Nuevamente, se prenden los fuegos de una próxima campaña electoral. Los candidatos de los partidos se aprestan a levantar las banderas, hoy a media asta. Y el pueblo mayoritario a la expectativa sin comprometer su voto. Sabe que es un tiempo donde “no hay santo ni santa en quien persignarse” y menos capilla partidaria confiable.
Si es tal la crisis de credibilidad en los partidos que no alcanzan a elevar al mínimo los decibeles de las pasiones político-electorales, no hay duda que el terreno es fértil para los vendedores de “pomada canaria” en este marasmo sindémico (combinación de crisis sanitaria y social). Ya un candidato se frotó su rostro con dióxido de cloro. Y que conste, de mi parte, no tengo nada contra esa medicina popular hasta que la ciencia pruebe su ineficacia. A lo que me refiero, en este caso, es a su propuesta de salvar al país con la explotación minera a cielo abierto aunque ya no “llueva café en el campo”. Y es muy probable que el candidato que lo adversa esta vez nos meta “gato por liebre” o “caballo por res” al ritmo del regatón.
Si por la víspera se saca el día, con las candidaturas de mayor arrastre en el Partido Liberación Nacional, preparémonos para un espectáculo circense de candidatos haciendo malabares como los mejores magos, especialmente para mostrarse como amigos de los pobres y de la maltrecha clase media, eso sí sin tocar a la élite que estafa al Estado, un día sí y otro también, con sus triquiñuelas jurídicas, como lo ha develado el excelente artículo de Natalia Díaz en el Semanario Universidad (https://semanariouniversidad.com/pais/fifco-britt-h-solis-farmaceutica-y-pineras-fueron-grandes-contribuyentes-que-quedaron-fuera-del-foco-de-hacienda-en-algunos-anos/). Estos candidatos en campaña se presentan como defensores de los pobres para travestirse gobernando contra los pobres.
El gobierno actual, que se vendió como gobierno de unidad nacional y se convirtió en cogobierno a favor de los ricos, le ha servido en bandeja de plata la cabeza del pueblo a los partidos tradicionales para que asesten el golpe mortal. Y lo han venido haciendo con esa “prolífica” –más bien “necrofílica”– gestión legislativa que ha socavado las bases del Estado Social de Derecho, es decir, la democracia al estilo costarricense. Por eso, cada vez somos menos Costa Rica y más Centroamérica, con perdón de los pueblos centroamericanos que son valerosos y trabajadores, pero víctimas de nefastos regímenes dictatoriales que los han mantenido postergados en la miseria, y hoy son expulsados al “infierno” de la franja fronteriza con Estados Unidos.
Se ha dicho hasta la saciedad, pero vale la pena repetirlo: el ser humano es el animal más irracional de la especie. Mientras a los otros animales su racionalidad les evita volver a caer en el mismo hueco, el ser humano en su torpeza irracional cae varias veces ¿Cómo se explica tal insensatez, en tiempos donde las fidelidades partidarias y hasta de cualquier signo ya no cuentan?
Aunque algunos apuntan a la manipulación de la conciencia colectiva por parte de los nuevos programadores del comportamiento humano y otros a la fe y la esperanza de que aquellos partidos recuperen y actualicen sus glorias pasadas, al primer amor que los catapultó como los artífices de la “Segunda República”, lo cierto es que seguimos siendo muy susceptibles, como simples animalitos irracionales, a ser presa fácil de cualquier malabarista de circo, especialmente cuando la peor crisis que padecemos es la de la “palabra”, que hoy nos induce, como lo expresara Pablo de Tarso, a decirle bueno a lo malo y a lo malo bueno, a lo dulce amargo y a lo amargo dulce.
A sí las cosas, está a la orden de día la seducción del discurso mesiánico, con sus palabras volátiles que venden soluciones fáciles y agitan las voluntades ciudadanas, con una especie de catarsis al estilo del culto mediático, donde “las masas no buscan significado sino espectáculo” (Jean Baudrillard).
En medio de la algarabía que anuncian los primeros fuegos de la campaña, todavía esperamos que emerja la sensatez y la “lucidez” (Saramago) para no convertirnos una vez más en víctimas de los vendedores de “pomadas canarias” y de “indulgencias” para alcanzar el “reino de este mundo”. Es decir, para frenar la fiesta de los mercaderes de la política, hoy también invadida por los mercaderes de la religión.
La alianza interna que han realizado en el Partido Liberación Nacional José María Figueres Olsen, Antonio Álvarez Desanti, Fernando Zamora Castellanos y Rolando González, alrededor de José María, alborotó el panal nacional electoral. Y ha contribuido a irle dando forma.
Dentro del mismo Liberación Nacional se afianzó la inscripción como precandidato del diputado Thompson, ex alcalde de Alajuela, luego la declaración del politólogo y comunicador Claudio Alpízar de que se inscribirá, y de manera parecida Rolando Araya, exministro, excandidato presidencial de Liberación en el 2002, con lo cual es evidente que el Partido Liberación Nacional no podrá evitar la realización de la Convención abierta para escoger su Candidato Presidencial, como ya tiene establecido.
La alianza dicha ha tenido los embates de quienes buscan pelos en la sopa. En lugar de valorar la importancia política que pueda tener un suceso como ese, se empeñan en buscar las contradicciones entre los aliados, contradicciones del pasado, decires del pasado, con ánimo más de impulsar su disolución, desunión o desencuentro político, o de intentar producir una imagen de división constante, de alianza meramente electorera, o de intereses espurios personales, sin entender que la política es un arte también de convenios, de negociaciones, de acuerdos, nos gusten o no. En este sentido todos los candidatos tienen pasado político electoral discutible. O, como hacen otras personas, interesados en buscar, como algunos han especulado, sobre los detalles meramente electorales de si en el acuerdo se tomaron decisiones sobre futuras candidaturas a diputados o ministros, como se ha corrido la bola de la hija de Antonio Álvarez Desanti, de paso una muchacha joven, capaz, inteligente, bien preparada profesionalmente, que de ser cierto ese acuerdo, bien le haría a la Asamblea Legislativa tener diputadas con su preparación. Si fuera cierto este rumor para mí es válido el acuerdo porque en todos los partidos políticos, en todos los del espectro político nacional, sin distinciones, se hacen ese tipo de acuerdos y de amarres. Negarlo es hipócrita, como se han hecho acuerdos en el pasado para decidir también candidaturas y puestos en las listas electorales de diputados.
En este caso para mí lo publicado como resultado del Acuerdo alrededor de José María es muy general pero esboza los elementos básicos y las directrices fundamentales de esa alianza, que es lo que corresponde a este momento de la campaña.
La salida de Rodrigo Arias apoyando la precandidatura del expresidente legislativo y diputado Carlos Ricardo Benavides, a quien también apoya la Presidenta Laura Chinchilla, lo que más evidencia es el alejamiento de Oscar Arias, que ya había formulado una candidata, como posibilidad de consenso para ese partido, candidatura que la misma postulada rechazó aunque la agradeció.
El arismo, como corriente interna en Liberación Nacional está dividido. Por un lado Rodrigo Arias y Carlos Ricardo Benavides, por otro el Presidente Arias, aparentemente solo, y aristas como Francisco Morales, Fabio Molina, Guillermo Zúñiga, Fernando Berrocal, Lina Barrantes, Olman Segura, Javier Flores, Ziany Villalobos, y otros de iguales quilates, con José María Figueres.
En ningún acuerdo de este tipo se puede poner, para decirlo de esa manera, todo el Plan de Gobierno o de la Plataforma de agitación electoral, menos en este momento de la campaña cuando todavía no están decididos ni escogidos los candidatos de todos los partidos, ni se sabe con certeza cuántos van a participar, ni de si habrá coaliciones electorales que muestren ante el electorado al menos la fuerza que ya tiene la que se formó en Liberación Nacional.
Al Partido Liberación Nacional le queda enfrentar, con toda la fuerza del caso, la situación que le ha reventado con uno de sus alcaldes en la zona sur, y con su Secretario General, diputado, y miembro por tres años consecutivos de la Comisión Antinarco de la Asamblea Legislativa, donde le vinculan a situaciones “engorrosas” en esta materia, siendo él también uno de los diputados que ha luchado porque se reduzca el presupuesto nacional de financiamiento de campañas políticas, lo que abre las puertas al narcofinanciamiento de candidatos y partidos.
La lucha contra el narcotráfico y la narco política tiene que ser enfrentada en toda la línea. Para un Partido como Liberación Nacional con más razón. Ya han tenido escándalos parecidos en el pasado, incluso en el seno mismo de la Asamblea Legislativa, cuando quisieron poner allí un Presidente Legislativo, que resultó después comprometido en esos asuntos. Para José María Figueres y su grupo político interno esta es una tarea política de primer orden. NO pueden apoyar ni defender a nadie que esté comprometido en estos asuntos, que estén ligados o cuestionados, y sujetos de investigación por estos vínculos. Es el Partido mismo el que debería estar dando esa lucha porque se esclarezca cuanto antes este asunto. Si se convierte en tema de elecciones en el segundo semestre puede producir más chispas de la cuenta.
Cuando en Liberación Nacional se exigen 30 millones de colones y en la Unidad Social Cristiana 40 millones para inscribir candidaturas presidenciales, es mucha plata, que no es fácil tenerla a la vista ni a disposición de ofrecerla solo para inscribirse y darle movimiento al dinero.
Los órganos policiales y de inteligencia, como los de Hacienda bien podrían investigar el origen de esos dineros, con apoyo del Tribunal Supremo de Elecciones. Si se ponen cifras para inscripciones de diputados hay que estar atentos a estos movimientos económicos de los postulantes, si tienen la capacidad de poderlos justificar. Esto también es tarea de los mismos partidos políticos para no verse en posibles escándalos. Esto ayuda a entender también la importancia del financiamiento público de las campañas electorales.
La situación de la zona sur de desarrollarse escandalosamente puede poner a Liberación Nacional y a su principal candidato en una peligrosa encrucijada.
El diputado Viales mientras está la investigación, al menos al momento de escribir esta columna, si no lo ha hecho ya, debería separarse de su alto cargo partidario por su propia iniciativa o a petición del Directorio Político de Liberación Nacional, y si no es por ellos, al menos por presión de los precandidatos de ese partido… sería lo menos…
En el Partido Unidad Social Cristiana sigo pensando que hay poco qué hacer, política y electoralmente, con lo que tienen a la vista, ante el próximo proceso electoral.
El retorno eventual a Costa Rica de Rodolfo Piza Rocafort, quien fue el último candidato presidencial, en las anteriores dos campañas, por ese Partido, que fue quien le dio aire a esa tienda política, que le dio de nuevo visión de gobernabilidad, que es importante por el peso político que él tiene y significa, que rescató a ese Partido, con su posible retorno agitó las aguas electorales al interior y fuera de la Unidad Social Cristiana. Al interior porque saben que si Rodolfo Piza se lanza por otro partido menos tienen qué hacer.
Pero, es claro, como lo ha dicho Rodolfo Piza, que no viene a integrarse a la Unidad Social Cristiana, por cuanto sus estructuras partidarias son deficientes para atender la campaña electoral de acuerdo a la posibilidad de su candidatura presidencial, que en ese partido significaría la de un simple monigote que no tiene opción alguna de proponer y escoger algunos candidatos a diputados, como se acostumbraba antes, por los candidatos presidenciales en los partidos políticos mayoritarios, debido a que en este partido lo hacen las asambleas provinciales, así como la renuncia del partido a posibilitar coaliciones electorales, como lo sugirió el Expresidente Miguel Ángel Rodríguez, uno de los líderes políticos e ideológicos más importantes de ese Partido.
En esta perspectiva, ¿dónde puede encajar Rodolfo Piza? Sinceramente no lo tengo claro todavía. Por sus expresiones de que debe constituirse un frente electoral humanista, progresista, liberal, socialdemócrata, socialcristiano y cristiano, lo que expresa el abanico amplio de posiciones, renunciando a definirse de centro derecha o de derecha, podría ser que se esté incubando alrededor de su gran figura política, esa unidad de fuerzas alternativas frente al Partido Acción Ciudadana, en el Gobierno, y al mismo Liberación Nacional, como la principal fuerza opositora en perspectiva.
¿Estaría Rodolfo Piza, en esta posibilidad de reunir alrededor suyo a figuras como Eli Feinzag, Natalia Díaz, Rodrigo Chávez, el mismo Miguel Ángel Rodríguez apoyando? Sin lugar a dudas la posible candidatura de Rodolfo Piza cuenta con apoyos políticos nacionales fuertes.
El llamado subliminal de Rodolfo Piza a los socialdemócratas es a aquellos que no están muy de acuerdo, o en desacuerdo, con la alianza que ya se estructuró dentro de Liberación Nacional.
En el caso del Partido Acción Ciudadana está claro que siguen sin definir públicamente sus posibles precandidatos internos. Se mueve este partido a punta de rumores. A los ya conocidos precandidatos de rumor se sacaron de la manga al ex ministro de Educación, Edgar Mora, que no es, que yo sepa, militante del Partido Acción Ciudadana, que lo sigue siendo de Curridabat Siglo XXI.
La candidatura de Edgar Mora, talentoso, inteligente, diligente, buen funcionario municipal, cuestionado ministro, es aparentemente el as de la manga del Presidente Carlos Alvarado, de quien se dice que es su candidato frente a los que se impulsan desde la Comisión Política del Partido Acción Ciudadana, y de su sector de izquierda, y frente a los que promueven la candidatura de la Embajadora en España, Ana Helena Chacón Echeverría.
La sorpresa de la semana fue la candidatura del exviceministro y ex diputado, líder del movimiento cooperativista, Oscar Campos, por un partido, Encuentro Nacional, que está en proceso de inscripción, que aparentemente responde a las necesidades del movimiento cooperativo nacional, que tienen una gran masa de afiliados, que de distinta manera responden también a los distintos partidos políticos del país. Pero, si es una fuerza del cooperativismo como tal sería interesante ver cómo se desarrolla.
El resto de los partidos no se mueven en estas agitadas aguas electorales, parecieran hasta ahora anclados, antes que a la deriva.
El sistema electoral costarricense es en toda su forma presidencialista, aunque el mismo día se elijan los diputados, y como se hacía antes que también se elegían regidores y síndicos municipales. Toda la campaña electoral gira en torno a las figuras presidenciales, alrededor de quienes son los candidatos de los distintos partidos políticos.
