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Etiqueta: participación ciudadana

Al cumplirse dos años de la apertura a la firma del Acuerdo de Escazú en Naciones Unidas

Escrito en . Publicado en Análisis, Madre Tierra.

Asociación Americana de Juristas – Rama Costarricense

El Acuerdo de Escazú de Naciones Unidas, adoptado en Costa Rica en 2018, tiene el valor de un hito en materia internacional, al constituirse como el primer instrumento vinculante para América Latina y el Caribe en garantizar, desde la perspectiva de los derechos humanos, el derecho al acceso a la justicia, a la participación pública y a la información en materia ambiental. Su base se remonta a la Declaración de Río de 1992 que consagra, en su Principio 10, el derecho de participación del público en materia ambiental; así como al acuerdo europeo sobre participación (Convenio de Aarhus de 1998). El Acuerdo de Escazú viene a consolidar el derecho de todas las personas a ser actores esenciales en la toma de decisiones en materia ambiental y a reafirmar el papel del Estado en la protección de las personas que defienden el ambiente.

Al haberse cumplido el 26 de setiembre del 2020, dos años desde que se procedió a la apertura de firma del Acuerdo de Escazú en Naciones Unidas, la Rama Costarricense de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) considera de suma importancia:

  1. Expresar su profunda satisfacción por haber anunciado oficialmente Argentina el pasado 24 de setiembre la finalización del proceso de aprobación de dicho acuerdo regional suscrito en Costa Rica. Argentina se convierte en el décimo país es ratificar el Acuerdo de Escazú, viniendo a confortar a los nueve Estados que la antecedieron en el depósito del instrumento de ratificación en Naciones Unidas, a saber: Antigua y Barbuda, Bolivia, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, así como Uruguay.
  2. Hacer ver que el Acuerdo de Escazú es resultado de un amplio e inclusivo proceso de elaboración, del que cualquier agrupación civil interesada tuvo posibilidad de participar activamente (https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu/mecanismo-publico-regional), por lo que, desde su misma concepción es fiel reflejo del principio democrático que tanto distingue a nuestro País, junto con el respeto por el medio ambiente y los derechos humanos, también inherentes a dicho Acuerdo. Si Costa Rica retoma su liderazgo en derechos humanos y ambientales, tiene la oportunidad de ser el undécimo en ratificarlo, para que ya entre en vigor.
  3. Deplorar profundamente que el Poder Ejecutivo de Chile, promotor con Costa Rica de este valioso instrumento en favor del ambiente y de los derechos humanos durante las negociaciones de dicho instrumento (2014-2018) haya desistido inopinadamente de su buen esfuerzo inicial, separándose del resto de América Latina y el Caribe al negarse a firmar este tratado, con base en una serie de argumentos sin sustento jurídico ni ambiental y, por ende, desprovistos de veracidad. La primera señal de ello la había externado Chile en setiembre del 2018 en Nueva York, al no enviar ningún delegado a la ceremonia oficial de apertura de firma, celebrada durante la Asamblea General de Naciones Unidas.
  4. Lamentar profundamente que la Sala Constitucional de Costa Rica haya ordenado el pasado 22 de setiembre a la Asamblea Legislativa retrotraer el procedimiento de aprobación a su punto inicial, en razón, según la Sala Constitucional, de la falta de consulta al Poder Judicial sobre la supuesta afectación a su potestad de organización que significa la implementación del Acuerdo de Escazú. Sobre este último punto resulta a todas luces sorprendente que de los 10 Estados que ya han ratificado este instrumento, ninguno planteara que el Acuerdo de Escazú implique alguna carga adicional para el sistema de administración de justicia, como infundadamente lo argumenta la Corte Plena, cuya rebuscada ‘parsimonia’ contrasta significativamente con la posición del resto de los Países.
  5. Reafirmar, al contrario de lo sostenido en una cuestionable decisión tomada en en el voto 2017001163 de febrero de 2017 por mismo juez constitucional costarricense (y que constituye una total regresión con relación a su jurisprudencia anterior); que el principio de participación del público en asuntos ambientales sí es un derecho humano, porque en primer lugar, (aunque el dicho juez constitucional lo ignore intencionadamente) el artículo 9 de la Constitución define al Estado costarricense como una República participativa; y en segundo lugar, porque así lo ha establecido expresamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el párrafo 242 de su Opinión Consultiva OC-23, dada a conocer en el 2018 (véase texto completo) donde precisa que: » Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la participación pública de las personas bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo 23.1.a de la Convención Americana, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, de conformidad con los párrafos 226 a 232 de esta Opinión«.
  6. Denunciar de manera vehemente la campaña de desinformación orquestada desde algunos círculos empresariales, con el apoyo de influyentes sectores gremiales y medios de prensa (a la que se prestaron algunos juristas) que se ha desatado en contra del contenido del Acuerdo de Escazú, en particular en Chile, Colombia, Paraguay y Perú, bajo argumentos sin sustento, totalmente ajenos a la letra y al espíritu del Acuerdo de Escazú.
  7. Reiterar que el resguardo del derecho a la participación ciudadana, al acceso a la información y a la justicia ambiental constituyen los pilares fundamentales del Acuerdo de Escazú en pro de afianzar mecanismos de democracia ambiental en nuestros respectivos ordenamientos jurídicos, así como la protección que debe urgentemente extenderse a quienes defienden el ambiente, en muchos casos desde sus pequeñas comunidades rurales.
  8. Recomendar a los Estados que aún no lo han hecho, que firmen y ratifiquen el Acuerdo de Escazú, para lograr su pronta entrada en vigor, la cual requiere el depósito del instrumento de ratificación número once, según reza el artículo 21 del mismo.
  9. Felicitar a las distintas organizaciones no gubernamentales y a los sectores académicos y gremiales por su entrañable esfuerzo en favor de la pronta ratificación del Acuerdo de Escazú, teniendo presente que el fin primordial del mismo es consolidar una verdadera democracia ambiental en nuestra Región.
  10. Solicitar a la Asamblea Legislativa de Costa Rica que ratifique lo antes posible el Acuerdo de Escazú. Solicitar a la Sala Constitucional que reconozca el valor de este instrumento de derechos humanos ambientales y el aporte que brinda para consolidar la estructura jurídica en la región y específicamente en Costa Rica.

La plataforma de zoom se saturó para ingresar a definir un nuevo pacto social, un nuevo pacto de concordia

Escrito en . Publicado en Derechos.

Carlos Campos Rojas

La plataforma explotó, muchas personas ciudadanas quedaron sin ingresar.

Como les había informado, el 1 de agosto a las 2:00 pm, se realizaría la reunión mediante la plataforma Zoom, para discutir el procedimiento que permita iniciar el proceso del diálogo necesario y al que estamos acostumbrado históricamente en Costa Rica, para resolver nuestros problemas, pues el país sigue sin rumbo claro.

Tomamos entonces la decisión de hacer otra reunión más, este miércoles 5 de agosto a las 6:00 pm.

Quien desee participar, por este medio me informan y les hago llegar el enlace.

Será muy importante que de manera profesional, hagan circular la información.

Hemos conseguido una plataforma de más capacidad, para que la ciudadanía ingrese, se encuentre y podamos cumplir el mandato constitucional, de asumirnos y construirnos como El Soberano, el Primer Poder de la República.

También lo transmitiremos por Facebook Live.

Venciendo el miedo, con la convicción de que la razón nos asiste, estableceremos, al igual que lo hizo la ciudadanía en 1821, las bases de un Nuevo Pacto de Concordia, un Nuevo Pacto Social.

¡¡Vivan siempre el trabajo y la paz!!!

Carta abierta a las señoras diputadas y a los señores diputados – para firmar

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Al final de la carta y las firmas iniciales encontrará este mismo enlace para sumar su apoyo.

Lunes 27 de julio, 2020.

Estamos a tiempo de evitar una dolorosa crisis humanitaria

Estimadas señoras y señores:

El mundo atraviesa por una situación inédita, pues a pesar de que la humanidad ha enfrentado muchas pandemias en el pasado, ninguna de las anteriores aconteció en el contexto de un grado tal de globalidad e integración comercial, tecnológica, financiera y de las relaciones humanas, como la que acontece en la actualidad.

La incertidumbre y desazón se ciñen sobre el planeta entero, mientras la esperanza de una pronta salida depende en gran medida del desarrollo de una vacuna, cuya disponibilidad inmediata resulta incierta para nuestro país. Por ello, más allá de toda duda, el sentido de unidad y solidaridad nacional deben primar en las actuales circunstancias, y nuestros actos en las próximas semanas y meses afectarán de manera decisiva a toda la sociedad, al menos por la próxima década.

Todo esto ustedes lo conocen muy bien, y no ignoramos la complejidad del trabajo legislativo, ni las discusiones en curso sobre tantos temas cruciales que exigen respuestas en el corto, mediano y largo plazo. Pero en lo inmediato, creemos que es urgente avanzar en acciones que eviten una crisis humanitaria de enormes proporciones, perjudicando con especial virulencia a las personas menos favorecidas económicamente, que seguramente son también las más afectadas por la actual situación en sus condiciones sociales, sanitarias y ambientales.

Por lo tanto, garantizar y ampliar las ayudas a la población mediante el Bono Proteger, mitigando el hambre y la desesperación que aquejan a por lo menos un millón de costarricenses en condiciones de desempleo, subempleo o informalidad, es una medida apremiante y vital; lo mismo que fortalecer la capacidad de respuesta de la Caja Costarricense del Seguro Social, institución insignia en esta lucha titánica.

El reto es cómo financiar estas medidas imperiosas. En el plazo inmediato, creemos, estos recursos deben provenir de un plan de ajustes temporales en los impuestos vigentes, así como de un acceso perentorio a financiamiento externo en las mejores condiciones posibles y sin condicionamientos improcedentes.

El ajuste de impuestos deberá ser progresivo y solidario, dirigido a generar recursos para cubrir estas necesidades inmediatas (Bono Proteger), lo que podría lograrse gravando con tasas mayores y con carácter temporal, a las personas físicas y jurídicas (de los sectores público y privado), de los tramos más altos de renta y, adicionalmente, con un tributo también temporal, mínimo, pero de amplia base, a la riqueza financiera; que pueda balancear la pérdida de ingresos y el aumento extraordinario de gastos de la CCSS. Este ajuste deberá mantenerse por el tiempo suficiente para enfrentar en mejores condiciones la grave crisis que nos agobia. Los detalles sobre ambos tributos solidarios y su capacidad recaudatoria son resorte técnico de las autoridades del Ministerio de Hacienda y del buen juicio de las señoras y los señores diputados.

