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Etiqueta: participación ciudadana

Nace coalición Agenda Ciudadana con candidatura presidencial de Claudia Dobles

De acuerdo con un comunicado recibido por SURCOS, los partidos Agenda Democrática Nacional (ADN) y Acción Ciudadana (PAC) anunciaron la creación de la coalición Agenda Ciudadana, que postulará como candidata presidencial a la arquitecta Claudia Dobles Camargo para las elecciones de 2026.

El acuerdo de coalición fue firmado la noche del 17 de julio en las respectivas Asambleas Nacionales de ambos partidos, tras meses de diálogo y trabajo conjunto. El pacto será inscrito ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para competir en los comicios del próximo período electoral.

«La coalición Agenda Ciudadana respalda la candidatura de Claudia Dobles Camargo. La coalición mantiene abiertos canales de diálogo para construir con otros movimientos y partidos», señala el comunicado conjunto.

Según el documento, la coalición busca «devolverle esperanza a la ciudadanía y construir un futuro con propuestas responsables, visión progresista y compromiso con la democracia», en respuesta a lo que califican como un momento difícil que atraviesa Costa Rica.

La nota indica que la arquitecta Dobles fue reconocida por su trabajo en políticas públicas sostenibles y su compromiso con una Costa Rica inclusiva, además de su defensa de una política «decente, respetuosa y constructiva».

Omar Jiménez, presidente de ADN, expresó que «hemos coincidido en lo esencial: poner a las personas en el centro de este esfuerzo. Nuestra meta es devolverle esperanza a la población. El momento que vive el país nos exige unirnos con responsabilidad para defender y fortalecer el Estado de bienestar».

Por su parte, Fabián Solano, presidente del PAC, señaló que la coalición busca «defender y fortalecer el Estado de bienestar, la seguridad en nuestras comunidades, la inclusión social, la transparencia y nuestros valores fundamentales como nación: la educación pública, la seguridad social y el respeto por la naturaleza».

Agenda Ciudadana mantiene las puertas abiertas para sumar propuestas de otras fuerzas democráticas, movimientos sociales, liderazgos territoriales, organizaciones sociales y ambientales, así como personas comprometidas con un país más justo y esperanzador, dice el comunicado.

«Lo que está en juego no es solo una elección. Es la oportunidad de resolverle problemas concretos a las personas y devolverles la confianza en nuestra democracia. Por eso, en lugar de dividirnos quienes compartimos valores, hemos decidido unirnos para defenderlos y avanzar en conjunto», concluyó la candidata presidencial.

CONCEVERDE denuncia anomalías en la Municipalidad de San Rafael de Heredia y exige intervención del Concejo Municipal en Cerro Chompipe

El colectivo ciudadano CONCEVERDE, representado por el abogado José Francisco Alfaro Carvajal, presentó una solicitud formal ante el Concejo Municipal de San Rafael de Heredia para que intervenga en los hechos anómalos que, según denuncian, se están dando en la finca 4  156766  000 (Cerro Chompipe), registrada a nombre de la Municipalidad, pero considerado patrimonio natural del Estado y parte del Parque Nacional Braulio Carrillo y de la zona inalienable de la Ley 65 de 1888.

El Cerro Chompipe es una zona de alta recarga acuífera, vital para la regulación del ciclo del agua, la conservación de la flora y fauna silvestre, y la mitigación del cambio climático. Su cobertura dentro del Parque Braulio Carrillo y la franja inalienable, establecida hace más de un siglo, lo convierte en un área de protección absoluta. Según CONCEVERDE, cualquier intervención, por pequeña que sea, podría alterar los ecosistemas, reducir la capacidad de recarga hídrica y afectar la biodiversidad.

Entre las exigencias del colectivo, se encuentran el traspaso inmediato de la finca Cerro Chompipe por parte Municipalidad de San Rafael de Heredia al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), así como un alto total a las actividades que sin aval o autorización del MINAE, la Municipalidad está llevando a cabo, tanto en dicha finca, como cualquier otra zona del Parque Braulio Carrillo y la zona inalienable.

