Skip to main content

Etiqueta: paramilitares

Petro, Francia y el inédito viable. Análisis electoral colombiano

Nicolás Armando Herrera Farfán*

En el día de ayer (29 de mayo) se celebró la primera vuelta (o ronda) electoral para las presidenciales colombianas. Los resultados no sorprenden. Gustavo Petro ganó como lo vaticinaron las encuestas en el último año. Obtuvo el 40,32% de los votos. El promedio de las cuatro encuestas presentadas diez días antes de las elecciones (Centro Nacional de Consultoría, Invamer, Guarumo–EcoAnalítica y Mosqueteros), le daban un 41,05% de favorabilidad. Ese porcentaje de votos corresponde a 8 millones y medio, que es el doble del obtenido en la consulta interpartidista de marzo de este año y más de medio millón si lo comparamos con los resultados de la segunda vuelta (o ballotage) de 2018. Es decir, que Petro superó a los demás candidatos y a sí mismo, lo cual, no es un dato menor.

Así pues, como no sorprende el triunfo de la fórmula Gustavo Petro–Francia Márquez, lo que estaba en juego eran dos cosas. Por un lado, que el triunfo fuera definitivo y, para ello, era necesario obtener el 50% de los votos + 1 voto, que, de acuerdo al total de votantes, equivalía a cerca de 10 millones y medio. Esto era un batacazo histórico y, a la vez, la imposibilidad que el fraude tuviera más semanas para seguirse cocinando.

Por el otro, si no ganaban en primera vuelta, había que definir la pareja contendiente. Esta era la batalla fundamental para la clase dominante y la comidilla para sus plafones mediáticos. En 2006, el discurso era “¿quién le gana a Uribe?” y desde entonces fue “¿quién le gana al que diga Uribe?”. Ahora en 2022 es “¿quién puede con Petro?”. Para ello, probaron todas las cartas y en el juego del ajedrez político, el espectro político de derecha–ultraderecha movió sus fichas y sacrificó sus alfiles uno a uno: primero en las internas de dos coaliciones “Equipo por Colombia” que ganó Federico Gutiérrez y “Centro Esperanza” que ganó Sergio Fajardo; y en la interna del Centro Democrático que dio el triunfo a Óscar Iván Zuluaga. Como Zuluaga nunca despegó en las encuestas, declinó su aspiración por Federico Gutiérrez, cuando éste ganó la consulta y como Fajardo les parecía descafeinado, vistieron a Gutiérrez de Fajardo para superponerle la imagen. Así, fabricaron un candidato.

Sin embargo, no podemos olvidar que en el uribismo se expresa la ultraderecha mafiosa, fascista y paramilitar, y a su sombra se han alienado y arropado las diversas expresiones de la clase dominante, pero que la derecha es mucho más amplia que el uribismo. Por ello, es necesario comprender que había otras candidaturas que expresaban el proyecto hegemónico más allá del uribismo y que revelan los matices de la propia derecha: además de Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo, estaban Ingrid Betancourt, John Milton Rodríguez, Enrique Gómez y, por supuesto, Rodolfo Hernández. Todas estas aspiraciones competían contra Gustavo Petro y Francia Márquez.

Sin margen político, desaparecieron como opciones reales Betancourt, Rodríguez y Gómez, mientras que Fajardo se ahogó en una pileta de intención de voto que nunca alcanzó el 10%. Así pues, la disputa interna de la derecha estaba entre Gutiérrez y Hernández. Y, por más que intentaron levantar a Gutiérrez este nunca superó los 30 puntos porcentuales de intención de voto –en promedio de las últimas cuatro encuestas alcanzaba el 26,05%– y en todos los escenarios posibles, perdía con Petro, y en todos los debates televisivos quedó muy atrás. Así pues, sólo quedaba la carta de Rodolfo Hernández, y en las últimas seis semanas fueron haciendo una transición de candidaturas.

En el promedio de las cuatro encuestas mencionadas, Hernández obtuvo el 22,35%, “pisándole los talones” a Gutiérrez. De hecho, en sus últimas entrevistas radiales, afirmó que “hacía rato” que superaba a Gutiérrez en la intención de voto, pero que los medios de comunicación no querían evidenciarlo (¿estrategia política para mostrar una “sorpresa”?). Las cartas estaban echadas para Gutiérrez. El resultado electoral confirmó todo: Hernández alcanzó la segunda plaza con el 28,15% de los votos (casi 6 millones) y Gutiérrez quedó afuera en el tercer lugar con el 23,91% (un poco más de 5 millones).

La derecha construyó su candidato a imagen y semejanza de Uribe (o de Trump): lo presentaron como un “outsider” de la política, un candidato regional independiente y un empresario exitoso. Su bandera de lucha contra la corrupción fue elevada cada vez más alto por las redes sociales (sobre todo Tik Tok), su rol de buen administrador se exaltó en los medios y se enfatizó permanentemente en su figura disruptiva. Sin dudas, Hernández era el único que podría ganarle a Petro. Por eso, era fundamental que no participara en los debates presidenciales para no lesionar su imagen.

El triunfo de Hernández es el triunfo de la derecha. Pierde el uribismo, sí; pierden las apuestas de jefes políticos como el liberal César Gaviria, sí; pierde el partido conservador, sí; pero la derecha no se mueve por principios sino por intereses, y esta carta les queda para derrotar a Petro, y no van a despreciarla. Perdió el uribismo de carnet, pero no la derecha. Puede ser que el monstruo se les crezca, como pasó con Uribe, pero no por ello dejarán de acudir a él. En el fondo, se trata de la desprestigiada y fuera de moda “lucha de clases”. Lo tienen muy claro y saben que no van a arriesgar la hegemonía.

Ahora Gustavo y Francia tendrán que vérselas con Rodolfo y Marelén en las definitivas elecciones de junio. Es el escenario más complicado que podía quedar. Apodado el “Trump criollo”, Rodolfo Hernández reunirá en torno suyo a todos los perros. En números crudos puede agrupar cerca del 50% de los votos (sumando a Gutiérrez, Betancourt, Rodríguez y Gómez, y una parte de Fajardo). Por su parte, Petro y Francia podrían recibir un impulso de los liberales –aliados con Gutiérrez– y de los verdes –en torno a Fajardo–. En el medio del juego electoral y la búsqueda de alianzas, la dupla progresista tendrá que sobrevivir al péndulo del magnicidio, a los fraudes, las campañas mediáticas sucias, los artilugios jurídicos, la ofensiva narcoparamilitar y los envalentonamientos militares del comandante de las fuerzas. Es difícil, sí, pero es el desafío creativo del inédito viable, como lo llamaba Freire.

Gustavo Petro y Francia Márquez les ganaron a las expresiones políticas de ultraderecha mafiosa (Gutiérrez) o empresarial (Hernández) y a las derechas soterrada (Fajardo y Betancourt), cristiana (Rodríguez) y tradicional (Gómez). No es un dato menor. Su triunfo es histórico y sus resultados significativos, porque los votos que les contabilizaron les corresponden. Quizás obtuvieron más, pero no les inflaron ninguno. Es una victoria del campo popular que hay que celebrar.

Sin embargo, esta victoria tiene un aroma a riesgo de derrota, es decir, que “ganar es perder un poco”, parafraseando de manera invertida aquella máxima del entrenador de fútbol Francisco Maturana. El arco derechista colombiano no se va a rendir así de fácil y ahora nos toca ponernos las botas, arremangar las camisas y ponernos a laburar. Quedan tres semanas para que podamos cantar de verdad ese estribillo del himno nacional que dice: “Cesó la horrible noche…”.

