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Sororidad: la clave en la búsqueda de la igualdad y el acceso al poder en los partidos políticos

Escrito en 08/03/2021. Publicado en Aportes para el desarrollo, Derechos.

“La sororidad constituye una experiencia práctica intelectual y política que se fortalece con la alianza entre las mujeres. Es más que la solidaridad ya que implica la modificación de las relaciones entre las mujeres para potenciar un mundo mejor”. Marcela Lagarde.

Pretendemos explorar algunos antecedentes internacionales y nacionales en la ruta de búsqueda de una mayor participación de las mujeres políticas en la vida pública de cara al Bicentenario de la democracia de Costa Rica. A partir de los antecedentes, nos referiremos a los obstáculos institucionales y partidarios a la participación efectiva de la mujer, a retrocesos en la democracia por desacato de los partidos políticos en Costa Rica. Frente a este reto, rescatamos la función de los mecanismos de la mujer en los partidos políticos; su lucha presente y futura en “sororidad” hacia una mayor igualdad y acceso al poder desde lo interno de los mismos partidos. Honramos el sentimiento colectivo que potencia y transforma al Frente de Mujeres de Partidos Políticos de Costa Rica (FREMUPP CR) en una alianza poderosa por la democracia paritaria y la equidad de género en el país.

LA LUCHA DE LAS MUJERES: CONTEXTO GLOBAL Y BICENTENARIO

La Costa Rica del Bicentenario es una realidad cada vez más cercana para nuestra nación; no obstante, la mitad de la población constituida por las mujeres, no se enrumba con un paso firme a celebrar doscientos años de igualdad. En tan crítica situación de la economía y la política nacional como han advertido el Estado de la Nación, los índices INEC sobre empleo, donde las mujeres y las jóvenes están sumidas en el subempleo, la informalidad y sujetas a altísimas tasas de endeudamiento y porcentajes de fracaso en sus emprendimientos, con pocas oportunidades de empleo digno y devueltas al ámbito doméstico con teletrabajo en triple jornada. Costa Rica en el 2019 ocupaba el número 44 entre 129 países en el índice global de igualdad de género y según el Foro Económico Mundial, el país se ubicó en el puesto 105, con una brecha de desigualdad del 32% en cuanto a sus oportunidades de educación, salario, participación económica y política en comparación con los hombres.

ONU Mujeres ha indicado que en gestión de talento empresarial, cuando hay más mujeres en los niveles gerenciales, aumenta la rentabilidad, el liderazgo horizontal y la innovación en la empresa. Es en este contexto y con un gran sentido de urgencia y preocupación por el futuro de nuestra sociedad costarricense, que las mujeres partícipes en organizaciones sociales y política partidaria, ocupamos desarrollar y ejercer liderazgos creando una mayor conciencia y participación ciudadana con equidad que persiga la igualdad y un mayor acceso al poder a través de nuestras mujeres en la toma de decisiones de alto nivel desde las organizaciones sociales y políticas.

A pesar de cumplir con 71 años de haber alcanzado el derecho y el ejercicio al sufragio para las mujeres en Costa Rica, la igualdad efectiva se asoma tímida mientras se nos enfatiza a las mujeres que somos seres humanos iguales en deberes y derechos políticos. Entonces, como mujeres políticas, requerimos del intercambio de saberes, herramientas y condiciones más favorables para el pleno ejercicio de nuestros deberes ciudadanos y el disfrute de nuestros derechos humanos y políticos en el país acorde con un mandato internacional dictado desde el Plan de Acción de la Conferencia de Beijing: buscar una mayor igualdad sustantiva de las mujeres y las niñas en todas las áreas de la vida nacional.

Abundan ejemplos de los compromisos suscritos internacionalmente para la búsqueda activa de la igualdad de género como son los pronunciamientos en América Latina y el Caribe de los Consensos de Brasilia, Montevideo, Santo Domingo, Quito, de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, 1979), dando impulso a temas vitales como la autonomía de las mujeres, la participación en todos los poderes del gobierno, la firma del protocolo facultativo, el establecimiento del aparato nacional para el adelanto de la mujer, entre otros. Costa Rica también suscribió la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente en su Objetivo 5, “Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres y las Niñas”, ha fijado la meta 5.5 del liderazgo y de la participación plena y efectiva de la mujer en la vida pública, política y económica.

Todos estos esfuerzos internacionales permean la cultura política y requieren de acuerdos concretos para dar pasos firmes hacia el cumplimiento de una mayor igualdad de género en todos los ámbitos públicos y privados. No obstante, una Auditoría Operativa sobre los ODS de la Contraloría General de la República citado en el Informe Técnico de la Dirección Estratégica del Instituto Nacional de las Mujeres, indicó que únicamente se podría superar el bajo índice integrado de implementación del ODS 5 (45%) por medio de un Pacto Nacional para planificar, ejecutar, financiar y evaluar 14 indicadores nacionales. Las alianzas estratégicas interinstitucionales y la cooperación internacional eran necesarias para elevar la implementación del ODS 5 de la Agenda 2030.

Al respecto, la anterior Comisionada Residente de las Naciones Unidas en Costa Rica, Alice Shackleford, insistía entonces que los temas sociales como el tratamiento de la pobreza y la reactivación económica del país, debían verse desde planteamientos integrales que permitieran transversalizar la equidad de género y la participación de las mujeres en la toma de decisiones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2011) anotó que las mujeres seguimos siendo subrepresentadas en distintos ámbitos gubernamentales, en las esferas de la vida política y enfrentamos obstáculos estructurales a la participación tales como la desigualdad de oportunidades para encabezar nóminas, la falta de financiamiento para campañas y la violencia política.

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES: EL CONTEXTO NACIONAL

En ese contexto nacional por imposición legal, la participación política de las mujeres se sigue promoviendo desde los mecanismos de avance de las mujeres en los partidos políticos porque requieren dotar sus estructuras en un 50% de mujeres. Pero las voces de alerta de grupos organizados de mujeres, del PNUD, de foros políticos y comunicados de prensa del mismo INAMU surtieron efecto en la preocupación por la perspectiva de género en la labor formativa del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED del TSE) y de otros entes como el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED, genuinamente interesados en tener mayor incidencia desde la capacitación para empoderar mujeres y lograr una mayor democracia paritaria.

El Instituto Nacional de las Mujeres como ente rector de la institucionalidad para la igualdad de género se basa en tres publicaciones tituladas Estado I, II y III de los Derechos Humanos de las Mujeres, (2011, 2015 y 2019 respectivamente) para trazar entre varios temas, la evolución de la autonomía, la ciudadanía y la participación política de las mujeres en dos cuatrienios. En estos períodos, se reconocen algunos pasos sustantivos hacia la igualdad efectiva en más espacios de toma de decisiones pero advierten del efecto “latigazo” (“cuando se avanza en un paso, se retroceden en dos”) en nuestros derechos políticos. El Tercer Estado de los Derechos de las Mujeres (INAMU, 2019) parte de un acercamiento a los retos, los problemas o nudos críticos y estructurales aún existentes en Costa Rica para evidenciar el rezago en algunos derechos de las mujeres como la participación ciudadana. La exclusión histórica de las mujeres en la esfera de lo político-público visto desde una construcción cultural y social limitante que reduce nuestros derechos políticos a “una clara relación entre el hacer política de las mujeres y su subordinación” (INAMU, 2015) se debe a que siempre tenemos que enfrentar la división sexual del trabajo en el ámbito político. La desigualdad de género entonces impera en cada una de las áreas revisadas en las investigaciones del INAMU como la educación, la salud, el trabajo, las oportunidades, el acceso a la tecnología, pero sobre todo en la participación política.

En especial, hay indicadores de rezago en la participación política de las mujeres en puestos de toma de decisiones, en tanto no se aborde el tema de la promoción de las autonomías. Según Marcela Lagarde, la autonomía es “algo por construir” y parte de “la estrategia de lucha de las mujeres en el mundo”. (Lagarde, 1997). Desde la CEPAL (2016), la dimensión de la autonomía que se refiere a los derechos políticos es la del poder y la toma de decisiones. Además de las diferencias político-partidarias, las mujeres enfrentamos retos comunes en relación a la inclusión de mecanismos paritarios, al techo en el ascenso político, a las oportunidades de ejercer un liderazgo autónomo y de combatir los escenarios de violencia política en todas sus manifestaciones. Si no trabajamos juntas las mujeres políticas, superando las divisiones partidarias, dando la lucha y desarrollando autonomía en el poder y la toma de decisiones dentro de los partidos políticos, aunque aumente la participación de más mujeres, no será real ni sustantiva en su capacidad de incidencia interna ni en el impacto nacional.

La participación de las mujeres debe ser entonces efectiva y real. Atrás deben quedar las imposiciones de nombres de mujeres para cumplir con una cuota o el llenado de papeletas con sus nombres en función de objetivos políticos patriarcales. La falta de autonomía se justifica en una construcción social-cultural que no permite ubicar a las mujeres fuera del ámbito doméstico-privado. Muchas mujeres con potencial político no se autoperciben como sujetos con derechos y aspiraciones políticas válidas a pesar de su gran trabajo y experiencia a lo largo de los procesos electorales. Ese liderazgo de mujeres a veces se sustituye en la inscripción de papeletas con el nombre de “la esposa, la hija o sobrina” de los liderazgos de hombres usurpando el derecho que por mérito le corresponde a las mujeres que sí han trabajado. El peligro es que esta práctica sea aceptada por las mujeres en aras de sólo llenar en la esfera de lo político-público aquellas que sean impulsadas por hombres y mujeres sin tener una visión o perspectiva de género.

Por eso, una de las premisas de igualdad descansa en la idea de que una mayor participación de las mujeres en la política va en paralelo con la construcción social-cultural de la entrada de los hombres en la vida doméstica-privada. El tema de la corresponsabilidad en el cuido y compartir las tareas del hogar entre ambos géneros cobra aún más interés como resultado del confinamiento por la pandemia del Covid-19, en donde el recargo sobre el trabajo y el tiempo de las mujeres, produjo un retroceso de las mujeres hacia los roles domésticos y de cuido. (OEA CIM, 2020) Es consecuente, entonces que el confinamiento pueda haber reducido también la participación política de las mujeres, lo cual amerita ser analizado en algún otro momento.

Por último, la misión de la Organización de los Estados Americanos que observó las elecciones municipales 2020 y entrevistó a varias representantes oficiales de las mujeres en algunos partidos políticos, reveló que Costa Rica debe limitar la cantidad de veces consecutivas en que se pueden reelegir los alcaldes, no existiendo un derecho humano absoluto para ocupar un cargo, y que los derechos a elegir y ser electos pueden ser regulados, criterio fundamentado en la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho. La misión reiteró una recomendación hecha en el 2016 de ponerle un tope a la reelección de los alcaldes a través de una revisión de la legislación vigente. Más alarmante la misión también detectó casos de violencia política contra las mujeres, resaltando que solo 9 mujeres fueran electas alcaldesas y recomendó avanzar en la elaboración de una ley sobre violencia político-electoral contra las mujeres para prevenir, investigar, sancionar y reparar todo tipo de violencia y discriminación en la política. (CRHoy, Febrero 3, 2020).

JURISPRUDENCIA Y VOTOS DE LA SALA: PARTIDOS MARCAN RETROCESOS EN LA RUTA NACIONAL Y MUNICIPAL HACIA LA PARIDAD

En este apartado se cita jurisprudencia, votos relevantes de la Sala Constitucional y resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones que permiten contrastar la normativa existente con lo que consideramos las mujeres políticas un retroceso en la ruta municipal y nacional hacia la paridad. En la Resolución Nº 16070 – 2015 “(…) la Sala afirma que -conforme al tenor literal y sistemático del Código Electoral- sí resulta exigido a los partidos políticos el respeto de la paridad no solo a lo interno de cada nómina sino a lo largo de todas las nóminas de elección popular, es decir la paridad en los encabezamientos o paridad horizontal, por lo cual dichas organizaciones deben tomar las acciones, acuerdos y procedimientos que juzguen más apropiados (incluyendo por supuesto las posibles consultas al Tribunal Supremo de Elecciones, como órgano competente) para dar cabal cumplimiento al mandato legal que se origina especialmente en los artículos 2 y 52 incisos ñ) y o) del recién citado cuerpo legal, según se ha explicado.” Apoyados en el principio de autonomía partidaria, no tanto los partidos más nuevos que han proliferado en Costa Rica, sino los partidos más tradicionales y patriarcales asumen riesgos incumpliendo o manteniendo los mínimos necesarios en sus estatutos con respecto a la paridad horizontal o en la implementación de los mecanismos a pesar de lo expresamente reglamentado en la normativa actual.

El TSE en la Resolución Nº 3603 – E8- 2016, que indica que “la paridad de las nóminas a candidatos a diputados no solo obliga a los partidos a integrar cada lista provincial con un 50% de cada sexo (colocados en forma alterna), sino también a que esa proporción se respete en los encabezamientos de las listas provinciales que cada agrupación postule. Los partidos políticos deberán definir, en su normativa interna, los mecanismos que den cumplimiento a este régimen paritario. No obstante, en caso de que se presenten nóminas de candidatos que incumplan este requerimiento, por la razón que sea, el Registro Electoral, previo sorteo de rigor, realizará los reordenamientos que resulten necesarios en esas nóminas.

Esta aparente permisibilidad del órgano electoral nacional ha consentido que los partidos continúen inscribiendo papeletas a pesar de que en sus estatutos vigentes incumplan con la normativa electoral en cuanto al mecanismo que implementen para la paridad horizontal, por cuanto, de haber algún incumplimiento, el TSE puede corregir y subsanar a través del mecanismo de rifa. Esta resolución no generó los cambios necesarios ni mejoró la representación de las mujeres desde los partidos políticos. En el sistema democrático occidental, el único acceso a los puestos políticos es por medio de la participación en los partidos políticos; por consiguiente, para lograr una participación efectiva de las mujeres es necesario que se cumpla con los principios de justicia, equidad y representatividad de las mujeres en los puestos de elección popular. En el caso de Costa Rica, el artículo 98 de la Constitución Política obliga a los partidos políticos a respetar la ley y a ser democráticos en su funcionamiento. Consecuentemente, si las mujeres representamos casi el 50% de la población electoral del país, debemos reclamar la paridad que define el Artículo 2 del Código Electoral, pero con reglas claras. Consideramos que es legalmente viable que se le niegue la inscripción a aquellos partidos políticos que incumplan con establecer en su normativa interna las reglas claras sobre la participación de la mujer en el acceso a los puestos de elección interna y popular. Pese a lo anterior, los partidos pueden seguir participando en procesos electorales sin establecer en sus estatutos y reglamentos, los modelos que garanticen la paridad y la igualdad en sus procesos de elección en flagrante incumplimiento al Artículo 98 constitucional y en contra de las convenciones internacionales suscritas en el país sobre la participación y representación política de las mujeres.

