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El recurso argumenta sobre “Emergencia climática y Derechos Humanos” Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
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Extracción de río pone en peligro la nutria y su ecosistema
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El río es una de las principales fuentes de agua potable que abastece las costas de Malpaís, Santa Teresa, Playa Hermosa y Manzanillo, en la península de Nicoya
El abogado ambientalista Álvaro Sagot, junto con organizaciones y vecinos de Cóbano, presentó ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) una petición de nulidad absoluta, evidente y manifiesta contra la licencia ambiental N.º 1078-2023-SETENA, otorgada al proyecto de concesión minera en el cauce de dominio público del Río Ario, en la Península de Nicoya.
La gestión, fundamentada en el artículo 50 de la Constitución Política, la Ley General de la Administración Pública y la Ley de Biodiversidad, solicita que la SETENA revoque la licencia ambiental por considerarla contraria al derecho a un ambiente y clima sano, además de presentar omisiones graves en la evaluación de impacto ambiental.
El expediente del proyecto carece de un protocolo o guía ambiental que incorpore la variable climática, lo que constituye una violación al derecho humano a un clima sano reconocido recientemente por la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La petición cita un oficio de la propia SETENA (SETENA-SG-0015-2025), en el que la institución reconoce que Costa Rica no cuenta aún con guías o protocolos de evaluación climática, lo cual implica que el acto administrativo carece de uno de sus elementos esenciales: el motivo técnico y el fundamento científico.
El recurso destaca que este caso se presenta en medio de una creciente preocupación por la crisis climática y la falta de mecanismos efectivos de control ambiental en proyectos extractivos. De concretarse la explotación del cauce, el país estaría incumpliendo obligaciones internacionales derivadas del Acuerdo de París, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y la Convención de Diversidad Biológica.
El recurso presenta una argumentación novedosa, basada en la Opinión Consultiva OC-32/25, titulada Emergencia climática y Derechos Humanos, emitida el 29 de mayo de 2025, la cual dispone que los Estados deben incorporar de manera obligatoria la variable climática en los estudios de impacto ambiental, algo que nunca antes se había considerado en el país.
El documento advierte que el proyecto podría generar daños irreversibles al ecosistema fluvial, tales como el aumento de la turbidez del agua, la pérdida de oxígeno por acumulación de sedimentos, la afectación a especies acuáticas como camarones de agua dulce y nutrias, y la alteración del equilibrio ecológico del humedal ubicado a menos de un kilómetro río abajo, dentro del Refugio de Vida Silvestre de los ríos Bongo y Ario.
Según el informe técnico del geólogo ambiental Allan Astorga, incorporado al expediente, la operación del proyecto por un periodo de diez a veinte años provocaría contaminación acumulativa y alteraciones significativas en el ecosistema del humedal.
El escrito sostiene además que la SETENA no garantizó el derecho de participación ciudadana, al no convocar audiencia pública ni permitir que la comunidad de Cóbano conociera los impactos del proyecto. También argumenta que la ausencia de evaluación climática contradice el principio precautorio y el deber del Estado de aplicar la mejor ciencia disponible en los procesos de evaluación ambiental, tal como exige la Ley Orgánica del Ambiente y los tratados internacionales ratificados por Costa Rica.
Nutrias en peligro de extinción. Es importante recordar que la Sala Constitucional ha sido clara en su deber de proteger a las especies amenazadas, especialmente cuando su presencia se confirma en áreas de impacto. En la visita de campo al Río Ario se encontraron nutrias, lo que, sumado a la ausencia de análisis de caudales, la falta de consideraciones sobre cambio climático y los efectos de fenómenos como El Niño o La Niña, evidencia que no se establecieron las salvaguardas ambientales mínimas. En un precedente similar, la Sala señaló que una concesión sin estudios ambientales suficientes puede causar desequilibrios ecológicos graves y afectar hábitats de especies en peligro, calificando tales autorizaciones como “groseras” por la falta de certeza científica sobre sus impactos (Voto 2014-8486).
De forma similar, en el Río Ario no existen medidas que garanticen la protección del ecosistema ni de la nutria, lo que compromete la validez de la licencia ambiental por carecer de los análisis básicos que sustentan su motivo y contenido.
Finalmente, la solicitud busca que la SETENA declare la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la licencia ambiental por carecer de motivación técnica y violar derechos humanos ambientales. Además, pide que se suspenda de inmediato la ejecución del proyecto hasta que se elaboren y apliquen las guías climáticas nacionales y se realice una nueva evaluación ambiental integral y participativa. También solicita la convocatoria de una audiencia pública en Cóbano para informar a la ciudadanía sobre los posibles impactos ambientales y climáticos del proyecto.
Problemática del rio Ario. Esta concesión forma parte de otras ocho solicitudes mineras en la zona al inicio de 2024, lo que ha generado una amplia movilización comunitaria encabezada por la Alianza Comunitaria para el Ordenamiento Territorial (ACOT). Las comunidades han desarrollado campañas de sensibilización, recolección de firmas, recursos de amparo y otras acciones para defender el ecosistema del Río Arío, una cuenca de alta importancia hídrica donde se ubican los campos de pozos del AyA, en una región cada vez más afectada por la sequía y la escasez de agua. La defensa del río, señalan las organizaciones, es también la defensa del derecho al agua, a la vida y al equilibrio ambiental de toda la Península de Nicoya.
Videos, infografías y fotos tomados de SomosCongos.CR ver en: https://drive.google.com/drive/folders/1oV_Fy81KZK4MrQ27UMN7dH2dEebWZ8XT?usp=sharing
Apoya:
Proyecto ED-3526 “Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica”, Escuela de Geografía y Programa Kioscos Socioambientales, Vicerrectoría de Acción Social, Universidad de Costa Rica.
