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Etiqueta: participación ciudadana

Parlamento Cívico Ambiental denuncia exclusión de representación científica costarricense en conferencia de la ONU sobre océanos

Comunicado

El Parlamento Cívico Ambiental manifiesta públicamente su profunda preocupación y enérgico rechazo ante la exclusión deliberada de representantes científicos costarricenses durante la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3), llevada a cabo en Niza, Francia, en junio de 2025.

La situación se torna especialmente alarmante tras conocerse que el Gobierno de la República retiró las acreditaciones previamente otorgadas a destacados científicos nacionales como la Dra. Cindy Fernández, el Dr. Jorge Cortés y el Dr. Juan José Alvarado, así como a otras personas cuya identidad y afiliación institucional aún no han sido debidamente aclaradas.

Esta acción representa no solo una falta de respeto hacia la comunidad científica nacional, sino que también contradice el discurso oficial que promueve la ciencia, la sostenibilidad y la participación ciudadana en espacios multilaterales.

Ante esta situación, el Parlamento Cívico Ambiental exige respuestas claras e inmediatas por parte de las autoridades correspondientes, en relación con los siguientes puntos:

  1. ¿Quién dio la orden de retirar las acreditaciones de los 18 delegados costarricenses?

  2. ¿Cuáles fueron los criterios utilizados para excluir a estos representantes, particularmente a figuras académicas de la Universidad de Costa Rica y de organizaciones de la sociedad civil?

  3. ¿Quiénes integraron finalmente la delegación oficial costarricense y con base en qué criterios fueron seleccionados?

Estas interrogantes que no son menores: apuntan a la transparencia, la rendición de cuentas y la legitimidad de la política exterior costarricense, especialmente en temas tan cruciales como la gobernanza oceánica.

El Parlamento Cívico Ambiental recuerda que Costa Rica no puede aspirar a liderar procesos internacionales en materia marina si a nivel interno, excluye deliberadamente a quienes han contribuido con años de investigación y compromiso técnico y científico.

Por ello, las organizaciones que componen el Parlamento Cívico Ambienta solicitan formalmente a la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa convocar a una audiencia pública con la participación del MINAE, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, los científicos excluidos y representantes de la sociedad civil, con el fin de esclarecer estos hechos y evitar su repetición en futuras instancias internacionales.

Costa Rica merece una política científica coherente, participativa y basada en evidencia.

No hay sostenibilidad posible sin transparencia”.

Una nueva regionalización del país: un proceso que debe ser bien direccionado y muy participativo

German Masís

La semana anterior el Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN) dio a conocer la firma del contrato para generar el “Estudio de regionalización que responda a los retos actuales que enfrenta Costa Rica en materia de planificación, gestión del desarrollo regional y ordenamiento territorial”.

Según la información “Su propósito es construir una propuesta técnica renovada para delimitar regiones, subregiones, cantones y distritos, que sirva como herramienta operativa del Sistema Nacional de Planificación.

La labor estará a cargo de la empresa GeoAdaptive que laborará en alianza técnica y estratégica con la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación (FUNDEVI).

De acuerdo con la ministra de Planificación, “Una regionalización moderna y basada en evidencia permitirá cerrar brechas históricas y asegurar un desarrollo más justo y equilibrado para todas las regiones del país”.

La justificación del estudio se origina en que, la división política del país no va acorde a las verdaderas realidades que enfrentan diferentes lugares, lo que genera la necesidad de focalizar esfuerzos según las necesidades más locales.

El estudio permitirá fortalecer la coordinación entre instituciones en todos los niveles —nacional, regional y local—, facilitando una planificación más eficaz, evaluaciones más precisas y una participación ciudadana más activa. Además, brindará herramientas para caracterizar adecuadamente cada región, haciendo posible una intervención pública más contextualizada y pertinente”, agrega MIDEPLAN.

Aduce que se pueden mejorar las condiciones de crecimiento, competitividad e innovación en las diversas regiones del país, “para garantizar el cierre de brechas estructurales que afectan negativamente la calidad de vida y el arraigo de sus habitantes”.