Otro gran obstáculo para la participación política de un mayor número de mujeres se debe al financiamiento electoral. No puede haber una paridad real sin el acceso a los recursos que establece este cuerpo normativo como obligatorio sino se realizan actividades formativas específicas para el empoderamiento de las mujeres o sin actividades de sensibilización a los hombres que en conjunto generen el cambio cultural y político necesario a lo interno de las estructuras partidarias hacia la democratización paritaria de sus partidos. Con respecto a la obligación de destinar recursos de la contribución estatal al rubro de capacitación, el TSE desde el 23 de setiembre de 1999, emitió la resolución N° 1863, revirtiendo el criterio imperante desde 1977 (a partir del que bastaba que los partidos cumplieran con el 40% de mujeres en las nóminas, sin que el lugar que ocuparan fuera de relevancia) y establece que los partidos deben ubicar ese 40% en puestos elegibles. En cuanto a la obligación de destinar un porcentaje de la contribución estatal a capacitación femenina, la nueva legislación tuvo por génesis la indicada declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 193 del antiguo Código Electoral.

Nuestro Código Electoral reformado en el año 2009, a hoy instituye en sus artículos 2 y 52 la participación política de hombres y mujeres como un derecho humano, la alternancia como mecanismo para asegurar la participación de hombres y mujeres, la obligatoriedad de los estatutos de los partidos políticos en emitir normativa clara para la igualdad de condiciones de participación y la necesidad de fomentar la igualdad en la capacitación política. (Código Electoral, 2009). El resultado de la aplicación de la alternancia en la nómina de las diputaciones no rindió los resultados esperados dado que la mayoría de los encabezamientos fueron hombres por lo que inclusive se obtuvo una menor representación de mujeres diputadas que en el pasado. Este hecho demuestra que a pesar de la proliferación de nuevos partidos en la arena política de Costa Rica, la visión patriarcal se impuso y se manifestó en los encabezamientos de las nóminas de diputaciones de los distintos partidos participantes.

La labor del Tribunal Supremo de Elecciones aunque intencionada y corregida por la Sala Constitucional, fue insuficiente para impulsar junto con la reforma del 2009, la discusión de la democracia paritaria como un fin primordial en los partidos políticos, para crear mecanismos que impidieran la inscripción y participación electoral de aquellos partidos que incumplieran el espíritu del Artículo 2 del Código Electoral. La autonomía partidaria no es irrestricta: la Constitución Política y el mismo Código Electoral establecen requisitos de inscripción y funcionamiento partidario expresos en materia de paridad de género que los partidos políticos incumplen hasta el día de hoy como si nada.

Para las mujeres político-partidarias, el máximo órgano electoral llamado a promover desde el 2016 la cultura electoral hacia la democracia paritaria por la vía de la acción afirmativa-normativa es también omiso en coadyuvar ese proceso de cambio para las elecciones municipales 2020. Con la interpretación oficiosa en su Resolución No. 1724-E8-2019 dispensa a los partidos políticos de aplicar la paridad horizontal en los puestos uninominales, dictando que aplica únicamente para los puestos plurinominales, nóminas de regidurías y concejalías, que los encabezamientos de propietarios y suplencias serán el mismo género y que no aplicaba para alcaldías ni sindicaturas, que cada partido definiría su normativa y que la entrada en vigencia de la paridad horizontal en los puestos uninominales sería en el 2024.

La respuesta esperada por el comportamiento previo de los partidos políticos sería incumplir y boicotear la posibilidad de más encabezamientos de mujeres a los puestos de elección popular, delegaciones y órganos superiores. Es notorio que existen partidos de amplia trayectoria nacional que aunque hayan reescrito sus estatutos, incumplen con la aplicación de la normativa sobre la paridad horizontal o peor, los que aún no han realizado la reforma estatutaria necesaria haciendo caso omiso de los citados artículos 2 y 52 del Código Electoral. Por lo tanto, siguen en deuda con las mujeres que militan en sus filas por la incertidumbre que causa la falta de reglas de participación claras y la falta de certeza jurídica que al cabo, se da tanto para hombres como para mujeres. Como prueba de lo anterior tenemos, que de los 82 cantones que integran el país, sólo 9 mujeres son electas alcaldesas lo que equivale a únicamente el 9,7% de los gobiernos locales haciendo evidente la deuda histórica con los derechos políticos de las mujeres.

EL PAPEL DE LOS MECANISMOS DE LA MUJER EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y EL SENTIDO COLECTIVO DE LUCHA

La historia nos recuerda que una mayor inclusión de las mujeres a la vida partidaria se gestó a partir de las luchas feministas por obtener el sufragio y luego establecer las cuotas de participación. Ninguna de estas luchas previas por reivindicar derechos políticos de las mujeres ha sido fácil. El debate sobre las cuotas, por ejemplo, versó sobre la imposición de mujeres en forma alterna “sólo por su género y no por su capacidad”, repitiendo la violencia estructural que nos ha excluido del derecho a elegir y ser electas. No obstante, la necesidad de ésta y otras acciones afirmativas darían como resultado un incremento de mujeres en las filas de los partidos políticos colaborando en distintas áreas del quehacer político más allá de labores sexistas como la preparación y distribución de los alimentos en campaña, la confección de banderas, la jefatura de los centros de votación, las labores secretariales, etc.

A pesar de que solamente el 25% de la población se declara militante de un partido político en Costa Rica, debemos reiterar que en tanto el único medio de acceso real al poder político estatal ocurre a través de los partidos políticos, es ahí en donde deben darse los cambios estructurales de la normativa interna y de la cultura política para promover la democracia paritaria. Por consiguiente, las acciones afirmativas no solamente deben ser indicativas sino también sancionatorias para la inscripción y participación electoral partidaria. Al reproducir las estructuras esa división sexual del trabajo político en subordinación para las mujeres, se excluye de una manera u otra, la presencia de más mujeres en encabezamientos y en puestos de toma de decisiones en los órganos de representación partidaria a pesar de que en toda la estructura de campaña, las mujeres normalmente asumen serias responsabilidades organizativas y logísticas (humanización de cantones, censos electorales, coordinación y gestión de papeletas, búsqueda de miembros de mesa y fiscales, gestión de permisos y preparación del centro electoral, entre otras funciones). Por eso debe fomentarse en los partidos políticos una visión más integradora de la mujer como sujeto político con aspiraciones, habilidades y capacidades desarrolladas para ser electas en puestos de poder y para la toma de decisiones en todas las distintas áreas del quehacer político.

En los partidos políticos, para asegurar entre otras cosas que las mujeres participen, se capaciten y se formen, se debe contar con una instancia oficial con autonomía funcional como los frentes, sectores o movimientos de la mujer que también velan de manera consecuente por el avance de los derechos políticos de sus militantes. Debe de diferenciarse los órganos electos democráticamente entre las mujeres de los que son órganos delegativos por los órganos superiores del partido: los primeros cuentan con una autonomía intrínseca por ser el resultado de elecciones directas, no siendo sujetos de remoción por sus diferencias de criterios u opiniones, y los segundos están supeditados a su delegación, por consiguiente son puestos removibles por las cúpulas de resultar incómodos.

Cada partido tiene su estructura organizativa que debe respetar los principios de legitimidad y representatividad. Algunos partidos en los procesos internos para renovar sus estructuras, elijen representantes oficiales del movimiento o frente de mujeres partidario. Estos órganos o mecanismos oficiales son los que promueven los cambios necesarios dentro de los partidos para que las luchas como la paridad de género avancen. Mención aparte merecen las mujeres que han sido electas en un órgano superior y ostentan la Presidencia de un comité ejecutivo de su partido por mérito propio ya que representan la legitimidad democrática de su elección. Vemos de buena manera que en un futuro no muy lejano, tengamos en Costa Rica más partidos políticos liderados por mujeres en la presidencia pero con profunda perspectiva de género impulsando a las mujeres hacia las máximas candidaturas. Por ello, las representaciones de la mujer y los mecanismos de avance de las mujeres en los partidos políticos no deben ser una concesión de las estructuras patriarcales sino un espacio ganado y reclamado por ellas desde su trabajo y real empoderamiento, junto a una nueva concepción de “masculinidad política” (Chavarría, 2020) que habilite los acuerdos y consensos internos de cada partido para definir cual mujer debe ostentar tal designación.

Los mecanismos que velan porque esa aspiración política sea cada vez más real y efectiva para las mujeres de los partidos pueden llamarse secretarías, comisiones, fiscalías, movimientos y/o frentes de mujeres de los partidos políticos. Estas estructuras u órganos funcionales electos o creados en los partidos además de promover y capacitar a las nuevas lideresas en los principios ideológicos de sus organizaciones, garantizan y fiscalizan de manera dinámica la participación efectiva de las mujeres en los distintos procesos internos, promueven la aplicación de la normativa electoral sobre la democracia paritaria e impulsan los cambios necesarios desde la perspectiva de género como por ejemplo la prevención de la violencia contra las mujeres en política. Estas instancias que también son consultivas, deben coordinar acciones programáticas y formativas de manera directa con sus comités ejecutivos superiores o nacionales en aras de asegurar la paridad de los hombres y las mujeres participantes en todos los órganos superiores, órganos de representación, delegaciones, nóminas de elección popular y diputaciones. (Código Electoral, 2009)

En el 2018, por primera vez la Defensoría de la Mujer con Alejandra Mora Mora y bajo la dirección de Catalina Crespo y el INAMU coordinan un acercamiento a las representantes oficiales de los mecanismos de la mujer de algunos partidos políticos, pero se les invita a través de los presidentes de los partidos del PUSC, PLN, PAC, FA, PRSC, PNG y NR. En el primer encuentro de secretarias de la mujer y mujeres presidentes de movimientos y frentes de la mujer participaron Waizaan Hin Herrera, Carolina Delgado, Carmen Muñoz, Esther Camac, Rocío Alfaro, Marcela Sánchez y Cindy Quesada. La convocatoria fue hecha de manera indirecta a los mecanismos de los partidos políticos para hablar sobre la paridad horizontal. De ese primer encuentro, este grupo de lideresas reclama que se les convoque en su calidad de presidentes por derecho propio y por su representación legítima de las mujeres partidarias. Se revisan los resultados de las elecciones anteriores y se vislumbra un trabajo en conjunto con el INAMU, ante la oportunidad de crecer en sororidad para la consecución de objetivos comunes como mujeres de partidos políticos de Costa Rica.

Se plantea entonces la necesidad de un modelo de alianza interpartidaria en la lucha por los derechos políticos de las mujeres de manera representativa, legítima y sororaria que comparta una plataforma de acción común, una base de organización y formación política en igualdad de género para que las luchas por la equidad y el acceso al poder no se den en solitario y se puedan construir formas reales de inclusión e incidencia política de las mujeres desde sus organizaciones.

De esta manera en Mayo del 2019 confiando en la rectoría del INAMU en asuntos políticos de las mujeres, y en particular con ayuda del Departamento de Ciudadanía Activa, se traza una ruta para trabajar en alianza estratégica con las representantes oficiales de los mecanismos internos de avance de la mujer de los partidos políticos formalmente constituidos a nivel nacional o cantonal para luchar por las mujeres y la igualdad de género en los partidos. En un documento de la Dirección Estratégica que define esta alianza de trabajo entre mujeres políticas diversas, se advertía que las decisiones a tomar en ese momento coyuntural iban a impulsar o desalentar avances alcanzados por y para las mujeres en las estructuras de partidos. Dichas decisiones no solamente tendrían un efecto en el ámbito específico de los procesos electorales, sino que constituirían referentes teórico-prácticos en tiempos no electorales que podrían tener una fuerte repercusión en:

La visión de lo que implica la discriminación contra las mujeres, la igualdad y cómo se expresan en el acceso al poder,
La defensa de los derechos humanos y políticos de las mujeres,
el reconocimiento de la paridad como un pilar y principio fundamental de la democracia versus la autonomía de los partidos políticos y la definición de puestos “intocables”.
Promover la discusión de temas afines a todas las mujeres de distintos partidos en cuanto a la definición de la violencia política contra las mujeres.
Las alianzas estratégicas entre distintos mecanismos y actores estratégicos en defensa de los derechos políticos de las mujeres.
La discusión de retrocesos normativos en los estatutos de los partidos políticos y las organizaciones sociales.
El acompañamiento ante el desaliento, cansancio y solitud de lideresas y organizaciones que defienden la igualdad efectiva, que luchan por un puesto de decisión.
Además, la contención o manejo de una mayor rivalidad entre las mujeres que ya se encuentran y aspiran a los mismos espacios políticos.

De la valoración de importantes temas de coincidencia, las mujeres políticas acordamos indistintamente de nuestras diferencias, articular con la Sra. Patricia Mora Castellanos, Ministra de la Condición de la Mujer y las funcionarias Yensy Herrera y Juliana Sibaja del Departamento de Ciudadanía Activa, una alianza para el trabajo y una hoja de ruta estratégica para afianzar la lucha dentro de los partidos políticos en temas comunes: participación política, paridad de género en todo, violencia de género, violencia contra las mujeres en política y promoción y apoyo a iniciativas de ley en estas temáticas.

Coincidimos en el respeto a las luchas pasadas de nuestras mujeres políticas costarricenses, en el reconocimiento de la cuarta revolución de lucha hacia la democracia paritaria, en que el Frente de Mujeres de Partidos Políticos de Costa Rica sea una acción de cooperación multipartidaria para tratar problemas urgentes y comunes indistintamente de las diferencias ideológicas y programáticas en nuestras organizaciones. En un gran esfuerzo de diálogo abierto y desde la representación oficial de los mecanismos de avance de las mujeres dentro de nuestros partidos políticos, llámense Secretaria/ Fiscalía de la Mujer y/o Frente de Mujeres, varias organizaciones partidarias como el Partido Unidad Social Cristiana, el Partido Liberación Nacional, el Partido Acción Ciudadana, el Partido Frente Amplio, el Partido Nuevas Generaciones, el Partido Republicano Socialcristiano y el Partido Progreso Social Democrático, hemos discutido temas como la subrepresentación de mujeres en las elecciones municipales y nacionales, la falta de definición sobre mecanismos para la aplicación de la paridad horizontal en período electoral 2020, la falta de financiamiento a campañas de mujeres, la inaccesibilidad a los presupuestos de capacitación y la conceptualización de la violencia política en el ámbito municipal, legislativo y nacional.