Paralelo a este gran esfuerzo nacional que demanda la inmediatez de la crisis, también deben ponerse sobre la mesa las reformas fiscales estructurales que se han venido postergando por años, tanto en materia de ingresos (evasión, elusión, progresividad, exoneraciones) como de gasto público (calidad, equidad, eficacia, eficiencia); y también, los factores consabidos que afectan la competitividad y sostenibilidad de las empresas, la informalidad laboral, el gran rezago de nuestro sistema educativo público, la innovación científica tecnológica, el fortalecimiento de la democracia participativa, las diversas discriminaciones, desigualdades y exclusiones estructurales, la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, entre muchos otros.

Un dialogo nacional franco y directo sobre estos y otros temas es urgente y estamos en la mejor disposición de participar activamente en el mismo.

Como representantes electos, en ustedes recae la potestad de legislar y confiamos que lo harán con celeridad y sabiduría.

Atentamente,

Monseñor José Rafael Quirós Quirós, cédula 3 0207 0504, Arzobispo de San José y presidente de la Conferencia Episcopal.
Daniel Aisemberg Oberstein, cédula 8 0117 0803
Ana Luz Alfaro Mancía, cédula 8 0071 0645
Patricia Allen Flores, cédula 9 0039 0374
Felipe Alpízar Rodríguez, cédula 1 1049 0305
Ronald Álvarez Tamaris, cédula 6 0067 0944
Luis Felipe Arauz Cavallini, cédula 1 0486 0636
Paola Arguedas Marenco, cédula. 115200051
Jorge Arguedas Mora, cédula 1 0411 0109
María Laura Arias Echandi, cédula 1 0618 0948
Rodolfo Arias Formoso, cédula 1 0463 0271
María Luisa Ávila Agüero cédula 105480463
Rolando Barboza Mesén, cédula 104690193
Andrés Barrantes Acosta cédula 112490449
Rolando Barrantes Muñoz, cédula 5 0141 1193
Rita Benavides Sánchez, cédula 1 0814 0112
William Bolaños Gamboa, cédula 1 0625 0856
María Eugenia Bozzoli Vargas, cédula 1 0240 0633
Dionisio Cabal Antillón, cédula 1 0425 0831
Carlos Brenes Castillo, cédula 3 0194 1174
Alejandro Calderón Arias, cédula 1 1221 0644
Manuel Carballo Quintana cédula 103000515
Carlos Enrique Carranza Villalobos, cédula 302030456
Hugo Cascante Micó, cédula 6 0107 1220
Dennis Castro Rodríguez, cédula 1 1245 0190
Kristel Chacón González, cédula 1 1447 0004
José Francisco Camacho Leiva, cédula 3 0299 0664
Jorge Andrés Camacho Ramírez, cédula 4 0076 0890
Javier Cambronero Arguedas, cédula 2 0406 0127
Eva Carazo Vargas, cedula 1 0893 0621
Warner Carvajal Lizano, cédula 1 0519 0489
Nury Cartín Herrera, cédula 2 0290 0333
Sandra Cartín Herrera, cédula 2 0343 0634
María José Cascante Matamoros, cédula 1 1166 0261
Marco Antonio Castillo Rojas, cédula 301620262
Gilbert Castro Días, cédula  1 0885 0676
Victoria Chan Chan, cédula 6 0134 0801
María Marta López, cédula 1 0668 0782
María Chaves Marrocchi, cédula 1 0572 0575
Osvaldo Conejo Valverde, cédula 1 0832 0444
Jeannette Cordero Gamboa, cédula 4 0119 0233
Marinela Córdoba Zamora, cédula 3 0297 0351
Alberto Cortés Ramos, cédula 9 0675 0815
Sergio Dávila Chaves, cédula 1 0562 0642
Juan Carlos Durán Castro, cédula 1 0669 0465
Santiago Durán Mora, cédula 1 1458 0791
Julieta Dobles Yzaguirre, cedula 1 0312 0144
Grettel Elizondo Campos, cédula 1 1064 0048
Juan Rafael Espinoza Esquivel, cédula 4 0093 0258
Francisco Esquivel Villegas, cédula 6 0109 0101
Gerardo Alberto Fait Acosta, cédula 9 0085 0296
Helio Fallas Venegas, cédula 1 0346 0413
Héctor Ferlini Salazar, cédula 1 0454 0856
Patricia Fernández Bustamante, cédula 1 0468 0076
Adrián Figueroa Rosales, cédula 6 0300 0536
Elizabeth Fonseca Corrales, cédula 4 0097 0783
Miguel Gamboa Badilla, cédula 6 0179 0359
Jaime Gamboa Goldengerg, cédula 1 0622 0442
Lidieth Garro Rojas, cédula 6 0227 0142
Yamileth González García, cédula 2 0246 0555
Frank González Brenes, cédula 1 0962 0522
Rolando González Ulloa, cédula 2 0274 0540
Ernesto Guadamúz López, cédula 9 0040 0932
Ana Lucía Gutiérrez Espeleta, cédula 1 0561 0866
Edgar Gutiérrez Espeleta, cédula 1 0453 0822
Gustavo Gutiérrez Espeleta, cédula 1 0660 0352
José María Gutiérrez Gutiérrez, cédula 1 0461 0499
Juany Guzmán León, cédula 1 0831 0633
Carlos Hernández Álvarez, cédula 5 0256 0320
Virginia Hernández Esquivel, cédula 4 0097 0377
Rodolfo Hernández Gómez, cédula 3 0186 0057
María Elena Hernández Hernández, cédula 6 0135 0038
Lenín Hernández Navas, cédula 10967 0277
Xinia Herrera Quirós, cédula 1 0422 0059
Danilo Herrera Soto, cédula 4 0103 0076
José Francisco Hidalgo Solís, cédula 1 1503 0822
Juan Alberto Huaylupo Alcázar, cédula 8 0076 0805
Natalia Jiménez Carvajal, cédula 1 0620 0962
Francisco Jiménez Marten, cédula 3 0204 0600
María José Jiménez Pérez, cédula 1 1544 0169
Erika Henchoz Castro, cédula 1 0570 0927
Rafael López Alfaro, cédula 4 0149 0119
Stephenie Madrigal Blanco, cédula 1 1693 0753
Jeannette Madriz Mena, cédula 1 8880 0213
Elizabeth Martínez Hernández, cédula 1 0799 0790
Fabiana Martínez Mena, cédula 1 1672 0794
Álvaro Marenco Marrocchi, cédula 1 0307 0262
Julia Marrocchi Morales, cédula 7 0019 0955
Yendry Martínez Rivera, cédula 1 1080 0645
Madelaine Martínez Rojas, cédula 1 0602 0547
María Eugenia Martínez Rojas, cédula 1 0406 0132
Ana Gabriela Massey Machado, cédula 1 0817 0176
Pedro Méndez Hernández, cédula 1 0827 0664
Juan Carlos Mendoza García, cédula 1 0911 2096
Diana Meza Ramírez, cédula 1 1460 0500
Allan Monge Cordero, cédula 1 0776 0834
Esteban Monge Flores, cédula 1 0937 0882
Melania Monge Rodríguez, cédula 1 0537 0482
Lissette Monge Ureña, cédula 1 0404 0719
Henry Mora Jiménez, cédula 1 0512 0548
José Miguel Mora Rechnitz, cédula 1 0496 0584
Fredy Morera Mena, cédula 1 0954 0494
Glen Moya Núñez, cédula 1 0914 0760
Gladys Muñoz Núñez, cédula 2 0304 0058
Martin Murillo Córdoba, cédula 1 0498 0565
José Antonio Murillo Gamboa, cédula 4 0114 0773
Olga Murillo Gamboa, cédula 4 0126 0285
Margarita Murillo Gamboa, cédula 4 0126 0285
Marco Navarro Pérez, cédula 1 1370 0521
Ignacio Navarrete Gutiérrez, cédula 8 0055 0910
José Antonio Navarro Pérez, cédula 1 1215 0918
Steven Núñez Rímola, cédula 1 1237 0693
Dania Obando Castillo, cédula 6 0297 0125
Tatiana Otto Golovina, cédula 8 0077 0391
Nilson Oviedo Valerio, cédula 3 0397 0793
Henry Palomo Palavicini, cédula 1 0425 0415
Carlos Pentzke Pierson, cédula 8 0075 0461
Nancy Piedra Guillén, cédula 1 0586 0455
Alejandro Piedra Hernández, cédula 1 1418 0377
Carmen Piedra Salazar, cédula 1 0666 0155
Adriana Prado Castro, cédula 1 0301 0537
Rosa Julia Quesada Herra, cédula 2 0445 0291
José Rafael Quesada Jiménez, cédula 1 0510 0834
Kennedy Quirós Chinchilla, cédula 6 0414 0944
José Antonio Ramírez Aguilar, cédula 4 0147 0385
Virginia Ramírez Cascante, cédula 1 0543 0030
Ana Leonor Ramírez Montes, cédula 1 483 426
Liuber Ramírez Santamaría, cédula 6 0270 0733
Rose Mary Rodríguez Bustos, cédula 5 0158 0312
Yolanda Rojas Rodríguez, cédula 9 0912 0762
Nancy Rojas Saborío, cédula 1 1147 0469
Roberto Rojas Sojo, cédula 1 0433 0834
Francisco Robles Rivera, cédula 3 0405 0666
José Amando Robles Robles, cédula 8 0052 0054
Jorge Rodríguez Araya, cédula 3 0194 0611
Rose Mary Rodríguez Bustos, cédula 5 0158 0312
Fernando Rodríguez Garro, cédula 4 0165 0895
Elizabeth Rodríguez Jiménez, cédula 2 0385 0652
Eduardo Rodríguez Soto, cédula 1 0434 0742
Maritza Rodríguez Soto, cédula 1 0508 0437
Manuel Rojas Bolaños, cédula 1 0263 0894
Hernán Rojas Angulo, cédula 1 0526 0546
Carlos Rojas Pizarro, cédula 1 1354 0801
Carlos Alberto Rubio Torres, cédula 1 0728 0909
Patricia Salgado Muñoz, cédula 1 0418 0050
Anabelle Sánchez Castillo, cédula 6 0228 0103
María Laura Sánchez Rojas, cédula 1 0764 0264
Patricia Sánchez Gómez, cédula 3 0223 0216
Julián Solano Bentes, cédula 1 0494 0317
Ivania Solano Rodríguez, cédula 1 1092 0040
Antonio Solano Chinchilla, cédula 1 0610 0787
Liseth Sánchez Soto, cédula 1 1469 0123
Cristina Santamaría Navarro, cédula 6 0161 0193
Deyanira Sequeira Ortiz, cédula 1 0248 0675
Rosa Vargas Calderón, cédula 5 0139 1046
Mario Rojas Vílchez, cédula 4 0110 0683
José Rosales Obando, cédula 5 0133 0132
Ana Cristina Rossi, cédula 1 0407 0914
María Fernanda Saénz Chaves, cédula 1 1330 0583
Arabella Salaverry Pardo, cédula 9 0029 0602
Olman Segura Bonilla, cédula 4 0113 0272
Oscar Segura Castro, cédula 1 1060 0557
Miguel Sobrado Chaves, cédula 1 0294 0994
Edgar Torres Montero, cédula 1 0752 0899
Deyanira Torres Varela, cédula 1 1231 1930
Liseth Torres Zamora, cédula 1 1367 0821
Eugenio Trejos Benavides, cédula 9 0041 0880
Ana Tristan Sánchez, cédula 1 0513 0593
Leiner Vargas Alfaro, cédula 2 0444 0266
Calet Vargas Rojas, cédula 1 1547 0319
Luis Paulino Vargas Solís, cédula 2 0327 0373
Gerardo Vargas Varela, cédula 3 0342 0343
Heidy Venegas Walkott, cédula 1 0783 0760
Carlos Vega Rivera, cédula 1 1642 0684
Carlos Manuel Vicente Salazar, cédula 1 0390 0950
Mariela Víquez Ramírez, cédula 4 0111 0780
Edwin Zamora Bolaños, cédula 1 1020 0297
Fernando Zumbado Jiménez, cédula 1 0336 0885
Guillermo Zúñiga Chaves, cédula 4 0100 0263
Mayra Abarca Miranda, cédula 4 0135 0061
Ana Ma Acuña Chacón, cédula 1 0614 0456
José David Aguilar Agüero, cédula 4 0174 0888
Ericka Alfaro Chinchilla, cédula 1-0917-0349
Francisco Alvarado Acuña, cédula 1 0574 0689
Elsa Alvarado Artavia, cédula 1 0791 0085
Heriberto Álvarez Chaves, Cedula 5 0153 0751
Ana Isabel Arias Soto 1 0441 0802
Adriana Arrieta Torres, cédula 1-1129-0335
Jorge Artavia Rodríguez, cédula 1-0668-0483
Pedro Bastos Castro, cédula 2 0372 0155
Luis Alberto Bejarano Morales, cédula 1-0534-0649
Esteban Beltrán Ulate, cédula 1 1286 0718
Roberto Blanco Rojas, cédula 2-553-961
Guido Alberto Bolaños Soto, cédula 1 0662 0166
Hazel Bustos Guzmán, cédula 6-0296-0892
Ana Lucía Camacho Rojas, cédula 1 0435 0961
Marcela Cambronero Avendaño, cédula 4 0122 0196
Gilberth Castro Chavarría, cédula 2-0362-0252
Miriam Cordero Araya, cédula 2-0167-0338
María de los Ángeles Cordero Jiménez, cédula 1 518 231
Olga Patricia Chaves Chavarría, cédula 4 0121 0124
Robert Chaves Chaves, cédula 2 0511 0801
Élida Chaves Díaz, cédula 7-0096-0680
Nidia María Corrales Hidalgo, cédula 1-0673-0269
Juan Pablo Cruz Solano, cédula 1 1019 0569
Maribel Cubero López, cédula 1 0603 0734
Marielos de la 0 Guzmán, cédula 4.110.888
Katina R. de León Rodríguez, cédula 8-0049-0129
Esneider Esquivel Rojas, cédula 1 0890 0543
Elizabeth Fernández Gutiérrez, cédula 1 0331 0895
Ana Cristina Fernández Vásquez, cédula 1-0396-1142.
Alda Mercedes Garro Leitón, cédula 401080481
Gladys María González Cascante, cédula 1-0410-1414
Marlene González Vargas, cédula 4-0116-0855
Hermann Walter Güendel Angulo, cédula 6 0198 0584
Elena González Rodríguez, cédula 1 0333 0763
Fabricio Granados Rojas, cédula 1 0860 0085
Ana Virginia Hernández Aguilar, cédula 4 0138 0115
Guadalupe Hernández Díaz, cédula 7-0072-0050
Carlos Humberto Hernández Venegas, cédula 4 0137 0457.
Yorleni Herrera, cédula 4 0197 0461
Sara Hidalgo Navarro, cédula 2 0315 0279
Divinia Jiménez Jiménez, cédula 1 0368 0703
Roseanne Jiménez Sáenz, cédula 1 0558 0560
Alda Leitón Centeno, cédula 4 0056 0139.
Adela Marchena Cordero, cédula 6-0102-0815
Rodrigo Walter Marchena Cordero, cédula 7 0047 0919
María Gabriela Marchena Rojas, cédula 1-1054-0485
Carmen Masís López, cédula 1-0576-0894
Ana Medrano Sandi, cédula 4 0182 0326
Práxedes Mejías Carranza, cédula 5-0193-0761
Heliberto Mena Cambronero, cédula 2 0539 0925
Pbro. Gustavo Meneses Castro, cédula 2 0425 0197
Rocío Meneses Castro, cédula 2 0412 0040
Juan Manuel Miranda Chavarría, cédula: 4-0117-0987
Lot Eduardo Miranda, cédula 1-1769-0442
Katya Montenegro Elizondo, cédula 1-0764-0063
Mario Moya Berrocal, cédula 3 0391 0965
Marco Monge Rodríguez, cédula 1 0504 0152
Franklin Jesús Moya Artavia, cédula 1 1480 0433
Mayra Elena Navarro Barahona, cédula 3 0238 0273
Melissa Núñez Castillo, cédula 1-1176-0381
Vilma Ocampo Hernández, cédula 4 0132 0501
Elsie María Orozco Fonseca, cédula 4 0106 1134
Roy Pérez Salazar, cédula 1-1158-0897
Wilson Ortiz Téllez, cédula 2 0352 0176
José Manuel Pérez Villalobos, cédula 2 577 0034
Miguel Picado Gatjens, cédula 1 0354 0831
Alexis Francisco Quesada Solano, cédula 3 0225 0623
Lisbeth Quesada Tristán, cédula 1-0407-1429
Jeanneth Ramírez Montoya, cédula 9-0109-0344
Susana Ramírez Rodríguez, cédula 1 0907 0219
Julieta Ramírez Zúñiga, cédula 1-0311-0063
Ana Cecilia Rodríguez Miranda, cédula 4 0106 1386
Haydée Rojas Camacho, cédula 2 0147 0691
Giovanni Rojas Mesén, cédula 1 1192 0730
Fernando Rudín Vega, cédula 1 0484 0457
Marco Antonio Ruiz Mora, cédula 4 0104 0752
Douglas Sáenz Montero, cédula 1 0653 0272
Ana Lorena Salas Calderón, cédula 4-0133-0688
José Antonio Salas Hernández, cédula 4 0150 0643
Francisco Javier Salas Villegas, cédula 4 0236 0755
Gloriana Salas Villegas, cédula 4 0253 0090
Olga Mary Salazar Calvo, cédula 9 0063 0937
Merilyn Sanabria Hernández, cédula 3-0379-0395
María Lizette Sánchez Brenes, cédula 4 0150 0988
Marta Eugenia Sánchez González, cédula 1 0380 0770
Laura Sánchez Valerio, cédula 4 0172 0825
Désirée Segovia Fonseca, cédula
Nidia Segura Eduarte, cédula 4 0125 0176
José Manuel Ugalde Ramírez, cédula 4 0133 0643
Grace María Ulate Camacho, cédula 1 0712 0956
Ileana Ureña Salazar, cédula 1 0671 0386
Yina Virginia Valverde Chaverri, cédula 1-0728-0072
Albertina Valverde Quesada, cédula 1-0439-0273
Leda María Vásquez Aguilar, cédula 1-0720-0500
Luisa María Vázquez Camacho, cédula 1 0269 0222
Rosa Isela Vega Vargas, cédula 4-0147-0135
Xiomara Villegas Ugalde, cédula 4 0149 0211
José Luis Víquez Víquez, cédula 4-0105-0446
Magda Zumbado Segnini, cédula 4 0124 0407
Lot Rafael Miranda, cédula 159100200513

