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En tiempos de reacción y retroceso político y social (I)

Escrito en 28/01/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (20)
Tercera época

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

Los tiempos históricos en los que predominan las fuerzas de la reacción, y dan a lugar a un marcado estancamiento social, suelen ser más prolongados que las situaciones o coyunturas revolucionarias, en las que el tiempo para la acción y la irrupción de los más insospechados e innumerables actores sociales, resulta ser más propicio para quienes toman esa vía, dándose una aceleración e intensidad en el transcurrir del tiempo, tal y como lo perciben los colectivos sociales enfrentados a semejantes desafíos.

Para el caso de Costa Rica, al cabo de setenta años del pacto social con el que saldó el último conflicto bélico de nuestra historia republicana, nos encontramos con que una ofensiva de las fuerzas conservadoras y del capital financiero, en detrimento del sector productivo y de las clases trabajadoras en general, está a punto de acabar con los restos del estado social de derecho que sirvió de fundamento a la llamada Segunda República.

Una vez concluidos los enfrentamientos armados de marzo-abril de 1948, entre los “glostoras” (que dieron lugar después al “socialdemócrata” PLN) y los vanguardistas (los así llamados “comunistas”, conste que estoy empleando el término como un sustantivo), los que a pesar de sus marcadas diferencias y las duras e incluso encarnizadas persecuciones “anticomunistas” instigadas desde Washington, propias del primer período de la guerra fría, infligidas por los primeros hacia los segundos, a lo largo de las dos primeras décadas posteriores, lo cierto es que ambos representaban a sectores reformistas que aspiraban a ocupar el mismo espacio político, y a ser los actores decisivos de la transformación social que vino a superar al país del viejo olimpo liberal, ya agotado al llegar la década de los cuarenta. Tanto la gente del Centro de Estudios de los Problemas Nacionales (Rodrigo Facio, Carlos Monge y otros) como la de los militantes del emergente Bloque Obrero Campesino, después Vanguardia Popular (Carmen Lyra, Manuel Mora entre otros líderes sociales) fueron rupturistas en relación con el orden social y político imperante en la Costa Rica anterior a la Reforma Social, cosa que no puede afirmarse en todo el sentido de la expresión para el caso del “calderonismo” del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, a pesar de las dotes de estadista y el espíritu de avanzada social que lo caracterizaron, al darle un decisivo impulso inicial a la reforma social, a través de una alianza político electoral con los de Vanguardia Popular, la que se extinguió después del desenlace del conflicto armado.

Después de derrotar en el campo de batalla y sacar del juego político a sus adversarios “comunistas” y calderonistas, los “glostoras” llamaron a una Asamblea Constituyente, dando lugar a constitución reformista que sirvió de base al estado social de derecho, hoy a punto de ser aniquilado por la ultraderecha conservadora del nuevo siglo, la que a pesar de sus disfraces de presuntamente liberal, cristiana o progre profesa en su totalidad, y a pie juntillas todos los extremos y consecuencias del credo neoliberal.

En 1949 se produjo, al interior de la Asamblea Constituyente, una tácita alianza entre glostoras y vanguardistas, en la que los segundos intervinieron a través de los constitucionalistas electos por el Partido Constitucional Demócrata de Celso Gamboa, y los primeros bajo la denominación de Partido Social Demócrata (después de PLN), con su pequeño grupo parlamentario, encabezado por Rodrigo Facio Brenes. Estos sectores antagónicos pero afines, que a lo sumo representaban una cuarta parte de los constituyentes le imprimieron un tono reformista al nuevo texto constitucional, para lo que contaron con el apoyo de la gran mayoría de los constitucionalistas que estaban imbuidos de ese ethos renovador, tan propio de esa convulsa década que vino a cerrar el ciclo histórico del viejo liberalismo.

Lo paradojal vino después, en esos tiempos de reacción, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, cuando desde la Casa Blanca y la United Fruit Company se impulsó la destrucción de la primavera democrática de Guatemala (1944-1954), representada por los presidentes Juan José Arévalo, quien había apoyado con armas la revuelta de José Figueres en Costa Rica y Jacobo Árbenz, contando con el apoyo de la dictadura somocista en Nicaragua y la de Tiburcio Carías en Honduras. Eran los tiempos en que los EEUU buscaban reafirmar, una vez más, el control de su patio trasero: Por eso, su agenda para 1954, era la de acabar con la Argentina de Juan Domingo Perón, la Guatemala de Jacobo Árbenz y la Costa Rica de José Figueres Ferrer habiendo llamado con ese propósito, durante el mes de mayo de 1954, a la X conferencia interamericana, convocada por la Organización de Estados Americanos (OEA), en la ciudad de Caracas, Venezuela. Argentina y Costa Rica se negaron a asistir, mientras la Guatemala de Árbenz intentó heroicamente enfrentarse a los designios imperiales, a pesar del aislamiento a que fue sometida, a partir de esa conferencia y hasta su derrocamiento en julio de ese mismo año.

Mientras tanto, una vez concluida la guerra civil en Costa Rica, Calderón Guardia se refugió en la Nicaragua somocista, la que le dio apoyo en su primer intento armado de recuperar el poder, en diciembre de 1948, y posteriormente bajo el paraguas republicano de la administración estadounidense Eisenhower-Nixon intentó de nuevo, en enero de 1955, tomar el poder por la vía armada para acabar, tanto con los “comunistas” de Vanguardia Popular como con los de José Figueres Ferrer y su Partido Liberación Nacional, los dos sectores reformistas que habían luchado entre sí con las armas en la mano en 1948, pero habían terminado, no de manera conjunta ni deliberada, por darle un rumbo reformista, y rooseveltiano-keynesiano un tanto tecnocrático a las políticas económicas y sociales de estado, razón por la que Figueres Ferrer, que le había dado solución de continuidad a las reformas sociales de la década del cuarenta, era considerado como “comunista” ante los ojos de la ultraderecha conservadora de la región y por los gobernantes “republicanos” de la Casa Blanca.

Como puede apreciarse, a pesar de la relativa estabilización política y social con la que transcurrieron las primeras décadas del creciente estado de bienestar, unido al crecimiento económico planetario sostenido de los llamados treinta gloriosos(1945-1975), a partir de la conformación de un estado social de derecho, como un evento insólito en el istmo centroamericano, este estuvo siempre amenazado desde los poderes fácticos que se valieron de los grandes medios como el diario La Nación, los noticieros radiofónicos y la naciente televisión.

Por su parte, las fuerzas conservadoras retomaron la iniciativa, durante la segunda mitad de la década de los sesenta, con el triunfo electoral del conservador José Joaquín Trejos, a quien una coalición de sectores de derecha y del “calderonismo”, como un sector político que abandonó sus ya debilitados arrebatos reformistas que venían de la década de los cuarenta, una vez transcurrido un breve paréntesis, después del regreso del exilio de sus líderes, durante el año de 1958 y de su reincorporación a la vida política electoral, para diluirse dentro de un espectro de fuerzas cada vez más inclinadas hacia la regresión social, esa que hoy conocemos como neoliberalismo. Fue entonces cuando el Partido Liberación Nacional se sintió amenazado por estas fuerzas de la derecha conservadora, motivo por el que su interior surgió el Movimiento Democrático para una Revolución Social que, en el transcurso de 1968, lanzó su Documento o Carta de Patio de Agua, con la firma de numerosos líderes y militantes de aquella socialdemocracia reformista que buscaba así darle una solución de continuidad al proceso que había iniciado dos décadas atrás.

¿EL ASALTO DEL SIGLO?

Escrito en 25/01/2022. Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

Walter Antillón

En memoria de Curruso y Macho, zapateros de Barrio Amón,
comunistas de hueso colorado.

En memoria de los sindicalistas Luis Ángel Serrano y Chepito
Meléndez Ibarra, y del abogado Antonio González,
modestos e invencibles paladines de la Justicia Social.

La pregunta es ¿se produjo en Costa Rica, en la segunda mitad del Siglo XX, un proceso histórico de incalculables consecuencias, durante el cual, aprovechando la inercia represiva de la Guerra Fría, diversos gobiernos, en connivencia con la oligarquía nacional y transnacional y la Iglesia Católica, y con la ayuda de la Embajada y los medios comerciales de comunicación de masas, impidieron sistemáticamente a la mayoría de los trabajadores del sector privado (excepto el caso de los bananeros y algún otro) el ejercicio de sus derechos constitucionales y legales a formar sindicatos, plantear huelgas y suscribir contratos colectivos de trabajo, negándoles con ello la invaluable experiencia de luchar unidos por sus derechos, disfrutar de ventajas económicas, jurídicas y sociales como las obtenidas en esas luchas por agrupaciones similares? Y también si, en su condición de componentes mayoritarios de la clase trabajadora ¿les fue impedido participar decisivamente, como tal clase, en la organización política, económica y social del País?

No siendo factible para mí sustentar las respuestas en indagaciones historiológicas de mi cosecha, tarea para la que no estaría capacitado, seguí el consejo bibliográfico de Marielos Aguilar en su artículo Dónde investigar la historia de nuestros trabajadores (Revista Estudios, Universidad de Costa Rica. Nos. 12 y 13, pág. 87-99, 1995-1996), sumando a su lista algunas otras obras de interés. Pero también me valgo de mi propia memoria, mis vivencias e impresiones de josefino nacido hace noventa años, con una experiencia de vida como juez, abogado, académico y político militante. En todo caso, asumo la responsabilidad por las afirmaciones conclusivas de este artículo.

Introducción

Uno de mis abuelos, heredero de una tradición oligárquica en el sector de la agricultura, se afanaba en explicarme a principios de los años cuarentas, cómo el Código de Trabajo traería una enconada discordia al campo de las relaciones entre los peones y los patronos, al introducir deberes y derechos legales donde, dentro de una atmósfera de armonía, afecto y respeto, siempre habían regido por un lado los deberes morales del patrón de proteger como un padre a sus peones, cuidando de que nada les faltara para su bienestar personal y familiar, y por el otro lado los deberes morales del trabajador de dar su mejor esfuerzo en beneficio de la hacienda. Y una consecuencia de esta relación patriarcal había sido un sentimiento general de obediencia de los peones con respecto a su patrono. Porque, en efecto, cuando llegó el momento histórico en que se reconoce el derecho de los trabajadores a votar en las elecciones políticas, por mucho tiempo este ‘derecho’ llevó implícito, para el trabajador del campo, el deber de hacerlo por el candidato que indicaba el patrono; y eso marcó durante mucho tiempo una constante, significativa diferencia entre el campo y la ciudad que no siempre se valora.

Resultaría entonces, según él, que aquella sacrosanta relación laboral (obviamente asimétrica, pero inspirada en la caridad cristiana) habría sido pisoteada o mancillada al ser convertida en un frío y desconfiado intercambio de prestaciones económicas jurídicamente equiparadas, definidas en último término por el juez laboral. Pero lo que el abuelo no quería entender, o se resistía a aceptar, era que a partir de la esencial igualdad de los seres humanos postulada por la Revolución Francesa e incorporada a las Constituciones, la relación laboral propia del sistema capitalista era la nueva forma que asumía la diferencia entre dos clases sociales con intereses antagónicos; y que la lucha histórica por los derechos del obrero y del campesino había sido un esfuerzo gradual por regularizar la justicia en aquella relación, partiendo prácticamente de cero. Porque a pesar del reconocimiento abstracto de la igualdad y la libertad como derechos fundamentales que los capacitaban para contratar, los trabajadores carecieron por muchos años, no sólo de los institutos jurídicos para compensar sus debilidades socio-económicas frente al patrono, sino incluso de los derechos políticos que les permitiesen reclamarlos y conseguirlos en tanto clase social específica.

Recordemos que en el año 1848, con la fundación de la Segunda República se realizaba en Francia las primeras elecciones universales y directas, lo que significó el primer reconocimiento pleno de los derechos políticos del proletariado en el Mundo. A partir de entonces ese reconocimiento se va extendiendo por diferentes países de Europa, de manera que la clase obrera se incorpora a la palestra política con su especificidad como nuevo protagonista, y toma parte en los acontecimientos dentro de cada país, con los resultados que la Historia conoce.

Siguiendo a nuestros historiadores, voy a describir el proceso histórico que conduce a las sucesivas generaciones de trabajadores costarricenses desde unos primeros intentos de unión mutualista, ciertos grados de conciencia de clase; hasta la represión sindical masiva, la resistencia de ellos, etc. Con ese propósito empezaré con una lista de (I) LAS NOCIONES básicas que usaré en el curso del artículo, que son CLAVE de su buena comprensión; para luego entrar en (II) LA HISTORIA, distribuida en varios capítulos, a saber: 1) mutualismo y sindicalismo; 2) del sindicato al partido; 3) la derrota político/militar de los trabajadores; 4) represión y persecución sindical; el aplastamiento y el ‘shock’; 5) los decenios de la ignominia del sector laboral privado; 6) los sindicatos públicos defienden la integridad nacional; 7) la última agresión neoliberal; 8) conclusiones.

Obras consultadas: Eric Hobsbawm: Historia del Siglo XX; Crítica, Barcelona, 2013. Eduard Dolleans: Historia del Movimiento Obrero; Eudeba, Buenos Aires, 1961; Tomo II. Pablo González Casanova: Historia del Movimiento Obrero en América Latina; Siglo XXI, México, 1985, Tomo 2. Alfredo González Flores: Conversación con el Pueblo; Tipografía Nacional, San José, 1916; ID: La crisis económica de Costa Rica; Trejos Hermanos, San José, 1936. Oscar Aguilar Bulgarelli: Costa Rica y sus hechos políticos de 1948 (Problemática de una década); Editorial Costa Rica, San José, 1969. James Backer: La Iglesia y el Sindicalismo en Costa Rica; Editorial Costa Rica, San José, 1975. Vladimir de la Cruz: Las luchas sociales en Costa Rica; Editorial Costa Rica, San José, 1984. Marielos Aguilar: Clase trabajadora y organización sindical en Costa Rica 1943 -1971; ICES-Porvenir-Flacso, San José, 1989. Víctor Hugo Acuña – Iván Molina: Historia Económica y Social de Costa Rica (1750 -1950); Porvenir, San José, 1991.

I.- LAS NOCIONES CLAVE

El Sistema Normativo Laboral es el conjunto de las normas legales y constitucionales promulgadas para garantizar el mínimo insuprimible de los derechos de la persona en cuanto trabajador.

Las Instituciones del Derecho del Trabajo son mecanismos normativos y técnicos con los que se busca contrarrestar las ventajas jurídicas y fácticas que, en principio, tiene el patrono sobre el trabajador, a fin de que la prestación del trabajo garantice seguridad, respeto y una vida digna al trabajador y a su familia.

El Derecho Colectivo del Trabajo es la doctrina que estudia las normas y las instituciones relacionadas con los Sindicatos, las Convenciones Colectivas de Trabajo y las Huelgas.

El Sindicato es el órgano que la Constitución y la ley ofrecen al trabajador para que, en conjunto con sus colegas pueda negociar con el patrono, desde una posición de fuerza, los términos en los que se desarrollará la prestación del trabajo, con la facultad de echar mano, si es necesario, de los instrumentos colectivos de negociación y de lucha que el ordenamiento contempla al efecto.

La Convención Colectiva es la institución jurídica mediante la cual patronos y sindicatos crean, de común acuerdo, normas reguladoras de todos o algunos de los aspectos de las relaciones de trabajo para los trabajadores de una o más empresas, o ramas de producción, o de uno o más sectores profesionales.

La Huelga es la institución jurídica que autoriza a varios o todos los trabajadores de una empresa, rama productiva o sector profesional a dejar de realizar su trabajo por tiempo fijo o indefinidamente, con el objeto de conseguir determinados beneficios.

Los derechos a sindicalizarse, a ir a la huelga y a dar vida a la convención colectiva constituyen derechos fundamentales de los trabajadores consagrados en el Código de Trabajo, la Constitución y diversos Tratados y Declaraciones Regionales e Internacionales.

Obras consultadas: Mario de la Cueva: Derecho Mexicano del Trabajo, Porrúa, México, 1949. Ludovico Barassi: Tratado de Derecho del Trabajo; Alfa, Buenos Aires, 1953. Bernardo van der Laat: La huelga y el paro en Costa Rica; Juricentro, San José, 1978. Gino Giugni: Derecho Sindical; Cacucci, Bari, 2001.

II. LA HISTORIA

1) Mutualismo y sindicalismo entre 1890 y 1920.

En la Costa Rica de fines del Siglo XIX y comienzos del XX, cuya economía de exportación girará entonces alrededor del café y del banano, ya existe una pluralidad de agrupaciones laborales y artesanales de carácter predominantemente mutualista que van a desempeñar un importante papel en las décadas anteriores a 1920, en relación con los acontecimientos nacionales y mundiales de índole económica, política y social: los hechos intestinos alrededor de las presidencias de don Rafael Iglesias, don Ascensión Esquivel, don Cleto, don Ricardo y don Alfredo González; la dictadura de Tinoco, etc.; y los conflictos internacionales relacionados con los Imperios Británico, Alemán, Austro-Húngaro, Ruso y Turco, la República Francesa, y los Reinos de Italia, Holanda, Bélgica y Servia, que conducen a la Primera Guerra Mundial, con intervención posterior de los Estados Unidos (1914-1918); a la Revolución Rusa de 1917 y la Unión Soviética; al Tratado de Versalles de 1919 y al fin de los Imperios Alemán, Austro-Húngaro y Turco, etc.

Lo que me interesa señalar es que todos estos acontecimientos nacionales e internacionales van a afectar negativamente la economía de países como el nuestro, y esos efectos van a repercutir más y más severamente en la siempre precaria situación de la clase trabajadora y artesanal, provocando las llamadas Huelgas de 1920 que el historiador Víctor Hugo Acuña resume así:

El lunes 2 de febrero de 1920, estalló en San José una cadena de huelgas de diversos gremios y categorías de trabajadores en demanda de un 20% de aumento de salarios y de la implantación de la jornada de trabajo de ocho horas. El movimiento fue iniciado por la Sociedad de Ebanistas y Carpinteros y rápidamente fue secundado por otros sectores laborales capitalinos: albañiles, panaderos, tipógrafos. empleados del tranvía, trabajadores ferrocarrileros, obreros y obreras de algunas de las pocas fábricas existentes, etc. A lo largo de aquel mes de febrero, la oleada huelguística se difundió a otras ciudades del país, en especial al puerto de Puntarenas, y al campamento minero de La Unión en Miramar. En su inmensa mayoría las diversas huelgas alcanzaron sus objetivos puesto que el gobierno y casi todos los patronos aceptaron satisfacer sus reivindicaciones…” (Los orígenes de la clase obrera en Costa Rica: las huelgas de 1920 por la jornada de ocho horas; Cenap-Cepas, San José, 1986, pág. 7).

En lo ocurrido en esas jornadas llaman mi atención los siguientes aspectos:

1º) a partir de la huelga de la Sociedad de Ebanistas y Carpinteros que inició el 2 de febrero de 1920 en San José, el movimiento se propaga de día en día a más de diez otros gremios y categorías de trabajadores de la Capital y Provincias: los del tranvía y de los trenes, los mineros, albañiles, obreros y obreras de fábricas, panaderos, cocheros, tipógrafos, marineros, peleteros, mecánicos, zapateros, pureros, sastres, empleados públicos (estatales y municipales), herreros y otros;

2º) al calor del movimiento, la agremiación de los trabajadores en sus distintos oficios se multiplica; se fundan sociedades, mutuales, asociaciones, uniones, federaciones y sindicatos; y esta tendencia no para al terminarse las huelgas del 20, sino que continúa en los años siguientes;

3) el objetivo de todos los movimientos del año 20 fue la reducción de la jornada de trabajo a 8 horas diarias y un aumento salarial del 20%;

4º) ambas demandas fueron satisfechas de inmediato por el Gobierno, las Municipalidades y los patronos en general, excepto el caso de la United Fruit Company y el caso de los muelleros;

5º) El movimiento fue acompañado y asesorado por organizaciones culturales y gremiales fundados en los años anteriores, como el Centro de Estudios Sociales Germinal, la Confederación General de Trabajadores (CGT), el Centro Socialista, la Sociedad Federal de Trabajadores y el Centro Juventud Obrera;

6º) La prensa nacional (La Gaceta, el Diario de Costa Rica, la Tribuna, la Prensa Libre, el Heraldo de Puntarenas) informó sobre el movimiento huelguístico antes, durante y después de los diferentes sucesos en forma objetiva, respetuosa e incluso elogiosa para los trabajadores;

7º) Don Francisco Aguilar Barquero, Presidente Provisorio, admite la justicia de los reclamos de los trabajadores y los asume en lo que atañe a los que están al servicio del Estado (Editorial de La Gaceta, 4 de febrero de 1920);

8º) Los trabajadores fundan sus propios partidos políticos: El Partido Obrero “Conquista y Derecho” (1919), el Partido Reformista (1923) y el Partido Comunista (1931).

9º) En Costa Rica el voto proletario se admitió oficialmente por primera vez con las elecciones de 1913, aunque la posibilidad de votar se había generalizado, de hecho, desde la vigencia de la Constitución de 1871; pero, en todo caso, sólo para los varones.

Obras consultadas: Vladimir de la Cruz: Luchas Sociales cit. Víctor Hugo Acuña: Los orígenes de la clase obrera en Costa Rica: las Huelgas de 1920 por la jornada de ocho horas; Cenap-Cepas, San José, 1986. Manuel Rojas Bolaños: Lucha social y guerra civil en Costa Rica. 1940 – 1948; Porvenir, San José, 1989.

2) De los sindicatos a los partidos

Lo cierto era que el panorama mundial entre 1917 y 1920 lucía muy inquietante: la Constitución de la Revolución Mexicana, la Revolución Bolchevique, el final de la Gran Guerra, el Movimiento Espartaquista en Alemania, Bela Kuhn en Hungría, la fundación de la OIT, la caída de cuatro grandes Imperios (Rusia, Alemania, Austria, Turquía), la Constitución progresista de Weimar, etc., eran demasiadas señales juntas que indicaban un vuelco mundial hacia la izquierda; y esas señales fueron advertidas tanto por la burguesía como por muchos sectores del mundo laboral costarricense, que además acababan de asistir al derrocamiento de la Dictadura de los Tinoco. Todo eso coadyuva al rápido triunfo de las aspiraciones de los trabajadores huelguistas del año 20: ¿jornada de 8 horas cuando lo usual eran 12 y a veces más? ¿aumento de nada menos que el 20 por ciento del salario, cuando lo normal era el cuentagotas?