Se indica además que el estudio de regionalización, está muy relacionada con la Ley de Desarrollo Regional de Costa Rica, aprobada en el 2021, que tiene como finalidad impulsar el desarrollo regional en Costa Rica, para la mejora de las condiciones y la calidad de vida de toda la población, respetando las particularidades culturales, sociales, económicas, ambientales y el aprovechamiento de las sinergias y potencialidades propias de cada región, en un contexto de participación democrática.(El observador.com,18-5-25)

El año anterior con motivo del anuncio del estudio de regionalización habíamos mencionado en un artículo denominado Los cambios en la regionalización del país; hacia un remozamiento del esquema de regionalización o en procura de un verdadero desarrollo territorial sostenible, que la validez de esta iniciativa de MIDEPLAN, debe considerar algunos aspectos importantes:

1.Debe trascender el enfoque de regiones administrativas hacia el enfoque de desarrollo territorial, donde las características de los territorios desde el punto de vista geográfico, histórico, sociodemográfico, cultural y económico-productivo, sean las que definan la afinidad, interrelación y conformación geo-sociohistórica de los territorios regionales.

2. Es imperativo introducir un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo estas están en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental.

3.Los cambios en la regionalización del país no se deben reducir a un reordenamiento geográfico o a la redefinición de las regiones para que se fortalezca la presencia de las instituciones en cada región y al decir de MIDEPLAN trabajar mejor las políticas públicas y descentralizar los presupuestos para dar los financiamientos más adecuados.

4.Dado que varios análisis del desarrollo nacional han expuesto reiteradamente que el desarrollo regional del país es un desarrollo desigual e inequitativo, resultado de la concentración de los recursos, la inversión y de la actividad económica, es fundamental que el análisis de la nueva propuesta territorial tenga como objetivo estratégico revertir las desigualdades regionales y avanzar hacia una organización territorial más equitativa y sostenible.

5. De ahí que es fundamental proponer una nueva organización territorial dirigida a superar las brechas regionales existentes entre la Gran Área Metropolitana (GAM) y las regiones periféricas rurales, costeras y fronterizas y los desequilibrios al interior de las mismas regiones periféricas, entre sus ciudades más desarrolladas y las zonas rurales.

6.Por lo anterior se requiere sustentar la reorganización territorial en una caracterización profunda de los recursos naturales, humanos, institucionales, infraestructurales de los territorios de las distintas zonas geográficas, así como en los indicadores productivos, de desarrollo social, de desarrollo humano, de desarrollo rural y de competitividad existentes para los cantones y regiones, que permita establecer las particularidades, articulaciones y niveles de desarrollo de las distintas áreas geográficas.

7.El abordaje de este nuevo ordenamiento territorial debe suponer una perspectiva de desarrollo auto-centrado en las características territoriales, con un carácter endógeno y participativo que permita que los distintos actores sociales, económicos, públicos o privados intervengan y definan las acciones necesarias para el replanteamiento de las regiones y sus territorios.

8.En consecuencia, la ejecución del estudio de regionalización y la propuesta de reordenamiento territorial, debe implicar una consulta amplia a los actores territoriales y las comunidades, tanto en la elaboración de los diagnósticos-caracterizaciones regionales, como en la discusión de las propuestas de reorganización territorial resultantes.

9.La conformación de las nuevos espacios territoriales, debe obedecer a características históricas, físicas, culturales y de dinámica productiva, que permita lograr mayor cohesión e interacción de la población en los territorios, una mejor distribución y gestión de los recursos y una mayor representación política.

10.De esta manera, los nuevos espacios territoriales, deben redefinir la cobertura de las provincias actuales, la pertenencia apropiada de algunos cantones y la conformación de nuevas regiones más homogéneas y congruentes, que darán lugar a una regionalización más precisa y ajustada a las condiciones del siglo XXI

Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer organizará debate intercolegial

El Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer será sede del Debate Intercolegial que se realizará el próximo jueves 24 de abril, de 11:30 a.m. a 4:00 p.m. Esta iniciativa educativa ha sido diseñada y liderada por estudiantes de la institución.

