo personal.
Una vez que se acaba la impunidad en los altos mandos, disminuye la corrupción en los niveles inferiores y los recursos y servicios empiezan a alcanzar para todos. Por otra parte, la descentralización y la alfabetización organizacional generada en la práctica por las comunidades, sirve de control efectivo sobre la forma en que se utilizan los recursos acelerando el progreso de las comunidades.