Nuestra agenda fue impactada de manera inesperada por la entrada del COVID-19 obligándonos a poner un paréntesis para participar en el Foro Ampliado del INAMU y de la Mesa de Diálogo al lado de otros grupos organizados de mujeres de la sociedad civil y gremios sobre la contingencia por salud para las mujeres, la reformulación del FOMUJER e inclusive dialogar sobre los riesgos de recortes al presupuesto ordinario del INAMU. El producto de estas sesiones ampliadas del foro fue el envío de propuestas consensuadas a la Junta Directiva de la institución y un pliego de ideas al gobierno central sobre los temas de alta prioridad para las mujeres. Ante la difícil situación económica y laboral planteada por la pandemia principalmente a las mujeres, los grupos feministas y de mujeres con la rectoría del INAMU, solicitamos tener más sillas en representación y más voces de mujeres en las mesas de diálogo nacional. Ese intento de que el diálogo fuera inclusivo y respetuoso de las mujeres fue infructuoso y lamentablemente motiva la renuncia de la Ministra Patricia Mora Castellanos al INAMU a finales del año 2020.

Las mujeres políticas del país de cara al Bicentenario de la nación, debemos buscar los espacios apropiados para forjar alianzas estratégicas y avanzar en los temas que nos unen. El espacio compartido como el Frente de Mujeres de partidos políticos denominado FREMUPP CR deben consolidarse ya que es una instancia consultiva y de colaboración constructiva que legitima la lucha por los derechos políticos de las mujeres dentro del marco de los ODS concertando un espacio de diálogo permanente de las mujeres político-partidarias en el panorama nacional con la colaboración del ente rector INAMU. Refuerza la búsqueda del derecho a la participación política de la mujer sin violencia y la concientización sobre la democracia paritaria que son la base de nuestros derechos políticos.

Esta alianza nos ha permitido presentar de forma conjunta con INAMU, dos iniciativas de proyectos de ley Expediente No. 21.790 sobre las vicealcaldesas y el Expediente No. 21.791 sobre el fortalecimiento de las secretarías de la mujer en los partidos políticos. Con la venia de la Comisión Especial Permanente de la Mujer de la Asamblea Legislativa, FREMUPP CR espera la aprobación final de ambos proyectos de ley en favor de afianzar los mecanismos de avance de las mujeres en los partidos y de mejorar condiciones para las vicealcaldesas en los gobiernos locales. Se nos invita a participar en la revisión del texto sustitutivo del Proyecto 20.308 sobre la Violencia contra las Mujeres en Política cuya importancia radica en la necesidad de conceptualizar, prevenir, sancionar y reparar daños por incidentes de acoso y violencia para las mujeres políticas en general y para las mujeres en el ejercicio de altos cargos. Esperamos poder impulsar más legislación en favor de la igualdad de género tal como se acompañó la aprobación de la Ley No. 20.299 contra el Acoso Sexual Callejero en el 2020.

Las redes interpartidarias y plurales de mujeres en política han sido consideradas como fundamentales para el avance hacia la igualdad sustantiva según ONU Mujeres. Estas alianzas de mujeres políticas en la contemporaneidad podrían extenderse a otras instancias públicas que esperan que la paridad de género se aplique en los puestos directivos y también para visibilizar y vigilar la labor y cumplimiento de políticas públicas y institucionales en las unidades de igualdad de género. Con parámetros de unidades excepcionales como la UTIEG de la Asamblea Legislativa y la Secretaría de Género del Poder Judicial, se puede entablar un trabajo en conjunto que transversalice la perspectiva de género más allá de la Red de Unidades para la Igualdad de Género (RUPIG) existente desde el 2010 hacia toda la institucionalidad pública en Costa Rica.

Buscar el apoyo de actores estratégicos dentro de la arquitectura de género de la institucionalidad pública es vital para el logro de nuestros objetivos como el Frente de mujeres de partidos políticos. Resalta la iniciativa y colaboración de la Sra. Haydeé Hernández desde la Jefatura de la UTIEG quien ha realizado estudios comparativos de los estatutos de nuestros partidos políticos en cuanto a la normativa electoral vigente. Gracias a estos ejercicios, hemos podido detectar las falencias estatutarias y enfocar nuestros esfuerzos en luchar para reparar y subsanarlas. Estos puntos de encuentro se nutren del trabajo individual partidario de las lideresas que ostentan esa representación oficial tanto como del planeamiento estratégico como colectivo de mujeres políticas en la búsqueda del bien común. El caso de FREMUPP CR muestra sólo el comienzo de que trabajando en sororidad como mecanismos oficiales y representativos de los derechos de las mujeres político-partidarias, con las mujeres que están tomando decisiones dentro de los órganos representativos de los partidos, podemos caminar con más firmeza y acompañamiento en la búsqueda de un mayor acceso al poder dentro de los partidos políticos que al fin y al cabo son organizaciones humanas perfectibles, reflejo de las dinámicas del poder político en la democracia actual de cara al bicentenario de Costa Rica.

FRENTE DE MUJERES DE PARTIDOS POLÍTICOS DE CR

Waizaan Hin Herrera (PUSC), Carolina Delgado Ramírez (PLN), Marcela Sánchez Cortés y Rocío Alfaro (FA), Cindy Quesada (Unidos por Costa Rica), Esther Camac, (PAC), Luz Mary Alpízar Loaiza (PSP), Giselle Mora Peña (PRSC). Carmen Muñoz fue sustituida por Vivian Solís Espinoza (PAC).

Presentación de Proyectos de Ley No. 21.790 y 21.791. Nos acompañó la Comisión Especial Permanente de la Mujer de la Asamblea Legislativa y Yensy Herrera de Ciudadanía Activa del INAMU.

El ocaso de la segunda república bajo el lente artístico

Escrito en 23/02/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

Rosaura Chinchilla-Calderón
Abogada y profesora universitaria
Rosaura.chinchilla@gmail.com

El arte ha permitido que los pueblos expresen lo que, de otra forma, se acallaría o reprimiría. No obstante, el que se use un lenguaje estético no le quita sordidez a la realidad ni impide que el relato genere angustia o desesperanza en quien degusta la obra. El despertar emociones es parte del reto artístico, aunque se trate de sentimientos que, por ser reflejo del entorno, no son los que se quieran cultivar. Además, cuando el medio que se describe ha fermentado niveles descomunales de putrefacción y cinismo, la belleza de los recursos comunicativos que se usen para trasmitir las ideas no impide que el mensajero pueda estar en riesgo por expresar su visión de mundo.

Externar ideas, máxime cuando estas implican la crítica a un sistema político decadente y opresor, puede implicar el pago de altos precios. Leo en la prensa internacional que un rapero catalán fue detenido, tras refugiarse en un campus universitario, e ingresó a prisión para descontar nueve meses por el delito de injurias cometido contra la monarquía española a través de la letra de sus canciones. La nota es de febrero de 2021 y —dejando al margen la valoración que pueda hacerse de los diferentes géneros musicales o de la crítica de otros trabajos del ahora detenido— si esto sucede en un contexto de democracia formal en donde la globalización ha permitido el acceso a algunos mecanismos de protección para la libertad de expresión, ni qué pensar sobre los efectos que críticas similares han tenido (o pueden tener) en otros contextos o momentos históricos, en donde pensar, expresar y disentir se puede pagar con la vida misma.

No por casualidad, en América Latina —tan susceptible a los colonialismos y a sufrir las dictaduras de diferente signo de ellos derivadas— el boom de la literatura se manifestó, entre otras corrientes, a través de la novela histórica y la “novela del dictador”, subgéneros a través de los cuales se fue consolidando la descripción de un contexto específico del quehacer de nuestros pueblos que posibilita la crítica hacia el abuso del poder político y articula formas de oposición o disidencia contra regímenes despóticos.

Si la nómina es larga (en obras, autores y en narraciones) y extiende sus raíces abrazando varios siglos, es porque también el abuso del poder ha carcomido a nuestra adolorida Latinoamérica como un cáncer terminal: desde las obras precursoras de dicho movimiento —como Facundo (1845) de Domingo Faustino Sarmiento y Amalia (1850) de José Mármol con referencias a la dictadura de Juan Manuel de Rosas en Argentina— hasta textos cumbres como Tirano Banderas (1926) del español Valle Inclán que describe al tirano ficticio de una isla sudamericana Santos Banderas; El señor presidente (1933;1946) de Miguel Ángel Asturias sobre el régimen de Manuel Estrada Cabrera en Guatemala; Conversación en la catedral (1969) de Mario Vargas Llosa alusiva a la represión ejercida en Perú por Manuel Odría; Otoño del patriarca (1970) de García Márquez donde se describe a un dictador ficticio que reúne características de Franco en España, Juan Vicente Gómez de Venezuela y Gustavo Rojas Pinilla de Colombia; Yo el Supremo (1974), de Augusto Roa Bastos, sobre la vida del paraguayo José Gaspar Rodríguez de Francia; El recurso del método (1974) de Alejo Carpentier, nuevamente con una simbiosis ficticia de los diferentes políticos autoritarios históricos de la región; De amor y de sombra (1984) de Isabel Allende referente a las fosas comunes y los desaparecidos en el régimen de Pinochet de Chile, sin dejar de lado aportes recientes como En el tiempo de las mariposas (1994) de la escritora Julia Álvarez referente a la dictadura de Trujillo y el asesinato de las hermanas Mirabal; Margarita está linda la mar (1998) de Sergio Ramírez referente a la llegada de Darío a Nicaragua y la vida y asesinato de Somoza en Nicaragua, La fiesta del chivo (2000) y Tiempos recios (2019) ambos de Mario Vargas Llosa, el primero relativo al régimen de Rafael Leonidas Trujillo en la República Dominicana y el último alusivo al derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala.

Es de prever que si las dictaduras han variado en la forma en que acceden al poder (ahora a través de golpes de estado blandos, por ejemplo), también la clasificación del género literario deba expandirse y abrirse para adoptar la crítica a figuras que mueven los hilos de un país, aunque no sean formalmente dictadores.

Advierto que no soy experta en el campo, pero me atrevería a decir que —salvo contadas excepciones dentro de las que destaca El crimen de Alberto Lobo (Gonzalo Chacón, 1928) referida a la dictadura de Los Tinoco— en Costa Rica no existe una tradición importante en este tipo de textos (ni en obras culturales de otra naturaleza que aborden temáticas semejantes). Con ello lejos estoy de insinuar que el arte tico no se ha ocupado del fenómeno porque no hayamos tenido golpes de estado, dictadores o caudillos, ni pretendo adscribirme al mito de la “Suiza centroamericana” sino, más bien, reforzar la crítica, excepcionalmente planteada por Yolanda Oreamuno, respecto al “carácter tico”, más dado a evadir las situaciones grotescas que a enfrentarlas, de allí que se prefiera “esperar a que se despejen los nublados del día” o “serruchar el piso antes que cortar cabezas”. No en vano el “pura vida” es nuestro lema-nación y alimentamos el imaginario nacional con lo de ser “el país más feliz del mundo”. Será por eso por lo que vivimos en el eterno presente, donde los escándalos no duran más de tres días y estamos privados de una memoria histórica y de un patrimonio cultural vigoroso que nos permita hundir las raíces en los aportes de otras generaciones y curtirnos frente a los eternos retornos de las demagogias políticas. Eso podría explicar el por qué el arte con clave de denuncia respecto al abuso de poder nacional también es escaso en nuestro medio.

En los últimos años, sin embargo, el arte, a través de diversos géneros, ha empezado a hurgar en la desmemoria, en el pasado que oculta autoritarismos y desigualdades, en los conflictos políticos contemporáneos, en las tramas de poder y corrupción que nos han marcado y en la denuncia de la realidad en la que convivimos. Me refiero, por ejemplo y obviamente sin ninguna pretensión de exhaustividad, a trabajos como el recogido en el documental El Codo del Diablo (hermanos Jara Vargas, 2014) que rescata, para la memoria histórica, el abuso del poder que termina en homicidios impunes durante el conflicto de 1948 y a novelas (mezcla de tramas históricas, policiacas y con algo de novela negra y del dictador) Cruz de Olvido, El año de la ira (Carlos Cortés, 1999 y 2019), y Más allá del río (Emilia Macaya, 2020) que pasan revista por los temas de corrupción y ejercicio del poder político-autoritario.

Y esa producción no es casualidad. Se trata no solo de la lucha contra la amnesia sino la premonición de que nuevas tempestades se avecinan. Las anuncian los datos o indicadores de la Costa Rica del bicentenario que, en su última década, se ha caracterizado por:

a) presentar una tasa de homicidios por 100 mil habitantes que supera las 10 muertes violentas, lo que permite calificar la violencia social como “epidemia”, según los criterios usados por la OMS. Así dicha tasa en 2015 fue de 11.5 muertes; en 2016 de 11.8; en 2017 de 12.2; en 2018 de 11.7; en 2019 de 11.2 y 2020 de 11.1. Estas muertes violentas han involucrado un crecimiento de los femicidios (entendiendo por este término la muerte de mujeres por su condición de tales que, en Costa Rica, se maneja como “femicidio ampliado” dado el carácter restrictivo de la normativa sobre el tema circunscrita a relaciones de pareja);

b) ver crecer anualmente el índice de Gini, que marca la distribución de la riqueza. Recuérdese que el punto cero implicaría la “equidad perfecta” por lo que, a cifras mayores, la desigualdad social es superior. Así, al llegar a los años 2000 se alcanzó los puntos más altos: 51.60 en el 2001 y 90 en 2002 y si bien descendió en los siguientes años, tuvo un repunte en 2009 (50.6) y, a partir de entonces, con ligeras oscilaciones, se ha mantenido en 48 y algo, por lo menos hasta 2018 (Estado de la Nación);

c) ingresar el país al grupo de las 10 naciones más desiguales del mundo (Banco Mundial; Taking on inequality, 2016);

d) exhibir un desempleo creciente: 2010 (9.2%), 2014 (9.8%), 2018 (12%), 2019 (12.4) y 2020 (21.9 de agosto a octubre de 2020) lo que representa más de medio millón de personas, entre los cuales un buen número son jóvenes;

e) ostentar niveles crecientes tanto de encarcelamiento (en 2000 de 193 por 100.000 habitantes y en 2016 de 370 por 100.000 habitantes según International Centre for Prision Studies, 2017) incluyendo a la población juvenil (Costa Rica tiene una de las edades de encarcelamiento más bajas en América Latina: 12 años) como de hacinamiento penitenciario: 2017 (30%), 2018 (30.4%) y 2019 (30.8%) aunque en años anteriores superó, por mucho, el 40%. Téngase en cuenta que para las Naciones Unidas el límite de hacinamiento aceptable es del 20%;

f) medir cómo la lentitud del sistema penal crece por reformas fallidas, aparejando niveles de impunidad asociados a delitos de cuello blanco;

g) descender en el índice de percepción de la corrupción hasta ocupar, en 2020, un puntaje de 57 sobre 100, luego de haber caído en 2018 de 59 a 56 puntos, en donde a mayor cercanía a 100 mayor es el control sobre la corrupción y a más bajo número, menor la lucha contra tal flagelo (Transparency international);

h) ver crecer las formas de autoritarismo en lo político-social, añorando al gobernante de mano dura que, ungido con los “poderes divinos” (a lo Trump, Bolsonaro, Bukele, Maduro u Ortega), imponga orden, visión transmitida aún por medios de comunicación. En un estudio de IDESPO para medir el autoritarismo en la población costarricense usando la escala RSW de Altemeyern, se pudo verificar que para 2011 el promedio era de 72 puntos y para 2016 la media era de 68 puntos, es decir, casi sin variación considerando los márgenes de error. Si se tiene en cuenta que más de 50 puntos implican una aceptación de criterios autoritarios y que esos puntajes abarcaban respuestas afirmativas a las proposiciones de que había personas “muy diferentes” que nunca deberían ser parte de la sociedad, que el castigo para infractores debía ser muy drástico, que la obediencia a la norma (sin importar su contenido) era un valor deseable y que debía defenderse el status quo, se tiene claro que el ambiente está dado para un giro totalitario que, como suele ser común, proteja los grandes negocios.