No obstante, esta denuncia no es nueva. En diciembre de 2024, CONCEVERDE ya manifestó su rechazo a las obras planificadas en el Cerro Chompipe bajo la figura de “monumento natural recreativo”, alertando sobre la pérdida de árboles nativos y la impermeabilización del suelo en zonas de recarga.

Asimismo, la denuncia advertía sobre actividades no autorizadas por el MINAE llevadas a cabo por la Municipalidad, como la delimitación de la finca, instalación de cámaras trampa e incluso obras menores, que estarían ocurriendo sin aval institucional, lo que es contrario a la legislación vigente.

Recientemente, el pasado 19 de junio de 2025, la Asociación para el Desarrollo de la Ecología respaldó la denuncia del abogado Alfaro. En un oficio dirigido al ministro Franz Tattenbach Capra, el presidente Asociación, Marco Levy Virgo, exigió al MINAE que cumpla con las sentencias de la Sala Constitucional y proceda a recuperar la finca, la cual aún aparece registrada a nombre municipal.

Foto: Redes sociales oficiales de Colectivo CONCEVERDE San Rafael.

Taller brindará herramientas para el análisis crítico de propuestas socioambientales de cara a las elecciones 2026

Con el objetivo de desmontar narrativas dominantes, visibilizar resistencias socio territoriales y fortalecer las herramientas de análisis colectivo frente al proceso electoral que se avecina, se llevará a cabo el curso-taller “Elecciones 2026: herramientas para la lectura crítica de propuestas socioambientales”.

Este curso se realizará de forma presencial en la Universidad de Costa Rica, San Pedro, los días del 8 al 29 de agosto y el 5 de septiembre de 2025, en horario de 9:00 a.m. a 12:00 md. Está dirigido a personas integrantes de colectivos, organizaciones y público en general interesado en la defensa del territorio y los bienes comunes.

El cupo del curso es limitado. Las inscripciones estarán abiertas del 11 de julio al 4 de agosto, mediante el formulario disponible en:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN5ozBJq9Ms5YzWkxx6yso-1fjCZQ1lH-KKcacwuNLd_wwhw/viewformhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN5ozBJq9Ms5YzWkxx6yso-1fjCZQ1lH-KKcacwuNLd_wwhw/viewform

Para más información, se puede visitar el sitio web:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/convocatoria-elecciones-2026-curso-taller-para-leer-criticamente-las-propuestas-socioambientales/

Esta iniciativa es organizada por el CIEP-UCR, Kioscos Socioambientales, el Observatorio de Bienes Comunes y La Caja de Herramientas.

¿Quiere ayudar a mejorar los servicios de salud en su comunidad? ¡Participe en su junta de salud!

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) invita a toda persona interesada a integrarse a su junta de salud local. Las inscripciones estarán abiertas del 3 de julio al 5 de agosto de 2025, y las elecciones se realizarán el 5 de setiembre.

Las juntas de salud son organizaciones auxiliares que colaboran con hospitales y áreas de salud, con el fin de mejorar la atención médica, optimizar la gestión de los servicios e impulsar la participación ciudadana. Están conformadas por siete personas representantes de distintos sectores.

Requisitos para postularse:

  • Ser mayor de edad
  • Tener cédula o DIMEX al día
  • Ser asegurado(a) de la CCSS
  • Vivir en el área de atracción del centro de salud
  • Tener tiempo para cumplir con las funciones
  • Estar al día con la CCSS
  • No haber sido condenado(a) penalmente

Si desea postularse, puede descargar el formulario y consultar los requisitos en:
www.ccss.sa.cr/juntas-salud

“Usted puede ser parte del cambio que necesita su comunidad”

El movimiento “La Caja es nuestra” llama a participar en elección de juntas de salud

El movimiento “La Caja es nuestra” tiene un mensaje importante que desea compartir con los lectores de SURCOS.

La ciudadanía activa y consciente debe estar atenta a procesos de participación en las Juntas de Salud. Con pesar observamos que es un proceso escasamente conocido: las elecciones a nivel nacional de las Juntas de Salud.