Pero lógicamente la luna de miel con el Gobierno de Acosta iba a durar poco y terminó en ruptura; aunque la burguesía no pudo evitar que la mayoría asalariada se agrupara en el flamante Partido Reformista liderado por el General Jorge Volio Jiménez, y sucesivamente contribuyera en forma decisiva a llevar al poder a don Ricardo Jiménez como Presidente y a su primo, el propio Jorge Volio, como Vicepresidente en 1924. Lo cierto es que la situación de la clase trabajadora no varió esencialmente desde las mejoras producto de las huelgas del 20. La ruptura entre el Presidente Jiménez y su Vicepresidente no se hizo esperar, en un contexto económico recesivo de nuestros productos básicos de exportación (café y banano) (Víctor Hugo Acuña – Iván Molina: Historia Económica y Social de Costa Rica cit., págs. 148/9); de modo que, aparte de la creación del Banco Nacional de Seguros, por iniciativa del Secretario don Tomás Soley, por un lado, y la creación de una Secretaría del Trabajo y la comisión para la redacción de un Código de Trabajo (1928) por iniciativa del Secretario don Carlos María Jiménez Ortiz, por otro lado, la clase trabajadora no obtiene mayores ventajas en el período. Por el contrario, en el Proyecto de Código Penal redactado por José Astúa Aguilar (1924) se contempla la huelga como delito, lo cual significaba un retroceso vergonzoso en contraste con los países civilizados.

A partir de 1929 la situación de la clase trabajadora va a empeorar como resultado de la Gran Crisis Económica Mundial, cuya etapa aguda se prolongará hasta 1932. En esas condiciones se funda en 1931 el Partido Comunista de Costa Rica, con un programa que privilegia la promulgación de las garantías sociales y el Código de Trabajo; y cuyo bautizo de fuego le será administrado por el gobierno de don Cleto González Víquez y por el Congreso Legislativo en 1932, en la forma de un neto rechazo legal.

Este acto del gobierno de don Cleto es la expresión más franca del pensamiento de la burguesía nacional, y va a aparecer y reaparecer durante las décadas siguientes en boca de cortesistas, calderonistas, ulatistas, figueristas: para esos pequeño-burgueses ticos el Comunismo resultaba intolerable, muy probablemente porque formula una crítica radical contra lo que para ellos eran dogmas: la propiedad privada, la libre disposición del capital por su titular, la distribución capitalista de los ingresos de la empresa, etc., y por proponer como alternativa la colectivización de los bienes y la distribución de los ingresos según las necesidades de los trabajadores; de modo que para ellos, el Comunismo deberá ser erradicado sin ningún miramiento junto con la doctrina que lo sustenta, aunque de ese modo haya que pisotear la libertad de conciencia y los derechos políticos de una parte de la comunidad ciudadana.

Pero en aquel momento preciso don Cleto ya está de salida, y don Ricardo, que vuelve al poder por tercera vez, muestra de nuevo su talante liberal autorizando el funcionamiento del Partido (que ya se aprestaba a entrar con el nombre de Bloque de Obreros y Campesinos en los comicios municipales del 32, en los que conseguirá dos escaños). Porque para entonces el apoyo popular al Partido y la movilización obrera en general han seguido creciendo, y tanto la burguesía como la Iglesia han olfateado el peligro y arremeten con todos los fierros para frenar aquel proceso. La propia administración de don Ricardo tiene a mecate corto a los activistas del Partido: llueven las detenciones y las multas, y el trato duro contra los conatos de huelga de los panaderos y los zapateros (1933); aunque por otra parte establece el salario mínimo y el órgano mixto para fijarlo (1933). Y frente a la huelga bananera de 1934, el gobierno Jimenista no prodiga la intervención policial y más bien presiona a la ‘Yunai’ para que transe con los huelguistas, en buena medida porque éstos lograron demostrar ampliamente, ante una Comisión del Congreso, las pésimas condiciones en que la Compañía mantenía a sus trabajadores.

Y algo parecido va a ocurrir durante los cuatro años de la administración de León Cortés, en las que tanto éste como su delfín el doctor Calderón Guardia hacen ostentación de anticomunismo y anti-sindicalismo. Pero los sindicatos han continuado creciendo en todo el País, bajo la dirección del Bloque de Obreros y Campesinos (Partido Comunista) y de la Confederación General de Trabajadores. ¿Cómo pararlos? Ese será el dolor de cabeza de la burguesía en los próximos años.

En efecto, la administración Calderón Guardia, que arranca en 1940 con el beneplácito de la oligarquía y con la consigna de frenar el preocupante avance del Comunismo y del Sindicalismo que han invadido Costa Rica, va a estar durante sus primeros dos años bajo el ataque de los diputados comunistas debido a la incipiente corrupción administrativa, a sus contratos sin licitación y a su conducta pródiga hacia el capital extranjero (contrato eléctrico con la ‘Bond & Share’; con las petroleras ‘West India Oil Co’ y ‘Texas Oil Co’ ). Calderón crea la Universidad de Costa Rica y la Caja Costarricense de Seguro Social, pero incurre en, o tolera insólitas barrabasadas contra el poderoso sector oligárquico de los ticos-alemanes y, llegando al medio período, la situación de caos, abuso y descrédito se le hace insostenible. En ese contexto, la alianza con los comunistas es una providencial huida hacia adelante: haciéndose cargo de la contraposición entre las clases populares que presionan por cambios sustanciales y la oligarquía conservadora que trata de impedirlos, promulga en 1943 el Capítulo de las Garantías Sociales de la Constitución, y seguidamente el Código de Trabajo con el apoyo de la Iglesia Católica y del Partido Vanguardia Popular.

El Profesor Mauricio Castro Méndez lo resume así:

“…El clímax llega en los 40 con 2 bloques de alianzas conflictivas. Uno promovía reformas y otro buscaba impedirlas o ignorarlas. Sus integrantes tenían intereses contradictorios que evolucionan en el paso del ‘liberalismo autoritario’ a la ‘ventana democrática’ frente al fascismo a principios de los 40, que posibilita una alianza reformista en diversos países, y el tránsito luego a la Guerra Fría (1944)…”. (Evolución histórica del Derecho Colectivo de Trabajo en Costa Rica; en Fernando Bolaños et al: CURSO DE DERECHO LABORAL; Continental, San José, 2021; pág. 151/2).

Considero obligada una digresión sobre ¿quién redactó ambos proyectos? Mi convicción es que el trabajo lo realizó básicamente el estudiante de Derecho y efímero militante comunista Oscar Barahona Streber, copiando en parte y adoptando el artículo 123 de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo de México; y lo hizo bajo la guía y colaboración no oficiales de Manuel Mora, y con la ayuda explícita de juristas como don Fernando Baudrit, don Enrique Guier y otras personas de no segura identificación. Barahona Streber era muy talentoso, audaz, inescrupuloso y de una egolatría simplemente infinita (lo conocí ya maduro, a su regreso al País, en circunstancias muy significativas; y trato de imaginarlo de 25 años, buscando dar cima a la enorme tarea de crear un Código de Trabajo con la modestísima formación que justo trataba de redondearse en nuestra Facultad de entonces) ¿Pudo, él solo, con el barniz jurídico de sus 25 años, resolver los complejísimos problemas del codificador: identificación de la materia propiamente laboral, concepción teórica, sistematización de capítulos y secciones, escogencia, configuración y redacción de las fórmulas normativas, etc.; tratándose de un tema entonces novedoso y muy delicado, prácticamente desconocido en Costa Rica, como el Derecho del Trabajo? (A esa edad y en esas condiciones ¡ni Kelsen! ). En cambio, es posible imaginar que un joven despierto y laborioso, subido en las anchas espaldas de la muy completa y excelente Ley Federal del Trabajo mexicana, comparándola con algún otro Código y apoyado en la experiencia de colegas maduros, pudo captar razonablemente su trabazón sistemática y su lógica interna, para calcar y adoptar el articulado resultante a los requerimientos y orientaciones ideológicas de Calderón Guardia y sus colaboradores.

Igualmente creo que fue don Manuel Mora quien aconsejó al joven Barahona usar la legislación mexicana como guía y modelo principal de los proyectos de Garantías Sociales y de Código, y que, en efecto, fueran éstos los modelos adoptados y adaptados, porque: a) los comunistas ticos conocían dichos textos, por sus buenas relaciones con los camaradas mexicanos, y porque plausiblemente se inspiraron en ellos al redactar el Programa Mínimo del Partido en 1931, que en materia laboral disponía: establecimiento del seguro social a cargo del Estado, para el desempleo, accidentes de trabajo, enfermedad, maternidad, vejez. La abolición del trabajo a niños menores de 15 años, reglamentación del trabajo: a igual trabajo igual paga, jornada de ocho horas, salario mínimo, leyes de organización sindical y derecho de huelga, vivienda, igualdad jurídico-política de la mujer; ley de servicio civil, etc. ; b) porque en aquellas fechas, la única Constitución que contenía un capítulo completo de garantías sociales era la mexicana de 1917. Y si es razonable pensar que Barahona tuvo que usar de modelo aquella Constitución, con mayor razón hubo de servirse de la Ley Federal mexicana, que era entonces el Código laboral más prestigioso de América Latina. De modo que, si aceptamos que Barahona siguió en esto la indicación de don Manuel ¿no es razonable suponer que también aceptó sus consejos, siendo don Manuel, como abogado comunista, un obligado conocedor precisamente del Derecho de Trabajo, y siendo Barahona un joven principiante?

Aunque él lo negó siempre, hay razones para pensar que Oscar Barahona Streber militó discreta o secretamente en el Bloque de Obreros y Campesinos (BOC), aproximadamente entre los años 1937 y 1942. En un informe de 1939, el Embajador yanqui Hornibrook lo incluye entre las figuras destacadas del BOC; y los Servicios de Inteligencia de Estados Unidos lo situaban en 1942, al igual que a su esposa de entonces, la escritora socialista Yolanda Oreamuno, en la condición de ‘dirigentes del Partido Comunista’ (Communist Party leaders) y con el siguiente comentario: “…se considera que es otro de los simpatizantes silenciosos del Partido…” (lo de silencioso se debía a que, en aquellos años, ocupaba un cargo en el Ministerio de Salud, absolutamente incompatible con una militancia comunista, dados aquellos tiempos). Y es significativo el hecho de que su padre, el abogado nicaragüense Humberto Barahona Briones, antimperialista y seguidor del General Augusto César Sandino, fue expulsado de Costa Rica en 1939 por condenar públicamente las relaciones entre los gobiernos de León Cortés y el tirano Anastasio Somoza García, que había asesinado a Sandino en 1934; y es el periódico comunista ‘Trabajo’ el que denunció y reclamó enérgicamente, en primera plana, por la expulsión de don Humberto, pocos días después de acaecida.

En todo caso, me parece importante observar que, como lo ha notado el Profesor Mauricio Castro Méndez, la consigna de Calderón Guardia y sus secuaces contra los sindicatos, quedó reflejada en una serie de inconsistencias y debilidades institucionales plasmadas en el texto del Código con respecto a esa materia, obra del joven Barahona Streber, quien obviamente las redactó siguiendo instrucciones de Calderón. Debilidades que serán aprovechadas en los años sucesivos por los abogados y los jueces patronalistas, para contribuir a escamotear las garantías que la Constitución había consagrado en defensa de las instituciones de la huelga, el sindicato y la convención colectiva, históricos bastiones de los derechos de los trabajadores en todo el Mundo. Y allí comienza la tragedia del Derecho Laboral costarricense porque, sin una efectiva y coherente implantación de las instituciones del Derecho Colectivo de Trabajo, el llamado ‘Derecho Individual’, o derecho de la relación singular de trabajo quedaba completamente en el aire.

La promulgación de la normativa laboral de 1943 definió la contienda en sentido afirmativo; pero esto no calmó los ánimos patronales, aunque se trataba de una legislación muy moderada, hasta omisa, con respecto a los derechos de los trabajadores. Pero la oligarquía la rechazó ásperamente: y al rechazo visceral de la oligarquía se sumó la creciente desaprobación de la Embajada Norteamericana y una parte de la propia Iglesia Católica, por lo que consideraban una peligrosa influencia del Comunismo en el Presidente Calderón. Esa desaprobación se va a acentuar años después, en la última etapa del Gobierno de Teodoro Picado, hasta culminar en el período de la Revolución de Figueres (Conf. Jacobo Schifter: Las Alianzas Conflictivas; Libro Libre, San José, 1986; pág. 167 y sigtes.). Desde aquel primer momento los líderes de la oligarquía tica y las transnacionales no han descansado en su tarea de continua erosión de las instituciones laborales del País.

Obras consultadas: Ana María Botey, Rodolfo Cisneros: La crisis de 1929 y la fundación del Partido Comunista de Costa Rica; Editorial Costa Rica, San José, 1984. Iván Molina: Los pasados de la memoria. El origen de la Reforma Social en Costa Rica (1938-1943); Euna, Heredia, 2008. ID: Yolanda Oreamuno: una contribución fotográfica y documental (1931-1956) CIHAC, San José, 2019. Jacobo Schifter: Las Alianzas Conflictivas; Libro Libre, San José, 1986. Mauricio Castro: Evolución histórica del Derecho Colectivo de Trabajo en Costa Rica; Continental, San José, 2021.

3) La derrota político/militar

Costa Rica es un monumental ejemplo de la voluntad de establecer el control religioso a costa de la destrucción de sindicatos laicos influidos por el pensamiento marxista. Más aún, de aprovecharlos para hacer política partidaria por intermedio de la influencia confesional. Edelberto Torres Rivas

Evoco algunas estampas de los años 40; años golpeados por la crisis, la inflación y la especulación. Yo era un colegial en los días de la Huelga de Brazos Caídos (1947) y creía entender lo que pasaba por lo que oía decir en casa: que el Gobierno estaba haciendo todo muy mal. Mi familia había sido Calderonista y después Picadista, pero en el año 47 ya no lo era; entre la ‘gente conocida’ ya nadie lo era: los ricos y la clase media se habían pasado en masa a la oposición como reacción al peligro comunista; posiblemente, allá en el fondo, por el temor inconfesable de llegar a ser (o volver a ser) pobres, a vivir en un régimen de escasez e inseguridad, como ‘el hambre en Rusia’, de acuerdo con las versiones difundidas entonces. El resto del año 47 pasó bajo una atmósfera de zozobra e incertidumbre; la contraposición entre ambos bandos se radicalizó; por los dos lados menudearon actos de violencia: las calles eran patrulladas por los famosos ‘mariachis’; los jóvenes opositores Tuta Cortés, Federico Apéstegui, Pepino Delcore y otros, dinamitaron distintos sitios en San José; el militarón cubano Tabío hizo asesinar al doctor Carlos Luis Valverde en la puerta de su casa. En medio de esa escalada de violencia y repudio se difundió el pronunciamiento esperanzador de Figueres alzándose en armas contra el Gobierno: dos meses después había ganado la guerra y todos fuimos a aclamar la entrada de sus tropas en San José: el Desfile de la Victoria.

¿Qué había pasado? Al final de la contienda quedaron enfrentados dos contingentes: 1º) por el lado del Gobierno (no para defender a éste sino para proteger las garantías y los derechos laborales recientemente conquistados), estaba únicamente la fuerza militar improvisada formada por partidarios y simpatizantes del Partido Vanguardia Popular; el Ejército Nacional (la Unidad Móvil, etc.) ya no existía físicamente; y Somoza, a pedido del Departamento de Estado, había repatriado el batallón de su Guardia Nacional enviado a Costa Rica en apoyo del Gobierno; y 2º) por el lado de los rebeldes estaba la brigada de la llamada ‘Legión del Caribe’ y los miles de voluntarios ticos que se fueron uniendo a Figueres.

La victoria rebelde había sido facilitada por un acuerdo celebrado entre José Figueres y Manuel Mora (en presencia del Padre Núñez) en el llamado ‘Pacto de Ochomogo’, el 17 de abril de 1948, en el que Mora accedía a deponer las armas ante las fuerzas figueristas con tal de que no se derramara más sangre; y de que las garantías sociales y el Código de Trabajo fueran respetados, así como la vida y la libertad de los combatientes comunistas. Mora y el Partido calculaban que, salvaguardados las Garantías Sociales y el Código en lo que a sus derechos concernía, los sindicatos, el Partido y toda nuestra clase obrera dispondrían a futuro de una ‘cabeza de playa’: un punto firme para continuar un proceso de avance paulatino hacia una factible justicia social en Costa Rica; y creían contar para ello con una fuerza sindical muy apreciable por su número y calidad. Hay que decir que también pactaron con Figueres porque estaban seguros de que, si en el mejor de los casos lograban derrotarlo con las armas en aquel momento histórico, los Estados Unidos intervendrían e impondrían un gobierno dictatorial a la medida de sus intereses: porque eran años muy crudos de la Guerra Fría. Entonces pactaron cruzando los dedos, con una tenue esperanza de que Figueres mantuviera su palabra, aunque sabían que no le iba a resultar cómodo hacerlo, por las presiones a que sería sometido por los yanquis, resueltos más que nunca a aprovechar la ocasión de borrar el Comunismo de un país como Costa Rica, parte de ‘su patio trasero’. Lo cierto es que, en aquel momento, a Figueres le convenía poner a los comunistas fuera de la escena nacional por tiempo indefinido, para descabezar un movimiento social vigoroso que de otro modo estorbaría la realización de sus propios planes.

Y en efecto, Figueres cumplió una parte de lo prometido: respetó e hizo respetar en términos formales, tanto las Garantías Sociales de la Constitución como el Código de Trabajo; pero pisoteó su palabra de honor en lo demás, porque ordenó o permitió el asesinato, la prisión y la expulsión de dirigentes, militantes y sindicalistas del Partido Vanguardia Popular; decretó la proscripción de dicho Partido (Decreto Nº 105); y el Padre Núñez, testigo de honor y ahora ministro de Trabajo, gestionó la disolución de la Confederación General de Trabajadores, así como despidos masivos de empleados; y el Decreto 306 de la Junta autorizaba a los patronos particulares a despedir sin responsabilidad a quienes habían sido ‘caldero-comunistas’, y otros primores semejantes. Luego los constituyentes figueristas concurrieron a la aprobación del artículo 98 de la nueva Constitución, cuyo texto dispuso la ilegalidad de Vanguardia Popular; de modo que en los siguientes 26 años, el TSE con sus distintas integraciones procedieron al rechazo de la inscripción de toda agrupación política sospechosa de izquierdismo.

¿Qué ocurrió entonces con los miles de ciudadanos que se habían organizado en sindicatos de todas clases, y que votaban por Vanguardia? Todos ellos, ahora seguidores de un partido legalmente inexistente, con sus dirigentes presos o expulsados del País, con sus militantes desempleados, condenados, perseguidos, atemorizados y carentes de guía y conducción; es decir, los comunistas y su amplia clientela política y sindical, aunque trataron por años de resistir el ataque en distintas formas, lo cierto es que se sentían indefensos, a merced de los atropellos, que no cesaban de caerles de todos lados: de parte de los funcionarios ministeriales, de la policía, los patronos y otros enemigos provenientes de la Iglesia Católica, del Solidarismo y de los partidos rivales. Qué cúmulo de atropellos y brutalidades: muchos de ellos me contaban que en aquella época la policía no los dejaba ni respirar: pasaban más tiempo en la cárcel que en libertad; y no se trataba ya del duro y arbitrario régimen de facto de la Junta Fundadora, sino de presuntos Estados de Derecho como se presume fueron los períodos de Chico Orlich, Otilio Ulate o Trejos Fernández.

Como iremos viendo, en la Costa Rica posterior al 48, la condición para que el obrero, el campesino o el empleado no fueran hostilizados o atropellados al menor pretexto, era no ejercitar aquellos vergonzosas pseudo-derechos a la sindicalización y a la huelga.

Obras consultadas: Oscar Aguilar Bulgarelli: Costa Rica y sus hechos políticos de 1948; ECR, San José, 1969. Jacobo Schifter: La democracia en Costa Rica como producto de la neutralización de clases; en Chester Zelaya y otros: ¿DEMOCRACIA EN COSTA RICA? Cinco opiniones polémicas; Euned, San José, 1977. ID: Las Alianzas Conflictivas, cit. Marielos Aguilar: Clase trabajadora y Organización Sindical, cit. Oscar Castro Vega: Fin de la Segunda República. Figueres y la Constituyente del 49; LIL, San José, 1996.

4) Represión y persecución sindical; el aplastamiento y el ‘shock’.

La guerra del 48 terminó por virtud de un acuerdo, y vino la paz: la Junta Fundadora de la Segunda República convocó la Constituyente y, después de promulgada la Constitución de 1949, entregó el poder al Presidente Ulate, iniciándose así un período de transiciones pacíficas del poder por virtud de elecciones “directas, secretas y libres” que llega hasta nuestros días. Pero ¿fue éste, realmente, un período de paz? El sociólogo Manuel Solís reflexiona sobre dicho período de la siguiente manera:

“…no han sido suficiente(mente) exploradas las implicaciones (para el País, para su institucionalidad y para su concepción de ciudadanía) de que la dirigencia política de la segunda mitad del siglo recién pasado se forjara luchando a muerte entre sí, y arrastrando a sus seguidores por caminos violentos. Y que luego, volviendo sobre sus pasos, esa misma dirigencia política le impusiera a la colectividad la tarea de olvidar lo ocurrido, enajenando (volviendo ajena) una porción fundamental de su memoria y de su historia. ¿Cuán sólido puede ser lo que así surge? Bien podría ser que parte de lo que entendemos, o se nos presenta, como una cultura de paz fuese más bien una forma ideológica-cultural de desentendernos de esta historia. Los cauces por los que se llegó a la paz política conseguida en la segunda mitad del siglo anterior dan motivos adicionales para pensar que la agresividad y la violencia que desaparecieron del espacio electoral se quedaron circulando en la nueva institucionalidad, en ámbitos distintos de los electorales. La exclusión de la violencia política no impide que las prácticas arbitrarias o patrimonialistas se conserven en otros campos…” (La Institucionalidad Ajena, cit. págs. xvi y xvii)

En efecto, tal como lo repasamos en páginas anteriores, vemos que son los años del predominio socialdemócrata, fuertemente autoritario y abusivo, de la Junta Fundadora; y después, del flamante Partido Liberación Nacional, con sus logros de entonces, por todos conocidos (nacionalización bancaria, etc.), y con sus reprobables decisiones: las detenciones masivas, la eliminación física de destacados políticos y sindicalistas, la represión ideológica; la proscripción del Partido Vanguardia Popular y de la Confederación General de Trabajadores (para dejar la CTC Rerum Novarum liberacionista como única opción). Los Decretos que creaban el Tribunal de Sanciones Inmediatas, el Tribunal de Probidad y el Tribunal de Ética para funcionarios de la docencia mostraron la voluntad de la Junta de golpear y escarmentar a los vencidos; al igual que el Decreto que autorizaba al Gobierno y a los patronos particulares a despedir sin responsabilidad patronal a todos los funcionarios públicos que simpatizaban con Vanguardia Popular. Y lo que vino inmediatamente después.