 

*Fuente: https://contrahegemoniaweb.com.ar/2022/05/30/petro-francia-y-el-inedito-viable-analisis-electoral-colombiano/

Imagen tomada de la fuente original.

Compartido con SURCOS por Óscar Jara Holliday.

Hacia los Narco Estados

Lic. José A. Amesty R.

26-agosto-2021

La Guerra No Convencional, pretende la Tercerización de la Guerra mediante otros Estados, Compañías Privadas de Mercenarios, o Paramilitares.

Es decir, y ya lo señalaba el profesor Carlos Lanz Rodríguez, y por eso lo convirtieron en objetivo militar del Pentágono y sus aliados políticos y militares en Suramérica, motivado a las diversas investigaciones teóricas y denuncias mediáticas, sobre la naturaleza de la Guerra No Convencional aplicada contra Venezuela por EEUU y su aliado Colombia.

“el esquema planteado es “tercerizar” la agresión, o plantearse una guerra peleada por “terceros” (mercenarios, países aliados a Estados Unidos, narcotraficantes, bandas criminales, otros).

En el caso que nos ocupará, además de mencionar otros, la Guerra No Convencional, se prepara y es ejecutada por Colombia, para un escenario de guerra contra Venezuela, donde el paramilitarismo continúa siendo una importante fuerza político-militar de las élites de la Casa de Nariño. El paramilitarismo colombiano, vieja creación de la extrema derecha neogranadina en alianza con el Mossad israelí, sirve no solamente para la Guerra Contrainsurgente en Colombia, sino que también es la punta de lanza del plan del Pentágono contra Venezuela.

En otras palabras, el brazo ejecutor en Suramérica de la Guerra No Convencional es Colombia. Pero tal vez el ejemplo más característico, lo tenemos en la organización de la Contra nicaragüense de 1979.

Y ya señalábamos en un artículo anterior que, esta Guerra tiene siete fases, a saber: Fase 1, Preparación: La Resistencia y los promotores externos realizan la preparación sicológica, para unir a la población contra el gobierno en el poder o la potencia de ocupación, y preparan a la población para aceptar el apoyo de EEUU. Fase 2, Contacto Inicial: Las agencias del gobierno de EEUU, coordinan con el gobierno aliado en el exilio, o con los líderes de la Resistencia, para ofrecer el apoyo estadounidense. Fase 3, Infiltración: Los equipos de Fuerzas de Operaciones Especiales, se infiltran en el área de operaciones, establecen comunicación con su base y contactan con la organización de resistencia. Fase 4, Organización: Los equipos de Fuerzas de Operaciones Especiales, organizan, entrenan y equipan a los jefes de la resistencia. Se hace énfasis en desarrollar una infraestructura. Fase 5, Formación: Los equipos de Fuerzas de Operaciones Especiales, apoyan a los jefes para expandirse en una organización de resistencia efectiva. Pueden realizarse combates limitados, pero el énfasis sigue siendo su desarrollo. Fase 6, Empleo: Las Fuerzas de Guerra No Convencional, realizan operaciones hasta llegar a unirse con las fuerzas convencionales o hasta que concluyan las hostilidades. Fase 7, Transición: Las Fuerzas de Guerra No Convencional, revierten el control nacional, cambiando a Fuerzas Regulares o desmovilizándose.

Ahora, este tipo de Guerra, al parecer no ha funcionado para el caso venezolano, debido a los múltiples fracasos a la hora de ejecutar este tipo de doctrina militar, por parte de Colombia y EEUU.

Esto ha motivado a ejecutar otro tipo de mecanismo perverso, como la creación y ejecución de los llamados Narco-Estados, en este caso en Colombia y otros países.

De la Guerra No Convencional fracasada, repetimos en el caso venezolano, se implementan entonces, la alianza con las mafias, y en el caso nicaragüense que ya mencionamos, le podemos agregar, el de los cárteles colombianos de Cali en los años 70-80, cuyo exponente fue el capo Pablo Escobar, colaborador de la CIA.

Además, tanto el mecanismo de Guerra No Convencional como las mafias y cárteles de drogas, a la hora de su implementación, como su ideología, son: de corte nacionalista, capitalistas, y confesionales, es decir, netamente reaccionarias.

Entonces, el producto más refinado de la práctica de la “Guerra no Convencional”, además de otros, en unión con los cárteles de drogas, son los Narco-Estados. En éstos sus instituciones políticas se encuentran tan financiadas por los cárteles, que sus dirigentes desempeñan simultáneamente cargos como funcionarios gubernamentales y miembros de las redes ilegales, amparados por sus potestades legales.

Así, Colombia se ha convertido en el punto estratégico más importante de América Latina, para EEUU, llegando a declararlo “portaaviones terrestre”, en esta alianza estratégica macabra.

En síntesis, EEUU desarrolla plenamente su estrategia de “guerra no convencional” en América Latina, conjuntamente con los poderosos cárteles de drogas, hacia ir conformando los Narco-Estados.

De allí que, tanto EEUU como Colombia, necesitan seguir alimentando a los cárteles, ya que estos, por su práctica malsana, han creado toda una infraestructura viable para sus planes como: caminos, puertos, aeropuertos, una coordinación territorial, social, entre otros.

Además, como señala la publicación del escritor Pablo Heraklio, el desarrollo de los cárteles mafiosos permite: Mantener el control sobre los gobiernos perimetrales, frente a la influencia del objetivo. Evitar el acceso de competencia extranjera. Facilitar la Injerencia. El contrabando hacia el país más cercano. menoscaba el poder en su propio territorio como forma de subversión. Compartimentaliza o establece una división informal del territorio, de modo que en caso de que una zona caiga fuera del área de influencia, no implique que todo el bloque caiga.

Recientemente, además, en los últimos días, ha surgido una preocupación en los sectores al interior y exterior de Colombia, cuando Iván Duque ha permitido, a instancias, apoyo y solicitud de EEUU, la entrada de miles de ciudadanos afganos, a territorio colombiano.

La preocupación obedece a que, posiblemente ingresarán personas con mucha experiencia en el cultivo de la amapola, de allí que se incrementaría el consumo y tráfico, ahora no solo de cocaína, sino también de heroína.

Lamentablemente, otro ejemplo de Narco-Estado es Honduras, donde ha emergido un Narco- Estado galopante, a tal grado que ya no es solamente un Estado fallido sino Narco.

Desde la década de los años 80 del pasado siglo, el narcotráfico comenzó a incursionar en Honduras. Pero, en la actualidad, el territorio hondureño, por ser un nudo geográfico de Centro América y por la condición de ser un Estado fallido, se ha convertido en un corredor estratégico para el transporte fluido del cargamento de la droga hacia el Norte.

En avionetas y submarinos llega el cargamento procedente de Sur América hacia la Mosquitia (Departamento de Gracias a Dios) y las costas del Caribe hondureño. De allí, el cargamento recorre en caravanas por los departamentos de Colón, Atlántida, Yoro, Cortés, Santa Bárbara, Copán y Ocotepeque hacia su paso por Guatemala. Este narco corredor seco no es ningún secreto, ni para las autoridades estatales, ni mucho menos para la población. Es en este narco corredor donde ganan terreno al Estado nación ausente, los minis narcos-estados emergentes.

En otros países como México, hay Estados-Narcos, (también se les llama mini estados narcos), dentro de varios Estados oficiales de la Republica.

Pero en general, producto de la riqueza acumulada, por el uno por ciento, en muchos países de América Latina, y de otros continentes, está siendo blindada por una alianza entre las redes del narcotráfico y sectores del aparato estatal, que sirven a los intereses de las grandes multinacionales, pero se han conformado, a la vez, como un importante factor de poder.