El evento contará con la participación de seis instituciones educativas: Colegio de San Luis Gonzaga, Colegio Gregorio José Ramírez Castro, Yorkín School, Colegio Miravalles, Colegio Vocacional de Artes y Oficios (COVAO) y el Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer como anfitrión.

Entre los invitados especiales se encuentran el alcalde de la Municipalidad de Cartago, la directora regional de educación de Cartago y representantes de la Universidad Nacional de Costa Rica y la Universidad de Costa Rica.

Kevin Araya Céspedes, bibliotecólogo del Liceo José Figueres Ferrer, ha extendido una invitación a los medios de comunicación para cubrir esta actividad que busca visibilizar los esfuerzos de innovación en métodos de enseñanza y aprendizaje.

Según el Comité de Debate de la institución, este espacio promoverá la argumentación y el pensamiento crítico, permitiendo a la juventud fortalecer sus habilidades comunicativas, de investigación y análisis.

La actividad también representa una oportunidad para reflexionar sobre el papel que desempeñan las instituciones gubernamentales locales en proyectos de impacto educativo, con énfasis en la participación ciudadana, la educación cívica y el desarrollo comunitario.

Costa Rica: Construyendo juntos un futuro solidario y democrático

Carlos Hernández / Cokomal / Redess

Costa Rica enfrenta un momento crucial de su historia, donde la crisis democrática, económica y la violencia generada por el narcotráfico exigen respuestas profundas y estructuradas. Las aspiraciones de los movimientos sociales de equidad, justicia y participación han sido golpeadas por cuatro décadas de predominio neoliberal y creciente desigualdad.

Desde la economía solidaria, no solo es posible replantear el modelo económico actual, sino también generar una articulación social que construya un pacto inclusivo capaz de integrar la diversidad de sectores ciudadanos.

La urgencia de un pacto social en Costa Rica

La economía solidaria, por su propia esencia, reconoce que el desarrollo económico debe estar ligado a la cooperación entre distintos actores sociales. Sin embargo, para que esta visión se traduzca en políticas efectivas y en una transformación real, es fundamental la construcción de un pacto social.

Este pacto no puede ser impuesto desde las élites ni responder únicamente a una agenda política económica. Debe ser el resultado de la convergencia de diversas voces: comunidades organizadas, sindicatos, asociaciones de trabajadores, academia y movimientos sociales que, en conjunto, defienden una patria digna y solidaria.

Un pacto social fortalecería las bases de una democracia real, alejándose de la plutocracia y la corrupción que han desfinanciado los programas públicos esenciales. La educación, la salud, la vivienda y el medio ambiente han sido sacrificados bajo una lógica de acumulación desmedida, mientras que la riqueza se concentra en sectores con capacidad de influencia sobre las decisiones políticas.

Un pacto social permitiría recuperar la soberanía de lo público, garantizando que la economía esté al servicio de la sociedad y no de unos pocos.

Expresión de la diversidad social: hacia una construcción participativa

Uno de los principios fundamentales de la economía solidaria es la diversidad. Un pacto social debe reconocer y dar voz a las distintas realidades que conviven en el país: los pequeños productores rurales, los trabajadores informales, la asociatividad en los territorios rurales y urbanos, los emprendimientos sociales y el movimiento ambientalista.

La articulación de estos actores es clave para generar respuestas desde abajo, desde quienes viven y resisten los efectos de la crisis en su cotidianidad.

La construcción de este pacto debe partir de procesos de participación activa, donde los sectores marginados por el modelo neoliberal recuperen poder de decisión y capacidad de incidencia. No es suficiente diagnosticar los problemas del país: es urgente que las comunidades diseñen alternativas y ejerzan su derecho a transformar la realidad.

Hacia una Democracia Solidaria y Activa

Costa Rica debe decidir si continúa caminando al borde del abismo o si encuentra un camino hacia la construcción de una vía de justicia social, inclusión y soberanía. La economía solidaria no es simplemente una alternativa económica, sino una opción de vida, donde los valores de equidad, justicia y colaboración sean la base de un nuevo modelo social.