Cuando se separó la elección de alcaldes, regidores y síndicos, lo que viene funcionando desde el 2002, y cuando se separaron estas elecciones de la nacional, como se hace actualmente, se avanzó en enriquecer la posibilidad de escoger mejor a los alcaldes, regidores y síndicos, en darle más importancia a los gobiernos locales, en hacer de estos y de sus municipalidades mejores espacios de participación ciudadana, y especialmente de darle fuerza a los gobiernos locales, lo que no se ha logrado porque en las comunidades y municipalidades no funcionan, en términos reales, los partidos políticos nacionales, ni provinciales y tampoco sus expresiones locales o los locales propiamente dichos, excepción hecha de los cantones de Escazú, Santa Ana, Curridabat donde ha habido experiencias de gobiernos locales con partidos locales que le dieron vida a esos cantones, y lograron cierta participación popular alrededor de sus proyectos políticos cantonales, sin poderse desarrollar como fuerzas políticas mayores y hasta perdiendo los gobiernos que habían logrado. La izquierda política que llegó a tener cierta influencia en los cantones de Barva y Montes de Oca, poco pudieron hacer, aparte de que en el ejercicio de su gobierno dilapidaron su pequeño capital político.
Los candidatos presidenciales siguen siendo los grandes motores de toda la campaña política, aunque debilitados de sus bases municipales, hoy separadas electoralmente. Las elecciones de diputados no mueven tanto a la población como lo hacían las elecciones municipales, cuando estaban todas estas elecciones juntas.
Para lo inmediato tenemos las elecciones nacionales, las de presidente y vicepresidencias, y las de diputados, que se realizarán el primer domingo del próximo febrero, dentro de nueve meses. En esta dirección se mencionan precandidatos en los principales y más grandes partidos del espectro electoral, y algunos candidatos ya consolidados en los partidos pequeños. De estos últimos es interesante que en su mayoría se vislumbran participando en la doble candidatura, como candidatos presidenciales y a la vez como candidatos a primer puesto a diputados en aquella provincia donde consideran que son más fuertes.
Siguen débiles y casi inexistentes las coaliciones electorales. Nos hace falta cultura política, educación política, madurez política para avanzar en este camino de coaliciones, que pueden resultar victoriosas como lo fueron en las elecciones de 1958, 1966 y 1978, donde en esos tres procesos electorales fue derrotado el Partido Liberación Nacional.
No se mencionan, al menos en el escenario público, los candidatos a diputados. En algunos partidos personas que se presentan como candidatos presidenciales, en lucha con otros candidatos, lo hacen en tanto esa participación les da un reconocimiento posible para que puedan ser considerados como candidatos a diputados, u otros puestos de la Administración Pública en caso de que su partido gane.
El peso está entonces en los candidatos a Presidente. Los electores, el pueblo electoral, sigue marginal del conocimiento de candidatos a diputados, los que aparecerán como abejones en mayo en esos partidos.
Las encuestas como métodos de medición por ahora se mueven en ver cuáles candidatos son más conocidos, o cuales son más apoyados o rechazados, principalmente a escala nacional. No se están haciendo todavía distinciones importantes al interior de cada partido políticos de los que tienen varios candidatos, con su propio caudal electoral, con los propios simpatizantes de cada partido.
En la mentalidad política de analistas y gestores de opinión pesa el resultado electoral de los últimos procesos electorales, por lo menos de las campañas electorales del 2010, 2014 y 2018, para sobre ellas valorar si los partidos políticos tienen músculo político y hasta para presagiar la posible segunda vuelta electoral en el 2022.
Las posibilidades de un triunfo de un partido en la primera vuelta electoral, la de febrero, como la posibilidad de que haya que ir a la segunda ronda, con dos candidatos en abril, existen de manera igual. Ello dependerá de los candidatos presidenciales que lleven los partidos políticos en primer lugar, y de los temas centrales de campaña electoral que cada uno agite. Aparte se sumará su experiencia política, sus vínculos nacionales e internacionales, sus ofertas al electorado sobre los principales problemas del país y de cómo solucionarlos.
Los temas de campaña electoral que ya se están agitando y tratando de introducir, como interrupción de embarazo y eutanasia, sin que existan en la realidad parlamentaria como Proyectos de Ley en trámite, me parecen altamente distractores de los principales problemas inmediatos que tenemos, y artificialmente montados con la intención de que se coloquen como temas principales.
Si se quiere montar un debate artificialmente alrededor de estos temas nadie puede asegurar cual va a ser su resultado final en elecciones, pero podría suceder como se resolvió el tema del llamado matrimonio igualitario, con mucha tensión nacional, pero con resultado progresista y liberal más que conservador.
El tema central para los partidos políticos será el de ganar las elecciones, claro está, pero ganarlas con la mayor cantidad de diputados posibles, para tratar de asegurar la mejor posibilidad de gobernar, para tener el músculo parlamentario en posibilidad de aprobar proyectos de ley y asegurar en ese sentido la mejor gestión de gobierno posible. Ningún candidato ni partido político puede estar aspirando a gobernar con 10 diputados como tiene el actual gobierno, o 14 como tuvo el anterior. El Partido Liberación Nacional sabe al menos que ha tenido no menos de 18 en los últimos dos gobiernos, lo que aún no le da la fuerza suficiente para un buen gobierno, porque ello también depende de la capacidad de negociación del Gobierno y de su fracción parlamentaria, lo que ha hecho muy bien el actual Gobierno y el Partido Acción Ciudadana, que le han aprobado prácticamente toda su agenda legislativa, que no era diferente a de la de los partidos Unidad Social Cristiana y de Liberación Nacional, porque han tenido la misma élite política económica dominante que, desde esas trincheras, han aprobado toda la agenda neoliberal, que el mismo Presidente Carlos Alvarado Quesada lidera en silencio, desde la misma campaña electoral, y que el Partido Acción Ciudadana de manera camaleónica ha disfrazado también muy bien, excepción hecha de los distanciamientos últimos que hace la Comisión Política del PAC, de su propio gobierno en aspectos o políticas que no le parecen, que debe hacerlo en esta etapa de gobierno y de campaña electoral. Ese carácter camaleónico es justamente su posibilidad de volver a ganar el Gobierno. Quedará por ver quién será su candidato o candidata presidencial para tratar de asegurar esa posibilidad de triunfo.
La campaña del 2022 la veo, en forma estrecha, promoviendo candidatos presidenciales, y a estos y a sus partidos, pidiendo votos para ellos pero también para sus diputados, como equipo de gobierno. De allí la importancia que puedan llegar a tener los candidatos a diputados que hasta hoy se desconocen, que están invisibilizados, pero que ya deberían empezar a sacar sus orejas, y algunos para verles sus colmillos y dientes, como se hace con algunas especies que se ofrecen en venta, para ver que gozan de buena salud, en este caso salud pública, salud política, personal, profesional, empresarial… la que tengan, y puedan y deban exhibir, para poder pagar con los votos el paquete de Presidente y diputados, y no sufrir un PACquetazo.
Recientemente el Tribunal Supremo de Elecciones advirtió a los diputados, y a sus asesores de no caer en la figura de la beligerancia política, lo que pareciera una intromisión sin precedentes en la figura del Diputado, y sus asesores, los que él escoge, generalmente de su propio partido político, indicándoles que no podían hacer actividades, en su tiempo laboral, de carácter político electoral, o que estuvieran relacionadas con la próxima campaña electoral.
Fue en forma directa un jalón de orejas, especialmente, a los diputados que aspiran ser candidatos presidenciales, o que ya han anunciado sus intenciones en esa dirección. Fue ponerles un bozal político, un tapabocas, además del bozal de la pandemia que deben usar.
La Constitución Política, ni la legislación electoral, ni ninguna ley en particular establece prohibición alguna para los diputados, ni los consideran “empleados públicos”, ni se les puede considerar “servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos”, los que sí tienen esa expresa prohibición, siempre y cuando estén en la categoría constitucional de “funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas”, que en ninguna parte ni ley alguna se señala a los diputados.
De los altos funcionarios que sí tienen prohibición son, entre otros, el Presidente de la República, los Ministros de Gobierno, los Ministros Diplomáticos, el Contralor y Subcontralor Generales de la República, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
Y, es la Asamblea Legislativa, el conjunto de los diputados que la constituyen e integran, los que conocerán el resultado de la investigación que realice el Tribunal Supremo de Elecciones contra esos específicos altos funcionarios, si realizaran actos considerados de beligerancia política, si son investigados a ese efecto.
¿De dónde se saca el Tribunal Supremo de Elecciones que los diputados no pueden ser beligerantes políticos las 24 horas del día, dentro y fuera de la Asamblea Legislativa, en sus oficinas como en sus curules, Plenaria y de Comisiones, o en los actos que realice en comunidades, visitas, reuniones, actividades a las que es invitado o él mismo organiza para rendir cuentas, o para pasar facturas políticas ciudadanas, más allá del propio control político que puede realizar en el propio recinto parlamentario, que es quizá el acto de beligerancia más extremo que puede hacer contra los representantes y funcionarios de los Supremos Poderes y de las Instituciones del Estado y del Gobierno.
Los diputados aunque electos por Provincias tienen el carácter de “nacionales”, de ser la representación de la voluntad popular expresada por el sufragio, en la figura de cada diputado, y de cada grupo de diputados pertenecientes a los partidos políticos que eligen diputados. En la propia Asamblea Legislativa se organizan por partidos políticos, así se sientan, con curules que “pertenecen” a esas fracciones legislativas, en el orden en que se colocan, porque nombran un Jefe de Fracción partidaria, porque tienen reuniones de jefes de fracción para coordinar aspectos del debate parlamentario y de la agenda parlamentaria. Así, los diputados electos por la Nación actúan en nombre de sus partidos políticos. Es lo lógico, es lo natural, es lo usual, es lo inherente a cada diputado. En las notas de prensa, radiales, escritas o televisivas se les reconoce como diputados de tal o cual partido.
Toda la labor parlamentaria de los diputados es política, es partidaria, es calculadoramente electoral, porque de su buen o mal desempeño así les puede ir en la siguiente campaña electoral.
La Campaña Electoral no termina con la integración de la Asamblea Legislativa el 1 de mayo siguiente a la elección nacional. Allí continúa en el escenario legislativo. Esto es lo real, es lo que funciona.
Todos los diputados en sus intervenciones, en las Comisiones o en el Plenario, pueden hablar a nombre de sus partidos políticos, identificarse como miembros de esos partidos, hacer alarde de la Historia parlamentaria o nacional de sus partidos. Los que casi no hacen alarde de nada, casi siempre ha sido así, son los diputados oficiales, los del partido de gobierno en ejercicio. Les cuesta mucho defender al Gobierno, y porque muchas veces por las acciones y compromisos de los Gobiernos los diputados toman distancia silenciosa de su partido gobernante.
La jornada laboral de los diputados es 24 horas en el cargo. A los efectos de las reuniones que tienen, por asistir a las Comisiones o al Plenario, reciben un pago. Si faltan no se les paga lo correspondiente. Pero esto es un problema tan solo de responsabilidad laboral.
Toda la labor de un diputado, desde su presencia en la Asamblea Legislativa, hasta por sus actos y discursos es para beneficiar a su partido político, y a su propia figura política como dirigente parlamentario de su organización partidaria. Todo lo que tiene en la Asamblea Legislativa, desde su Oficina hasta los dineros que le dan de gasolina mensual, son para justificar su trabajo parlamentario que es político partidista. No se puede entender de otra manera.
Insisto. En la Constitución ni en ley alguna hay una solo sanción para los diputados, que pueda caer en la figura de la beligerancia política.
En mi opinión los asesores parlamentarios, nombrados por los propios diputados para su trabajo diputadil, con salario de la Asamblea Legislativa, están igualmente amparados por la misma protección que tienen los diputados para realizar su trabajo político y parlamentario, y aunque pagados por la Asamblea no caen en la categoría de “empleados públicos”, de “servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos”. Son funcionarios que la sociedad paga para el mejor desempeño de los diputados como expresión de la soberanía popular que ellos representan.
Los que sí son “empleados públicos”, “servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos”, son todos los Asesores de Servicios Técnicos parlamentarios que le sirven a todos los diputados, como un alto equipo o grupo especializado para esos trabajos. Igualmente aquellos funcionarios del Poder Legislativo que por su naturaleza le sirven a todos los diputados sin distinción de su pertenencia partidaria.
Está bien que se regule la ausencia de los diputados del Plenario y de las Comisiones, lo que se les sanciona con el no pago respectivo si no tienen autorización para ausentarse para atender asuntos personales, o funciones o labores propias de su cargo, que eso no se paga de esa manera.
Por este mismo motivo no se obliga a que un diputado que quiere ser candidato a la Presidencia tenga que renunciar a su cargo de diputado. Implícitamente se reconoce su papel de ser un representante de un partido político, que no tiene impedimento constitucional ni legal para ser candidato siendo también diputado.
Lo inmoral es lo que hacen algunos diputados que ausentándose cobren sus respectivas dietas por los mecanismos que les permite hacerlo.
Bastaría que cualquiera de los diputados candidatos empezara sus discursos parlamentarios o legislativos diciendo: “En mi condición de diputado del Partido XXXX, y de mi condición de aspirante a la Presidencia por mi partido XXXX, o si ya fuera candidato oficial, dijera que, en esa condición, se dirige al resto de los diputados y al público, a los ciudadanos, a los electores, que oyen o ven las sesiones parlamentarias, sobre ZZZZ, proyecto de ley que está en discusión, o haga referencia en el control político que en un gobierno, bajo su mandato, eso que está criticando no va a ocurrir. ¿Se le podría acusar de beligerancia política por esa forma de dirigirse en el Plenario o en el Trabajo de Comisiones?
Hay que dejarse de hipocresías políticas. Eso es lo que le hace daño al país, a la imagen de la Política, de los Partidos Políticos, de los dirigentes políticos, y a la misma Democracia política que vivimos como sistema.
La pertenencia a un partido político no le quita la credencial a ningún diputado. Lo único que se la puede quitar es que pueda ser empleado o tener cargo en otros poderes del Estado o de elección popular. Ni siquiera pierde su credencial de diputado cuando transitoriamente es llamado a ejercer un puesto de Ministro.
