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Etiqueta: organización popular

Consulta constitucionalidad

El pasado lunes 28 de junio del presente año se presenta una solicitud ante la sala constitucional de parte del pueblo de Costa Rica, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Constitución política; en la cual se establece que:

“El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias”.

Dicha solicitud de inconstitucionalidad fue presentada debido a la aprobación en primer debate del proyecto Ley Marco de Empleo Público, Expediente Legislativo 21.336, en esta argumentan las razones por las cuales se consideran que la aprobación de esta ley representa no solo un ataque a los derechos de las y los ciudadanas/as si no que violenta lo estipulado en la constitución política de Costa Rica.

En la petitoria realizada por las y los ciudadanas/os se menciona:

1) Se respete la Constitución política y se declaren todas las inconstitucionalidades que contiene el proyecto de empleo público

2) Se aparten de conocer de esta consulta los magistrados Nancy Hernández López Y Fernando Castillo por cuanto los costarricenses y representantes de diversas agrupaciones sindicales y sociales no confiamos en su objetividad para resolver este asunto por los lazos que los unen con el presidente de la republica principal promovente e interesado en la aprobación de esta nefasta ley.

Control riguroso y justo uso del Agua – piden hidrómetros para Cooperativa Dos Pinos, Coca Cola, Florida, Cervecería C.R., Intel, otros

Desde el pasado 28 de enero del 2021, la Asociación Conservacionista YISKI y la Asociación CONCEVERDE enviaron una petitoria con carácter de urgencia al Lic. Tomás Martínez, Presidente del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA); a la Licda. Andrea Meza Ministra del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE); a la Licda. Haydeé Rodríguez, Viceministra de Agua y Mares; a la Licda. Karla Espinoza.

En dicha petitoria se solicita se intervenga para que las empresas mencionadas paguen de manera justa por el uso del agua, asimismo, se señala la necesidad de un control riguroso y justo de este recurso. A continuación, se muestra la petitoria mencionada:

“Control riguroso y justo uso del Agua. Hidrómetros para Cooperativa Dos Pinos, Coca Cola, Florida, Cervecería C.R., Intel, otros.

En vista de que el Estado costarricense está prácticamente en quiebra y que se negocia la imposición de nuevos impuestos a la clase trabajadora con el FMI, sería justo y necesario que en esta época de crisis a las empresas que lucran con el sagrado y demanial recurso hídrico, se les coloque, lo antes posible, hidrómetros para que justamente paguen por el beneficio del uso del agua de gran calidad que en inmensas cantidades han aprovechado por muchos años. Aprovechamiento sin control, gracias a la incompetencia de la Dirección de Aguas del MINAE, incapaz de regular y fiscalizar los caudales que están sustentando sus actividades comerciales.

Debido a ese «a la libre» uso, más allá del problema económico, subyace también una posible sobreexplotación de acuíferos y con sus repercusiones a corto, mediano y largo plazo.

Y si además enfrentamos desafortunadamente el desdén y oposición de la Cámara de la Construcción, a la gestión de la Primera Dama Dobles, el Presidente Alvarado, la Dirección de Aguas del MINAE, vemos cómo se actúa concertadamente en contra de la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos del SENARA y su Guía Metodológica, según publicación en La Gaceta No.193 del 12 octubre, 2017-. Matriz que debemos de recuperar lo antes posible, para ejercer debidamente la protección de nuestras invaluables aguas subterráneas. Ello para sumarlo al éxito obtenido con el envío al archivo del ambicioso y falto de visión proyecto de ley No. 20.212 (nueva Ley de Aguas) del Banco Mundial, su agencia privatizadora la GWP, las transnacionales comercializadoras del agua como bien económico, del agua, que contaba con la complacencia y apoyo de la exjerarca del AyA, Yamileth Astorga y ONG’s que se dicen ambientalistas.

No es de recibo jamás, que se diga desde la Dirección de Agua del MINAE, que los hidrómetros no se instalan porque resultan muy caros… Podría ser así, pero tiene más valor el agua que el Estado está dejando correr sin beneficio alguno para los costarricenses. Y es que tampoco se ha de dejar de valorar el impacto (hasta ahora desconocido) sobre los acuíferos, y el valor del agua que luego se comercializa como refrescos gaseosos, cervezas, aguas saborizadas, etcétera, que se venden a precios generalmente muy onerosos. En fin, es urgente hacer el esfuerzo por poner en funcionamiento los hidrómetros, como los que tenemos el resto de la población.

Además, como ustedes conocen, las diversas empresas, gracias a viejas concesiones, casi no pagan por el agua que sustentan sus negocios pues alegan derechos adquiridos e irretroactividad de las leyes, para no someterse a relaciones más justas. Si es así, ¿por qué no acudir a los tribunales de justicia a dirimir esas situaciones? Eventuales resoluciones a favor del Estado podrían favorecer a las Áreas Silvestres Protegidas, comunidades, ONG que luchan por la protección de las fuentes de agua, etcétera, que no gozan de ningún beneficio por sus esfuerzos de protección de las aguas que nutren los acuíferos del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central. Ya que ante la situación de la pandemia se acude a nuevos impuestos y congelamiento de salarios, éste podría ser el momento de propiciar un proyecto como el que estamos proponiendo.