Esa desgarradora situación, afortunadamente (para quienes creemos que el arte, además de una misión estética y lúdica cumple una función social y ética) ha empezado a mostrarse en las obras culturales nacionales y es un paso correcto en la denuncia del estado de cosas que las originó. En lo que va del año pude degustar dos trabajos, de distinta naturaleza, que convergen en esos puntos. Me refiero a la novela Los papeles de Chantall (2021) del sociólogo de profesión y poeta por vocación Paul Benavides Vílchez, quien ahora incursiona en este género literario, y la película que se exhibe en cines nacionales Pájaro de fuego dirigida por César Caro (coproducción C.R.-E.U.A y Chile) y respecto de la cual Gabriel González Vega hiciera una reseña formal profunda y muy acertada, que invito a leer.

Ambas desnudan nuestra realidad grotesca y cruda con la majestuosidad que solo el arte puede lograr, coadyuvando a expresar, de forma menos dolorosa, aquello indecible. Ambas exponen las secuelas sociales (en barrios marginales, en la juventud, en los procesos judiciales, en la trata de personas, en la vida carcelaria, en la angustia de quienes migran) de la política demagógica y corrupta que se ensaña contra el pueblo oprimido y se manifiesta en diversas formas de violencia, mientras, por otros lados, se viven obscenos niveles de ostentación. Ambas logran transmutar aquellas estadísticas, números e índices en figuras literarias, impecables fotografías, diálogos, imágenes, sonidos…para que la reflexión político-filosófica también tenga goce estético.

Dos géneros distintos que son un claro reflejo de esta Costa Rica que se resquebraja ante nuestras miradas mostrando el ocaso de la segunda república: una democracia de caricatura (o, mejor dicho, una memetocracia) y la decadencia de la mitología que hemos alimentado. En Pájaro de fuego se exhiben los efectos sociales de las tramas políticas que se abordan en Los papeles de Chantall. En este texto, el autor retrata descarnadamente a los partidos políticos como lo que son: simples maquinarias de acceso al poder, que han traicionado los ideales históricos que los vieron nacer. Los líderes políticos (incluyendo el viejo y enfermo patriarca, que maneja los hilos del poder y de los negocios y respecto del cual es imposible no hacer semejanzas) adquieren los rasgos de cínicos y perversos personajes que buscan el acceso a puestos para consolidar sus negocios privados en una maraña de corruptelas que todo lo abarca, incluyendo el otrora prestigioso Poder Judicial y su tristemente célebre Sala Tercera, protagonistas de primer orden aunque solo sean mencionados en un par de páginas. Concluí la novela justo el día en que varios medios anunciaban que la lista de precandidatos para el próximo proceso electoral superaba la decena (y casi todas las caras eran de viejos conocidos) y pocos días antes en que se mencionara la reunión de varios dirigentes políticos anunciando la necesidad de coalición o acuerdos para designar candidatos de consenso. En ese marco, es imposible dejar de hacer asociaciones con lo que, de modo magistral, “anticipó” el escritor. Sin embargo, en la realidad, a diferencia de la novela en donde la naturaleza se compadece y hace su obra, la pesadilla está lejos de concluir.

Los papeles de Chantall pone, en clave literaria, lo que su autor conoce por la profesión y el oficio que desempeña: un cuadro de descomposición tan grande que lleva a la náusea. Ojalá que, sin embargo, la fuerte denuncia que aquí se hace solo le depare a su creador consecuencias positivas. Las merece, porque el suyo no es un oficio de ciegos, sino de grandes videntes que pretenden trasmitir, a quienes leemos, aquello que quizá nosotros sí dejamos de percibir.

Hay que seguir prestando mucha atención a las diferentes manifestaciones artísticas nacionales de estos tiempos. No hay casualidades, solo causalidades y lo que nos gritan las obras contemporáneas rompe el silencio de la aldea.

Los procesos electorales para cada partido y candidato no son simples, son complejos

Escrito en 17/02/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

En Estados Unidos, en la lucha electoral y los procesos electorales, juegan dos escenarios, el de la elección popular, orientado a sacar la mayor cantidad de votos posibles, y el de ganar los miembros del Colegio Electoral, que tiene que ver con quien gana la mayoría de los votos en cada Estado, de los 50 Estados que conforman la Unión Americana. No necesariamente el que tiene más votos nacionales gana si no tiene la mayoría de los miembros del Colegio Electoral, como sucedió con Al Gore contra Bush y con Hillary Clinton contra Trump. Por ello el esfuerzo de Donald Trump de eliminar, anular y cuestionar votos de Estados donde había perdido mayoritariamente que le daban más miembros del Colegio Electoral a Joe Biden.

En esos Estados hay diferencias de población, unos tienen más que otros, y eso les posibilita más miembros del Colegio Electoral a quienes los ganen electoralmente.

Es un sistema electoral perverso, pero es el que gobierna la forma de elegir en Estados Unidos, porque en la práctica hay 50 elecciones diferentes, que tienen también sistemas diferentes de conteo de votos y de porcentuales para definir ganador. En Estados Unidos ni siquiera hay un Tribunal o Consejo Electoral Nacional que tenga a cargo todo el sistema de votación, desde que arranca hasta que termina, y sea éste el que declare sobre los resultados al ganador. Aquí el asunto puede llevarse hasta la Corte Suprema de los Estados y de la Corte Suprema de los Estados Unidos, la Corte Federal.

En nuestros países, por el sistema presidencialista que tenemos, se resuelva más fácilmente el resultado electoral. El que tiene la mayoría nacional gana. Solo que esa mayoría nacional tiene distintos porcentajes para ganarse. En unos países se exige más del 50% de la votación y en otros, como en Costa Rica, más del 40%. Si ese resultado no se obtiene, entonces, pasan a una segunda vuelta electoral, aquellos dos partidos políticos, o candidatos, que hayan sacado más votos o los porcentajes más altos de votación, sean menores al 40% o al 50% de los votos que se exigen para declarar ganador.

En todos los países la segunda vuelta se gana con la simple mayoría, y es natural que así sea, porque de lo contrario se podría entrar en una espiral votaciones de nunca acabar.

Este sistema electoral gringo se me parece mucho a la situación que se presenta al interior de los partidos políticos nuestros, y el papel que en ellos tienen sus líderes, especialmente, los que aspiran a ganar puestos electorales, tal como ahora existen las tendencias para que los puestos electorales los elijan las Asambleas Provinciales, en el caso de los puestos a candidatos a Diputados, y a Presidente cuando son de designación de la Asamblea Nacional del Partido. En el caso de los candidatos que se definen por elecciones internas, por mecanismo de convenciones abiertas o cerradas, el que impone el triunfo es quien gana la convención, que queda solamente para ser ratificado su resultado por la Asamblea Nacional, como se establece en la legislación nacional.

Veamos la situación en el país. Partidos políticos como Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana, resuelven sus candidaturas presidenciales con Convenciones abiertas o cerradas. Ahí lo que tenemos es número de candidatos que estén dispuestos a mantenerse como candidatos aun cuando les exigen, partidariamente, cifras elevadas de inscripción, justificadas en los gastos que exige la Convención y los preparatorios de la campaña electoral.

Pero, en materia de diputados lo que se evidencia es una lucha a muerte por encabezar los primeros puestos que son los posibles elegibles para todos los partidos. Y aquí viene lo interesante, lo que se me asemeja al Consejo Electoral gringo en los partidos políticos costarricenses.

La elección que se viene haciendo, a propuesta de las Asambleas Provinciales de cada partido, implica hacer siete asambleas provinciales, a razón de una por cada Provincia. Allí se definen las candidaturas. Quien haga las primeras impone sus candidatos. No vaya a suceder como en la última campaña electoral que la Unidad Social Cristiana dejó de último lugar la Asamblea de San José, cuando ya tenían las seis provincias resueltas, y tenían por Ley que respetar la alternabilidad horizontal de que al menos en tres provincias encabezaran la lista de diputados mujeres. San José se definió por una candidatura masculina y el Tribunal Supremo de Elecciones les obligó a invertir el orden de candidatos para asegurar ese orden legal.

Actualmente el partido Unidad Social Cristiana quiere imponer con una disposición de la Asamblea Nacional cuáles provincias irán encabezadas por mujeres y cuales por hombres. Si esto lo acuerdan ya, antes que se realicen las asambleas provinciales, pueden imponerlo. Pero, si las Asambleas Provinciales empiezan a ser convocadas por sus propios miembros para decidir esas candidaturas la Asamblea Nacional no puede hacer nada.

Los aspirantes a candidatos a diputados, mujeres u hombres, de la Unidad Social Cristiana, para el 2022, ya deberían estarse moviendo en la convocatoria de esas Asambleas con la intención de ir definiendo y declarando sus candidatos provinciales.

¿Cómo ganar una Asamblea Provincial? No es fácil. Hay que ganar primero, al menos, la mayoría de Asambleas Cantonales, que son las que nombran, cada una, los cinco delegados de representación ante la provincial, porque de esa manera se tiene la mayoría de votos, sin importar que tan grande y qué tan populoso sea un cantón, y por ello sin importar el número de distritos de cada cantón. Lo que hay que asegurar es que los cinco delegados que se nombran por cantón apoyen a un candidato, que se mueve en esa dirección de obtener su apoyo.

Veamos algunos ejemplos. San José tiene 20 cantones, Alajuela 16, Cartago 8, Heredia 10, Guanacaste 11, Puntarenas 11 y Limón 6. Así el candidato que tenga ganados 11 cantones de San José, 9 de Alajuela, 5 de Cartago, 6 de Heredia, 6 de Puntarenas y 4 de Limón se impone como el que controla la mayoría de los delegados de cada Provincia, y de hecho controla la Asamblea Nacional cuando no tiene otros componentes sociales que la integren.

Dentro de esta lógica, entonces hay que actuar con bisturí político. ¿Cuáles cantones interesa ganar o ejercer control sobre sus delegados cantonales a la Asamblea Nacional? Aquellos en los cuales sea más fácil ejercer ese control. Esos son aquellos cantones que tienen menos distritos administrativos, que teóricamente se representan en esas Asambleas Cantonales con cinco delegados por distrito.

En Costa Rica hay siete Provincias, 82 Cantones y 488 Distritos. Estos Distritos se distribuyen así, por Provincia: 123 San José, 116 Alajuela, 51 Cartago, 47 Heredia, 61 Guanacaste, 60 Puntarenas y 30 Limón. A la vez este número de Distritos se distribuye muy desigualmente en cada Cantón y Provincia, tanto en tamaño geográfico, población y distancia para visitarlos e ir a hacer el trabajo político.

Así por ejemplo, en la Provincia de San José, el Cantón Central de San José tiene 11 Distritos, Escazú tiene 3, Desamparados 13, Puriscal 9, Tarrazú 3, Aserrí 6, Mora 7, Guadalupe 7, Santa Ana 6, Alajuelita 5, Vázquez de Coronado 4, Acosta 5, Tibás 5, Moravia 3, Montes de Oca, 4, Turrubares 5, Dota 3, Curridabat 4, Pérez Zeledón 12 y León Cortés 5.

De esta manera, en esta Provincia, con 20 cantones, el que domine con la totalidad de sus delegados a la Asamblea Provincial, los 12 cantones con 5 o menos Distritos de hecho domina la Asamblea Provincial. Hay cantones muy difíciles de hacer en su Asamblea Cantonal por la lejanía de sus distritos, como es el de Pérez Zeledón. Así se trabaja, en análisis de la situación, con cada Provincia, Cantón y Distrito por quienes están interesados en ser electos, en cargos elegibles o posibles de ser electos por cada partido político.

Así es como debe estar funcionando la arquitectura y la ingeniería del mapa electoral interno, del diseño de la campaña, en su táctica y estrategia, y la lógica de cada candidato que quiera ocupar el primer puesto de diputado por cada uno de estos partidos en estos días que vienen. Aun así no es simple. Es un proceso complejo que obliga a que los candidatos realicen visitas a todos los distritos, a todos los cantones, y a todas las provincias, amarrar sus simpatizantes, leales y dispuestos a trabajar por ellos. Asegurar, sobre todas las cosas que los delegados asistan a la Asamblea Cantonal y la Provincial, incluso asegurándoles viáticos de transporte y hasta de hotel si es necesario.

Entonces, la clave es tener la mayoría de delegados de los distritos de cada cantón bajo control de sus delegados, y la mayoría de los delegados cantonales a la asamblea provincial respectiva. Con esto hasta candidato presidencia puede imponerse.

Cuando veo tantos candidatos a diputados, muy sentaditos en San José, me parece que algunos están jugando a la gallinita ciega, o a darle a la piñata. Ni qué decir de la cantidad de candidatos a Presidente de la República, que tienen que estar en todo el escenario, aquí y ahora, no a la distancia ni en la lejanía. En política la gente, las personas, y los miembros de los partidos se van definiendo y adquiriendo compromisos, lealtades e identificación con aquellas personas, candidatos, que les visitan, que los atienden, que les hablan directamente, que los abrazan y apapachan, y les producen confianza. Así es la política, por más redes sociales y mecanismo virtuales que haya y se usen, así como por las encuestas que se produzcan, para cada instante que se evalúe. En esta materia hay que recordar que una encuesta mata a otra encuesta.

En materia de candidaturas a diputados cualquier persona puede serlo por cualquier Provincia, aunque no viva en ella, porque los diputados son electos “por la Nación”, en representación de todo el electorado del país.