Esta alianza opera despejando territorios para los emprendimientos minero-energéticos, de los que se beneficia creando amplios espacios bajo su control que utiliza para lubricar sus negocios ilegales.

Recién en años previos empiezan a publicarse análisis sobre esta realidad que, bajo el nombre de narcotráfico, designa un modo de dominación y control de las poblaciones. No deberíamos perder de vista que los Narco-Estados son desviaciones de la tradición de los Estados-Nación, su nueva configuración, lo que complejiza tanto las resistencias de los sectores populares, como la lucha emancipatoria en general.

La conformación de Narco-Estados (y narco-instituciones), parece estar creciendo y no se restringe al espacio latinoamericano. En algunos países de Europa las mafias aliadas con políticos consiguen sentar sus reales en municipios y hasta en regiones enteras, llegando a influir de forma determinante en la configuración del mapa político, en particular en Italia.

Finalmente, ¿Cómo se desmonta este poder narco-estatal? Imposible hacerlo desde adentro, como demuestran todas las experiencias conocidas.

Para los movimientos anti sistémicos es un tema central, ya que este poder se dedica a destruir toda organización popular, porque ambicionan el control completo de los territorios. Por lo que conocemos, sólo organizándonos al margen de estos poderes, será posible construir movimientos emancipatorios sólidos y duraderos.

Es posible llegar a los autores intelectuales de las masacres (II)

Carlos Meneses Reyes

Resultan asesinados, en forma continua, sucesiva y selectiva, los (as) líderes sociales, de minorías étnicas, afrodescendientes e indígenas, de oposición política, activistas, de juntas de acción comunal, sindicatos, y exguerrilleros desarmados, que se acogieron a los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colón y que se oponen a los postulados de la secta, más que partido de gobierno, el Centro Democrático (CD). Enumerando, tenemos:

Lo programático neoliberal del CD, como partido de gobierno se centra en lo relacionado con la megaminería. Las víctimas, selectivamente asesinadas, pertenecen a quienes se oponen a esos programas y su actividad política enfrenta a los megaproyectos. Los territorios en donde se dan los crimines, tienen que ver con extensiones de tierra en que las multinacionales tienen un interés especial. A su vez, esos espacios – que son espacios vitales para las comunidades- demandan alta presencia militar para asegurar la invasión de la inversión extranjera. Esa genuflexión lacaya, repercute en el asesinato de los habitantes raizales, en esos lugares. La defensa a ultranza de la invasión de la inversión extranjera en lo de explotación minera, petrolera con fracking incluido. La utilización del agua, los páramos, reservas naturales. La aplicación de los planes bio energéticos. La dedicación del latifundio narco latifundista y terrateniente en la explotación extensiva ganadera; así como destinación de tierras en cultivos de la palma africana y de maíz, afín a lugar en la obtención de combustibles biodegradables, con el prurito del lavado de dineros en esas empresas.

Proponen enfrentar la perversa y corrupta minería ilegal; pero no para salidas democráticas de bienestar a los tradicionales mineros, sino para ayudar y conceder, gracias al sistema desbastador de lo extractivo, en contra de los intereses de la nación y en beneficio del imperio de las multinacionales. Entonces, aparecen los cuerpos acribillados de esos defensores de las economías informales. Los líderes sociales y dirigentes comunitarios que se oponen a esa degradación y depredación resultan asesinados. Esos son también los masacrados. Esto está íntimamente relacionado con los interese programáticos del partido de gobierno, el centro democrático (CD). El 50% de los casos de asesinatos selectivos y de masacres ocurren en los municipios con minería ilegal.

La secta criminal CD, como usufructuarios del proyecto paramilitar de “refundación” que instauró una reforma agraria sangrienta, producto del desalojo, destierro, despojo de tierras en más de diez millones de hectáreas; a más de siete millones de víctimas, campesinos desplazados; mantiene en sus postulados la conservación de esas tierras en manos de los victimarios, sobre el montaje de ser “terceros poseedores”. A sangre y motosierra imponen el “no molestar” a los que quedaron con esas tierras de los desplazados (hoy mayoritariamente de las multinacionales) estimando como un asunto crucial, tanto en la bancada parlamentaria, como en las directrices presidenciales, que ese estatus quo ilegal y criminal no sea modificado. Conocidos como reclamantes de tierras, son quienes, a raíz de la desmovilización y entrega de las armas de las antiguas FARC, impulsados y representados por los (las) líderes en sus comunidades, regresan a sus comunidades. Los y las líderes que los representan resultan ser los acribillados; sacrificados por tener conocimiento y actividad social de las situaciones de despojo y mantener contactos, organizar e impulsar la defensa con las víctimas despojadas de esas tierras. Resulta inocultable el sicariato al servicio de los intereses programáticos de ese llamado partido de gobierno, el CD.

Esa secta, CD, en el poder, se opuso y saboteo la salida política al conflicto armado interno con las guerrillas de las FARC-EP.

Obtenida la negociación y el arreglo definitivo, expresado en los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colon, se propuso “hacerlo trizas”.

El llamado partido de gobierno, el CD, inspira entre sus seguidores un proceder sectario, de odio y de intransigencia en el trato del conflicto social y múltiple en el país. Para ellos hay “buenos muertos”.

Una vez logrado el ilegitimo triunfo electoral con dineros del narcotráfico de la ÑEÑE política, ha sido visceral el sentimiento intenso, arraigado y personal, por desconocer a los antiguos ex combatientes, exguerrilleros, la personería de sujetos en el ejercicio político, ganado con el arraigo en las masas populares por más de cincuenta años de trabajo político y militar, anti oligárquico y antiimperialista.

El tema de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos no deja de ser de aspecto primordial y sobre el que gira toda la política militarista, como estandarte del compartimento gubernamental, con la dosificación inoculada de su partido de gobierno, en desconocer la implementación de lo Acordado, para obtener una salida de fondo al problema del cultivo de la coca y la erradicación de la cocaína como factor de subsistencia para amplia población del campesinado colombiano.

Siendo que el Sistema transicional y de no repetición es integral, habilita el considerar lo de la implementación de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos como temática particular. De exposición originaria se concibió la sustitución de cultivos con la aplicación de la Reforma Agraria Integral (RAI) y para ésta la práctica del buen uso del instrumento legal existente de la Zonas de Reserva Campesina. (ZRC). Una solución radical a los cultivos está íntimamente relacionada en un todo integral y concatenado. Pero en gracia de discusión, dar por aceptado que la aplicación de la sustitución voluntaria, con la rectoría de un ejercicio de aplicación de cooperativismo rural y de autonomía de economía campesina como sujeto activo de derechos, constituiría un eslabón o paso a la solución de ese flagelo. Actualmente el 37% de los casos de asesinatos selectivos y masacres ocurren en zonas de cultivos ilícitos. La amenaza del uso del glifosato significa la agudización del conflicto armado; la multiplicación de la comercialización de lo ilícito; la reaparición del escenario para incentivar el instrumento de guerra contra las drogas; la justificación de la presencia de los asesores de brigadas militares estadounidenses en el país; el imperio de la violencia y el terror en el campo colombiano.

Los proyectos que afectan la conservación de la Naturaleza, están al orden del día en el emprendimiento del CD. No benefician el interés general de la Nación, ni el bienestar colectivo de las comunidades. Las someten a posibles expropiaciones de territorios ancestrales. Afectando ciento de miles de hectáreas de áreas protegidas; desconociendo los modelos de desarrollo en conservación. Se hace interminable las imprecaciones de ese partido contra la vida humana y de la naturaleza; puesto que contribuyen es a la institucionalización del Ecocidio.