PETITORIA URGENTE.

No nos podemos dar el lujo de continuar impactando acuíferos, contaminando (caso piñeras, etc.) y regalando el agua, por lo que solicitamos muy respetuosamente, se inicie, el proceso para la instalación de los hidrómetros, lo antes posible, en todas las empresas gaseosas, envasadoras de agua, bebidas alcohólicas, refrescos, etc., así como por el uso agroindustrial, industria tecnológica, etc., pues no sería equitativo que el resto de la población sí tengamos que pagar por el agua que consumimos, mientras esas empresas de la élite que gozan siempre de beneficios, no lo hagan. Situación que podría ser incluso inconstitucional, pues no estamos siendo tratadas-os en forma justa, equitativa, igual.”

A pesar de esto, aún no se ha obtenido alguna respuesta positiva al respecto, ante esto se menciona como en el caso del AyA parece que hicieron caso omiso al despacho del señor Presidente Alvarado. Tampoco ha respondido la señora Ministra Andrea Meza y parece que el Art. 11y 194 (sobre el Juramento Constitucional) de la Constitución Política de Costa Rica no lo conocen todavía.

«Artículo 11: Los (y las) funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y no pueden arrogarse facultades que la ley no les concede. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal de sus actos es pública…»

Posicionamiento político sobre las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua 2021 – Articulación de Movimientos Sociales (AMS)

La Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil AMS-OSC, hace del conocimiento público su posición de rechazo a las elecciones fraudulentas del 7 de noviembre, convocadas por el régimen Orteguista.

La AMS llaman al desconocimiento del circo electoral, incluyendo sus predecibles resultados dejando en el poder a los ORMU y reitera la necesidad de una concertación contra todo el pactismo y el zancudismo que pretende legitimar no solamente el fraude que se perpetúa, sino la repetición de prácticas políticas donde prevalecen las componendas a espaldas de la ciudadanía.

Seguimos creyendo en el derecho al libre sufragio y a las elecciones como uno de los métodos que pueden conducir al cambio político, pero hoy, en las actuales circunstancias, consideramos gire estas elecciones fraudulentas organizadas y controladas por Ortega y Murillo no reúnen las mínimas condiciones contempladas en los estándares internacionales para ser consideradas como libres, justas y creíbles.

La larga lista de vejaciones y violaciones al derecho de decidir por medio del sufragio inicia con la elección ilícita de Ortega del 2006, resultado del pacto con el exmandatario Arnoldo Alemán. El dictador se fue adueñando de los poderes del Estado, incluido el Consejo Supremo Electoral. Seguidamente, se aprobaron leyes inconstitucionales que tuvieron por objetivo perpetuarse en el poder, sacando del juego político al liderazgo opositor de diversas tendencias, a aspirantes a cargos de elección, a militantes de organizaciones sociales, siguiendo con periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

A más de las 130 prisioneras y prisioneros políticos, se agregan 20 personas secuestradas en las dos últimas semanas, entre ellas, cinco precandidatos/as presidenciales, lo cual resulta insólito en la historia de los procesos electorales en el mundo. ¿Qué valor pueden tener unas elecciones en las que hasta quienes aspiran a la presidencia pierden sus libertades más básicas? Con estas últimas acciones, la dictadura ha dinamitado el proceso electoral.

Ya la comunidad internacional no puede seguir confiando en un proceso viciarlo, con «condiciones mínimas legales y operativas para llevar a cabo elecciones creíbles democráticas y competitivas». El régimen de Ortega Murillo no cumplió ninguno de los acuerdos contraídos en la negociación con la OEA, ni adoptó ninguna de las recomendaciones de las organizaciones de DDHH. Es cada vez mayor el repudio internacional al proceso electoral fraudulento que intenta realizar el régimen, un régimen que ha sido claramente identificado como autor de delitos de lesa humanidad.

Ortega ya optó por un modelo de elecciones fraudulentas y sin competencia, para continuar imponiendo un partido hegemónico, con o sin el eventual concurso de los partidos zancudos, nuevos y reeditados y el apoyo del empresariado que, pese a la persecución actual, confía en rehacer su esquema de «negocios y consenso», ignorando la total ausencia de institucionalidad democrática en el país.

El gran capital y los partidos políticos evalúan que participar en unas elecciones sin condiciones es una opción, pero esta opción significa un alto riesgo para la población y no incluye la justicia social ni la refundación de Nicaragua, que nuestro pueblo demanda y merece.

Algunos liderazgos y fuerzas políticas están dispuestas a aceptar que el régimen las deje como una segunda o tercera fuerza en estas elecciones fraudulentas de noviembre. Ya desde tiempo atrás hemos mantenido que estas elecciones, lejos de resolver la crisis nacional, solo conllevan a legitimar la farsa montada por Ortega, y, por consiguiente, la consolidación del régimen en el poder.