El pacto social es la clave para restaurar la confianza ciudadana y recuperar la soberanía popular. No podemos permitir que la plutocracia continúe definiendo el destino del país. La oportunidad de cambiar el rumbo sigue vigente, pero solo será posible si la diversidad social converge en un proyecto común de transformación.

Imagen: https://teodulolopezmelendez

Demofobia y crisis política en Costa Rica

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

Mauricio Ramírez

La demofobia, o el miedo al pueblo, no es un fenómeno reciente en la política costarricense ni en Occidente. Su origen se remonta a finales de los años 80 y se consolidó en los 90, cuando la clase política tradicional abandonó al pueblo como sujeto central del quehacer político. La caída del bloque socialista y el fin de la Unión Soviética convencieron a las élites triunfantes de que ya no necesitaban la participación real de la ciudadanía para gobernar porque no tenían competencia ideológica que amenazara con llevarse el beneplácito popular. En su lugar, bastaba con mantener un cascarón democrático vacío: rituales electorales cada cuatro años que legitimaran el ejercicio del poder sin alterar sus intereses. Como el gatopardo de Lampedusa: cambios para que nada cambie.

Costa Rica no fue la excepción. Un episodio emblemático ocurrió en el año 2000, cuando la Asamblea Legislativa discutía el Combo del ICE, un paquete de reformas para privatizar el sector eléctrico y de telecomunicaciones. En ese contexto, una diputada de un reconocido partido político dejó en evidencia su desprecio por la voluntad popular al declarar: “Las masas nunca…no siempre tienen la razón…las masas han cometido desastres en la historia de la humanidad, es la gente pensante, la gente informada la que sabe hacer los verdaderos cambios». Con ese argumento, justificaba una supuesta superioridad intelectual y hasta moral para ignorar el clamor ciudadano que, en su mayoría, rechazaba el proyecto. Aquí está retratado un momento histórico clave de divorcio entre clase política y pueblo costarricense.

Lo que la señora diputada omitió, es que los grandes desastres a los que se refiere no han sido producto del pensamiento propio de esas masas, sino de élites organizadas y “pensantes” como las que ella representaba, que en diferentes momentos históricos han manipulado a esas masas para generar caos. Ahora, existe una desconfianza mutua: una clase política considerada como la de “siempre”, que se niega a escuchar y representar a las masas porque las considera de antemano “ignorantes”, y unas masas que desconfían de esa clase política que no representa ni sus intereses ni sus valores.

Han pasado 25 años desde aquel triste episodio, y el divorcio entre la clase política y el pueblo solo ha crecido. En este contexto, no es sorprendente que fenómenos como el chavismo tico hayan surgido con fuerza y amplio respaldo popular. Esta nueva corriente política ha sabido leer con astucia los errores tácticos de la élite tradicional y, en lugar de seguir su mismo camino de demofobia y menosprecio al pueblo, ha optado, por lo contrario: actuar como su megáfono, mimetizarse con él y presentarse como su defensor.

Sin embargo, este populismo no es más que una estrategia calculada para servir los intereses de una nueva casta económica emergente que busca desplazar a la vieja oligarquía que ha gobernado el país de la mano de la clase política tradicional, utilizando al pueblo como herramienta política.

Lo verdaderamente trágico es que el pueblo, en su desesperación y abandono, ha caído en una trampa. Cree haber encontrado un líder mesiánico que lo representa, sin darse cuenta de que está siendo instrumentalizado en una lucha de poder entre élites. No es casualidad que la Biblia advierta sobre los falsos mesías, aquellos que prometen salvación, pero solo buscan su propio beneficio. Como dice el viejo y conocido refrán: en río revuelto, ganancia de pescadores, y el oficialismo ha sabido aprovechar este descontento popular para consolidar su proyecto de poder.