En materia de candidaturas a la Presidencia cualquiera también puede serlo. Tan solo se necesita que tenga 30 años cumplidos. Ni siquiera se exige un examen de comprensión de lectura, ni de escritura, ni de entendimiento de lo que se lee, ni examen de capacidad de memoria…

Habrá partidos políticos para escoger

Escrito en 20/01/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El Tribunal Supremo de Elecciones ya dio el banderazo de salida hacia las elecciones nacionales del 3 de febrero del 2022, con la publicación del Calendario Electoral, que es el que fija la hoja de ruta de todos los partidos políticos que quieran participar en las elecciones, y el que le señala a los ciudadanos los plazos y términos para organizar e inscribir en debida forma a los partidos políticos.

De lo novedoso es que el plazo de inscripción de partidos se prolongó del 5 de febrero al 5 de mayo, lo que siempre es un plazo muy corto pero imposible de prorrogarlo más. Quienes han estado interesados de inscribir partidos debieron haberse movido y actuado desde el año pasado. No es un proceso fácil para dejarlo para última hora.

La fecha importante que sigue es el viernes 5 de febrero que es el plazo que tienen los siguientes funcionarios, Vicepresidentes de la República, Ministros, Magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia, los Magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones, quien ocupe la Dirección General del Registro Civil, los directores o gerentes de las instituciones autónomas y el Contralor y el Subcontralor Generales de la República, para renunciar a sus cargos si quienes postularse a Presidente o Vicepresidente de la República para el período 2022 – 2026.

Para ser candidato a Diputado los siguientes funcionarios, si a ello aspiran, deben renunciar a sus cargos, seis meses antes de la elección, es decir, el 6 de agosto, el Presidente de la República o quien lo sustituya en el ejercicio de la Presidencia al tiempo de la elección; los Ministros de Gobierno; los Magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia; los Magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones, y el Director del Registro Civil; los militares en servicio activo; los que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o de policía, extensiva a una provincia; los gerentes de las instituciones autónomas; y los parientes de quien ejerza la Presidencia de la República, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, inclusive.

De todos estos funcionarios los Vicepresidentes, deben renunciar, antes del 5 de febrero, si quisieran volver a ser candidatos a ese mismo puesto o al de Presidente. Pareciera que igual concepto vale para los actuales diputados, que no tienen más prohibición expresa de que no pueden reelegirse consecutivamente, pero si renuncian suspenden sus consecutividades, como lo haría un Vicepresidente que quiera postularse para ese mismo cargo.

Por inscrita una papeleta presidencial quienes la integran no pueden renunciar a su postulación, ni en la primera, ni en la segunda vuelta, mientras esté el proceso electoral en curso y no se hayan hecho las elecciones.

El 5 de febrero vence el plazo para que los costarricenses por naturalización obtengan la carta que los acredite como ciudadanos, a efecto de que puedan ejercer su derecho al sufragio en las elecciones nacionales. Esto es muy importante porque así se conoce con certeza cuántos nacionalizados, y de qué países, pueden ejercer el voto el 6 de febrero del 2021 y evita los rumores que a veces hacen correr de que migrantes o ilegales fueron inscritos para votar.

También, el 5 de diciembre pasado, del 2020, quedó establecida la División Territorial Administrativa por parte del Poder Ejecutivo, de manera que seguimos con las 7 Provincias, los 82 cantones y los casi 500 distritos, sin que puedan variarse para nada mientras está el proceso electoral en marcha.

Esta División Administrativa es la que permite al Tribunal Supremo Electoral realizar su propia División Territorial Electoral que no calza necesariamente con la Administrativa, y que generalmente es más amplia y compleja, sobre las cuales se distribuyen las Juntas y Mesas Electorales, que se deben llenar con los delegados de los partidos políticos para la vigilancia electoral del día de las elecciones. Todavía el 18 de febrero, como último día, ante el Tribunal Supremo de Elecciones se puede solicitar la creación de distritos electorales. Esto generalmente lo han hecho los partidos grandes, no los pequeños. Y, hasta el 5 de junio, en este mismo campo, el Tribunal puede dividir un Distrito en dos o más distritos electorales.

Ese número de Juntas y Mesas varía de una elección a otra. A los partidos pequeños les ponen mayores dificultades de participación y control electoral que a los grandes, aunque esto se ha subsanado bastante con los llamados Delegados Electorales que oficialmente nombra el Tribunal Supremo de Elecciones para que colaboren con los miembros de Mesa, y garantizar que en todas las Mesas haya al menos un Delegado del Tribunal, que son funcionarios pagados por ese día.

El día 5 de febrero es también el plazo para que el Tribunal Electoral establezca el monto que el Estado reconocerá de la contribución pública a los partidos políticos por su campaña electoral, tomando en cuenta como base de cálculo el producto interno bruto a precio de mercado, según certificación emitida por el Banco Central de Costa Rica.

Para fortalecer el funcionamiento del Tribunal Supremo se integrarán dos nuevos Magistrados a partir del sábado 6 de febrero, constituyendo los cinco Magistrados el equipo a cargo, de forma exclusiva e independiente, de la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, es decir, de todo lo atinente al proceso electoral que ya está en marcha.

Las elecciones nacionales se realizarán el domingo 6 de febrero de 2022 donde se elegirán 60 puestos: un Presidente, dos Vicepresidentes de la República y 57 diputados.

Para estas elecciones hay más 25 partidos nacionales y al menos 8 provinciales, inscritos en posibilidad de completar todos los trámites para su debida participación.

Los partidos nacionales son la Agenda Democrática Nacional, Alianza Democrática Nacional, Cambiemos, Ciudadanos por el Bien Común, Democracia Participativa, Encuentro Nacional, Frente Amplio, Fuerza Nacional, Integración Nacional, Liberación Nacional Movimiento Social Demócrata Costarricense, Partido Costa Rica Justa, Renovación Costarricense, Republicano Social Cristiano, Restauración Nacional, Salvemos Costa Rica, Social Demócrata, Socialdemócrata Independiente Todos por Costa Rica, Unidad Social Cristiana, Unión Costarricense Democrática, Unión Liberal, Unión Pacífica Costarricense, Vida.

A estos hay que sumar el Liberal Progresista, Nueva Generación, el Movimiento Libertario, el de Natalia Díaz, el Partido de los Trabajadores, y los intentos de Coalición que se impulsa, especialmente por los Presidentes Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón Fournier, así como el esfuerzo que están haciendo militantes de izquierda de volver a inscribir Pueblo Unido.

Los partidos provinciales son Confraternidad Guanacasteca, Ciudadanos por Cartago, Alternativo SOS Costa Rica, Nuevo Partido Socialista Cartago, Unidos por Costa Rica, En Pedazos, Fuerza Solidaria.

Sin lugar a dudas de todos estos habrá dónde escoger, después de que se haga la repela de los procesos de inscripción que son rigurosos ante el Tribunal Supremo de Elecciones, que conlleva hacer las 82 asambleas cantonales, las siete provinciales y la nacional, para todos los partidos nacionales, y lo correspondiente a las provinciales con los cantones de sus respectivas provincias y la asamblea provincial, que todos son procesos engorrosos y exigen mucho trabajo organizativo de los ciudadanos de cada partido.

Indudablemente que las elecciones atraen, apasionan, son inevitables para públicos y pueblos electoreros y electorales. Por todo lo mal que se hable de la política, de los políticos, de las instituciones como los partidos políticos, la gente sigue confiando en ellos y se apunta para participar.

Veremos y seguiremos el pulso de este proceso.

El financiamiento narco electoral a la vista

Escrito en 04/12/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Los partidos políticos Liberación Nacional, Acción Ciudadana, Unidad Social Cristiana y Restauración Nacional, en la Asamblea Legislativa, acordaron un recorte de 36.000 millones de colones de la llamada Deuda Política para las próximas elecciones del 2022 y las siguientes municipales del 2024.

La Constitución Política establece que para estos propósitos se debe destinar un 0.19% del Producto Interno Bruto, del año trasanterior, a las elecciones nacionales. Esa es una cifra que puede estar hacia las elecciones del 2022 en los 65.000 millones de colones.

Desde procesos electorales anteriores la Asamblea Legislativa, por acuerdo de partidos, y por presión pública, vienen recortando esa cifra al 0.11%.

Demagógicamente los partidos políticos justificaban dicha reducción en interés de la reducción de gastos nacionales, y de reducción de sus propios gastos electorales para las respectivas campañas. Esto no es cierto. Los partidos han gastado lo que presupuestan para sus campañas, sin importarles ese porcentaje porque están dentro de él.

En ninguna campaña electoral los partidos políticos gastan todo ese dinero, el 0.19% ni el 0.11%, ni tampoco lo justifican en posibilidad de gastarlo, en la totalidad de los partidos políticos que se inscriben en cada campaña electoral.

Todos los partidos políticos al inscribirse para una campaña electoral tienen que presentar un Presupuesto de gastos para la campaña que van a enfrentar. Este Presupuesto por presentado al Tribunal no se puede modificar en ningún sentido, y contra él cada partido justifica sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones, que después de las elecciones, en correspondencia al porcentual de votos que cada partido saca, le reconoce gastos a los que sacan más del 4% de votos o elige al menos un diputado, siempre y cuando estén en debida forma sus contratos de gastos electorales y sus facturas.

Cuando se estableció este porcentual para el financiamiento de los partidos políticos, en las campañas electorales, se hizo bajo un espíritu y una filosofía muy democrática, de garantizar la posibilidad de participación de los ciudadanos en sus distintos partidos políticos, y de evitar que los ricos pusieran o impusieran sus propios candidatos. Se decía que en el Club Unión se escogían los candidatos antes de 1949. Lo del financiamiento de las campañas electorales fue para evitar esto y asegurar más democracia, y posibilidad democrática, en el escogimiento de candidatos y de garantizar más participación electoral.

Aún con la limitación del 4% de votos, para tener derecho a ese reconocimiento de financiamiento, ya era importante lo dispuesto, porcentaje que se logró a finales del siglo pasado.

En la experiencia electoral del país de todos los procesos electorales, desde 1953 hasta el 2018, más del 90% de los partidos políticos que participan no sacan ese 4% de votos o no eligen diputados, quedando fuera del reconocimiento del financiamiento electoral, favoreciendo de esa manera solamente a los partidos que eligen diputados o sacan ese 4% de votos.

El propio Tribunal Supremo de Elecciones se pronunció a favor de este recorte, sin defenderlo en la filosofía que tiene dicho soporte constitucional, lo cual es un absurdo, que el Tribunal no defienda lo que por Constitución le corresponde, dejando la sensación de que el Tribunal no está por democratizar el proceso electoral o de asegurar la mayor participación posible, y lo peor, que con esa actitud facilita la aparición de narco financiamientos de candidatos y de partidos políticos.

Si de conformidad a lo dispuesto en la Constitución para estos gastos, no se gasta, lo restante le ha de quedar al Tribunal Supremo de Elecciones para asegurar posibles procesos electorales de consultas ciudadanas, por plebiscitos o referéndums, que se deberían promover más, como parte de la llamada participación ciudadana. Igualmente, para garantizar una mayor proyección del Instituto de Formación en Educación Democrática, IFED, del mismo Tribunal, y de los procesos de capacitación, que deben ser permanentes de los partidos políticos, con respaldo a ese monto constitucional.

La práctica que se va a imponer, en los procesos electorales, cuando se reduce el monto de financiamiento de los partidos, es la de volver a las viejas prácticas en la que los ricos ponen candidatos, los financian, así como a sus partidos, y la desviación y deformación de esto es que también el narco dinero, y las narco mafias, incrustadas como están en el andamiaje institucional y nacional, empezarán a campear, más ampliamente, desarrollando la narco política como escenario y pasarelas de candidatos y partidos, con el aval de quienes han impulsado esta reducción del financiamiento estatal de las campañas electorales.

El candado es poner una prohibición total al financiamiento privado de las campañas y asegurar que el financiamiento público, de la llamada Deuda Electoral, cubra a la totalidad de los partidos políticos, en igualdad de condiciones, para su participación real en las campañas electorales.

Mientras se mantenga el financiamiento privado y la reducción del financiamiento público, en el futuro inmediato, esos son los riesgos que afrontará el proceso electoral y la democracia nacional.

Negación y autoritarismo en la Costa Rica sin ejército

Escrito en 01/12/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Osvaldo Durán Castro
Sociólogo. Profesor ITCR

La historia oficial de Costa Rica esconde o minimiza hechos despóticos, autoritarios y violentos, como la ilegalización de partidos políticos y sindicatos, asesinatos políticos, persecución, exilios, intimidaciones, decretos contra la clase trabajadora, entre otros. Muchas de esas prácticas se dieron en el contexto de la abolición del ejército, pero podemos decir que son parte de la historia actual por la falta de justicia e impunidad en muertes como los de Jaime Bustamante, María Del Mar Cordero y Oscar Fallas ocurrido el 7 de diciembre de 1994, David Maradiaga, el 14 de julio de 1995, Sergio Rojas Ortiz el 18 de marzo de 2019, Jerhy Rivera Rivera el 24 de febrero 2020 (cuyo caso sigue abierto), e incluso los asesinatos de Antonio Saldaña/Blu (Rey indígena) el 3 enero 1910 y de Pa-Blu Presberu el 4 julio 1710, pues todos responden a formas de violencia no reconocidas, no juzgadas y no castigadas.

Si bien no tener ejército es un gran mérito, hace falta recuperar la memoria no oficial y completa de Costa Rica para comprender el período histórico en el cual se produce la abolición del ejército. Es necesario desmitificar la historia oficial y algunos hechos en particular como lo ocurrido con el ejército, que fuera de contexto y en su versión oficial, es únicamente un “acto heroico” de Figueres Ferrer. Pero si ampliamos la visión con algunos decretos y acciones de la Junta Fundadora de la Segunda República, antes y después del 1 de diciembre de 1948, aparecen acontecimientos sobresalientes de los que se habla sólo “de pasada”, o se niegan deliberadamente.

Antes de la abolición del ejército se produjeron hechos de autoritarismo como la ilegalización del Partido Comunista consumada el 7 de julio de 1948, argumentando que ésa era una organización que atentaba “contra el régimen democrático”, según decía el Decreto firmado por José Figueres Ferrer. El mismo Figueres en el libro “El espíritu del 48” (1987. 308) indicó que “la proscripción estaba evidentemente dirigida contra cualquier agrupación comunista, llevara o no esa connotación. Estaba dirigida directamente contra el Partido Vanguardia Popular”. El Secretario general de Partido Comunista, Manuel Mora Valverde señaló que “se habían comprometido a no ilegalizarnos”, pero, “nos ilegalizaron para que el Departamento de Estado (de los Estados Unidos) les permitiera mantenerse en el poder” (Discursos. 1980, p. 407).

