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Vagoneteros se apostaron frente a planta de asfalto de Guápiles, hasta que sus derechos sean atendidos

El pasado 13 de julio del 2021 Roberto Mora escribe a la señora Ministra de Trabajo, Silvia Lara Povedano, solicitando que el Ministerio a su cargo, ponga manos en el asunto de los trabajadores y extrabajadores de la empresa Constructora Hernán Solís, S.R.L, ya que, menciona que los choferes de vagonetas desde hace mucho tiempo se quejan de la manera cruel en que son tratados, trabajando muchos hasta 18 horas diarias y los pasan de un proyecto a otro sin previo aviso, y sumando a lo anterior, les alquilan casas las cuales no reúnen las mínimas condiciones sanitarias ni de salud, ya que dentro de un cuarto de 4×4 se tienen que meter a dormir hasta 8 personas y, con un solo baño. Además de lo expuesto, usualmente son echados de dichas viviendas porque el patrono H Solís no paga el alquiler.

Roberto Mora indica que el Ministerio de Trabajo fue creado para que sea la institución rectora y ejecutora de la política laboral y de seguridad social, dirigida a la sociedad costarricense, vigilante del TRABAJO DECENTE, equidad y JUSTICIA SOCIAL, y que los costarricenses consideran hoy en día, que el Ministerio de Trabajo se volvió una institución meramente BUROCRÁTICA, ya que brilla por su ausencia en los conflictos laborales, además, los trabajadores ya perdieron la credibilidad en ella.

El día 13 de julio del 2021, los choferes de vagonetas de Guápiles, se apostaron frente a la entrada de la planta de asfalto de la empresa donde laboran, (H Solís, entrada Río Frío-Guápiles) para protestar por sus derechos, ya que no solo son agredidos (sus derechos), sino que tienen que pagar los peajes de sus propios bolsillos, sin ser recuperados, pero si por alguna razón aducen que no tienen dinero para pagar el peaje, son despedidos, todo ello, sumado a un enorme atropello a sus derechos como trabajadores.

Por todos los motivos mencionados, indica que el Ministerio debe y tiene que apersonarse en cualquier conflicto entre trabajadores y patronos, pero…, todo lo contrario, ningún trabajador se quiere presentar al ministerio porque dicen que es perder el tiempo.

Finalmente, Roberto Mora indica que hasta donde tiene entendido, el ministerio de trabajo tiene de oficio que apersonarse a cualquier conflicto del área laboral y social, por ello le solicito, mañana a las 4:00 am los choferes de vagonetas volverán a presentarse a su trabajo en la planta de asfalto de Guápiles, entrada Río Frío y, si las condiciones para laborar siguen siendo maltratadas, seguirán en paro hasta tanto no les arreglen sus derechos.

 

Compartido con SURCOS por María Elena Fournier.

Una visita indeseada de un gobierno falsario

Por, Carlos Meneses Reyes

El equipo gubernativo del sub presidente Duque preparó una visita del mismo al Municipio de Sardinata: Puerta de Entrada al Catatumbo Medio Nortesantandereano. Para ello escogió como sitio de reunión de un concejo de seguridad, el sitio conocido como La Virgen, de ese municipio, caracterizado por ser lugar de manifestaciones campesinas y de bloqueos de la carretera Cúcuta- Ocaña, durante el Paro Político Nacional (PPN). También por concentrar el mayor número de efectivos militares en lo que se ha constituido como una base militar de avanzada de la fuerza conjunta ( ejército, marina, aviación) de operaciones Fudra Omega, caracterizada por el profesor Víctor Renan Vega, como una prolongación del Comando Sur del ejército norteamericano, resultado del Plan Colombia, con un equivalente de 30.000, uniformados; 17.000 de los cuales aposentan en El Catatumbo, bajo la Operación de la Fuerza Vulcano, con un asentamiento de 12.000 soldados, aumentado en 5.000 soldados más, por el espurio presidente en el poder, al inicio del presente año.

Esta visita a Sardinata, celebrada en el día de ayer, 25 de junio de 2.021, la efectúa el sub presidente, cuando más de dos mil campesinos han decidido regresar a su veredas, luego de intensas gestiones del gobernador del Norte de Santander y los alcaldes de Cúcuta, Tibú y Sardinata, para lograr un despeje de las vías y carretera principal mencionada. Un fui, vi, vencí, que por poco termina en tragedia.

En el marco del Paro Nacional los campesinos se concentraron en la Y de Astilleros, donde confluye la vía de Cúcuta- El Zulia, hacia Tibú y Ocaña. El ejercito impidió la marcha campesina hacia Cúcuta, ante lo cual el gobernador del Departamento, junto con el alcalde de Cúcuta y Tibú, se dirigieron al lugar de concentración, en donde se llevó a cabo una Audiencia Pública, con la presencia de la Camisón de Paz del Congreso. Los días 13 y 14 de junio resultaron de intensa actividad, donde el gobernador escuchó las quejas de los manifestantes, siendo falso lo difundido por los medios de intoxicación masiva de la dictadura, que había sido retenido por los campesinos. Fue manifiesto el pedido de la comunidad de estar cansada de la prolongada situación del cierre de vías ente Cúcuta y El Catatumbo. El gobernador regresó a su Despacho, en el Palacio de la Cúpula Chata, como se denomina al centro de la burocracia narco estatal en la capital administrativa del Departamento. Esa noche, en la vereda Agua La Sal, del municipio de Cúcuta, motorizados armados, irrumpieron en el campamento de concentración campesina, disparándoles, en físico acto de terrorismo estatal.

La gobernación del Departamento expidió el Decreto 000879 del 17 de junio de 2.021, por medio del cual se creó la “Mesa Regional por la Reivindicación Popular de El Catatumbo”, como un instrumento de articulación de participación y de concertación, dialogo social y acuerdos, entre la gobernación del Norte de Santander y el Comité de Unidad de El Catatumbo, al que asisten y conforman más de dieciséis siglas organizativas de la región, incluidas de intereses indígenas. El día 18 de junio se llevó a cabo el acto de protocolización de firma del mencionado Decreto, para lo cual se trasladó el gobernador del Departamento al sitio de La Virgen, en Sardinata, acompañado de los alcaldes de Sardinata, El Zulia, Cúcuta; resaltando el logro de condiciones mínimas para la instalación de la Mesa, construyendo una estrategia metodológica que permita ir a los territorios, escuchar las opiniones de las comunidades, recoger inquietudes, validarlas y concertar salidas en la Mesa Regional.

¿A qué fue entonces Duque?

El equipo gubernamental publicitario suplió fases de preparación para que presentara la presidencia un balance de las “inmensas” inversiones hechas a El Catatumbo. Todas en proyección a 15 años, como si el palo estuviere para hacer cucharas. El manipulador Archila, como consejero presidencial, no calculo la diferencia de los sucesos y acontecimientos reseñados y armó una burocrática patraña de espaldas a la población campesina catatumbera.

En patético desgobierno, demuestra los efectos de contradicción que el dictatorial Decreto de asistencia militar y de velada conmoción interior, ha generado en el espíritu y comportamiento de mandatarios locales y regionales, ante el gobierno central. Desconoce que en la región se está en la actividad de instalación de seis mesas de trabajo con ejes temáticos en temas de educación, salud, vivienda, saneamiento, vías de penetración, sobre medio ambiente y en especial sobre los temas de aplicación de los Planes Pinis, referente a la sustitución de cultivos ilícitos en forma voluntaria, mancomunada, con inversiones familiares; la creación de las Zonas de Reserva Campesina(ZRC) y en una palabra la aplicación de los programas máximos y mínimos reivindicativos del movimiento popular, contenidos en los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colon, para el logro de una paz estable duradera y de no repetición. Pero no, llegó irrumpiendo en un boato de derroche de fuerza y de estreno de uniformes del generalato. Cuando los dos mil campesinos concentrados habían regresado a sus parcelas y solo un séquito de algunas camisas blancas “de bien” uribeñas, enseñoreando aliento narco paramilitar, reproducían el eco de las contra manifestaciones a las del Paro Nacional.

