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Etiqueta: Partido Acción Ciudadana

El surgimiento del populismo autoritario en Costa Rica

Roberto Salom E.
Setiembre de 2026

En la vida política costarricense parece estar emergiendo un fenómeno nuevo que, quizá de manera provisional, puede denominarse populismo autoritario, a falta de una definición más precisa que dependerá del rumbo que tomen los acontecimientos en los próximos años.

Este fenómeno comienza a configurarse cuando apenas se cerraba el largo ciclo histórico del sistema bipartidista que predominó en Costa Rica durante varias décadas. Aquel período estuvo marcado por una notable estabilidad política y por una dinámica de alternancia entre dos grandes agrupaciones, una más progresista que la otra. Aunque ese contrapunto no estuvo exento de conflictos, permitió la consolidación de buena parte de la institucionalidad democrática y de políticas públicas que contribuyeron a un cierto igualitarismo social.

Sin embargo, contra muchos pronósticos, ese sistema colapsó con relativa rapidez. Factores sociopolíticos propios de la sociedad costarricense, combinados con transformaciones económicas y culturales de alcance global, precipitaron el derrumbe de uno de los dos grandes partidos tradicionales y el deterioro progresivo del otro. Se abrió entonces un período de mayor volatilidad política, caracterizado por la desaparición de antiguas lealtades partidarias y la proliferación de múltiples agrupaciones.

En ese escenario surgió una alternativa que se presentó como democrática, reformista y progresista: el Partido Acción Ciudadana (PAC), fundado en el año 2000. El PAC reivindicó la ética pública y logró modificar la dinámica electoral tradicional, provocando en tres ocasiones una segunda ronda electoral y alcanzando el triunfo en dos de ellas. Sin embargo, su trayectoria también estuvo marcada por contradicciones, dificultades para traducir sus principios en una transformación profunda de las estructuras económicas y sociales y un progresivo distanciamiento respecto de sectores que inicialmente habían depositado expectativas en él. Su derrota electoral en 2022 no puede explicarse únicamente por factores coyunturales: también expresa el desgaste de una alternativa que, para una parte de la ciudadanía, no logró responder a las expectativas que había suscitado.

La experiencia costarricense no es necesariamente excepcional. En otras sociedades democráticas se han producido desplazamientos políticos en los que el agotamiento o la pérdida de credibilidad de una alternativa progresista han abierto espacio a opciones de signo muy diferente. El caso chileno, con el tránsito de Gabriel Boric a José Antonio Kast, constituye una expresión particularmente dramática de esa dinámica. No se trata de establecer una relación mecánica entre ambos fenómenos ni de equiparar sus circunstancias, sino de advertir que cuando una alternativa política pierde capacidad de representar las expectativas de sectores importantes de la sociedad, el espacio que deja vacío puede ser ocupado por fuerzas que ofrecen respuestas de naturaleza muy distinta.

Desde la crisis del bipartidismo, Costa Rica ha vivido una creciente volatilidad política. La previsibilidad que durante décadas caracterizó la vida pública se debilitó, mientras aumentaban el pragmatismo, el oportunismo y la fragilidad de los liderazgos partidarios.

Fue en ese contexto donde emergió la figura de Rodrigo Chaves, prácticamente desconocido para amplios sectores de la ciudadanía tras una larga trayectoria fuera del país. Su experiencia en organismos internacionales, sus habilidades comunicativas y su capacidad para conectar con distintas expresiones del malestar social le permitieron construir una base de apoyo significativa. A ello se sumó un estilo político confrontativo y una estrategia discursiva orientada a presentar a las instituciones y a las élites tradicionales como obstáculos para el cambio.

Pero aquí aparece una cuestión central: ¿qué entendemos por populismo autoritario y por qué podría aplicarse esta categoría al caso costarricense?

El populismo, en términos generales, tiende a construir una oposición entre un “pueblo” presentado como depositario de la voluntad auténtica de la sociedad y unas élites identificadas como responsables de sus problemas. Esa lógica puede adoptar distintas orientaciones ideológicas y no es necesariamente incompatible con la democracia. El problema aparece cuando esa apelación al pueblo se combina con una concepción según la cual quien habla en su nombre puede presentarse como su único o legítimo representante y, desde ahí, cuestionar los límites que la democracia constitucional impone al ejercicio del poder.