También se decretó la ilegalización de los sindicatos iniciando por la beligerante Confederación General de Trabajadores de Costa Rica. Sesenta sindicatos fueron forzosamente aniquilados con lo que se desarticuló la organización social que históricamente, desde finales del siglo anterior, había gestado la creación de las garantías sociales de los años cuarentas, tras décadas de luchas ejemplares. A las ilegalizaciones se sumaron el exilio de dirigentes comunistas y sindicalistas, el encarcelamiento, la tortura, la persecución y la intimidación de muchísimas personas (prácticas asociadas por el grueso de la población costarricense con otros países, pero nunca con Costa Rica).

Otros decretos de la Junta que revelan su cariz autoritario fueron los del 11 y 19 de mayo. El primero, número 7, dispuso “la remoción de los empleados públicos sin derechos a sus prestaciones legales y preaviso y cesantía. Además, se autoriza a las empresas particulares para despedir de sus puestos a aquellos empleados que consideran peligrosos”. El otro decreto creó el Tribunal de Sanciones Inmediatas para “…juzgar los hechos delictuosos cometidos por funcionarios públicos particularmente de 1940 a 1948. Los fallos de ese Tribunal no podían se apelados de ninguna forma”. Además, el 2 de junio de 1948, se crea el Tribunal de Probidad y la Oficina de Propiedad Intervenida, como explica el historiador Óscar Aguilar Bulgarelli en su libro Costa Rica y sus hechos políticos de 1948.

Otro de los hechos que marca la historia del país desde el autoritarismo, es el asesinato del Codo del Diablo perpetrado el 19 de diciembre de 1948, en el que pierden la vida los dirigentes comunistas Tobías Vaglio, Octavio Sáenz, Lucio Ibarra y Federico Picado. Con ellos fueron asesinados Narciso Sotomayor y Álvaro Aguilar. Dado que Picado era diputado electo por la provincia de Limón, este fue un magnicidio político. Ese crimen fue una ejecución sumaria planificada y ejecutada durante el gobierno de facto de Figueres Ferrer, que había sido instalado por medios militares y que ejercía con poderes ilimitados.

Casi como premonición de lo que le ocurriría a los militantes comunistas asesinados, algunas narraciones de subalternos de José Figueres Ferrer dan cuenta de que cuando a éste se le presentaron prisioneros se mostraba molesto. Según narra Manuel Solís Avendaño en su libro La institucionalidad ajena. Los años cuarenta y el fin de siglo (2006), Figueres decía que: “no debían crearme ese problema de prisioneros en el futuro, lo que deben hacer es no traer prisioneros, pues al enemigo hay que liquidarlo. Increpado por esta respuesta respondió que si se portaba blando perdería el respeto de los “muchachos”, los cuales de todas maneras matarían a los prisioneros”.

La trama política de esos años incluía la injerencia directa del gobierno de los Estados Unidos en los asuntos internos de Costa Rica. Mercedes Muñoz en su investigación Los problemas de seguridad del Estado costarricense 1940-1948 (1989, p. 102) expone que “…el embajador costarricense en Washington, en una entrevista con Tapley Bennet, Director de la Oficina de Centroamérica y Panamá del Departamento de Estado, reconoció el peligro marxista en Costa Rica y la influencia perniciosa del Partido Comunista para el Gobierno”.

La línea anticomunista para América Latina definida y promovida por los Estados Unidos, fue seguida puntillosamente por los integrantes de la Junta Fundadora de la Segunda República desde antes de que tomaran militarmente el poder por medio de “una Junta de Gobierno con poderes ilimitados” como indica Figueres Ferrer. Pero además, el anticomunismo había sido también un componente del ideario político del Gobierno de Teodoro Picado. El mismo Partido Republicano, durante el gobierno de Calderón Guardia, había firmado en julio de 1941, un acuerdo de cooperación militar con los Estados Unidos, lo cual no resultaba extraño en el contexto regional, ya que “en Centroamérica en la década de los 30’s, la consigna contraria al comunismo, impulsada desde el Departamento de Estado, organizó cambios sustanciales en el papel que debían cumplir las fuerzas de seguridad como en los requisitos que debían reunir los integrantes de éstas”, según explica Mercedes Muñoz (1989, p. 97). El documental “El Codo del Diablo” de Ernesto y Antonio Jara Vargas, reproduce un discurso de Gonzalo Facio Segreda, Ministro de economía y hacienda de la Junta, en el que éste resume su visión política, totalmente congruente con la línea anticomunista del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de Figueres Ferrer que ya mencionamos. Facio dice que “asumimos poder después de haber ganado la primera lucha armada que se da en el continente contra el comunismo”. Para ese tiempo estaba recién creado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, que en la práctica aseguraba la cesión de la soberanía de los países de América Latina a los Estados Unidos. Tanto Figueres como Facio se alineaban para asegurarse la confianza de aquel país.

El autoritarismo implicó el exterminio de personas por medio del asesinato y generó además, como dijimos, exilio, encarcelamiento, persecución, intimidación, entre otras prácticas. Como justamente expone Manuel Rojas Bolaños en su libro Lucha Social y Guerra Civil en Costa Rica 1940-1948, “la izquierda comunista quedó prácticamente fuera del juego político hasta los años setenta, por prohibiciones establecidas constitucionalmente” (1990, p. 27). En cualquier otro país, los asesinatos del Codo del diablo, la ilegalización de organizaciones sociales, los decretos contra la clase trabajadora y las demás acciones de represión política, se hubieran reconocido como actos propios de un gobierno dictatorial; pero no ha sido así en Costa Rica.

El discurso oficial y el imaginario político, a través de libros, discursos y la reproducción que hacen del mismo personas, instituciones y organizaciones, siguen resumiendo la historia de la guerra civil de 1948 como un acontecimiento de “defensa del sistema electoral”, lo que ha permitido construir un imaginario de sociedad irrestrictamente democrática, pulcra e idílicamente pacífica en la que los enfrentamientos sociales, incluidos asesinatos políticos, se desdibujan, tergiversan, minimizan, o simplemente se ocultan.

Dado que la versión oficial además nos presenta la historia como la acción de caudillos y héroes, uno de los cuales es sin duda José Figueres Ferrer, es indispensable releer todo lo divulgado por el discurso oficial y enseñado en la academia, desde la escuela hasta la universidad. Alfonso González Ortega y Manuel Solís Avendaño en su libro Entre el desarraigo y el despojo argumentan que “Hoy sabemos, aunque no lo incorporemos a la representación que tenemos de nuestra historia, que Figueres Ferrer no fue el principal artífice de la abolición del ejército y que originalmente esta proscripción estuvo más inspirada en detener sus aventuras militares, en medio de una lucha entre los grupos representados en la llamada Junta Fundadora de la Segunda República, menos en la creación deliberada de una cultura de paz. Algo semejante ocurre con la nacionalización de la banca” (2001, p. 170).

Otra vertiente de la historia que la historia oficial y el discurso del poder han pasado de lado o han ocultado, es la corrupción como práctica común. Uno de los ejemplos notables de manejo arbitrario de la Hacienda Pública fue que “en esos momentos (durante el gobierno de la Junta de Figueres Ferrer), una parte de los recursos del gobierno se destinaba a pagos privados, y al mismo Figueres”. Explica el sociólogo Manuel Solís Avendaño que “el Decreto 251 del 12 de noviembre de 1948 autorizó un pago de 2.734.443 colones a Figueres, por concepto de propiedades destruidas. La suma equivalía casi al cincuenta por ciento de los seis millones asignados originalmente para cubrir ese rubro. Allí estaba, en germen, una característica de la nueva institucionalidad”.

Como resumen de estas líneas, podemos decir que la abolición del ejército sólo fue posible después de “limpiar la mesa”, tras la ilegalización del Partido comunista y de 60 sindicatos de la Confederación General de Trabajadores de Costa Rica, y las demás prácticas despóticas y represivas de la denominada Junta Fundadora de la Segunda República. Con esto se eliminaron las entidades con capacidad militar y socialmente organizadas para retar el nuevo bloque de poder. En otras palabras, ya no había oposición socialmente articulada y la Junta ejercía poderes ilimitados sin enemigos contundentes. Tenía el control centralizado y aplicaba represión directa contra cualquier oposición posible.

En esas condiciones la abolición de cuerpo armado era viable tanto por condiciones creadas a lo interno del país, como por ajuste o acomodo de la Junta de Gobierno a la política exterior de los Estados Unidos.

La extrema derecha de Dios

Escrito en 04/11/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

La internacional cristo-neofascista al asalto del poder blandiendo la Biblia

Juan José Tamayo

En América Latina, Estados Unidos y Europa estamos asistiendo a un avance de las organizaciones y partidos políticos de extrema derecha, que conforman un entramado perfectamente estructurado y coordinado a nivel global y están en conexión orgánica con grupos fundamentalistas cristianos, hasta conformar lo que Nazaret Castro llama “la Internacional neofascista” y yo califico de “Internacional Cristo-neofascista” y “Extrema derecha de Dios”.

Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta Internacional en España es la complicidad y total sintonía entre las organizaciones católicas españolas ultraconservadoras HazteOír, El Yunque, Infocatólica y otras, y el partido de extrema derecha Vox.

En Colombia fracasaron los acuerdos de paz porque los evangélicos fundamentalistas y los católicos integristas hicieron campaña en contra alegando que en ellos se defendían el matrimonio igualitario, el aborto y la homosexualidad. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Costa Rica en 2018 ganó el pastor evangélico Fabricio Alvarado con un discurso a favor de los “valores cristianos” y del neoliberalismo y contra el aborto y el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos favorable al matrimonio entre personas del mismo sexo.

En Brasil, los partidos evangélicos fundamentalistas fueron decisivos en la reprobación de Dilma Rousseff y en la elección del exmilitar Jair Messias Bolsonaro como presidente del país. Son ellos realmente los que inspiran y legitiman su política declaradamente homófoba, sexista, xenófoba y antiecológica.

El Gobierno de El Salvador parece seguir similares derroteros. En su toma de posesión el presidente de la República, Nayib Bukele, invitó a dirigir una oración al pastor evangélico argentino Dante Gebel, conocido por sus vínculos con pastores ultraconservadores de Estados Unidos. La diputada de Conciliación Nacional, Eileen Romero, presentó en la Asamblea Legislativa una moción para decretar la lectura obligatoria de la Biblia en las escuelas.

En Bolivia, los militares y los grupos religiosos fundamentalistas dieron un golpe de Estado contra Evo Morales, presidente legítimo de la República Plurinacional, que colocó a las comunidades indígenas en el centro de su política social, cultural, económica y en la cartografía mundial. Y lo hicieron con la Biblia y el crucifijo para legitimar el golpe, lavar las muertes producidas por el mismo, confesionalizar cristianamente la política, negar la identidad de las comunidades indígenas, justificar la represión contra ellas y desprestigiar sus cultos, calificándolos de “satánicos”.

Felizmente la ciudadanía ha devuelto la democracia a Bolivia en las elecciones del 18 de octubre, en las que el candidato del partido de Evo Morales, Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, ex ministro de Economía con Evo, ha obtenido la mayoría absoluta en la primera vuelta con el 53% de los votos y tomará posesión de su cargo como presidente de la República Plurinacional de Bolivia el 8 de noviembre para un periodo de 2020 a 2025.

Tras los fenómenos aquí analizados producidos en diferentes países creo puede hablarse de una alianza cristo-bíblico-militar-neoliberal-patriarcal neofascista que actúa coordinadamente en todos los continentes, muy especialmente en América Latina, y utiliza irreverentemente el nombre de Cristo. Estamos ante una crasa manipulación de la religión y una perversión de lo sagrado que se alimenta del odio, crece e incluso disfruta con él, lo fomenta entre sus seguidores y pretende extenderlo a toda la ciudadanía y que nada tiene que ver con la orientación liberadora e igualitaria del cristianismo originario.

La Internacional cristo-neofascista ha cambiado el mapa político y religioso en Estados Unidos, está cambiándolo en América Latina y va camino de hacerlo en Europa. El salto a la política del movimiento religioso fundamentalista en alianza con la extrema derecha supone un grave retroceso en la autonomía de la política y de la cultura, en la secularización de la sociedad, en la separación entre Estado y religión, en la autonomía de la ciencia, en las políticas ecológicas y en la opción por las personas, los colectivos y los pueblos oprimidos.

El cristo-neofascismo no tiene intención de abandonar el escenario político y religioso. He venido para quedarse, posee un importante protagonismo en la agenda política internacional y está consiguiendo cada vez más seguidores. Actúa coordinadamente en todos los continentes, y muy especialmente en América Latina, utiliza irreverentemente el nombre de Cristo y defiende la “teología de la prosperidad” como legitimación del sistema capitalista en su versión neoliberal. Y, a decir verdad, lo hace con excelentes resultados: refuerza gobiernos autoritarios, derroca a presidentes elegidos democráticamente, da golpes de Estado enseguida legitimados por otros Estados y organismos internacionales, impide la aprobación de leyes en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de los derechos LGTBI y de los derechos de la Tierra, encarcela a dirigentes políticos, etc.

¿Tendremos que resignarnos ante esta extrema derecha de Dios y sus violentas manifestaciones? En absoluto. Coincido con la intelectual alemana Carolin Emcke en su brillante ensayo Contra el odio (Taurus) en la necesidad de hacer un elogio de lo diferente y lo “impuro”, enfrentarnos al odio como condición necesaria para defender la democracia, adoptar una visión abierta de la sociedad y ejercer la capacidad de ironía y duda, de la que carecen los generadores de odio.

Este artículo es una reelaboración actualizada y ampliada del publicado en la Agenda Latinoamericana 2021. Una exposición más amplia y fundamentada se encuentra en mi libro La Internacional del odio. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se deconstruye?, que aparecerá a mediados de noviembre en la editorial Icaria.

Foto: https://laicismo.org/

Enviado a SURCOS por Arnoldo Mora.

A 14 meses del nuevo Gobierno…

Escrito en 29/10/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Estamos a 14 meses del día de las elecciones del 2022. El proceso electoral está en marcha, independientemente de si así lo ven, o lo consideran, los diversos actores políticos, de los distintos partidos políticos existentes hoy, con representación parlamentaria, y de gobierno, y de aquellos que no teniendo esa representación aspiran a ella.

En esta perspectiva está el escenario de los partidos políticos y del Gobierno.

Los partidos están entrando, por este motivo, en remolinos de agitación interna que descubren sus debilidades y falencias. Sus dirigentes visibles o reconocidos como tales conspiran en su interior empeorando sus propias situaciones, y agudizando sus divisiones, y su imagen pública.

Los partidos políticos tradicionales se comen, en su interior, en las tendencias populistas y ultra democratistas de sus propias organizaciones, que han alimentado desde hace años con los perjuicios políticos que son evidentes.