De lo primordial o esencial

El CD, opera en las regiones de Colombia en el dominio político de formas, de modos, de tenencia y uso de los territorios. Representan la oligarquía regional cuales grupos de poder territorial bajo intereses económicos, sociales e institucionales, anclados y con responsabilidades en la corrupción sistemática de la economía subterránea. Por ende, en la suplantación del Estado y en lo hegemónico social.

La secta, que no partido, el CD, apoyados por el sub presidente electo fraudulentamente, desnaturalizaron lo del Reglamento de la JEP. Consagraron la impunidad para los militares y los terceros, es decir civiles, involucrados en responsabilidades de crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto armado. Presenta proyecto de ley para que no se dé el levantamiento del velo o secreto de las operaciones de lesa humanidad por parte de la inteligencia militar y para que ese factor de conocimiento no pueda ser utilizado por la Comisión de la Verdad. Su hoja de ruta ha sido la NO implementación de los Acuerdos, proponiendo la congelación de iniciativas al respecto. Con engañifas al conocimiento jurídico universal, plantean la extinción de los delitos conexos al delito de Rebelión; algo de la esencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de exclusiva aplicación del juez transicional.

Lo de la injerencia de ese partido en el derrotero y función de la justicia, quedó plasmado y demostrado, durante el pasaje de presión política ejercida contra las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, en lo referente con las resoluciones tomadas, contra su principal exponente, que funge como expresidente y exsenador. Destaca en la búsqueda de una justicia de bolsillo, de comportamiento cortesano en el aliciente de lo elegante y distinguido para el servicio al Ejecutivo.

Resulta primordial volver a la temática de la búsqueda de la Solución Política al conflicto armado interno. Superar trabamientos y talanqueras ante la miopía insoportable de la no continuidad de las conversaciones con el ELN. Vencer obstáculos ante la actitud del avestruz, frente a la inminente necesidad de acercamientos políticos con el Ejército Popular de Liberación-EPL. Superar con creces el análisis de lo surgido con los entrampamientos a la implementación de lo Acordado con las antiguas FARC-EP, que trajeron el resurgimiento de la Segunda Marquetalia. Redefinir el llamado al creciente sector de las FARC-EP, que no se acogieron al proceso de conversaciones con el Antiguo Secretariado y a quienes, indiscutible mente, los motiva la misma concepción de sus fundadores e ideólogos históricos. Como se ve, el panorama es más complejo que el tramitado hace cuatro años y es precisamente la vigencia de un factor partidario cuestionado, en los análisis que asume este artículo, el que lo coloca en la imposibilidad de una continuidad histórica de permanencia.

Predomina una arremetida guerrerista

Analistas y consultores han desarrollado trabajos de investigación entorno a estos temas asumidos. Partiendo del presupuesto del control territorial el monopolio institucional del mismo no está efectivamente garantizado. Las economías criminales predominan y con ello el imperio de la corrupción con efectos directos en el desempeño constitucional de la fuerza pública. El conflicto armado es anterior al narcotráfico en Colombia. La existencia de ese conflicto incentiva múltiples factores que hacen cada día más complejo la solución a tantos interrogantes de la vida nacional. Por ello el aumento de la violencia selectiva y de masacres. La fuerza pública se mueve en escenarios de regiones en que, por ejemplo, se suceden enfrentamientos entre bandas criminales y ello refleja un tratamiento y sintomatología para el accionar contra insurgente. En otras regiones, las bandas criminales no se enfrentan y por lo general, la fuerza pública ejerce un control sobre ellas en el tratamiento y sintomatología para el accionar contra insurgente. Lo predominante e inmodificable resulta ser la presencia territorial y copamiento de las insurgencias. Así presentado, es dable concluir que el principal problema de las institucionales fuerzas armadas radica en la existencia del factor insurgente y por ende, cómo hacer uso de esos factores armados para ese enfrentamiento contra insurgente y en ese orden de ideas el uso del instrumento paramilitar es de esencia sine qua non, en la medida en que exista el conflicto armado y las operaciones contra insurgentes oficiales. Eso explica el que el ejército nacional, con ayuda de militares de Estados Unidos y huestes fascistas paramilitares, asuman el sangriento control de amplias zonas rurales. Ese accionar y practica aupada por una secta política de dirección gubernamental, es la que garantiza el efectivo cumplimiento a intereses corporativo-militaristas, afianzando los de las multinacionales; fortaleciendo el control político de los sectores terratenientes ganaderos y latifundistas, objetivamente aliados del narcotráfico, redundando en beneficios para la cúspide del capital financiero colombiano.

De un estado mafioso

Ante ese panorama destacar considerar la característica del Estado colombiano como un Narco Estado o Estado mafioso. Ello implica el desconocimiento o inexistencia de un Estado de Derecho, puesto que el ataque al individuo, como ciudadano, es lo dominante en una teoría militar de aplicación del enemigo interno. En eso juega el interés del partido o secta de gobierno de imponer su ideario político y económico, sustentado en las privatizaciones a ultranza; alicientes al sector financiero, en contra de los beneficios populares; subsidios a los grandes terratenientes y ganaderos; aplicación de reformas fiscales regresivas a cargo y en hombros del pueblo; la arremetida contra los derechos laborales de los trabajadores, en fantasiosa promesa de ayuda al impulso de empleos, para enfrentar la pandemia del coronavirus; la preparación y/o mantenimiento del sistema electoral corruptor y clientelista en el control y atornillamiento, mediante el fraude electoral que avecina, ante el paisaje de renovación alternativa, que el auge del movimiento popular y revolucionario asoma en Colombia.

Existen múltiples presentaciones del oscuro panorama de la Nación colombiana. En lo local-regional, persisten disputas dentro del Establecimiento de poder hegemónico oligárquico contra insurgente. La dosis de militarismo la asoma el analista y asiduo colaborador del portal rebelion.org, el profesor Renan Vega: Claves: 1.- Las Fuerzas de Tarea Conjunta, según los define el profesor Renán Vega Cantor (Vega, 2016) “son grupos de despliegue rápido con una diversidad de especializaciones. Estos grupos se caracterizan por su capacidad de adaptación en diversos terrenos y su flexibilidad en el tipo de acciones, además de su carácter ampliamente confidencial. En varias de ellas hay presencia de Comandantes de Brigada del Pentágono estadounidense con experiencia en Irak y Afganistán.” “La Fuerza de Tarea conjunta Vulcano a la que según el Ministro de Defensa colombiano se dirige parte de esta tropa extranjera, está ubicada en Tibú, Catatumbo, departamento Norte de Santander. (Frontera con el Estado Zulia) Cuya fuerza inicial es de entre 7.900 y 10.000 efectivos. Estos fueron reforzados en el 2018 con alrededor de 5.000 efectivos de las Fuerza de Despliegue Rápido N°3 (Fudra). Esta es la única Brigada que, según Carlos Holmes, vendría a asesorar este contingente estadounidense en la frontera colombo venezolana”.

Predomina una desconfianza en torno a la fuerza pública y no asoma una capacidad de liderazgo, con voluntad política, para desescalar el conflicto armado interno. Centrar el problema de fondo en la guerra contra las drogas, impone el contenido militarista del partido en el poder. Para ello sublimizan; es decir, engrandecen, exaltan, elevando a un grado superior a unas fuerzas armadas, sumergidas en el laberinto de la desfachatez, escándalos, divisiones internas.