Si está de acuerdo sume su apoyo en este enlace y por favor comparta.

Juntas de salud piden al presidente Alvarado el pago a la CCSS

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

SURCOS recibió la siguiente carta enviada por las juntas de salud de la Red de Hospitales Nacionales y Centros Especializados al presidente de la República Carlos Alvarado Quesada:

Red de Hospitales Nacionales y Especializados

San Jose,13 de mayo del 2020

Señor PRESIDENTE

Carlos Alvarado Quesada

S.D.

Estimado Señor presidente:

Ante todo, nuestro saludo y solidaridad en este complejo tiempo de pandemia que estamos viviendo.

Los abajo firmantes, en calidad de Presidentes representantes de Juntas de Salud, de la Red de Hospitales Nacionales y Centros Especializados, -siendo hoy estos centros el punto neurálgico ante la crisis de esta pandemia-, nos dirigimos a usted como órgano colegiado amparados a la Ley 7852, legislación que representa a los asegurados de la Caja Costarricense de Seguridad Social, con 139 Juntas de Salud y 973 personas que estamos vinculadas con la CCSS y a los asegurados en forma ad honorem desde hace 20 años. Por lo anterior, en forma atenta y respetuosa le solicitamos al Gobierno que Ud. representa, interponga sus buenos oficios para que a la mayor brevedad posible se inicie el pago de la alta deuda que el Gobierno mantiene con la CCSS, para que así nuestra emblemática institución -uno de los orgullos de Costa Rica- pueda cumplir con el compromiso y sus obligaciones en la atención de la salud, de manera que no se comprometan sus finanzas, y más aún, en esta situación de Emergencia Sanitaria que estamos afrontando todas las personas en Costa Rica.

También queremos hacer de su conocimiento, que no podemos aceptar las declaraciones hechas por el Sr. Ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, ex funcionario del Banco Mundial (BM), y el señor presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero Brealey, ex funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI), quienes expresaron «que no se puede hacer nada para resolver el problema financiero», de la institución (Semanario Universidad, 23 de abril de 2020).

Ambos economistas y coinciden en que no se puede pagar dicha deuda; nos preguntamos: ¿acaso será por el «deber moral» de cumplir con el pago de los intereses de los préstamos recibidos de parte del BM y del FMI? Consideramos, ante ello -si es que así fuera-, que una de las más valuables gestiones suyas como Presidente de Costa Rica, seria proponer un diálogo urgente con este tipo de instituciones que bien sabemos que con su accionar terminan de definirle a los gobiernos rutas para nada solidarias ni de bienestar para el pueblo más pobre y olvidado. Hablamos de la posibilidad de que Ud. lidere, si es necesario, una voz que exija a estas instituciones el cese de presiones económicas -al menos por un tiempo- para dar paso a acciones internas en los países para solventar la crisis sanitaria y dar un respiro especialmente a las personas más empobrecidas de nuestras sociedades. Consideramos oportuna esta acción de su parte, en tanto que en algún momento se ha dicho que el Gobierno no tiene la solvencia para pagar la deuda interna que se tiene con la CCSS, pero debe estar pagando los mezquinos intereses de aquellas instituciones.