El signo más evidente es la tendencia a que los próximos candidatos a diputados los escojan desde las asambleas cantonales y provinciales. Quienes así actúan critican que diputados nacidos en una provincia puedan ser candidatos por otra. Estos críticos ni siquiera conocen que los diputados son electos “por la nación”, y eso permite que cualquier ciudadano pueda ser electo por cualquiera de las provincias aunque no viva en ellas, como sí se exige para los puestos cantonales.

En el caso del Partido Liberación Nacional, Johnny Araya y Antonio Álvarez, que valoran sus posibles candidaturas, maniobran en este sentido. De continuar en ese sendero van a terminar de hundir al Partido Liberación Nacional, sin posibilidad de llevarlo siquiera a una posible segunda ronda en el 2022, en caso de que llegare a darse.

Las Asambleas Nacionales, y los Comités Políticos, deben ser los que propongan y escojan ante las Asambleas Nacionales sus candidatos nacionales. Se garantiza de esa manera una mejor posible elección de calidad de candidatos. La municipalización de los partidos va a resultar peor que la provincialización que ya han hecho de los Partidos Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. Si el candidato presidencial debe escoger algunos puestos esa es otra discusión. En estos partidos funcionó bien. El Partido Acción Ciudadana, con la tradición liberacionista de sus principales dirigentes y fundadores así establecieron el mecanismo de elección de candidatos.

En la Unidad Social Cristiana el asunto es peor. Desde la Asamblea Legislativa se están escogiendo los posibles sucesores cantonales con aspiración diputadil.

El Gobierno ya lleva dos años y medio en ejercicio del Poder Ejecutivo, y para los ciudadanos ha pasado como si se tuviera agua en las manos.

Los Ministerios importantes, y algunas instituciones, visibles a todos los ciudadanos, con impacto de solución de problemas importantes, como son los de Obras Públicas, el de Salud, y la Caja Costarricense del Seguro Social, los han relegado a un segundo plano, más por la destacada imagen de sus funcionarios que por mal funcionamiento de ellos, porque hay asesores presidenciales que no permiten que nadie del Gobierno sobresalga más que el Presidente. Pero, si el Presidente es mal percibido en encuestas, y no así sus funcionarios inmediatos de ministerios e instituciones, ¿por qué bajar a esos funcionarios del pedestal que se les reconoce y que beneficia a la imagen del Gobierno y a la del mismo Presidente? Igual sucede con la Primera Dama. Pareciera que hay un empeño de rodear al Presidente de una mala aureola, y de funcionarios de bajo perfil. Error garrafal.

Si el Presidente, por culpa de esos asesores, no tiene buena relación comunicacional con sus Ministros, no es una falla de los Ministros, es del Presidente. El Ministro de la Presidencia debe ser la voz del Presidente, y sus brazos si es necesario, pero lo tiene mudo, con bozal más que con mascarilla, y aislado del Presidente, hasta por varios días. Hablan de que hay que cambiar a este Ministro, y hasta nombres suenan, pero ¿para qué cambiarlo, si al que lo sustituya lo van a tener igual? Es peor la imagen que se produce. Ya hay voces, algo sediciosas, que sugieren poner un nuevo Ministro de la Presidencia que sustituya al Presidente, y lo relegue a un segundo plano. Esto así en sencillo, es un Golpe de Estado, un acto totalmente sedicioso, están tratando de hacer del Presidente un Presidente de adorno, como existen algunos reyes y reinas en Europa.

Se habla de la necesidad de cambiar al Ministro de Comunicación. En esto estoy totalmente de acuerdo. Esta es una de las fallas más importantes que tiene el Gobierno. El Ministro de Comunicación debe ser un cuadro político en su figura, que aborde la comunicación con orientación política. Se rumora que hay una posible sustituta, que para mí es como si quisieran sentar al Presidente en una bolsa de clavos.

El Presidente está ante la opinión pública, ante los observadores políticos, y sobre todo ante los actores políticos y sociales, con una imagen deslegitimada, irrespetada, de la que hay una bula constante, pero no perdida del todo. ¿Se puede recuperar? Es posible, pero hay que hacer una labor de ingeniería política profunda a su alrededor, si quiere llegar a buen puerto con buen aire.

A ningún costarricense, a ningún ciudadano preocupado por el país y su futuro, a ningún elector, puede interesarle que el país vaya a la baja, que la Asamblea Legislativa se integre con peores diputados, incultos, ignorantes, comprometidos con intereses económicos o empresariales de sus regiones, cantones, puertos o provincias y hasta con posibilidad de apoyo del narco dinero. A ningún ciudadano le puede interesar ni gustar que se elijan personas con pocos atestados y capacidad para asumir los puestos de elección popular.

Si queremos un país mejor, mejor conducido, hay que hacer un esfuerzo por elegir de mejor manera los representantes populares, y de conformidad al sistema que tenemos, que no se ha podido modificar, tenemos que presionar a los partidos políticos para que busquen el método y el sistema de escogencia de sus candidatos con la mayor calidad posible, sin que sea la chusma política, que gravita en el interior de los partidos políticos los que se impongan bajo las banderas populistas y ultra democratistas que hoy corren por casi todos los partidos políticos.

Partidos políticos y la reforma a la deuda electoral

Escrito en 17/09/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Los partidos políticos, tal y como los conocemos hoy, en la vida nacional, surgieron en 1890. Desde entonces, solamente por medio de partidos políticos los costarricenses pueden participar en elecciones y solo por medio de ellos pueden aspirar a algún puesto de elección popular, como candidatos al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo o a los puestos de elección municipal y cantonal.

Desde aquella época hasta hoy el proceso electoral ha evolucionado mucho, y de mejor forma. Así por ejemplo, hasta 1913 se impuso la elección directa, todavía con voto público, eliminando la elección con electores de segundo grado. En 1924 se estableció el voto secreto, dándole más fuerza al elector para que votara en conciencia si temor de persecuciones o presiones de ningún tipo. Desde 1889, con motivo de la movilización popular que se hizo para defender el resultado de las elecciones, y el papel que en esa movilización tuvieron las mujeres, el Presidente José Joaquín Rodríguez, introdujo la idea de reconocer el voto de las mujeres, lo que en ese momento no se logró, pero detonó a partir de la década de 1910 movimientos que se realizaron en esa dirección. En la Asamblea Constituyente de 1917 se discutió esto sin que se aprobara. Con la Asamblea Constituyente de 1949 se incorporó a la mujer con plenos derechos políticos y desde 1953 empezó a participar como candidata a puestos de elección popular. En 1953 se eligieron las primeras tres diputadas. En este campo se ha fortalecido su participación obligando primero la representación vertical obligada de manera alternativa y, luego, también horizontal para los partidos que inscriben papeletas en dos o mas provincias, o cantones de una misma a provincia. En 1974 se introdujo el voto a los 18 años. Entre1974 y 1975 se eliminó la traba constitucional del Segundo párrafo del Art. 98, que se aplicaba para no permitir la participación de partidos de izquierda.

Dentro de las reformas importantes, para asegurar la mayor transparencia al proceso electoral se creó, en 1946, el Tribunal Electoral, luego llamado Tribunal Supremo de Elecciones que desde 1949 goza de autonomía con rango igual a los Poderes del Estado.

En la perspectiva histórica inmediata y de mediano plazo no hay nada que conduzca a que esta situación cambie. Se seguirán haciendo elecciones con partidos políticos y solo con ellos. No hay propuestas de proyectos de ley para establecer, por ejemplo el voto a los 16 años, como existe en otros países. Hay proyectos para modificar la elección de diputados, pero no para permitir que se puedan elegir por grupos sociales organizados que no sean partidos políticos, los hay para ampliar el plazo de elección a 5 o 6 años, con reelección consecutiva y con cambio de la mitad de diputados a medio período, o para aumentar el número de diputados que es necesario hacerlo, lo mismo que proyectos de ley de revocatoria de mandatos para diputados como para el Poder Ejecutivo. Para reformas electorales hay todavía para hacer y que son necesarias.

A los partidos políticos, con la Constitución de 1949, se les reguló y se garantizó por reformas posteriores su financiamiento para las campañas electorales, a cargo del Estado, con la intención de sacarlos del área de influencia de unos cuantos ricos que antes ponían candidatos financiando sus campañas políticas y las de sus partidos.

Esa reforma de por sí democrática, no lo fue tanto. Se crearon los mecanismos para que de ese financiamiento solo se favorecieran, para el reconocimiento del pago de sus gastos electorales de campaña, solo a los partidos políticos que en la elección sacaran un 4% o más de votos. En algún momento, en la década de 1950, se propuso que solo recibieran ese apoyo los que sacaban más del 10%. Con esos dos porcentajes solo dos partidos políticos se beneficiaban de ese porcentaje, exceptuando de vez en cuando que algún pequeño partido lo lograra.

Cuando estos pequeños partidos eligieron diputados sin el 4% de votos impusieron para las negociaciones parlamentarias, y el negocio de sus votos para Proyectos de Ley, que especialmente el Poder Ejecutivo necesitaba, que se modificara la disposición para que se les reconociera el derecho a la deuda electoral, como se reconoce hoy, cuando se elige al menos un diputado.

Esto ha hecho que más del 95% de los partidos que han participado en los procesos electorales, desde 1953, no se les reconozca nada respecto a los gastos electorales que incurren, aún bajo la supervisión contralora del Tribunal Supremo de Elecciones. Con esto el Tribunal ha mantenido una segregación y una división de los ciudadanos y electores en dos categorías, los que califican para que al partido que votaron les reconozcan pagos de la deuda y a los que no. Los ciudadanos, todos iguales, en derechos y en el padrón electoral, no lo son para el valor económico que se le asigna a cada cual en el proceso electoral. Los electores que no eligen diputados pierden su valor económico, en su partido político. En su lugar solo valen los de los partidos que sí sacan el 4% o eligen diputados. No ha habido forma que el Tribunal Electoral modifique esto.

Lo peor de este proceso es que la plata, o el valor de los votos que no se pagan a partidos pequeños, de esos pequeños partidos, a la cual deben tener derecho, se redistribuye entre los que si lograron elegir o sacar el 4% de votos, lo cual es y sigue siendo una verdadera estafa a la participación democrática, y a la igualdad ciudadana en materia electoral, y a la discriminación real y efectiva de partidos políticos.

Para financiar estos gastos se ha dispuesto un 0.17% del Producto Interno Bruto, que equivale en términos generales a una cifra grande de millones de colones.

Los partidos políticos obligados por ley a presentar presupuestos para su campaña electoral, que por presentados no pueden ser modificados, nunca han llegado a justificar en el 100% de los gastos que presentan para que se les reconozcan, y el conjunto de todos los presupuestos, de todos los partidos que participan en cada campaña electoral, que es lo que les da derecho a cobrar pasada la campaña, tampoco llega a superar más del tercio del 0.17 % que existe para este propósito. Esto se ha justificado hipócritamente en la idea que es para ahorrar dineros al Estado. Ello ha llevado a que en las últimas campañas se realicen modificaciones para que en lugar del 0.17% se cubra solo el 0.11%, y aun así tampoco se llega a gastar todo.

El Tribunal de Elecciones, para pensar lo mejor, y no lo peor, ha caído en esta trampa y en cierta manera la estimula. Actualmente hay proyectos de ley para establecer de manera permanente un techo que no sea superior al 0.11%. Los más perjudicados de esto son en general todos los partidos pequeños que están dentro de la Asamblea Legislativa y peor, o más perjudicados, los que no están con representación parlamentaria.

El IFED, instituto que tiene el Tribunal, que yo apoyo, para estimular procesos de capacitación en democracia y de los partidos políticos, hasta ahora en todas sus gestiones y trabajos, no se proyecta más fortaleciendo la estructura y la vida cotidiana de los partidos políticos, especialmente de los que no eligen representantes pero que siguen existiendo de una elección a otra, y para verdaderamente estimular nuevos partidos políticos, independientemente de que pudieran ser una “catizumba” de partidos.

Si originalmente, con garantizar el pago de las campañas a cargo del Estado, se trataba de eliminar la influencia de los ricos y el control de ellos sobre partidos y candidatos, eso no se ha podido evitar porque pueden financiar personas y partidos políticos, porque está autorizado el financiamiento privado.

El financiamiento público debería regularse de manera que se prohíba de cualquier forma el financiamiento directo a personas candidatos y a partidos políticos. Esta es la única manera que se evite ese control, porque puede darse, de la misma manera, el financiamiento de grupos narcos, mafiosos, y lavadores de dineros a candidatos y a partidos políticos.

¿Es posible esto, de prohibir el financiamiento privado? Es posible si el Tribunal ejerciera el control completo del movimiento financiero de los partidos políticos, desde que se presentan los presupuestos de campaña. ¿Cómo? Administrando toda la deuda electoral de las campañas, democráticamente de la siguiente manera, a modo de ejemplo, para entender mejor:

1.- La mitad de lo dispuesto para financiar a todos los partidos se le da, a los partidos que vuelven a participar en la elección, en proporción a los votos que recibieron en la campaña anterior. De esta manera todos los partidos, que de nuevo se inscriben, reciben su parte proporcional que es mucho dinero.

2.- A todos los nuevos partidos y a los que repiten se les proporciona de manera igual la otra mitad de dineros destinados para los gastos electorales de la campaña que viene. Así todos los partidos nuevos y viejos reciben una parte del dinero para sus gastos que ha presupuestados y han entregado en su Presupuesto al Tribunal.

3.- Ya fijados los montos posibles que les corresponderá a cada partido, viejos y nuevos, el Tribunal abre cuentas en la Banca Nacional o Privada, según cada partido disponga donde la quiere, y allí depositará lo correspondiente a pagos que deban hacerse contra los gastos que se van realizando, contra la solicitud que hagan, ante el Tribunal Supremo de Elecciones, los partidos de sus contratos de servicios electorales, debidamente bien presentados y justificados. De esta manera todos los partidos tienen posibilidad de contratar servicios para su campaña, contra el derecho real que tienen, por tradición electoral anterior y por participar por primera vez. Todas las empresas, incluidas las de medios de comunicación, y sus agencias publicitarias podrían ganar más dinero si de eso se trata, porque se pone más dinero en gastos asegurando de esa manera a todos los partidos. Se evita que las empresas publicitarias se conviertan en verdaderas organizaciones “mafiosas” de control de la publicidad, solo para ciertos medios de comunicación, y se evita la manipulación perversa que se hace de las encuestas para no financiar pequeños partidos políticos. Los que contratan con los partidos pierden los riesgos de no pagos de contratos, aseguran de esta manera sus pagos. Los partidos que no logran votos se enfrentan a la posibilidad de que en la siguiente campaña les toque menos dinero.