Creadas por ley, todas las Áreas de Salud del país tienen su respectiva Junta de Salud con funciones muy importantes para la gestión de los servicios y para la participación de la población asegurada por parte de la CCSS.

Las Juntas de Salud están integradas por 7 miembros: 3 por parte de la población asegurada de la CCSS, 2 del sector patronal y 2 de organizaciones de salud del mismo cantón. Además, cada Junta de Salud cuenta con una persona facilitadora, designada por las autoridades de la CCSS, de la respectiva Área de Salud.

Las elecciones de todas las Juntas de Salud, en todo el país, serán el miércoles 03 de septiembre de este año. Es un proceso formal, bien regulado, que busca transparencia y confianza en la población asegurada.

La CCSS ofrece boletas de los tres segmentos, con las candidaturas de cada uno de los 3 sectores.

El plazo para inscripción de candidaturas para los tres sectores va del jueves 03 de julio al martes 05 de agosto.

Aprovechemos esta valiosa oportunidad de participar y tener influencia en la conformación de las Juntas de Salud, y luego, apoyemos a quienes queden formándolas. Existe la opción de trabajar en Comités Auxiliares de cada Junta de Salud.

Nuestras redes sociales son: Facebook: La Caja es Nuestra

Instagram: LaCajaEsNuestra

TikTok: la.caja.es.nuestra

¡Debemos participar!

Parlamento Cívico Ambiental denuncia exclusión de representación científica costarricense en conferencia de la ONU sobre océanos

Comunicado

El Parlamento Cívico Ambiental manifiesta públicamente su profunda preocupación y enérgico rechazo ante la exclusión deliberada de representantes científicos costarricenses durante la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3), llevada a cabo en Niza, Francia, en junio de 2025.

La situación se torna especialmente alarmante tras conocerse que el Gobierno de la República retiró las acreditaciones previamente otorgadas a destacados científicos nacionales como la Dra. Cindy Fernández, el Dr. Jorge Cortés y el Dr. Juan José Alvarado, así como a otras personas cuya identidad y afiliación institucional aún no han sido debidamente aclaradas.

Esta acción representa no solo una falta de respeto hacia la comunidad científica nacional, sino que también contradice el discurso oficial que promueve la ciencia, la sostenibilidad y la participación ciudadana en espacios multilaterales.

Ante esta situación, el Parlamento Cívico Ambiental exige respuestas claras e inmediatas por parte de las autoridades correspondientes, en relación con los siguientes puntos:

  1. ¿Quién dio la orden de retirar las acreditaciones de los 18 delegados costarricenses?

  2. ¿Cuáles fueron los criterios utilizados para excluir a estos representantes, particularmente a figuras académicas de la Universidad de Costa Rica y de organizaciones de la sociedad civil?

  3. ¿Quiénes integraron finalmente la delegación oficial costarricense y con base en qué criterios fueron seleccionados?

Estas interrogantes que no son menores: apuntan a la transparencia, la rendición de cuentas y la legitimidad de la política exterior costarricense, especialmente en temas tan cruciales como la gobernanza oceánica.

El Parlamento Cívico Ambiental recuerda que Costa Rica no puede aspirar a liderar procesos internacionales en materia marina si a nivel interno, excluye deliberadamente a quienes han contribuido con años de investigación y compromiso técnico y científico.

Por ello, las organizaciones que componen el Parlamento Cívico Ambienta solicitan formalmente a la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa convocar a una audiencia pública con la participación del MINAE, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, los científicos excluidos y representantes de la sociedad civil, con el fin de esclarecer estos hechos y evitar su repetición en futuras instancias internacionales.

Costa Rica merece una política científica coherente, participativa y basada en evidencia.

No hay sostenibilidad posible sin transparencia”.

Una nueva regionalización del país: un proceso que debe ser bien direccionado y muy participativo

German Masís

La semana anterior el Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN) dio a conocer la firma del contrato para generar el “Estudio de regionalización que responda a los retos actuales que enfrenta Costa Rica en materia de planificación, gestión del desarrollo regional y ordenamiento territorial”.