Y al caer la tarde sonaron los balazos

En un caldeado ambiente político, social y económico como el que transita el país colombiano, el insuceso de disparos de un arma automática, al helicóptero presidencial, de claros distintivos, que traía de regreso a Cúcuta, al primer mandatario de algunos colombianos, no califica- como debía ser en cualquier otro país- en un hecho funesto, aciago, de consecuencias nefastas de alteración. Consuetudinarios con asesinatos de candidatos presidenciales, de líderes sociales, de desmovilizados desarmados, en réditos de beneficios electoreros a una secta, que no partido de gobierno; ya lo aciago de un evento como el sucedido en la tarde de ayer en Cúcuta, demuestra el rompimiento del tejido y sensibilidad social, de un bien preciado como la vida de los seres humanos; no pudiendo catalogar en lo sociológico y antropología, que la pérdida del miedo, pueda redundar en perdida del instinto vida-muerte.

La política concebida desde lo clásico es el resultado de hechos y sucesos. ¿Contribuye ese funesto suceso a un cambio en la conducción política? Infortunadamente, no. Se dan las reacciones esperadas de la mediática. Las declaraciones estereotipadas de “personalidades” políticas, para diferenciarse del montón. En cambio, se reiteran las manidas manifestaciones oficiales de las danzas corruptoras de las recompensas. No existe degradación más grande que la del sapeo, al que se es alérgico desde las bancas de la escuela. Así como la expresión ciudadanos “de bien” calza en la norma de la lucha de clases; los diferentes montos de recompensa ofrecidas, aplica en lo inequitativo de la distribución social de la riqueza en Colombia. Para dar con quienes han decapitado e incinerado jóvenes relacionados con la protesta, fijan: US$3.000. Por dar con quien quemó un tracto mula atravesado en la vía: US$200.000. Por quien disparó desde zona en despoblado e inventado que fue del techo de una casa de barrio humilde: US$1.000.000. Esas tales recompensas no tienen control fiscal, tributario, ni nada. Denuncian que no las dan y son objeto de extorsión subsiguiente. Fácil de comprender.

Múltiples versiones circulan en las redes sociales. Puede ser, como no, que un despistado traqueto, poseedor de esa clase de arma en el mercado negro, predominante en Cúcuta; o un aventurado miliciano, mutuo propio y en licencia, haya decidido dispararle al llamativo objetivo aéreo. No cabe en parámetros analíticos que haya sido una acción insurgente. En los últimos diez años han sido objeto de ataques con fusiles unos seis helicópteros de guerra, que posan en zonas de combate en El Catatumbo. Solo han sido averiados. No derribados. Índice de probabilidades que descartan la efectividad de esa escaramuza, dadas las dotes salvadoras y de tecnología de punta con que cuenta el helicóptero presidencial. Conocedores del conflicto armado interno en Colombia, aseguran que la guerrilla colombiana, en 50 años, no ha logrado obtener misiles, tierra-aire, por ejemplo. Queda entonces el factor preponderante de la geopolítica, dada la situación estratégica de Colombia, para el imperio y el interés de invadir a la República Bolivariana de Venezuela. Aunque burdo, es significativamente probable, lo de la doble bomba, en el mismo auto, que estalló en las instalaciones del Batallón Maza, de la 30 Brigada en Cúcuta y ahora este “atentado”, pletórico de argumentos para una acción de desestabilización en la frontera.

Sabido es que el ejército oligárquico de expansión Made in Usa colombiano, es el tercer ejercito del mundo que mayor recursos dinerarios recibe del imperio; siendo el primero Israel, el segundo Egipto y el tercero Colombia. Queda por ver la cacería de brujas en escena. Sin mayor excitación, así concluyó.

Del paro indefinido a la comuna popular

Por Carlos Meneses Reyes

Así como los poetas traspasan el Parnaso, adonde pocos llegan, los analistas del conflicto colombiano vislumbran el desenlace de acontecimientos, sin ser prestidigitador. Un Paro Nacional dirigido acertadamente por el Comité Nacional de Paro (CNP), tras 46 días de intensa actividad, comenzó a reclamar un salto cualitativo en su conducción, debido a un fenómeno de cualificación política. Significa que el impulso de motivación primaria, debido a la negativa por tramitar un pliego de peticiones, presentado hacia 11 meses y no tramitado por desidia del gobierno central, ha cambiado esencialmente como resultado de los acontecimientos.

Planteamiento de la actual situación

El Comité Nacional de Paro sesionó adelantando que daría a conocer variantes, en cuanto al tema de las manifestaciones públicas; la posibilidad de entrar en un cese de esa clase de manifestaciones y lo derroteros a cumplirse, sobre la constante que el Paro Nacional se mantendría, acorde con la posición de instar al gobierno nacional en la continuidad de las conversaciones en miras a negociar el contenido de los reclamos expuestos, truncado por la decisión unilateral de levantarse de la mesa, ante la actitud de pasividad y no interés del gobierno central, en una solución definitiva a la problemática vivida. Corresponde destacar la presencia en el país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instalada en Bogotá DC. Su visita- como factor de referencia- para investigar la violación a los Derechos Humanos durante las jornadas de protesta del Paro Nacional, se constituyó en un lugar al que afluyeron defensores de los Derechos Humanos en todas sus expresiones organizativas, asociaciones de víctimas, de desaparecidos, de activistas, protestantes y manifestantes, en todos los niveles de representación de la sociedad civil; así como escuchado la posición del gobierno, en audiencia con el presidente de la república; del pleno del comité nacional de paro; presentación de los gremios económicos; agregado a la visita a sitios neurálgicos de zonas en Paro y protesta permanente en la Capital y a ciudades de mayor conflictividad. Por lo intenso de las confrontaciones entre manifestantes y la fuerza pública, la visita a Cali, fue de especial interés y atención.

Existe conocimiento y claridad en la opinión nacional e internacional sobre el desarrollo de las jornadas de protesta y la característica de respuesta desmedida de la fuerza pública contra los manifestantes y población civil en general. Se ha divulgado el contenido de más de las 120 peticiones de reclamación, resumidas en treinta temas puntuales de exigencias. De sobra conocido que la chispa que incendio la pradera la constituyó el abusivo proyecto de reforma tributaria con carga en hombros de la clase media y sectores populares; seguido de la infame atribución de beneficio privatizado de malsano ajuste al ya impopular sistema de privatización de la salud. Para la segunda semana de continuidad del paro nacional, esos dos esperpentos de proyectos de ley fueron retirados del congreso, a ello unido la renuncia del ministro de Hacienda de apellido Carrasquilla; de la ministra de relaciones exteriores de apellido Blum; del consejero nacional de paz de apellido Ceballos. No fue compensado tal desgaste gubernamental por parte de las fuerzas activas del Paro Nacional, como lo calculó el gobierno. Por el contrario, se intensificaron las acciones de protesta a nivel nacional y se alinearon en la lucha activa de las mismas, la protesta de sectores de Transportistas; las consecuentes reclamaciones de la Minga Indígena; la fortaleza de las reclamaciones de los sectores campesinos; medianos y pequeños productores y sobre todo, la vinculación activa de sectores populares en la mayoría de municipios del país, organizándose en las Comunas de las ciudades; en los Barrios y en las Veredas. Es de destacar que, en el frente de las barricadas en confrontación, se dio la elevación del factor organizativo de las masas, al crearse los colectivos de LA 1a LINEA por parte de los jóvenes, emulados con la creación de las MADRES DE LA 1a LINEA, creciendo con el acumulado de adherencias y solidaridad por parte de profesionales, contándose con los Abogados, Ingenieros, Médicos, Enfermeros de LA 1a LINEA.