Sabemos perfectamente que la CCSS ha venido haciendo una excelente labor ante la crisis provocada por el Sarx-Cov-2, mostrando así su importancia en la sociedad actual y por lo mismo es un reto de todas las personas que vivimos en Costa Rica el mantenerla. Consideramos que sí se puede, pues, es claro que donde no hay corrupción alcanza muy bien para generar nueva vida a las instituciones estatales que dan la cara por el pueblo. A pesar de las limitaciones que ha sobrellevado, la CCSS ha manejado la situación con eficiencia atendiendo las disposiciones del Ministerio de Salud; sin embargo, nos preocupa la disminución de sus ingresos ante el necesario y bien justificado gasto actual.

Sobre todo, lo primero (la disminución de sus ingresos) porque amenaza contra la estabilidad y la existencia de este baluarte de los costarricenses. Por eso consideramos a la vez que sin demoras debe iniciarse el pago de la deuda.

Queremos enérgicamente, pero con todo respeto, dejar muy claro, que los asegurados y la población en general no vamos a permitir que se debilite a la CCSS, por una deuda que el estado tiene y que debe de honrar y ser ejemplo.

Quisiéramos que quede claro que jamás se debe contemplar siquiera, lo que los enemigos de la salud pública y de las instituciones públicas en general presentan como privatización o cualquier figura que hacia ello conlleve a la sociedad. Queremos seguir creyendo en el Gobierno que tienen capacidad de administrar honesta y transparentemente las instituciones públicas, por lo mismo esperamos no decepcionen a este pueblo libre, noble y servicial, pero jamás servil.

Consideramos que este mismo ejemplo de responsabilidad, se debe aplicar a las grandes empresas, y hacerlas cumplir con sus obligaciones pendientes, las que siguen evadiendo a la CCSS, tomando en cuenta que a sus empleados ya se les rebajó la correspondiente cuota. Es por ello que se deben tomar acciones inmediatas, con políticas concretas y ejemplarizantes, y así sea honrada su morosidad como una acción responsable y patriótica, sobre todo en estos momentos, donde es prioridad la recuperación de esos recursos.

Finalmente, queremos hacer de su conocimiento que la presente llega a Ud. con copia a la Junta Directiva de la CCSS, para que tengan conocimiento también de esta importante gestión, y puedan acompañar al Gobierno para realizar el pago de la cuota pendiente. Ellos constitucionalmente pueden también adherirse y/o hacer la solicitud por su cuenta según la faculta el artículo 177, párrafo tercero, de nuestra Constitución Política.

Es claro que este gobierno ha permitido la participación ciudadana y la ayuda de personas capacitadas, sin importar su color político. De las que han surgido una serie de propuestas que merecen ser analizadas y darles respuestas, pues es válido y necesario encontrar los medios que beneficien a todo el país.

Antes de concluir debemos aclarar, que debido a la situación de emergencia que vivimos y de no poder hacer reuniones presenciales, este acuerdo se tomó por mayoría y de manera virtual.

Esperando su valiosa y oportuna intervención para que se encuentren soluciones a corto plazo, nos suscribimos,

Atentamente por la Red de Hospitales Nacionales y Centros Especializados:

Licenciado Olmedo Castro Rojas, Presidente Junta de Salud, Hospital Geriátrico Dr. Raúl Blanco Cervantes y presidente de la Red de Hospitales Nacionales y Centros Especializados.

Raúl Borge Blandón, Presidente Junta de Salud Clínica Integrada de Tibás y Asesor de la Red de Hospitales Nacionales y Centros Especializados.

c.c./ Junta Directiva de la CCSS.

Información enviada a SURCOS por Mario Devandas Brenes, representante de las trabajadoras y los trabajadores en la junta directiva de la CCSS.

No me siento representada, estoy excluida

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Carlos Campos Rojas

Así se expresó Yorleny Córdoba, al escuchar el Plan Económico del gobierno, para enfrentar las consecuencias del Covid 19. Ella es una joven empresaria, dueña de una Pyme del sector de la Belleza y la Salud. Ha construido su empresa con esfuerzo y riesgo personal, paga puntualmente sus impuestos. Su sector económico, invisible todavía por las políticas hacendarias y de género, representan más de 50.000 Pymes.

Es claro que la propuesta económica presentada, nace sin el consenso nacional, ausente del compromiso que debemos asumir todos. Sin ese nuevo pacto social que exige la situación internacional, ni la visión estratégica para encarar el desarrollo de nuestro país, donde la exclusión no es un punto de partida.

El burbujeante discurso económico, desoye incluso al INCAE, quienes recomendaron claramente que los beneficios debían incorporar hasta el jardinero, porque hay que ser innovadores, ver a largo plazo y contener la violencia estructural.

Solo entre todos podemos sacar adelante Costa Rica.

En lo mucho que poseemos, está la CCSS, el INS, el ICE, desde luego hay que reformular la institucionalidad, pero pretender salvar empresas amarradas al viejo modelo económico, que los mejores analistas internacionales han demostrado que no tiene futuro, manifiesta con claridad, el temor al diálogo sincero y transparente con la ciudadanía. Sobre todo, con aquellas empresas pequeñas y medianas, que responsablemente cumplen con sus impuestos, para asegurar el pago puntual de los salarios de gobierno, porque se debe administrar bien el país, pero que además confiaron en darle una nueva oportunidad, a un proyecto partidario, que llegó hace seis años a dirigir el país desde Zapote.

La propuesta económica oficial escogió un grupo de ganadores, que ya eran perdedores antes de la emergencia, así se invertirá el escaso dinero de la hacienda pública.

La riqueza nacional se produce con la pobreza y la desigualdad social de muchos.

Para mejorar los ingresos nacionales, el presidente ya anunció que 300.000 personas que solicitaron en esta emergencia el Bono Proteger, confesaron que eran Pymes en la clandestinidad y que ahora Hacienda irá por ellas para que paguen lo que deben. El anzuelo oficial dio resultados. En su afán, lo respaldan las empresas de Grandes Contribuyentes que no pagaron impuestos o declararon cero ganancias durante los últimos diez años y a los que se les perdonó la deuda, mediante una moratoria inmoral, pero legal.

El país sabe, que fue la decidida acción del Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros en el 2018, que los puso en evidencia, rompiendo el secretismo y la censura impuesta de distintas formas, por una mafia política que no soporta la transparencia y la probidad, porque amparada en el autoritarismo, se regodea de la corrupción y la impunidad.

La burbuja económica propuesta por el equipo económico del gobierno, estallará muy pronto en la cara de todos. Perderemos todos, unos más que otros. El cáñamo no servirá para amarrar el descontento ciudadano, ni la violencia que se avecina en un país, que verá más profunda la desigualdad social que ya teníamos. Tal vez sirva a algunos para quemarlo y olvidarse por un momento de la realidad.

Para salir adelante está la decencia. Solo quedamos nosotros, las personas, la ciudadanía, acompañados de la fuerza moral de verdaderos empresarios, funcionarios públicos que aman este país y la fortaleza y el arrojo de las Pymes.

Debemos encontrarnos y construir lo que no pueden hacer quienes usurparon la política y la prostituyeron.

Tenemos que demostrarnos que la suma de nuestros conocimientos y sabidurías, así como la capacidad, está por encima de a quienes irresponsablemente pusimos a administrar nuestra principal empresa: Costa Rica.

Podemos y debemos hacerlo, es nuestra responsabilidad, nuestro deber, para eso somos constitucionalmente el Primer Poder de esta República Participativa, debemos asumirnos y ejercer el poder que como El Soberano nos corresponde.

Solo entre todos podemos sacar adelante Costa Rica.

¡¡¡YO, digo presente!!!
12 de mayo de 2020

¿Hablamos en serio de pensiones?

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Hernán Alvarado

            El señor Presidente Carlos Alvarado volvió a su campaña contra las pensiones. Posteó en Facebook que «las pensiones son para proteger, no para enriquecerse», después de presentar personalmente una coadyuvancia que, como ha denunciado la AFUP, es intimidatoria.[1] Por lo visto, la Ley 9796 no se sostiene sola y le espera el merecido viacrucis jurídico. Además, él ha repetido que renunciará a su pensión de ex Presidente en su deslucido «informe» del 4 de mayo pasado.[2]

            El caso es que, a través de la Ley 9796, el Estado costarricense pretende ejercer una violencia patrimonial arbitraria gravando reiteradamente los ahorros de las personas adultas mayores. Además, esa ley cohonesta la irresponsabilidad de un Estado que no formó el fondo de pensiones solidario que mandaba la Ley 2248, cuando menos para el Magisterio Nacional.

            Así responde el mandatario a la acción jurídica de un primer grupo de pensionados que defienden, de manera legítima, sus derechos lesionados. De nuevo, redes sociales, medios de prensa y declaraciones de la clase política aparecen orquestados para intranquilidad de las personas adultas mayores. Ellas debieran demandar también a todos aquellos que usan el cliché o estigma difamatorio con que se les chuza sistemáticamente desde hace tiempo, por ser un comportamiento que atenta contra la dignidad de la persona, corazón del sistema jurídico. No se vale que siga impune y no hay que darle alas al animal ponzoñoso, según reza el refrán popular.

            Ahora bien, ¿habla en serio el Presidente de un tema tan delicado? En primer lugar, nadie se enriquece con una pensión por más alta que sea, como tampoco se puede llamar enriquecimiento a un salario público de ₡ 9,500,000. Si así fuera, habría que decir que él mismo puso a doña Rocío Aguilar a enriquecerse. Pero la verdad es que no hay manera de hacerse realmente rico sin explotar al prójimo, sin contratar a muchos trabajadores que produzcan riqueza para uno. A estas alturas no hay misterio al respecto, ni otra forma legal o ilegal de lograrlo.

            Por eso, ningún pensionado aparecerá jamás en la lista de ricos de la revista FORBES. El Presidente puede preguntar a quienes ahí aparecen: Rodolfo Jiménez Borbón, por ejemplo, recibe ₡ 875,185 millones al año, Carlos Cerdas Araya ₡ 389,600 millones y Steve Aronson ₡ 84,750 millones anuales. Un pensionado que recibiera, supongamos, ₡ 15 millones al mes, obtendría al año ₡ 180 millones, es decir, 0,02 % de lo que recibe don Rodolfo, o bien, 0,2 % de lo que recibe don Steve.