Según la información “Su propósito es construir una propuesta técnica renovada para delimitar regiones, subregiones, cantones y distritos, que sirva como herramienta operativa del Sistema Nacional de Planificación.

La labor estará a cargo de la empresa GeoAdaptive que laborará en alianza técnica y estratégica con la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación (FUNDEVI).

De acuerdo con la ministra de Planificación, “Una regionalización moderna y basada en evidencia permitirá cerrar brechas históricas y asegurar un desarrollo más justo y equilibrado para todas las regiones del país”.

La justificación del estudio se origina en que, la división política del país no va acorde a las verdaderas realidades que enfrentan diferentes lugares, lo que genera la necesidad de focalizar esfuerzos según las necesidades más locales.

El estudio permitirá fortalecer la coordinación entre instituciones en todos los niveles —nacional, regional y local—, facilitando una planificación más eficaz, evaluaciones más precisas y una participación ciudadana más activa. Además, brindará herramientas para caracterizar adecuadamente cada región, haciendo posible una intervención pública más contextualizada y pertinente”, agrega MIDEPLAN.

Aduce que se pueden mejorar las condiciones de crecimiento, competitividad e innovación en las diversas regiones del país, “para garantizar el cierre de brechas estructurales que afectan negativamente la calidad de vida y el arraigo de sus habitantes”.

Se indica además que el estudio de regionalización, está muy relacionada con la Ley de Desarrollo Regional de Costa Rica, aprobada en el 2021, que tiene como finalidad impulsar el desarrollo regional en Costa Rica, para la mejora de las condiciones y la calidad de vida de toda la población, respetando las particularidades culturales, sociales, económicas, ambientales y el aprovechamiento de las sinergias y potencialidades propias de cada región, en un contexto de participación democrática.(El observador.com,18-5-25)

El año anterior con motivo del anuncio del estudio de regionalización habíamos mencionado en un artículo denominado Los cambios en la regionalización del país; hacia un remozamiento del esquema de regionalización o en procura de un verdadero desarrollo territorial sostenible, que la validez de esta iniciativa de MIDEPLAN, debe considerar algunos aspectos importantes:

1.Debe trascender el enfoque de regiones administrativas hacia el enfoque de desarrollo territorial, donde las características de los territorios desde el punto de vista geográfico, histórico, sociodemográfico, cultural y económico-productivo, sean las que definan la afinidad, interrelación y conformación geo-sociohistórica de los territorios regionales.

2. Es imperativo introducir un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo estas están en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental.

3.Los cambios en la regionalización del país no se deben reducir a un reordenamiento geográfico o a la redefinición de las regiones para que se fortalezca la presencia de las instituciones en cada región y al decir de MIDEPLAN trabajar mejor las políticas públicas y descentralizar los presupuestos para dar los financiamientos más adecuados.

4.Dado que varios análisis del desarrollo nacional han expuesto reiteradamente que el desarrollo regional del país es un desarrollo desigual e inequitativo, resultado de la concentración de los recursos, la inversión y de la actividad económica, es fundamental que el análisis de la nueva propuesta territorial tenga como objetivo estratégico revertir las desigualdades regionales y avanzar hacia una organización territorial más equitativa y sostenible.

5. De ahí que es fundamental proponer una nueva organización territorial dirigida a superar las brechas regionales existentes entre la Gran Área Metropolitana (GAM) y las regiones periféricas rurales, costeras y fronterizas y los desequilibrios al interior de las mismas regiones periféricas, entre sus ciudades más desarrolladas y las zonas rurales.

6.Por lo anterior se requiere sustentar la reorganización territorial en una caracterización profunda de los recursos naturales, humanos, institucionales, infraestructurales de los territorios de las distintas zonas geográficas, así como en los indicadores productivos, de desarrollo social, de desarrollo humano, de desarrollo rural y de competitividad existentes para los cantones y regiones, que permita establecer las particularidades, articulaciones y niveles de desarrollo de las distintas áreas geográficas.

