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Etiqueta: Patricia Solano

De Tontos, Tonterías, Tonteras…, de hacerse el tonto y de los retontos

Vladimir de la Cruz

Tamaño alboroto hizo la fracción de los 31 diputados del Partido Pueblo Soberano, en la Asamblea Legislativa, cuando el diputado del Frente Amplio Edgardo Araya manifestó, diciendo con cariño, que la presidenta se hacía la tontita. No la trató de tonta. Tan solo dijo que a su entender parecía que se hacía la tontita.

El alboroto fue para suspender la sesión de trabajo de la Asamblea Legislativa, cuando estaba a pocos minutos de cerrarse el debate de “control político”, que así se tiene establecido en la agenda de trabajo de los diputados, momento en el cual los legisladores pueden referirse libremente a los temas de la vida política nacional, que incluye el balance, análisis o críticas del comportamiento público de quienes integran los Poderes Públicos, entre ellos el del Ejecutivo, presidido por la mujer Laura Fernández.

El alboroto se expresó en el ruido, casi griterío que se estimulaba a realizar contra la expresión del diputado, por parte de los diputados representantes del Gobierno, defensores a ultranza de la presidenta, y por el desorden y caos causado por la presidenta del Poder Legislativo, que de inmediato suspendió la sesión, y abrió los micrófonos para pedir, llamando a sus diputados, que se refirieran a la frase coloquial costarricense de hacerse el tonto.

Esta frase no es solo propia de nuestro lenguaje, sino que se usa en todo el continente y más allá. En la lengua inglesa también se usa. Recuerdo la famosa película de “Tonto y Retonto” o “Dumb and Dumber”, de 1994. Coloquialmente puede compararse con “hacerse el ruso”, “hacerse el sueco”, o en lenguaje más tico “hacerse el maje”.

El alboroto fue ruidoso en ese instante. No tuvo ninguna trascendencia a los medios de comunicación escritos. Fue show para uno de los canales que abanican al Gobierno. Pero, entendámonos un poco con los conceptos.

Tonto es un adjetivo. Como tal describe o ubica a una persona con escasa inteligencia, que es torpe, que le falta sentido común, que actúa con ingenuidad o sin malicia, que realiza actos o dice cosas absurdas o ilógicas. Un tonto es la persona que le cuesta comprender las cosas, que no tiene juicio, que se deja engañar fácilmente, por lo que comete errores pequeños o sin importancia.

También se puede comprender como tonto a una persona que padece deficiencia mental, que carece de inteligencia y por ello actúa ingenuamente. El diputado Araya no se refirió en este sentido.

Históricamente el concepto se remonta a Roma, al “tondus” que se empleaba para señalar a las personas que les faltaba profundidad en el pensamiento, que se consideraba que no pensaba bien, que no tiene sesos o que tiene la cabeza hueca. A estas personas les daban un cosco en la cabeza para producir un sonido hueco como “tonk”. De ahí también son también los vocablos atontar, atontado y tontillo…

Así, el tonto es la persona que actúa con poca inteligencia, imprudentemente o sin comprensión de determinadas situaciones, por lo que sus actos son irreflexivos o insensatos. La persona tonta es la que puede equivocarse por falta de información, experiencia o datos, por lo que puede aprender y corregir fácilmente. Ser tonto es parte del ser humano. Es una condición temporal. No es un sinónimo de imbécil, lo que tampoco dijo el diputado Araya. Es importante distinguir esto.

Al tonto le falta contexto o saber, por lo que puede corregir cuando se le ayuda o cuando ve la realidad con claridad. El imbécil se niega a aceptar la realidad que le produce su actuación. Se niega a aceptar su equivocación haciéndola una trinchera de combate ofendiéndose si se le corrige, pues no pone de su parte para aprender.

Hasta en la Biblia se usa el concepto de persona “tonta”, como “necio” e “insensato” también, no para destacar la inteligencia de la persona sino para señalar su falta de sabiduría y su rechazo a Dios. Igualmente para describir a las personas que ignoran los consejos buenos y hacen el mal. En la Biblia los tontos pierden el control con mucha facilidad y hacen locuras (Proverbios 14:17), como sucedió con la reacción de los diputados de gobierno. En la Biblia el tonto se cree todo lo que le dicen, por lo que se enojan fácilmente…mientras los sabios perdonan.