            Por tanto, las categorías de riqueza, privilegio y lujo no aplican a pensionados ni a empleados públicos, a no ser que uno quiera hacerse el cínico, el ignorante o el charlatán. Y si le cabe duda, el Presidente puede preguntar qué es enriquecimiento a la UCAEP, que tal vez podría aconsejarle, de paso, sobre cómo combatir la evasión de impuestos, las deudas con la seguridad social y la exportación de ganancias a paraísos fiscales; o cuando menos podría recomendarle a los mejores asesores en un tema que fue el gran ausente de su «informe a la nación». ¿Por qué, señor Presidente, evade usted el tema de la evasión siendo tan importante para este Pueblo?

            En segundo lugar, una pensión no es para proteger a nadie, salvo en una visión asistencialista o paternalista pasada de moda. El señor Presidente debiera saber que una pensión es un ahorro que una persona hace a lo largo de toda su vida laboral para tener una jubilación digna y puede ser tan alta como corresponda a sus cotizaciones. Hace años se promovió, por ejemplo, pasarse del Magisterio a la CCSS y era atractivo porque implicaba una reducción de las deducciones salariales, o sea, aumentaba los ingresos mensuales. Pero muchas personas no lo hicieron pensando en un futuro mejor, ¿quién les explica ahora que ahorraron en saco roto?

            Por otro lado, una pensión también puede verse como un incentivo para renovar trabajadores activos. La idea es que entren a trabajar fuerzas nuevas que adelanten las innovaciones que el sistema económico demanda constantemente. Por eso, en la medida que la jubilación es voluntaria, si las pensiones no son dignas dicho proceso se retrasa o se malogra. De hecho, varios colegas se han retractado últimamente de pensionarse, por la incertidumbre que pesa sobre el futuro de sus ahorros. Así que los más jóvenes tendrán que esperar. ¿Dónde están los estudios que permitan decidir sobre un asunto clave para la productividad promedio del país?

            Nadie parece haber tenido eso en cuenta en este «debate» tan pobre en ideas. Tanto que ni siquiera ha partido de los correspondientes estudios actuariales de los diferentes fondos. Nadie menciona tampoco el interés de privatizar dichos fondos que le hacen la boca agua al sector financiero, el único y verdadero protegido del neoliberalismo; como se puede ver en el tema de usura, aludido anecdóticamente por el discurso presidencial.

            La protección de los más pobres no se puede lograr confiscando ahorros a las pensiones más altas para pasárselas a las pensiones más bajas. Del todo, la pensión no es el instrumento idóneo para eso. Además, es ilegal e inconstitucional que el Estado pretenda trasladar su responsabilidad a un pequeño grupo de pensionados. Por cierto, ¿alguien puede creer en la sinceridad de unos diputados orgullosos de su «solidaridad» con el dinero de otros?

            Si de protección se trata, hablemos en serio de un salario social o de un ingreso universal que garantice a cada ser humano un mínimo de subsistencia, desde la cuna a la tumba, por el simple hecho de serlo, tema de punta en esta materia. Así se acabaría, por fin, con la pobreza extrema. Aunque no del todo con la pobreza, que es un concepto relativo, como decir riqueza, porque mientras la política pública siga favoreciendo la desigualdad social siempre habrá algunos demasiado ricos que correspondan a muchos demasiado pobres. ¡Cuánta falta hace hoy en día la visión de estadista de Alfredo Gonzalez Flores, Rafael Ángel Calderón Guardia, José Figueres Ferrer, Daniel Oduber Quirós o Rodrigo Carazo Odio!

            En una crisis sanitaria como la actual un ingreso vital universal hubiera mostrado su eficacia porque no habría dejado a nadie librado a su suerte. Luego, sería como un seguro si se toma en cuenta que nunca habrá una vacuna contra todas las pandemias.[3] Como un solo ejército combatiríamos así cualquier virus, entrando y saliendo a las casas, en táctica de acordeón, a una sola orden del Presidente. Además, podría asociarse a determinados deberes cívicos y comunitarios con el fin de fortalecer, por ejemplo, educación y salud, incentivando la participación ciudadana en todos los niveles de la administración pública. Dede luego, mucha tela queda por cortar al respecto, pero eso sería comenzar a caminar en serio hacia los más vulnerados, implicando también al sector financiero con su añorada bancarización universal.

            En cuanto a la renuncia a la pensión de ex Presidente, es casi increíble que el mandatario insista en cosechar un rédito publicitario con un derecho que todavía no goza. A penas comparable con repartir los ahorros confiscados a los pensionados cuando ni siquiera ha entrado en vigencia la Ley 9796, para tildar después de egoístas a quienes defenderían su patrimonio. Si esto no es populismo que alguien nos diga cómo se llama; tal vez algún garante nos pueda explicar qué tipo de ética es esta.

            Además, mientras no se modifique la norma de pensiones para ex Presidentes (Ley 7302, capítulo III) el mandatario no podrá hacer lo que promete y no parece haber voluntad política para esto. Lo que podrá hacer eventualmente es donar lo que será entonces su dinero privado. A la mejor usanza neoliberal que trata la pobreza como un asunto de caridad o filantropía y no de justicia. Pero en ese caso, según recomienda el Evangelio, mejor que la derecha no se entere de lo que hace la mano izquierda.

            Por otro lado, en rigor, la pensión de un ex Presidente es espuria, pues no corresponde a lo cotizado. En ese sentido, el dilema será siempre servir a la Patria o servirse de ella. Por eso, aunque legal, puede que no sea bien vista. Más aún, no debiera existir, ya que ser Presidente es un honor y un servicio a la patria que no tiene por qué ser retribuido de por vida. Tampoco la de un diputado o la de un Ministro en las mismas condiciones. Pero no se justifica hacer escarnio público de personas honorables por algo que es un defecto del diseño institucional.

            En sentido estricto los ex Presidentes no hacen nada ilícito al aceptar ese dinero que, como muchos otros estímulos, hoy se tiene y mañana no. Ellos no fueron quienes aprobaron la ley y esta es una sociedad basada en incentivos monetarios y normas, aunque para algunos resultan ser válidos para el ganso pero no para la gansa. Satanizar los incentivos monetarios es a penas propio del terrorismo neofascista y ultra liberal que campea hace rato en el valle central y que representan mejor que nada la tentación suicida del capitalismo.

            Se ve claro entonces que este no es el caso de una pensión digna o verdadera, como derecho adquirido y consolidado después de 30 o 40 años de cotizaciones. La poca seriedad con que se ha tratado el tema es obvia por la mezcolanza abigarrada que los diputados han hecho en esta materia, en contubernio con una prensa acrítica, superficial y complaciente con los poderosos. La ley 9796 exacerba el conflicto que divide a la sociedad costarricense desde hace más de 30 años y crea más problemas de los que resuelve. Señal de que no es justa, puesto que la justicia pacifica tanto como la injusticia enerva; si fuera justa se defendería sola.

            Por lo demás, en una República participativa, como la que establece el artículo 9 de la Constitución, una reforma de pensiones debiera ser un proceso transparente, participativo y concertado, con rigor técnico y sensibilidad social, garantizando confianza como ingrediente indispensable. El Presidente dejó claro que eso no le interesa al nombrar a doña Rocío Aguilar en la Superintendencia de Pensiones, burlándose sin disimular de la Contraloría. Ella ha reforzado la desconfianza al nombrar a Nogui Acosta. Puede que sea parte del magnánimo espíritu protector del Presidente, pero el hecho es que participación y acción ciudadanas no tienen ningún peso en su discurso. Lo cual no solo es inconsecuente con el nombre de su partido, sino que implica una posición poco democrática que no honra la norma superior.

            En conclusión, todavía no se ha hablado con el rigor que merece de un tema tan complejo, pero el debate ya fue cerrado antes de abrirse, por una campaña que concita prejuicios, envidias y odios. Los daños morales y políticos, directos y colaterales, son cuantiosos; aunque todavía a nadie se le pasa factura. Por su parte, los trabajadores activos no parecen haber considerado debidamente lo que todo esto implica para su futuro. Pero ya se darán cuenta. El pato de la fiesta o «chivo expiatorio» ha sido un grupo de personas mayores a quienes no solo se les quiere confiscar sus ahorros, nuevamente y de modo discriminatorio, sino que encima se les difama gratuitamente y se les insulta porque defienden su derecho.

            Ahora, la justicia tendrá que dirimir de qué lado está la razón. Si rige o no el principio de no retroactividad de la ley. Si se vale o no que el Estado-patrón legisle a su favor para evadir su responsabilidad social y sus compromisos legales; si el derecho defiende al débil o complace al fuerte en un asunto eminentemente laboral. Si está del lado del ciudadano, protegido del Soberano, o valida las pretensiones de un Estado abusivo mal encaminado por intereses politiqueros. Si los derechos humanos están pintados en la pared y sirven para ganar votos e imagen, o deben respetarse seriamente por seguridad jurídica de todos y para la defensa de la paz social y la democracia costarricense.

[1] Lamentablemente, los integrantes de otros Poderes se están habituando a puyar a los magistrados como si fueran diputados que ceden a presiones mediáticas.

[2] Como «evaluación de resultados y rendición de cuentas» que debería dirigirse al Pueblo, más que a la Asamblea Legislativa o al Poder Judicial, ese discurso no es de recibo. El nuevo Presidente de la Asamblea Legislativa se dio el lujo de eximirlo del «control político». Ambos incumplieron flagrantemente el artículo 11 de la Constitución, pues «Los funcionarios son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la Ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella.» Ellos que juraron cumplir con la norma superior. Ahora ¿quién podrá defendernos?

[3] Ahora el Gobierno español ha mostrado interés en el «salario social básico» que se ha puesto en práctica en Asturias, desde hace una década, y que cuenta con otras réplicas que pueden servir de referencia.

Foto: Actividad de la Asociación de Funcionarios Universitarios Pensionados (AFUP)

Observatorio Ciudadano Municipal por la Transparencia y Probidad en Cartago

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Un grupo de ciudadanas y ciudadanos del Cantón Central de Cartago, reconociendo su responsabilidad constitucional dan a luz este Observatorio y proponen construir los procesos de participación ciudadana para lograr la transparencia de la gestión municipal, exigir la probidad de quienes ocupan los cargos de la Institución para fomentar la credibilidad tan deseada que establece el Art. 11 de nuestra Carta Magna.

Así, estas personas asumen la responsabilidad de desarrollar sus capacidades y destrezas que le permitan conocer el marco de los diversos temas municipales, conocer las funciones y responsabilidades de los diferentes miembros que componen el gobierno local, todo lo anterior en procura de una participación ciudadana crítica, analítica, activa y efectiva (Art 5 Código Municipal).