Tampoco pueden “celebrar, ni directa ni indirectamente, o por representación, contrato alguno con el Estado, ni obtener concesión de bienes públicos que implique privilegio, ni intervenir como directores, administradores o gerentes en empresas que contraten con el Estado, obras, suministros o explotación de servicios públicos”, lo que se considera incompatible con el cargo de diputado lo que sí les hace perder su condición de Legislador.
Para los asesores contratados por los diputados, para que los acompañen sus cuatro años en Congreso, por ley se les fija “la asignación y las ayudas técnicas y administrativas que se acordaren para los diputados”.
La única restricción que puede tener un diputado, es la que tiene el Presidente de la Asamblea Legislativa, cuando en ejercicio de su cargo por disposición constitucional, sustituye transitoriamente al Presidente de la República, como sucedió en la Legislatura 2009-2010, cuando el Presidente del Congreso, el diputado Francisco Antonio Pacheco varias veces sustituyó al Presidente Oscar Arias, siendo también el diputado Presidente de su partido Liberación Nacional, a lo que no tuvo que renunciar. En ejercicio del cargo de Presidente de la República si se sometió a las prohibiciones que para ese cargo existen, pero sin dejar ni renunciar a su condición de diputado, ni de su partido, ni de la Presidencia de su partido.
Es hora de dejarse de hipocresías políticas que solo dañan la imagen de los Poderes Públicos, de la Política, de los dirigentes políticos, de los mismos partidos políticos, de la Política como quehacer humano, y de la Democracia política que vivimos.
El diputado por su naturaleza es un beligerante político. Que actúe como tal. Eso es lo que necesitamos para ver si también mejoramos el debate y el análisis político.
Peligrosa llamada de atención hace el Tribunal Supremo de Elecciones a los diputados, de intromisión en el Poder Legislativo, de intentar ponerles a los diputados un bozal, o un tapabocas, en el ejercicio de su palabra, de su Parlamento, de su crítica general y de su crítica política, que es la que sería sujeto de “beligerancia política”, una manera sutil de decirles a los diputados cómo deben realizar su control político.
Camino peligroso para la democracia política y electoral el que abre el Tribunal Supremo de Elecciones.
Las sociedades democráticas, en sus diversas modalidades institucionales, han establecido mecanismos o sistemas electorales para elegir sus autoridades políticas, desde las más altas esferas del Poder hasta los organismos más básicos de la convivencia ciudadana, de sus propios municipios.
La sociedad latinoamericana, en términos generales, estableció elecciones desde la escogencia de los Diputados a las Cortes de Cádiz, en 1812, aun cuando la mayoría de los ahora Estados o Repúblicas, eran parte del sistema colonial, cuando procedieron a elegir sus representantes ante las Cortes, con las reglas que para ese efecto se dictaron. Desde allí se podrían considerar los procesos electorales en el continente hasta hoy.
Independientes los países latinoamericanos procedieron a desarrollar sus formas de gobierno y sus estructuras institucionales, y establecieron a esos efectos, mecanismos de elección de sus gobernantes, cuando no procedía ese poder de la propia lucha independentista, que mantuvo por años en el Poder a sus principales caudillos y líderes militares, no alejados de las intrigas políticas y de cambios de gobernantes no por procesos electorales.
En el caso costarricense, no muy alejado del entorno centroamericano, se establecieron formas de elección, mecanismos y sistemas, que garantizaban el acceso al Poder de una minoría, políticamente definida, y de una mayoría excluida de la toma de decisiones políticas y de la participación electoral directa. Así se restringió el voto, por exclusión, a los analfabetos, a las mujeres, a ciertas minorías étnicas, se impuso un voto por nivel económico, se ejerció el voto público y de segundo grado escogiendo en una primera ronda electores que eran los que decidían en la segunda vuelta. Obviamente se impuso una edad mínima para adquirir el derecho de ciudadanía y poder tener la capacidad de elegir y ser electos.
En el caso costarricense, de nuevo, hasta 1912 se mantuvo el voto indirecto de electores, estableciéndose para las elecciones de 1913 el voto directo, hasta 1924 se estableció el voto secreto y con la Constitución Política de 1949 se reconoció el voto de la mujer, haciéndose universal. En las elecciones de 1974 los jóvenes de 18 años pudieron votar al haberse cambiado las leyes de la ciudadanía que establecían la mayoridad a los 21 años, con facultad para participar en procesos electorales. Aun cuando estos sistemas electorales nos parezcan abominables, poco democráticos, eran los que funcionaban, y los que marcaban el carácter democrático de las sociedades, entonces existentes, bastante bien, y definían las relaciones en el campo político para nuestras sociedades.
En Costa Rica, por ejemplo, para las elecciones de 1889 había 912 electores sobre una población de 340.000 habitantes, el 0.3% de la población era la que tenía la capacidad de votar. ¿Era eso democrático? Con los ojos de hoy no, pero era la forma democrática que venía operando y que hacía funcionar el sistema político. En ese año se estableció el régimen de partidos políticos, mediante y solo a través de ellos se podía participar en política, con ánimos de aspirar a ser electos en cargos públicos. Esta fórmula, que sigue existiendo, fue en cierta forma también restrictiva, porque los ciudadanos que deseaban aspirar a algún cargo tenían que ser miembros de un partido político y este partido escogerlo para el cargo al que aspiraba, convirtiéndose así en una forma sutilmente restrictiva de participación. Esto sigue funcionando. Hoy incluso, para aspirar a algún puesto de elección algunos partidos exigen un pago de inscripción para participar en la escogencia, pago por lo demás bien alto, que se justifica para los partidos políticos en los costos de las campañas electorales internas que tienen los partidos y para contribuir de esa manera, también, en los gastos generales de la campaña electoral a enfrentar.
La mayoría de los países han alcanzado estos niveles de participación electoral, voto universal, secreto, y algunos países, muy pocos, con la ciudadanía reconocida a los 16 años para ejercer el voto. Todos tienen el sistema de partidos políticos, aún en gobiernos monárquico-constitucionales tienen sistemas de partidos políticos, bajo la forma de regímenes presidencialistas o parlamentarios. Los partidos políticos de hecho se han impuesto en casi todo el mundo.
Las restricciones de participación se establecieron también con el desarrollo de gobiernos autoritarios, dictaduras, tiranías, satrapías, y con los gobiernos militares que restringieron la participación electoral de partidos y de ciudadanos en algunos casos, con la represión y la liquidación física de opositores, con la nulidad de cartas de ciudadanía y de inscripción electoral, con la expulsión o salida obligada de ciudadanos de sus países, con la inhabilitación de ciudadanos y de partidos políticos, como se acostumbra hoy en algunos países, para garantizar la estancia en el Poder, o evitar fuerzas políticas opositoras reales y vigorosas que puedan desplazar del Poder a quienes lo ostentan por la fuerza, o mediante mecanismos de control electoral que les facilita o permite su permanencia.
La exclusión histórica de masas de ciudadanos de las elecciones, condujo en la realidad a que muchos de esos ciudadanos se mantuvieran en la exclusión, en la marginación de la participación electoral, aun cuando se les habían reconocido sus derechos de participación. Sicológicamente se había predispuesto esa población para entender que el sistema electoral, sin su participación, era válido, y que de su resultado se podían esperar más cosas buenas que malas de quienes asumieran las riendas del gobierno en sus instancias legislativas y ejecutiva. En el caso costarricense a los comunistas se les impidió participar, como partido político, bajo cualquier forma de nominación que adquiriera desde 1948 hasta 1974. Los comunistas como personas podían votar por cualquier otra alternativa política pero no por ellos mismos. Esto explica, en cierta forma, el desarrollo del bipartidismo histórico que se desarrolló en el país, hasta 1998, cuando se ha empezado a cuestionar la vigencia de este control bipartidista de la sociedad y del Estado.
Bastaba echar una mirada al proceso histórico para entender las líneas de evolución de la sociedad y de su progreso. De hecho ninguna época actual parecía peor que la anterior, aun cuando existieran limitaciones.
La lucha por el Poder Político en general hoy se materializa en los procesos electorales, con participación de partidos políticos y con los ciudadanos que son los que emiten sus votos, el pueblo electoral.
La Política es el escenario donde se dilucidan las controversias de las relaciones de los distintos grupos de ciudadanos, organizados en partidos políticos, sindicatos, asociaciones de distintas naturalezas, económicas, empresariales, culturales, sociales, para tener acceso al Poder y, desde allí, influir en beneficio de las grandes mayorías o de los grupos que realmente se mueven, con poder de decisión, alrededor de los Poderes públicos. De allí que la Política sea importante, inevitable, y de obligada atención y participación ciudadana.
En todos los procesos electorales ha habido abstencionismo electoral, gente o ciudadanos que de una u otra forma no participan directamente, no llegan a emitir su voto. Unos porque históricamente fueron violentamente omitidos, impedidos de ejercer su voto, otros por desilusión de sus partidos, de sus candidatos y de sus líderes, otros, asqueados de las malas formas de gobernar y de la corrupción institucional que establecen algunos funcionarios para hacer de ella su modo de vida. Esto conduce a un rechazo de esos partidos, y sus dirigentes, caudillos y líderes.
Hoy peligrosamente en este rechazo se mete a la Democracia, como modo o sistema de vida, a todos los partidos políticos, a todos los dirigentes políticos, a todas las estructuras de gobierno y por ello a todos los gobernantes y funcionarios públicos. Más aún, se mete a la Política como tal, la que hay que rechazar, y se induce a la búsqueda de líderes mesiánicos, autoritarios, fuertes, dictadores institucionales que resuelvan problemas sensibles para las gentes o la población. Peligrosamente este rechazo conduce a alimentar los populismos de cualquier signo político que puedan surgir. Se induce inclusive a mecanismos de acceso al Poder que nieguen los mecanismos democráticos de participación ciudadana. El abstencionismo es la máxima expresión que se evidencia de este posible rechazo, o que al menos tiende a justificarlo. ¿Es válido esto? Es discutible.
Para mí el abstencionismo tiene dos expresiones importantes. El que se manifiesta del todo con no ir a las urnas electorales, y el que en urnas electorales se manifiesta no votando por ninguna de las alternativas existentes ofrecidas, o anulando el voto.
El que del todo no asiste a las urnas bien podría deducirse que no es que está en contra de todos los partidos y de todos los candidatos, sino que le es indiferente cuál de ellos pueda ganar el proceso electoral, porque siente que ninguno de ellos le altera, al elector abstencionista, su modo de vida, su estilo de vida, o no lo ve como una amenaza para su relativa comodidad o existencia, sea cual sea, y porque piensa, o deduce instintivamente, que cualquiera de los candidatos y partido que gane le puede producir más beneficio que perjuicio. Esa masa de abstencionistas, al término de las elecciones, contados los votos, se suma de manera pasiva a los votos del partido y candidato ganador, dándole fortaleza a su triunfo y mayor estabilidad al gobierno que se asumirá, y confianza al mismo proceso electoral. Así este abstencionista es un votante pasivo.
Está el votante que se presenta a las urnas y vota en blanco, devuelve la papeleta electoral en blanco o la anula de alguna manera, votando por todos, haciendo inválido su voto al no poderse deducir una voluntad clara a favor de alguno de los partidos o candidatos. Este es el abstencionista activo, que rechaza a todos los partidos y candidatos porque no le parece ninguno, por la razón que sea.
A los efectos prácticos de los resultados electorales, los sistemas electorales han establecido no reconocer, a sus efectos contables los votos de esta forma emitidos. Solo valen aquellos que están expresamente dados a una casilla electoral, de un partido o de un candidato, los que se consideran votos válidamente emitidos. Sin embargo, el que asiste a la urna y expresa su voluntad negándole el voto a cualquiera de las alternativas, de hecho y de derecho está expresando su voluntad de voto, está emitiendo válidamente su voluntad expresada en ese voto abstencionista, que a los efectos del resultado electoral no lo toman en cuenta, y que sí debe ser tomado en cuenta, al menos eso es lo que creo.
El voto abstencionista en urna debe tomarse como un voto válidamente emitido, no a favor de un candidato, lo que es obvio, sino a favor del mismo proceso electoral y democrático que debe reconocer de esa manera el voto en blanco, nulo o disidente, con el mismo valor porcentual que se le asigna al resto de los votos válidamente emitidos.
Los procesos electorales han establecido segundas rondas, o vueltas electorales cuando en la primera ronda no se saca el número de votos o porcentaje necesario para ser electo, 40%, como en Costa Rica, o 50% como en otros países, segunda vuelta que se resuelve con los dos que hayan sacado el mayor número de votos o mayor porcentaje, siempre inferior al necesario para elegir. La segunda vuelta, en todos los casos se resuelve con el mayor número de votos, sin porcentaje, lo que es absolutamente lógico para provocar un resultado electoral válido. Pues bien, si los votos en blanco se contabilizaran provocaría que el resultado electoral, sea por número de votos o por porcentaje se vuelva más difícil. Posiblemente facilitaría más el desarrollo de segundas vueltas electorales, pero a la vez los partidos políticos tendrían que preocuparse por mejorar sus imágenes públicas, las de sus líderes, caudillos o dirigentes, tendrían que ser más responsables en la gestión pública en que participan, tendrían que estar obligados a procesos de rendición de cuentas ante sus afiliados, seguidores y ciudadanos.
El reconocimiento real y efectivo de los votantes abstencionistas enriquecería más la democracia política y los procesos electorales. La situación más extrema en este dilema sería cuando el abstencionismo en urnas sea mayor que la suma de los votantes de los partidos inscritos, lo que inevitablemente obligaría a nuevas postulaciones para la segunda ronda, sin lugar a dudas, o a un proceso reconstituyente nacional, de manera automática se convoque a un Nuevo Pacto Nacional, a una Nueva Asamblea Nacional Constituyente, que redefina la nueva situación política nacional.
A punto de que se vayan estableciendo y definiendo las candidaturas a puestos de elección popular, la Presidencia, las Vicepresidencias y las Diputaciones, que es lo que nos moverá en los próximos meses para ir a votar, el primer domingo de febrero, y escoger, de esa manera, a quienes les tocará dirigir la gran nave nacional, en que nos encontramos, en este mar agitado y tormentoso, según se quiera ver. Me parece que nadie lo ve tranquilo, y pocas personas ven luz y claridad al final de periplo de estos próximo diez meses, que estarán plagados de cantos de sirenas.