Quien se oponga, tanto política como académicamente a las posturas del gobierno y su partido, están en la mira del sicariato. Puede resultar extenso; pero intenté traer a colación todos y cada uno de los aspectos de la vida nacional; incluidos temas como la salud, la defensa ecológica y otros. No es que haya olvidado la suerte de la población en las ciudades. Al igual que las masas empobrecidas de los lugares apartados, soportan la convergencia de la violencia, resultado del gobierno hegemónico de la derecha militarista contra insurgente; siendo los sectores populares los más golpeados en el acumulado de muertos, por una guerra que no termina.

Que, aunque cojee llegue la justicia

El vil asesinato de que fue objeto el líder opositor Jorge Solano Vega, en la ciudad de Ocaña, el pasado 03 de noviembre, registra la detención de un sujeto, oriundo de Medellín, como autor material. Se valora los sendos pronunciamientos del Ejército de Liberación Nacional de Colombia- E.L.N y del Ejército Popular de Liberación- E.P.L, en el sentido que no tuvieron que ver en absoluto con la autoría de tal crimen.

PERORACIÓN. Estas dos entregas apuntan a motivar en la búsqueda de los autores intelectuales de los horrendos crímenes ocurridos en Colombia. Como un ejercicio más, he redactado la Ponencia: “La Con causalidad de la Responsabilidad Penal del Centro Democrático en el Hecho Punitivo de Asesinatos Selectivos y Masacres”. Una tesitura que expongo a la Academia y Juristas de América, para que sea abordada por la disciplina penal y aporte a tal fin en los operadores de la justicia colombiana; o en última instancia, ante la Corte Penal Internacional (CPI).

La mala sombra del innombrable

Carlos Meneses Reyes

Por la calidad del sujeto abordado, en modo alguno redactaré un libelo, que de por si es siempre injurioso; acomodándome a repasar un escrito a manera de diatriba, que en el arte de presentación redactada puede ser o resultar seria y/o respetable, bajo ningún parámetro elogiosa.

Lo de sombra alude a una sensación o efecto bidimensional. Dejemos al Innombrable de una sola dimensión: de faceta intrascendente de algo. Las ramas, dan sombra. La sombra conlleva a un texto invertido. En el famoso cuadro del pintor renacentista.

Massacio (1.425), San Pedro cura a los enfermos con su sombra. Lo de texto político es más exigente que lo de texto literario. No. La acepción adecuada a desarrollar es la del imperio de las sombras, que aloja el sitio de los muertos. Para un personaje oscuro lo cubre es la sombra de la noche; las sombras del crimen. Media lo sombrío. No protección. Para el lector político, el que estuviese a buen recaudo por la justicia colombiana: pues al meterlo a la cárcel y reseñarlo, lo pusieron bajo la sombra.

Diversos artículos sobre el sombrío personaje destacan que “alentó una polarización radical en la sociedad”. “sus presuntos vínculos con grupos paramilitares…” (aunque a la sazón no ya tan presuntos). Paseaba por el país con un discurso de mano fuerte; sosteniendo que “la nación entera clama por reposo y seguridad” y a la sazón apoyando, con sospechoso afecto, a las Fuerzas Armadas. Su perseverancia en la seguridad, no es que lo lleve a ser un “un gran comunicador”; resulta ser un manipulador con acomodo a “su” verdad. Es autoritario por imponerse por pasión, venganza, odio; algo que no admite se le compare, por ejemplo, con Hugo Chávez; quien no perteneció a ninguna oligarquía tradicional y tampoco necesitó ser adobado con maquillajes publicitarios. jamás uso “gafas de seminarista” por lo que no tuvo que acudir a costosas monturas de Armani.

Los aúlicos del sujeto de marras resaltan la disciplina que practica: como el rasgo de meter los pies en hielo para no dormirse. Esto alude a la escena de la película del Código de Da Vinci, del coadjutor en el Vaticano que se auto flagelaba; puesto que al no explicar los alcances de esa auto tortura, deja que desear en lo subliminal del hecho.

En forma perniciosa es constante la glosa de su perseverancia en la seguridad como el camino de la paz. No mencionan para nada su caída como ídolo con los pies de barro, que resultó. No requiere aguda creatividad la emulación de una presentación como Mesías y su relación con el grupo paramilitar porque el que responde su hermano, denominado de los 12 Apóstoles. Sin embargo, predomina el modelo cívico- militar del para militarismo contra insurgente con las autodefensas y extendidas a comunas populares en ciudades. Al uso del “sapeo” y la compraventa de votos; así como a la malévola practica de las recompensas, como desangre del erario público.

En tratándose del perfil del sujeto objeto de estas apreciaciones resulta difícil no acudir a fuentes como la organización National Security Archive, que publica documentos en desarchivo de agencias de inteligencia y en ocasiones de agencias gubernamentales, que aluden a tratos y relaciones del Innombrable con grupos paramilitares, en curso de investigación y cargos específicos en su contra, también por masacres. No puede brillar por su ausencia, la nunca irrelevante cita del número 82 de la lista de vínculo con el narcotráfico y al que aluden siendo gobernador de Antioquia. Acusaciones que al propio hacen hasta antiguos compañeros suyos del partido liberal colombiano. Las aseveraciones del narco paramilitar Don Berna de su apoyo con grandes sumas de dinero para la candidatura de él y sus familiares, de al menos cita y referencia en su entorno familiar de su primo ex senador y condenado Mario Uribe.

En la actualidad se le conoce por los apodos.

Algo de suma importancia como es el que se haya adoptado como distintivo del sujeto analizado la generalizada y popular denominación del INNOMBRABLE. No se puede reducir a un pasaje anecdotario de trámite en el Senado, en sesiones del año 2014, en que al senador Iván Cepeda solo le permitieron adelantar uno de los tantos debates sobre paramilitarismo en ese recinto; permitiéndole el hacerlo en una comisión, bajo la exigencia de no mencionar el nombre de ese ex presidente y que aunque Cepeda ignoró esa prohibición se ganó el apodo de “el innombrable”. Castran la inventiva de la creatividad popular. El primer apelativo o alias a él asignado fue el de “Miniführer”. Y el del Innombrable obedece a la picaresca popular, dada su personalidad psicopática narcisista y para contrarrestar el efecto de culto a la personalidad por parte de sus sectarios. Surgió de cualquier analista de provincia al emularlo con el famoso inicio “de cuyo nombre no quiero acordarme…”. Posteriormente dada su tendencia a la litis-manía, optando por denunciar por injuria y calumnia a todo el que lo criticare y por ende mencionare, pues se acreditó con más énfasis el apodo. Esa manía por litigar o pleitear ha sido la causante de sus desvelos judiciales actuales que resultaron con efecto bumerán. Hasta el registro actual de desistir de las demandas de injuria y calumnia contra opositores parlamentarios, sobre el vago argumento de no encontrar garantías en los magistrados de la Sala Disciplinaria encargados de conocer. Fácil concluir que acudirá a la justicia por mano propia. Por ello también es dable concluir que el destino del Innombrable no es “la pelea”; como la del disidente contra todo lo establecido, que dice defender.

Estadio en el movimiento popular actual asociado con el innombrable.

En Colombia desdibujan lo de las oligarquías, conllevando a perdida de claridad y precisión. La hegemonía conservadora de finales del siglo XIX y parte del Siglo XX, trascendió lo de oligarquía tradicional de la capital, bifurcando a las oligarquías regionales, como grupos de poder (corporativamente: grupos de presión). Se formó la casta politiquera de los caciques regionales; afianzada durante el prolongado Frente Nacional excluyente impuesto en 1957, hasta la fecha, contra toda expresión de oposición y libre pensamiento. Esas castas en el poder afinaron lo de la representatividad política basado en un sistema electoral clientelista y corrupto, cual eficaz maquina aceitada; lo cual permitió asentarse a los clanes de la droga, que como antecedente traduce en la construcción de un Estado mafiosos o Narco Estado, de naturaleza y características materia de mayor detenimiento y análisis.