Resultado de la brutalidad policial aplicada por el Escuadrón de la Muerte Policial, Esmad, los jóvenes crearon una forma organizativa llamada LA 1a LINEA. Los muchachos o pelaos de LA 1a Línea, están en la lucha callejera, con cascos, gafas plásticas de seguridad, escudos de lata y plásticos, tapabocas y disponibilidad total. Enfrentan las bombas lacrimógenas y chorros de agua dirigidos a los manifestantes. Orientan a la población alzada. Controlan a saqueadores. Organizan los Bloqueos, evitando la extorsión. Encausan y ayudan. Previenen, orientan, socorren a golpeados, o a sitiados, a quienes ayudan a salir. Participan en las ollas comunitarias, junto con LAS MADRES DE LA 1A LINEA. A esto agregar las iniciativas con apoyos de solidaridad económica, recaudándose significativas sumas de dinero para dotar a los jóvenes de LA 1a LINEA, de cascos y gafas protectoras, tapones protectores de las bombas aturdidoras, asegurarles la alimentación diaria, conceder auxilios monetarios a afectados; constituyéndose en una sumatoria de factores que realzan el valor y reconocimiento en la permanencia de la lucha callejera.

Volviendo al anuncio del CNP, en la base de la Asamblea Nacional de Delegados de organizaciones sociales, políticas, gremiales, juveniles, de minorías, Lgtb, se dieron contradicciones en la toma de decisión del cambio de estrategia de suspender las movilizaciones y en su lugar impulsar un mega concierto para el día 20 de junio de los corrientes y la propuesta de una “campaña pedagógica” para en unión con la academia, presentar un cuerpo de proyectos normativos, al congreso, que abarquen el contenido de las propuestas del pliego presentado al gobierno. Todo esto unido a la concepción que “el Paro sigue… pero se transforma”. De manera que quedó demarcado el área de influencia nacional del CNP y la respuesta de los sectores del país que el mismo no representa y que se traduce en la continuación de la protesta, en distintos puntos de la geografía nacional y en la capital de la república, conforme ha venido sucediendo en más de 45 días de Paro Indefinido.

De lo gremial a lo político

La dirección del Comité de Paro Nacional, no contribuyo a la cualificación política del movimiento nacional de protesta. Tampoco lo hicieron los vectores del movimiento político alternativo y de oposición. La unión en torno a objetivos de las centrales obreras superó el infortunio de no convocatoria tradicional, de los últimos años, del movimiento sindical. Gracias a la dinámica de la CUT, con tres directivos y el peso de 500 mil docentes afiliados de Fecode, el sindicalismo con sus centrales obreras, aglutinaron a un amplio sector de organizaciones a nivel nacional, representadas en un órgano de discusión, como lo fue la Asamblea Nacional de Delegados, reunificados en la presentación de pliegos, en lo esencial reivindicativos. El desarrollo de los enfrentamientos, no solo con la fuerza pública, sino con el conjunto del poder estatal, contribuyó a determinar los alcances de las propuestas, jamás escuchadas ni tenidas en cuenta por lo gubernamental y el empantanamiento de unas conversaciones que no alcanzaron negociación alguna. La parte gubernamental impuso el compás de espera, la dilación, la negación de lo pre acordado, con voluntad manifiesta de no negociar. Ello trajo consigo la imposición de líneas rojas intransigentes, desdiciendo el espíritu de cualquier negociación alternativa y su solución. Por ello, la dirección del Comité Nacional de Paro decidió, en forma unilateral, levantarse del recinto de reuniones; lo cual desemboco en la tomas de nuevas estrategias y la decisión del gobierno nacional de cerrar nuevamente las puertas de conversación y negociación; anunciando acudir a centenares de mesas concertadas, que mantiene en los lugares de conflictos en todo el país; lo cual no deja de ser sino físico aspavientos.

El papel de la Juventud ha sido definitivo en el derrotero que agudizan el conflicto político, como uno más de los conflictos existentes en Colombia. Sabido es que los conflictos sociales jamás son superados en las sociedades y Colombia no será la excepción. Siempre existirán los conflictos sociales. Por ello en Colombia no ha ha habido un “estallido social”. Estamos transitando por un conflicto político y económico de grandes proporciones, cuyos fines y alcances aún están por verse y sopesarse.

Los jóvenes han comprendido y asimilado los alcances y capacidad de sus actividades. Para ellos no existe un programa político a alcanzar. Ellos están por lo inmediato: la defensa del territorio. Pero esta acepción no la circunscriben solo a un terreno o a una superficie terrestre o porción de una región, como a una concepción de ámbito espacial de aspiración; a una cosmovisión de alcances prácticos de la vida, apuntando a imaginarios, como metas logrables. Para ellos, en el imaginario colectivo, la legalidad no les funcionó, ni sirvió. Las vías legales y el dialogo están agotados. Acuden a las acciones de hecho. Por esta razón, la decisión del Comité Nacional de Paro, de recurrir a la presentación de una serie de proyectos de ley que resuman el alcance de sus propuestas de pliego no escuchadas por el ejecutivo, con miras a alcanzar un cuerpo normativo que materialice el alcance de sus aspiraciones, no deja de ser una pifiada y paso en falso ante ellos y el movimiento popular, combativo y de masas. Pareciere que no asimilaren la crudeza de los hechos. La rama del Poder Legislativo y en especial el Congreso (Cámara de Representantes y Senado) ha develado, corrido el velo, como el principal enemigo de las aspiraciones populares. Esto no es anti santanderismo, es físico realismo. Durante las jornadas del 21N de 2.019, impusieron la fatídica reforma tributaria que lleno de gabelas y exenciones a los sectores parasitarios financieros y más pudientes, de la inequitativa sociedad colombiana, cargando sobre los hombros del pueblo las crisis de un modelo neoliberal mundial y latinoamericano, en decadencia. Suplantar la lucha de las masas por el alcance del ejercicio leguleyo ante un senado y cámara de soporte oligárquico, narco estatal mayoritario, deja mucho que desear. Como si con acudir a la Academia y el pulir de técnicas legislativas los proyectos de ley adocenados y adornados, les habilitaran alcance alguno de reivindicaciones. Insólito acudir a los causantes de tantos males populares. A los reformadores, a su favor, de la CP91. Les enrostran que ese mismo órgano legislativo fue el que sepultó los alcances de la previsión y seguridad social de los trabajadores. Acabó con las conquistas laborales y sindicales. Implantó a las mafias blancas el control de la salud al privatizarla. Ferió la cosa pública al sistema financiero parasitario. Recordándoles que aun con el pueblo volcado revolucionariamente en las calles, campos y veredas, durante las jornadas de este Paro Nacional, desde el 28 de abril (28A), continúan en la nefasta función legislativa de sepultar: las aspiraciones de la matrícula cero pesos ($0). El proyecto contra el uso del fracking. Tramitan otra deleznable reforma tributaria, inspirada en los intereses gubernamentales y de su secta, que no partido, de gobierno. Aprueban la reforma a la Procuraduría, cual baluarte burocrático de puestos y favores a funcionarios investigados por corrupción en sonados casos como Odebrecht, Ruta del Sol, Reficar, Ñoño Elías, “volteo de tierras en Cundinamarca, atribuciones de función judicial, enfrentamiento al ordenamiento jurídico de acuerdos internacionales y de defensa y respeto a los elegidos por voto popular, etc. Eso no tiene presentación diferente a la de la capitulación de la lucha del movimiento popular.