7.El abordaje de este nuevo ordenamiento territorial debe suponer una perspectiva de desarrollo auto-centrado en las características territoriales, con un carácter endógeno y participativo que permita que los distintos actores sociales, económicos, públicos o privados intervengan y definan las acciones necesarias para el replanteamiento de las regiones y sus territorios.

8.En consecuencia, la ejecución del estudio de regionalización y la propuesta de reordenamiento territorial, debe implicar una consulta amplia a los actores territoriales y las comunidades, tanto en la elaboración de los diagnósticos-caracterizaciones regionales, como en la discusión de las propuestas de reorganización territorial resultantes.

9.La conformación de las nuevos espacios territoriales, debe obedecer a características históricas, físicas, culturales y de dinámica productiva, que permita lograr mayor cohesión e interacción de la población en los territorios, una mejor distribución y gestión de los recursos y una mayor representación política.

10.De esta manera, los nuevos espacios territoriales, deben redefinir la cobertura de las provincias actuales, la pertenencia apropiada de algunos cantones y la conformación de nuevas regiones más homogéneas y congruentes, que darán lugar a una regionalización más precisa y ajustada a las condiciones del siglo XXI

Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer organizará debate intercolegial

El Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer será sede del Debate Intercolegial que se realizará el próximo jueves 24 de abril, de 11:30 a.m. a 4:00 p.m. Esta iniciativa educativa ha sido diseñada y liderada por estudiantes de la institución.

El evento contará con la participación de seis instituciones educativas: Colegio de San Luis Gonzaga, Colegio Gregorio José Ramírez Castro, Yorkín School, Colegio Miravalles, Colegio Vocacional de Artes y Oficios (COVAO) y el Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer como anfitrión.

Entre los invitados especiales se encuentran el alcalde de la Municipalidad de Cartago, la directora regional de educación de Cartago y representantes de la Universidad Nacional de Costa Rica y la Universidad de Costa Rica.

Kevin Araya Céspedes, bibliotecólogo del Liceo José Figueres Ferrer, ha extendido una invitación a los medios de comunicación para cubrir esta actividad que busca visibilizar los esfuerzos de innovación en métodos de enseñanza y aprendizaje.

Según el Comité de Debate de la institución, este espacio promoverá la argumentación y el pensamiento crítico, permitiendo a la juventud fortalecer sus habilidades comunicativas, de investigación y análisis.

La actividad también representa una oportunidad para reflexionar sobre el papel que desempeñan las instituciones gubernamentales locales en proyectos de impacto educativo, con énfasis en la participación ciudadana, la educación cívica y el desarrollo comunitario.

Costa Rica: Construyendo juntos un futuro solidario y democrático

Carlos Hernández / Cokomal / Redess

Costa Rica enfrenta un momento crucial de su historia, donde la crisis democrática, económica y la violencia generada por el narcotráfico exigen respuestas profundas y estructuradas. Las aspiraciones de los movimientos sociales de equidad, justicia y participación han sido golpeadas por cuatro décadas de predominio neoliberal y creciente desigualdad.

Desde la economía solidaria, no solo es posible replantear el modelo económico actual, sino también generar una articulación social que construya un pacto inclusivo capaz de integrar la diversidad de sectores ciudadanos.

La urgencia de un pacto social en Costa Rica

La economía solidaria, por su propia esencia, reconoce que el desarrollo económico debe estar ligado a la cooperación entre distintos actores sociales. Sin embargo, para que esta visión se traduzca en políticas efectivas y en una transformación real, es fundamental la construcción de un pacto social.

Este pacto no puede ser impuesto desde las élites ni responder únicamente a una agenda política económica. Debe ser el resultado de la convergencia de diversas voces: comunidades organizadas, sindicatos, asociaciones de trabajadores, academia y movimientos sociales que, en conjunto, defienden una patria digna y solidaria.