Es en esa combinación donde podemos encontrar los rasgos propiamente autoritarios del fenómeno. Entre ellos estarían la deslegitimación sistemática de los contrapesos institucionales; la descalificación de quienes discrepan como enemigos del pueblo o del cambio; la personalización creciente del poder político; la pretensión de subordinar instituciones autónomas o independientes a la voluntad del Ejecutivo; la utilización de una comunicación política polarizante que reduce la complejidad de los conflictos a una confrontación entre “el pueblo” y sus supuestos adversarios; y una concepción de la democracia que tiende a identificar la voluntad expresada en las urnas con una autorización para limitar otros mecanismos de control y deliberación.

No todos estos rasgos tienen necesariamente la misma intensidad ni se presentan de manera simultánea. Precisamente por eso resulta más apropiado hablar de un fenómeno en proceso de configuración que de un régimen ya plenamente constituido. La categoría de populismo autoritario no debería utilizarse como una etiqueta cerrada, sino como una herramienta para observar una determinada evolución de la política.

En Costa Rica, esta perspectiva resulta pertinente en la medida en que algunas de esas tendencias parecen haber adquirido una presencia creciente en el discurso y en las prácticas políticas: la confrontación con instituciones que ejercen funciones de control, la descalificación de adversarios y críticos, la apelación directa a una ciudadanía supuestamente enfrentada a las élites y la tendencia a presentar los límites institucionales como obstáculos a la voluntad popular.

Esto no significa, sin embargo, que Costa Rica haya dejado de ser una democracia ni que su evolución hacia el autoritarismo esté predeterminada. Las instituciones, los partidos, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y la ciudadanía siguen constituyendo espacios de disputa y de resistencia democrática. Precisamente por ello es importante observar el fenómeno antes de que sus rasgos se consoliden.

Tampoco parece suficiente explicar este proceso apelando simplemente al “descontento ciudadano”. La sociedad costarricense no expresa hoy un único estado de ánimo frente a la política. Existen malestares diversos y, en ocasiones, contradictorios: frustración ante la desigualdad, inseguridad o pérdida de oportunidades; rechazo hacia determinadas élites políticas; desconfianza en instituciones y partidos; demandas de mayor eficacia estatal; pero también identificación con liderazgos que prometen orden, ruptura o cambio. Y esos sentimientos pueden coexistir con satisfacción, esperanza o incluso apoyo político al gobierno de turno.

Por eso, más que hablar de “el descontento”, habría que hablar de una sociedad atravesada por malestares y expectativas diversas, que no necesariamente conducen en una misma dirección política. El desafío consiste en comprender cómo esas experiencias diferentes pueden ser articuladas por determinados liderazgos y transformadas en una narrativa política capaz de construir una nueva mayoría.

Aquí reside uno de los principales problemas para las fuerzas democráticas y progresistas. No basta con defender las instituciones ni con añorar el período anterior al populismo. Tampoco basta con reivindicar las experiencias políticas que precedieron al actual momento. Si las instituciones y las fuerzas políticas tradicionales fueron percibidas por una parte importante de la sociedad como incapaces de responder a sus necesidades, defender la democracia exige también reconocer esas insuficiencias.

La democracia costarricense no puede sobrevivir simplemente conservándose a sí misma. Necesita renovarse. Pero esa renovación tampoco puede descansar en la concentración del poder ni en la eliminación de los contrapesos institucionales. El reto consiste en encontrar nuevas formas de representación, participación y deliberación capaces de responder a una sociedad mucho más heterogénea que aquella sobre la cual se construyó el viejo sistema bipartidista.

Esa ciudadanía tampoco constituye un bloque homogéneo. Es social, territorial, generacional, económica y políticamente diversa. No todos viven los problemas del país de la misma manera ni tienen las mismas expectativas respecto del Estado, la economía, las instituciones o el cambio social. Interpelarla democráticamente supone, por tanto, abandonar la pretensión de hablar en nombre de una ciudadanía abstracta y aprender a escuchar esa diversidad.

El desafío de nuestro tiempo no consiste únicamente en defender las instituciones democráticas, sino en hacer que vuelvan a tener capacidad de representar, integrar y procesar democráticamente las diferencias existentes en la sociedad. Una democracia viva no elimina el conflicto: crea las condiciones para que el conflicto pueda expresarse, negociarse y transformarse sin que ninguna fuerza política pretenda monopolizar la representación del pueblo.