Al personaje no se le concede gratuidad. Algunos resaltan que simplemente no pertenecía a la oligarquía tradicional de la capital. Pasan por alto la década de enfrentamientos de fracciones internas de la oligarquía colombiana, dentro de su seno, como adalid del latifundismo agro industrial, bajo la privatización a ultranza en el acumulado ahorro de capital narco ganadero; con el perenne enfrentamiento con otra fracción oligárquica de los financistas transnacionales, tradicionales amigos del Club del Coutry, emparentados con J.ML Santos, quien paso a ser su contradictor luego de protegido y aliado en crímenes de Estado, como su ministro de la guerra; siendo ambos involucrados en los falsos positivos.

El alcance de hito histórico inocultable, radica en que experimentan con el oligarca regional, proveniente de campesinos ricos, aliado del narcotráfico, materializando las doctrinas militaristas en la conducción del Estado. Luego de una década de “horrible noche” prima una escogencia tacita de Centro, en el seno de la oligarquía, ante el fracaso del experimento paramilitar de guerra total contra la insurgencia; para luego resolver la contradicción interna volviendo al predominio del centrismo pacificador, encarnado en la búsqueda de la salida política al conflicto armado con las antiguas Farc y una vez obtenido su desarme y desmovilización, contribuir a la situación de desconocimiento e instalación del sucesor en el maquiavelista juego oligarca de perpetuación del poder. Todo bajo la característica de un Estado mafioso; manteniendo la alternante frente nacionalista, gracias a elecciones, bajo un sistema electoral corrupto y clientelista, de compra de votos, inyección de dineros narcos bajo la égida de mafias electorales, que dibujan el panorama actual de coordenada “institucionalidad” gubernamental. A este escenario político se le denomina en la actualidad Bloque de Hegemonía Oligarca Contrainsurgente.

La característica principal de este estadio es que se borran los linderos del Centro, puesto que predomina la derecha y el centrismo, como conservadurismo y por ende, el movimiento popular se encuentra ante la definición de una preponderancia de políticas de derecha o de izquierda. No hay términos medios, ni tibios. Esto lo entiende muy bien la izquierda legal (no la insurgente y armada). Pero corresponde asimilarlo, en lo estratégico, a la socialdemocracia, el progresismo humanista y/o reformista. Aunque predomina en lo nacional e internacional lo Alternativo, esta se fabrica sobre una concepción de tendencia hacia la izquierda, no al Centro.

Corolario de lo anterior es que predomina una tendencia militarista contra insurgente oligárquica, siendo esa la brújula del próximo debate electoral presidencial; lo cual augura la lejanía a una nueva búsqueda de salida política al conflicto armado interno colombiano y seria con el triunfo popular de un gobierno Alternativo en la que se obtendría una negociación política hacia la búsqueda definitiva del fin del conflicto armado en Colombia.

 

Enviado por el autor.

¡Atrás la judicialización al ejercicio litigante de abogados!

Por Carlos Meneses Reyes

 

Luis Jesús Mora Contreras, con cedula 13.250.110, debidamente inscrito en el Registro Único de Víctimas (RUV), junto con su hija Marcela y su compañera Patricia Arenas Pastrana, conforme a la Ley 1448 de 2011; por Resolución FUD-A 0000538999, en Pailitas (Cesar) desde 18-08-2012 venia disfrutando de subsidio dinerario de subsistencia como cabeza de familia. Dicha prerrogativa legal de asistencia alimentaria del hogar por él representado, le fue suspendida definitivamente, por Resolución 0600120150911657 de 2015, de 19-02 de 2016 y la parte motiva se sustenta que el beneficiado, conforme a las indagaciones en la Red del Plan Nacional de Información (RNI), el núcleo familiar del beneficiado, por Información del Sistema del Ministerio de Salud, cotiza dentro del régimen de salud impositivo. Esta Resolución fue notificada el 10 de junio de 2016 y no aparece interposición de recurso alguno; deduciéndose que quedó en firme.

2.- Con posterioridad, Luis Jesús Mora Contreras, elevó Derecho de Petición, para que le fuera reconocido el auxilio dinerario de ley, desde el mes de agosto de 2016 y le responden que él no ha demostrado un proceso de retorno o reubicación al lugar de donde fue desplazado por los paramilitares, aún activos; para lo cual la entidad le prestaría el acompañamiento necesario… Luego, redacta, el acto administrativo, que es lamentable que el Estado colombiano no esté en capacidad de poderle entregar la indemnización en dinero, por una sola vez, que contempla la normativa citada, conocida como “Ley de Víctimas”.

Exposición socio-jurídica del diagnóstico

El Caso del compañero Lucho, un consagrado activista y luchador popular por la defensa de los derechos humanos, resume la ineficacia de una ley, convertida por la burocracia estatal en “perseguir” a las víctimas; es decir, revictimizarlas.

Por la persecución paramilitar hubo de abandonar su ejercicio docente en universidades del sector privado. No pudo continuar cotizando y en lo prolongado de la guerra popular en Colombia, llegó a la edad de jubilación forzosa y por haber trabajado más de 20 años. El primer beneficio de subsistencia alimentaria, por la citada ley de víctimas, le fue concedido; pero por aparecer beneficiario, con ínfimo salario, en el régimen de salud impositivo, se presume que tiene recursos para subsistir y le niegan los alimentos. Él, como víctima, tenía que argumentar y demostrar lo contrario, con el uso de recursos y hasta con acción contenciosa, ya hoy prescrita, en relación con las fechas citadas y el nuevo Código de Procedimiento Contencioso Administrativo (CPCA). En cuanto al beneficio legal de la indemnización por el hecho victimizante, que contempla la citada ley, nos encontramos con lo sucedido a los millares de víctimas reclamantes, tanto en el país, como en el exterior, en calidad de refugiados. La interpretación acomodaticia y contra legem, que esgrimen es la de pagar una indemnización, por una sola vez, que puede ser de seis millones de pesos, al núcleo familiar del desplazado y no a cada uno de los integrantes, incluidos los (las) niños y/o menores violando el principio universal de favorabilidad a cada víctima. Esto es de trámite sumario, con el solo relato del hecho victimizante o juramentado, considerándose tal, con la sola presentación personal de la víctima. Pero peor aún, en el caso del compañero Lucho, la Administración le responde argumentando que no existe dinero; es decir, que el Estado colombiano no tiene recursos para pagar a los millones de víctimas del conflicto interno armado en Colombia y para ello se basan en sentencias cortesanas, violatorias de todos los principios universales del Derecho Humanitario, comenzando por el fin supremo del beneficio universal al menor de edad. Sentencia Corte Constitucional C-753 de 2013. Conviene aclarar, que quien se acoge a los “beneficios” de la Ley 1448 de 2011, renuncia a la acción contencioso-administrativa de lesión contra el Estado. En el entendido que la aplicación de la ley de víctimas es expedita y sumaria y no requiere de asistencia legal de abogado. Pero ante la realidad de engaño y lo falsario del sistema imperante, el escenario de reclamación jurisdiccional colapsa ante los millones de víctimas y desplazados que están en capacidad de demandar al Estado colombiano.