Aparte de los formalismos de la edad, elemento básico para ser ciudadano y poder ejercer el voto, 18 años, para ser diputado, 21 años, y para ser Presidente o Vicepresidente, 30 años, que son los cargos o puestos que se elegirán, no se exige ningún otro atributo personal. Si hay restricciones de quienes no pueden desempeñarse en estos cargos.
En los últimos procesos electorales el Tribunal Supremo de Elecciones, ha solicitado a los partidos políticos y a los candidatos que presenten una hoja de datos básicos personales, que los coloca en su página oficial a efecto de que se puedan analizar, por parte de los ciudadanos, esos atestados, y sepan, de esa manera quienes aspiran a esos puestos, y qué confianza puedan provocar.
No se exigen a esos puestos formaciones profesionales, ni estudios de primaria, secundaria o universitaria. Basta ser ciudadano, común y corriente, para poder a aspirar a ser electo en esos altos cargos, de gran responsabilidad. Esa es la Democracia funcionando. Todos los ciudadanos están en la misma posición, posibilidad e igualdad de querer dirigir los destinos de la Nación costarricense.
A los partidos políticos, y a los candidatos, el Tribunal Supremo de Elecciones les exige que presenten un Programa de Gobierno.
Recientemente se ha puesto ante la Asamblea Legislativa un Proyecto de Ley, que de acogerse por los diputados y de votarse prontamente, podría empezar a funcionar en el próximo proceso electoral, que es lo que se pretende con este Proyecto de Ley, que obligaría a los partidos políticos y a los candidatos incluir sus fotografías y sus biografías al inscribir oficialmente sus candidaturas. Eso está bien. Contribuye a conocer mejor a los candidatos que ofrecen los partidos y con ello también conocer mejor a esos partidos políticos.
En el caso de los postulantes a la Presidencia, y Vicepresidencias les obligarán a presentar su Plan de Gobierno. No suena mal. Desde hace muchos años y muchos procesos electorales así se hace. Cuando fui candidato presidencial así lo hicimos en 1998, en el 2002 y el 2006. En la práctica de cada campaña electoral, todos los candidatos hacen ofertas de lo que desean hacer, de lo que desean resolver y de las esperanzas que los electores quieren oír más allá de los Planes de Gobierno que tienen. En la práctica son puros cantos de sirena, en ese mar agitado electoral de la campaña política.
Cuando se produce el resultado electoral, y hay ganador, partido político y candidato presidencial, nada obliga a ese partido y a ese candidato a ejecutar su Plan de Gobierno, ni tampoco se puede hacer tan fácilmente. Hasta la última elección, la del 2018, cuyo gobierno termina en 13 meses, el partido que ganaba la Presidencia se encontraba el 8 de mayo, que la Asamblea Legislativa estaba en sus Sesiones Ordinarias, durante los siguientes meses desde mayo, junio y julio, y luego setiembre, octubre y noviembre, lo que imposibilitaba en la realidad que ese Partido y ese Presidente en ejercicio ya pudiera hacer algo respecto a la oferta de Plan de Gobierno que había hecho durante la campaña electoral, incumpliendo en ese sentido ante el electorado, razón que contribuía a bajar rápidamente su percepción ante los electores y el resto del pueblo electoral.
Además, se encontraba con que el Presupuesto Nacional que le acompañaría todo el primer año de gobierno, es el que aprobó el Partido de Gobierno desde noviembre anterior, y que en ese sentido no podía hacer casi nada, solo administrarlo de la mejor forma posible y tratar de hacerle alguna reforma en el mes de agosto, en sus Sesiones Extraordinarias. Esta situación sigue para el próximo gobierno que se instale. El Presidente que asuma, y su partido, se encontrará, en el 2022, con el Presupuesto que apruebe la Asamblea Legislativa en noviembre, para el año 2022, que es el Presupuesto elaborado por el Partido Acción Ciudadana, desde el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Hacienda para el próximo año. El único favorecido en esa posibilidad es el mismo Partido Acción Ciudadana, en caso de que llegara a ganar, porque pueden darle continuidad a ese Presupuesto, sin poderle hacer modificación alguna, pero obviamente continuando las políticas y estrategias allí contenidas, como parte del gobierno de Acción Ciudadana. Los otros partidos, en caso de que ganara alguno de ellos, se encuentran con esa cadena, que tienen que arrastrar.
Sí ha cambiado el orden de las Sesiones Legislativas, de manera que el próximo año, por primera vez, las Sesiones Legislativas empiezan con las Extraordinarias, lo que le permitirá al nuevo Gobierno, del PAC o de otro partido, iniciar el 8 de mayo haciendo propuestas de Proyectos de Ley, en armonía y de conformidad con lo que se ofreció en campaña política. Esta es la gran novedad por ahora, pero amarrada esa posibilidad al Presupuesto en ejecución desde el primero de enero próximo.
Por lo anterior, lo de presentar un Plan de Gobierno, como requisito de inscripción, ya legalmente obligado, no está mal, pero siempre seguirá siendo un canto de sirena, porque aun cuando un mismo partido se pueda reelegir para continuar en el Gobierno, el Plan de Gobierno que ofrezca generalmente no es el de continuidad del mismo gobierno. Esto se ha visto cuando los partidos Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana, se han reelecto. Cada candidato, y el mismo partido para cada elección, lleva su propio Plan, y ninguno, que yo recuerde exalta la obra del gobierno que acaba para continuarla, porque en todos los procesos electorales el mismo partido que está gobernando, a los efectos de la campaña electoral se distancia de su propio gobierno, sobre todo cuando han sido muy criticados y cuestionados.
Así como se han cambiado la Sesiones Ordinarias y Extraordinarias se debe avanzar a establecer Presupuestos Nacionales Bianuales, por lo menos, y ciertos aspectos de esos Presupuestos Trianuales o Tetra anules, de manera que se puedan ir diseñando en la realidad Planes de Gobierno de mediano plazo. Los Planes Quinquenales que se han exigido a la Administración Pública, en este sentido fueron siempre una gran estafa política, un ejercicio carísimo institucionalmente al hacerlo, para que no pudieran implementarse como Grandes Planes Nacionales de Desarrollo Institucional y Nacionales en todo su sentido.
Obligar a la presentación del Plan de Gobierno no está mal, pero puede ser irrealizable, si no se cambian estos mecanismos para hacer mejor operable el aparato estatal e institucional.
“La sororidad constituye una experiencia práctica intelectual y política que se fortalece con la alianza entre las mujeres. Es más que la solidaridad ya que implica la modificación de las relaciones entre las mujeres para potenciar un mundo mejor”. Marcela Lagarde.
Pretendemos explorar algunos antecedentes internacionales y nacionales en la ruta de búsqueda de una mayor participación de las mujeres políticas en la vida pública de cara al Bicentenario de la democracia de Costa Rica. A partir de los antecedentes, nos referiremos a los obstáculos institucionales y partidarios a la participación efectiva de la mujer, a retrocesos en la democracia por desacato de los partidos políticos en Costa Rica. Frente a este reto, rescatamos la función de los mecanismos de la mujer en los partidos políticos; su lucha presente y futura en “sororidad” hacia una mayor igualdad y acceso al poder desde lo interno de los mismos partidos. Honramos el sentimiento colectivo que potencia y transforma al Frente de Mujeres de Partidos Políticos de Costa Rica (FREMUPP CR) en una alianza poderosa por la democracia paritaria y la equidad de género en el país.
LA LUCHA DE LAS MUJERES: CONTEXTO GLOBAL Y BICENTENARIO
La Costa Rica del Bicentenario es una realidad cada vez más cercana para nuestra nación; no obstante, la mitad de la población constituida por las mujeres, no se enrumba con un paso firme a celebrar doscientos años de igualdad. En tan crítica situación de la economía y la política nacional como han advertido el Estado de la Nación, los índices INEC sobre empleo, donde las mujeres y las jóvenes están sumidas en el subempleo, la informalidad y sujetas a altísimas tasas de endeudamiento y porcentajes de fracaso en sus emprendimientos, con pocas oportunidades de empleo digno y devueltas al ámbito doméstico con teletrabajo en triple jornada. Costa Rica en el 2019 ocupaba el número 44 entre 129 países en el índice global de igualdad de género y según el Foro Económico Mundial, el país se ubicó en el puesto 105, con una brecha de desigualdad del 32% en cuanto a sus oportunidades de educación, salario, participación económica y política en comparación con los hombres.
ONU Mujeres ha indicado que en gestión de talento empresarial, cuando hay más mujeres en los niveles gerenciales, aumenta la rentabilidad, el liderazgo horizontal y la innovación en la empresa. Es en este contexto y con un gran sentido de urgencia y preocupación por el futuro de nuestra sociedad costarricense, que las mujeres partícipes en organizaciones sociales y política partidaria, ocupamos desarrollar y ejercer liderazgos creando una mayor conciencia y participación ciudadana con equidad que persiga la igualdad y un mayor acceso al poder a través de nuestras mujeres en la toma de decisiones de alto nivel desde las organizaciones sociales y políticas.
A pesar de cumplir con 71 años de haber alcanzado el derecho y el ejercicio al sufragio para las mujeres en Costa Rica, la igualdad efectiva se asoma tímida mientras se nos enfatiza a las mujeres que somos seres humanos iguales en deberes y derechos políticos. Entonces, como mujeres políticas, requerimos del intercambio de saberes, herramientas y condiciones más favorables para el pleno ejercicio de nuestros deberes ciudadanos y el disfrute de nuestros derechos humanos y políticos en el país acorde con un mandato internacional dictado desde el Plan de Acción de la Conferencia de Beijing: buscar una mayor igualdad sustantiva de las mujeres y las niñas en todas las áreas de la vida nacional.
Abundan ejemplos de los compromisos suscritos internacionalmente para la búsqueda activa de la igualdad de género como son los pronunciamientos en América Latina y el Caribe de los Consensos de Brasilia, Montevideo, Santo Domingo, Quito, de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, 1979), dando impulso a temas vitales como la autonomía de las mujeres, la participación en todos los poderes del gobierno, la firma del protocolo facultativo, el establecimiento del aparato nacional para el adelanto de la mujer, entre otros. Costa Rica también suscribió la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente en su Objetivo 5, “Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres y las Niñas”, ha fijado la meta 5.5 del liderazgo y de la participación plena y efectiva de la mujer en la vida pública, política y económica.
Todos estos esfuerzos internacionales permean la cultura política y requieren de acuerdos concretos para dar pasos firmes hacia el cumplimiento de una mayor igualdad de género en todos los ámbitos públicos y privados. No obstante, una Auditoría Operativa sobre los ODS de la Contraloría General de la República citado en el Informe Técnico de la Dirección Estratégica del Instituto Nacional de las Mujeres, indicó que únicamente se podría superar el bajo índice integrado de implementación del ODS 5 (45%) por medio de un Pacto Nacional para planificar, ejecutar, financiar y evaluar 14 indicadores nacionales. Las alianzas estratégicas interinstitucionales y la cooperación internacional eran necesarias para elevar la implementación del ODS 5 de la Agenda 2030.
Al respecto, la anterior Comisionada Residente de las Naciones Unidas en Costa Rica, Alice Shackleford, insistía entonces que los temas sociales como el tratamiento de la pobreza y la reactivación económica del país, debían verse desde planteamientos integrales que permitieran transversalizar la equidad de género y la participación de las mujeres en la toma de decisiones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2011) anotó que las mujeres seguimos siendo subrepresentadas en distintos ámbitos gubernamentales, en las esferas de la vida política y enfrentamos obstáculos estructurales a la participación tales como la desigualdad de oportunidades para encabezar nóminas, la falta de financiamiento para campañas y la violencia política.
LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES: EL CONTEXTO NACIONAL
En ese contexto nacional por imposición legal, la participación política de las mujeres se sigue promoviendo desde los mecanismos de avance de las mujeres en los partidos políticos porque requieren dotar sus estructuras en un 50% de mujeres. Pero las voces de alerta de grupos organizados de mujeres, del PNUD, de foros políticos y comunicados de prensa del mismo INAMU surtieron efecto en la preocupación por la perspectiva de género en la labor formativa del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED del TSE) y de otros entes como el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED, genuinamente interesados en tener mayor incidencia desde la capacitación para empoderar mujeres y lograr una mayor democracia paritaria.
El Instituto Nacional de las Mujeres como ente rector de la institucionalidad para la igualdad de género se basa en tres publicaciones tituladas Estado I, II y III de los Derechos Humanos de las Mujeres, (2011, 2015 y 2019 respectivamente) para trazar entre varios temas, la evolución de la autonomía, la ciudadanía y la participación política de las mujeres en dos cuatrienios. En estos períodos, se reconocen algunos pasos sustantivos hacia la igualdad efectiva en más espacios de toma de decisiones pero advierten del efecto “latigazo” (“cuando se avanza en un paso, se retroceden en dos”) en nuestros derechos políticos. El Tercer Estado de los Derechos de las Mujeres (INAMU, 2019) parte de un acercamiento a los retos, los problemas o nudos críticos y estructurales aún existentes en Costa Rica para evidenciar el rezago en algunos derechos de las mujeres como la participación ciudadana. La exclusión histórica de las mujeres en la esfera de lo político-público visto desde una construcción cultural y social limitante que reduce nuestros derechos políticos a “una clara relación entre el hacer política de las mujeres y su subordinación” (INAMU, 2015) se debe a que siempre tenemos que enfrentar la división sexual del trabajo en el ámbito político. La desigualdad de género entonces impera en cada una de las áreas revisadas en las investigaciones del INAMU como la educación, la salud, el trabajo, las oportunidades, el acceso a la tecnología, pero sobre todo en la participación política.
En especial, hay indicadores de rezago en la participación política de las mujeres en puestos de toma de decisiones, en tanto no se aborde el tema de la promoción de las autonomías. Según Marcela Lagarde, la autonomía es “algo por construir” y parte de “la estrategia de lucha de las mujeres en el mundo”. (Lagarde, 1997). Desde la CEPAL (2016), la dimensión de la autonomía que se refiere a los derechos políticos es la del poder y la toma de decisiones. Además de las diferencias político-partidarias, las mujeres enfrentamos retos comunes en relación a la inclusión de mecanismos paritarios, al techo en el ascenso político, a las oportunidades de ejercer un liderazgo autónomo y de combatir los escenarios de violencia política en todas sus manifestaciones. Si no trabajamos juntas las mujeres políticas, superando las divisiones partidarias, dando la lucha y desarrollando autonomía en el poder y la toma de decisiones dentro de los partidos políticos, aunque aumente la participación de más mujeres, no será real ni sustantiva en su capacidad de incidencia interna ni en el impacto nacional.