Mientras la clase política tradicional sigue atrapada en su demofobia y luchas de poder internas, el oficialismo ha entendido que, en lugar de tratar al pueblo como ignorante, resulta más rentable hablar su lenguaje y mostrarse cercano a sus preocupaciones. Esto les ha permitido ganarse la simpatía de los sectores más golpeados por el neoliberalismo, aquellos que han sido excluidos del modelo económico impuesto por las élites desde los años 90.

Con sus aciertos y errores, el pueblo sigue siendo pueblo. En medio del huracán de la globalización neoliberal, que busca desarraigarlo y convertirlo en una simple pieza de la maquinaria económica, la gente se aferra a sus creencias, costumbres y tradiciones como un acto de resistencia. Este fenómeno no es distinto al de los pueblos indígenas o afrodescendientes, que defienden su identidad frente a la homogeneización impuesta por la modernidad. Paradójicamente, el progresismo posmoderno, que suele admirar la resistencia cultural de estas comunidades, desprecia cuando un país o un pueblo en su conjunto intenta hacer lo mismo.

Si una comunidad indígena defiende sus costumbres, es vista con respeto y admiración. Pero si un pueblo defiende su fe, sus tradiciones o su identidad nacional, es calificado como retrógrado, conservador y anticuado. Este doble estándar es una muestra de cómo el progresismo ha caído en la trampa del neoliberalismo que dice combatir. En lugar de entender que la resistencia cultural es legítima en todos los niveles, han optado por imponer una visión única del mundo, alineándose sin querer con el mismo sistema que critican.

Ante la demofobia de la clase política tradicional tanto de izquierdas como de derechas, y el oportunismo de los nuevos actores, el resultado es inevitable: el surgimiento de outsiders como única alternativa política viable para el pueblo. En un sistema donde la política se ha convertido en un juego de castas, estos líderes aparecen como salvadores, canalizando el descontento popular y presentándose como la voz de los olvidados. Pero la historia ha demostrado que cuando los monstruos emergen, terminan por devorar lo poco que queda.

Así, la democracia costarricense se encuentra en una encrucijada peligrosa. Mientras la casta tradicional sigue despreciando al pueblo y los nuevos “líderes” lo usan como herramienta de poder en favor de intereses privados, tan es así que están a favor del Combo 2.0 que se discute en la Asamblea Legislativa en estos momentos, la ciudadanía se convierte en un simple espectador de una lucha entre facciones que poco tienen que ver con sus verdaderos intereses y valores. Si este ciclo no se rompe, Costa Rica corre el riesgo de perder lo poco que le queda de su democracia real, reemplazada por un teatro donde el pueblo es solo un actor secundario en una obra escrita por otros.

Impulsan iniciativa para desarrollo de Puerto Jiménez y Golfito

Por Johnny Núñez Z.
Periodista O.C-UNA

El objetivo es uno: mejorar la condición de vida de los habitantes de Puerto Jiménez y Playa Zancudo. Para ello se busca fortalecer las capacidades de las organizaciones de base local. Con esta misión en mente, el Campus Coto de la Sede Regional Brunca de la Universidad Nacional (UNA) impulsa el proyecto de extensión universitaria: Fortalecimiento de capacidades socio productivas de emprendimientos, organizaciones sociales y de base local en las comunidades de Cañaza y Carate en Puerto Jiménez y Punta Zancudo en Golfito.

¿Qué se busca? Que, a través de los procesos de formación y participación ciudadana, las personas de las comunidades de Puerto Jiménez comprendan la forma como opera la estructura política cuando una localidad deja de ser distrito y pasa a tener un gobierno local, según explicó William Lobo, responsable de la iniciativa en el Campus Coto de la UNA.

“Lo primero será hacer un diagnóstico para conocer las condiciones en que se encuentran las pequeñas y medianas empresas, así como las asociaciones de desarrollo, cooperativas y todas las organizaciones de base local, con el fin de fomentar la participación ciudadana, sobre todo en jóvenes, quienes en la actualidad no participan en ningún tipo de organización de base local”, manifestó Lobo.

Posteriormente, se identificarán las áreas o temas, en los cuales la academia pueda implementar procesos de capacitación que mejoren a las organizaciones.