No se le debe pedir al pueblo nicaragüense votar por una candidatura que participe en la disputa a la presidencia, en las actuales condiciones, a cambio de algunos escaños para su partido en la Asamblea. No se debe seguir el juego de Ortega, para que presente internacionalmente a los participantes colaboracionistas como prueba de que hubo una competencia electoral democrática.

El argumento de que «nos vamos con el último gire quede», a todas luces se traduce en «vamos con el candidato que Ortega no inhiba y que le convenga». Tampoco podemos esperar que la comunidad internacional decida por nosotros y nosotras.

La AMS continúa abogando por la concertación de las fuerzas sociales y políticas, nacional e internacionalmente, haciendo énfasis en el desconocimiento del ejercicio electoral actual y del resultado ya anticipado de la votación y la demanda de otras elecciones, esta vez libres y observadas, con términos renegociados, sin represión ni persecución, sin presas ni presos políticos, sin personas exiliadas, sin inhibiciones, con observación nacional e internacional y sin estado de sitio policial y parapolicial.

Reconocemos el derecho ciudadano de cada nicaragüense al ejercicio individual y consciente del voto, nuestro llamado NO es al «no-voto» o a la abstención, sino a que las fuerzas políticas opositoras no legitimen mediante su participación un proceso viciado y amañado. La resistencia cívica, incluyendo la resistencia electoral en condiciones limpias, continúa siendo la base para lograr una verdadera transición, preferiblemente por la vía electoral, pero ya no serán las elecciones de Ortega de noviembre 2021.

INVITAMOS A LAS FUERZAS DE LA OPOSICIÓN AL REPUDIO CLARO Y SIN AMBIGÜEDADES DE TODO EL CIRCO ELECTORAL.

La Articulación de Movimientos Sociales mantiene su compromiso de continuar resistiendo en todo el territorio nacional y en el exilio, sumando voluntades y fortaleciendo los lazos de comunicación, concertación, alianzas y solidaridad con todas las fuerzas Azul y Blanco y la población autoconvocada y sus organizaciones, para avanzar en el derrocamiento de la dictadura.

 

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

Apoyo a la compañera maestra Soledad Ortiz Vásquez, Defensora de Derechos Humanos y luchadora social

A las organizaciones estatales, nacionales e internacionales
A los pueblos de Oaxaca, México y el mundo
Alos organismos de Derechos Humanos
A los medios de comunicación

El Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer organización integrante del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos (CODEM-ODHP), tiene más de tres décadas de trabajo colectivo por la defensa de los derechos humanos y la construcción del poder popular. En nuestro proceso organizativo hemos priorizado la lucha por los derechos de nuestras compañeras, compañeros y la participación en otras luchas en Oaxaca, en México y en otras partes del mundo, anteriormente como CODEP, y ahora COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER-OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS (CODEM-ODHP).

Somos una organización de pueblos y comunidades indígenas, negras, mestizas y feminista. Reivindicamos la cultura y la organización ancestral de los pueblos originarios: la asamblea, el tequio, la gueza, el dialogo y el consenso, como base fundamental de las relaciones humanas de los pueblos originarios. Rechazamos la toma de decisiones verticales, negamos las prácticas autoritarias, la corrupción y reprobamos a quienes la ejercen, porque dichas prácticas deterioran las relaciones humanas, el trabajo colectivo y van en contra de los valores comunitarios y del buen vivir de nuestros pueblos.

Por ello repudiamos y rechazamos las difamaciones en contra de nuestra compañera maestra Soledad Ortiz Vásquez, Defensora de Derechos Humanos y luchadora social. Es su trayectoria y sus principios éticos los que desmienten dichas difamaciones. Soledad Ortiz Vásquez, es conocida y reconocida por los pueblos de la mixteca, del estado, el país y en plano internacional. Ha sido docente de educación indígena durante 32 años; ha laborado con esfuerzo y voluntad al servicio de los pueblos mixtecos por la defensa de la lengua Ñuu Savi: como locutora y productora, EN LA VOZ DE LA MIXTECA. Desde el CODEM-ODHP ha llevado la voz y la presencia de los pueblos originarios a los lugares que ha sido invitada en Europa y América Latina para intercambiar experiencias en educación, salud y agroecología.

Respaldamos totalmente a nuestra compañera Soledad Ortiz Vásquez como representante digna y congruente y con principios éticos, responsabilizamos del daño físico y psicológico a quienes sean responsables de provocar estos daños, hacia nuestra compañera, su familia y demás integrantes de la organización. Si tocan a una, nos tocan a todas y todos.

COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER
OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS
CODEM – ODHP

“POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y DE LOS PUEBLOS

CONSTRUYENDO PODER POPULAR”

Oaxaca, México a 16 de junio del 2021.