La participación de las mujeres debe ser entonces efectiva y real. Atrás deben quedar las imposiciones de nombres de mujeres para cumplir con una cuota o el llenado de papeletas con sus nombres en función de objetivos políticos patriarcales. La falta de autonomía se justifica en una construcción social-cultural que no permite ubicar a las mujeres fuera del ámbito doméstico-privado. Muchas mujeres con potencial político no se autoperciben como sujetos con derechos y aspiraciones políticas válidas a pesar de su gran trabajo y experiencia a lo largo de los procesos electorales. Ese liderazgo de mujeres a veces se sustituye en la inscripción de papeletas con el nombre de “la esposa, la hija o sobrina” de los liderazgos de hombres usurpando el derecho que por mérito le corresponde a las mujeres que sí han trabajado. El peligro es que esta práctica sea aceptada por las mujeres en aras de sólo llenar en la esfera de lo político-público aquellas que sean impulsadas por hombres y mujeres sin tener una visión o perspectiva de género.
Por eso, una de las premisas de igualdad descansa en la idea de que una mayor participación de las mujeres en la política va en paralelo con la construcción social-cultural de la entrada de los hombres en la vida doméstica-privada. El tema de la corresponsabilidad en el cuido y compartir las tareas del hogar entre ambos géneros cobra aún más interés como resultado del confinamiento por la pandemia del Covid-19, en donde el recargo sobre el trabajo y el tiempo de las mujeres, produjo un retroceso de las mujeres hacia los roles domésticos y de cuido. (OEA CIM, 2020) Es consecuente, entonces que el confinamiento pueda haber reducido también la participación política de las mujeres, lo cual amerita ser analizado en algún otro momento.
Por último, la misión de la Organización de los Estados Americanos que observó las elecciones municipales 2020 y entrevistó a varias representantes oficiales de las mujeres en algunos partidos políticos, reveló que Costa Rica debe limitar la cantidad de veces consecutivas en que se pueden reelegir los alcaldes, no existiendo un derecho humano absoluto para ocupar un cargo, y que los derechos a elegir y ser electos pueden ser regulados, criterio fundamentado en la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho. La misión reiteró una recomendación hecha en el 2016 de ponerle un tope a la reelección de los alcaldes a través de una revisión de la legislación vigente. Más alarmante la misión también detectó casos de violencia política contra las mujeres, resaltando que solo 9 mujeres fueran electas alcaldesas y recomendó avanzar en la elaboración de una ley sobre violencia político-electoral contra las mujeres para prevenir, investigar, sancionar y reparar todo tipo de violencia y discriminación en la política. (CRHoy, Febrero 3, 2020).
JURISPRUDENCIA Y VOTOS DE LA SALA: PARTIDOS MARCAN RETROCESOS EN LA RUTA NACIONAL Y MUNICIPAL HACIA LA PARIDAD
En este apartado se cita jurisprudencia, votos relevantes de la Sala Constitucional y resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones que permiten contrastar la normativa existente con lo que consideramos las mujeres políticas un retroceso en la ruta municipal y nacional hacia la paridad. En la Resolución Nº 16070 – 2015 “(…) la Sala afirma que -conforme al tenor literal y sistemático del Código Electoral- sí resulta exigido a los partidos políticos el respeto de la paridad no solo a lo interno de cada nómina sino a lo largo de todas las nóminas de elección popular, es decir la paridad en los encabezamientos o paridad horizontal, por lo cual dichas organizaciones deben tomar las acciones, acuerdos y procedimientos que juzguen más apropiados (incluyendo por supuesto las posibles consultas al Tribunal Supremo de Elecciones, como órgano competente) para dar cabal cumplimiento al mandato legal que se origina especialmente en los artículos 2 y 52 incisos ñ) y o) del recién citado cuerpo legal, según se ha explicado.” Apoyados en el principio de autonomía partidaria, no tanto los partidos más nuevos que han proliferado en Costa Rica, sino los partidos más tradicionales y patriarcales asumen riesgos incumpliendo o manteniendo los mínimos necesarios en sus estatutos con respecto a la paridad horizontal o en la implementación de los mecanismos a pesar de lo expresamente reglamentado en la normativa actual.
El TSE en la Resolución Nº 3603 – E8- 2016, que indica que “la paridad de las nóminas a candidatos a diputados no solo obliga a los partidos a integrar cada lista provincial con un 50% de cada sexo (colocados en forma alterna), sino también a que esa proporción se respete en los encabezamientos de las listas provinciales que cada agrupación postule. Los partidos políticos deberán definir, en su normativa interna, los mecanismos que den cumplimiento a este régimen paritario. No obstante, en caso de que se presenten nóminas de candidatos que incumplan este requerimiento, por la razón que sea, el Registro Electoral, previo sorteo de rigor, realizará los reordenamientos que resulten necesarios en esas nóminas.
Esta aparente permisibilidad del órgano electoral nacional ha consentido que los partidos continúen inscribiendo papeletas a pesar de que en sus estatutos vigentes incumplan con la normativa electoral en cuanto al mecanismo que implementen para la paridad horizontal, por cuanto, de haber algún incumplimiento, el TSE puede corregir y subsanar a través del mecanismo de rifa. Esta resolución no generó los cambios necesarios ni mejoró la representación de las mujeres desde los partidos políticos. En el sistema democrático occidental, el único acceso a los puestos políticos es por medio de la participación en los partidos políticos; por consiguiente, para lograr una participación efectiva de las mujeres es necesario que se cumpla con los principios de justicia, equidad y representatividad de las mujeres en los puestos de elección popular. En el caso de Costa Rica, el artículo 98 de la Constitución Política obliga a los partidos políticos a respetar la ley y a ser democráticos en su funcionamiento. Consecuentemente, si las mujeres representamos casi el 50% de la población electoral del país, debemos reclamar la paridad que define el Artículo 2 del Código Electoral, pero con reglas claras. Consideramos que es legalmente viable que se le niegue la inscripción a aquellos partidos políticos que incumplan con establecer en su normativa interna las reglas claras sobre la participación de la mujer en el acceso a los puestos de elección interna y popular. Pese a lo anterior, los partidos pueden seguir participando en procesos electorales sin establecer en sus estatutos y reglamentos, los modelos que garanticen la paridad y la igualdad en sus procesos de elección en flagrante incumplimiento al Artículo 98 constitucional y en contra de las convenciones internacionales suscritas en el país sobre la participación y representación política de las mujeres.
Otro gran obstáculo para la participación política de un mayor número de mujeres se debe al financiamiento electoral. No puede haber una paridad real sin el acceso a los recursos que establece este cuerpo normativo como obligatorio sino se realizan actividades formativas específicas para el empoderamiento de las mujeres o sin actividades de sensibilización a los hombres que en conjunto generen el cambio cultural y político necesario a lo interno de las estructuras partidarias hacia la democratización paritaria de sus partidos. Con respecto a la obligación de destinar recursos de la contribución estatal al rubro de capacitación, el TSE desde el 23 de setiembre de 1999, emitió la resolución N° 1863, revirtiendo el criterio imperante desde 1977 (a partir del que bastaba que los partidos cumplieran con el 40% de mujeres en las nóminas, sin que el lugar que ocuparan fuera de relevancia) y establece que los partidos deben ubicar ese 40% en puestos elegibles. En cuanto a la obligación de destinar un porcentaje de la contribución estatal a capacitación femenina, la nueva legislación tuvo por génesis la indicada declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 193 del antiguo Código Electoral.
Nuestro Código Electoral reformado en el año 2009, a hoy instituye en sus artículos 2 y 52 la participación política de hombres y mujeres como un derecho humano, la alternancia como mecanismo para asegurar la participación de hombres y mujeres, la obligatoriedad de los estatutos de los partidos políticos en emitir normativa clara para la igualdad de condiciones de participación y la necesidad de fomentar la igualdad en la capacitación política. (Código Electoral, 2009). El resultado de la aplicación de la alternancia en la nómina de las diputaciones no rindió los resultados esperados dado que la mayoría de los encabezamientos fueron hombres por lo que inclusive se obtuvo una menor representación de mujeres diputadas que en el pasado. Este hecho demuestra que a pesar de la proliferación de nuevos partidos en la arena política de Costa Rica, la visión patriarcal se impuso y se manifestó en los encabezamientos de las nóminas de diputaciones de los distintos partidos participantes.
La labor del Tribunal Supremo de Elecciones aunque intencionada y corregida por la Sala Constitucional, fue insuficiente para impulsar junto con la reforma del 2009, la discusión de la democracia paritaria como un fin primordial en los partidos políticos, para crear mecanismos que impidieran la inscripción y participación electoral de aquellos partidos que incumplieran el espíritu del Artículo 2 del Código Electoral. La autonomía partidaria no es irrestricta: la Constitución Política y el mismo Código Electoral establecen requisitos de inscripción y funcionamiento partidario expresos en materia de paridad de género que los partidos políticos incumplen hasta el día de hoy como si nada.
Para las mujeres político-partidarias, el máximo órgano electoral llamado a promover desde el 2016 la cultura electoral hacia la democracia paritaria por la vía de la acción afirmativa-normativa es también omiso en coadyuvar ese proceso de cambio para las elecciones municipales 2020. Con la interpretación oficiosa en su Resolución No. 1724-E8-2019 dispensa a los partidos políticos de aplicar la paridad horizontal en los puestos uninominales, dictando que aplica únicamente para los puestos plurinominales, nóminas de regidurías y concejalías, que los encabezamientos de propietarios y suplencias serán el mismo género y que no aplicaba para alcaldías ni sindicaturas, que cada partido definiría su normativa y que la entrada en vigencia de la paridad horizontal en los puestos uninominales sería en el 2024.
La respuesta esperada por el comportamiento previo de los partidos políticos sería incumplir y boicotear la posibilidad de más encabezamientos de mujeres a los puestos de elección popular, delegaciones y órganos superiores. Es notorio que existen partidos de amplia trayectoria nacional que aunque hayan reescrito sus estatutos, incumplen con la aplicación de la normativa sobre la paridad horizontal o peor, los que aún no han realizado la reforma estatutaria necesaria haciendo caso omiso de los citados artículos 2 y 52 del Código Electoral. Por lo tanto, siguen en deuda con las mujeres que militan en sus filas por la incertidumbre que causa la falta de reglas de participación claras y la falta de certeza jurídica que al cabo, se da tanto para hombres como para mujeres. Como prueba de lo anterior tenemos, que de los 82 cantones que integran el país, sólo 9 mujeres son electas alcaldesas lo que equivale a únicamente el 9,7% de los gobiernos locales haciendo evidente la deuda histórica con los derechos políticos de las mujeres.
EL PAPEL DE LOS MECANISMOS DE LA MUJER EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y EL SENTIDO COLECTIVO DE LUCHA
La historia nos recuerda que una mayor inclusión de las mujeres a la vida partidaria se gestó a partir de las luchas feministas por obtener el sufragio y luego establecer las cuotas de participación. Ninguna de estas luchas previas por reivindicar derechos políticos de las mujeres ha sido fácil. El debate sobre las cuotas, por ejemplo, versó sobre la imposición de mujeres en forma alterna “sólo por su género y no por su capacidad”, repitiendo la violencia estructural que nos ha excluido del derecho a elegir y ser electas. No obstante, la necesidad de ésta y otras acciones afirmativas darían como resultado un incremento de mujeres en las filas de los partidos políticos colaborando en distintas áreas del quehacer político más allá de labores sexistas como la preparación y distribución de los alimentos en campaña, la confección de banderas, la jefatura de los centros de votación, las labores secretariales, etc.
A pesar de que solamente el 25% de la población se declara militante de un partido político en Costa Rica, debemos reiterar que en tanto el único medio de acceso real al poder político estatal ocurre a través de los partidos políticos, es ahí en donde deben darse los cambios estructurales de la normativa interna y de la cultura política para promover la democracia paritaria. Por consiguiente, las acciones afirmativas no solamente deben ser indicativas sino también sancionatorias para la inscripción y participación electoral partidaria. Al reproducir las estructuras esa división sexual del trabajo político en subordinación para las mujeres, se excluye de una manera u otra, la presencia de más mujeres en encabezamientos y en puestos de toma de decisiones en los órganos de representación partidaria a pesar de que en toda la estructura de campaña, las mujeres normalmente asumen serias responsabilidades organizativas y logísticas (humanización de cantones, censos electorales, coordinación y gestión de papeletas, búsqueda de miembros de mesa y fiscales, gestión de permisos y preparación del centro electoral, entre otras funciones). Por eso debe fomentarse en los partidos políticos una visión más integradora de la mujer como sujeto político con aspiraciones, habilidades y capacidades desarrolladas para ser electas en puestos de poder y para la toma de decisiones en todas las distintas áreas del quehacer político.
En los partidos políticos, para asegurar entre otras cosas que las mujeres participen, se capaciten y se formen, se debe contar con una instancia oficial con autonomía funcional como los frentes, sectores o movimientos de la mujer que también velan de manera consecuente por el avance de los derechos políticos de sus militantes. Debe de diferenciarse los órganos electos democráticamente entre las mujeres de los que son órganos delegativos por los órganos superiores del partido: los primeros cuentan con una autonomía intrínseca por ser el resultado de elecciones directas, no siendo sujetos de remoción por sus diferencias de criterios u opiniones, y los segundos están supeditados a su delegación, por consiguiente son puestos removibles por las cúpulas de resultar incómodos.
Cada partido tiene su estructura organizativa que debe respetar los principios de legitimidad y representatividad. Algunos partidos en los procesos internos para renovar sus estructuras, elijen representantes oficiales del movimiento o frente de mujeres partidario. Estos órganos o mecanismos oficiales son los que promueven los cambios necesarios dentro de los partidos para que las luchas como la paridad de género avancen. Mención aparte merecen las mujeres que han sido electas en un órgano superior y ostentan la Presidencia de un comité ejecutivo de su partido por mérito propio ya que representan la legitimidad democrática de su elección. Vemos de buena manera que en un futuro no muy lejano, tengamos en Costa Rica más partidos políticos liderados por mujeres en la presidencia pero con profunda perspectiva de género impulsando a las mujeres hacia las máximas candidaturas. Por ello, las representaciones de la mujer y los mecanismos de avance de las mujeres en los partidos políticos no deben ser una concesión de las estructuras patriarcales sino un espacio ganado y reclamado por ellas desde su trabajo y real empoderamiento, junto a una nueva concepción de “masculinidad política” (Chavarría, 2020) que habilite los acuerdos y consensos internos de cada partido para definir cual mujer debe ostentar tal designación.