Porque lo que vino después, que ha durado decenios, fue la cuidadosamente planeada, violenta e ilegítima eliminación (por amputación) de cientos de sindicatos inscritos; y la posterior represión de toda iniciativa del sindicalismo de izquierda; represión que se cebó predominantemente en los trabajadores de la empresa privada; preventivamente sostenida mediante la sucesiva, sistemática persecución sindical (que duró hasta el presente Siglo) por parte de un sector mayoritario de los patrones, con la connivencia de jueces, abogados y funcionarios ministeriales. Pero este shock, que se combina y refuerza con el sentimiento de orfandad de aquella generación de trabajadores por la desaparición de su Partido y su Confederación, sentidas por ellos, en el momento, como pérdidas definitivas, en medio de una situación de temor, inseguridad y pobreza extrema; este shock, repito, no se dirigió a destruir la semilla del Comunismo, como se decía. En realidad se dirigió a destruir la incipiente formación de los trabajadores costarricenses como ‘clase para si’: su conciencia de clase. Y lo consiguió en gran medida.

Mauricio Castro describe la ‘Reacción Conservadora’ que se produjo entonces, y que, según sus cuentas, duró 22 años (1948-1970):

“…La reacción conservadora se dirigió sobre todo a la persecución sindical (CTCR) y a la cooptación de la CCTRN. Se disolvieron 194 sindicatos (de 1948 a 1953), el 90% de los sindicatos vigentes en 1948, aunque luego del golpe de Estado el 80% estaba inactivo. La persecución desde la guerra incluyó ajusticiamientos, fusilamientos, torturas, encarcelamientos y exilios. La disolución de sindicatos se concentraría en períodos liderados por socialdemócratas, la junta militar (48-49), la administración Figueres (1953) y de Francisco J. Orlich. Para 1953 solo el 2.33% estaba sindicalizado, buena parte en sindicatos independientes contribuyendo a la fragmentación sindical y la acción sindical se desarrolló en el sector privado en un contexto de represión, anticomunismo e ilegalización. El sindicalismo opositor inicia su recomposición con la CGTC (1953) pero su acción era muy difícil. Los 12 conflictos colectivos planteados en 1952 por la FOBA son rechazados por jueces de trabajo y en 1959 la compañía bananera se niega a cumplir con la ley de aguinaldo, lo que provocó una huelga masiva que triunfó, pero fue seguida de una estrategia antisindical que desintegró la UTG, que incluyó “el despido, la represalia, la lista negra y la persecución policiaca (…) el halago y el soborno”, así como el arreglo directo con no sindicalizados y la idea de la “armonía obrero – patronal” para rechazar la negociación colectiva…” (Ob. cit., pág. 161/2).

Del concepto de ciudadanía social (Castro), o sea, de la incorporación social del movimiento obrero (Schifter)

Es a partir de entonces (1949) que transcurren los que he llamado ‘Los decenios de la ignominia’, con sus gravísimas consecuencias políticas, económicas y sociales. Pero retrocedamos un poco y recordemos que hasta finales de los 40 venía conformándose una sólida estructura sindical de amplia base popular que, de continuar por ese camino, estaba llamada a transformar a Costa Rica en un solvente Estado Social de Derecho, con una clase trabajadora fuerte, titular de lo que se ha llamado ‘ciudadanía social’; consciente de sus derechos, adiestrada para la negociación y el conflicto, y con un considerable peso específico en la palestra política.

La experiencia de la vida sindical que se vive en los decenios anteriores a 1948 creaba y fortalecía la conciencia de colectividad, que es fundamental para la construcción del sindicato, de la cooperativa, del partido político. Lo describe admirablemente el historiador y filósofo Eric Hobsbawm:

“…Lo que proporcionaba a los movimientos y partidos obreros su fuerza era la convicción justificada de los trabajadores de que la gente como ellos no podía mejorar su situación mediante la actuación individual, sino sólo mediante la actuación colectiva, preferiblemente a través de organizaciones, en programas de asistencia mutua, huelgas o votaciones, y a la vez, que el número y la peculiar situación de los trabajadores manuales asalariados ponían a su alcance la actuación colectiva…” (Ob. cit., pág. 308).

Además, es obvio que el ejercicio colectivo de los derechos sindicales es condición sine qua non de un efectivo ejercicio de los derechos políticos. Esto vale para lo que diremos más adelante acerca de la actitud y el comportamiento que tendrá la gran mayoría de los asalariados de bajo nivel frente a la política nacional, sobre todo de cara a las elecciones.

En palabras de Mauricio Castro:

“…La democratización societal requiere de la ciudadanía social, es decir, el estatus que se otorga a las organizaciones de personas trabajadoras para el ejercicio de derechos colectivos frente al Estado y las organizaciones privadas. Un régimen con competencia electoral, pero con restricciones a la libertad sindical es un régimen democratico restrictivo…” (Ob. cit. pág. 165)

Esto último es esencial porque nos da las pistas para entender en las páginas siguientes las dimensiones político-electorales de la lesión que se ha causado en Costa Rica a la clase trabajadora.

Pues bien, volviendo a lo nuestro, ese deseable proceso de asimilación del movimiento obrero dentro de la comunidad ciudadana (la ‘ciudadanía social’ vigente y corriente en tantos países de Europa, en Estados Unidos y Canadá desde fines del Siglo XIX) era algo cuyo desarrollo en el ámbito nacional resultaba extremadamente oportuno y conveniente en la Costa Rica de la Segunda Postguerra, en términos de ‘bien común’, democracia y derechos humanos, tenía un enorme obstáculo en su camino: al tratar de asegurar una efectiva participación de los trabajadores en los destinos del país, y una redistribución progresivamente más equitativa de la riqueza nacional, afectaba los intereses de una clase empresarial poco competitiva, que nunca había pagado justos impuestos, y cuya fortaleza nunca estuvo en su productividad, sino en sus privilegios y en la explotación del trabajo; y afectaba asimismo los intereses de las transnacionales habituadas a los incentivos estatales y comprometidas a aumentar gradualmente los dividendos de sus accionistas.

En consecuencia, la oligarquía y las transnacionales buscarían la manera de hacer abortar o, al menos desvirtuar aquel entramado constitucional y legal de base nacido en 1943, en espera del momento oportuno que permitiera derogarlo definitivamente (y regresar al amanecer del Siglo XIX, al añorado ‘capitalismo salvaje’).

Obras consultadas: Eric Hobsbawm: El Siglo.XX, cit. Marielos Aguilar: Clase trabajadora y organización sindical en Costa Rica cit. Manuel Solís: La Institucionalidad Ajena. Los años cuarenta y el fin de siglo; UCR, San Pedro, 2008. Naomi KLEIN: La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre. Paidós, 1ª ed. Buenos Aires. 2008.

5) Los decenios de la ignominia sobre el sector laboral privado

En mi opinión, si bien es cierto que por los hechos de Alcoa en 1970, y por la eliminación de las trabas constitucionales a los partidos de izquierda en 1975, se produce un importante reverdecimiento de la actividad sindical, señaladamente en el sector público, en las bananeras y poco más, puede hablarse de la producción de un cierto efecto de ‘democratización societal’ (Castro, ob. cit., pág. 165), me parece que no conviene dejar la impresión de que se trató de un proceso homogéneo, que benefició por igual a toda la comunidad asalariada. No creo que sea así: la verdad es que, ni en ese período ni en ningún momento cesó la impune persecución sindical en las empresas privadas, la cual que se mantuvo prácticamente invariable con sus despidos ‘preventivos’, las listas negras de los despedidos, los operativos administrativos, legales y judiciales; la inexorable campaña goebbelsiana de los medios de comunicación al servicio de la oligarquía; las campañas permanentes de la Iglesia Católica; y el desmoralizador espectáculo de arbitrariedad y favoritismo montado por el gobierno en las empresas bananeras y similares, fuera de la Meseta Central, en las que los excesos de la Compañía eran disimulados, pero la policía reprimía a los trabajadores en huelga con extrema brutalidad. Este conjunto de calamidades que se abaten sobre todo contra el asalariado de la empresa privada meseteña, se traduce en una negación del status indispensable para el ejercicio de los derechos colectivos frente a los patronos.

Tengo la experiencia directa, fruto de los años que serví como abogado de la CGT, de los esfuerzos (verdaderos ‘Tormentos de Sísifo’) de compañeros como Chepito Meléndez Ibarra, Luis Ángel Serrano, Domingo Rojas y otros, en la minuciosa, agotadora labor de convencimiento y asesoría de cientos de trabajadores fabriles en la Meseta Central y en Guanacaste, para que se organizaran en sindicatos y siguieran sus indicaciones precisas, las tácticas que la experiencia les había enseñado, so pena de la ocasión perdida, más despidos en serie, etc. ; sus pírricas victorias y su tesón indomable para empezar de nuevo, cada vez, en un ambiente en el que el enemigo implacable no eran sólo el empresario y sus oficiales, sino también la Iglesia, la Policía, los inspectores y otros funcionarios públicos.

¿Cuál es la fuerza de este shock cuyos efectos se prolongan sobre las sucesivas generaciones de trabajadores y sus familias?

Es evidente que, durante varias generaciones, aunque al comienzo hubieran luchado resistido la agresión, masas de trabajadores han carecido de aquel status, de aquella ciudadanía social: miles de obreros costarricenses han pasado sus vidas sin saber lo que es organizarse junto a sus compañeros para, invocando la protección de las leyes laborales, asegurarse mejores ingresos, más seguridad laboral, más vacaciones, mayor participación en la empresa, etc.; cientos de miles que nunca llegaron a gozar de las ventajas que procura una convención colectiva o una huelga justa; cientos de miles que, por el contrario, han asistido resignados o iracundos, pero impotentes, al deterioro inexorable de su nivel de vida, etc.

No conozco ninguna investigación que nos brinde respuestas directas a esas conjeturas ¿Cómo se vivió por dentro esa etapa restrictiva de los derechos de un importante sector de la comunidad costarricense? ¿Cuáles fueron las verdaderas causas de los cambios experimentados? ¿Cuáles serían las hipótesis más plausibles para construir una explicación?

Moviéndonos siempre en el terreno hipotético, aquí tendríamos que distinguir con nitidez los efectos de aquella política represiva que se instaló en el ambiente e influyó sobre cada una de las generaciones de asalariados que, cada vez de manera distinta, tuvieron que soportarla y convivir con ella:

a) los que sufrieron los brutales golpes de la Junta Fundadora (1948) y gobiernos inmediatamente sucesivos eran sindicalizados que habían vivido la época expansiva de su movimiento y que, en general, creían en el sindicalismo y en una perspectiva de izquierda; y resistieron en una buena proporción; pero claro que ya entonces tuvieron que registrarse deserciones y abjuraciones en sus filas;

b) la siguiente generación (1978), que en su infancia y juventud vivió el período de ilegalidad y clandestinidad del Partido, sufriendo la persecución y las pobrezas familiares, heredó el reflejo de abstención surgido entre sus mayores y vivió formas no traumáticas de la deserción y el abandono de la lucha;

c) los que vivieron el cambio del Siglo (2008), la desaparición del Socialismo Real y la hegemonía neoliberal en la forma del bombardeo propagandista contra el sindicalismo y contra los comunistas.

En años recientes han sido objeto de estudio, bajo el nombre de “Doctrina del Shock”, ciertas prácticas gubernativas que consisten en aprovechar situaciones colectivas de conmoción (naturales o preparadas) para hacer pasar medidas drásticas convenientes a los intereses del gobierno y perjudiciales a la comunidad afectada, medidas cuya implementación sería mucho más difícil en tiempos normales (conf. Naomi KLEIN: La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre. Paidós, 1ª ed. Buenos Aires. 2008).

Observa Klein: “…Tanto en Chile como en Argentina los gobiernos militares utilizaron el caos inicial del golpe para lanzar con éxito su ataque contra el movimiento sindical. Claramente se trató de operaciones planeadas con mucha antelación, pues las redadas sistemáticas empezaron el mismo día del golpe. En Chile, mientras todas las miradas se dirigían al asediado Palacio Presidencial, otros batallones fueron enviados a fábricas en lo que se conocía como «cinturones industriales», donde las tropas llevaron a cabo redadas y arrestaron a gente. <<Durante los días siguientes», según el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, hubo redadas en varias fábricas más, «lo que llevó a arrestos masivos de personas, muchas de las cuales fueron luego asesinadas o desaparecieron». En 1976, el 80 % de los prisioneros políticos de Chile eran obreros y campesinos. El informe de la Comisión de la Verdad de Argentina, Nunca Más, documenta una intervención quirúrgica similar contra los sindicatos: «Hemos visto que una gran parte de las operaciones [contra los trabajadores] se llevaron a cabo el mismo día del golpe o inmediatamente a continuación». Entre la lista de ataques a las fábricas, un testimonio es particularmente revelador de cómo el «terrorismo» se usó como pantalla de humo para perseguir a activistas pro obreros no violentos. Graciela Geuna, prisionera política en el campo de tortura conocido como La Perla, describió cómo los soldados que la vigilaban empezaron a ponerse nerviosos con una huelga que iba a tener lugar en una central eléctrica. La huelga iba a ser «un ejemplo importante de resistencia a la dictadura militar» y la Junta no quería que tuviera lugar. Así que, recordó Geuna, los «soldados de la unidad decidieron convertirla en ilegal o, como ellos dijeron, «montonerizarla»» (los montoneros eran un grupo guerrillero que el gobierno ya había derrotado). Los huelguistas no tenían nada que ver con los montoneros, pero eso no importaba. Los «mismos soldados que había en La Perla imprimieron panfletos que firmaron como «montoneros», panfletos en los que incitaban a los trabajadores a la huelga». Los panfletos se convirtieron entonces en la «prueba» necesaria para secuestrar y asesinar a los líderes sindicalistas, tortura patrocinada por las empresas En ocasiones los ataques a los líderes sindicales estaban coordinados con los propietarios de los lugares de trabajo. Demandas interpuestas en los últimos años han aportado algunos de los ejemplos mejor documentados de intervención directa de filiales locales de multinacionales extranjeras.” (págs. 179/180)

¿Podríamos decir que a partir de 1949 la acción terrorista de las autoridades que asesinaron, agredieron, lesionaron, encarcelaron a granel a los líderes sindicales, activistas, obreros y campesinos sindicalizados, des-inscribieron ilícitamente de los Registros del Ministerio a cientos de sindicatos y alentaron a los patronos para que incurriesen con plena impunidad en actos de persecución sindical, en la confección de listas negras de trabajadores, etc., para conmocionar el ánimo de miles de obreros y campesinos y sus familias, constituyó una forma de aplicación, avant la lettre, de la ‘doctrina del shock’?

Repasemos los efectos propiamente sindicales del shock, a los cuales se refiere Mauricio Castro en los siguientes términos:

“…Como resultado de la reacción conservadora se llegó a la virtual desaparición del sindicalismo en el sector privado que llegó al 3% (54.025), incluyendo sindicatos de campesinos no asalariados, frente a un 83,7% en el sector público (241.404 trabajadores).109 En el sector privado sobreviven 13 convenciones acordadas antes de 1980, todas de empresa y casi todas relacionadas con el banano. La OIT estimó que la negociación colectiva cubría a un 3% de los asalariados en el 2001…” (Ob. cit., pág. 176)

Después de que los crímenes, detenciones, vejaciones y persecución sindical desatada a partir del 48, y la consiguiente indefensión y subalternidad de los trabajadores costarricenses, sobre todo del sector privado (prolongadas por varias décadas y respaldadas por una campaña sistemática en los medios de comunicación) alcanzaron las dimensiones de lo irremediable en el imaginario popular, creando una atmósfera generalizada y silenciosa de temor e inseguridad económica y política en aquel importante segmento de la población; parece ser que se produjo la aparición de la cultura de mimetismo político y conformismo laboral que luego fue predominante en dicho segmento; y apareció una moral nueva, en la que se encomiaba la observancia de las directivas de la empresa, mientras que estaban vedadas, por ejemplo, las prácticas que condujeran al sindicalismo (equivalente a comunismo). La palabra ‘comunista’ denotaba una condición infamante que acarreaba menosprecio, desempleo y ruina (jueces costarricenses de entonces dictaminaron que ‘comunista’ era una injuria igual o peor que ladrón o criminal).

Esta perversa y prolongada maquinación, que cercenó y satanizó por largo tiempo la acción de sindicalizarse: una opción que era legítima en cualquier país civilizado, terminó por sumir a la clase trabajadora costarricense en un estado de miedo crónico a ser visualizado como sindicalista, socialista, comunista, y produjo en miles de costarricenses una reacción defensiva de negación de sí misma, de mimetismo (invisibilización) cuyo resultado en la realidad social costarricense fue la presencia de todo un extenso sector social ideológicamente ‘neutralizado’, desunido y paralítico: políticamente ‘domesticado’, como cínicamente (pero certeramente) lo calificó don Pepe Figueres. Consiguió, en suma, que cientos de miles de trabajadores costarricenses sintieran que los derechos laborales que la Constitución y el Código consagran, no eran en realidad sus derechos, y que en el plano político, para ellos estaba cerrada la posibilidad de manifestar públicamente (menos aún delante de sus patrones) su natural, instintiva preferencia por candidatos de izquierda. El trabajador termina razonando así: ingresar a un sindicato y votar por la izquierda son actos inconvenientes, dañinos, no recomendables, porque cualquiera de los dos me acarrea el despido, y el despido significa el hambre, las enfermedades y la muerte.

Invocando de nuevo el ejemplo de Chile, es notorio que al restablecerse la democracia, los partidos de izquierda (sobre todo el más grande: el Partido Comunista) se encontraron sensiblemente diezmados. Lo cual causaría extrañeza a muchos, puesto que los sufridos partidos de izquierda no eran obviamente los culpables de todos los sufrimientos padecidos por el pueblo chileno con el golpe, la masacre, la tortura, los desaparecidos, las detenciones, las deportaciones. Pero a raíz del shock del golpe Pinochetista había ocurrido algo así como si el pueblo quisiera castigarse después de recibir el brutal, prolongado e inmerecido castigo. Los sectores populares mostraban una tendencia abstencionista, o abandonaban explícitamente las posiciones de izquierda.

También en Costa Rica, cuando se eliminó el segundo apartado del artículo 98 constitucional y el Partido Vanguardia Popular recobró la legalidad, se encontró con que su militancia se había contraído sensiblemente: el shock había surtido sus efectos también en el campo político. Contra toda razón y justicia, los pueblos tienden a reverenciar el poder y no perdonan a los vencidos.

Obras consultadas: Elizabeth Lira: Consecuencias psicosociales de la represión política; en A. Blanco y M. Sabucedo: Psicología y Derechos Humanos, Icaria, Barcelona, 1998. Manuel Garretón: Balance y perspectivas de la democratización política chilena, en Menéndez-Carrión, Amparo y Joignant, Alfredo (ed.) La caja de Pandora: el retorno de la transición chilena; Planeta, Santiago, 1999. Naomi Klein: La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre. Paidós, 1ª ed. Buenos Aires. 2008). Nicolás Maquiavelo: Discurso sobre la Primera Década de Tito Livio, en ‘Obras Políticas’, Ateneo, Buenos Aires, 1957.

6) Los sindicatos públicos defienden la integridad nacional

Los trabajadores del sector público en cualquier país están llamados a jugar un papel muy destacado en la política nacional durante el Siglo XX. El hecho de que muy temprano en la historia se les reconociera un cierto grado de inamovilidad gracias al régimen establecido por un Estatuto del Servicio Civil, sus sindicatos no pudieron ser desarticulados mediante despidos de efecto inmediato, como ocurría en la empresa privada, de modo que se consolidaron y acuñaron una experiencia de lucha que va a ser valiosísima a partir de la segunda mitad del Siglo XX, como veremos a continuación en el caso de Costa Rica.

Los sindicatos del sector público han llegado a ser muy numerosos gracias a las circunstancias relatadas, y al hecho de que se trata de un personal con un grado entre medio y alto de instrucción, muy favorable a la adquisición de capacidades para la disciplina y la lucha sindical.

Las principales agremiaciones de empleados públicos son: la Asociación de Educadores (ANDE), que nace en 1942 y que, en mi criterio, es una gran confederación sindical con nombre y status de asociación; UNDECA, en la Caja Costarricense de Seguro Social, que es de 1954; la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) fundada en 1955; ASDEICE, que es la primera que se forma en el ICE (1955); la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), fundada en 1958; y en 1968 se funda el Sindicato de Empleados del Banco Nacional (SEBANA); y el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC) en 1969; y el Sindicato de Empleados Universitarios (SINDEU) en 1970; y Sintrajap de JAPDEVA; y los médicos de Siprocimeca; y el Fit–Ice, y Anttec, etc., etc. En realidad los sindicatos del sector público son muchísimos; La CCSS, por ejemplo, alberga más de treinta; y su crecido número ha jugado un importante papel en la marcha de los acontecimientos. Pero lo que ha sido de una extraordinaria relevancia en la historia patria ha sido la calidad moral de esos sindicatos públicos. Como decía José Martí, hay momentos en que la moral de la Patria está encarnada en un reducido grupo, o en una persona:

La aprobación del Contrato/Ley de Alcoa en la Asamblea Legislativa, en los últimos meses de la Administración Trejos Fernández fue adversado a comienzos de 1970 por un masivo movimiento estudiantil coordinado por la FEUCR, el cual gozó de un amplio respaldo popular, y fue apoyado por el movimiento sindical, particularmente por los sindicatos de educadores (entre los que destacó el SEC, con una participación constante durante todo el proceso). De modo que la gesta de Alcoa no se generó en el seno del sindicalismo, pero para éste constituyó una rica experiencia de movilización de masas, que aprovecharía en sus luchas de los años futuros.

Si no recuerdo mal, la poderosa transnacional Millicom negoció su instalación en Costa Rica por acuerdo con el gobierno de Oscar Arias (1986-1990), y operó efectivamente durante la Administración Calderón Fournier; pero los sindicatos del ICE determinaron que su funcionamiento era ilegal, trataron infructuosamente de que el Gobierno y el propio ICE hicieran valer aquella ilegalidad; y finalmente fueron a la huelga, ya durante la presidencia de Figueres Olsen (1995). El movimiento triunfó, y el Gobierno firmó el levantamiento de la huelga con los 11 sindicatos del ICE involucrados en la lucha. Pero de todo esto, lo que me parece más hermoso es que se trató de la primera vez que un grupo de sindicatos de una empresa pública tomó a su cargo la tutela de los intereses de toda la comunidad costarricense, en contra de las cúpulas gubernativas compuestas por el Presidente, los Ministros y los Directores del propio ICE, que eran los que tenían institucionalmente a su cargo la tutela de dichos intereses populares y, alevosamente, los estaban sacrificando.