Costa Rica se encuentra, por tanto, ante una disyuntiva que todavía está abierta. Puede avanzar hacia una democracia más plural, participativa y capaz de corregir sus propias deficiencias, o puede permitir que los legítimos malestares y frustraciones de la sociedad sean canalizados hacia formas crecientes de concentración del poder.

El desenlace no está escrito. Dependerá de la capacidad de las distintas fuerzas sociales y políticas para comprender una sociedad que ha cambiado, reconocer sus contradicciones y construir respuestas que no pretendan homogeneizarla. La supervivencia de la democracia dependerá tanto de la defensa de sus límites como de su capacidad para transformarse.

RSE

Pronunciamiento del PAC en defensa del Tribunal Supremo de Elecciones

El Partido Acción Ciudadana (PAC), preocupado por las recientes declaraciones del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, cuestionando la integridad política y ética del Tribunal Supremo de Elecciones, toma nota y apoya el pronunciamiento de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, “En defensa del Tribunal Supremo de Elecciones y la institucionalidad democrática de Costa Rica”.

Todos los partidos políticos democráticos, al igual que los movimientos, organizaciones sociales y la ciudadanía en general, debemos mantenernos firmes en la defensa de la institucionalidad democrática ante la amenaza declarada de parte del presidente al desconocer al Alto Tribunal que conduce el proceso democrático.

Defensor de la institucionalidad electoral, Acción Ciudadana y sus gobiernos han sido siempre respetuosos de sus disposiciones que hemos acatado, incluso cuando hemos discrepado. Fieles a los principios democráticos y firmemente adscritos a las instituciones que los protegen, Acción Ciudadana repudia cualquier intento de socavarlas, como reiteradamente lo ha hecho Rodrigo Chaves y sus diputaciones afines.

Nuestro partido ratifica la confianza que tenemos en sus magistrados y magistradas, así como con el personal especializado y voluntario multipartidario que garantiza la transparencia de los procesos electorales que le da continuidad y credibilidad a la expresión popular en las urnas.

Comisión Política Partido Acción Ciudadana

Acción Ciudadana promueve esfuerzos en consolidar una coalición para 2026

PRONUNCIAMIENTO

San José, Costa Rica. 7 de mayo de 2025. Desde el Partido Acción Ciudadana, bajo la lectura de las condiciones políticas y económicas, nacionales e internacionales, y los acuerdos del III Congreso Ciudadano, iniciamos el proceso de renovación de las estructuras partidarias y de formación política, para enrumbar nuestra participación en la campaña electoral presidencial 2026. Hoy damos un paso hacia adelante en la tarea de promover una coalición nacional que inspire esperanza y marque el camino de reconstrucción nacional para el periodo 2026-2030.

Ante el fuerte retroceso democrático y el aumento del espectro político populista, que amenaza con cambios radicales en la Constitución Política, que buscan debilitar la libertad de prensa y expresión, así como los órganos de control, es que acogemos con entusiasmo el llamado de unidad planteado a lo interno de nuestro partido, así como por agrupaciones ciudadanas, movimientos sociales y personas de diversas tiendas políticas, para frenar el deterioro democrático y la calidad de vida de quienes habitamos este país.

Nuestro compromiso es con la construcción de una coalición que responda de manera efectiva a las necesidades de todas las personas costarricenses y habitantes de nuestro territorio, sumando la diversidad de partidos demócratas y sectores que abrazan la democracia costarricense y defendemos el bien común.

Seguimos con atención los esfuerzos de grupos y colectivos de la ciudadanía, tales como los planteamientos de Agenda Viva, La Red, iniciativas de los colectivos de mujeres, la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, y la Coalición por Costa Rica.

Para Acción Ciudadana, la convergencia de sectores progresistas y demócratas no es un paso electorero más; es un acto de compromiso con nuestra patria, un cimiento esencial para proteger y mejorar las garantías que nos definen el camino para ser, como dice el artículo 50 de nuestra Constitución Política, una sociedad justa, inclusiva, sostenible y humana.