Del paso a seguir

Aunque corresponde a un tema de trasfondo, se prevé la continuidad del paro, con mayor intensidad, tal como lo demuestran las protestas y plantones en diferentes ciudades de país y en especial en Bogotá. Múltiples formas organizativas y de vocería afloran. El uso de instrumentos como los Cabildos Abiertos, están al orden del día y suplantaran los ineficientes consejos municipales en la lluvia de aspiraciones populares y respuestas efectivas locales. El uso- en la práctica-de la revocatoria del mandato a toda la rama legislativa (concejos, asambleas, congreso), ante el no logro de acuerdos con alcance políticos, insidiara en correspondencia al rechazo de presentación o aspiraciones electorales de los mismos. Transcender del simple leguleyismo al logro de la implementación de los Acuerdos de La Habana, como materialización de programas máximos y mínimos a alcanzar el movimiento popular y la lucha de masas. Cada día que transcurra aportara mayores elementos.

La génesis y debacle por el Paro Político Nacional (PPN)

Por Carlos Meneses Reyes

La génesis de la debacle político-social por la que atraviesa Colombia se debe al desgobierno y mal gobierno. Para el administrado o ciudadano común y corriente, esto se refleja en desconcierto, desidia, dejadez, negligencia. Solo ubicando a este gobierno como culpable primario de los hechos acaecidos por tan prolongado Paro (Cívico) Nacional y por ende de todos los efectos que se suceden; se puede explorar en la explicación del fenómeno transitado y en la concepción de una interpretación tendiente a la búsqueda de una salida, que puede confluir o no, en un Nuevo Pacto Social o Contrato Social. Esto por cuanto se trata de la búsqueda incansable de una sociedad que no renuncia a su libertad, busca el logro de acuerdos y aplica en la vigencia de un Estado de Derecho. De tal manera que nos proponemos sustentar que el único culpable del Paro Político Nacional Indefinido es el gobierno títere de turno y que los efectos dañinos no los está soportando el pueblo, como subliminalmente lo quieren presentar. No. Lo sufren y padecen los grupos económicos de presión, las oligarquías centrales y regionales, los usufructuarios del narco para militarismo en el poder. Lo soportan los mismos aliados del Establecimiento, que viven y amamantan de él. El pueblo lo único que pierde son sus cadenas de opresión y miseria, parodiando el mensaje del Manifiesto Comunista y que tanto espantajo le causa a la derecha troglodita militarista clasista, en el poder.

Apreciaciones en consideración

Lo que comenzó como un Paro Cívico Nacional, transformase, por la incidencia de los hechos, sucesos y erradas asimilaciones gubernamentales, en un Paro Político Nacional (PPN). De espaldas a las previsiones contempladas en la Carta Constitucional, el gobierno de turno no ha demostrado capacidad, sindéresis, para mediante una observación cuidadosa, prevenir los desenlaces y “efectos dominó” que la cadena de sucesos lo han colocado en situaciones o puntos de no retornar. No porque se tratare de volver a una situación ideal, como la de continuidad de una inercia, sumando cantidades de elementos perturbadores, que a la larga confluyeron en el estallido social.

Es de entender que en tratándose del conflicto social por el que atraviesa Colombia, este no termina y se multiplica en sucedáneos; pero la negligencia gubernamental conllevó a la torpeza de anunciar una aplicación de gravámenes tributarios, a espaldas de la población y la clase media, en el momento menos indicado, cuando los efectos del pandemónium del COVID-19, asolan todo el escenario de la economía colombiana.

Mal, asimilando el desconocimiento de las protestas y paros del año 2.019. La bofetada dada al movimiento popular, activo y en las calles en multitudinarias manifestaciones, al imponer el corrupto congreso y cámara la reforma tributaria de 2.019, redundó en la concesión de adiciones y exenciones de nueve mil millones de pesos al sistema financiero; dando elementos para considerar la carencia de una capacidad natural de dirigir a un país, tanto del gobernante de turno, calificado como de títere y sub presidente, por la implacable critica opositora en su contra; como por la ineficacia de una Secta- que no Partido, que se dice de gobierno.

Esa miopía e incapacidad gubernamental, trajo la sumatoria de los demás conflictos que afectan al país, como lo son el conflicto político, económico, ecológico; como también el armado interno; destacando de este, que su actor principal, como vanguardia armada del movimiento popular y expresión de la lucha de clases en Colombia, esta como en una especie de letargo, en espera, condescendencia o respeto, al desarrollo del accionar de las masas y su movilización, como rectora de las luchas populares en Colombia.

Pero la transformación de un Paro Cívico Nacional, en un Paro Político Nacional (PPN), desafortunada mente no se ha dado como resultado dialéctico de la cualificación de la lucha reivindicatoria, gremial y su salto a la lucha de objetivos políticos. Esto se da cuando la dirección de la protesta de masas la asume el movimiento político. Existe un Comité de Paro Nacional al que nutre una Asamblea Nacional de Miles de Delegados de organizaciones sindicales, sociales, populares, comunales, políticas, gremiales, estudiantiles, profesionales, campesinos, servidores públicos, de minorías étnicas(indígenas, afro descendientes, de género, LGTB, etc.), de amplio espectro, en el que caben todos; pero que en la práctica no ha sido así y paralelo al desarrollo del Paro Nacional, han surgido movimientos de transportadores, de la juventud, barriales y de comunas, productores del agro, comerciantes, prestadores de servicios, formales e informales, que han diversificado el abanico y lluvia de reclamaciones, superando, en la práctica, el ámbito de acción del Comité Nacional de Paro. Consecuencia de esta multiplicidad de actores, se ha visto limitado el control de las confederaciones obreras y de representatividad del trabajo sindical y organizado y la capacidad de actuar en nombre del sinnúmero de congregados y colectivos emergentes. Esto lo supliría la dirección política del movimiento; siendo un limitador que pesa en el análisis concreto de la situación concreta abordada, como lo es, el Paro Nacional, su suerte y/o camino a seguir.

Pero un Paro Indefinido y una Huelga de contenido político (revolucionaria) torna a caracteres subversivos. Resulta que la expresión subversivo ha sido satanizada, como algo perverso. Colombia ha sido escenario de luchas, con tenacidad y resistencia, por más de tres semanas. Ese teatro o espacio de tan variados e impactantes pasajes conllevan a analizar- dentro de su contexto- no un estadio masivo insurreccional; como sí, por el contrario, una avanzada de subversión social, contra unas situaciones de hecho, injustas e impuestas. Al así plantearlo, ha de abordarse el tema desde el punto de vista de un pensar individual y desde el del comportamiento social—colectivo.

Lo subversivo como pensar

Se puede catalogar como el resultado del razonar práctico ante la importancia de una necesidad, por una situación crítica, mayoritariamente planteada.

Se trata de la manifestación del pensar individualmente considerado que termina por concluir que, ante un estado de cosas planteado, denigrante, injusto, alienante, surge la necesidad de cambiar, de transformar de raíz, esa anacrónica situación. El individuo se arma (en el sentido menos militarista y no utilizo el término “se blinda”, por ser esencialmente militarista) en su interior. Es decir, se consolida ideológicamente en lo que considera que es auténtico, valioso y cosmogónicamente necesario para cambiar. Digamos que opera en él (o ella) una especie de revolución interna, por el cambio, por lo Nuevo. “La subversión humanizadora aparece breve en el tiempo, como un soplo de vida nueva”, enseña la Teología de la Liberación.