Esto se va a repetir en los movimientos siguientes, que tienen lugar en los últimos treinta años de nuestra historia, donde vamos a ver siempre a sectores del pueblo (¡que eso son los sindicatos!) supliendo el papel de protectores de los intereses nacionales, en sustitución de los que fueron elegidos y nombrados por el pueblo para que cumplieran con ese papel.

El ICE es justa y unánimemente calificado como una institución benemérita y amada por el pueblo costarricense, porque ha impulsado con patriotismo y eficiencia la electrificación, la industrialización, la intercomunicación, la modernización y por ahí también la democratización y el bienestar del País. Forma, junto con la Caja, los dos mayores tesoros institucionales de nuestro pueblo; y al igual que la Caja, su existencia estorba a la voracidad insaciable de los mercachifles neoliberales, quienes en la presidencia de Miguel Ángel Rodríguez le prepararon el tristemente célebre ‘Combo’ (2000). Y de nuevo fueron los sindicatos del ICE, con fuerte apoyo popular y el respaldo de muchos otras organizaciones gremiales, quienes se extenuaron en la tutela de aquella institución que los burócratas y los políticos neoliberales querían desmantelar alegremente.

Y de nuevo veremos a los sindicatos públicos formando en el 2004 el Movimiento Cívico Nacional durante la presidencia de Abel Pacheco, protestando contra el monopolio RITEVE; y otra vez los vemos en el 2007 formando filas con el pueblo para el Referéndum del TLC; y así hasta el presente.

Lo que en realidad ha ocurrido en Costa Rica es que, frente a la monótona caravana de los gobiernos neoliberales y su política privatizadora y desmanteladora de la Res Publica, la única contraparte que va quedando, con capacidad de ponerles freno, son los sindicatos del sector público: las mujeres y los hombres que constituyen la masa de los técnicos, los administrativos, los geólogos, los banqueros, los jueces, los jardineros, los ingenieros, los conserjes, los enfermeros, los albañiles, los trabajadores sociales, los entrenadores, los economistas, los historiadores, los médicos, los oficinistas, los químicos, los cocineros, los profesores, los laboratoristas, los choferes, los investigadores, etc., que forman dichos sindicatos. El Frente Amplio, mi partido, que comparte en gran medida los ideales patrióticos de dichos gremios, no tiene por el momento los votos necesarios, aunque abunda en ideas claras, buenos proyectos y colaboradores laboriosos y honestos.

La Reforma Procesal Laboral, una iniciativa colectiva de laboriosa gestación que empeñó el esfuerzo de juristas y sindicalistas, y que tuvo el patrocinio de la OIT, fue promulgada en los estertores de la Administración Chinchilla Miranda, mereció el veto de la Presidenta saliente y la sanción del entrante. Fue el único intento logrado en tantos decenios de corregir al fin muchos de los achaques congénitos de nuestro viejo Código del Trabajo de 1943, sobre todo en materia de derecho colectivo y derecho procesal laboral. Mauricio Castro dedica al tema una síntesis conclusiva que vale la pena reproducir en lo conducente:

“…El derecho laboral colectivo se desarrolló en Costa Rica a partir del unilateralismo (ley y mecanismos impositivos) y en las 3 etapas de reconocimiento de la ciudadanía social, el ejercicio de la libertad sindical tuvo enormes limitaciones jurídicas, políticas y culturales que han impedido su consolidación. La incorporación laboral en los 40 partió de la desconfianza hacia los sindicatos, por lo que el Código de Trabajo incluyó potentes mecanismos de disciplinamiento sindical, que mostraron toda su potencia en las etapas de reacción conservadora. Aún con esas limitaciones, cuando se legitimó políticamente a los sindicatos y se reconoció el conflicto capital-trabajo, se produjo una explosión de afiliación, negociación, medios de solución de conflictos y huelgas…”. (pág. 193)

Obra consultada: Mauricio Castro: Ob. cit., pág 193. BID/CLAD: Análisis comparado de las relaciones laborales en la Administración Pública Latinoamericana. Argentina, Costa Rica, México y Perú; Bid, Washington, 2012. Felipe Martínez Kaechele: Libertad sindical en los funcionarios públicos; Universidad de Chile, Santiago, 2017. Adolfo Braga: Las relaciones sindicales en el empleo público; Universidad de Teramo, 2020. Lorenzo Bordogna: Problemas de las relaciones sindicales en el sector público. La experiencia italiana en perspectiva comparada; en Stato e Mercato Número 36, Milán, dic. 1992.

7) La última agresión neoliberal

En las últimas huelgas: la de 2017 de los funcionarios del Poder Judicial, y la del 2018, en la que participaron sobre todo los sindicatos de educadores, con apoyo parcial e intermitente de otras fuerzas, contra la promulgación de la llamada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (iniciativa del gobierno anterior con un nombre sugestivo, reasumida por el nuevo Gobierno sorpresivamente ultrarreaccionario, que aprovechó los daños de la desidia fiscal de las administraciones anteriores para decretar la emergencia fiscal y predicar su santa cruzada contra los empleados públicos, tratando así de minar los últimos bastiones de la resistencia popular y del Estado Social de Derecho). En los avatares de esa lucha tuvimos la ocasión de experimentar la unanimidad de los tres Poderes en concierto con la UCAEP, los mass media a su servicio y una opinión pública reaccionaria y hostil; en suma, una representación local del Capitalismo transnacional clara y resuelta, en un despliegue de fuerzas para imponer su modelo autoritario.

La Huelga contra la Ley de Fortalecimiento Fiscal fracasó: la Ley entró en vigencia con algunas limitaciones y fue diligentemente aplicada; pero además de eso la Asamblea, el Ejecutivo y la Sala Cuarta reaccionaron al unísono para tratar mediante nuevas leyes y decretos, de desvirtuar la parte más significativa de la reciente Reforma Procesal Laboral y despojar a los institutos de la Huelga y la Convención Colectiva de todo su poder, atropellando la Constitución y los Convenios Internacionales.

Mauricio Castro comenta ampliamente el episodio:

Las reformas y las huelgas del Poder Judicial (2017) y por justicia tributaria (2018) produjeron la tercera reacción conservadora (2018 …), que busca la imposición unilateral de las condiciones de trabajo. Se produce en un contexto de polarización y conflictos sin espacios de negociación. A la deslegitimación sindical y la calificación del conflicto como una patología, se suman reformas unilateralistas. Se legalizó la disminución unilateral de jornadas con disminución salarial (ley 9832); se creó un mecanismo “express” para suspender contratos (42248-MTSS); se apoya imponer una jornada ordinaria de 12 horas diarias 4 días de la semana. La emergencia sanitaria y la crisis fiscal han colocado la unilateralización en el sector público disfrazada de exigencia económica. Se limitó la huelga en el sector público en contra de la doctrina de OIT (ley 9808) que además buscaba facilitar la disolución sindical, aunque este aspecto debió abandonarse (SCV 20596-19). En general la Sala Constitucional abandonó la doctrina de la OIT. La Ley de Fortalecimiento Fiscal (9635) intentó limitar los convenios en su contenido esencial (salarios) y planteó su denuncia obligatoria…”. (Ob. cit. pág. 191)

Es público y notorio que en abril de 2019 el Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley Marco de Empleo Público, que se tramita bajo el Número 21.336. El mayor interés que suscita para los efectos de este ensayo es que expresa claramente las intenciones del Gobierno que venían ocultas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas: controlar todas las instancias del Estado y los entes públicos menores desde una especie de super-ministerio del Poder Ejecutivo: el Ministerio de Planificación, de manera de mediatizar la independencia de los Poderes y de las autonomías establecidas en la Constitución. El Diablo vendiendo escapularios: gobiernos neoliberales blindándose de super-poderes para de ese modo perpetrar cómodamente y sin resistencias su macabro desmantelamiento: sin el control de la Justicia, sin la crítica de la Academia y sin la protesta del Pueblo.

Conclusiones

Si leyéramos Historia Patria, confirmaríamos sobradamente el dato de que dos centenares de sindicatos de empresa que nacieron alrededor de los años cuarentas del Siglo XX, junto con otras mil iniciativas informales en el mismo sentido, en el contexto de un vigoroso pero incipiente movimiento social, todas al amparo y bajo la ilusión de Garantías Constitucionales, de un flamante Código de Trabajo y de la movilización popular, fueron negados, ilegalizados y desmantelados ilegítimamente en la década siguiente, aprovechando el triunfo de una rebelión armada y las políticas anticomunistas de la Guerra Fría; y también nos enteraríamos de que esas políticas represivas incluyeron el fomento de una prolongada, mortífera e impune persecución de aquellos sindicalistas, con cínica inobservancia de la flamante Constitución de 1949 y del Código de Trabajo: una persecución de trabajadores propiciada por el Ministerio de Trabajo, predicada por cientos de curas católicos y tolerada por los jueces del Ramo; la cual facilitó la conducta patronal del despido inexorable y sistemático de los trabajadores que intentaran formar un nuevo sindicato en las empresas, y a su inclusión en una lista negra que les dificultaría volver a tener un trabajo asalariado.

Recalcamos, por si quedan dudas, que esa práctica represiva, ilegal e inconstitucional, condujo al resultado de que, salvo en las zonas bananeras, desde hace más de medio siglo, prácticamente desapareciera el sindicato en la empresa privada en la Meseta Central y en muchas otras partes del Territorio (engañosamente sustituido en muchos casos por la asociación solidarista).

Así las cosas, la prolongada ausencia de una fuerza sindical en el sector privado, que reclamara eficazmente el mejoramiento de la situación laboral del dependiente, del obrero, del campesino, disponiendo incluso del arma de la huelga; así como la ausencia prolongada de convenciones colectivas económico-sociales que garantizaran una distribución más equitativa de las ganancias de las empresas y el gradual mejoramiento de los asalariados, llevaron a la configuración capilar pero incesante de aquel déficit en sus derechos y sus garantías laborales que ha sido, al fin y al cabo, la causa principal del deterioro de su tenor de vida; y los ha puesto en la necesidad de acudir a dos o más empleos; de aceptar trabajos informales por debajo del salario mínimo, sin seguridad social y con largas jornadas laborales; aislados y vulnerables, con los deletéreas efectos que todo ello les ocasiona en el orden moral, familiar, económico, de salud, etc. Todo esto es así, aunque en ciertos momentos los datos numéricos puedan hacer pensar que las cosas en el sector sindical privado son equiparables a las del sector público.

Es oportuno insistir en que en el empleo público los sindicatos han podido en general resistir las arremetidas de los gobiernos, por la feliz circunstancia ya conocida de que el empleado no puede ser despedido a voluntad (como sí le ocurre sistemáticamente al trabajador privado) sino que se requiere demostrar su supuesta falta mediante un proceso administrativo cuya decisión final puede ser impugnada en vía judicial. Lo cual, en la práctica, se ha traducido en una estabilidad como situación normal, que a los empleados públicos les ha permitido consolidar una experiencia sindical de varios decenios: ir a la huelga y firmar convenciones colectivas para mejorar sus salarios, su seguridad laboral, su régimen de pensiones, etc.

Afortunadamente tuvo que ocurrir que llegara el día en que la situación laboral en el sector privado fue conocida, analizada y divulgada por organismos científicos y agencias financieras internacionales (CEPAL, INEC, OCDE, PNUD, BM), cuyos hallazgos han permitido revelar otros aspectos de su desventajosa situación; como que, por ejemplo, a diferencia del otro sector, el temor, la apatía, la desmovilización y la indefensión de los trabajadores privados hayan conducido a que entre 1984 y 2009 el salario mínimo medio en términos reales sólo creciera a una tasa media anual de 0,7%; y que, por ende, la desigualdad salarial (con respecto del empleado público) se haya ido ensanchando significativamente año tras año.

Posiblemente algunos lectores recuerden que a principios de junio de 2018, los medios de comunicación divulgaron un estudio del Banco Mundial sobre pobreza y desigualdad en el Mundo. Entre esos medios, por ejemplo, EL PERIÓDICO CR del 2 de dicho mes, el cual nos brindó la siguiente información que reproduzco en lo que atañe a Costa Rica:

“…Aarón Chinchilla EP. Un estudio de análisis del Banco Mundial determinó que Costa Rica es el noveno país del mundo con mayor desigualdad económica. Para elaborar la investigación, se determinó evaluar el Producto Interno Bruto (PIB) de cada país, la capacidad de compra de las personas respecto a sus ganancias (paridad del poder adquisitivo por habitante) y el Coeficiente Gini, que mide la desigualdad en el mundo. El estudio determinó que ocho países de América Latina y el caribe además de dos africanos son los más desiguales del Mundo…” (las negritas son mías)

“…Caso Costa Rica: Jornadas Largas acompañan alta ineficiencia y bajos salarios. Indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han determinado que Costa Rica es un país en donde se trabaja mucho (2.212 horas por año), pero posee baja productividad, además de que los ingresos generales no permiten que las personas superen la línea de la pobreza.

“…El análisis “Working, But Still in Poverty” de la OCDE ha detallado que la cantidad de hogares, en Costa Rica, con personas jefas de hogar en edad laboral, tienen un ingreso por debajo de la línea de pobreza…”

“…Para el caso costarricense, el experto (economista chileno Jorge Rodríguez Grossi) aseguró que, es importante denotar que estos valores, cercanos al 0.5 (arrojados por el Coeficiente de Gini), han venido incrementándose desde la década de 1980, en donde rondaba valores cercanos al 0.31-0.32; lo cual denota que las políticas económicas después de 1980 (el Neoliberalismo galopante a partir de Luis Alberto Monge), han ido en decrecimiento de la distribución del ingreso y la falencia de un sistema tributario progresivo y acorde a las necesidades del siglo XXI…” (los paréntesis y las negritas son mías).

El economista y estadígrafo italiano Profesor Corrado GINI (1864-1946) inventó en 1912 el ‘coeficiente’ que lleva su nombre, que es una herramienta analítica para medir la desigualdad salarial de las personas en un lugar y un tiempo dados. Y es gracias a dicho señor que podemos conocer el coeficiente que corresponde a Costa Rica al día de hoy; enterarnos de que ese concreto guarismo significa una grave desigualdad; de que una consecuencia de ello es que la ‘Suiza Centroamericana’ es el noveno país más desigual del Mundo; y que en la lista del PNUD que ordena los países según su desarrollo humano, ocupa el sexagésimo-sexto (66) lugar, de un total de 168.

Esa desigualdad se expresa también, en lenguaje económico, en los términos de una ‘brecha’ en la distribución del PIB entre aquéllos a los que mayores ingresos se asigna, y los que menos reciben. Y en el caso de Costa Rica tenemos que en el 2016, el ingreso promedio por persona (contando a los menores) del grupo que constituye el 20% más rico, fue de 1.079.788 colones, es decir, 19 veces mayor que el del 20% más pobre, que fue de 56.713 colones (contando, también, a los menores).

No se trata de pensar que los ticos inventamos la desigualdad social: Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, ha reafirmado recientemente la idea de que:

‘La desigualdad es una característica histórica y estructural de las sociedades latinoamericanas y caribeñas que se ha mantenido y reproducido incluso en períodos de crecimiento y prosperidad económica. Aunque hubo avances importantes en los últimos 15 años, América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo, por sobre el África Subsahariana (la segunda región más desigual), y presenta un índice de Gini promedio casi un tercio superior al de Europa y Asia Central’ (CEPAL: PANORAMA SOCIAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE; Informe2019).

A mayor abundamiento, algunos datos extraídos del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica (Nuestro enojo ciudadano por la falta de dinero; UCR Noticias, 13 de octubre de 2021) nos indican que

1.- el nivel de pobreza, que en 2017 alcanzara al 20.5% de la población, al finalizar el 2021 alcanza cerca del 30%. Lo que significa que, si en 2017 teníamos un millón cien mil pobres en el País; y noventa y nueve mil treinta y cuatro hogares costarricenses en extrema pobreza, al terminar el 2021 tenemos un millón ochocientos cincuenta mil POBRES, es decir, el 30% de la población; y un coeficiente de Gini de 5.19

“…En Costa Rica la desigualdad crece. Ésta es la diferencia en el monto de ingresos que reciben las personas y que provoca que un segmento de la población reciba una fracción relativamente pequeña del ingreso, en relación con otro segmento que concentra una proporción mucho más grande.

La desigualdad medida por el coeficiente de Gini en Costa Rica para el 2020 se ubica en 0,519 y su evolución refleja que ha ocurrido un crecimiento de la desigualdad durante las últimas décadas…” (Ob. y lug. cit.).

En vista de lo anterior, concluye el informe CEPAL/MINEX/MIDEPLAN: El enfoque de brechas estructurales. Análisis del caso de Costa Rica, en 2016:

“…El estancamiento de la pobreza y el aumento de la desigualdad económica están provocando la fragmentación de la sociedad costarricense, una de cuyas manifestaciones es la pérdida de la educación como agente de movilización social. Dentro del marco de este análisis, se establecen dos dimensiones relevantes de la brecha de pobreza y desigualdad: la pobreza extrema y la desigualdad de ingresos…” (pág. 92)

Según dicho estudio, Costa Rica (en sólo 3 años) pasó de tener 85 personas que concentraban un capital de más de 30 millones de dólares (2012), a 100 personas (2015) que, en conjunto, acumularon una riqueza que representaba la tercera parte del PIB; y las nefastas consecuencias de ello se reflejan en términos de inseguridad ciudadana, penetración del narco, regreso del analfabetismo, mortalidad infantil, etc.

Entonces pienso yo sea de extrema conveniencia que los trabajadores del sector privado, desde los empleados de comercio y los obreros industriales hasta los jornaleros de las fincas, se hagan la siguiente pregunta: ¿esos catastróficos resultados hubieran sido los mismos si durante el último medio siglo hubiese existido un enjambre de sindicatos de la empresa privada, organizados en sus confederaciones, celebrando periódicamente sus convenciones colectivas y con plena disponibilidad del derecho de huelga?

Mas me parece evidente que uno de los efectos de aquella ilegítima pero impune represión contra toda actividad sindical en el sector privado de la zona central y más desarrollada de Costa Rica, de la que hablábamos antes, que se prolongó por un buen medio siglo, se está manifestando ahora, en forma casi diríamos especular, convertida en forma de brecha económica y de Coeficiente de Gini: porque aquello que fue un verdadero asalto a los derechos de los pobres ¿el asalto del siglo?) fue perpetrado silenciosamente en Costa Rica, y mantenido en la sombra por muchos años, pero estalló con estruendo en el Coeficiente de Gini y en la actual Brecha Económica: una parte muy considerable de lo que se sustrajo de los bolsillos de los asalariados del sector privado que forman el quintil más pobre, aparece del otro lado de la brecha, formando parte de las ganancias del quintil más rico. En otras palabras: hurtada que fuera la riqueza que debió traducirse en bienestar de los trabajadores privados, viene a reaparecer, en cambio, acumulada al otro lado de la brecha, formando parte del ingreso de los ricos (!!).

Como los indicios de un oculto crimen, aquellos dos indicadores vienen a revelar acusadoramente la violación de los derechos sindicales de los trabajadores del sector empresarial, el aplastamiento de toda tentativa de sindicalización, la ausencia de convenciones colectivas que hubieran puesto un poco de equidad y de humanidad en la distribución de las ganancias de las empresas. Porque ¿qué es la brecha económica sino la confesión de una iniquidad perpetrada por el quintil más rico en daño del quintil más pobre de la población?

Los empleados públicos, por el contrario, aprovechando sus garantías constitucionales para sindicalizarse, tuvieron el coraje de pelear para celebrar convenciones y hacer huelgas para ampliar la esfera de sus derechos, e incluso para enfrentarse a políticas públicas contrarias al bien común.

Para su eterna vergüenza, los políticos y los funcionarios públicos costarricenses, en vez de castigar la persecución sindical y abstenerse de interferir en el ejercicio de los derechos sindicales de los trabajadores privados que garantiza la Constitución, a fin de que dichos trabajadores accedieran a una razonable y sostenida expansión de sus derechos mediante sus instrumentos legales de lucha: la convención colectiva y (como ultima ratio) la huelga, los dejaron caer hasta el fondo; y ahora cínicamente pretenden más bien destruir los sindicatos públicos y privar a los empleados públicos de aquellas armas legítimas, para reducirlos a la impotencia: a la misma impotencia en que han mantenido a los trabajadores del sector privado durante tres generaciones.

Hay que repetirlo fuerte y claro: los decenios del sacrificio forzado de los derechos sindicales de los trabajadores del sector privado de Costa Rica, que en su tiempo se tradujeron en desamparo e indefensión, y en la miseria y la desdicha de innumerables familias humildes, terminaron al cabo siendo concausa, retardada pero acumulativa, de la infame brecha económica que pone un abismo entre los ricos y los pobres. Pero pensar en aquellos decenios de sacrificio debe también mover la conciencia de los trabajadores costarricenses: enseñarles a identificar a sus verdaderos amigos, …y a los otros.

Estoy convencido, además, de que el vacío político producido por la ausencia de una populosa clase trabajadora organizada y beligerante, que hubiera sido un fuerte interlocutor en la palestra política, poniendo en la balanza del poder el peso de sus legítimos intereses para sacar lo mejor de cada partido y de cada gobierno; repito: la ausencia de esa clase trabajadora unida y consciente que Costa Rica bien se merecía por sus tradiciones de civismo, hizo posible el deslizamiento y la degradación de un socialcristianismo y una socialdemocracia ideológicamente anémicas y sin contrapesos, hacia aquel neoliberalismo oportunista y chapucero que ha sido la tónica de quienes nos han venido gobernando:

a) con las consecuencias político-jurídicas disolventes que hoy se reflejan por doquier: se reflejan en el control politiquero consumado sobre las cúpulas judiciales y otros órganos de garantía; se reflejan en los contubernios entre los Poderes para asegurarse la impunidad de los excesos y de los compadrazgos en las altas esferas de la política y la economía que nos condujeron al Cementazo; en el desmantelamiento del MOPT y la concesión de las obras a un oligopolio que nos condujo a Cochinilla y al Diamante; en el abandono de toda política asistencial constructiva, junto a la carta blanca de los empresarios en la aplicación de la infame “flexibilización de las relaciones laborales”; en el ataque a los últimos bastiones institucionales del servicio público (la CCSS, el ICE). Todo lo cual se tradujo en la violación reiterada y flagrante de los derechos humanos económicos, sociales y culturales consagrados en beneficio de nuestro Pueblo por la Constitución y las Convenciones Internacionales.

b) con las nefastas secuelas económico-financieras que se transparentaron en el sempiterno e inducido desequlibrio fiscal, en el creciente desempleo, en la profunda y acusadora brecha entre ricos y pobres que se ha ensanchado bajo los pliegues del modelo del derrame.

c) con la artera política legislativa del Gobierno Alvarado, en connivencia con los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y los Pentecostales, tendientes a debilitar las instituciones de control jurisdiccional y a eliminar las universidades públicas, los sindicatos del sector público y, por esa vía, toda forma de crítica racional y de resistencia ciudadana.