El caso y situación de calamidad humanitaria del compañero Lucho, sensibiliza la solidaridad popular, ante el desgano y abandono del Estado colombiano por cumplir con la premisa que el fin del conflicto armado interno tiene como centro a las víctimas. Inducen a que millones de víctimas tuvieren que acudir a demandar jurisdiccionalmente a la Nación. Es decir, la canallada institucionalizada. Pero ojo, si las victimas tuvieren que acudir a las demandas, ya está preparado el terreno al cursar una práctica en las oficinas estatales de tildar de perversos a los Abogados Litigantes que accionan contra el Estado. Se concibió la creación de una Agencia de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE); desplazando la función de control constitucional de la Procuraduría, de hacerse parte y representar a los intereses del Estado en los procesos contenciosos. Pues bien, actualmente el jefe de esa Oficina Jurídica del Estado es, Luis Guillermo Vélez Cabrera. Preside un verdadero elefante burocrático. Se dedica a despotricar contra la noble función del Abogado Litigante. Les llama perversos, por aparecer radicadas, actualmente, 500 mil demandas contra el Estado, respecto a violación de derechos prestacionales, de jubilación y reclamos contra el sistema de salud imperante. por hechos y actos del Estado, bajo responsabilidad contractual y extracontractual. Que dizque representan una voluminosa reclamación de 12 mil millones a 3000 billones de pesos. Pero más grave aún, con relación al incumplimiento a las víctimas y la declaratoria de “insolvencia” del Estado para cumplirles, en las regiones se están creando “comités de víctimas”, asesorándose con abogados y a eso lo llama el flamante jefe de la Oficina Jurídica del Estado, dizque una “industria” de demandas. Sin mayor hesitación hay que partir del arraigo popular, que, en una manifestación o expresión de masas, conlleva el centrar, miles de manifestaciones y aspiraciones individuales, en este caso en cabeza de un litigante. Otra abogada, radica varias demandas contra el Estado colombiano. En el Departamento de Sucre representa a más de 120.000 damnificados; poblaciones afectadas por un derrame de petróleo en el Golfo de Marroquiillo, en al año 2014. En otra acción colectiva, por daños infringidas contra la población en el Departamento de Sucre y Antioquia, por efectos nocivos ambientales y en la salud, por la actividad minera en el rio Cauca. En ellas alega la abogada: “Las demandas tienen su fundamento, se presentaron con base en documentos y todas las víctimas tienen derecho a demandar”. Pues bien, ya que la función del abogado litigante es de medio y no de resultado.

Recurriendo a la mediática, a los abogados actores y directores de esas acciones, los estigmatizan como de un Cartel de abogados dedicados a demandar al Estado; en una cruzada por impedir el ejercicio del Derecho de Postulación que tiene todo ciudadano, conforme a la consagración del artículo 229 de la Constitución Política, a acudir a lo administrativo y jurisdiccional del Estado, con o sin abogado.

El marco del activismo judicial frente a la situación de la población desplazada y víctimas del conflicto

La grave crisis humanitaria que implica el desplazamiento forzado interno en Colombia, con violación de los Derechos Sociales y Culturales (DESC) habilita, en el uso de los tecnicismos jurídicos actuales, denominaciones como Filosofía o Juicios Dialógicos. La agencia oficiosa en tutela. Lo del litigio estructural y el llamado juicio a la exclusión.

De esa manera, tenemos que las llamadas sentencias estructurales, reflejan un protagonismo mayor del ejercicio de la justicia, al contener ordenes u acciones positivas, de hacer, a los poderes ejecutivo o legislativo. Por ejemplo, ante un universo de cosas, no toma una decisión individual frente a la falta de vivienda popular y ordena al Estado la necesidad de implementar políticas públicas de vivienda que lleven a solucionar lo faltante a ese sector particular de comunidades o de colombianos. De igual manera, imposiciones de obligaciones de no hacer, tendientes a abstenerse de ciertas acciones que violen los derechos humanos, sociales y culturales. Explicase que la filosofía de las sentencias dialógicas, conllevan a interpretaciones constitucionales que traspasan el ámbito de lo judicial, en el que el juez, pasa de ser un simple espectador de la lex dura y del concepto mecánico de la norma y entra a aplicar remedios al fondo de lo asumido; transformando la figura del juez y de paso involucrando a los abogados a una sana praxis judicial y al uso del buen derecho. Asistimos al ejercicio de una función creadora de los jueces, asumiendo un papel protagónico en la búsqueda por brindar protección a los siempre desconocidos derechos económicos, sociales y culturales de la población; trayendo ello consigo, una serie de implicaciones y fuertes recelos por parte de los poderes políticos. Este fenómeno se ha revivido con el debate jurídico y académico de lo litigioso estructural; de contenido complejo por la figura de un magistrado coadyuvando en el diseño e implementación de políticas públicas. Para una mejor comprensión, se extiende a los llamados Juicios a la Exclusión, en el que dada la magnitud de la tragedia humanitaria en Colombia de más de cinco millones de desplazados internos y la expoliación de más de siete millones de hectáreas a los campesinos, por el experimento de la reforma agraria paramilitar a sangre y fuego; lo complejo de eso estructural; generándose una situación en que el juez entra a ser un factor de definición, sin que ello implique flagrante violación a la actuación de los otros poderes.

No obstante, existe prevención y afloran susceptibilidades, con relación a efectos de ese también llamad activismo judicial. Pues bien, superado lo del principio de la ultra- petita, en la que el juez decide sobre aspectos más allá de lo pedido y que en el Derecho Social, es de aceptación universal. Pero asoma lo precavido, como quiera que el juez, sin tener una egida de elección popular, denota autonomía superior y otra en el que el protagonismo judicial incide en decisiones esencialmente políticas, como ha ocurrido en Colombia, sobre el fallo de la Corte, respecto al trámite interno en el Legislativo, con relación al fast track. Esa sentencia no califica como dialógica, en las que prima una concepción ideológica ante lo social; sino como de injerencia o activismo político.

Acerca de la sentencia de la corte constitucional t-025 de noviembre de 2004

En Colombia, los gobiernos solían mantener una concepción de desconocimiento ante la realidad de la violación de los derechos fundamentales y de responsabilidad frente a los desplazados. Durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez se desplegó toda una estrategia, tanto nacional como internacional para desconocer la realidad de esa tragedia y su obtuso escudero, José Obdulio Gaviria, sostenía que en Colombia no había desplazamiento sino solo una “migración” interna. Desconociendo el conflicto armado, sostenía: “Nosotros no tenemos desplazados, tenemos migración en buena parte por el paramilitarismo y la guerrilla”. Que los desplazados que salían del país, en calidad de refugiados y de exiliados políticos, no eran tales, sino migrantes laborales, en búsqueda de soluciones económicas, resaltando que eran clase alta y media. Pero la realidad era otra con una población de más de cinco millones de colombianas y colombianos en el exterior y más de cien mil activistas políticos sociales y populares, que escaparon al genocidio de la Unión Patriótica (UP).

Fue precisamente durante ese gobierno, de la obscura noche paramilitar y la inseguridad democrática, que la Corte Constitucional de Colombia profirió la Sentencia T-025 de 2004. Con ella se experimentó en lo del Litigio Estructural en Colombia. En resumen: 1. Declaró la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional en la situación de la población desplazada. Instaurando la agencia oficiosa en tutela, para que asociaciones de desplazados interpusieran la acción. 2. Comunicó al Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, verificando la magnitud de la tragedia y superarla con prioridad a la ayuda humanitaria y dentro de plazos perentorios de tres a seis meses. 3. Una comunicación a gobernadores y alcaldes, de asumir con recursos territoriales lo necesario para asegurar atención a la población desplazada (artículo 7, Ley 387 de 1997). 4. Igual comunicación a la Ministra de Relaciones Exteriores, al Ministro de Hacienda y Crédito Público y al Director de Planeación Nacional, para lo de su competencia. 5. Ordenando la prestación de la ayuda humanitaria a la Red de Solidaridad Social. La inscripción de un Registro Único de Desplazados, para asistirlos, recibir servicios de salud, medicamentos, educación para sus hijos menores, acceso a programas de estabilización económica, vivienda. De tal manera que la sentencia requirió acciones al gobierno para el caculo presupuestal y aplicación de programas. Esta sentencia trajo consigo el involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil al seguimiento de las órdenes expresas de la sentencia.

