El pasado martes 29 junio, se llevó a cabo el foro: ¿En dónde está Costa Rica? Acuerdo Escazú entro en vigor…. Sin Costa Rica, se contó con la participación de:

• Álvaro Sagot Rodríguez. Profesor de Derecho Ambiental de la Licenciatura y en la maestría en Desarrollo Sostenible de la Facultad de Derecho de la UCR.
• Patricia Madrigal Cordero. Negociadora por Costa Rica del Acuerdo de Escazú. Docente universitaria, miembro de ONG y especialista en Derechos Humanos y Ambiente.
• Nicolas Boeglin. Profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR).
• Constance Nalegach Romero. Negociadora por Chile del Acuerdo de Escazú. Consultora en asuntos internacionales en temas de sustentabilidad y profesora de post grado en universidades de Chile y extranjeras.
• Alejandro Barahona Krüger. Politólogo especialista en Gobierno, Políticas Públicas y Gestión Pública. Profesor de Relaciones Internacionales y Comercio Internacional en la Universalidad Nacional, UNA.
• Norman José Solórzano Alfaro, Investigador IDESPO-UNA.

En este espacio las dos negociadoras por Chile y Costa Rica del Acuerdo de Escazú en sus intervenciones expusieron las debilidades de los argumentos en contra del Acuerdo de Escazú; Asimismo, reiteraron el carácter innovador y pionero de este instrumento regional que se gestó desde y para América Latina y el Caribe,  el cual tiene como objetivo proteger a quienes defienden el ambiente y resguardar los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas en materia de acceso a participación ciudadana, a la información ambiental, y a una justicia ambiental fortalecida. 

Del mismo modo, Álvaro Sagot desnudó los argumentos falaces que sostienen que el Acuerdo de Escazú va en contra de la reactivación económica, y explicó en detalle la peligrosa deriva de la Sala Constitucional en materia de participación ciudadana en materia ambiental, con una jurisprudencia claramente regresiva detectada en los últimos años.

Para Nicolás Boeglin, el Poder Judicial costarricense y su Sala Constitucional han complicado de manera totalmente injustificada el trámite de aprobación del Acuerdo de Escazú, y queda claro que, para varios integrantes de la Sala, el Acuerdo de Escazú es percibido como una verdadera amenaza.

Por su parte, Alejandro Barahona explicó que el Acuerdo de Escazú se inscribe en la línea del fortalecimiento de la democracia participativa, que algunos sectores políticos y económicos costarricenses adversan en la medida en que podría amenazar sus intereses.

En el siguiente enlace podrán encontrar la discusión completa sobre este tema https://www.facebook.com/VicerrectoriadeExtensionUNA