Lo subversivo como práctica

Existe una dualidad conceptual en el pensamiento subversivo. Se bifurca, se divide en dos: Uno, el analizado, imbuido de una fuerte conciencia interna de la necesidad de un cambio. Bulle en una lucha de contrarios interna, por la supresión de un orden de “valores”; por la creación de un nuevo orden moral; por superar la opresión; por cambiar lo que se vive; por la imposición de un nuevo futuro. Por aquello que irrumpe en lo consecuencial, ya convencido que se encuentra encerrado en un status quo asfixiante y alienante, imponiéndose lo categórico de un cambio radical. Otro, ese impulso interno, se transforma así en una consigna y practica consecuencial de un accionar social, real, expresado en una movilización de fuerza social y colectiva.

En eso radica la eficacia del pensar original subversivo: en su proyección de movilización como fuerza social; como fuerza de la colectividad. Es el paso a lo transformador. De allí la importancia de la subversión, planteada en la consecuencia lógica de una nueva institucionalidad; en la consecución de un orden alternativo

De las organizaciones de base populares

Han transcurrido 22 días desde el inicio (28 de abril) de la gesta histórica del Paro Nacional 2.021, en Colombia. Pero un sinnúmero de organizaciones sociales, populares, a nivel de barrios, de artistas, lúdicos, folclóricos, de activistas sociales y políticos; organizados en calles, comunas, veredas, municipios, en grupos de resistencia y de protesta, que buscan objetivos comunes de hacerse valer, oír, escuchar; no están organizados en el Comité Nacional o no hacen parte de el, independientemente se sientan, o no, representados en los del Comité. Esto hace que el control de la protesta y el encauzamiento hacia objetivos, tangibles, concretos, se haga difícil, resaltando, que en modo alguno, representa una debilidad del movimiento popular y de masas, puesto que todo cuanto exprese accionar contra la pasividad, el miedo infundado y atreverse a luchar es de inconmensurable valor político. Se trata de pueblo en ejercicio de su soberanía que busca cambiar de fondo las relaciones de poder en Colombia. No se puede perder de vista que así se forjan las mayorías en Colombia y explica el caudal multitudinario de las manifestaciones realizadas.

La manifestación publica y el uso violento de la fuerza pública

Asistimos a la constante de una protesta popular prolongada. No de cualquier protesta sino de una propia que brota del contorno o derredor de poder popular. Fuerza y poder del pueblo, así expresada. El Establecimiento le teme porque la dejó crecer, avanzar. Al no utilizar los correctivos, por carencia de un timonel estadista, las aspiraciones desconocidas, no alcanzadas, se van plasmando en el Paro. EL PARO es un cese de movimiento, de actividad y refleja en lo económico el cese de una actividad, como en la no prestación de servicios. Es una forma de protesta. El que sea o no pacifica, es un factor de apreciación, de calificación, de interpretación. Depende. Como tal, el Paro va circunscrito a la HUELGA. Esta se traduce en la interrupción colectiva de la actividad laboral, por parte de los trabajadores. Tiene por finalidad la exigencia a satisfacer reivindicaciones concretas; pero cuando la huelga trasciende y responde a propósitos de subversión política, pasando de reivindicaciones de carácter económico o social, toma tintes de prolongación en el tiempo, respondiendo a esa intención o finalidad. Una Huelga, no está circunscrita a la factoría o sede de trabajo. Es precisamente suspensión de actividades y de producción. El Paro, la Huelga se constituyen en formas o manifestaciones de protesta alimentadas en el contexto del conflicto social, alterando el funcionamiento de un orden vigente o impuesto y es propio de su naturaleza la alteración de ese “orden”. Las Marchas o Manifestaciones, constituyen el instrumento de aplicación para alteración de la “normalidad”. El BLOQUEO es la acción de impedir la comunicación, el fluido funcionamiento o el paso de algo. Se bloquea el tránsito, como se bloquea la información. Es resultado de ese accionar. Marchar, Bloquear, Parar, Huelga, etc., se subsumen, se incluyen en un mismo componente de clasificación abarcadora. Lo de “pacifica” corresponde desentrañar lo en la sabiduría del constituyente; puesto que de por sí obstruir, impedir, cerrar, atrancar, se dan como resultado del accionar activo o pasivo de marchar, manifestarse. Si desde la sede de su casa de habitación se decide no operar transacciones financieras, por ejemplo, pues es una forma de bloqueo. Lo primordial es la comprensión que el bloqueo logra afectar, como medida de protesta. En cuanto al SABOTEO, este ya es la acción encaminada a dañar, deteriorar o destruir algo; por lo general maquinarias, instalaciones, bienes. Es también un medio de lucha o de presión, aunque con otras característicos y consecuencias, situado más que todo en un accionar militar, como atentado. El SAQUEO. Ya corresponde a un accionar de robar, de depredar y en ello asiste la violencia, el destrozo, arrasando con cuanto haya en el lugar. El saqueador se apodera violentamente de lo que hay encuentra o asalta, para sí. Desvalija, pilla, daña, con intención dolosa. Es incomprensible, inaceptable y vituperable en el ejercicio de la protesta.

Valga el presente ejercicio para explicar que lo más desacertado es la denominación de Vándalos. La imprimió el imperio romano para referirse a los pueblos de origen germánico oriental, procedentes de Escandinavia, Quien no era romano era bárbaro y salvaje, era vándalo. Tristemente en Colombia la mediática dictatorial denomina vándalos a los manifestantes por el solo hecho de protestar…Es producto y resultado mismo de la judicialización de la protesta y a los manifestantes.

Tres pasajes sangrientos de actualidad histórica

Por Carlos Meneses Reyes

 

La masacre de las bananeras

El pasaje más impactante, que recibí y asimilé, como estudiante de Derecho en la Universidad Nacional, fue el de la masacre de las bananeras, ocurrida en Fundación, Magdalena, el 6 de diciembre de 1928. Dedicado al énfasis del Derecho laboral desde los primeros años de aula universitaria; ante un derecho laboral de conquistas concretas hacia los años de 1970, comprender la lucha de las conquistas obreras, colocó como referencia que los logros y alcances de las reivindicaciones laborales obedecían al sacrificio y tenacidad de la clase obrera colombiana. Comprendí que la asimilación del espíritu de la ley laboral iba pareja con el análisis comparativo del desempeño de las luchas reivindicativas y políticas de la clase obrera colombiana. No existe materialización de ley laboral alguna divorciada del sacrifico y la capacidad de lucha de los trabajadores. De igual manera, la historia de las ideas políticas y reivindicativas de los trabajadores sentaba en la comprensión de la historia de sus organizaciones sociales; de sus expresiones y manifestaciones políticas; asimilando que la historia de las ideas políticas de los trabajadores era la historia de sus organizaciones sindicales y el salto en la asimilación y construcción del partido político de los trabajadores.