A manera de conclusión

Tan importante sentencia dialógica y de juicio de exclusión y estructural era que diera sus frutos en un Estado de Derecho. Pero en Colombia no existe tal. Se desconoció esa sentencia durante el segundo periodo presidencial de la oscura noche Uribeña. Luego sobrevino la bochornosa intervención a la majestuosidad de la Corte e independencia de la Justica con las llamadas chuzadas telefónicas a los Magistrados. Esa sentencia fue el antecedente motivante de la Ley 1448 de 2012, conocida como la Ley de Víctimas. Resultó como un telón de fondo, tras bambalinas, para centrar en el centro del conflicto la prioridad a las víctimas durante el Acuerdo de La Habana y lo que quedó del mismo en la firma en el San Carlos. Por ello, casos como el Lucho Mora Contreras, requiere del “ad auxilium vocatus”, del abogado, como su vocal para que lo auxilie, en un Estado fallido como el colombiano.

ADENDA. En momentos en que se incrementa el desplazamiento interno y de víctimas en Colombia, se conoce del estado de salud del compañero Rodrigo Londoño Echeverri, siendo tratado en Villavicencio; para quien expreso una pronta mejoría. Tal como lo afirmó, él representa la Voz, al dejar las armas, por la implementación de los Acuerdos, en favor de las víctimas.

(Señalando que Rodrigo Londoño Echeverri «tuvo un susto de salud» y que ya se encuentra bien después de haber sido tratado en La Habana).

 

Enviado a SURCOS por el autor.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

El día en que Juan Pablo II humilló a Monseñor Romero en el Vaticano

El día en que Juan Pablo II humilló a Monseñor Romero en el Vaticano
Monseñor Romero tras su muerte. Foto: archivo AP Eduardo Vázquez Becker.

El obispo salvadoreño que acaba de ser elevado a Beato, viajó a Roma con las pruebas de la persecución de la dictadura a los sacerdotes. El Papa lo maltrató. A los tres meses Monseñor Romero fue asesinado.

Antes de que las ruedas de una tanqueta pasaran por encima del rostro del sacerdote salvadoreño Octavio Ortiz, un verdugo le había cortado el cuello con un cuchillo. Los grupos paramilitares que respaldaban la dictadura del general Carlos Humberto Romero Mena, lo habían acusado de darle apoyo y de pertenecer a la guerrilla del Frente Furibundo Martí. Con Ortiz, eran cinco los religiosos asesinados en 1979 bajo la consigna: Haz patria, mata a un cura.

La extrema derecha que mandaba en El Salvador buscaba atajar a sangre y fuego los postulados de la Teología de la liberación asesinando religiosos. El obispo de San Salvador, Óscar Romero quiso hacerle frente a la persecución a la que estaban sometidos los sacerdotes en su país y viajó a Roma, a entrevistarse con el recién nombrado Papa Juan Pablo II. Era su superior jerárquico y se veía en la obligación de denunciar las atrocidades que se cometían contra la iglesia católica y sus prelados.

Monseñor Romero llegó con cita confirmada al despacho papal pero no fue recibido. Los ayudantes del pontífice se las arreglaron para que la reunión no se diera. “Ya debes saber que el correo italiano es un desastre” fue la frase que le dieron como excusa. Le cerraron todas las puertas en su cara.

Sin resignarse a regresar al Salvador sin haber hablado con el Juan Pablo II, monseñor Romero hizo la tarea como cualquier feligrés que viaja a Roma a conocer al Papa: madrugó el domingo para estar en primera fila en la plaza de San Pedro a la espera del saludo. Cuando le llegó el momento de darle la mano simplemente le dijo: “Soy el arzobispo de San Salvador y necesito hablar con usted”. Sin otra salida, el Papa le concedió la audiencia para el día siguiente.

Monseñor Romero colocó sobre la mesa del despacho una caja con los documentos e informes que revelaban los abusos, las calumnias, la campaña de difamación que el gobierno del general Romero Mera había emprendido contra la iglesia salvadoreña.

Impaciente, casi despreciativo el Papa le responde: – ¡Ya les he dicho que no vengan cargados con tantos papeles! Aquí no tenemos tiempo para estar leyendo tanta cosa.

Sorprendido, con las lágrimas en los ojos, el obispo de San Salvador abrió el sobre que guardaba la foto del rostro del sacerdote Octavio Ortiz destruido. Le contó la historia del origen campesino del cura, la tarde en que lo ordenó, el día en el que fue apresado por el gobierno sólo porque le estaba enseñando a los muchachos de un barrio humilde de San Salvador el evangelio. “Lo mataron con crueldad y hasta dijeron que era guerrillero…” Viendo la foto de refilón, Karol Wojty le preguntó “¿Y acaso no lo era?”.

Monseñor Romero soportó todo. El consejo del Papa no podía ser más sorprendente: establecer puentes con la dictadura y le recuerda que el General es católico, y por tanto algo bueno habrá de tener.

Abandonado por su iglesia, el obispo endurece aún más su discurso en donde denunciaba la arbitrariedad y la represión del ejército y el hambre insaciable del “imperio del infierno” calificativo que le daría a los terratenientes. Las amenazas aumentan hasta que su círculo íntimo decide como una precaria medida de seguridad, limitar sus misas al oratorio del hospital para cancerosos La divina providencia. Pero hasta allí llegaron sus verdugos. El 24 de marzo de 1980, tres meses después de haber estado en el despacho papal, un francotirador, en plena homilía, le revienta de una bala el corazón.

El Vaticano mantuvo silencio, pero América Latina lo adoptó como el santo de los oprimidos. Treinta y cinco años después de que la causa de su canonización se hubiera dilatado por el desinterés del papado de Juan Pablo II en los sacerdotes del movimiento de la Teología de la liberación y con la ayuda cómplice para obstaculizar el proceso de los cardenales colombianos Alfonso López Trujillo y Darío Castrillón, Monseñor Oscar Romero fue beatificado en su propia tierra donde libró su gran batalla por volver realidad la palabra del evangelio.

(Tomado de 2orillas.co). Reproducido por Carlos Meneses R.

 

PD. CONTRA LA IMPUNIDAD

Guatemala es hoy un hervidero. Sus principales ciudades están siendo tomadas por manifestantes que repudian la corrupción que se viene destapando desde hace algunas semanas y que ya ha dejado tras las rejas a 45 poderosos empresarios, jueces, militares (r) y funcionarios de alto nivel, incluidos el presidente del Banco Guatemalteco y el del Seguro Social.

También precipitó una renuncia que aún retumba en el país: la de la vicepresidenta, Roxana Baldetti, exdiputada, periodista y mano derecha del presidente Otto Pérez Molina, a quien también el pueblo le está pidiendo que dimita.

Guatemala supo lo que estaba sucediendo en las entrañas de su dirigencia gracias a un colombiano: el ex- magistrado de la Corte Suprema Iván Velásquez, quien preside ahora la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), dependiente de Naciones Unidas.

Se trata del mismo hombre que edificó cerca de 60 investigaciones contra ‘parapolíticos’ en Colombia y que salió del país tras ser blanco de seguimientos ilegales ordenados durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. (Tomado de El Tiempo.com).

 

Información compartida a SURCOS Digital por Carlos Meneses R.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/