¿Cómo podrán nuestra clase gobernante y el País entero reparar el inmenso daño económico, social, moral y político infligido a varias generaciones de trabajadores costarricenses a partir del 48, por haberlos privado ilícitamente de su derecho a formar sindicatos, y de los legítimos y esenciales servicios de dichos sindicatos que el Código de Trabajo, la Constitución y las Convenciones Internacionales habían creado en beneficio de aquellos trabajadores? Usando la fuerza, el terror, la injusta violencia, el abuso y la mentira ¡les pintaron como crímenes los que no eran sino sus legítimos derechos!

Está a la vista que Costa Rica no tiene ejército, pero tampoco le permitieron tener mayorías de trabajadores capaces de defenderse de la inanidad y la domesticación que les han decretado sus gobiernos. A fin de cuentas, como predijo el escritor y mártir argentino Rodolfo Walsh, muchas más vidas serían arrebatadas por la «miseria planificada» que por las balas.

¡Cómo retumba esta frase en el País de los muchos maestros y ningún soldado!

Elecciones en Honduras: “Amor, unión y paz”

Escrito en 02/12/2021. Publicado en Derechos.

Alfonso Pardo Martínez
Trino Barrantes Araya
San José, 29 de noviembre de 2021
Partido Vanguardia Popular-PCCR

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

El Partido Vanguardia Popular – Partido Comunista de Costa Rica, felicita al pueblo de Honduras, al Partido Libre y Refundación; a los partidos que se sumaron a esta alianza histórica y principalmente a la compañera XIOMARA CASTRO, presidenta electa de nuestra hermana República de Honduras.

Permítasenos hacer uso de un intertexto. Parafraseando a la obra de V. Lenin: “La catástrofe que nos amenaza y cómo combatirla”, bajo una simple consigna: “Pan, paz y tierra”, hicieron posible el triunfo de la Revolución Rusa.

Hoy, en Honduras, bajo una consigna, clara, sencilla, impulsada en el discurso de la actual presidenta Xiomara Castro: “Amor, unión y paz”, se hizo posible recuperar el camino de la democracia popular y derrotar el narcoestado que durante doce años usurpó el poder en Honduras.

Dijo Xiomara Castro: “a nosotros y NOSOTRAS, por encima de cualquier cosa, nos conduce el amor. E inmediatamente en su primer discurso, cuando el Consejo Nacional Electoral-CNE, anunció el primer corte oficial, en atención a los votos emitidos, hasta ese momento en los dieciocho departamentos de Honduras, manifestó, este es un gobierno de “unión y paz”, aquí, en el momento actual, esta consigna no es cosmética. Para los nuevos actores de Honduras, definitivamente la palabra Paz, significará la reunificación de la familia hondureña y la recuperación de todos sus Derechos Humanos Fundamentales. Para la campaña del Partido Libre y sus aliados, el concepto de Amor, como el concepto de Unión, utilizado en su primera alocución por la presidenta Xiomara, serán los ejes esenciales del nuevo gobierno.

Por eso apreciados camaradas, desde el Partido Vanguardia Popular y desde el corazón de miles y miles de costarricenses, gritamos a pulmón lleno: “Felicidades camaradas. Si a la par de esa consigna se acuñó en el corazón del pueblo, otro bello eslogan que se hizo realidad: “SE VAN”, nuestro partido sumaría siguiendo el coro latinoamericano: “SI SE PUDO”. Es un triunfo y una victoria incuestionable.

Un triunfo político no es un acto individual, casual ni azaroso. Detrás de este logro, está ese grandioso pueblo de Honduras que, en silencio, pero sin perder la perspectiva de organizarse, resistió por 12 largos años, hasta vencer. Damos nuestras más sinceras felicitaciones a esa sabia dirección del Partido Libre, a los mártires, a cada una y cada uno de ustedes, que supieron enfrentar y vencer todas las adversidades del narcoestado y su política fascista, para imponerse, contundentemente, en un triunfo democrático e incuestionable.

La afirmación de la conciencia nacional, el papel silencioso de miles de amas de casa, la labor tenaz de campesinos(as), obreros(as), el trabajo decidido de intelectuales orgánicos y el persistente trabajo, sin desmayar de una valiente juventud, hoy reditúan para nuestra América este valioso triunfo.

La muerte de cientos de hermanos(as) hondureñas(os), la cárcel, la tortura, las desapariciones forzadas, el irrespeto a los pueblos ancestrales, no fueron óbices para que hoy Centroamérica, en la Patria de Antu Silan Ulap, Lempira y Francisco Morazán, hagan entrega de esta estafeta a la Primera mujer hondureña que se enviste con tan importante cargo histórico de ser la Presidenta de Honduras.

En el sacrificio de cada uno y cada una de ustedes, se debe este invaluable triunfo. Desde un micrófono valiente denunciando la corrupción. En las aulas de un instituto, forjando nuevos liderazgos, en las tierras campesinas luchando contra las actividades extractivistas y en las universidades, las y los jóvenes construyendo nuevas narrativas.

América Latina, el Caribe y Centroamérica tienen hoy en el recuerdo de Bolívar, Morazán y Martí esa frecuencia histórica en este triunfo de Xiomara Castro que será irreversible. La derecha hondureña, acostumbrada a generar espacios de miedo, represión, temor y violencia, no pudo frente al discurso de: “AMOR, UNIÓN Y PAZ”; lo reiteramos, consigna que sirvió para afirmar este triunfo histórico, impulsado por la mandataria actualmente electa, el pueblo hondureño y el Partido Libre.

Se rompió así con la maquinaria del fraude, la manipulación asquerosa y soez de la prensa mediática, se culmina, por decirlo de la forma más sintética posible, con el narcoestado y el régimen de terror. Por supuesto que al actual gobierno electo le quedan grandes retos, pero con la voluntad del pueblo hondureño a su lado, apreciada Xiomara Castro, nada le será imposible.

Reciba nuestros fraternales saludos y reconozca usted, que en nuestros modestos recursos, tiene un partido hermano para acompañar en esta gran tarea morazanista.

De aniversarios, centenarios, bicentenario y otros equívocos

Escrito en 27/09/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (7)
Tercera época

Rogelio Cedeño Castro. Sociólogo y escritor costarricense

La proximidad de cierto bicentenario muy importante, al menos en términos históricos e historiográficos, tanto como la obsesión de nosotros los seres humanos por la medición del tiempo (el de la vida cotidiana, y el de la duración histórica muy unido a una visión secularizada de antiguas tradiciones judeocristianas) y la observancia periódica de las cronologías con fines o significados muy diversos, pero también en cuanto a la casi inevitable manipulación, un tanto inocente o desprevenida a veces, de las conciencias de la gente revistiendo de una cierta solemnidad una fecha y una conmemoración, aunque en el fondo muchos ni piensen ni sientan nada importante al respecto. De esos equívocos está llena nuestra cotidianidad, la que ha devenido en el desconocimiento de ¿Cómo es que ciertas élites del poder han venido desmantelando nuestro estado nacional?, y se preparan para devorar lo poco que queda del estado social de derecho.

Todo lo anterior sucede porque los ensueños, las evocaciones del pasado lejano vienen a nosotros, de innumerables maneras, y a partir del encadenamiento de los hechos más casuales e inconexos que forman parte del diario transcurrir, sobre todo para el caso de aquellos que ya hemos vivido una buena cantidad de años, tantos que a veces nos parece algo increíble que semejante cosa haya sucedido (¿sucedió en efecto esto, aquello y lo otro?, son preguntas que nos hacemos con cierta frecuencia). La selectiva memoria, algo traicionera a veces, como decía el escritor y político venezolano del siglo anterior Domingo Alberto Rangel, en sus memorias que tituló de una manera ácrata o anarquista ALZADO CONTRA TODO, publicadas poco antes de su deceso, ocurrido casi una década atrás. La obra de Rangel, que transcurre desde su infancia que mira como lejana y llena de matices, en los primeros años del nuevo siglo, evocando su vida en los Andes Venezolanos, más concretamente en Mérida y haciendo referencia a los largos viajes que su padre emprendía, en gran parte debido al comercio y a la venta de productos agrícolas y ganaderos, dentro de una vasta región del piedemonte y los llanos que lo sucedían. Después hará un excurso y un discurso prolongados acerca de una larga vida dedicada la militancia política partidaria, de la que terminó abjurando durante las dos décadas que antecedieron a su fallecimiento.

El recuerdo colectivo (a veces no estoy tan seguro de que lo sea) del pequeño país centroamericano que éramos, durante los primeros años de la segunda mitad del siglo anterior, dentro de los que transcurrió la mayor parte de mi vida, me hace evocar circunstancias, gentes, hechos diversos e incluso objetos materiales de la vida urbana y rural que me resultan inverosímiles. Trato de evitar los lugares comunes, a los que acude la mayor parte de la gente para terminar no diciendo nada que tenga, de verdad relevancia, procuro no idealizar situaciones del pasado que me puedan conducir a la trampa aquella de que vivíamos entonces en una arcadia feliz, o la aún más engañosa de que todo tiempo pasado fue siempre mejor, tan llena de equívocos y tan expuesta a las trampas selectivas que suele jugarnos nuestra traicionera memoria. Tendemos, casi por instinto, a evitar los malos recuerdos y a idealizar las condiciones de nuestra infancia y juventud, dejando de lado las limitaciones o las privaciones a que nos vimos expuestos, muchas veces a pesar nuestro. Ese es el riesgo de toda empresa tendiente a escribir o sistematizar acerca de los avatares del pasado, sobre todo de los que conforman nuestra subjetividad, la que está conformada por una gran cantidad de ingredientes que no son precisamente nuestros, sino que nos han sido impuestos por el medio social.

El horizonte o panorámica sociopolítica del ayer, tanto como del presente que se diluye en la inmediatez, siempre estuvo presidido por las posturas reaccionarias y conservadoras de los poderes fácticos, quienes terminaron imponiéndolas tanto en el plano de la moral como en el de las visiones religiosas (en el peor sentido del término) más diversas e interesadas, en procura de legitimar sus equívocas acciones, revistiéndolas de una cierta dosis de santurronería, no por ello menos caracterizadas por el cinismo más atroz e hipócrita.

En estos doscientos años de nuestra separación del dominio imperial español, los neoliberales de pacotilla no logran convencerme de que la farsa que han implantado ha permitido construir un mejor país que el que forjaron los socialdemócratas, con su estado social de derecho de la primera parte de la segunda mitad del siglo anterior: José Figueres Ferrer y Daniel Oduber Quirós eran estadistas y hombres cultos muy superiores a estos comediantes de baja estofa que dicen ser “nuestros gobernantes” del bicentenario. Les juro que el Partido Liberación Nacional con sus cuadros estudiosos y sus valiosos aportes existió cuando en este país habían partidos políticos de verdad, la izquierda verdadera (por así llamarla) del Vanguardia Popular y otros partidos con sus luchas, sus cuadros también valiosos, quienes lucharon al lado de los obreros y campesinos también, a diferencia del decadente coro de “progres” del presente, esos que dicen ser (o son, de hecho) la pata izquierda del régimen. ¿Lo habré soñado o mi tía Virginia Matamoros Córdoba – una mujer extraordinaria de aquellos tiempos, fallecida en el estado de Nueva York en 2009- fue de verdad una socialdemócrata convicta y confesa en los años cincuenta, después de haberse unido a las fuerzas de José Figueres en 1948, aún y cuando décadas después de haberse ido a los EEUU terminará pensando como el Tea Party republicano de aquel país continente, ya muy alejada de sus orígenes? ¿O mi madre Rosa Cedeño Castro (1926-2008), existió de verdad como una militante del Vanguardia Popular de aquellos tiempos, como una mujer que defendió siempre la causa de los trabajadores?, todo en esto en contraste con una izquierda light y posmoderna que le ha hecho el juego a uno de los gobiernos más reaccionarios y represivos de nuestra historia reciente, dentro de lo que no pasa de ser un triste bicentenario.

Una semblanza de don Pepe

Escrito en 03/01/2021. Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

Vladimir de la Cruz

(Nota introductoria, a modo de Prólogo, de los tres tomos de las Obras Completas de José Figueres Ferrer, don Pepe, cuya publicación inició la Editorial del ITCR en diciembre del 2020)

José Figueres Ferrer, don Pepe, como popular y cariñosamente, siempre se le ha llamado, aún siendo Presidente de la República, es la figura política más influyente e importante en la historia costarricense del Siglo XX.

Su presencia en el desarrollo histórico nacional marca de una manera indeleble cincuenta años, desde que irrumpe en la arena del activismo político a principios de la década de 1940 hasta su muerte, en 1990. Es reconocido, hasta nuestros días, por las obras que impulsó durante sus gobiernos. A lo largo de su vida también recogió y expresó los elementos y características de la época, y así como rasgos de la idiosincrasia campesina, como símbolo del ser costarricense.

De los políticos costarricenses José Figueres Ferrer es el más universal, el más conocido en el interior y el exterior del país. Su huella se ha hecho sentir en Centroamérica, el Caribe, América Latina, en los Estados Unidos y en Europa. Fue un hombre que supo interpretar correctamente, con gran sentido pragmático, pero de modo dialéctico, su entorno. Al mismo tiempo, supo conjugar los elementos y condiciones que le rodearon, para adaptar y transformar esa realidad, a las necesidades de las fuerzas sociales de las cuales él se fue convirtiendo en la mejor y más genuina representación y aspiración.

Le tocó vivir intensamente el Siglo XX, un siglo agitado y conmovido, de grandes procesos históricos, de grandes reformas sociales y políticas, de procesos y confrontaciones militares mundiales, que de muchas maneras impactaron la realidad nacional, así como su visión del mundo. En el plano nacional le tocó vivir tres épocas, dos de ellas inevitables, formadoras e inspiradoras, y la tercera, que él impulsa y ayuda a construir, la que modela y forma radicalmente la Costa Rica a partir de 1950 hasta la actualidad.

La primera marcada profundamente por el liberalismo progresista y anticlerical de finales del siglo XIX que se proyecta hasta 1939, caracterizada por la consolidación del Estado Liberal, que es el período que lo ve nacer y en el cual se desarrolla, en la escuela y el colegio, y cuando parte a formarse a los Estados Unidos para sus estudios superiores.

La segunda, ya estando de nuevo en Costa Rica, la de tránsito de ese liberalismo hacia una sociedad preocupada por la cuestión social y más solidaria, donde se sientan las bases y orígenes del Estado Social de Derecho, que resulta de los movimientos políticos que surgen, entre 1919 y 1935, que cuestionan el liberalismo clásico y el Estado Liberal, y proponen reformas sociales, como fueron los partidos Socialista de Costa Rica (1920), el Reformista (1923-1934), la Alianza de Obreros, Campesinos e Intelectuales (1930) y el Partido Comunista, a partir (1931) con su expresión electoral, Bloque de Obreros y Campesinos a partir de 1934, y el Partido Socialista Costarricense (1935), este último impulsado por Vicente Sáenz con quien tendrá una relación importante en la década de 1940, que seguramente le ayuda a darle mejor forma a su inquietudes y pensamiento político.

La tercera, el proyecto político de José Figueres, inicio con su Gobierno de Facto, La Junta Fundadora de la Segunda República, durante 1948-1949, luego de haber triunfado en la Revolución de 1948. Las bases que sentó transformaron a Costa Rica. La aseguró, consolidó y desarrolló institucionalmente con lo cual hizo válido este Estado de Derecho y de Estado Social de Derecho, al crear las condiciones para avanzar hacia la Costa Rica modernizante, de carácter más industrial, e incorporada de una manera más dinámica a las nuevas relaciones económicas y mercados internacionales, y en cierta manera metiéndonos, como nación y como país, en la dinámica modernista del Siglo XX.

Sus primeros años, de infancia y juventud, en la ciudad y región de San Ramón de Alajuela, en el extremo occidental del Valle Central, apacible, rural, pero de gran contenido cultural e intelectual, le sensibilizan. San Ramón había sido el reducto, a finales del siglo XIX, de los perseguidos políticos y liberales, intelectuales de gran valía, como Julián Volio, que por extrañamiento eran confinados a ese lugar.

Nació allí el 25 de setiembre de 1906. Le llamaron José María, de ojos azules intensos.

La formación intelectual y la cultura de sus padres, su padre médico y su madre educadora, le influirá notablemente, con un hogar económicamente estable, sin indulgencia para la escuela, la ropa, o la mesa. Físicamente se desarrolló bien, pero bajo de estatura, lo que también sirvió para que sus opositores y detractores le llamaran “el enano”, situación física que no le hacía mella porque sus estatura moral y política estaba en sus ideas, su pensamiento, su capacidad de gran conductor político que fue.

En la década de 1910 su padre, por razones laborales se traslada a vivir cerca de la capital, donde se establece por breve tiempo en Escazú y luego en Santa Ana, dos poblados al sur oeste de la capital, de tradición campesina. Su familia permanecía en San Ramón donde el niño José Figueres termina sus estudios primarios, nutriéndose de una educación que formaba valores para la acción ciudadana, la vida cívica y popular y la democracia. Desde pequeño José Figueres destacó por su inteligencia, su capacidad reflexiva, su disciplina para la lectura y el estudio. Le llamaron la atención las ciencias exactas, la matemática, la física y especialmente la electrónica y la telegrafía inalámbrica.

Era parco en el hablar familiar, muchas veces monosilábico. Igualmente, tenía una gran disciplina y control de sí mismo. Solía levantarse muy temprano, tomar un desayuno ligero y aprovechar el tiempo libre en la lectura. Llevaba una aureola de sinceridad, confianza y benevolencia, de sentido paternal y tradicional. En su juicio llegó a ser preciso y directo, con gran capacidad de criticar finamente y colocar a sus adversarios en posiciones difíciles, y desestabilizados ante sus cuestionamientos o manera de expresarse.

Como joven fue muy inquieto y ávido de conocimientos. Por su tradición aprendió el idioma catalán, por su vida el español, pero, por su propia iniciativa se empeñó en aprender el inglés, que lo llega a perfeccionar como una lengua materna.

También le llamó la atención y sentía vocación por el estudio de la ingeniería eléctrica, lo que le lleva a contactarse e inscribirse, por correspondencia, en los estudios de la Escuela Internacional de Scranton, de Pensilvania. Estados Unidos, donde fijó metas de llegada.

Con su profesor Fidel Tristán practicó la radiofonía que lo puso momentáneamente en contacto con otros estudiantes del Liceo de Costa Rica, entre ellos Manuel Mora Valverde, también inquieto en esta materia.

En 1922 termina sus estudios secundarios. En esa época hizo nuevos amigos. Junto a Francisco José Orlich Bolmarcich, camarada de infancia en San Ramón, sus más cercanos son Alberto Martén y Juan de Dios Trejos, También compañero de estudio es Francisco Calderón Guardia. En 1923 decidió viajar a los Estados Unidos, a Boston, a estudiar ingeniería en el Instituto Técnico de Massachusetts. Ingresó a la Universidad pero desistió. Siempre consideró la Biblioteca Pública de Boston como su Alma Mater.

En 1929 Figueres adquirió una finca en el Distrito San Cristóbal, Cantón de Desamparados, a la cual denominó «Lucha sin fin», que expresaba su filosofía de la vida, una lucha constante, de cultivo y formación de sí mismo, de retos, de triunfos y derrotas, de caídas y superaciones.

Allí se formó el Figueres empresario, agricultor, industrial, soñador, innovador, el práctico, el hombre de trabajo y estudio, el jefe exigente, el visionario, y el embrionario político, que llevaba dentro. En su finca se dedicó a producir cabuya, elaborar sacos y cordeles de cabuya, y asimila la vida campesina compartiendo el trabajo, mano a mano, con sus operarios, peones, jornaleros y trabajadores, sin marcar una división odiosa obrero patronal. Figueres no se forma como muchos otros líderes latinoamericanos en las universidades ni el liderazgo estudiantil. Su formación fue en la Universidad de la vida cotidiana, al compartir con campesinos.

Hasta 1942 Figueres se dedica de un modo casi exclusivo a la agricultura y a algunos proyectos industriales. La finca le permitió continuar con sus lecturas de Kant, Nietzsche, la Biblia, El Quijote, la Enciclopedia Británica, Plutarco, Lincoln. También le gustaba leer biografías. Conoció más el pensamiento de Simón Bolívar y José Martí, por quienes sentía gran pasión.

La situación nacional no le era ajena. Le preocupaba. En 1940 se impulsó en la ciudad de San Ramón la fundación del Centro de Estudios para los Problemas Nacionales. Poco tiempo después inician una revista quincenal, Surco, publicado su primer número, no casualmente, el día de la Independencia patria. Dicha publicación fue clave para el desarrollo de las ideas políticas de los siguientes cinco años, de la nueva intelectualidad y clases medias en gestación, también fue instrumento de agitación y organización política de oposición. Igualmente, Figueres se interesó por la crisis y los efectos provocados por la Segunda Guerra Mundial, pues empezaban a hacerse sentir en el país, especialmente a partir de 1941.

El 2 de julio de 1942 el vapor San Pablo, de la United Fruit Company, fue hundido en Puerto Limón. Se dijo que la acción la había realizado un submarino alemán. Murieron 24 trabajadores y ningún oficial norteamericano de la tripulación, pues una hora antes del suceso habían recibido orden de retirarse del barco. La reacción nacional no se dejó esperar. El 4 de julio se llevó a cabo una gigantesca manifestación de protesta, que terminó en actos vandálicos, con gran cantidad de heridos, contra establecimientos de alemanes radicados en Costa Rica, a quienes se les sindicaba de quintacolumnistas.

Además, el gobierno además levantó listas negras de alemanes e italianos sospechosos de colaborar con el nazismo. Durante estos sucesos Figueres se encontraba en San José atendiendo asuntos financieros y bancarios. Los hechos lo irritaron e indignaron, así imbuido de un sentimiento, para él cívico, decide actuar para lo cual prepara un discurso por radio que dará el 8 de julio. En él responsabilizó al Gobierno por lo ocurrido, al no haber tomado las precauciones del caso, en relación con el orden público y la propiedad privada, así como por no haber hecho detenciones, y defendió al sector costarricense que había sido objeto de las agresiones.