Los mecanismos que velan porque esa aspiración política sea cada vez más real y efectiva para las mujeres de los partidos pueden llamarse secretarías, comisiones, fiscalías, movimientos y/o frentes de mujeres de los partidos políticos. Estas estructuras u órganos funcionales electos o creados en los partidos además de promover y capacitar a las nuevas lideresas en los principios ideológicos de sus organizaciones, garantizan y fiscalizan de manera dinámica la participación efectiva de las mujeres en los distintos procesos internos, promueven la aplicación de la normativa electoral sobre la democracia paritaria e impulsan los cambios necesarios desde la perspectiva de género como por ejemplo la prevención de la violencia contra las mujeres en política. Estas instancias que también son consultivas, deben coordinar acciones programáticas y formativas de manera directa con sus comités ejecutivos superiores o nacionales en aras de asegurar la paridad de los hombres y las mujeres participantes en todos los órganos superiores, órganos de representación, delegaciones, nóminas de elección popular y diputaciones. (Código Electoral, 2009)
En el 2018, por primera vez la Defensoría de la Mujer con Alejandra Mora Mora y bajo la dirección de Catalina Crespo y el INAMU coordinan un acercamiento a las representantes oficiales de los mecanismos de la mujer de algunos partidos políticos, pero se les invita a través de los presidentes de los partidos del PUSC, PLN, PAC, FA, PRSC, PNG y NR. En el primer encuentro de secretarias de la mujer y mujeres presidentes de movimientos y frentes de la mujer participaron Waizaan Hin Herrera, Carolina Delgado, Carmen Muñoz, Esther Camac, Rocío Alfaro, Marcela Sánchez y Cindy Quesada. La convocatoria fue hecha de manera indirecta a los mecanismos de los partidos políticos para hablar sobre la paridad horizontal. De ese primer encuentro, este grupo de lideresas reclama que se les convoque en su calidad de presidentes por derecho propio y por su representación legítima de las mujeres partidarias. Se revisan los resultados de las elecciones anteriores y se vislumbra un trabajo en conjunto con el INAMU, ante la oportunidad de crecer en sororidad para la consecución de objetivos comunes como mujeres de partidos políticos de Costa Rica.
Se plantea entonces la necesidad de un modelo de alianza interpartidaria en la lucha por los derechos políticos de las mujeres de manera representativa, legítima y sororaria que comparta una plataforma de acción común, una base de organización y formación política en igualdad de género para que las luchas por la equidad y el acceso al poder no se den en solitario y se puedan construir formas reales de inclusión e incidencia política de las mujeres desde sus organizaciones.
De esta manera en Mayo del 2019 confiando en la rectoría del INAMU en asuntos políticos de las mujeres, y en particular con ayuda del Departamento de Ciudadanía Activa, se traza una ruta para trabajar en alianza estratégica con las representantes oficiales de los mecanismos internos de avance de la mujer de los partidos políticos formalmente constituidos a nivel nacional o cantonal para luchar por las mujeres y la igualdad de género en los partidos. En un documento de la Dirección Estratégica que define esta alianza de trabajo entre mujeres políticas diversas, se advertía que las decisiones a tomar en ese momento coyuntural iban a impulsar o desalentar avances alcanzados por y para las mujeres en las estructuras de partidos. Dichas decisiones no solamente tendrían un efecto en el ámbito específico de los procesos electorales, sino que constituirían referentes teórico-prácticos en tiempos no electorales que podrían tener una fuerte repercusión en:
La visión de lo que implica la discriminación contra las mujeres, la igualdad y cómo se expresan en el acceso al poder,
La defensa de los derechos humanos y políticos de las mujeres,
el reconocimiento de la paridad como un pilar y principio fundamental de la democracia versus la autonomía de los partidos políticos y la definición de puestos “intocables”.
Promover la discusión de temas afines a todas las mujeres de distintos partidos en cuanto a la definición de la violencia política contra las mujeres.
Las alianzas estratégicas entre distintos mecanismos y actores estratégicos en defensa de los derechos políticos de las mujeres.
La discusión de retrocesos normativos en los estatutos de los partidos políticos y las organizaciones sociales.
El acompañamiento ante el desaliento, cansancio y solitud de lideresas y organizaciones que defienden la igualdad efectiva, que luchan por un puesto de decisión.
Además, la contención o manejo de una mayor rivalidad entre las mujeres que ya se encuentran y aspiran a los mismos espacios políticos.
De la valoración de importantes temas de coincidencia, las mujeres políticas acordamos indistintamente de nuestras diferencias, articular con la Sra. Patricia Mora Castellanos, Ministra de la Condición de la Mujer y las funcionarias Yensy Herrera y Juliana Sibaja del Departamento de Ciudadanía Activa, una alianza para el trabajo y una hoja de ruta estratégica para afianzar la lucha dentro de los partidos políticos en temas comunes: participación política, paridad de género en todo, violencia de género, violencia contra las mujeres en política y promoción y apoyo a iniciativas de ley en estas temáticas.
Coincidimos en el respeto a las luchas pasadas de nuestras mujeres políticas costarricenses, en el reconocimiento de la cuarta revolución de lucha hacia la democracia paritaria, en que el Frente de Mujeres de Partidos Políticos de Costa Rica sea una acción de cooperación multipartidaria para tratar problemas urgentes y comunes indistintamente de las diferencias ideológicas y programáticas en nuestras organizaciones. En un gran esfuerzo de diálogo abierto y desde la representación oficial de los mecanismos de avance de las mujeres dentro de nuestros partidos políticos, llámense Secretaria/ Fiscalía de la Mujer y/o Frente de Mujeres, varias organizaciones partidarias como el Partido Unidad Social Cristiana, el Partido Liberación Nacional, el Partido Acción Ciudadana, el Partido Frente Amplio, el Partido Nuevas Generaciones, el Partido Republicano Socialcristiano y el Partido Progreso Social Democrático, hemos discutido temas como la subrepresentación de mujeres en las elecciones municipales y nacionales, la falta de definición sobre mecanismos para la aplicación de la paridad horizontal en período electoral 2020, la falta de financiamiento a campañas de mujeres, la inaccesibilidad a los presupuestos de capacitación y la conceptualización de la violencia política en el ámbito municipal, legislativo y nacional.
Nuestra agenda fue impactada de manera inesperada por la entrada del COVID-19 obligándonos a poner un paréntesis para participar en el Foro Ampliado del INAMU y de la Mesa de Diálogo al lado de otros grupos organizados de mujeres de la sociedad civil y gremios sobre la contingencia por salud para las mujeres, la reformulación del FOMUJER e inclusive dialogar sobre los riesgos de recortes al presupuesto ordinario del INAMU. El producto de estas sesiones ampliadas del foro fue el envío de propuestas consensuadas a la Junta Directiva de la institución y un pliego de ideas al gobierno central sobre los temas de alta prioridad para las mujeres. Ante la difícil situación económica y laboral planteada por la pandemia principalmente a las mujeres, los grupos feministas y de mujeres con la rectoría del INAMU, solicitamos tener más sillas en representación y más voces de mujeres en las mesas de diálogo nacional. Ese intento de que el diálogo fuera inclusivo y respetuoso de las mujeres fue infructuoso y lamentablemente motiva la renuncia de la Ministra Patricia Mora Castellanos al INAMU a finales del año 2020.
Las mujeres políticas del país de cara al Bicentenario de la nación, debemos buscar los espacios apropiados para forjar alianzas estratégicas y avanzar en los temas que nos unen. El espacio compartido como el Frente de Mujeres de partidos políticos denominado FREMUPP CR deben consolidarse ya que es una instancia consultiva y de colaboración constructiva que legitima la lucha por los derechos políticos de las mujeres dentro del marco de los ODS concertando un espacio de diálogo permanente de las mujeres político-partidarias en el panorama nacional con la colaboración del ente rector INAMU. Refuerza la búsqueda del derecho a la participación política de la mujer sin violencia y la concientización sobre la democracia paritaria que son la base de nuestros derechos políticos.
Esta alianza nos ha permitido presentar de forma conjunta con INAMU, dos iniciativas de proyectos de ley Expediente No. 21.790 sobre las vicealcaldesas y el Expediente No. 21.791 sobre el fortalecimiento de las secretarías de la mujer en los partidos políticos. Con la venia de la Comisión Especial Permanente de la Mujer de la Asamblea Legislativa, FREMUPP CR espera la aprobación final de ambos proyectos de ley en favor de afianzar los mecanismos de avance de las mujeres en los partidos y de mejorar condiciones para las vicealcaldesas en los gobiernos locales. Se nos invita a participar en la revisión del texto sustitutivo del Proyecto 20.308 sobre la Violencia contra las Mujeres en Política cuya importancia radica en la necesidad de conceptualizar, prevenir, sancionar y reparar daños por incidentes de acoso y violencia para las mujeres políticas en general y para las mujeres en el ejercicio de altos cargos. Esperamos poder impulsar más legislación en favor de la igualdad de género tal como se acompañó la aprobación de la Ley No. 20.299 contra el Acoso Sexual Callejero en el 2020.
Las redes interpartidarias y plurales de mujeres en política han sido consideradas como fundamentales para el avance hacia la igualdad sustantiva según ONU Mujeres. Estas alianzas de mujeres políticas en la contemporaneidad podrían extenderse a otras instancias públicas que esperan que la paridad de género se aplique en los puestos directivos y también para visibilizar y vigilar la labor y cumplimiento de políticas públicas y institucionales en las unidades de igualdad de género. Con parámetros de unidades excepcionales como la UTIEG de la Asamblea Legislativa y la Secretaría de Género del Poder Judicial, se puede entablar un trabajo en conjunto que transversalice la perspectiva de género más allá de la Red de Unidades para la Igualdad de Género (RUPIG) existente desde el 2010 hacia toda la institucionalidad pública en Costa Rica.
Buscar el apoyo de actores estratégicos dentro de la arquitectura de género de la institucionalidad pública es vital para el logro de nuestros objetivos como el Frente de mujeres de partidos políticos. Resalta la iniciativa y colaboración de la Sra. Haydeé Hernández desde la Jefatura de la UTIEG quien ha realizado estudios comparativos de los estatutos de nuestros partidos políticos en cuanto a la normativa electoral vigente. Gracias a estos ejercicios, hemos podido detectar las falencias estatutarias y enfocar nuestros esfuerzos en luchar para reparar y subsanarlas. Estos puntos de encuentro se nutren del trabajo individual partidario de las lideresas que ostentan esa representación oficial tanto como del planeamiento estratégico como colectivo de mujeres políticas en la búsqueda del bien común. El caso de FREMUPP CR muestra sólo el comienzo de que trabajando en sororidad como mecanismos oficiales y representativos de los derechos de las mujeres político-partidarias, con las mujeres que están tomando decisiones dentro de los órganos representativos de los partidos, podemos caminar con más firmeza y acompañamiento en la búsqueda de un mayor acceso al poder dentro de los partidos políticos que al fin y al cabo son organizaciones humanas perfectibles, reflejo de las dinámicas del poder político en la democracia actual de cara al bicentenario de Costa Rica.
FRENTE DE MUJERES DE PARTIDOS POLÍTICOS DE CR
Waizaan Hin Herrera (PUSC), Carolina Delgado Ramírez (PLN), Marcela Sánchez Cortés y Rocío Alfaro (FA), Cindy Quesada (Unidos por Costa Rica), Esther Camac, (PAC), Luz Mary Alpízar Loaiza (PSP), Giselle Mora Peña (PRSC). Carmen Muñoz fue sustituida por Vivian Solís Espinoza (PAC).
Presentación de Proyectos de Ley No. 21.790 y 21.791. Nos acompañó la Comisión Especial Permanente de la Mujer de la Asamblea Legislativa y Yensy Herrera de Ciudadanía Activa del INAMU.
Rosaura Chinchilla-Calderón Abogada y profesora universitaria Rosaura.chinchilla@gmail.com
El arte ha permitido que los pueblos expresen lo que, de otra forma, se acallaría o reprimiría. No obstante, el que se use un lenguaje estético no le quita sordidez a la realidad ni impide que el relato genere angustia o desesperanza en quien degusta la obra. El despertar emociones es parte del reto artístico, aunque se trate de sentimientos que, por ser reflejo del entorno, no son los que se quieran cultivar. Además, cuando el medio que se describe ha fermentado niveles descomunales de putrefacción y cinismo, la belleza de los recursos comunicativos que se usen para trasmitir las ideas no impide que el mensajero pueda estar en riesgo por expresar su visión de mundo.
Externar ideas, máxime cuando estas implican la crítica a un sistema político decadente y opresor, puede implicar el pago de altos precios. Leo en la prensa internacional que un rapero catalán fue detenido, tras refugiarse en un campus universitario, e ingresó a prisión para descontar nueve meses por el delito de injurias cometido contra la monarquía española a través de la letra de sus canciones. La nota es de febrero de 2021 y —dejando al margen la valoración que pueda hacerse de los diferentes géneros musicales o de la crítica de otros trabajos del ahora detenido— si esto sucede en un contexto de democracia formal en donde la globalización ha permitido el acceso a algunos mecanismos de protección para la libertad de expresión, ni qué pensar sobre los efectos que críticas similares han tenido (o pueden tener) en otros contextos o momentos históricos, en donde pensar, expresar y disentir se puede pagar con la vida misma.
No por casualidad, en América Latina —tan susceptible a los colonialismos y a sufrir las dictaduras de diferente signo de ellos derivadas— el boom de la literatura se manifestó, entre otras corrientes, a través de la novela histórica y la “novela del dictador”, subgéneros a través de los cuales se fue consolidando la descripción de un contexto específico del quehacer de nuestros pueblos que posibilita la crítica hacia el abuso del poder político y articula formas de oposición o disidencia contra regímenes despóticos.