Realidad regional

Lobo añadió que, si bien se impulsa la formación técnica en turismo, tanto en Golfito como en Puerto Jiménez, la existencia de iniciativas productivas ligadas con el sector servicios, construcción, actividad agrícola, pecuario, transportes, pesca, son impulsadas por familias o bien organizaciones que en su mayoría carecen de apoyo estatal y son informales.

Resaltó que, a pesar de la alta demanda turística internacional durante los primeros ocho meses al año en ambos territorios, cuando inicia la época lluviosa, deben enfrentar grandes desafíos de sostenibilidad, pues la temporada baja del turismo ocasiona un estancamiento económico, escasez de trabajo y la migración de hombres y mujeres jóvenes hacia otras partes del país con mejores opciones de empleo.

A la vez, se presenta una mayor deserción escolar por efecto de las inundaciones en distintas zonas rurales, así como la probabilidad de que determinada población se dedique a actividades ilícitas como el narcotráfico o la prostitución. “Lo más lamentable es que no existen programas gubernamentales ni cantonales para mitigar la problemática y darles cierta estabilidad económica a estas familias”, subrayó Lobo.

La temporada baja del turismo ocasiona un estancamiento económico, escasez de trabajo y la migración de hombres y mujeres jóvenes en comunidades de Golfito y Puerto Jiménez.

Fotos: William Lobo y Roy Atencio.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicita acciones para protección de derechos de población afrodescendiente en Talamanca

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología dirigió una solicitud formal al Concejo Municipal de Talamanca pidiendo acciones concretas para implementar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en favor de los derechos de la población afrodescendiente del litoral del cantón.

Mediante el documento AEL-0095-2025, fechado el 17 de marzo de 2025, Marco Levy Virgo, representante de la asociación, solicitó atención respecto a los derechos de la población afrodescendiente asentada en el litoral talamanqueño, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el mencionado convenio que fue ratificado por Costa Rica.

En la misiva se recuerda que el Convenio 169 reconoce a los pueblos tribales, incluyendo a las comunidades afrodescendientes identificadas mediante el Decreto Ejecutivo N° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP, el derecho a gozar de sus derechos humanos y libertades fundamentales sin discriminación.

La asociación plantea tres solicitudes específicas al gobierno local:

  1. Iniciar un proceso de identificación, delimitación y titulación de las tierras ancestrales ocupadas por la población afrodescendiente en el litoral del cantón.

  2. Implementar mecanismos de consulta previa, libre e informada para cualquier plan o proyecto que afecte estas tierras y comunidades, incluyendo el Plan Regulador Costero.

  3. Crear una mesa de diálogo permanente con representantes de las comunidades afrodescendientes para asegurar su participación en decisiones que les afectan directamente.

La organización argumenta que estas acciones no solo cumplirían con obligaciones internacionales del Estado costarricense, sino que contribuirían a preservar la riqueza cultural y el legado histórico de las comunidades afrodescendientes de Talamanca.

Defensoría impulsa iniciativa para activar participación ciudadana en cantones

Proyecto involucrará, inicialmente, a cantones centrales de Puntarenas y Nicoya en 2025

La Defensoría de los Habitantes impulsa este año un proyecto de participación ciudadana en los cantones centrales de Puntarenas y Nicoya, con el fin de incentivar este derecho en la población.

En cada uno de los gobiernos locales del país se deben habilitar estos espacios voluntarios, con el objeto de que los y las habitantes se involucre activamente en el desarrollo de las comunidades, ya sea, en la Junta Vial Cantonal, comités municipales de la persona joven, comités comunales de emergencia, comités de caminos, comités cantonales de deportes, Consejos Cantonales de Coordinación Institucional, entre otros.

La Defensoría de los Habitantes escogió en esta primera etapa al cantón central de Puntarenas porque es uno de los más rezagados, según el Índice de Gestión de Servicios Municipales de la Contraloría General de la República, siendo necesario un acompañamiento integral para favorecer los distintos derechos de la población. De igual manera en el caso del cantón de Nicoya existe muchos desafíos en materia de derechos humanos.