De esta forma, este esfuerzo busca que el accionar adentro de la Municipalidad deje de ser un secreto que fomente la corrupción y la impunidad.

Todo lo anterior cumpliendo el mandato constitucional del Art. 9 de nuestra Constitución Política, el cual establece la construcción de la República Participativa.

Enviado a SURCO por Damaris Vigot Aguilar.

Un balance sobre políticas de apoyo solidario, afectación laboral y la participación ciudadana en tiempos de COVID-19

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Licda. Marjorie Hernández Delgado

“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el arte de vivir juntos, como hermanos”. Martin Luther King

Esta frase de Martin Luther King, se adapta perfectamente a la situación actual que se vive en Costa Rica a raíz de la crisis sanitaria que atraviesa el país y el mundo entero causada por la pandemia COVID-19.

El forzado, pero necesario aislamiento y distanciamiento social, han provocado el aumento en el desempleo, generado subempleo y suspensión de contratos en el sector privado formal. En el sector informal los trabajadores han visto mermada en gran manera o prácticamente desaparecida su fuente de ingresos. Las personas que laboran de manera independiente también han sido muy afectadas con el confinamiento obligatorio bajo el llamado “Quédate en casa”.

Por su parte, el sector público también está sufriendo laboralmente las consecuencias de esta pandemia debido a que, el Poder Ejecutivo congeló el pago del aumento salarial anual aprobado para el 2020 según decreto #42121-MTSS-H-Mideplan, del primero de enero del 2020. Estos dineros se emplearán para cubrir en parte la emergencia. Además, está aplicando la Ley #9635, respecto a la eliminación de pluses y el congelamiento de otros componentes salariales.

Pero como si eso fuera poco, existen varias propuestas y proyectos de ley del Poder Ejecutivo que representan una verdadera violación a los derechos humanos, constitucionales y laborales de las personas trabajadoras ya que pretenden imponer un tributo “solidario” al salario de los trabajadores tanto del sector público como privado, que se rebaje a un 50% el salario de los empleados públicos y se elimine el pago del aguinaldo y el salario escolar. Respecto a este último ya se pronunció la Ministra de Planificación, Pilar Garrido en nota MIDEPLAN-DM-OF-0443-2020 del 16 de abril del 2020, quien después de realizar un amplio estudio sobre el origen del Salario Escolar concluyó que es un componente salarial que no pueden eliminar porque corresponde a un pago diferido y de hacerlo se debe indemnizar a todos los empleados del sector público o bien incorporarle ese monto al salario base y que el Estado no está en las condiciones económicas para hacerlo. Por eso se paga de esta manera.

Al ser una situación de emergencia nacional sin precedentes y de una afectación socioeconómica de gran magnitud, le corresponde al Gobierno de la República tomar las decisiones certeras y que se apliquen las políticas de acción eficientes y eficaces que permitan mitigar los efectos de la crisis, proteger a los trabajadores y a sus familias de manera sostenida durante y después de la emergencia, así como también se deben crear mecanismos de contención del desempleo.

Por esta razón, se hace indispensable establecer también mecanismos que permitan un apoyo integral, considerando no solo el pago de los servicios públicos, sino los créditos y tarjetas de crédito, debido a que no pueden dejar de recibir los servicios básicos. Pues de ser así, esto violentaría no solo sus derechos humanos y constitucionales, sino que rompería la paz social y afectaría todo el esfuerzo en materia sanitaria que se ha implementado para contener la propagación de la pandemia a nivel nacional.

Es necesaria la total transparencia (Constitución Política, Artículo 11: “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad… La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes…”) y precisión en las políticas de apoyo solidario, las cuales se deben desarrollar según lo establece la Carta Magna que vela por el bien común, protegiendo a los más vulnerables y que además brinda el equilibrio que contribuye a la paz social de la nación, proporciona justicia social, tributaria y cubre a todos los habitantes del país.

Es relevante la participación de las personas ciudadanas en la toma de decisiones dentro de esas políticas públicas, sobre todo al tratarse de una crisis sanitaria que trae graves repercusiones a toda la población y porque es precisamente ésta la que sufre las consecuencias, no solo en materia de salud, sino en el área económica y social.

Esa trascendental participación ciudadana está estipulada en el Artículo 9 de la Constitución Política: “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el Pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí: El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias…” (Reforma del 1 de julio del 2003, publicado en la Gaceta N°146 del 31 de julio del 2003), por tanto, las autoridades gubernamentales deben trabajar en conjunto con la ciudadanía responsable, en la búsqueda de las soluciones por el bien común.

Por otra parte, la Constitución Política establece que se debe proteger la vida de todas las personas en el Artículo 21: “La vida humana es inviolable”. Pero salvaguardar la vida de las personas no solo se refiere al aspecto sanitario, sino que también es asegurar el suministro de alimentos y servicios básicos.

Sin embargo, en esta emergencia se han dejado de lado derechos muy importantes como lo estipulado en el Artículo 33: “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”, pues se han aprobado leyes que benefician a unos y desprotegen a otros, omitiendo que todas las personas ciudadanas tienen el derecho constitucional y humano a no ser objeto de discriminación o exclusión ya sea en materia tributaria, social, económica o de cualquier otra índole, sobre todo cuando se trata de la población con mayor riesgo social y económico, que además, no son los dueños de los medios de producción sino que contribuyen con su fuerza laboral a la dinamización de la economía nacional.

Es por esta razón, que el mandato constitucional debe ser respetado y ejecutado por el Gobierno de la República plenamente, para que se cumpla lo determinado en el Artículo 50: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza…” Es así como el Estado tiene la obligatoriedad de velar por el bienestar de toda la población en un ámbito de equidad, justicia social y tributaria.

Por tanto, la moratoria en el pago de los impuestos del IVA, Renta, Aduanas y Selectivo de Consumo al sector empresarial, violenta no solo la Constitución Política en sus artículos 21, 33 y 50, sino también la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas #9635. Además, la Regla Fiscal de esta ley amerita ser suspendida, pues es prioritario el destino de la mayor cantidad de fondos públicos a las transferencias sociales en momentos de recesión económica y de gran afectación en materia laboral.

En consecución a este tema, el pago de los impuestos por parte del sector empresarial, durante y después de la emergencia es de vital importancia para brindar sostenibilidad al erario y que no se desfinancien los fondos públicos con los que se debe hacer frente a la emergencia, pues estos se sustentan de los tributos que pagan tanto personas trabajadoras como los empleadores. La situación no se resuelve con más impuestos sobre la espalda de quienes subsisten de un salario, y que ya se están viendo sumamente afectados con la crisis, sino con el pago puntual y solidario de los tributos que ya existen, por parte de todos los actores de la sociedad.

En cuanto al Programa PROTEGER, es necesario asegurar no solo la puesta en marcha de este, sino su sostenibilidad, pero no a costa de los sectores más vulnerables y maltratados, sino con el verdadero apoyo solidario de los sectores económicamente más estables y fortalecidos: Las Grandes Empresas Territoriales, Los Grandes Contribuyentes y el sector Financiero Privado. Para tal fin se deben establecer estrategias de recaudación de fondos solidarios, con la finalidad de fortalecerlo y darle el soporte necesario durante y después de la emergencia, pero sobre todo restablecer el pago de los impuestos cuya moratoria beneficia injustamente al sector empresarial y recarga el peso de la crisis en el resto de la población, compuesta precisamente por los trabajadores, marcando aún más las desigualdades, discriminación e injusticia social y tributaria.

Finalmente, PROTEGER debe ser administrado dentro del marco de la transparencia y la Rendición de Cuentas según el Artículo 11 de la Constitución Política. Y esperamos que cuando esta crisis pase y podamos tratar de volver a la normalidad, no recibamos la desagradable noticia que una vez más los fondos públicos han sido saqueados y que los que menos recibieron las ayudas fueron los verdaderamente necesitados. Porque las autoridades deben recordar que un pueblo con hambre es una bomba con la mecha a medio encender y que la desigualdad ha acrecentado el malestar de la población día con día, que todos estamos en un mismo mar, en diferentes barcos, pero cuando hay una tormenta todos los barcos pueden naufragar.

“Llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga”. Homero

 

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La HOLOCRACIA

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Joaquín Meléndez G.

Las jerarquías del Estado, de la Iglesia, del capital y otras organizaciones están de caída al vacío, en ese recorrido arrasan con todo lo que se les atraviesa para tomar el aire en su asfixia repugnante. El Estado con un gobierno atrapado en una estructura mercantil y financiera neoliberal y globalizante que va derrumbando procesos y conquistas democráticas. La Iglesia entre católicos, ortodoxos anglicanos y sus múltiples sectas con un evangelio desde el Talmud a las Encíclicas y cartas ecuménicas con jerarquías más lejanas de la espiritualidad de sus fieles. El capital como sanguijuela anclado en la explotación del trabajo para ampliar su dominio imperial bajo cancerberos apocalípticos de la OMC y el FMI, egoístas, avaros, especuladores y acaparadores. Todas estas estructuras jerarquizadas han trastocado el Estado Republicano en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial con normativas antidemocráticas como la restricción del gasto público, los PAE’s, la movilidad laboral, la flexibilización, la desregulación, la apertura, las privatizaciones, la banca privada, la educación y salud privada, la concesión de obra pública. Los parques industriales y empresas transnacionales que no respetan la legislación nacional.

Sin embargo nuestro pueblo indómito, como los aborígenes talamanqueños con Pablo Presbere, ha demostrado el patriotismo contra los filibusteros en 1856, la huelga de 1934 contra la transnacional Estándar Fruit, la multitudinaria manifestación por el Código de Trabajo, la defensa de las Conquistas Sociales del 48, la abolición del ejército de 1948, las movilizaciones por las pensiones y el aguinaldo en 1958, las movilizaciones campesinas por tierras para el campesino de los años 70, el movimiento estudiantil por el financiamiento de las universidades del Estado, la lucha nacional contra ALCOA, la lucha contra el Combo del ICE, el movimiento nacional contra el TLC, la huelga nacional patriótica de los 82 día de huelga contra el paquete tributario del 2018.

Estas características del pueblo costarricense tienen sus bases históricas en los valores sociales, cristianos, democráticos y de distribución de las tierras, bien señaladas en el campesinado, la familia e instituciones democráticas; así, la solidaridad, la cooperación, la tranquilidad y los conceptos de libertad, justicia y la paz. El trabajo, la educación y la salud han jugado un papel trascendental arraigando una cultura bicentenaria que debe ser cada vez más fuerte en nuestra fe costarricense, pese a los huracanes ideológicos a los que hemos sido sometidos.