Nuestros órganos partidarios responsables de liderar procesos de coaliciones y agenda programática se han dedicado al análisis profundo a estas propuestas y naturalmente hemos encontrado en ella valiosas coincidencias que sumarán a nuestra ya actualizada propuesta a la ciudadanía.

Creemos firmemente que este debe ser un proceso que emane y sea respaldado por la fuerza de las estructuras partidarias, por lo que extendemos una invitación a cada militante que desee aportar su energía y conocimiento a estos procesos en coordinación con nuestros respectivos órganos partidarios, en los próximos días se estarán habilitando espacios de puesta en común con toda la dirigencia.

Hoy, más que nunca, reafirmamos este llamado a la unidad nacional. Es imperativo consolidar las transformaciones políticas que hemos iniciado y que hoy peligran por discursos populistas.

¡Es el momento de unir esfuerzos, de sumar nuestras esperanzas, de avanzar en conjunto hacia el futuro de Costa Rica!
Comisión Política
Partido Acción Ciudadana

Hoy, sus ideales resuenan más vivos que nunca

Comunicado del Partido Acción Ciudadana

A 169 años de la Batalla de Rivas, honramos el valor de Juan Rafael Mora Porras y Juan Santamaría, quienes enfrentaron con coraje y dignidad la amenaza al proyecto de libertad centroamericano.

Hoy, sus ideales resuenan más vivos que nunca.

Desde Acción Ciudadana reivindicamos su lucha por la soberanía, la paz y la convivencia democrática. Porque los enemigos de la libertad no solo visten uniforme: también se esconden en discursos de odio, en la polarización, y en los ataques a nuestras instituciones.

Señor presidente: jurar en vano es traicionar a la Patria

En recientes declaraciones dadas a un medio local, usted manifestó que si la Sala IV, declara inconstitucional su “Ley Jaguar”, la primera acción sería observar la reacción del pueblo. Si el pueblo decide “hacerse el pendejo” o, el “verdadero pueblo” organizarse y lanzarse a la calle y cambiar el ecosistema político y económico corrupto, tendría su apoyo.

Su amenaza abierta contra la institucionalidad democrática en las recientes declaraciones tipifica en nuestro Código Penal como instigación públicay propaganda contra el orden constitucional, según establecen los artículos 280 y 303 que se citan textualmente: -Será reprimido con la pena de seis meses a cuatro años de prisión, el que instigare a otro a cometer un delito determinado que afecte la tranquilidad pública, sin que sea necesario que el hecho se produzca.Y el artículo 303.- Se impondrá prisión de seis meses a tres años al quehiciere propaganda pública para sustituir, por medios inconstitucionales, los organismos creados por la Constitución o para derogar los principios fundamentales que ella consagra.

Señor presidente, nuestro país, apostó desde la creación de la República a la democracia como sistema de gobierno y, aún con altibajos, Costa Rica ha venido atendiendo en los últimos 76 años sus conflictos bajo un Estado Democrático y Social de Derecho y regido por los principios de legalidad y debido proceso, a los que usted está obligado de acuerdo con el artículo 11 de nuestra Constitución. Señor presidente, le recordamos que al tomar su cargo usted emitió un juramento contenido en el artículo 194 de la Constitución Política que dice: «¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la República, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? – Sí, juro. – Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El y la Patria os lo demanden.»

Si usted pretende tomar con violencia las instituciones democráticas que le impiden actuar con autoritarismo y al margen de la ley, le recordamos que este es un pueblo pacífico y trabajador, no se deja llevar por llamados peligrosos a la violencia y contra la institucionalidad democrática.

Sus declaraciones son sujeto de una denuncia penal y así procederemos ante la Fiscalía. Cabe recordarle la estrofa del Himno Nacional: bajo el límpido azul de tu cielo ¡vivan siempre el trabajo y la paz!

Partido Acción Ciudadana

Conversatorio viabilidad y pertinencia del referéndum

El Partido Acción Ciudadana mediante su Comisión de Estudios y Programas invita al conversatorio “Viabilidad y pertinencia del referéndum”, con la participación de: José Manuel Arroyo Gutiérrez, ex magistrado y catedrático jubilado de la Universidad de Costa Rica; Rita Maxera Herrera, académica jubilada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica; y Sergio Alfaro Salas, abogado, politólogo, profesor universitario y ex diputado.