El entorno de la lucha de los bananeros

Por su origen de clase proletaria y la concentración de fuerza laboral, la zona bananera del Magdalena se constituyó en el bastión de la lucha obrera en la segunda década del Siglo XX. Los ideólogos del Partido Socialista Revolucionario (PSR): Raúl Eduardo Mahecha, Ignacio Torres Giraldo y María Cano, centraron la actividad política y organizativa en la zona de explotación bananera. De diez mil trabajadores, en el año de 1910, pasaron a 25.000 obreros del banano en 1928. Se daban las condiciones subjetivas y objetivas para el desempeño de los trabajadores en sus luchas reivindicativas y también políticas. No existía un Código Laboral y por ende la relación de trabajo era una relación meramente mercantilista. La multinacional norteamericana United Fruit Company era amo y señor de vidas y propiedades. Para la década de 1920, los dineros provenientes de la indemnización recibida por el estado colombiano por la desmembración de Panamá; retribuyeron en beneficio de la multinacional gringa en la creación e infraestructura del emporio bananero. En 1911 llegó el tren a Aracataca y en 1920, a Fundación. La compañía manifestaba que no tenía trabajadores, negaban el contrato de trabajo, y que en sus nóminas todos eran contratistas. Ante cualquier reclamo de un trabajador, el capataz simplemente le volaba la cabeza. Las condiciones de salubridad y de ambiente de trabajo eran inhumanas. El paludismo, la anemia y la tuberculosis representaba el cuadro famélico de los trabajadores. El pago se les hacía por bonos, que eran títulos que solo se podían cambiar en los comisariatos de la compañía. No contaban con seguridad industrial alguna, ni protección de seguros para accidentes laborales. Las jornadas de trabajo eran extenuantes y no existían horas extras, cesantías, ni prestaciones sociales. Ante ese panorama, se conformaron Comités de Trabajadores Bananeros. La alta concentración de trabajadores y su extensión geográfica conllevó a la creación de la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena. En una palabra, estaban organizados.

Para el año de 1928, la agitación era generalizada. El 6 de octubre de ese año, se dio masiva asamblea de reunión de trabajadores. Allí se redactaron nueve puntos de un pliego reivindicativo, que fue presentado a la empresa. La empresa se negaba a aceptar el pliego y por ende a negociar; pero los trabajadores en folclóricas y bulliciosas reuniones mantenían el ánimo en las reclamaciones. La compañía bananera estimo seriamente afectados sus intereses económicos y desde el principio dispuso no reunirse con los trabajadores. Para los primeros días de diciembre de 1928, corrió la voz que el gobernador del Magdalena y el representante de la United Fruit Company llegarían a Ciénaga a negociar el pliego. La orden de la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena fue la de concentrase para el día 5 de diciembre de 1928, en Ciénaga. Pero fueron engañados, ese día no llegó ni el gobernador ni se hicieron presentes los directivos de la compañía. Se había generado un hecho de concentración de masas. Ante esa situación la gobernación del Magdalena declaró la ley marcial y declaró como autoridad militar, por decreto de estado de sitio al general Carlos Cortes Vargas. Para la una de la madrugada, del fatídico 6 de diciembre de 1928, el general Cortes Vargas disponía de tres batallones. Desplazó dos nidos de ametralladoras hacia el parque y lugar de concentración. Por la retaguardia dispuso de 150 fusileros. Registran los hechos que comenzó a solicitar a los trabajadores, niños, mujeres, jóvenes, ancianos, que evacuaran la plaza pública y que perentoriamente iba a contar hasta tres. Se sucedieron dos descargas de ametralladoras y al minuto dos descargas de fusilería. La población inerme caía. Jamás pensaron que pudiere haber una orden de asesinar a mansalva. Comenzó la danza de la muerte y muchos salieron despavoridos. Se repetían los disparos y en la plaza quedó esparcido el reguero de cadáveres mutilados. Cumplida la masacre, la orden militar fue la de recoger los cadáveres. Amontonados en los vagones del tren su destino fue la playa y en un barco de la armada, más de mil quinientas víctimas fueron arrojadas a los tiburones. A la claridad de la mañana en la plaza de Fundación se encontraban nueve cadáveres. El sargento del ejército, Oscar Pérez, apodado mordisco, cual fiera jadeante, los señalaba repitiendo: “ahí están los nueve puntos del pliego”.

Tan lamentable suceso mancha históricamente la institucionalidad militar. El general Carlos Cortes Vargas se alió a los intereses de la United Fruit Company y en contra de los trabajadores colombianos. Un pasaje impune sobre la carga histórica de la institucionalidad militar colombiana. Desde entonces han mantenido la constante de comportamiento de un ejército de invasión contra el propio pueblo colombiano.

El paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977

Durante el gobierno de Alfonso López Michelsen se daba una constante: la negativa a discutir los pliegos de peticiones que presentaban las centrales sindicales del país, lo cual fue acumulando una fuente de energía y de rechazo en las masas populares, que en forma explosiva se manifestó, en todo el país, con la declaratoria, por parte de las centrales obreras CTC, UTC, CSTC y la CGT y de sectores políticos, de un Paro Cívico Nacional el 14 de septiembre de 1977. La ira represada de las masas se hizo notaria en las principales ciudades del país. La intensidad de ese Paro Cívico y la respuesta contundente y organizada de los sectores populares lo erigen como un punto de referencia en la cualificación del movimiento popular y de masas. Cúcuta, no fue la excepción. La declaratoria de Asambleas Populares en la ciudadela Juan Atalaya y barrios circunvecinos paralizaron totalmente la ciudad. Las marchas y movilizaciones se sucedieron durante dos días con sus noches. En Bogotá, las manifestaciones violentas fueron particularmente intensas en diferentes puntos de la ciudad. En ciudad Kennedy; en el sur, calle 40 y Barrio Santa Lucia; en la Avenida 1º de mayo con carrera 68, fueron particularmente violentos los enfrentamientos y los saqueos a los supermercados y entidades públicas. Se habla de más de treinta muertos en Bogotá y de miles de detenidos en la Plaza de Toros.

En la mañana del 15 de septiembre de 1977 recibí una llamada de la Dra. Paulina Ruiz Borras de la Asociación de Abogados laboralistas al Servicio de los Trabajadores, quien en forma compungida me expresaba que existían testimonios de masacre, por parte de la Fuerza Pública en la ciudad de Bogotá, y que los cadáveres estaban siendo transportados, en la noche del 14 de septiembre, en volquetas del Distrito. Ese mismo día viajé a Bogotá, como miembro del Comité Permanente Por la Defensa de los Derechos Humanos, en el Norte de Santander. Cuadramos una solicitud de Inspección Judicial a los patios del Distrito. El día 16 de septiembre de 1977, con la presencia de un Inspector de Policía, colaborador, antes de las 7 de la mañana; para lo cual se habilitó la hora judicial, inspeccionamos las bitácoras y registros de entrada y salida de volquetas del Distrito del parque Automotor. Faltaban en el inventario ocho volquetas. Los funcionarios manifestaron que era normal que algunas volquetas se vararan o quedaran, por cualquier motivo, en las instalaciones del basurero o relleno sanitario. Fue un intento fallido y en el ambiente quedó flotando, si en realidad de verdad, esas ocho volquetas pudieren haber sido utilizadas en el transporte de cadáveres. Toda una situación de impunidad constante y propia para el esclarecimiento de la Verdad, de esos sucesos; sobre la que no se conoce comparendo a autoridad alguna para responder.

La masacre de llana caliente

La década de mil novecientos ochenta fue particularmente convulsiva en el Magdalena Medio. Escenario del auge del paramilitarismo, apoyados por el ejército nacional, fue precisamente en la jurisdicción de San Vicente de Chucurí, cercado por la Serranía de los Cobardes. En la planicie conocida como La Llana, que es cruce entre la carretera de San Vicente de Chucurí y Bucaramanga, fue donde se desarrollan los luctuosos acontecimientos que paso a relatar.

En los primeros meses del año 1988 se dieron las movilizaciones campesinas conocidas como el Paro del Nororiente, que abarcó los departamentos del Cesar, Sur de los Departamento de Magdalena, Bolívar, la Guajira y el Magdalena Medio. Los campesinos y colonos se movilizaron por millares para reclamar directamente al gobierno central por los estados de postración y abandono.