Es la hora de volvernos a ver cara a cara, tomar nuevos bríos, respirar los aires de nuestra cultura, defender, reconstruir, desarrollar y fortalecer esas instituciones que nos ha engendrado esos valores. Hay que reaccionar como el Satyagraha de Gandhi y construir nuestra propia HOLOCRACIA.

Para construir la nueva HOLOCRACIA tendremos que ir a las raíces de la educación con los valores propios de nuestra cultura, contenidos forjadores de la ética, el trabajo, la solidaridad, la cooperación, el sentido común, el amor; con nuevas bases filosóficas de la justicia y la libertad. Educadores formados en los mejores campos de la pedagogía, la investigación, metodología y los mejores instrumentos tecnológicos. Entendimiento y correlación con los padres de familia para que juntos podamos tener discípulos de excelencia donde el conocimiento sea liberador y no utilitaristas de un sistema explotador, subyugador y gerencial de nuevo cuño.

La salud, el concepto psico-somático más desarrollado por medio de la sostenibilidad institucionalidad preventiva y curativa de primer orden donde se pueda vivir en solaz y completo desarrollo espiritual y físico.

Una HOLOCRACIA donde el derecho internacional no se base en la cultura de los bárbaros del Siglo V, los cohors praetoria de lo pretorianos, de los helénicos con Alejandro Magno, ni los babilónicos contra lo amorritas, ni las guerras imperiales contra los vietnamitas, ni la invasión del Destino Manifiesto. Tampoco la invasión cultural mediática en la toma del espectro por empresas inhumanas de la desinformación y unilateralidad informática de compañías que nos llevan al egoísmo, el consumismo y contaminación desalmada.

Tengo la firme convicción que la nación y sus pueblos tienen excelentes patriotas los cuales no se dejarán arrastrar por esas corrientes pérfidas y perversas que rompen con la solidaridad y el amor a la patria de los costarricenses; con ellos tomaremos los nuevos rumbos de la HOLOCRACIA para seguir adelante y le dejaremos a las nuevas generaciones el sendero de la prosperidad, más humana y democrática. Que sabremos defender y fortalecer la CCSS, EL ICE, el INA, el AyA, RECOPE, el CNP, el MOPT y otras instituciones sociales.

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Hacia una acción frente al coronavirus que revitalice la colectividad

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Comunidad.

…cuando natura, le asesta un golpe a la cultura individualista…

Desde Costa Rica y Centroamérica con visión Latinoamericana. Sujeta a enriquecimiento activo y alegremente esperanzador.

Apuntes para una construcción colaborativa y cooperativa.[1]
Carlos Brenes Castillo cooinspirado con Patricia Palma
Los centroamericanos podemos

Este apunte es eso, un intento por que nuestra acción colectiva, sea lo mejor pensada posible y lo más recreadora de nuestra cultura, hemos compartido una primera versión, con mucha gente de Centroamérica y Latinoamérica, para que sea eso un “rizoma” diría nuestro maestro Francisco Gutiérrez. Favor moverlo y hacerle lo que requiera. La emergencia exige ciertamente una respuesta ciudadana, y provocara definitivamente una reconformación de la convivencia social, las relaciones sociales. Las relaciones de poder y sobre todo del lugar y modelo de estado y política pública. Esto requiere vivir con inteligencia este paso, y capitalizar socialmente lo mejor para que nuestras sociedades retomen con más garras el bien común, la economía solidaria y participación comunitaria, en clave de Nos…Un nosotros evidentemente global. Desde lo local, reconciliándose con los ecosistemas.

De manera esquemática y sencilla visualizamos un esquema para una acción colectiva que nos moviliza y coloca en actividad decidida para lograr los objetivos reconocidos:

  • Colocar los diferentes grupos sociales en tareas y roles que contribuyan a las acciones propias de los organismos estatales, construyendo la respuesta viva de nuestra comunidad humana, potenciando el comportamiento solidario y responsabilidad colectiva, y cambiado las formas de relación y convivencia.
  • Reducir al máximo de la curva de contagiados, en relación con capacidad de respuesta efectiva del sistema de salud nacional, regional y local; prepararnos para los diversos escenarios que nos toque a las diversas personas. (no enfermarse-enfermar y entrar en riesgo de muerte). Organizar la capacidad social, público-privada, para brindar tratamiento exitoso, al quienes enfermen, que eviten o minimicen muertes.
  • Potenciar la rehabilitación y recuperación rápida, el aprendizaje y la interiorización de nuevos comportamientos que eviten la vuelta de la pandemia y nos prepara mejor para otros eventos de este tipo.
La acción colectiva, no existe, lo que existen son personas y grupos que relacionan y entran en relaciones que generan repuestas colectivas y construyen el bien común desde sus prácticas de vida en situaciones de normalidad o de emergencia como la que estamos viviendo. Por eso mirar y partir de las personas, sus sentimientos, movimientos, acciones, pensamientos y decisiones, es el punto de partida. Reconocer quien soy, quienes somos, donde estamos, cómo y con qué y quienes actuamos y que priorizamos, es la base del punto de partida. La toma progresiva de conciencia y sus implicaciones el hilo conductor, colectivizar la toma de conciencia hacia conciencia colectiva, por convicción o coerción, como parece estarse dando, ante la velocidad y agresividad del virus y los patrones culturales.
EJE DE LA ACCIÓN COLECTIVA: la construcción progresiva de la conciencia activa y colectiva. ESTO TIENE QUE VER CONMIGO Y CON NOSOTROS por eso debemos ACTUAR COLECTIVAMENTE POR EL BIEN COMÚN.

Una vez claro lo anterior para fines de acompañar y organizar nuestro accionar inteligente, máxime en situación de emergencia y posiblemente alta carencia de recursos, tiempo y gente, podemos reconocer al menos 5 grandes etapas:

0. Previo al primer contagio y gran desinformación e inacción social. Alta inconciencia sobre nuestro estilo de vida saludable.

1. Etapa de PROMOCION, dado el desarrollo intenso del contagio, con alto riesgo de romper umbral de respuesta. Inicio de respuesta social, insuficiente. DISTANCIAMIENTO SOCIAL EL MANDATO. Esfuerzo centrado en crear y activar conciencia y combatir la negación y evasión.

Línea de acción: Crear conciencia progresiva y activa, que combata la negación y evasión.

2. Etapa de CONTENCIÓN del desarrollo máximo del contagio y levantamiento de la máxima respuesta social, por conciencia o coerción. PROFUNDIZAR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL y lograr “APLANAR LA CURVA.

Reconocer los tres escenarios posibles.

  1. E1. No enfermarse. (Cuido colaboración).
  2. E2. Enfermar y recuperarse.
  3. E3. En riesgo de muerte. En esta etapa emergen dos grandes grupos, riesgos de exclusión social, los mayores de 60 pueden verse así mismo como ya desahuciado, o estigmatizado. Y los jóvenes, “a mí no me pasara nada”.

Es necesario mirar diversas acciones colectivas según escenario y grupo social. Particular atención sobre la llamada primera línea, el personal de salud, que requiere apoyo, estimulo, y ojalá encontrarse en coyunturas manejables.

Línea de acción: PROFUNDIZAR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL y lograr “APLANAR LA CURVA”, CON EL MAYOR ESFUERZO DE ACCION COLECTIVA DECIDIDA, quedándose en casa.

3. Etapa de TRATAMIENTO INTENSIVO. Salvar vidas, importancia de acciones de respaldo, asistencia y apoyo, así como de correcto abastecimiento de la primera línea, la persona de salud, higiene, limpieza, equipamiento. Procurar aumentar, la capacidad física instalada y la capacidad humana existente. El accionar de soporte emocional y físico a las brigadas de trabajo. Especial atención al sector juvenil que está en plena demanda de relaciones intensas.

Línea de acción:  salvar vidas, generar una atmosfera de tranquilidad en la ciudadanía y de asegurar abastecimiento alimentario de la población. Alta conciencia activa en los comportamientos.

4. Etapa de descenso Y CAÍDA DE LA DINÁMICA DE CONTAGIO, conciencia y administración del daño. Mecanismos de respuesta y acompañamiento revitalizador en incubación y estimulación.

En esta etapa la acción colectiva se puede relajar y los comportamientos de distanciamiento social, y de higiene colectiva pueden exceder los niveles de cumplimiento y cuido consciente. Se reconocen y se van haciendo evidentes, en los diversos escenarios y territorios de múltiples prácticas de incubación de buenas iniciativas favorecedoras del logro de los objetivos, y emergen mecanismos estimuladores de la acción -investigación y participación ciudadana.

Línea de acción: No bajar la guardia para evitar una vuelta al fuerte contagio y amenaza del desborde de atención. Interiorización consciente de la acción colectiva.

5. Etapa de REHABILITACION: restablecimiento, reconstrucción y revitalización. Fuerte movilización colectiva solidaria.

El tejido de acciones reconocidas y sugeridas para potenciar nuestra energía social, comportamiento responsable e involucramiento activo, para sanar y restituir tejidos territoriales, según momento y posibilidades, alrededor de la recuperación:

  • Social
  • Física
  • Ambiental
  • Económica

En esta etapa, posiblemente la de mayor prolongación y más grandes desafíos. En especial la importancia de CAPITALIZAR AL MAXIMO, el momento vivido, y centrándose en aquellos CAMBIOS principales derivados, y necesarios a futuro, para minimizar riesgos en otros eventos, entre ellos:

  • Cambio radical de los modelos de convivencia, consciente. Cambios en la manera de estar y compartir de manera diferente y más consciente y responsable social y ambiental.
  • Cambio radical las diversas formas de relacionamiento.
  • Cambios en los patrones alimentarios en función de esquemas nutricionales que coadyuven en estilos de vida saludable y de fortalecimiento inmunológico.
  • Cambios en los modelos de gobernanza y de ejercer el poder, redefinición y reacomodo de las relaciones de poder, donde el bien común, el estado social, el reposicionamiento de la institucionalidad publica, la economía, y en especial los liderazgos ciudadanos y políticos
  • Revalidación de lo cotidiano y de los acercamientos sociales con sentido
  • Cambio profundo en la conciencia social, en el valor de ciencia y el conocimiento, la ambiental en cuanto los limites la restitución del equilibrio ambiental, la casa común y finalmente la conciencia social en cuanto a NOSOTROS, la participación y gestión ciudadana, alrededor del bien común.
Línea de acción: No dejar de invertir y generar las grandes aprendizajes-enseñanzas y fortalecer las ganancias colectivas desarrolladas, en especial el desarrollo de nueva institucionalidad, nuevas normas y reglas para vivir desde nuestras comunidades y el planeta. Una cultura renovada y resignificada.