Por órdenes de la Embajada de los Estados Unidos le impidieron finalizar su discurso. El Subsecretario de Seguridad Pública y Director General de Policía le obligaron torpemente a interrumpir y acabar su discurso escrito. Sin terminar de leerlo, lo concluyó diciendo: “Me mandan a callar con la policía. No podré decir lo que creo debe hacerse. Lo resumo en pocas palabras, lo que el Gobierno lo que debe hacer es irse”.

Figueres fue detenido por tres días de Figueres y este hecho fue denunciado por sus amigos indicando que sufría vejámenes y tratos crueles. Pasó a ser un preso político como no se había visto desde los tiempos de la dictadura de Federico Tinoco. La oposición tenía un mártir.

Figueres no era un activista político, pero la detención lo introduce directamente en la vida nacional.

El Gobierno tomó la decisión de expulsarlo y desterrarlo del país, colocándolo en condición de exiliado. El Secretario General del Partido Vanguardia Popular, Manuel Mora Valverde, interviene para que esa expulsión sea hacia México, donde tenía amistades. Incluso le da una carta para el líder político mexicano, y continental en esa época, Vicente Lombardo Toledano a quien puso en contacto con Figueres. La expulsión marca el momento en que Figueres decide dedicar su vida a la lucha política.

El 11 de julio a las seis de la mañana, en vuelo especial, el Gobierno destierra a José Figueres, acompañado de un oficial del Ejército Nacional. Entre la salida de la prisión y la llegada a El Salvador tomó la decisión de impulsar la revolución, como única salida a los problemas nacionales. Juró librar al país de las garras de la arbitrariedad y la corrupción, la deshonestidad administrativa, el oportunismo, el nepotismo, el favoritismo, los fraudes electorales y la presencia de extranjeros como jefes de la policía. Comenzó a estudiar estrategia, logística y aspectos militares y de armamentos con la intención de organizar una revolución en Costa Rica, incluso con militares de la República Española

México sirvió para que Figueres meditara y escribiera. Así, a finales de 1942, concluyó su libro Palabras Gastadas a finales del 42, que envió a su amigo Alberto Martén para su publicación, quien además lo prologa en enero de 1943. Escrito en el exilio lo dedica al Presidente «Ricardo Jiménez Oreamuno, que encarna el ideal platónico del rey filósofo». Las Palabras claves de su libro son Libertad, Democracia, Socialismo. Les asignó un rol importante a las ideas y a las palabras, ya que éstas traspasan muros y fronteras. También hizo referencia al socialismo democrático. De esta manera desarrolló así su empirismo ideológico, como lo llamaría Constantino Láscaris, y manifestó sus ideas e inteligencia clara y metódica. Había surgido el pensador político que siempre fue.

México le sirvió para pensar en la sociedad que quería y forjó al líder político que en él habitaba. Le vinculó con la Unión Democrática de Vicente Sáenz y el exilio centroamericano y caribeños, con Indalecio Prieto, líder exiliado del Partido Socialista Obrero Español, con Vicente Sáenz y estudiantes costarricenses en México. Le fortalece sus sentimientos antisomocistas el contacto con el Profesor Edelberto Torres Espinoza, el General Pasos, Juan José Meza, Enoc Aguado, el Dr. Pedro José Zepeda y el Dr. Rosendo Argüello, que le ayuda a adquirir armas.

El año de 1943 empieza a darle vuelta a la idea de la formulación de la Segunda República, preocupada del desarrollo demográfico, de la necesidad de calzar la población y de mejorar la educación y la salud.

También desde el exilio envía su opinión a la encuesta nacional que se publica en julio como Ideario Costarricense, en el cual plantea un plan para la regeneración de la Patria.

El año 1943 es clave, de viraje en la política nacional. En junio el Partido Comunista de Costa Rica cambia de nombre por Vanguardia Popular, y se consolida la alianza entre el Gobierno y los comunistas, apoyada por la Iglesia Católica, con motivo de la aprobación de las reformas sociales.

El 8 de mayo de 1944 inicia el gobierno de Teodoro Picado Michalski, apoyado por el Dr. Calderón Guardia y los comunistas. La elecciones por la cuales resultó electo Teodoro acusadas de fraudulentas, motivó que Figueres señalara que dicho gobierno, hijo del fraude electoral, debía ser sustituido por uno constitucional y legítimo, abogando constantemente por su derrocamiento incluso por vía militar.

Teodoro Picado desde el gobierno del Dr. Calderón Guardia era partidario del pronto regreso de Figueres, de modo que al iniciar su gestión, crea las condiciones para su retorno y el 23 de mayo cuando regresa al país.

Lo recibe a su llegada a la ciudad de San José, León Cortés Castro, quien lo había propuesto de diputado de su partido.

En el aeropuerto de La Sabana fue recibido por una multitud emocionada de personas, en un acto organizado por Francisco Orlich y Alberto Martén. Desde allí se realiza una marcha hacia a los balcones del Diario de Costa Rica, propiedad de Otilio Ulate, donde pronuncia un discurso en el que anuncia la necesidad del establecimiento de la Segunda República. Fue recibido con gritos de ¡Viva Pepe!, como se le seguirá llamando cariñosa y amigablemente en el país.

Luego se establece en su finca dedicado a las labores agrícolas, a la producción de café, cabuya, fabricación de cuerda o mecate, a sus beneficios y a modernizar sus sistemas productivos pero, especialmente dedicado, a la acción política y preparatoria de la revolución.

En el periódico Acción Demócrata, dirigido por Alberto Martén, órgano de los jóvenes del Partido de León Cortés, publica artículos sobre problemas nacionales. De hecho representaba la izquierda de este partido. Participa a finales de 1944 en las conversaciones para unir al Partido Acción Demócrata y el grupo Centro de Estudios para los Problemas Nacionales.

1945. El 11 de marzo participa en el acto de fundación del Partido Social Demócrata, cuyo lema es «Libertad y Justicia Social», en la redacción de sus Estatutos, y fue electo en el Comité Ejecutivo Nacional. Poco tiempo después se separa de este partido para volver a las filas del cortesismo.

El Partido Social Demócrata se proponía resistir los imperialismos económicos y financieros, lograr un mejor entendimiento regional centroamericana y con Panamá y, proponía fortalecer la solidaridad y la idiosincrasia de estos pueblos para defender la explotación de los recursos naturales del imperialismo, e impulsar una democracia efectiva y activa.

Un año después, el 3 de marzo muere el expresidente León Cortés Castro. En la Convención del Partido Demócrata del 10 de marzo, en la clausura el 17 habla de la muerte de la República y de la necesidad de la instauración de una Segunda República.

El 31 de agosto de 1945 Figueres advierte, en una intervención por radio, que por las vías tradicionales no podrá preservarse en Costa Rica la libertad del sufragio. De hecho impulsa acciones desestabilizadoras contra el gobierno preparando la revolución.

La crisis provocada por la muerte de León Cortés en el Partido Demócrata se agudiza y el partido se divide. José Figueres y uno de los hijos políticos de León Cortés fundan, el 5 de octubre de 1946, el Partido Cortesista Auténtico.

El año de 1946 el gobierno había impulsado, con apoyo de los comunistas, una Reforma Tributaria que en la práctica no pudo ejecutarse, y la redacción de un Código Electoral, para asegurar procesos electorales limpios y no fraudulentas.

La jefatura de la oposición a la muerte de León Cortés la disputan, en febrero de 1947, Fernando Castro Cervantes, Otilio Ulate y José Figueres.

El 19 de mayo de 1947 muere Roberto Brenes Mesén, quien se reconocía como el mentor intelectual de la nueva generación que actúa bajo los idearios socialdemócratas.

En julio, el 20, se da la prueba de fuego. La oposición al gobierno de Picado inicia una huelga general, llamada de Brazos Caídos, que los comunistas denominaron, de Bolsas Cerradas y la consideraba como una reacción a la reforma tributaria del año anterior por parte de los ricos, con el objetivo de lograr del Gobierno seguridades sobre el próximo proceso electoral. Pedían control del Tribunal Electoral, respeto al resultado de las elecciones y sometimiento de la fuerza pública a este órgano. El 2 de agosto, día de celebración religiosa en honor a la Virgen de los Ángeles, Patrona nacional, culmina con una gran marcha de mujeres, convocada por Emma Gamboa, que fue reprimida por el gobierno.

Esto debilitó al gobierno y se sometió a las demandas de la oposición. Figueres había participado activamente en San José en favor de la huelga que paralizó la banca privada y una serie de establecimientos comerciales principalmente en la ciudad de Cartago, que estuvo dominada por los huelguistas.

El 3 de agosto el gobierno pactó las demandas de los huelguistas.

Siguió un ambiente tenso, marcado por actos terroristas de poner bombas contra establecimientos de los comunistas y del gobierno y el periódico oficial La Tribuna.

Los comunistas con sus Brigadas de Choque, que para Figueres eran puro bandolerismo político, y para ellos eran de autodefensa, tensaban el ambiente callejero y los enfrentamientos entre los diversos grupos eran cada vez más cotidianos. El ambiente de la guerra marchaba. A finales de 1947 el gobierno capturó un joven opositor, Federico Apéstegui como presunto terrorista, que lo hizo víctima y mártir de la oposición, que decía que era solo un pretexto político para la represión.

El 16 de diciembre Figueres firma en Guatemala el Pacto del Caribe por el cual se compromete a recibir apoyo del Presidente de Guatemala Juan José Arévalo para la revolución que prepara. Lo firman el dominicano Juan Rodríguez García, los nicaragüenses Zepeda, Rosendo Argüello, Emiliano Chamorro y Gustavo Manzanares. El Presidente Arévalo haría de árbitro de este grupo. Los objetivos eran unir los esfuerzos para derrocar a Somoza en Nicaragua y a Rafael Leonidas Trujillo en Dominicana, reconstruir la República Centroamericana. Establecerían Juntas de Gobierno en cada país liberado para garantizar el establecimiento de gobiernos democráticos.

En diciembre de 1947 el panorama electoral está definido. El gobierno impulsa al expresidente Calderón Guardia, los comunistas van con propio candidato, sin pacto con el gobierno y la oposición con Otilio Ulate. Tal la situación de tensión social que los comunistas desisten de su candidatura presidencial, acuerdan dar el apoyo al Dr. Calderón sin acuerdos ni pactos firmados, únicamente preocupados por las reformas sociales de 1943.

La lucha de estos años para los comunistas significaba la reacción de grupos oligárquicos, conservadores y de derecha interesados en derrumbar las reformas sociales y laborales. La acción de Figueres y la oposición así la veían. Para Figueres y la oposición el motivo de su acción era asegurar la pureza electoral, la democracia política y el espíritu republicano.

Figueres desde hacía tiempo preparaba en su finca La Lucha su contingente de hombres, de manera clandestina y silenciosa les preparaba física, moral y mentalmente para la guerra, pero también en el entrenamiento básico militar. En febrero de 1948 Figueres concentra en su finca los hombres que combatirán a su lado en la Revolución que está preparando.

El 1º de marzo el Congreso inicia la discusión del resultado de las elecciones. Este mismo día en un incidente confuso, con fuerzas policiales del gobierno, murió en su casa el Dr. Carlos Luis Valverde Vega, diputado electo, mientras se realiza una reunión de la oposición. El levantamiento militar se había puesto en marcha.

La guerra Figueres la había planificado en todos sus detalles. Desde su exilio había adquirido y almacenado las armas. Su finca La lucha era su bodega militar. El ambiente electoral del año 47 y 48 de violencia, terrorismo y la huelga de julio, mostró la debilidad del gobierno, definiendo la guerra.

El 1 de marzo el Congreso, dominado por diputados del Gobierno y de Vanguardia Popular, anula la elección de presidente de Otilio Ulate, y mantiene el resultado de diputados donde el gobierno como los comunistas habían aumentado su número de representantes populares.

La guerra al fraude estaba declarada. “Pelear o morir” era el dilema. La finca La Lucha, que ya era un campo de entrenamiento, en los primeros días de marzo concentró una gran actividad.

La base social de la oposición en la guerra eran los sectores medios emergentes, estudiantes universitarios, los pequeños propietarios, el campesinado, algunos sectores urbanos y un sector muy importante de los intelectuales. El gobierno carecía de una base social activa. Los comunistas concentraban su fuerza principalmente en los sectores sindicales y obreros agrícolas que tenían organizados, en algunos sectores urbanos y pequeños grupos de estudiantes.

El 11 de marzo bajo el mando de Figueres se inicia la insurrección militar en las montañas de Dota y Tarrazú. A sus 700 hombres, de grupos irregulares de combate, los llama Ejército de Liberación Nacional, que llegó a tener 1200 hombres, el 22 de abril, terminada la guerra.

Organizó las unidades militares en batallones, dos de ellos el Simón Bolívar y el Francisco Morazán. A esta fuerza se agregó casi un centenar de miembros de la Legión Caribe, que se veía como un ejército internacional, y aunque carecía de estructura, esperaban continuar la guerra en Centroamérica y el Caribe contra las dictaduras luego de derrocar al gobierno de Picado. Recibieron también apoyo de Rómulo Betancourt, con quien ya tenía una estrecha relación, Ramón Grau San Martín, de Cuba, y apoyo militar del gobierno de Guatemala.

Una guerra rápida, de gran capacidad de movimientos por parte de los insurrectos, al estilo de una guerrilla. Los Planes Maíz, Clavel y Magnolia marcaron la estrategia de la guerra. Con ellos se tomarían las principales ciudades del país.

El 12 de marzo había caído la primera ciudad en manos de los insurgentes, San Isidro de El General, y se levantaban San Ramón y San Carlos. El Presidente Picado reconoce la debilidad del gobierno.

El 23 de marzo lanza su Primera Proclama, en Santa María de Dota. Llama a la población a integrarse a la lucha con palos, piedras, realizando actos de sabotaje y desorganizando al gobierno “usurpador”, y anuncia la fundación de la Segunda República.

La Embajada americana aún no había reconocido como electo al Presidente Ulate. Además, tenía un doble juego de apoyar tímidamente al gobierno y facilitar el abastecimiento de armas de la oposición insurgente.

El 1 de abril pronuncia Figueres su Segunda Proclama, en la cual declara su guerra a la pobreza, luchar por el bienestar del mayor número, construir una patria sin miseria, y rechaza que a su movimiento se le vea como reaccionario, burgués o retrogrado.

El 7 de abril, cuando Figueres decidió tomar Cartago, marcó el viraje de la guerra, de una defensiva y de posiciones pasó a la ofensiva.

El 11 de abril había caído el puerto del Atlántico, Limón, donde recibió apoyo militar del extranjero. Al día siguiente Cartago a pocos kilómetros de la capital. La batalla de San José, la capital se veía sangrienta.

El gobierno se negaba a convocar y movilizar a la población. Los comunistas estaban en armas con el gobierno, pero reclamaban no recibir el apoyo suficiente y cierto sabotaje de parte de los altos oficiales y de algunas autoridades del gobierno, con el suministro de armas y parque.

Siguieron algunos combates importantes que prepararon y presionaron para impulsar nuevas conversaciones, las que pondrían fin al conflicto, que se iniciaron el 14 de abril, al amparo de algunos embajadores radicados en el país, que se reunieron en la Embajada de México, y dio origen al llamado Pacto de la Embajada de México.

La situación era difícil. Internacionalmente, acababa de producirse el asesinato de Gaitán en Colombia, con la presencia del General Marshall, de los Estados Unidos, allí. El movimiento armado en el país contribuía a crear una situación de inestabilidad alrededor del Canal de Panamá, que preocupaba a Marshall, ya que en Costa Rica la fuerza armada del gobierno era mayoritariamente integrada por las fuerzas comunistas.

La situación militar en el extranjero se pintaba como el intento de dominación comunista de Costa Rica y se pedía en Nueva York la colaboración para liberar de rojos al país, y se indicaba que se trataba de una invasión rusa en le continente americano, para controlar el Canal.

Somoza era aliado del gobierno, y le propone al Presidente Picado que se traslade con su gobierno al norte del país, solicite su colaboración para enfrentar a Figueres, lo que él haría y de paso acabaría con los comunistas, situación que no acepta el Presidente Picado.

Pero Somoza preocupado por el alzamiento de Figueres, que prometía seguir luchando contra él, decide intervenir militarmente el territorio nacional, para distraer más a Figueres.

El gobierno estaba sumamente debilitado. Otilio Ulate que no había ido a los combates, dudaba de la sinceridad de Figueres y hasta creía que había planeado asesinarlo, por lo que pidió el apoyo y la protección de los comunistas, pues tampoco confiaba en las fuerzas de gobierno. Estos lo llevaron al Palacio Arzobispal donde lo custodiaron durante la guerra.

Desde finales de marzo se habían iniciado conversaciones entre las fuerzas beligerantes buscando una salida al conflicto, por medio de una comisión negociadora, que discretamente trabajaba, incluso buscando una presidencia transitoria de dos años en la figura del Sr. Julio César Ovares. Sectores de los distintos bandos y el jefe de la Iglesia participan en estos esfuerzos.

El 17 de abril el Presidente Picado prácticamente había capitulado. Los comunistas y figueristas logran reunirse en las montañas de Ochomogo, entre Cartago, en manos de los insurgentes, y la capital. Aquí hablan de la situación nacional.

Manuel Mora frente al peligro de una invasión del ejército norteamericano, que había recibido órdenes de movilizarse, y de parte del ejército somocista, le propone a Figueres unirse frente al enemigo exterior. Figueres le dice que la única posibilidad es su rendición y que él garantiza las condiciones que Mora le propone, que se rubrican en lo que se conoce como El Pacto de Ochomogo, de lo cual enteran a los negociadores de la Embajada de México. Las garantías de Mora eran pocas: seguridades para sus hombres, propiedades y bienes, respeto a las garantías sociales y laborales, legalidad para las organizaciones políticas y sindicales, fortalecimiento de los seguros sociales e indemnización sin exclusiones a los partidos políticos.

El 18 de abril el Presidente le entregó el gobierno al Tercer Designado a la Presidencia, el Ing. Santos León Herrera, a quien le comisiona llegar a un entendimiento con las fuerzas rebeldes, y de su parte da por terminada la guerra civil.

El 19 de abril Figueres entrega las condiciones a Vanguardia Popular, que había solicitado, indicando que no abrigaban contra ellos prejuicios ni perjuicios, y que si pudieran actuar conjuntamente lo haría para realizar los ideales más sentidos para la clase trabajadora y el pueblo costarricense.

El 20 de abril Teodoro Picado deja el territorio nacional. Al mismo tiempo se está fundando en Bogotá la Organización de Estados Americanos, la guardia nacional nicaragüense abandona el territorio nacional y el Dr. Calderón Guardia también sale del país.

40 días duró el enfrentamiento que no tuvo al final una solución militar. Dieciocho días duraría el gobierno de transición de Santos León Herrera, entre los que estaban como ministros José Figueres, Fernando Valverde, Alberto Martén, Francisco Orlich, Raúl Blanco Cervantes y Bruce Masís

Figueres por su parte había logrado establecer un pacto con Ulate, con el cual se comprometía entregarle el gobierno pero una vez que él gobernara transitoriamente durante 18 meses, prorrogables a 24, situación que Ulate no pudo evitar. El Pacto lo firman el 1º de mayo, de manera que el Presidente Santos León Herrera terminaría el período el 8 de mayo, que le entregaría el mando a José Figueres.

Así se preparó la entrada victoriosa de Figueres a San José y la integración provisional del nuevo gobierno. También se iniciaba una nueva situación de perseguidos políticos y de exilados.

El 24 de abril entra Figueres a San José, recibido eufóricamente.

El 27 de abril Manuel Mora y la escritora comunista Carmen Lyra se asilan en la Embajada de México para salir hacia ese país.

El 28 de abril se celebró la nueva situación con el llamado Desfile de la Victoria, con gritería de ¡Viva Figueres!, ¡Viva la Revolución!, ¡Viva la Segunda República!

La Revolución consolidó a Figueres como la figura política del momento, como el líder indiscutible, como jefe natural, resaltó su gran habilidad personal y política, de estricta disciplina personal, y le dio gran popularidad, prestigio personal y político. Su figura era magnética, carismática y atrayente, como su discurso, su voluntad tenaz.

Así había terminado la guerra, que produjo un saldo de unos 3000 muertos, 99 del Ejército de Liberación Nacional, cerca de 400 del gobierno y aproximadamente 2500 de los comunistas.

Figueres asume el 8 de mayo el poder. Encuentra un país en el cual las compañías extranjeras tienen gran poder, entre ellas la Electric Bond and Share, la American Foreign Power, la Northern Railway Company, la United Fruit Company, la Compañía Interamericana que construía la carretera internacional, empresas que controlaban electricidad, telecomunicaciones, ferrocarriles y tierras.

El país apenas se aproximaba a los 800.000 habitantes, con un Producto Nacional Bruto que rondaba los $150 millones y un per cápita anual de $188, un país para Figueres atrasado y débil, al que había que impulsar en producción y trabajo, en ciencia y tecnología, en mayor calidad de cultura, educación, de vida, en oportunidades de progreso y movilidad social, que dignificara a los hombres y mujeres, en un ambiente latinoamericanista.

Al recibir el poder instala el Gobierno estableciendo una Junta Fundadora de la Segunda República presidida por él. Las metas que le propuso a la Junta fueron restablecer la moral, introducir la técnica en la administración pública y eliminar la politiquería impopular, el progreso social sin comunismo y lograr mayor conciencia con los otros pueblos del mundo especialmente de América.

Para él después de la guerra, seguía la batalla por la paz. Para Figueres las armas habían dado la victoria, pero las leyes serían la que lograrían la libertad.

El nuevo gobierno tenía la inmensa responsabilidad de educar al pueblo en los problemas nacionales. Aquí se manifiesta Figueres como el educador político, que en mucho fue.

Figueres tenía las posibilidades de desarrollar su proyecto político, con sus hombres. Dejó sin efecto la Constitución Política de 1871, deja sin funcionamiento el Poder Legislativo y la Corte Suprema de Justicia. Decide gobernar por medio de Decretos Leyes, mezclando las funciones ejecutivas, legislativas, atribuyéndose todo el poder institucional, porque también asumió funciones judiciales. Se reservó la Facultad de decretar las reformas constitucionales, códigos y leyes que fueren pertinentes.

En los días siguientes inició actos que fueron violando e incumpliendo los compromisos contraídos en Ochomogo y la Embajada de México. También empezó a separarse políticamente de Ulate, a quien criticaba y consideraba débil.