El 16 de agosto de 1987, en horas de la madrugada, el abogado y alcalde de Sabana de Torres, por la Unión Patriótica, Álvaro Garcés Parra, el agente de policía John Jairo Loaiza P, quien le servía de escolta al alcalde; el militante de la Unión Patriótica, Garlos Gamboa Rodríguez, escolta del concejal de Lebrija por la Unión Patriótica, Jaime Castrillón y la señora Elida Ricio Anaya Duarte, fueron asesinados durante un operativo conjunto entre miembros del ejército, la policía y paramilitares en Sabana de Torres.

En Santander del sur se consolidó el grupo paramilitar de Isidro Carreño, en la zona chucureña y regiones aledañas. Se hacían nombrar los tiznados, los masetos, los cara pintadas y se dedicaron al asesinato selectivo de líderes populares y de la Unión Patriótica.

Hacia 1986, Rogelio Correa Campos, con el grado de teniente coronel asumió el mando del Batallón de Infantería Nro. 40 “Coronel Luciano D’Elhuyar”, con sede en San Vicente de Chucurí. El oficial fue sostén importante en el fortalecimiento del paramilitarismo, que incluía patrullaje y operativos conjuntos en la región entre las fuerzas del ejército y sus aliados de extrema derecha militarista. Dio refugio en el batallón al sicario Amado Ruíz, quien dio muerte al alcalde Álvaro Garcés Parra.

Su formación militar e ideológica, bajo la filosofía del enemigo, le hacía ver subversión en cuanta reclamación política y reivindicativa, se expresaba en la región. Era obsesionado. Los soldados del Batallón D´Elhuyar, seguían al pie de la letra las órdenes de decomisos de alimentos; parar las marchas campesinas y detener brutalmente a sus dirigentes.

Tenía información que en la región de Llana Caliente se concentrarían los campesinos, aupados por el Paro del Nororiente. Manifestaba que logró frenar y dispersar a más de veinte mil campesinos que tenían como meta concentrase en la capital, Bucaramanga. Dispersos, pero están por miles en todas partes y afirmaba que eso no lo podía tolerar. Había logrado tejer una red de colaboradores a los que llamaba “los necesito, son mis ojos y oídos”. El mismo los reclutó: “el canoso” recomendado directamente por Isidro Carreño. “El cara pintada” de temible referencia entre las masas por lo salvaje de sus tropelías contra la población y el asesinato. Se vanagloriaba de tener a un desertor de la guerrilla, conocido por la población como “Camilo”, quien le funcionaba eficazmente por el chantaje en que mantenía a su familia y le suministraba datos claves para echarle mano a mucha gente de la población y el incondicional soldado Suarez, experto francotirador. Pese a las recomendaciones de oficiales de su comando que no se presentara con ellos públicamente, pues podría generar reacciones encontradas, insistió porque ellos no le fallaban y los marchistas tendrían que comprender que tarde o temprano todos terminarían colaborando con el ejército.

Era un sábado y comenzaron a llegar por millares los campesinos que bajaban de buses, camiones y vehículos de transporte improvisados. El teniente coronel Rogelio Correa Campos se encontraba motivado y preparándose para asistir a la cena que el Alcalde de San Vicente le había preparado, para homenajearlo con ocasión de su cumpleaños 45, el día siguiente domingo, del 29 de mayo de 1988. Esa noche del sábado, con altoparlantes ensordeció a los campesinos concentrados con arengas militares, cual disco rayado y la permanencia de las notas del himno nacional. Los campesinos respondían:” bailamos al son que nos toquen”.

El oficial Correa Campos veía crecer el número de marchantes concentrados. Hizo saber a la multitud que llegaría a resolver el asunto personalmente. Los dirigentes campesinos de la marcha: Arnulfo Ramírez Izaquita, Nelson Otero Martínez, Alfredo Ríos Barrios, Luís Enrique Sánchez Millán, Luís José Archila Plata, José Joaquín Zambrano Molina, Pablo Manuel Hernández Rodríguez, Esperanza Herrera Villa, José Natividad Velandia Prada, Raúl Antonio Gómez Chaparro, José Méndez, Wilson Botero y Clemente Quiroga, comprendieron la gravedad de la situación y dispusieron que los menores de edad y las mujeres se desplazaran del grueso de la concentración. El teniente coronel Rogelio Correa Campos, se hizo presente con su parafernalia. Lo acompañaban cerca de trescientos soldados, es decir, toda la plana de hombres del batallón. Con pompa y lujo de tropero, usando gafas oscuras que ocultaban su rostro, llegó con paso fuerte, rodeado de sus incondicionales sicarios “ojos y oídos” de su sequito ejecutor. La reacción de la masa popular concentrada no se hizo esperar. Como al desertor “Camilo” lo conocía la gente, comenzaron la rechifla ensordecedora, gritándole “sapo Camilo”, “Camilo sapo”. El sujeto sudaba observándosele muy nervioso. El oficial no esperaba una reacción tan contundente. Como oleaje de rechazo, al unísono los gritos de asesinos y solución a los problemas agrarios destacaban entre las consignas que se podían escuchar, siempre bajo el estribillo de “sapo Camilo”. Visiblemente alterado, el teniente coronel Rogelio Correa Campos ordenó al francotirador soldado Suarez: “Basta ya. ¡Dispare!” El temible asesino- preparado para matar- vaciló. Posiblemente vio en la población inerme su entorno familiar. Esto desencajó al oficial militar insultándolo de cobarde, desenfundo su pistola de dotación descargándola sobre la humanidad del soldado. Ante esta situación, la reacción de “Camilo” fue de indignación, procediendo a descargar su fusil en la humanidad del teniente coronel Rogelio Campos, quien falleció instantáneamente. El ruido de fusilería y tiros resultaba ensordecedor. La muchedumbre corría despavorida y el grueso de soldados disparaba a diestra y siniestra sobre la población campesina. Todos los mencionados dirigentes del Paro pagaron con el sacrifico de sus vidas. Muchos eran perseguidos por la soldadesca y asesinados al intentar abordar los autobuses. Ese día la planicie de La Llana quedo tapizada de cadáveres. Afirman que al desertor Camilo le dieron muerte los soldados, aunque no se encontró su cadáver. Tampoco aparecieron los cuerpos de Carapintada y el Canoso. Los registros de campesinos asesinados -además de los dirigentes- ascendieron a treinta y ocho y sus cuerpos desaparecidos. Los auxilios de socorro popular registraron más de cincuenta heridos.

Este doloroso relato histórico no tiene epilogo. El gobierno nacional declara resuelto el asunto de la marcha y la masacre, ascendiendo póstumamente al coronel y al campo de paradas del batallón que dirigió, le dio su nombre. Uno de los grupos paramilitares de la zona pasó a llamarse “Comando Coronel Rogelio Correa Campos”, caracterizado por el grado de terror y desolación contra los campesinos de la región y la muerte selectiva, genocidio, contra los campesinos que se sabía, habían participado en esas jornadas de protesta.

Personalmente, ocho días después de la masacre, en compañía de un dirigente de base de la Unión Sindical Obrera- USO me acerqué a La Llana, escenario de los luctuosos hechos. Personal del ejército no nos permitió acercarnos a más de doscientos metros. En el espacio revoloteaban los chulos y los zamuros. La hediondez era asfixiante. La Verdad sobre el número de muertos y desparecidos esta oculta, callada, silenciada. Al concluir este relato una lágrima cae sobre el teclado y me apresuro a secarle. Surge la pregunta: ¿qué situación ha cambiado en los designios y doctrina de la institucionalidad militar en Colombia, con hechos y personajes como los de la Zona Bananera y el campo de desolación de La Llana?