Si la nómina es larga (en obras, autores y en narraciones) y extiende sus raíces abrazando varios siglos, es porque también el abuso del poder ha carcomido a nuestra adolorida Latinoamérica como un cáncer terminal: desde las obras precursoras de dicho movimiento —como Facundo (1845) de Domingo Faustino Sarmiento y Amalia (1850) de José Mármol con referencias a la dictadura de Juan Manuel de Rosas en Argentina— hasta textos cumbres como Tirano Banderas (1926) del español Valle Inclán que describe al tirano ficticio de una isla sudamericana Santos Banderas; El señor presidente (1933;1946) de Miguel Ángel Asturias sobre el régimen de Manuel Estrada Cabrera en Guatemala; Conversación en la catedral (1969) de Mario Vargas Llosa alusiva a la represión ejercida en Perú por Manuel Odría; Otoño del patriarca (1970) de García Márquez donde se describe a un dictador ficticio que reúne características de Franco en España, Juan Vicente Gómez de Venezuela y Gustavo Rojas Pinilla de Colombia; Yo el Supremo (1974), de Augusto Roa Bastos, sobre la vida del paraguayo José Gaspar Rodríguez de Francia; El recurso del método (1974) de Alejo Carpentier, nuevamente con una simbiosis ficticia de los diferentes políticos autoritarios históricos de la región; De amor y de sombra (1984) de Isabel Allende referente a las fosas comunes y los desaparecidos en el régimen de Pinochet de Chile, sin dejar de lado aportes recientes como En el tiempo de lasmariposas (1994) de la escritora Julia Álvarez referente a la dictadura de Trujillo y el asesinato de las hermanas Mirabal; Margarita está linda la mar (1998) de Sergio Ramírez referente a la llegada de Darío a Nicaragua y la vida y asesinato de Somoza en Nicaragua, La fiesta del chivo (2000) y Tiempos recios (2019) ambos de Mario Vargas Llosa, el primero relativo al régimen de Rafael Leonidas Trujillo en la República Dominicana y el último alusivo al derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala.
Es de prever que si las dictaduras han variado en la forma en que acceden al poder (ahora a través de golpes de estado blandos, por ejemplo), también la clasificación del género literario deba expandirse y abrirse para adoptar la crítica a figuras que mueven los hilos de un país, aunque no sean formalmente dictadores.
Advierto que no soy experta en el campo, pero me atrevería a decir que —salvo contadas excepciones dentro de las que destaca El crimen de Alberto Lobo (Gonzalo Chacón, 1928) referida a la dictadura de Los Tinoco— en Costa Rica no existe una tradición importante en este tipo de textos (ni en obras culturales de otra naturaleza que aborden temáticas semejantes). Con ello lejos estoy de insinuar que el arte tico no se ha ocupado del fenómeno porque no hayamos tenido golpes de estado, dictadores o caudillos, ni pretendo adscribirme al mito de la “Suiza centroamericana” sino, más bien, reforzar la crítica, excepcionalmente planteada por Yolanda Oreamuno, respecto al “carácter tico”, más dado a evadir las situaciones grotescas que a enfrentarlas, de allí que se prefiera “esperar a que se despejen los nublados del día” o “serruchar el piso antes que cortar cabezas”. No en vano el “pura vida” es nuestro lema-nación y alimentamos el imaginario nacional con lo de ser “el país más feliz del mundo”. Será por eso por lo que vivimos en el eterno presente, donde los escándalos no duran más de tres días y estamos privados de una memoria histórica y de un patrimonio cultural vigoroso que nos permita hundir las raíces en los aportes de otras generaciones y curtirnos frente a los eternos retornos de las demagogias políticas. Eso podría explicar el por qué el arte con clave de denuncia respecto al abuso de poder nacional también es escaso en nuestro medio.
En los últimos años, sin embargo, el arte, a través de diversos géneros, ha empezado a hurgar en la desmemoria, en el pasado que oculta autoritarismos y desigualdades, en los conflictos políticos contemporáneos, en las tramas de poder y corrupción que nos han marcado y en la denuncia de la realidad en la que convivimos. Me refiero, por ejemplo y obviamente sin ninguna pretensión de exhaustividad, a trabajos como el recogido en el documental El Codo del Diablo (hermanos Jara Vargas, 2014) que rescata, para la memoria histórica, el abuso del poder que termina en homicidios impunes durante el conflicto de 1948 y a novelas (mezcla de tramas históricas, policiacas y con algo de novela negra y del dictador) Cruz de Olvido, El año de la ira (Carlos Cortés, 1999 y 2019), y Más allá del río (Emilia Macaya, 2020) que pasan revista por los temas de corrupción y ejercicio del poder político-autoritario.
Y esa producción no es casualidad. Se trata no solo de la lucha contra la amnesia sino la premonición de que nuevas tempestades se avecinan. Las anuncian los datos o indicadores de la Costa Rica del bicentenario que, en su última década, se ha caracterizado por:
a) presentar una tasa de homicidios por 100 mil habitantes que supera las 10 muertes violentas, lo que permite calificar la violencia social como “epidemia”, según los criterios usados por la OMS. Así dicha tasa en 2015 fue de 11.5 muertes; en 2016 de 11.8; en 2017 de 12.2; en 2018 de 11.7; en 2019 de 11.2 y 2020 de 11.1. Estas muertes violentas han involucrado un crecimiento de los femicidios (entendiendo por este término la muerte de mujeres por su condición de tales que, en Costa Rica, se maneja como “femicidio ampliado” dado el carácter restrictivo de la normativa sobre el tema circunscrita a relaciones de pareja);
b) ver crecer anualmente el índice de Gini, que marca la distribución de la riqueza. Recuérdese que el punto cero implicaría la “equidad perfecta” por lo que, a cifras mayores, la desigualdad social es superior. Así, al llegar a los años 2000 se alcanzó los puntos más altos: 51.60 en el 2001 y 90 en 2002 y si bien descendió en los siguientes años, tuvo un repunte en 2009 (50.6) y, a partir de entonces, con ligeras oscilaciones, se ha mantenido en 48 y algo, por lo menos hasta 2018 (Estado de la Nación);
c) ingresar el país al grupo de las 10 naciones más desiguales del mundo (Banco Mundial; Taking on inequality, 2016);
d) exhibir un desempleo creciente: 2010 (9.2%), 2014 (9.8%), 2018 (12%), 2019 (12.4) y 2020 (21.9 de agosto a octubre de 2020) lo que representa más de medio millón de personas, entre los cuales un buen número son jóvenes;
e) ostentar niveles crecientes tanto de encarcelamiento (en 2000 de 193 por 100.000 habitantes y en 2016 de 370 por 100.000 habitantes según International Centre for Prision Studies, 2017) incluyendo a la población juvenil (Costa Rica tiene una de las edades de encarcelamiento más bajas en América Latina: 12 años) como de hacinamiento penitenciario: 2017 (30%), 2018 (30.4%) y 2019 (30.8%) aunque en años anteriores superó, por mucho, el 40%. Téngase en cuenta que para las Naciones Unidas el límite de hacinamiento aceptable es del 20%;
f) medir cómo la lentitud del sistema penal crece por reformas fallidas, aparejando niveles de impunidad asociados a delitos de cuello blanco;
g) descender en el índice de percepción de la corrupción hasta ocupar, en 2020, un puntaje de 57 sobre 100, luego de haber caído en 2018 de 59 a 56 puntos, en donde a mayor cercanía a 100 mayor es el control sobre la corrupción y a más bajo número, menor la lucha contra tal flagelo (Transparency international);
h) ver crecer las formas de autoritarismo en lo político-social, añorando al gobernante de mano dura que, ungido con los “poderes divinos” (a lo Trump, Bolsonaro, Bukele, Maduro u Ortega), imponga orden, visión transmitida aún por medios de comunicación. En un estudio de IDESPO para medir el autoritarismo en la población costarricense usando la escala RSW de Altemeyern, se pudo verificar que para 2011 el promedio era de 72 puntos y para 2016 la media era de 68 puntos, es decir, casi sin variación considerando los márgenes de error. Si se tiene en cuenta que más de 50 puntos implican una aceptación de criterios autoritarios y que esos puntajes abarcaban respuestas afirmativas a las proposiciones de que había personas “muy diferentes” que nunca deberían ser parte de la sociedad, que el castigo para infractores debía ser muy drástico, que la obediencia a la norma (sin importar su contenido) era un valor deseable y que debía defenderse el status quo, se tiene claro que el ambiente está dado para un giro totalitario que, como suele ser común, proteja los grandes negocios.
Esa desgarradora situación, afortunadamente (para quienes creemos que el arte, además de una misión estética y lúdica cumple una función social y ética) ha empezado a mostrarse en las obras culturales nacionales y es un paso correcto en la denuncia del estado de cosas que las originó. En lo que va del año pude degustar dos trabajos, de distinta naturaleza, que convergen en esos puntos. Me refiero a la novela Los papeles de Chantall (2021) del sociólogo de profesión y poeta por vocación Paul Benavides Vílchez, quien ahora incursiona en este género literario, y la película que se exhibe en cines nacionales Pájaro de fuego dirigida por César Caro (coproducción C.R.-E.U.A y Chile) y respecto de la cual Gabriel González Vega hiciera una reseña formal profunda y muy acertada, que invito a leer.
Ambas desnudan nuestra realidad grotesca y cruda con la majestuosidad que solo el arte puede lograr, coadyuvando a expresar, de forma menos dolorosa, aquello indecible. Ambas exponen las secuelas sociales (en barrios marginales, en la juventud, en los procesos judiciales, en la trata de personas, en la vida carcelaria, en la angustia de quienes migran) de la política demagógica y corrupta que se ensaña contra el pueblo oprimido y se manifiesta en diversas formas de violencia, mientras, por otros lados, se viven obscenos niveles de ostentación. Ambas logran transmutar aquellas estadísticas, números e índices en figuras literarias, impecables fotografías, diálogos, imágenes, sonidos…para que la reflexión político-filosófica también tenga goce estético.
Dos géneros distintos que son un claro reflejo de esta Costa Rica que se resquebraja ante nuestras miradas mostrando el ocaso de la segunda república: una democracia de caricatura (o, mejor dicho, una memetocracia) y la decadencia de la mitología que hemos alimentado. En Pájaro de fuego se exhiben los efectos sociales de las tramas políticas que se abordan en Los papeles de Chantall. En este texto, el autor retrata descarnadamente a los partidos políticos como lo que son: simples maquinarias de acceso al poder, que han traicionado los ideales históricos que los vieron nacer. Los líderes políticos (incluyendo el viejo y enfermo patriarca, que maneja los hilos del poder y de los negocios y respecto del cual es imposible no hacer semejanzas) adquieren los rasgos de cínicos y perversos personajes que buscan el acceso a puestos para consolidar sus negocios privados en una maraña de corruptelas que todo lo abarca, incluyendo el otrora prestigioso Poder Judicial y su tristemente célebre Sala Tercera, protagonistas de primer orden aunque solo sean mencionados en un par de páginas. Concluí la novela justo el día en que varios medios anunciaban que la lista de precandidatos para el próximo proceso electoral superaba la decena (y casi todas las caras eran de viejos conocidos) y pocos días antes en que se mencionara la reunión de varios dirigentes políticos anunciando la necesidad de coalición o acuerdos para designar candidatos de consenso. En ese marco, es imposible dejar de hacer asociaciones con lo que, de modo magistral, “anticipó” el escritor. Sin embargo, en la realidad, a diferencia de la novela en donde la naturaleza se compadece y hace su obra, la pesadilla está lejos de concluir.
Los papeles de Chantall pone, en clave literaria, lo que su autor conoce por la profesión y el oficio que desempeña: un cuadro de descomposición tan grande que lleva a la náusea. Ojalá que, sin embargo, la fuerte denuncia que aquí se hace solo le depare a su creador consecuencias positivas. Las merece, porque el suyo no es un oficio de ciegos, sino de grandes videntes que pretenden trasmitir, a quienes leemos, aquello que quizá nosotros sí dejamos de percibir.
Hay que seguir prestando mucha atención a las diferentes manifestaciones artísticas nacionales de estos tiempos. No hay casualidades, solo causalidades y lo que nos gritan las obras contemporáneas rompe el silencio de la aldea.
En Estados Unidos, en la lucha electoral y los procesos electorales, juegan dos escenarios, el de la elección popular, orientado a sacar la mayor cantidad de votos posibles, y el de ganar los miembros del Colegio Electoral, que tiene que ver con quien gana la mayoría de los votos en cada Estado, de los 50 Estados que conforman la Unión Americana. No necesariamente el que tiene más votos nacionales gana si no tiene la mayoría de los miembros del Colegio Electoral, como sucedió con Al Gore contra Bush y con Hillary Clinton contra Trump. Por ello el esfuerzo de Donald Trump de eliminar, anular y cuestionar votos de Estados donde había perdido mayoritariamente que le daban más miembros del Colegio Electoral a Joe Biden.
En esos Estados hay diferencias de población, unos tienen más que otros, y eso les posibilita más miembros del Colegio Electoral a quienes los ganen electoralmente.
Es un sistema electoral perverso, pero es el que gobierna la forma de elegir en Estados Unidos, porque en la práctica hay 50 elecciones diferentes, que tienen también sistemas diferentes de conteo de votos y de porcentuales para definir ganador. En Estados Unidos ni siquiera hay un Tribunal o Consejo Electoral Nacional que tenga a cargo todo el sistema de votación, desde que arranca hasta que termina, y sea éste el que declare sobre los resultados al ganador. Aquí el asunto puede llevarse hasta la Corte Suprema de los Estados y de la Corte Suprema de los Estados Unidos, la Corte Federal.
En nuestros países, por el sistema presidencialista que tenemos, se resuelva más fácilmente el resultado electoral. El que tiene la mayoría nacional gana. Solo que esa mayoría nacional tiene distintos porcentajes para ganarse. En unos países se exige más del 50% de la votación y en otros, como en Costa Rica, más del 40%. Si ese resultado no se obtiene, entonces, pasan a una segunda vuelta electoral, aquellos dos partidos políticos, o candidatos, que hayan sacado más votos o los porcentajes más altos de votación, sean menores al 40% o al 50% de los votos que se exigen para declarar ganador.
En todos los países la segunda vuelta se gana con la simple mayoría, y es natural que así sea, porque de lo contrario se podría entrar en una espiral votaciones de nunca acabar.