Un pacto social fortalecería las bases de una democracia real, alejándose de la plutocracia y la corrupción que han desfinanciado los programas públicos esenciales. La educación, la salud, la vivienda y el medio ambiente han sido sacrificados bajo una lógica de acumulación desmedida, mientras que la riqueza se concentra en sectores con capacidad de influencia sobre las decisiones políticas.

Un pacto social permitiría recuperar la soberanía de lo público, garantizando que la economía esté al servicio de la sociedad y no de unos pocos.

Expresión de la diversidad social: hacia una construcción participativa

Uno de los principios fundamentales de la economía solidaria es la diversidad. Un pacto social debe reconocer y dar voz a las distintas realidades que conviven en el país: los pequeños productores rurales, los trabajadores informales, la asociatividad en los territorios rurales y urbanos, los emprendimientos sociales y el movimiento ambientalista.

La articulación de estos actores es clave para generar respuestas desde abajo, desde quienes viven y resisten los efectos de la crisis en su cotidianidad.

La construcción de este pacto debe partir de procesos de participación activa, donde los sectores marginados por el modelo neoliberal recuperen poder de decisión y capacidad de incidencia. No es suficiente diagnosticar los problemas del país: es urgente que las comunidades diseñen alternativas y ejerzan su derecho a transformar la realidad.

Hacia una Democracia Solidaria y Activa

Costa Rica debe decidir si continúa caminando al borde del abismo o si encuentra un camino hacia la construcción de una vía de justicia social, inclusión y soberanía. La economía solidaria no es simplemente una alternativa económica, sino una opción de vida, donde los valores de equidad, justicia y colaboración sean la base de un nuevo modelo social.

El pacto social es la clave para restaurar la confianza ciudadana y recuperar la soberanía popular. No podemos permitir que la plutocracia continúe definiendo el destino del país. La oportunidad de cambiar el rumbo sigue vigente, pero solo será posible si la diversidad social converge en un proyecto común de transformación.

Imagen: https://teodulolopezmelendez

Demofobia y crisis política en Costa Rica

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

Mauricio Ramírez

La demofobia, o el miedo al pueblo, no es un fenómeno reciente en la política costarricense ni en Occidente. Su origen se remonta a finales de los años 80 y se consolidó en los 90, cuando la clase política tradicional abandonó al pueblo como sujeto central del quehacer político. La caída del bloque socialista y el fin de la Unión Soviética convencieron a las élites triunfantes de que ya no necesitaban la participación real de la ciudadanía para gobernar porque no tenían competencia ideológica que amenazara con llevarse el beneplácito popular. En su lugar, bastaba con mantener un cascarón democrático vacío: rituales electorales cada cuatro años que legitimaran el ejercicio del poder sin alterar sus intereses. Como el gatopardo de Lampedusa: cambios para que nada cambie.

Costa Rica no fue la excepción. Un episodio emblemático ocurrió en el año 2000, cuando la Asamblea Legislativa discutía el Combo del ICE, un paquete de reformas para privatizar el sector eléctrico y de telecomunicaciones. En ese contexto, una diputada de un reconocido partido político dejó en evidencia su desprecio por la voluntad popular al declarar: “Las masas nunca…no siempre tienen la razón…las masas han cometido desastres en la historia de la humanidad, es la gente pensante, la gente informada la que sabe hacer los verdaderos cambios». Con ese argumento, justificaba una supuesta superioridad intelectual y hasta moral para ignorar el clamor ciudadano que, en su mayoría, rechazaba el proyecto. Aquí está retratado un momento histórico clave de divorcio entre clase política y pueblo costarricense.

Lo que la señora diputada omitió, es que los grandes desastres a los que se refiere no han sido producto del pensamiento propio de esas masas, sino de élites organizadas y “pensantes” como las que ella representaba, que en diferentes momentos históricos han manipulado a esas masas para generar caos. Ahora, existe una desconfianza mutua: una clase política considerada como la de “siempre”, que se niega a escuchar y representar a las masas porque las considera de antemano “ignorantes”, y unas masas que desconfían de esa clase política que no representa ni sus intereses ni sus valores.