ANEXO:

Ideas para aprender e impulsar tareas y actividades en cada etapa.

0. Previo al primer contagio y gran desinformación e inacción social. Alta inconciencia sobre nuestro estilo de vida saludable.
  • Fuerte esfuerzo local, colectivo directo y virtual de información y educación consciente, que coloque a todas y todos en cambios de comportamiento inmediato. DISTANCIAMIENTO SOCIAL, Y AISLAMIENTO ACOMPAÑADO DE INTENSAS MEDIDAS DE HIGIENE.
  • Vigilancia activa de comportamientos no deseados, e inadecuados. Informar y reportar a las autoridades
  • Familiarmente y “tribus de amigos” reconocen personas y miembros en condición de riesgo de salud y riesgo social (por ejemplo, violencia doméstica), y perfilan medidas y accionan al respecto.  Higiene y reclusión (cero contactos)
  • Aprovechar y potenciar las redes sociales para informar, accionar y movilizar la población hacia tareas y comportamientos deseados y orientados por las autoridades.
  • Identificar claves nutricionales que pueden favorecer resistencia y recuperación, para incentivar su acceso y búsqueda
1. Etapa de PROMOCION, dado el desarrollo intenso del contagio, con alto riesgo de romper umbral de respuesta. Inicio de respuesta social, insuficiente. DISTANCIAMIENTO SOCIAL EL MANDATO. Esfuerzo centrado en crear y activar conciencia y combatir la negación y evasión.
  • Cambio abrupto de nuestros comportamientos y conducta, eliminación de actividades …” Quédese en casa”, el eje. Redoblar higiene limpieza de manos y reducción a conductas de relacionamiento social basadas en el contacto físico.
  • Cuido de las personas de tercera etapa y acciones de soporte a sus necesidades básicas de alimento y medicina. Se han organizado pequeños grupos y redes de apoyo de personas jóvenes que ayudan a las mayores en estas tareas para que se queden en casa.
  • Orientaciones y “paquetes nutricionales” que brinden soporte y mayor resistencia.
  • Innovación creativa de actividades de teletrabajo y de multiplicación de generación de bienes y servicios, por parte de pequeñas unidades económicas y sus redes y tejidos de cooperación. Reactivación de la Economía Social solidaria.
  • Colaboración y contribución desde la comunidades y economía social solidaria, procurando espacios complementarios, para la atención de personas “sospechosas” y/o contagiadas, en sus periodos de “cuarentena”, en estricta coordinación con las autoridades de salud y gobiernos locales. Se han dado uso de casa, sin alquilar, puestas al servicio del sistema de salud.
  • Diversas iniciativas de apoyo y respaldo culturales, al personal de salud y a las personas en cuarentena, “Cartas de Animo”, “cantos”, videos…aplausos colectivos, radioemisiones locales….
  • Solidaridad y apoyo con las familias del personal de primera línea, en sus barrios y residencias.
  • Iniciativas virtuales de entretenimiento…compartido y otras iniciativas personales familiares…
Etapa de CONTENCIÓN del desarrollo máximo del contagio y levantamiento de la máxima respuesta social por conciencia o coerción. PROFUNDIZAR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL y lograr “APLANAR LA CURVA.

Aunque esperamos que la etapa anterior sumada a las medidas gubernamentales, hayan logrado los más altos resultados, dado el tiempo que hemos tenido, para “APLANAR LA CURVA”, y evitemos valores y cifras no deseables, puede ser la etapa de mayor , e impacto emocional y comunal, y de afectación de todos nosotros, sería como sentí la gente de Limón , sus líderes luchadores, el día siguiente del terremoto, golpeados ….ahora si las cifras fueran, como no las queremos, será donde se demandará la mayor acción colectiva, el abrazo social gigante que nos cohesione, como sociedades…Costa Rica, Centroamérica y Latinoamérica..

  • Actividades de apoyo y respaldo, precautorio y controlado, a las personas, familias y grupos contagiados, desde las comunidades y barrios, apoyando y empujando la recuperación y el mejor desenlace.
  • Acciones solidarias y de apoyo a los sistemas de atención, por ejemplo, desde nuestras ASADAS contribuir con agua, según reglas claras, a aquellas instituciones y espacios que tengan carencia o insuficiencia para atender la emergencia.
  • Mediante voluntariado, inventariar e identificar, unidades económicas pequeñas familiares de subsistencia que estén siendo seriamente afectadas y contribuir, la canalización de apoyo, acompañamiento técnico, desde la ECONOMIA SOCIAL SOLIDARIA…para VACUNARNOS contra la destrucción del tejido económico comentario y local…, impulso de iniciativas creativas e imaginativas de la economía social solidaria. Esa valoración debe servir, en lo inmediato ante los auxilios sociales del estado, y estratégicamente en la etapa 5 de revitalización.
  • Seguimiento y ALTA CAJA DE RESONANCIA Y MULTIPLICADORA de las orientaciones e instrucciones de las autoridades de salud.
  • Fortalecimiento de acciones nutricionales favorecedoras.
  • Repuestas territoriales, sean cantonales o regionales que articulan cooperación, para resistir, sobrevivir y recuperar el tejido…y la buena gobernanza.
  • Mecanismos que “apapachen” a nuestros contagiados y familias, y por supuesto las familias de personas fallecidas. Ya están ocurriendo y circulando en Costa Rica, hermosas iniciativas de cantautores como #YoMeQuedoEnCasa FESTIVAL Centroamérica. Del 18 al 22 de marzo en Facebook live, o Instagram Live…además de poder tomar iniciativas de canto en los Barrios de los italianos y españoles. Es decir, impulsar todo un frente cultural, de fuerte contagio vital. Otro ejemplo fue el concierto de Fito Páez, desde la plataforma de FACEBOOK, el día 20 de marzo.
3. Etapa de TRATAMIENTO INTENSIVO. Salvar vidas, importancia de acciones de respaldo, asistencia y apoyo, así como de correcto abastecimiento de la primera línea, la persona de salud, higiene, limpieza, equipamiento.
  • Procurar aumentar, la capacidad física instalada y Habilitar espacios comunitarios y privados en forma solidaria.
  • Accionar de soporte emocional y físico a las brigadas de trabajo.
  • Aumentar la capacidad humana existente.
  • Especial atención al sector juvenil que está en plena demanda de relaciones intensas.
  • Generar una atmosfera de tranquilidad en la ciudadanía.
  • Asegurar abastecimiento alimentario de la población.
  • Alta conciencia activa en los comportamientos.
  • Resaltar todas las acciones complementarias desde las otras líneas para el manejo emocional y psicológico del momento, información y noticias, desde los núcleos familiares y todo el sistema educativo, público y privado.
  • Comienzan a generarse con más fuerza, frecuencia, intensidad de actividades culturales y artísticas, así como de acompañamiento deportivo.
4. Etapa de descenso Y CAÍDA DE LA DINÁMICA DE CONTAGIO, conciencia y administración del daño. Mecanismos de respuesta y acompañamiento revitalizador en incubación y estimulación. Se mantiene DISTANCIAMIENTO SOCIAL.
  • En esta etapa, posiblemente, podemos re acercarnos en los sueños y nuevos desafíos, en especial poder colaborar desde la comunidad y organizaciones sociales con el Estado, en el recuento y valoración de daños, más allá de los daños en la vida de las personas. Sugerir herramientas y formas de agregación territorial.
  • Valorar identificar y auscultar donde quedan, núcleos generadores, y multiplicar el rescate y sistematización de buenas prácticas de respuesta, acompañamiento, incubación y re-incubación, y estimulación sistemática, para restablecer tejidos, y generar reinserción activa de la población, procurando cuidadosamente nuevas formas y prácticas de ACERCAMIENTO SOCIAL, CONVIVENCIAL Y COLABORATIVO.
  • Mecanismos de agradecimiento y reconocimiento a toda la PRIMERA LINEA DEL PERSONAL DE SALUD, y todo el otro personal de soporte involucrado en el esfuerzo nacional.
  • VALORACION COMUNITARIA de instrumentos y mecanismos para que NO se de una reactivación y crecimiento de la dinámica de contagio. Acciones inmediatas precautorias por sectores y territorios de riesgo.
  • Detectar cuellos dinamizadores del tejido económico, principalmente alrededor de la SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL., que repotencien y nos vacunen contra el desabastecimiento alimentario. Impulso de acciones con los programas de estado respectivos.
  • Nuevas orientaciones nutricionales favorecedoras.
5, Etapa de REHABILITACION: restablecimiento, reconstrucción y revitalización. Fuerte movilización colectiva solidaria.

El tejido de acciones reconocidas y sugeridas para potenciar nuestra energía social, comportamiento responsable e involucramiento activo, para sanar y restituir tejidos territoriales, según momento y posibilidades, alrededor de la recuperación:

  • Social
  • Física
  • Ambiental
  • Económica

En esta etapa, posiblemente la de mayor prolongación y más grandes desafíos. En especial la importancia de CAPITALIZAR AL MAXIMO, el momento vivido, y centrándose en aquellos CAMBIOS principales derivados, y necesarios a futuro, para minimizar riesgos en otros eventos, entre ellos:

  • Cierre y capitalización de nuestro accionar en función de los objetivos, capitalizando en especial el tejido construido
  • Valoración de los resultados sanitarios y estimulo decidido a la investigación aplicada proactiva.
  • Inventario, reconocimiento y sistematización de las diversas acciones y procesos de acción colectiva en los territorios, que contribuyeron significativamente al logro de los objetivos.
  • Cambio radical de los modelos de convivencia, consciente. Cambios en la manera de estar y compartir de manera diferente y más consciente y responsable social y ambiental.
  • Cambio radical las diversas formas de relacionamiento.
  • Cambios en los patrones alimentarios en función de esquemas nutricionales que coadyuven en estilos de vida saludable y de fortalecimiento inmunológico.
  • Cambios en los modelos de gobernanza y de ejercer el poder, redefinición y reacomodo de las relaciones de poder, donde l bien común, el estado social, el reposicionamiento de la institucionalidad publica, la economía, y en especial los liderazgos ciudadanos y políticos
  • Revalidación de lo cotidiano y de los acercamientos sociales con sentido
  • Cambio profundo en la conciencia social, en el valor de ciencia y el conocimiento, la ambiental en cuanto los limites la restitución del equilibrio ambiental, la casa común y finalmente la conciencia social en cuanto a NOSOTROS, la participación y gestión ciudadana, alrededor del bien común.

Ilustración: https://believe.earth/es/colectividad-que-ensena/

[1] Agradecemos la colaboración activa de muchas personas y esperamos se multiplique enriquezca y mejore. En particular del compañero Héctor Ferlini-Salazar.