Conjugaba medidas y acciones represivas con leyes trascendentes. El 11 de mayo estableció la intervención de bienes, congelamiento de bienes y suspensión de operaciones económicas de los caídos, remoción de los empleados públicos sin derecho a preaviso y cesantía, reorganizó la Corte declarando interinos a todos sus funcionarios e integró las Salas con elementos afines a la Junta.

El 19 de mayo creó los Tribunales de Sanciones Inmediatas, semejante al de Nuremberg, para perseguir y castigar a los funcionarios de los últimos dos gobiernos, que fueron los principales instrumentos jurídico-políticos de la represión. Este mismo día creó un Tribunal de Ética de Funcionarios y Empleados de la Enseñanza, que limpió el sistema educativo de maestros y educadores que habían realizado actos incompatibles con la función de directores de la juventud.

El 25 de mayo fijó reparaciones de guerra solo en favor de las víctimas de los partidos únicamente triunfantes.

El 2 de junio creó el Tribunal de Probidad y la Oficina de la Propiedad Intervenida, para administrar los bienes confiscados, y crea la Procuraduría General de la República.

Estos Tribunales obligaban a probar la inocencia y llenaron las cárceles de ciudadanos. Eran la representación de un gobierno que había suspendido los derechos constitucionales, que se amparaba en la represión. Significaban un Estado policiaco. También cerró el periódico La Tribuna, aduciendo que sus dueños habían dejado el país.

El 21 de junio Figueres nacionaliza la banca particular y expropia a los accionistas, una de las reformas más importantes. Le inspiraba haber tenido como experiencia el papel de la banca en 1936, de la cual él se había beneficiado con las políticas crediticias. Entendía que era un instrumento de desarrollo la canalización del crédito público. Pero, además sabía, por la Huelga de Brazos Caídos el poder que significaba la banca en manos del sector privado si se utilizaba para desestabilizar.

El 21 de junio crea la Oficina del Café, producto que le preocupaba como recurso de exportación nacional.

Con la nacionalización bancaria impulsó un impuesto, “una contribución forzosa” al capital mayor de ¢50.000 colones, que hería poderosos intereses.

El 22 de junio declaró resuelto el Pacto de la Embajada de México, que ya había sido desconocida por su acción gubernamental.

El 16 de julio otorga amplia y general Amnistía a favor de los vencedores de la guerra.

El 17 de julio desconoció el Pacto de Ochomogo y declaró fuera de la ley al Partido Comunista de Costa Rica, al Partido Vanguardia Popular y cualquier denominación que adquiriera en el futuro. Un mes más tarde el Ministro de Trabajo de la Junta, Benjamín Núñez disolvía la Confederación de Trabajadores de Costa Rica.

Estas dos medidas, tomadas por la Junta, según Benjamín Núñez, tuvieron la oposición en el seno de la Junta de Figueres, Orlich y de él.

También la Junta suspendió las relaciones diplomáticas que el Gobierno de Calderón había establecido con la Unión Soviética.

El 27 de julio establece la jurisdicción nacional sobre las 200 millas marítimas.

El 6 de agosto nombra a Harold Bonilla en la Junta Interamericana de Defensa, en Washington.

El 7 de setiembre ratifica la incorporación de Costa Rica a la Organización de los Estados Americanos (OEA), y el 14 de setiembre transforma el Tribunal Electoral en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Este mes visitó el país el presidente de Cuba, Carlos Prío Socarrás, que analizó con Figueres su intención de continuar la lucha contra Somoza.

También trajo al país al General Alberto Bayo, un español republicano, para que ayudara en la preparación de las fuerzas antidictaduras que se impulsarían con su apoyo. El amparo que le daba a la Legión Caribe le causaba problemas con algunos de sus militares cercanos, para quienes eran peligrosos mercenarios y una amenaza a la paz interna.

El 25 de noviembre ratifica la incorporación de Costa Rica en la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El 1º de diciembre Figueres disuelve el ejército como institución permanente. En su lugar constituye una guardia civil poderosa en su estructura y funciones. Simbólicamente, en el Cuartel Bella Vista tomó está medida y derribó a mazazos una de las almenas del edificio y decidió entregarlo a la educación y la cultura, de manera que se estableciera en él un museo indigenista y nacional.

Figueres creía que los ejércitos eran innecesarios en el desarrollo económico social y que los gastos que a él se destinaban mejor se podrían utilizar en otros aspectos del desarrollo nacional.

Por otra parte estaba consciente que la presencia de las bases militares norteamericanas en el Canal de Panamá eran un soporte de seguridad continental, para lo cual el ejército era innecesario. También conocía que la estructura del ejército nacional era débil y la guerra se lo había demostrado.

Igualmente, consideraba que sin ejército no constituíamos una amenaza para nadie, ni podíamos agredir a nadie, ni justificábamos agresiones. Para él la seguridad del país dependería más del consenso social y la vivencia democrática de los habitantes y de arraigo de las institucionales nacionales.

Esta medida lo enfrentó también a algunos de sus militares que sí creían en la preservación de la institucionalidad del ejército.

Del mismo modo disolvió poco a poco el ejército que con él había combatido. En la práctica había disuelto dos ejércitos. En su lugar se proponía impulsar fuerzas del orden de carácter civil y policial.

El 8 de diciembre se llevan a cabo las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, que había sido anunciadas en setiembre. El resultado de las elecciones fue una derrota profunda electoral y política al movimiento que simbolizaba y tenía Figueres. Las elecciones habían significado una ruptura con Ulate que no tomaba en cuenta en sus candidatos a los miembros del Ejército de Liberación Nacional. Consideraba Figueres que trataban de eliminarlo de la lucha política.

Pero, también fue una prueba de fuego para el gobernante todopoderoso. Solo pudo elegir cuatro diputados. El resto de los constituyentes fueron electos del ulatismo y del calderonismo y otros sectores tradicionales que había logrado colar sus candidatos. Figueres, aunque molesto, respetó el resultado electoral con todo lo que ello significaba. Había reivindicado la decencia cívica, la honestidad administrativa, la reconstrucción del país, la necesidad de una nueva Constitución, el respeto al sufragio y la pureza electoral. Estaba a prueba.

Los últimos meses de gobierno se dedicó a explicar semana a semana, en nueve conferencias, la labor realizada. La Junta fue materializar la utopía de sus pensamientos.

En los primeros días de diciembre le toca enfrentar un intento de invasión, organizado desde Nicaragua, por Calderón Guardia. Los comunistas no estaban de acuerdo en el intento revolucionario de Calderón. Figueres acusa el movimiento de contra revolucionario, lo enfrenta y rechaza. Impulsa la organización de milicias populares para resistirlo e invocó la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en su ayuda. Las fuerzas invasoras fueron derrotadas y desistieron de su intento. Figueres acentuó su discurso contra Calderón y contra la dictadura de Somoza, que le había dado apoyo.

La invasión le dio el pretexto de reprimir más a los comunistas. Con este motivo se produjo el asesinato del Codo del Diablo, por el cual varios dirigentes comunistas detenidos en cárcel de Limón fueron trasladados a San José, y en un recodo del Río Reventazón, llamado Codo del Diablo, los asesinaron, como una advertencia de que, si participaban en la invasión, les harían correr igual suerte.

El 15 de diciembre la Junta declaró Traidor a la Patria al Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. El 7 de noviembre de 1949 se ratifica esa declaración.

El 16 de diciembre Otilio Ulate fue incorporado a la Junta de Gobierno, por la actitud patriótica que tuvo de oposición a la invasión y de apoyo a la Junta.

El 24 de diciembre Costa Rica fue condenada en la Organización de Estados Americanos por el apoyo moral y material que le daba a la Legión del Caribe.

El 12 de enero dispensó la Junta los requisitos de graduación de secundaria y autorizó la extensión de títulos de Bachiller sin previo examen.

El 19 de enero de 1949 se instala la Asamblea Nacional Constituyente. En el discurso de apertura de la Asamblea enfatiza en los principios y objetivos que impulsaron la Segunda República. Señaló la conveniencia de la Planificación nacional, política y económica. Habló de reconocer el voto de la mujer y de la necesidad del intervencionismo estatal en aspectos estratégicos del desarrollo nacional. Mostró también sus sentimientos latinoamericanistas.

Propuso un proyecto de Constitución, que la Asamblea le rechaza. Nueva prueba de fuego porque sentía que los sectores que habían sido derrotados en la revolución resurgían en la Constituyente y le impedían materializar su proyecto político institucional.

Resiente este rechazo, pero tenía la capacidad para convertir el revés en victoria, que era continuar con sus políticas reformistas.

La Asamblea Nacional Constituyente lleva a cabo su trabajo sobre la vieja Constitución de 1871. Los diputados socialdemócratas, especialmente Rodrigo Facio, llevan a cabo una gran labor siendo una minoría.

El 15 de enero de 1949 la Junta de Gobierno le solicita a la Asamblea Nacional Constituyente ampliar su plazo de gobierno hasta el ocho de mayo de 1950, lo que se aprueba el 24 de marzo.

El 16 de enero la Asamblea convalidó la elección del Presidente Ulate, declarando inexistente y sin ningún valor ni efecto la nulidad de la elección presidencial de 1948.

El 21 de febrero Costa Rica y Nicaragua se comprometieron a prevenir la repetición de los hechos militares que se habían vivido.

El 11 de marzo la Asamblea también reconoció las potestades legislativas de la Junta.

El 8 de abril de 1949 la Junta crea el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Había tomado la decisión de nacionalizar los recursos hidro energéticos de la nación.

De la misma manera que la banca, consideraba Figueres la importancia de poder dirigir estatalmente la política hidro energética. La electricidad era para el desarrollo nacional algo similar al sistema nervioso para el cuerpo humano. Sin electricidad consideraba no hay desarrollo. La electricidad de casi 70 años en el país y en manos privadas, junto con los teléfonos, no llegaba a abarcar el 3% del territorio nacional.

La Junta sufrió otra prueba de fuego en abril. El alzamiento de su jefe de seguridad, Edgar Cardona, que intentó acabar con las reformas que se venían aprobando, que afectaban los grandes intereses de los ricos, aunque lo hacía en nombre de darle el gobierno a Ulate. Consideraba también Cardona que Figueres no quería restaurar democracia sino acabar con los gobiernos centroamericanos. Incluso se enfrentó a la propia compañía bananera, para lo cual Figueres estimuló una huelga, para poderla someter y obligarla al pago de impuestos.

Otras disposiciones de la Junta fueron: el 11 de octubre incorporar a Costa Rica en la UNESCO, el 2 de noviembre decretar el Estatuto del Servicio Civil, el 4 derogar la disposición legal de 1934 que discriminaba ciudadanos negros, que permanecía en la ley migratoria de 1941.

Intentó la Junta, sin éxito, impulsar un nuevo Código de Trabajo, cambiar el Himno Nacional, su música y su letra, y la bandera. A su término tampoco presentó una memoria de Hacienda, sobre el manejo de gastos ni tampoco de financiamiento de su Revolución. También trató de influir en el Vaticano para cambiar al jefe de la Iglesia, Monseñor Sanabria.

Según él su gobierno permitió ordenar el ambiente provocado por la guerra, establecer la normalidad constitucional y acabar con la corrupción de los ocho años anteriores.

El 7 de noviembre termina su la labor y se disuelve la Asamblea Nacional Constituyente, y promulga la Constitución Política.

La Constitución había recogido las reformas sociales de 1943 y las había ampliado, estableció el Servicio Civil para apartar la política y la politiquería del nombramiento de los empleados públicos, estableció la Contraloría General de la República, reconoció el derecho de voto de la mujer, estableció las Vicepresidencias de la República de elección popular, abolía el ejército entre otros principios.

El 8 de noviembre Figueres entrega el gobierno al primer Presidente constitucional de la Segunda República, Otilio Ulate Blanco, para el período 1949-1953. Otra prueba de fuego: no haberse quedado en el poder y entregarlo a quien en su nombre había hecho la revolución.

Al terminar la Junta el Presidente Truman había impulsado su plan militar en América Latina, de fortalecimiento de las bases militares del Canal y su política de seguridad nacional ampliada a toda la región.

En el campo económico Truman impulsaba el Plan Clayton, similar al Marshall europeo, con la intención de contribuir en algunas áreas de desarrollo con miras a neutralizar la acción política y revolucionaria del campesinado latinoamericano, sobre todo porque se iniciaban procesos revolucionarios democráticos en Bolivia, en Guatemala y el de Costa Rica, que algunos sectores de Estados Unidos acusaban de socialistas y comunistas, y de reformas improvisadas.

También iniciaba importante labor la Comisión Económica de la América Latina de la ONU, recién establecida y que será un soporte determinante de las nuevas corrientes del pensamiento económico de la región. Sus tesis influirán en los conceptos desarrollistas, que coincidirán con políticas y planteamientos que Figueres elaborará luego.

Para Figueres al término de su gestión había restaurado la confianza de los costarricenses, aunque hubiera gobernado como un dictador con todos los poderes y emitiendo leyes por Decreto.

Figueres inicia un período muy rico de activismo político regional y continental, de expresar mejor su pensamiento político, sus ideas y proyectos. Participa en cuanto evento le inviten. Se reúne con los pensadores y activistas revolucionarios de carácter social democrático latinoamericanos.

También se propone proyectos políticos locales de participación partidaria permanente.

Del 12 al 14 de mayo 1950 Figueres asiste a la Conferencia de La Habana Pro Democracia y Libertad, que reúne a los partidos populares de la socialdemocracia latinoamericana, actividad que se hacía con el apoyo del gobierno de Prío Socarrás, de Cuba. Allí asistieron Eduardo Frei, de Chile, German Arciniegas, de Colombia, Luis Alberto Sánchez, de Perú, Eduardo Rodríguez, de Uruguay, José Figueres y Vicente Saénz, de Costa Rica, Ramón Villeda Morales, de Honduras, Raúl Roa, de Cuba, Juan Bosh, de Dominicana, Guillermo Toriello, de Guatemala, Rómulo Betancourt, Eloy Blanco y Raúl Leoni, de Venezuela, otras personalidades y políticos. De aquí en adelante va a fortalecer más su relación con Betancourt.

Aquí Figueres destaca en su intervención el papel de la educación en el largo plazo como la misión más reproductiva de los pueblos y se refirió a la Patria Grande, exaltando sentimientos latinoamericanistas y centroamericanistas. Criticó las desiguales relaciones con América Latina

La Reunión se pronunció por la necesidad de acabar con las dictaduras, mejorar el nivel de vida de los pueblos, desarrollar programas para los pueblos, fortalecer los derechos políticos y condena el comunismo, el falangismo, el nazismo, y aboga por la democracia.

También resolvieron coordinar acciones de los sectores democráticos y social democráticos de América Latina en sus esfuerzos por causas comunes.

De aquí resultó la Junta Americana de Defensa de la Democracia, con sede en Montevideo, con apoyo de Emilio Frugoni, del Partido Socialista del Uruguay. El Comité Ejecutivo lo presidió Betancourt. Junto a los que participaron en La Habana se integraron Salvador Allende, de Chile, Manuel Galich, de Guatemala, Luis Beltrán Prieto, Mariano Picón Salas y Carlos Andrés Pérez de Venezuela.

Para Figueres la lucha contra las dictaduras continuaba. Allí estaban Somoza, Trujillo, Laureano Gómez, en Venezuela, Perón, en Argentina y Odría en Perú. Para él había una internacional de las espadas que recibía apoyo de los Estados Unidos, a las cuales había que enfrentar con la internacional de las democracias.

En setiembre Figueres viaja a Israel y de regreso se reúne en Ginebra, Suiza, con Luis Alberto Monge Álvarez, Francisco Orlich y Daniel Oduber y deciden fundar el Partido Liberación Nacional.

En diciembre Figueres vuelve a La Habana representando a Costa Rica en la Conferencia de la UNESCO.

Su figura postrevolucionaria adquiría cada día más dimensión e interés. La publicidad y las relaciones públicas que desarrolló con el New York Times lo introdujeron en la sociedad norteamericana, aunque otros sectores alrededor del Washington Post y el Wall Street Journal lo consideraban un ídolo con pies de barro.

El 3 de mayo de 1951 Figueres recibe en New York un homenaje de la Asociación Internacional Pro Democracia y Libertad.

En julio expuso su tesis sobre «Precios justos para el desarrollo», en la Tercera Conferencia Anual sobre América Latina de la Universidad de Stanford, California, Estados Unidos. Habló de un plan de independencia económica basada en precios justos para el café y materias primas de exportación. Su conferencia fue sobre las instituciones económicas que nos convienen.

Su vínculo con el exilio caribeño lo asociaban a actos conspirativos contra los Presidentes Carlos Delgado Chalbaud, de Venezuela, Trujillo de Dominicana, Juan Domingo Perón, de Argentina, Somoza de Nicaragua, Manuel Odría, e Perú, así como también de varios atentados que se decía le hacían al Dr. Calderón Guardia en México.

El gobierno republicano español, en el exilio, le condecora, por solicitud del General José Asensio, Ministro de Guerra de la República Española.

El 12 de octubre en la finca La Paz de San Ramón, su ciudad natal, Provincia de Alajuela, funda el Partido Liberación Nacional, como un partido permanente, ideológico, con personas que venían del Acción Demócrata, el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, el Partido Social Demócrata, algunos seguidores del partido Confraternidad Guanacasteca y de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum.

El Partido asumía las banderas de la socialdemocracia. Lo habían constituido según ellos en sentido europeo, sin que se hiciera alrededor de una candidatura y de elecciones ocasionales. Su bandera sería el color verde, blanco y verde en tres franjas horizontales. Su propósito crear una estructura organizativa en capacidad de generar liderazgos permanentes, vinculados a los sectores productivos y sociales que le habían dado origen, las clases medias, intelectuales y profesionales en íntimo contacto con el pueblo.

Se definía el Partido en lucha contra el totalitarismo, considera al hombre no un medio sino un fin, luchaban por la dignidad, la libertad, la propiedad con función social, porque no hubiera medios de producción ni propiedad inactivos, por una Planificación democrática nacional, exaltaban el trabajo, sin degradarlo ni menoscabarlo, ni reducirlo a simple mercancías y hacían un planteamiento energético de desarrollo de largo plazo.

Consideraba que el Partido sería el instrumento de organización y movilización, pero de reflexión de los problemas nacionales, en capacidad de trazar el camino del progreso y un porvenir mejor.

En 1952 se divorcia de Henrietta Boggs. El 15 de febrero el College de Winter Park, Florida, Estados Unidos, le otorga el Doctorado Honoris Causa en Derecho, y viniendo hacia Costa Rica fue detenido en La Habana.

El 8 de marzo Figueres anuncia en Cartago su candidatura a la Presidencia de la República, por el Partido Liberación Nacional (PLN).

En abril habla en el Instituto de Asuntos Internacionales sobre las inversiones de capital norteamericano y las invasiones extranjeras. Destaca que la propiedad extranjera debe concentrarse en un sector de la economía.

El 1º de julio Figueres, en su condición de candidato del PLN propone a la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Consejo Económico y Social de la Asamblea General de las Naciones Unidas la creación de una reserva mundial de alimentos, a modo de un Banco Mundial de Alimentos.

Señala la necesidad de enfrentar la escasez de alimentos, de estabilizar los precios internacionales de comidas y materias primas, de regular los excedentes y de levantar la producción para darle seguridad al mercado y fortalecer los mercados regionales.

En adelante luchará permanentemente por procurar precios justos para los productos de los pueblos y países latinoamericanos.

Va ser partidario del integracionismo hemisférico, respetando a los pueblos e individuos. Su visión integracionista debía ser sin hegemonismos ni dominios de países. La base de la integración debía ser la unión de los recursos económicos, la educación y una plataforma de fines comunes. La integración era una bandera de solidaridad en la lucha por la Libertad, la Democracia y el bienestar social.

Así empezaba a perfilarse como uno de los pensadores que luego formarán parte de la izquierda democrática y nacionalista latinoamericana.

Figueres es elegido Presidente de la República por 123.444 votos. Su opositor, Fernando Castro, obtiene 67.324 votos.

En esta elección por primera vez en votaciones nacionales emiten el sufragio las mujeres de Costa Rica. En sus papeletas de diputados por primera vez también incluye candidatos negros. Centró su lucha electoral en la justicia social, la redención y la lucha contra la pobreza y perfila el tipo de democracia que él deseaba y ya había iniciado.

Su victoria en Estados Unidos la señalan como un triunfo de los socialistas y lo ven de enemigo de las inversiones norteamericanas. Otros lo veían como un Pancho Villa, pero en su aspecto de bandido.

El 8 de noviembre asume la Presidencia de la República para el período 1953-1958. Las tesis de la CEPAL le inspiran. Fortalece sus sentimientos de impulsar la Internacional de las Democracias contra la de las Espadas.

En 1954 lleva a cabo su segundo matrimonio, con Karen Olsen Beck, de origen danés, nacionalizada norteamericana, con quien tiene cuatro hijos más, José María, Michael Mariano, Karen Cristina y Kirsten.

Para Figueres había dos frentes de combate: la batalla moral y cívica y el mejoramiento económico y social.

A partir de este momento se inician sus reconocimientos internacionales, y sus luchas por la Democracia continental.

El 1 de enero de 1956 Figueres publica el libro «Cartas a un Ciudadano», escrito en la «Lucha sin fin». Aquí sostiene que es importante conocer su pensamiento para valorar sus actuaciones. Enfatiza su tesis de que con cultura se puede hacer pueblos fuertes, capaces y responsables.

Era un libro intimista, del educador, del político, del pensador, del filósofo político, y del soñador utopista que también era. Sigue siendo un libro oportuno sobre temas nacionales que siguen vigentes según se quieran apreciar, cómo administrar y gobernar el país, sobre derecho electoral y vía democrática para el país, sobre la reforma social, laboral y económica, sobre el desarrollo capitalista nacional, y temas no menos álgidos, impuestos, salarios, viajes y autos de los funcionarios públicos.

De su primera Administración constitucional dejó la Ley fundamental de Educación, la que consideró la Gran Reformas educativa después de la de don Mauro Fernández en el siglo XIX.

Fuera de gobierno, en 1958, intensifica su activismo político, como destacado dirigente de su partido fortaleciendo sus relaciones continentales.

En 1958 junto con Rómulo Betancourt, Víctor Raúl Haya de la Torre, Eduardo Santos y Norman Thomas, inician la publicación «Combate», de la izquierda democrática continental, cuyo director es Luis Alberto Monge, como una trinchera de ideas y de pensamiento al servicio de la democracia, la justicia, de lucha por la libertad y la dignidad humana, y un instrumento de pedagogía política y de formación ciudadana.