4.- Los contribuyentes privados, si se mantiene el derecho de hacer donaciones, en este caso podrían hacer sus contribuciones directamente a las cuentas oficiales abiertas, del partido de sus preferencias, y bajo control del Tribunal de Elecciones. El Tribunal en estas cuentas solo tiene el papel fiscalizador de velar por los ingresos de dineros, y el de la salida contra los pagos debidamente contratados, que finalmente en todas las campañas el Tribunal siempre fiscaliza, post campaña, para autorizar los pagos correspondientes.

Mientras se mantenga abierto el portillo del financiamiento privado siempre va a haber el peligro de la mano sucia del dinero sucio en las campañas electorales. Esto ahora es más fuerte y tenebroso. Es casi inevitable. Por algunos sucesos policiales, que están sucediendo en el país, pareciera que nos acercamos a situaciones como las de Colombia y República Dominicana cuando hace algunas campañas electorales las mafias directamente tenían sus candidatos o financiaban directamente candidatos.

Es una tontería política, que no es ingenuidad parlamentaria, tratar de reducir el Presupuesto del 0.17%, que hoy existe para las campañas electorales. Ese dinero debe servir, en este momento, con más urgencia, a fortalecer al Tribunal Supremo de Elecciones para que pueda montar para las elecciones del 2022 el sistema electrónico de las mismas, del voto electrónico, cueste lo que cueste. No habría pretexto si hay dinero para pagar el sistema que permita realizar las votaciones de esta manera. Pero, además, debe asegurarse una buena cantidad de dinero, y no migajas, para el financiamiento de las campañas municipales, que no tienen un buen respaldo económico en este sentido. Y debe hacerse una reserva de dinero, en manos del Tribunal Supremo de Elecciones para procesos de consultas populares que podrían convocarse. La Democracia hay que pagarla y si “jugamos” a la Democracia hagámoslo bien.

Algunos de los diputados que están defendiendo la tesis de rebajar el 0.17% al 0.11%/, o menos, es porque sus maquinarias partidarias están aseguradas con lo que saben que les puede corresponder con ese monto, o con uno más alto, y saben que menos posibilidades tendrán los partidos pequeños, a quienes les interesa aplastar o estrujar.

Y los diputados de partidos pequeños que están defendiendo estas tesis equivocadas, lo hacen por ingenuidad, torpeza, ceguera o por idiotez política extrema, más que por demagogia. Aquí la demagogia de la austeridad en gastos no opera. La Democracia hay que pagarla cueste lo que cueste, de lo contrario vamos a tener la democracia de las mafias operando en los procesos electorales.

Además, están las elecciones municipales que hay que darles buen financiamiento, que no lo tienen. Junto a esto hay que asegurarle al Tribunal dineros para realización de Referéndums, Plebiscitos y Consultas ciudadanas que podrían estimularse más para lograr una sociedad y una participación democrática más moderna y efectiva.

La otra discusión que está en el ambiente parlamentario es hipócrita en la forma. Tal vez válida en el fondo. ¿Se debe reducir el plazo de la campaña electoral? Veamos.

Las campañas hasta hace no muchos procesos electorales, con la prensa y radio tradicionales, exigían largos períodos de campaña para poder recorrer el país por parte de los candidatos. Con la televisión sumada se aceleraron esos tiempos. Radio, Televisión, y una prensa que llegaba cada vez más largo en el territorio nacional, y el mismo día, ya no obligaba a esas giras tan largas y sostenidas. Empezaron a preocuparse los partidos por las grandes concentraciones, especialmente finales, en las ciudades y en la capital, en la víspera del día de votación. Por supuesto que intensificó la presencia en medios de comunicación, y electrónicos que empezaron a sumarse en esta contienda electoral.

Hoy, frente a este desenfreno de medios de comunicación, de las llamadas redes informáticas, con todos sus matices, las concentraciones prácticamente han desaparecido, además de que son caras en su preparación. La pandemia ha demostrado que, con sus programas de relaciones de grupos, tipo zoom y otros, se pueden atender públicos diversos, por muchas horas en el día en diferentes partes del territorio nacional. Pongo un ejemplo sencillo. Hoy una conferencia por zoom puede reunir hasta 700 personas. He tenido esa experiencia. Y he salido de esa actividad y entro a otra con 70 personas, y luego a otra con otro público, y otra, incluso, fuera del país, en lugares tan distantes que si no fuera por estos medios, habría que haber programado esas actividades por los menos en tres días diferentes.

El país tiene la población educada para los procesos electorales, la tiene preparada para confiar en el Tribunal Supremo de Elecciones, hasta ahora inmaculado de fraudes originados en su institucionalidad, o de estar sometido a un Gobierno o un partido político determinado. Su autonomía es respetada por tirios y troyanos, y la honradez y honestidad de sus integrantes también.

¿Podemos reducir el plazo de las campañas? Si las elecciones se hacen electrónicas si se puede reducir hasta un mes perfectamente para la primera vuelta, y hasta tres semanas para una segunda vuelta si fuera del caso. Hay experiencias internacionales en este sentido que pueden ser útiles y asimilables.

Hay que dejarse de carajadas. Hay que ir a la reforma del pago de la deuda electoral en igualdad de condiciones para todos los partidos políticos, de manera que se garantice que todos los electores valgan igual para todos los partidos políticos, en lo que cuesta cada voto en el Presupuesto Nacional dispuesto para ello.

Hay que ir a las elecciones electrónicas, ojalá para las elecciones del 2022. ¿Se puede? Sí se puede si hay voluntad política en el Tribunal Supremo de Elecciones y en los partidos políticos, con asiento en la Asamblea Legislativa, para asumir el costo de lo que pueda significar implementar el sistema electrónico.

Hay que asegurar, que el financiamiento privado a las campañas sea totalmente prohibido, o que en su lugar se haga canalizado a cuentas bancarias oficiales de los partidos políticos, a través del Tribunal Supremo de Elecciones, ante quien se justificaría la donación respectiva.

Hay intereses políticos y económicos que posiblemente no quieren que se hagan estos cambios. Es más fácil y es mejor para el engranaje mafioso que se está desarrollando en el país, que haya menos controles financieros de las campañas, que se siga facilitando el financiamiento privado, casi sin control, y que las campañas duren lo más posible por el movimiento de dineros que de manera sucia se pueden mover alrededor de los procesos electorales.

¿Avanzamos o no avanzamos, en mejorar el sistema, pareciera ser el dilema?

V Conferencia Internacional POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO – aplazamiento

Escrito en 20/07/2020. Publicado en Derechos.

Declaración del Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional

APLAZAMIENTO para los días 25 al 28 de enero del 2022

El Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional, tras una consulta con todos sus miembros, ha tomado la decisión de aplazar para los días 25 al 28 de enero del año 2022 la V Conferencia Internacional POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO, que originalmente estaba prevista para el próximo 2021.

Los integrantes del Consejo Mundial reconocemos que el desastre provocado por la Pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto muy claramente la necesidad de trabajar por el equilibrio del mundo, la colaboración y la solidaridad internacionales, la equidad, el desarrollo sostenible, justicia social y la paz, lo que hace más oportuna que nunca antes la celebración de este cónclave que tiene el coauspicio de la UNESCO, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y otras muchas instituciones. No obstante –vista la situación y las condiciones que prevalecen en la actualidad en la mayoría de los países, agobiados por una profunda crisis sanitaria, económica y social- un análisis frío y realista conduce necesariamente a la necesidad de aplazar un año la cita.

Esto permitirá contar con más tiempo para favorecer la asistencia al evento de muchísimos académicos, profesores e investigadores, promotores culturales, activistas sociales, representantes de partidos políticos, de organizaciones no gubernamentales y de otras instituciones de la sociedad civil, de todas partes del mundo, que han manifestado su interés en participar en este foro internacional, plural y humanista, que se realiza en La Habana, cada dos años en homenaje al gran pensador cubano, latinoamericano y universal José Martí.

Este evento internacional se efectuará en La Habana, Cuba. Salvo el cambio de fecha (ahora sería del 25 al 28 de enero del 2022), la convocatoria que oportunamente se libró para este evento mundial mantiene total vigencia.

La V Conferencia Internacional POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO tiene carácter plural y multidisciplinario, tiene el propósito de darle continuidad al Congreso Mundial de Humanidades efectuado en el 2017 en Lieja, Bélgica, y, entre otros temas cardinales abordará la importancia del diálogo y la diversidad cultural, el papel y los desafíos de los movimientos sociales, la lucha por la paz y el desarme nuclear, los riesgos y esperanzas de las nuevas tecnologías de la información, los ecosistemas y la necesidad de su preservación, las políticas culturales y la identidad nacional, el multilateralismo como mecanismo indispensable para el equilibrio mundial, las artes y las letras en la formación de una cultura de resistencia, el desarrollo sostenible y la equidad social, la educación y los derechos humanos en el siglo XXI, el combate contra la discriminación racial y por la igualdad de género, la diversidad religiosa, el ecumenismo y la espiritualidad, el problema global del narcotráfico, el papel actual de la juventud en los procesos de cambio, la construcción de una democracia participativa, y los aportes del pensamiento latinoamericano, desde Simón Bolívar y José Martí hasta nuestros días.

En correspondencia con la actual crisis mundial, hemos propuesto al Comité Organizador de esta V Conferencia Internacional, añadir en la agenda de discusión un nuevo punto que, de manera general, se ha titulado “Experiencias derivadas de la Pandemia del COVID-19”.

El propio Comité Organizador nos ha pedido dar a conocer que todas aquellas personas que ya se habían inscripto en el sitio web del evento (http://www.porelequilibriodel mundocuba.com) como ponentes o con el estatus de participantes en dicho cónclave mantienen todos sus derechos.

Llamamos a todas las personas de buena voluntad (intelectuales, educadores, artistas, escritores, periodistas, activistas sociales, miembros de organizaciones no gubernamentales, políticas, feministas, campesinas, juveniles y estudiantiles, sindicales, religiosas, científicas, ambientalistas…) a esforzarse por participar en este foro de pensamiento plural y multidisciplinario, a fin de convertirlo en un escenario para contribuir a sensibilizar a la opinión pública mundial en torno a la necesidad de crear una conciencia tangible contra los males que hoy aquejan a la Humanidad y ponen en riesgo la propia existencia de nuestra especie.

15 de julio del 2020
Consejo Mundial del
Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional

Integrantes del Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional:

Federico Mayor Zaragoza (España), ex director general de la UNESCO; presidente de la Fundación Cultura de Paz.
Adolfo Pérez Esquivel (Argentina), Premio Nobel de la Paz; destacado activista por los Derechos Humanos.
Ignacio Ramonet (Francia), analista internacional, escritor y periodista francés.
Frei Betto (Brasil), teólogo e intelectual; Premio Internacional José Martí UNESCO/2012
Carlos Bojórquez Urzáiz (México), intelectual, investigador y profesor; responsable del Consejo Científico de la Universidad José Martí de Latinoamérica, sede en Mérida, Yucatán.
Atilio Borón (Argentina), sociólogo y analista político; Premio Internacional José Martí UNESCO/2009.
Vittorio Di Cagno (Italia), jurista; Presidente de Honor de la Comisión Internacional de la Unión del Notariado Latino.
Miguel Ángel Candanedo (Panamá), filósofo, director de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Panamá.
Guillermo Castro Herrera (Panamá), especialista en estudios ambientales; Asesor de la Fundación Ciudad del Saber, Panamá.
Paul Estrade (Francia), Profesor Emérito de la Universidad de París VIII; Ex Presidente del Centro de Historia de las Antillas Hispánicas y de la Sociedad de amistad Francia-Cuba.
Pablo Guayasamín (Ecuador), Presidente Fundación Guayasamín.
Pablo González Casanova (México), intelectual; Ex Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Jean Lamore (Francia), profesor adjunto en la Universidad de Burdeos, Francia.
Luigi Lombardi Vallauri (Italia), destacado jurista y profesor.
Juan Marchena Fernández (España), profesor latinoamericanista y Coordinador del Centro de Estudios Avanzados para América Latina y el Caribe, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.
Mario Alberto Nájera Espinoza (México), filósofo, profesor en la Universidad de Guadalajara, México; y Coordinador de la Red Internacional de Cátedras Martianas.
Raúl Pérez Torres (Ecuador), prestigioso escritor.
Max Puig (República Dominicana), intelectual y político; Ex Secretario de Estado de Trabajo de la República Dominicana.
Tony Raful (República Dominicana), poeta e historiador; Ex Secretario de Estado de Cultura de la República Dominicana.
Pedro Pablo Rodríguez López (Cuba), investigador titular del Centro de Estudios Martianos; Premio Nacional de Historia y de Ciencias Sociales de Cuba.
Luis Gomes Soromenho (Portugal), profesor universitario, economista y político.
Emilio Lambiase (Italia), profesor y activista social.
Francisco Galindo (España), promotor cultural y profesor adjunto de la Universidad Complutense de Madrid, España.
Alicia Kirchner (Argentina), activista social y política; Ex Presidenta del Comité Intergubernamental del Programa MOST de la UNESCO.
Chung Kyung Won (Corea del Sur), catedrático en la Universidad de HANKUK; presidente del Instituto de Estudios Latinoamericanos de esa institución de Seúl, Corea del Sur.
José Antonio Ruz Hernández (México), Rector de la Universidad Autónoma del Carmen, México.
Vivian Auffant (Puerto Rico), catedrática del Departamento de Literatura y Español de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico.
Jorge Cuellar Montoya (México), Rector de la Universidad José Martí de Latinoamérica, de Monterrey, México.
Eduardo Torres Cuevas (Cuba), historiador; Director de la Oficina del Programa Martiano y Presidente de la Sociedad Cultural José Martí, Cuba
Francisco Beltrán Lloris (España), profesor de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza, España.
Guillermo Daniel Ortega Reyes (Nicaragua), parlamentario; secretario de la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento Centroamericano.
Marjorie Jiménez Castro (Costa Rica), profesora de Filología y Lingüística en la Universidad de Costa Rica.
Peter Koenig (Suiza), economista y analista geopolítico.
Héctor Hernández Pardo (Cuba), profesor universitario; Coordinador Ejecutivo del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional.

*Imagen de cabecera: Clausura de la IV Conferencia Internacional POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO

Etiqueta: partidos políticos

Rosaura Chinchilla-Calderón Abogada y profesora universitaria Rosaura.chinchilla@gmail.com

Vladimir de la Cruz

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Osvaldo Durán CastroSociólogo. Profesor ITCR

La internacional cristo-neofascista al asalto del poder blandiendo la Biblia

Juan José Tamayo

Vladimir de la Cruz

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Declaración del Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional

APLAZAMIENTO para los días 25 al 28 de enero del 2022

Rosaura Chinchilla-Calderón
Abogada y profesora universitaria
Rosaura.chinchilla@gmail.com

Osvaldo Durán Castro
Sociólogo. Profesor ITCR