Han pasado 25 años desde aquel triste episodio, y el divorcio entre la clase política y el pueblo solo ha crecido. En este contexto, no es sorprendente que fenómenos como el chavismo tico hayan surgido con fuerza y amplio respaldo popular. Esta nueva corriente política ha sabido leer con astucia los errores tácticos de la élite tradicional y, en lugar de seguir su mismo camino de demofobia y menosprecio al pueblo, ha optado, por lo contrario: actuar como su megáfono, mimetizarse con él y presentarse como su defensor.

Sin embargo, este populismo no es más que una estrategia calculada para servir los intereses de una nueva casta económica emergente que busca desplazar a la vieja oligarquía que ha gobernado el país de la mano de la clase política tradicional, utilizando al pueblo como herramienta política.

Lo verdaderamente trágico es que el pueblo, en su desesperación y abandono, ha caído en una trampa. Cree haber encontrado un líder mesiánico que lo representa, sin darse cuenta de que está siendo instrumentalizado en una lucha de poder entre élites. No es casualidad que la Biblia advierta sobre los falsos mesías, aquellos que prometen salvación, pero solo buscan su propio beneficio. Como dice el viejo y conocido refrán: en río revuelto, ganancia de pescadores, y el oficialismo ha sabido aprovechar este descontento popular para consolidar su proyecto de poder.

Mientras la clase política tradicional sigue atrapada en su demofobia y luchas de poder internas, el oficialismo ha entendido que, en lugar de tratar al pueblo como ignorante, resulta más rentable hablar su lenguaje y mostrarse cercano a sus preocupaciones. Esto les ha permitido ganarse la simpatía de los sectores más golpeados por el neoliberalismo, aquellos que han sido excluidos del modelo económico impuesto por las élites desde los años 90.

Con sus aciertos y errores, el pueblo sigue siendo pueblo. En medio del huracán de la globalización neoliberal, que busca desarraigarlo y convertirlo en una simple pieza de la maquinaria económica, la gente se aferra a sus creencias, costumbres y tradiciones como un acto de resistencia. Este fenómeno no es distinto al de los pueblos indígenas o afrodescendientes, que defienden su identidad frente a la homogeneización impuesta por la modernidad. Paradójicamente, el progresismo posmoderno, que suele admirar la resistencia cultural de estas comunidades, desprecia cuando un país o un pueblo en su conjunto intenta hacer lo mismo.

Si una comunidad indígena defiende sus costumbres, es vista con respeto y admiración. Pero si un pueblo defiende su fe, sus tradiciones o su identidad nacional, es calificado como retrógrado, conservador y anticuado. Este doble estándar es una muestra de cómo el progresismo ha caído en la trampa del neoliberalismo que dice combatir. En lugar de entender que la resistencia cultural es legítima en todos los niveles, han optado por imponer una visión única del mundo, alineándose sin querer con el mismo sistema que critican.

Ante la demofobia de la clase política tradicional tanto de izquierdas como de derechas, y el oportunismo de los nuevos actores, el resultado es inevitable: el surgimiento de outsiders como única alternativa política viable para el pueblo. En un sistema donde la política se ha convertido en un juego de castas, estos líderes aparecen como salvadores, canalizando el descontento popular y presentándose como la voz de los olvidados. Pero la historia ha demostrado que cuando los monstruos emergen, terminan por devorar lo poco que queda.

Así, la democracia costarricense se encuentra en una encrucijada peligrosa. Mientras la casta tradicional sigue despreciando al pueblo y los nuevos “líderes” lo usan como herramienta de poder en favor de intereses privados, tan es así que están a favor del Combo 2.0 que se discute en la Asamblea Legislativa en estos momentos, la ciudadanía se convierte en un simple espectador de una lucha entre facciones que poco tienen que ver con sus verdaderos intereses y valores. Si este ciclo no se rompe, Costa Rica corre el riesgo de perder lo poco que le queda de su democracia real, reemplazada por un teatro donde el pueblo es solo un actor secundario en una obra escrita por otros.