Como parte de las primeras acciones, la Defensoría convocó a un grupo de personas expertas en la materia quienes, mediante un conversatorio, expusieron desafíos y retrocesos que experimenta el país, en términos globales, en el ejercicio de este derecho, con la finalidad de articular un diagnóstico como punto de partida.

Como parte del avance de esta iniciativa, la Defensoría también se reunió con representantes de distintas organizaciones sociales del cantón central de Puntarenas, con la finalidad de profundizar sobre los desafíos que experimentan en los espacios de toma de decisión y de consulta habilitados por esa municipalidad, con la intención de conformar un diagnóstico que permita identificar aspectos de mejora y acompañar a la sociedad civil en la apropiación de esos espacios.

Entre las organizaciones que asistieron al encuentro, cabe destacar la representación estudiantil en el Comité Municipal de la Persona Joven, movimiento comunal en la Junta Vial Cantonal, y asociaciones de desarrollo, que en general, apuntaron dificultades en la vinculación con el gobierno local, y sugirieron la posibilidad de habilitar la “Mesa Territorial” que años atrás constituyó una plataforma muy efectiva de interlocución entre la sociedad civil organizada, el municipio y otras instituciones, pero que en los últimos meses no volvió a ser convocada. Para el mes de abril se prevé visitar a las organizaciones sociales del cantón de Nicoya.

Esta iniciativa surge a solicitud de organizaciones sociales pues consideran que los espacios cívicos se han ido deteriorando en el país.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Descentralización: nuevo rostro de la democracia

Marco Tulio Araya Barboza

El impuesto es la vía por la que nuestro país financia los gastos para educación, salud, carreteras, seguridad etc. Todos pagamos impuestos indirectos, aún las personas más pobres, porque cada vez que alguien compra un artículo, paga el impuesto de consumo.

Pero esos impuestos se reparten de manera injusta, de manera centralizada. En el centro del país, se comen la gran tajada del queque: carreteras asfaltadas, acueductos, hospitales, electricidad, aeropuertos, clínicas, internet…. Conforme se aleja de ese centro que es la capital, la inversión es cada vez menor. Esto se explica que las zonas fronterizas sean las más abandonadas.

Pero no solo se trata de criticar la injusta repartición de la riqueza, sino también la imposición de ideas, proyectos y programas desde la capital para todo el país sin tomar en cuenta las diferencias de clima o de cultura. Por ejemplo, es en un escritorio de la capital, donde se decide el tipo de aula que se construirá en todo el país. Así, el mismo diseño y los mismos materiales se utilizan para una escuela en el Tarrazú, que es de clima frío, que para una escuela en Playas del Coco que es caliente o en el Valle la Estrella, cuyo clima es cálido húmedo.

La centralización es administrativa, política, económica, espacial, pero sobre todo mental. Ese centralismo de la capital provoca el nacimiento de dos costa ricas, una modernizada y moderna, la otra de aspecto rural, cada vez más empobrecida y despoblada.

Quienes se oponen a la descentralización sostienen que podría significar la desmembración del país, ignorando que es justamente el excesivo centralismo uno de los principales responsables del resquebrajamiento social y económico que sufre la nación, cuyas principales víctimas son las regiones periféricas, las comunidades más alejadas.

La descentralización es democrática en tanto promueve la activa participación de los ciudadanos y de las comunidades.

El centralismo no es fácil de cambiar, hacerlo afectaría poderosos intereses que se benefician de él. Por eso todas las iniciativas descentralizadoras son entorpecidas, ya sea limitando sus alcances o extendiendo en el tiempo la aplicación plena de las pocas leyes aprobadas.

Tomar conciencia de esta realidad nos permite comprender que el centralismo es injusto, vertical, autoritario, burocrático, que somete lo local y comunal, a los intereses de afuera.

Por eso, los ciudadanos, especialmente de comunidades alejadas de la capital tenemos la obligación de quitarnos de la mente que somos menos porque vivimos en la periferia y de presionar para que se produzca una verdadera descentralización que es el nuevo rostro de la democracia en este siglo.