Este sistema electoral gringo se me parece mucho a la situación que se presenta al interior de los partidos políticos nuestros, y el papel que en ellos tienen sus líderes, especialmente, los que aspiran a ganar puestos electorales, tal como ahora existen las tendencias para que los puestos electorales los elijan las Asambleas Provinciales, en el caso de los puestos a candidatos a Diputados, y a Presidente cuando son de designación de la Asamblea Nacional del Partido. En el caso de los candidatos que se definen por elecciones internas, por mecanismo de convenciones abiertas o cerradas, el que impone el triunfo es quien gana la convención, que queda solamente para ser ratificado su resultado por la Asamblea Nacional, como se establece en la legislación nacional.
Veamos la situación en el país. Partidos políticos como Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana, resuelven sus candidaturas presidenciales con Convenciones abiertas o cerradas. Ahí lo que tenemos es número de candidatos que estén dispuestos a mantenerse como candidatos aun cuando les exigen, partidariamente, cifras elevadas de inscripción, justificadas en los gastos que exige la Convención y los preparatorios de la campaña electoral.
Pero, en materia de diputados lo que se evidencia es una lucha a muerte por encabezar los primeros puestos que son los posibles elegibles para todos los partidos. Y aquí viene lo interesante, lo que se me asemeja al Consejo Electoral gringo en los partidos políticos costarricenses.
La elección que se viene haciendo, a propuesta de las Asambleas Provinciales de cada partido, implica hacer siete asambleas provinciales, a razón de una por cada Provincia. Allí se definen las candidaturas. Quien haga las primeras impone sus candidatos. No vaya a suceder como en la última campaña electoral que la Unidad Social Cristiana dejó de último lugar la Asamblea de San José, cuando ya tenían las seis provincias resueltas, y tenían por Ley que respetar la alternabilidad horizontal de que al menos en tres provincias encabezaran la lista de diputados mujeres. San José se definió por una candidatura masculina y el Tribunal Supremo de Elecciones les obligó a invertir el orden de candidatos para asegurar ese orden legal.
Actualmente el partido Unidad Social Cristiana quiere imponer con una disposición de la Asamblea Nacional cuáles provincias irán encabezadas por mujeres y cuales por hombres. Si esto lo acuerdan ya, antes que se realicen las asambleas provinciales, pueden imponerlo. Pero, si las Asambleas Provinciales empiezan a ser convocadas por sus propios miembros para decidir esas candidaturas la Asamblea Nacional no puede hacer nada.
Los aspirantes a candidatos a diputados, mujeres u hombres, de la Unidad Social Cristiana, para el 2022, ya deberían estarse moviendo en la convocatoria de esas Asambleas con la intención de ir definiendo y declarando sus candidatos provinciales.
¿Cómo ganar una Asamblea Provincial? No es fácil. Hay que ganar primero, al menos, la mayoría de Asambleas Cantonales, que son las que nombran, cada una, los cinco delegados de representación ante la provincial, porque de esa manera se tiene la mayoría de votos, sin importar que tan grande y qué tan populoso sea un cantón, y por ello sin importar el número de distritos de cada cantón. Lo que hay que asegurar es que los cinco delegados que se nombran por cantón apoyen a un candidato, que se mueve en esa dirección de obtener su apoyo.
Veamos algunos ejemplos. San José tiene 20 cantones, Alajuela 16, Cartago 8, Heredia 10, Guanacaste 11, Puntarenas 11 y Limón 6. Así el candidato que tenga ganados 11 cantones de San José, 9 de Alajuela, 5 de Cartago, 6 de Heredia, 6 de Puntarenas y 4 de Limón se impone como el que controla la mayoría de los delegados de cada Provincia, y de hecho controla la Asamblea Nacional cuando no tiene otros componentes sociales que la integren.
Dentro de esta lógica, entonces hay que actuar con bisturí político. ¿Cuáles cantones interesa ganar o ejercer control sobre sus delegados cantonales a la Asamblea Nacional? Aquellos en los cuales sea más fácil ejercer ese control. Esos son aquellos cantones que tienen menos distritos administrativos, que teóricamente se representan en esas Asambleas Cantonales con cinco delegados por distrito.
En Costa Rica hay siete Provincias, 82 Cantones y 488 Distritos. Estos Distritos se distribuyen así, por Provincia: 123 San José, 116 Alajuela, 51 Cartago, 47 Heredia, 61 Guanacaste, 60 Puntarenas y 30 Limón. A la vez este número de Distritos se distribuye muy desigualmente en cada Cantón y Provincia, tanto en tamaño geográfico, población y distancia para visitarlos e ir a hacer el trabajo político.
Así por ejemplo, en la Provincia de San José, el Cantón Central de San José tiene 11 Distritos, Escazú tiene 3, Desamparados 13, Puriscal 9, Tarrazú 3, Aserrí 6, Mora 7, Guadalupe 7, Santa Ana 6, Alajuelita 5, Vázquez de Coronado 4, Acosta 5, Tibás 5, Moravia 3, Montes de Oca, 4, Turrubares 5, Dota 3, Curridabat 4, Pérez Zeledón 12 y León Cortés 5.
De esta manera, en esta Provincia, con 20 cantones, el que domine con la totalidad de sus delegados a la Asamblea Provincial, los 12 cantones con 5 o menos Distritos de hecho domina la Asamblea Provincial. Hay cantones muy difíciles de hacer en su Asamblea Cantonal por la lejanía de sus distritos, como es el de Pérez Zeledón. Así se trabaja, en análisis de la situación, con cada Provincia, Cantón y Distrito por quienes están interesados en ser electos, en cargos elegibles o posibles de ser electos por cada partido político.
Así es como debe estar funcionando la arquitectura y la ingeniería del mapa electoral interno, del diseño de la campaña, en su táctica y estrategia, y la lógica de cada candidato que quiera ocupar el primer puesto de diputado por cada uno de estos partidos en estos días que vienen. Aun así no es simple. Es un proceso complejo que obliga a que los candidatos realicen visitas a todos los distritos, a todos los cantones, y a todas las provincias, amarrar sus simpatizantes, leales y dispuestos a trabajar por ellos. Asegurar, sobre todas las cosas que los delegados asistan a la Asamblea Cantonal y la Provincial, incluso asegurándoles viáticos de transporte y hasta de hotel si es necesario.
Entonces, la clave es tener la mayoría de delegados de los distritos de cada cantón bajo control de sus delegados, y la mayoría de los delegados cantonales a la asamblea provincial respectiva. Con esto hasta candidato presidencia puede imponerse.
Cuando veo tantos candidatos a diputados, muy sentaditos en San José, me parece que algunos están jugando a la gallinita ciega, o a darle a la piñata. Ni qué decir de la cantidad de candidatos a Presidente de la República, que tienen que estar en todo el escenario, aquí y ahora, no a la distancia ni en la lejanía. En política la gente, las personas, y los miembros de los partidos se van definiendo y adquiriendo compromisos, lealtades e identificación con aquellas personas, candidatos, que les visitan, que los atienden, que les hablan directamente, que los abrazan y apapachan, y les producen confianza. Así es la política, por más redes sociales y mecanismo virtuales que haya y se usen, así como por las encuestas que se produzcan, para cada instante que se evalúe. En esta materia hay que recordar que una encuesta mata a otra encuesta.
En materia de candidaturas a diputados cualquier persona puede serlo por cualquier Provincia, aunque no viva en ella, porque los diputados son electos “por la Nación”, en representación de todo el electorado del país.
En materia de candidaturas a la Presidencia cualquiera también puede serlo. Tan solo se necesita que tenga 30 años cumplidos. Ni siquiera se exige un examen de comprensión de lectura, ni de escritura, ni de entendimiento de lo que se lee, ni examen de capacidad de memoria…
El Tribunal Supremo de Elecciones ya dio el banderazo de salida hacia las elecciones nacionales del 3 de febrero del 2022, con la publicación del Calendario Electoral, que es el que fija la hoja de ruta de todos los partidos políticos que quieran participar en las elecciones, y el que le señala a los ciudadanos los plazos y términos para organizar e inscribir en debida forma a los partidos políticos.
De lo novedoso es que el plazo de inscripción de partidos se prolongó del 5 de febrero al 5 de mayo, lo que siempre es un plazo muy corto pero imposible de prorrogarlo más. Quienes han estado interesados de inscribir partidos debieron haberse movido y actuado desde el año pasado. No es un proceso fácil para dejarlo para última hora.
La fecha importante que sigue es el viernes 5 de febrero que es el plazo que tienen los siguientes funcionarios, Vicepresidentes de la República, Ministros, Magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia, los Magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones, quien ocupe la Dirección General del Registro Civil, los directores o gerentes de las instituciones autónomas y el Contralor y el Subcontralor Generales de la República, para renunciar a sus cargos si quienes postularse a Presidente o Vicepresidente de la República para el período 2022 – 2026.
Para ser candidato a Diputado los siguientes funcionarios, si a ello aspiran, deben renunciar a sus cargos, seis meses antes de la elección, es decir, el 6 de agosto, el Presidente de la República o quien lo sustituya en el ejercicio de la Presidencia al tiempo de la elección; los Ministros de Gobierno; los Magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia; los Magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones, y el Director del Registro Civil; los militares en servicio activo; los que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o de policía, extensiva a una provincia; los gerentes de las instituciones autónomas; y los parientes de quien ejerza la Presidencia de la República, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, inclusive.
De todos estos funcionarios los Vicepresidentes, deben renunciar, antes del 5 de febrero, si quisieran volver a ser candidatos a ese mismo puesto o al de Presidente. Pareciera que igual concepto vale para los actuales diputados, que no tienen más prohibición expresa de que no pueden reelegirse consecutivamente, pero si renuncian suspenden sus consecutividades, como lo haría un Vicepresidente que quiera postularse para ese mismo cargo.
Por inscrita una papeleta presidencial quienes la integran no pueden renunciar a su postulación, ni en la primera, ni en la segunda vuelta, mientras esté el proceso electoral en curso y no se hayan hecho las elecciones.
El 5 de febrero vence el plazo para que los costarricenses por naturalización obtengan la carta que los acredite como ciudadanos, a efecto de que puedan ejercer su derecho al sufragio en las elecciones nacionales. Esto es muy importante porque así se conoce con certeza cuántos nacionalizados, y de qué países, pueden ejercer el voto el 6 de febrero del 2021 y evita los rumores que a veces hacen correr de que migrantes o ilegales fueron inscritos para votar.
También, el 5 de diciembre pasado, del 2020, quedó establecida la División Territorial Administrativa por parte del Poder Ejecutivo, de manera que seguimos con las 7 Provincias, los 82 cantones y los casi 500 distritos, sin que puedan variarse para nada mientras está el proceso electoral en marcha.
Esta División Administrativa es la que permite al Tribunal Supremo Electoral realizar su propia División Territorial Electoral que no calza necesariamente con la Administrativa, y que generalmente es más amplia y compleja, sobre las cuales se distribuyen las Juntas y Mesas Electorales, que se deben llenar con los delegados de los partidos políticos para la vigilancia electoral del día de las elecciones. Todavía el 18 de febrero, como último día, ante el Tribunal Supremo de Elecciones se puede solicitar la creación de distritos electorales. Esto generalmente lo han hecho los partidos grandes, no los pequeños. Y, hasta el 5 de junio, en este mismo campo, el Tribunal puede dividir un Distrito en dos o más distritos electorales.
Ese número de Juntas y Mesas varía de una elección a otra. A los partidos pequeños les ponen mayores dificultades de participación y control electoral que a los grandes, aunque esto se ha subsanado bastante con los llamados Delegados Electorales que oficialmente nombra el Tribunal Supremo de Elecciones para que colaboren con los miembros de Mesa, y garantizar que en todas las Mesas haya al menos un Delegado del Tribunal, que son funcionarios pagados por ese día.
El día 5 de febrero es también el plazo para que el Tribunal Electoral establezca el monto que el Estado reconocerá de la contribución pública a los partidos políticos por su campaña electoral, tomando en cuenta como base de cálculo el producto interno bruto a precio de mercado, según certificación emitida por el Banco Central de Costa Rica.
Para fortalecer el funcionamiento del Tribunal Supremo se integrarán dos nuevos Magistrados a partir del sábado 6 de febrero, constituyendo los cinco Magistrados el equipo a cargo, de forma exclusiva e independiente, de la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, es decir, de todo lo atinente al proceso electoral que ya está en marcha.
Las elecciones nacionales se realizarán el domingo 6 de febrero de 2022 donde se elegirán 60 puestos: un Presidente, dos Vicepresidentes de la República y 57 diputados.
Para estas elecciones hay más 25 partidos nacionales y al menos 8 provinciales, inscritos en posibilidad de completar todos los trámites para su debida participación.
Los partidos nacionales son la Agenda Democrática Nacional, Alianza Democrática Nacional, Cambiemos, Ciudadanos por el Bien Común, Democracia Participativa, Encuentro Nacional, Frente Amplio, Fuerza Nacional, Integración Nacional, Liberación Nacional Movimiento Social Demócrata Costarricense, Partido Costa Rica Justa, Renovación Costarricense, Republicano Social Cristiano, Restauración Nacional, Salvemos Costa Rica, Social Demócrata, Socialdemócrata Independiente Todos por Costa Rica, Unidad Social Cristiana, Unión Costarricense Democrática, Unión Liberal, Unión Pacífica Costarricense, Vida.
A estos hay que sumar el Liberal Progresista, Nueva Generación, el Movimiento Libertario, el de Natalia Díaz, el Partido de los Trabajadores, y los intentos de Coalición que se impulsa, especialmente por los Presidentes Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón Fournier, así como el esfuerzo que están haciendo militantes de izquierda de volver a inscribir Pueblo Unido.
Los partidos provinciales son Confraternidad Guanacasteca, Ciudadanos por Cartago, Alternativo SOS Costa Rica, Nuevo Partido Socialista Cartago, Unidos por Costa Rica, En Pedazos, Fuerza Solidaria.
Sin lugar a dudas de todos estos habrá dónde escoger, después de que se haga la repela de los procesos de inscripción que son rigurosos ante el Tribunal Supremo de Elecciones, que conlleva hacer las 82 asambleas cantonales, las siete provinciales y la nacional, para todos los partidos nacionales, y lo correspondiente a las provinciales con los cantones de sus respectivas provincias y la asamblea provincial, que todos son procesos engorrosos y exigen mucho trabajo organizativo de los ciudadanos de cada partido.
Indudablemente que las elecciones atraen, apasionan, son inevitables para públicos y pueblos electoreros y electorales. Por todo lo mal que se hable de la política, de los políticos, de las instituciones como los partidos políticos, la gente sigue confiando en ellos y se apunta para participar.