Dicho conversatorio se realizará el día 25 de junio del 2024 a las 7:00 p.m. hora Costa Rica de manera virtual por la plataforma Zoom y la participación es completamente abierta. 

Los datos de ingreso son los siguientes: 

Enlace de ingreso: https://zoom.us/j/94764709979?pwd=bgihtqamDINWVTeAvRpGgi8YCk7KH5.1

ID de reunión: 947 6470 9979

Código de acceso: Vi25Pe6Ref

Combo 2: El proyecto de ley 23.414 no armoniza el sistema eléctrico nacional, lo destruye

Comunicado

El Partido Acción Ciudadana, desde su fundación, hace 24 años, se manifestó como defensor del modelo solidario de nuestro Sistema de Electricidad Nacional. Un modelo con 75 años de experiencia exitosa, sustentado en los artículos 50 y 74 constitucionales para ofrecer el servicio eléctrico basado en los principios de solidaridad, universalidad y al costo. Sin este modelo, nuestro país no habría alcanzado en paz y en democracia un desarrollo social y económico con mayor equidad y ser un ejemplo mundialmente reconocido de sostenibilidad ambiental.

En abril del 2000 el pueblo costarricense se enfrentó con argumentos sólidos y en las calles al Combo del ICE, proyecto estrella del bipartidismo. Una larga lucha que se extiende luego al referéndum del TLC y sus leyes de implementación hasta el presente por mantener el control del Estado sobre la planificación, la generación y la distribución eléctrica sustentada en fuentes energéticas limpias. Proceso que ejecuta con el apoyo de un grupo de empresas públicas y cooperativas, al igual que con una participación del sector privado que colabora en ese objetivo público nacional. Este objetivo estratégico es hoy más importante que nunca. La tendencia mundial de electrificación del transporte y de los procesos industriales, incluida la producción de vectores energéticos alternativos, así lo pone en evidencia.

Aunque podemos reconocer que el Sistema Eléctrico Nacional necesita ajustes para enfrentar adecuadamente los retos que se presentan, estos cambios no deben surgir al calor de una campaña que antagonice los sectores, como ha sucedido hasta ahora soterradamente en la Asamblea Legislativa, durante el trámite del Proyecto Nº23.414, sino, como resultado de un ejercicio ciudadano de diálogo transparente y constructivo pensando en el bienestar del mayor número.

El actual proyecto de ley, mal llamado “Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”, se queda exclusivamente en otro intento de mercantilizar el servicio de suministro eléctrico y acabar con el modelo que defiende los intereses nacionales. Propone una apertura total de la generación y la comercialización de la energía, manteniendo la Red de Transmisión en manos del ICE sin clara garantía de que sus costos de operación e inversión serán cubiertos. Además, creará una nueva burocracia gubernamental, el Órgano Costarricense del Sistema Eléctrico Nacional, ECOCEN, que nace como una estructura politizada de control al fungir el ministro de Energía de turno, como el presidente de su Junta Directiva. Acompañan los representantes de los actores económicos interesados del lado de la generación y, del lado de los usuarios, la representación se otorga únicamente a los grandes consumidores que, de paso, son los únicos ganadores asegurados en el último texto que fue aprobado por la comisión legislativa.

Por otra parte, siguiendo con la propuesta del proyecto, sería sumamente grave que la planificación del ECOCEN no sea luego vinculante para los actores del mercado poniendo en riesgo la universalización del servicio eléctrico al costo, a la vez que la generación con combustibles fósiles no queda expresamente reservada por ley para las empresas públicas, con el fin único y exclusivo de proveer generación de respaldo al SEN, como último recurso, lo que generaría una explosión descontrolada de generación térmica que atentaría contra los objetivos nacionales.

Ante el incremento de las tensiones geopolíticas y los efectos del cambio climático, el país necesita mantener la capacidad de diseñar e implementar políticas de Estado para enfrentar la crisis energética global con alternativas limpias y sostenibles, determinantes en el proceso de descarbonización de la economía, al que el país y el mundo le han apostado.

En síntesis, un proyecto de ley que va en contraposición a la propuesta constitucional de autonomía del ICE, que le ha permitido a la institución sortear las ocurrencias politiqueras y las presiones de grandes intereses privados por controlar el mercado eléctrico para servirse sólo a sí mismos de energía barata, aún en detrimento de las necesidades del resto del país para garantizar un desarrollo nacional con equidad y sostenibilidad.