El 15 de noviembre de 1958 en una conferencia de partidos populares de la Social Democracia Latinoamericana convocada en la «Lucha sin fin», crea el Instituto Internacional de Educación Política.

El 3 de octubre de 1960 impulsa el Instituto de la Social Democracia Latinoamericana, en San Isidro de Coronado, para contrarrestar a la «internacional de las espadas», formando los Cuadros democráticos que la Internacional de las Democracias necesitaba.

Más tarde, Figueres inaugura, en la Catalina, en Barva de Heredia, el Centro de Estudios Democrático de América Latina (CEDAL), proyecto conjunto del Partido Liberación Nacional y el Partido Social Demócrata de la República Federal de Alemania a través de la Fundación Friedrich Ebert, que va a tener una proyección mucho más fuerte en la socialdemocracia latinoamericana y costarricense en los años siguientes.

Se había convertido en un líder continental de la Social Democracia, ya líder también de su propio Partido Liberación Nacional que había fundado el 12 de octubre de 1951.

En su Segundo Gobierno Constitucional, 1970-1974, publica su libro “La Pobreza de las Naciones”, en 1974, su nuevo y vigoroso ensayo, que recibe el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría, donde aborda, con visión internacional las relaciones de países, los temas de la cuestión social, económica, aspectos de mercados, producción e intercambios comerciales, siempre con la preocupación de “hacia dónde debemos encauzar la educación del hombre, que clase de ser y qué clase de sociedad humana queremos producir”.

En este gobierno impulsa la educación superior creando el Instituto Tecnológico de Costa Rica, desarrolla el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, reforma la Constitución Política para establecer la ciudadanía a los 18 años, se inicia la derogatoria del Párrafo Segundo del Art. 98 de la Constitución Política, para restaurar la democracia electoral más plena, establece relaciones con la Unión Soviética y otros países socialistas, impulsa la Naviera Multinacional del Caribe, la Unión de Países Exportadores de Banano, el Sistema Económico Latinoamericano, la Asociación Bananera Nacional, decreta la nacionalización de la Northern Railway Company, crea el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas y la Corporación Costarricense de Desarrollo Sociedad Anónima, la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), el Instituto de Fomento Cooperativo, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, la Refinería Costarricense de Petróleo, el Instituto Nacional sobre alcoholismo y muchas obras más.

Al terminar su gobierno dispone de tiempo para escribir y pensar en nuevas temáticas, mostrando su capacidad narrativa. Así publica “Cubaces tiernos en abril”, cuento que es llevado al cine y la televisión, luego, “Así nacen las Palabras y los Cuentos” y «Franjas de luz: arboricultura en el paralelo 10», y en 1987 se publica su obra, hecha a dos manos, con el Presbítero Benjamín Núñez Vargas, “El Espíritu del 48”, que recoge de nueva manera su visión sobre los sucesos ocurridos entre 1940 y 1948, y para hacer un llamado a quienes consideraba que habían traicionado y “siguen traicionando” ese espíritu del 48, pidiendo que los que participaron en aquellos acontecimientos escriban lo propio.

La obra político intelectual de José Figueres no se reduce a estos textos, que se hoy se recogen en estos tres tomos. Sus escritos de prensa, de artículos, sus intervenciones, muchas de ellas polémicas, sus discursos debidamente impresos, y recogidos por la prensa, sus debates, sus informes presidenciales a la Asamblea Legislativa, quedan pendientes de reunirse en un esfuerzo de una Obra Completa, de este gran pensador político, filósofo político del quehacer político nacional, y de esta gran costarricense, que merecidamente fue reconocido como el personaje más importante del siglo XX costarricense.

Estos libros son una puerta y unas ventanas abiertas al pensamiento de José Figueres Ferrer.

Su fallecimiento el 8 junio de 1990 provocó las honras fúnebres más grandes que a algún costarricense se le hayan tributado en el país, recogiendo en ese homenaje el respeto, el cariño, la admiración y el agradecimiento que le tributó el pueblo costarricense, sin banderías políticas, como un solo cuerpo, en esos días.

A 72 años del Crimen del Codo del Diablo

Escrito en 23/12/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Alex García Cruz

Este 19 de diciembre fue una fecha que el pueblo costarricense debe colocar en su memoria colectiva y mantenerla siempre presente, el 19 de diciembre es un día de conmemoración, un día para rendir homenaje a 6 héroes de los trabajadores costarricenses que fueron asesinados el 19 de diciembre de 1948 en el Codo del Diablo, en los márgenes del río reventazón en la zona de Turrialba, 8 meses después de haber finalizado la guerra y a 7 meses de haber tomado el control político la Junta de Gobierno presidida por Jose Figueres Ferrer y a tan sólo 18 días del acto público que anunciaba la abolición del ejército en Costa Ria.

Los dirigentes comunistas fueron detenidos en sus casas en Limón, sin que mediara ningún cargo en su contra, excepto el ser todos miembros del Partido Comunista, el Partido Vanguardia Popular, una vez detenidos llegó la orden de trasladarlos a la capital, salieron de la cárcel esposados y en esa condición fueron subidos al vagón del tren con destino a San José.

Esta masacre, no fue el resultado de la irracionalidad o el abuso de un grupo indisciplinado de soldados del bando victorioso, el crimen, fue un crimen selectivo, fue un Crimen de Estado, planeado por altos dirigentes del grupo ganador con el fin de aterrorizar a los militantes y dirigentes comunistas del Partido Vanguardia Popular.

El crimen fue tan salvaje y la trama tan burda, que incluso varios miembros del grupo ganador reclamaron justicia y castigo contra los asesinos y la Junta de Gobierno se vio obligada a dejar que el poder judicial realizara un juicio, juicio que a su vez se convirtió en una de las farsas judiciales más vergonzosas de nuestra historia, pues aunque se conocieron los nombres de los sicarios y se dictó condena, ninguno fue a la cárcel, con ayuda del gobierno salieron del país, del asesino intelectual se conoció su nombre, aunque nunca se hizo público, se dice que ocupó altos puestos en el servicio exterior en la junta de gobierno y en luego repitió el cargo en varios gobiernos liberacionistas.

Este Crimen de Estado, no debe ser olvidado por el pueblo costarricenses. Toda persona con sensibilidad social, toda persona respetuosa de los valores de justicia, toda aquella persona interesada en la verdad histórica, toda aquella persona con interés en lograr una sociedad más justa e igualitaria, debe honrar a los mártires del Codo del Diablo e informarse sobre éste vergonzoso hecho de nuestra historia reciente. Debemos hacerlo del conocimiento de la juventud que hoy es víctima de un modelo educativo que no les enseña a conocer el pasado, debemos desarrollar lo que José Merino llamo la “estrategia de la memoria” como parte de la forma de lucha contra las políticas neoliberales que día a día nos van acorralando y quitando derechos que son producto de la lucha del pueblo, de la lucha que dieron los mártires del Codo del Diablo.

Gracias al trabajo de investigación y producción cinematográfica de los jóvenes, Antonio y Ernesto Jara Vargas, las nuevas generaciones hijas de la post guerra podemos conocer detalles del crimen en el documental El Codo del Diablo, que debe ser visto por todos los costarricenses: https://www.centrodecine.go.cr/producciones/codo-diablo

Hace pocos años la rectoría de la UCR publicó un excelente documental sobre los antecedentes, la confrontación y las consecuencias de la guerra de 1948, el director y realizador de ésta importante obra es el cineasta Andres Heindenreich, es un documental muy ilustrativo que también debe ser visto por todos los costarricenses.

También gracias a un importante grupo de jóvenes historiadores de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, tenemos la oportunidad de leer varias importantes investigaciones que han publicado sobre los hechos ocultos durante décadas relacionados al conflicto armado de 1948.

https://webtv.fcs.ucr.ac.cr/watch/246/

Imagen: De izquierda a derecha, Lucio lbarra, Octavio Sáenz, Federico Picado, Narciso Sotomayor, Tobías Vaglio, y Carlos Aguilar.

Negación y autoritarismo en la Costa Rica sin ejército

Escrito en 01/12/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Osvaldo Durán Castro
Sociólogo. Profesor ITCR

La historia oficial de Costa Rica esconde o minimiza hechos despóticos, autoritarios y violentos, como la ilegalización de partidos políticos y sindicatos, asesinatos políticos, persecución, exilios, intimidaciones, decretos contra la clase trabajadora, entre otros. Muchas de esas prácticas se dieron en el contexto de la abolición del ejército, pero podemos decir que son parte de la historia actual por la falta de justicia e impunidad en muertes como los de Jaime Bustamante, María Del Mar Cordero y Oscar Fallas ocurrido el 7 de diciembre de 1994, David Maradiaga, el 14 de julio de 1995, Sergio Rojas Ortiz el 18 de marzo de 2019, Jerhy Rivera Rivera el 24 de febrero 2020 (cuyo caso sigue abierto), e incluso los asesinatos de Antonio Saldaña/Blu (Rey indígena) el 3 enero 1910 y de Pa-Blu Presberu el 4 julio 1710, pues todos responden a formas de violencia no reconocidas, no juzgadas y no castigadas.

Si bien no tener ejército es un gran mérito, hace falta recuperar la memoria no oficial y completa de Costa Rica para comprender el período histórico en el cual se produce la abolición del ejército. Es necesario desmitificar la historia oficial y algunos hechos en particular como lo ocurrido con el ejército, que fuera de contexto y en su versión oficial, es únicamente un “acto heroico” de Figueres Ferrer. Pero si ampliamos la visión con algunos decretos y acciones de la Junta Fundadora de la Segunda República, antes y después del 1 de diciembre de 1948, aparecen acontecimientos sobresalientes de los que se habla sólo “de pasada”, o se niegan deliberadamente.

Antes de la abolición del ejército se produjeron hechos de autoritarismo como la ilegalización del Partido Comunista consumada el 7 de julio de 1948, argumentando que ésa era una organización que atentaba “contra el régimen democrático”, según decía el Decreto firmado por José Figueres Ferrer. El mismo Figueres en el libro “El espíritu del 48” (1987. 308) indicó que “la proscripción estaba evidentemente dirigida contra cualquier agrupación comunista, llevara o no esa connotación. Estaba dirigida directamente contra el Partido Vanguardia Popular”. El Secretario general de Partido Comunista, Manuel Mora Valverde señaló que “se habían comprometido a no ilegalizarnos”, pero, “nos ilegalizaron para que el Departamento de Estado (de los Estados Unidos) les permitiera mantenerse en el poder” (Discursos. 1980, p. 407).

También se decretó la ilegalización de los sindicatos iniciando por la beligerante Confederación General de Trabajadores de Costa Rica. Sesenta sindicatos fueron forzosamente aniquilados con lo que se desarticuló la organización social que históricamente, desde finales del siglo anterior, había gestado la creación de las garantías sociales de los años cuarentas, tras décadas de luchas ejemplares. A las ilegalizaciones se sumaron el exilio de dirigentes comunistas y sindicalistas, el encarcelamiento, la tortura, la persecución y la intimidación de muchísimas personas (prácticas asociadas por el grueso de la población costarricense con otros países, pero nunca con Costa Rica).

Otros decretos de la Junta que revelan su cariz autoritario fueron los del 11 y 19 de mayo. El primero, número 7, dispuso “la remoción de los empleados públicos sin derechos a sus prestaciones legales y preaviso y cesantía. Además, se autoriza a las empresas particulares para despedir de sus puestos a aquellos empleados que consideran peligrosos”. El otro decreto creó el Tribunal de Sanciones Inmediatas para “…juzgar los hechos delictuosos cometidos por funcionarios públicos particularmente de 1940 a 1948. Los fallos de ese Tribunal no podían se apelados de ninguna forma”. Además, el 2 de junio de 1948, se crea el Tribunal de Probidad y la Oficina de Propiedad Intervenida, como explica el historiador Óscar Aguilar Bulgarelli en su libro Costa Rica y sus hechos políticos de 1948.

Otro de los hechos que marca la historia del país desde el autoritarismo, es el asesinato del Codo del Diablo perpetrado el 19 de diciembre de 1948, en el que pierden la vida los dirigentes comunistas Tobías Vaglio, Octavio Sáenz, Lucio Ibarra y Federico Picado. Con ellos fueron asesinados Narciso Sotomayor y Álvaro Aguilar. Dado que Picado era diputado electo por la provincia de Limón, este fue un magnicidio político. Ese crimen fue una ejecución sumaria planificada y ejecutada durante el gobierno de facto de Figueres Ferrer, que había sido instalado por medios militares y que ejercía con poderes ilimitados.

Casi como premonición de lo que le ocurriría a los militantes comunistas asesinados, algunas narraciones de subalternos de José Figueres Ferrer dan cuenta de que cuando a éste se le presentaron prisioneros se mostraba molesto. Según narra Manuel Solís Avendaño en su libro La institucionalidad ajena. Los años cuarenta y el fin de siglo (2006), Figueres decía que: “no debían crearme ese problema de prisioneros en el futuro, lo que deben hacer es no traer prisioneros, pues al enemigo hay que liquidarlo. Increpado por esta respuesta respondió que si se portaba blando perdería el respeto de los “muchachos”, los cuales de todas maneras matarían a los prisioneros”.

La trama política de esos años incluía la injerencia directa del gobierno de los Estados Unidos en los asuntos internos de Costa Rica. Mercedes Muñoz en su investigación Los problemas de seguridad del Estado costarricense 1940-1948 (1989, p. 102) expone que “…el embajador costarricense en Washington, en una entrevista con Tapley Bennet, Director de la Oficina de Centroamérica y Panamá del Departamento de Estado, reconoció el peligro marxista en Costa Rica y la influencia perniciosa del Partido Comunista para el Gobierno”.

La línea anticomunista para América Latina definida y promovida por los Estados Unidos, fue seguida puntillosamente por los integrantes de la Junta Fundadora de la Segunda República desde antes de que tomaran militarmente el poder por medio de “una Junta de Gobierno con poderes ilimitados” como indica Figueres Ferrer. Pero además, el anticomunismo había sido también un componente del ideario político del Gobierno de Teodoro Picado. El mismo Partido Republicano, durante el gobierno de Calderón Guardia, había firmado en julio de 1941, un acuerdo de cooperación militar con los Estados Unidos, lo cual no resultaba extraño en el contexto regional, ya que “en Centroamérica en la década de los 30’s, la consigna contraria al comunismo, impulsada desde el Departamento de Estado, organizó cambios sustanciales en el papel que debían cumplir las fuerzas de seguridad como en los requisitos que debían reunir los integrantes de éstas”, según explica Mercedes Muñoz (1989, p. 97). El documental “El Codo del Diablo” de Ernesto y Antonio Jara Vargas, reproduce un discurso de Gonzalo Facio Segreda, Ministro de economía y hacienda de la Junta, en el que éste resume su visión política, totalmente congruente con la línea anticomunista del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de Figueres Ferrer que ya mencionamos. Facio dice que “asumimos poder después de haber ganado la primera lucha armada que se da en el continente contra el comunismo”. Para ese tiempo estaba recién creado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, que en la práctica aseguraba la cesión de la soberanía de los países de América Latina a los Estados Unidos. Tanto Figueres como Facio se alineaban para asegurarse la confianza de aquel país.

El autoritarismo implicó el exterminio de personas por medio del asesinato y generó además, como dijimos, exilio, encarcelamiento, persecución, intimidación, entre otras prácticas. Como justamente expone Manuel Rojas Bolaños en su libro Lucha Social y Guerra Civil en Costa Rica 1940-1948, “la izquierda comunista quedó prácticamente fuera del juego político hasta los años setenta, por prohibiciones establecidas constitucionalmente” (1990, p. 27). En cualquier otro país, los asesinatos del Codo del diablo, la ilegalización de organizaciones sociales, los decretos contra la clase trabajadora y las demás acciones de represión política, se hubieran reconocido como actos propios de un gobierno dictatorial; pero no ha sido así en Costa Rica.

El discurso oficial y el imaginario político, a través de libros, discursos y la reproducción que hacen del mismo personas, instituciones y organizaciones, siguen resumiendo la historia de la guerra civil de 1948 como un acontecimiento de “defensa del sistema electoral”, lo que ha permitido construir un imaginario de sociedad irrestrictamente democrática, pulcra e idílicamente pacífica en la que los enfrentamientos sociales, incluidos asesinatos políticos, se desdibujan, tergiversan, minimizan, o simplemente se ocultan.

Dado que la versión oficial además nos presenta la historia como la acción de caudillos y héroes, uno de los cuales es sin duda José Figueres Ferrer, es indispensable releer todo lo divulgado por el discurso oficial y enseñado en la academia, desde la escuela hasta la universidad. Alfonso González Ortega y Manuel Solís Avendaño en su libro Entre el desarraigo y el despojo argumentan que “Hoy sabemos, aunque no lo incorporemos a la representación que tenemos de nuestra historia, que Figueres Ferrer no fue el principal artífice de la abolición del ejército y que originalmente esta proscripción estuvo más inspirada en detener sus aventuras militares, en medio de una lucha entre los grupos representados en la llamada Junta Fundadora de la Segunda República, menos en la creación deliberada de una cultura de paz. Algo semejante ocurre con la nacionalización de la banca” (2001, p. 170).

Otra vertiente de la historia que la historia oficial y el discurso del poder han pasado de lado o han ocultado, es la corrupción como práctica común. Uno de los ejemplos notables de manejo arbitrario de la Hacienda Pública fue que “en esos momentos (durante el gobierno de la Junta de Figueres Ferrer), una parte de los recursos del gobierno se destinaba a pagos privados, y al mismo Figueres”. Explica el sociólogo Manuel Solís Avendaño que “el Decreto 251 del 12 de noviembre de 1948 autorizó un pago de 2.734.443 colones a Figueres, por concepto de propiedades destruidas. La suma equivalía casi al cincuenta por ciento de los seis millones asignados originalmente para cubrir ese rubro. Allí estaba, en germen, una característica de la nueva institucionalidad”.

Como resumen de estas líneas, podemos decir que la abolición del ejército sólo fue posible después de “limpiar la mesa”, tras la ilegalización del Partido comunista y de 60 sindicatos de la Confederación General de Trabajadores de Costa Rica, y las demás prácticas despóticas y represivas de la denominada Junta Fundadora de la Segunda República. Con esto se eliminaron las entidades con capacidad militar y socialmente organizadas para retar el nuevo bloque de poder. En otras palabras, ya no había oposición socialmente articulada y la Junta ejercía poderes ilimitados sin enemigos contundentes. Tenía el control centralizado y aplicaba represión directa contra cualquier oposición posible.

En esas condiciones la abolición de cuerpo armado era viable tanto por condiciones creadas a lo interno del país, como por ajuste o acomodo de la Junta de Gobierno a la política exterior de los Estados Unidos.

A 50 años de la lucha patriótica contra la ALCOA

Escrito en 24/04/2020. Publicado en Análisis, Formación.

Vladimir de la Cruz

Hace 50 años, un 24 de abril, culminó una batalla de características ecologistas, patrióticas y nacionales, que resultó de intensas movilizaciones estudiantiles, y populares que se sumaron, para detener la aprobación del Contrato Ley con la compañía Aluminiun Company of America (ALCOA), que se venía discutiendo para su aprobación en la Asamblea Legislativa en las últimas sesiones extraordinarias del gobierno de José Joaquín Trejos Fernández, cuando la juventud y los estudiantes costarricenses protestaron violentamente contra la aprobación de este Contrato por la Asamblea ese día.

El impacto negativo de la ALCOA, interesada en explotar la bauxita en la región de Pérez Zeledón, a razón de 25 céntimos de colón por tonelada de extracción de materiales, de la que no solo sacaba aluminio, lo divulgó el Ing. Fernando Chávez Molina, comunista, quien había escrito el folleto “La ALCOA un matapalo”, y el Partido Vanguardia Popular, venía creando conciencia, desde principios de la década de 1960, sobre el significado de esta empresa y el impacto negativo que podría tener para el país.

Por lo demás era una empresa norteamericana, que inscribía esta lucha contra la presencia imperialista en el país, en el contexto de la guerra fría de entonces, del impacto y auge de la Revolución Cubana en la región, de la lucha anticolonial mundial, así como de las protestas y movilizaciones de solidaridad contra la guerra en Vietnam y al auge que adquiría en Europa y Estados Unidos esta resistencia, con la participación de los jóvenes norteamericanos del movimiento pro paz, los hippies y otras manifestaciones juveniles, que no eran ignoradas de la juventud costarricense.

También brotaron en esos años grupos de izquierda cristianos, por el impacto del II Concilio, el CELAM y los movimientos de cristianos por el socialismo en América, que tuvieron gran repercusión en la Universidad de Costa Rica (UCR).

En la UCR, el surgimiento del Frente de Acción Universitaria (FAU), organización estudiantil comunista, a partir de 1967, le imprime al movimiento estudiantil y a las luchas estudiantiles un carácter diferente, de mayor conciencia social, de compromiso solidario internacional y nacional, de discutir asuntos políticos y nacionales, y de vincular a la Federación de Estudiantes de la Universidad (FEUCR) con las luchas populares y de movilización estudiantil.

Así, a principios 1969, por la acción del FAU y de la FEUCR, después del Congreso estudiantil de la Federación, de marzo, se lleva a cabo un Seminario, que estudia el Contrato de la ALCOA, donde se articuló la estrategia de lucha para oponerlo.

A finales de 1969 se organiza la protesta permanente, con un piquete en los predios de la Asamblea Legislativa. A ello se sumó la visita constante a los colegios de secundaria, que se fueron sumando.

Los dirigentes estudiantiles y los doce diputados que se oponían al Contrato Ley son el factor de agitación y movilización, el FAU y la FEUCR el de su organización.

En esta lucha, como en la del Combo del ICE, en el 2000, o la del TLC en 2007 fue importante la presencia de diputados que hicieron de la Asamblea Legislativa un centro de discusión política, pero sobre todo de llegada de la movilización ciudadana, con el apoyo de las organizaciones sociales.

De allí la importancia de tener representantes legislativos en capacidad de mimetizarse con los sectores populares y estudiantiles en sus luchas.

Los doce diputados, de los partidos Liberación Nacional y Unificación Nacional, que votaron en contra del Contrato de Alcoa, en la Asamblea Legislativa, fueron:

Armando Arauz
Arnulfo Carmona Benavides
Cecilia González
Fernando Gutiérrez Benavides
Fernando Guzmán Mata
Fernando Volio Jiménez
Jorge Luis Villanueva Badilla
José Antonio Bolaños
José Hine García
Matilde Marín Chinchilla
Rodrigo Carazo Odio
Uriel Arrieta Salas

Etiqueta: Partido Vanguardia Popular

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (20)Tercera época