Y por la soberbia de la imposición de la llamada doctrina militar, se niegan a pedirle perdón al pueblo colombiano.

 

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Enseñanzas de un paro e ir a un plebiscito

Carlos Meneses Reyes

Sobre que deja un paro de los propietarios

Luego de cuarenta y seis días de paro, el sector empresarial de los transportadores de toda clase de carga por carretera, llegaron a un acuerdo con el gobierno nacional en veinticinco aspectos puntuales, de esencial interés económico, del que salieron bien librados y en el que las consecuencias de efectos nocivos para la sociedad civil colombiana no admite conmiseración alguna. Primó el efecto del grupo de poder o de presión económico de un sector del actual establecimiento. El tal paro de camioneros lo fue de propietarios monopólicos y de pequeños propietarios de camiones transportadores. Como tal no fue un paro contra el modelo neoliberal y sí con la presencia de las banderas negras en su conducción. A los dueños de ese medio de producción capitalista se les denomina transportadores, empresarios. Los mismos, acolitados por el respaldo de la extrema derecha, mantuvieron a proporción de la ciudadanía colombiana en ascuas, frente al fenómeno de desabastecimiento de artículos de primera necesidad o pan coger. Para el logro de sus pretensiones cuentan con el personal asalariado sentado al volante de cada camión. El gran ignorado y siempre utilizado como carne de cañón. Durante la protesta del paro de dueños de camiones se ventiló el ensañamiento de la multinacional de transporte de mercancías por carretera, marítima y fluvial, la suiza Impala, de ejercicio y control sobre el destino del manejo de ese emporio de riqueza nacional. Sobre esto, es el Estado colombiano un mero espectador; como resultado de las políticas neoliberales, aplicación a ultranza de la privatización y multiplicación de los tratados de libre comercio firmados a ton ni son, bajo la férula de los planes intervencionistas e invasores del ejercicio de la guerra en Colombia.

Pareciere que la mediática dictatorial en Colombia, disfrutare de la danza de cifras multibillonarias de pérdidas sufridas al país. La indolencia por la no recaudación de ingresos públicos y de paso el fariseísmo pretencioso de alusión a la falta de leche, de legumbres, granos o carnes. Ocultando la escena de damnificados. No dando claridad política y conceptual a las masas; desconociendo la tragedia de los trabajadores como asalariados del volante, durante esos días de cese de actividad laboral y las consecuencias- para ellos- de los días venideros. Esto demuestra la ciega visión de un modelo económico instaurado solo en beneficio de los gremios de presión económica, en la identificación de un gobierno esencialmente antipopular como el que rige.

Verdaderamente da grima abordar los puntos del Acuerdo para el cese del paro de los camioneros. Resumidos en veinticinco aspectos para garantizar, esquemas de renovación del parque automotor (sin alusión, ni erradicación, al manejo corrupto de la chatarrización); cumplimiento de un fallo del Tribunal Superior de Cundinamarca (ah, gobernalidad); ajustes limitados en tarifas de peajes, inequitativamente para el grupo de presión y no para el grueso de la ciudadanía colombiana; ajustes en los manuales de señalización y prevención del uso de llantas lisas(¡sorprendente!); alta consejería para la competitividad, costos de carga, movilización por rutas criticas; análisis de las actuales facturas cambiarias. Dentro de esa gazapera, le ponen ocupación a la ministra Clara de Trabajo, según lo cual el Ministerio de Trabajo elaborará un programa de prevención y promoción de las normas laborales con el fin de consolidar y mejorar la formalización del gremio (¡?). No menciona al conductor asalariado y en gremio están es los empresarios capitalistas. Ponen a competir a la ministra Clara con Vargas Lleras, para desarrollar un programa de vivienda para pequeños propietarios de camiones y conductores (no juega asimetría ni competencia alguna). Que la inclusión de peligrosidad y alto riesgo y en el sistema pensional para el conductor será responsabilidad del Ministerio de Trabajo, sin ningún ton ni son, como si ello no fuera propio de su naturaleza; así como agregarle responsabilidad al Ministerio de Trabajo, para que junto con la DIAN, analicen los contenidos y efectos de las actuales facturas cambiarias, que como es conocido son títulos valores de los que el asalariado conductor no se beneficia el modo alguno por la plusvalía de la mercancía transportada.

Solo tres de las Acuerdos aluden al conductor, sin mencionarlo como asalariado y ellos sin ningún respaldo de eficacia. Cómo, si estamos en un modelo y gobierno neoliberal. Cómo, si el tal paro fue de los dueños del capital inversionista privado y no de los trabajadores del volante para quienes solo la perspectiva de la Construcción de una Nueva Colombia, garantizará el que al menos logren la fundación y conformación de sindicatos de base y de industria del transporte, con la seguridad que no serán asesinados en su intento.

Y ahora la preparación para la participación en el plebiscito

El valorado hecho político de la insurgencia de las Farc-ep de aceptar la decisión que sobre la suerte del Plebiscito tomara la Corte Constitucional, redunda en beneficio para el logro del fin último de la terminación del conflicto armado interno en Colombia. La izquierda revolucionaria en Colombia tiene claro el derrotero a seguir en consolidar la aplicación e implementación del Acuerdo General con que concluya la labor de la Mesa de La Habana. Opuestos, por principio, al ejercicio de la eficacia plena del ejercicio electoral en el modelo de participación de democrática indirecta vigente en el país colombiano, la convocatoria a un plebiscito por el sí o por el no, en torno a aprobar e implementar lo acordado en La Habana, concentra la tipicidad del próximo evento electoral en Colombia. Absurdo el decir de la extrema derecha uribeña de ser ilegal el mencionado plebiscito, gozando de la egida protectora del fallo de constitucionalidad. Las condiciones nacionales e internacionales están dadas. En concreto la izquierda revolucionaria alienta la participación por el Sí.

Pero ni tanto que alumbre al santo. El punto 2 de Conversaciones acerca de garantías para el ejercicio de la política por parte de la izquierda en Colombia, está por conocerse. Entiéndase que las garantías no son solo un estatuto para el ejercicio de la oposición, ni para la participación de las farc-ep y otras insurgencias en el plano electoral. Incluye en especial a los movimientos de izquierda que contengan en sus programas partidarios el cambio estructural del actual sistema de cosas. Que propugnen por la consecuencia política de modelos alternativos, no solo al neo liberalismo sino al capitalismo como tal. Pero como efecto práctico a las garantías negadas para la participación amplia de la izquierda revolucionaria y socialista, en el maremágnum de la participación electoral, apunta a contar con instrumentos eficaces de participación. Ello hace parte de la autonomía política. Anida una equivoca concepción en cuanto a las llamadas cuotas electorales como si fuera migajas de regalos o concesiones. Que si no sacan tantos representantes en las próximas elecciones de mitaca, pues tendrían tantas curules provisionalmente. Tamaña desfachatez e irrespeto al soberano elector. Tamaña trampa. La participación de la izquierda en el caudal electoral en Colombia estará condicionada a la derogación del actual sistema electoral vigente, corrupto, atípico; no solo en el ejercicio del sufragio directo y universal y de escrutar o conteo de los votos; cómo en la existencia de un sistema institucional electoral perverso entronizado en la impunidad y la corrupción. Todas las estructuras del sistema electoral vigente, desde su institucionalidad registral, carente de la buena fe pública, rodeada de ilegitimidad, hasta el ejercicio mismo de la práctica electoral, están viciados. Ese tal llamado cuarto poder- el electoral- constituye un adefesio, una afrenta ante Colombia y el mundo.

 

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