Hacemos un fuerte llamado a la ciudadanía, a las universidades públicas y a los movimientos sociales, a reaccionar con firmeza ante esta nueva amenaza de acabar con el modelo eléctrico solidario de nuestro país y con el ICE.

Las elecciones municipales deben mantenerse independientes de las nacionales

La descentralización de las instituciones del Estado y el fortalecimiento de los gobiernos locales fueron dos de los pilares que Acción Ciudadana, desde su fundación, propuso para el fortalecimiento democrático y la participación ciudadana en el desarrollo local.

Partimos de que las desigualdades territoriales, generadoras de exclusión y pobreza, radicaban en buena parte en el modelo electoral impulsado por el bipartidismo. Las elecciones presidenciales enganchadas a las municipales garantizaban el dominio de dos partidos nacionales sobre la mayoría de los cantones con línea directa del Ejecutivo y Legislativo. El modelo electoral bipartidista centraba sus esfuerzos en aquellos cantones con mayor caudal electoral (GAM), rezagando el desarrollo de gran cantidad de cantones con baja población de la llamada periferia.

Nuestra propuesta de distribución justa y equitativa de los recursos a los gobiernos locales requería del fortalecimiento de los concejos de distrito, la participación de los municipios en los proyectos de inversión del Estado, la elaboración de presupuestos participativos y la eliminación de las partidas específicas del presupuesto nacional, administrada de manera clientelar, por las diputaciones. Todos estos proyectos promovidos por el partido Acción Ciudadana y las reformas al Código Electoral del 2009 permitieron que las elecciones municipales se celebraran separadamente, por primera vez, en diciembre del 2010.

Desde entonces, el aumento de los partidos cantonales creció exponencialmente y el abstencionismo comenzó gradualmente a descender. Los estudios muestran que la separación de las elecciones facilitó la participación ciudadana a nivel local con variedad de propuestas para mejorar las condiciones de vida de las comunidades, mayor articulación con las instituciones del Estado y respeto a la autonomía municipal.

Enganchar de nuevo las elecciones municipales con la nacional significaría un retroceso en el fortalecimiento de la participación política local y una afrenta al sistema democrático. Es una estrategia electorera peligrosa que debilita las iniciativas locales por la defensa de sus recursos naturales y culturales, el ordenamiento de su territorio y las actividades productivas que las sostienen, particularmente el agro. 

La justificación de que el proyecto permite ahorrar recursos y aumentar la votación ha sido cuestionado por el Tribunal Supremo de Elecciones: no representa un ahorro en el presupuesto ni garantiza la disminución del abstencionismo. Por el contrario, aseguran las autoridades municipales del partido expresadas en el foro para tomar posición con respecto al proyecto, fomenta la concentración del poder, debilita la participación local multipartidista ante la amenaza de la privatización de los servicios del Estado, la explotación de los parques nacionales y los codiciados recursos naturales comunitarios.

Alertamos a los concejos municipales y a la ciudadanía sobre el inminente peligro que representa volver atrás. La democracia no es un costo, es una inversión que garantiza la paz y desarrollo con mayor equidad.

Partido Acción Ciudadana
Comisión Política
Comité Ejecutivo Nacional
San José, Costa Rica, 4 de marzo del 2024.

El Derrumbe y el Ocaso del Progresismo

German Masís Morales

Las recientes elecciones a las alcaldías del país dejaron grandes repercusiones sobre el sistema político, con el ascenso y descenso de algunos partidos, pero principalmente por el derrumbe definitivo de las fuerzas progresistas que otrora estuvieron representadas por la socialdemocracia y posteriormente por el Partido Acción Ciudadana y el fortalecimiento de las alternativas más conservadoras y cercanas a la economía de mercado como han sido la Unidad Socialcristiana, los partidos evangélicos y más recientemente los partidos liberales o neoliberales.

Aunque ya ese fenómeno político de deterioro del progresismo se había manifestado en las dos anteriores elecciones presidenciales, en esta oportunidad se consolida y muestra la más cruda evidencia con el descenso del papel de Liberación Nacional en su antigua trinchera las municipalidades y el poder local y la desaparición total del PAC como fuerza política en las diferentes regiones del país.

Pero, ¿por qué debe preocuparnos la desaparición del progresismo, representado por los resabios de la vieja socialdemocracia y por el Partido Acción Ciudadana?

Debe preocupar a los grupos políticos, a la sociedad civil y a la población en edades maduras, porque se ha generado un vacío en el espacio político de las fuerzas y de las políticas económicas y sociales progresistas, que está siendo ocupado por los sectores políticos y económicos más conservadores y porque prácticamente desaparecen las luchas y reivindicaciones por lo que queda del estado de bienestar, de la democracia económica y por la permanencia del Estado de Derecho seriamente amenazado en los últimos años.

Debe preocupar también porque la población en edades jóvenes influenciadas fuertemente por la economía de consumo, el conocimiento técnico y las redes sociales, han perdido y ya no tendrán referentes políticos que defiendan la importancia del Estado, las políticas redistributivas, el desarrollo humano, el medio ambiente y los derechos humanos de las minorías.

Los jóvenes de hoy y de mañana, son fáciles presa de las promesas de cambio sin propuestas coherentes, de los partidos unipersonales y de estructuras ficticias y de un espejismo de que el mercado es el ente que asigna los recursos y genera oportunidades para todos y que por ello debe penetrar todas las actividades de la vida en sociedad.

Los grandes dilemas y controversias del pasado, sobre si más Estado o más mercado, si políticas de liberalización y desregulación o de protección y exoneración, si políticas fiscales progresivas o reformas tributarias parciales, la ampliación o reducción de las políticas sociales y del gasto social, la creación de mayores condiciones a la inversión extranjera o fomentar la pequeña y mediana empresa nacional, quedan ahora, sometidos a las visiones electoralistas y a la dispersión de posiciones en un espectro liberal conservador en el que se incluyen la mayoría de los partidos políticos emergentes.

El ocaso del progresismo del siglo XX y del siglo XXI, es el fracaso de las fuerzas políticas que lo impulsaron, quienes dejan a la deriva las grandes desigualdades, los grandes retos de supervivencia del ser humano y la aspiración de un desarrollo más equitativo y sostenible, frente a un mundo unipolar, dominado por el interés individual y corporativo y por la voracidad del capital.

Foto: UCR.

El PAC hace su cuarto pago de la deuda

Margarita Bolaños Arquín

Realizamos el cuarto pago de una deuda que considero injusta, que nos dañó la imagen y nos dejó sin recursos para competir en condiciones muy desiguales en la campaña pasada. Así que este cuarto pago, en los momentos más duros de nuestra trayectoria política, lo logramos con mucho esfuerzo y colaboración de personas que creen en la democracia, que consideran que el PAC debe seguir siendo un actor clave en el desarrollo político del país. El tiempo nos dará la razón porque hemos mostrado ser un partido con principios claros, que se desenvuelve en democracia, que estudia, debate, que cree en la participación de las mujeres y las juventudes, que apela a la participación ciudadana, que se debate día a día contra el clientelismo, el populismo y todas las formas de manipulación y oportunismo que se han enquistado en nuestra democracia. Somos un partido que no tiene dueños, que responde a procesos democráticos, inclusivos y respetuosos y eso tiene un costo político alto, de eso no tenemos duda ahora.

No ha sido fácil jugar con las reglas de la política heredada del bipartidismo y de una institucionalidad anclada en sus raíces. Enfrentamos una campaña de años por hacernos parecer iguales a los demás, para desencantar a la gente de la política y de participar en los asuntos de sus comunidades. Entonces se nos metió el narco y el cinismo puro con piel de oveja, antidemocrática, conservadora e irrespetuosa de la institucionalidad democrática.

Si estuviéramos muertos no hubiéramos hecho el esfuerzo de pagar la deuda. El camino más fácil, era hacer otro partido o alquilar alguno. Pero nos constituimos hace 23 años para cambiar la forma de hacer política y seguiremos insistiendo porque sin el PAC la balanza se inclinará hacia algún extremo que no queremos y sin democracia, construir desarrollo con equidad y libertad, la historia ha demostrado que es imposible.

Ver también sobre este tema: PAC realiza cuarto pago por ₡100 millones al Estado