Ser tonto no califica la capacidad mental. No destaca un problema de la mente. Exhibe la toma de malas decisiones. El orgullo de la persona tonta le coloca en el punto de que no necesita aprender de nadie.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, DRAE, describe tonto a la persona que tiene poca inteligencia, entendimiento o razón, que tiene torpeza para actuar o tomar decisiones. En las relaciones amistosas y de confianza se usa sin mala intención y como broma, sin ofender la capacidad mental de a quien se le dirige esa condición. En la expresión del diputado Araya, me parece, que fue más el señalamiento de que la presidente, torpemente actúa o toma decisiones. La tontería refiere a las cosas de poco valor.

En el DRAE, también se dice que tonto puede usarse como insulto leve, falta de respeto sin que sea una grosería fuerte. Me parece que el diputado Araya no le dio ninguno de estos contenidos.

Puesto así, la tontería es la expresión que hace el tonto, es la forma como el tonto se expresa, como refiere sus palabras, dichos o hechos sin sentido, seriedad o importancia.

Una tontería es también una cosa de poco valor o sin importancia, referida a cualquier objeto, o persona sin que eso sea una falta de respeto. Lo que destaca lo que somos es lo que hacemos.

Tonterías son, en síntesis, lo que dicen los tontos, palabras, ideas y actos. Decir tonterías es exhibir la cualidad del tonto, muchas veces en lenguaje que no se entiende o carece de sentido, como a veces se expresa el copresidente Rodrigo Chaves, que no se le entiende nada, mezclando su lenguaje, como lo ha hecho, con gruñidos… emocionalmente sintiéndose animal… Como le decía la Madre a Forrest Gump en la película homónima: “la estupidez se demuestra con los actos”.

Si una perrera es el lugar que se tiene destinado para control o refugio de perros, o de animales abandonados, y donde se albergan, la “tontera” la podemos considerar como el lugar donde se concentran, ubican, residen o viven los tontos.

Espero, sinceramente, que el Edificio Legislativo no se convierta en una “tontera”, con un grupo de diputados que actúan como tontos, sin madurez ni sensatez.

Puestas así las cosas, en el español coloquial es válido decir hacerse el tonto, para indicar perder el tiempo, comportarse con poca sensatez, para fingir que no se entiende algo, porque no se ve o no conviene verse y tratarse; porque se quiere hacer algo de manera disimulada, sin planearlo, procurando resultados por sorpresa, o como también se dice coloquialmente hacer cosas a tontas y a locas, sin reflexión, de cualquier manera y sin orden.

El jueves se realizó un llamado Plantón, un encuentro cívico ciudadano inmenso por su movilización, en la Plaza de la Democracia, y por sus réplicas en más de 20 ciudades y pueblos del país. La cantidad de ciudadanos movilizados el jueves, técnica y profesionalmente contados, como se ha hecho, da más de 100.000 ciudadanos movilizados.

No fue una concentración contra el Poder Ejecutivo como tal. Fue un llamado de atención para que el Poder Ejecutivo modere la forma de relacionarse con los Poderes públicos, con los ciudadanos, con los críticos de su actuación, con los medios de comunicación.

Fue un llamado para que no se disminuyan los fondos y presupuestos del Poder Judicial, de las universidades públicas, de las ayudas sociales, para que el ROP sea devuelto a sus legítimos dueños, para que se elimine el congelamiento de salarios y pensiones que se tiene desde hace cuatro años.

Fue un llamado para detener las manifestaciones autoritaristas, antidemocráticas, militaristas, amenazadoras de establecer un régimen de fuerza, un estado de sitio, un autogolpe de estado que acabe con la Democracia costarricense.

Fue un llamado para que cese la falsa campaña que el Ejecutivo Nacional realiza constantemente contra las bases institucionales del país.

Fue un llamado para que se respete el Estado de Derecho y la independencia real de los poderes del Estado en sus funciones, que les son propias, exclusivas e indelegables. Fue un llamado a los diputados, especialmente a la fracción de los 31 diputados de Gobierno, que respeten la lista de magistrados suplentes que les fue enviada y procedan a conocerla y votarla como corresponde.

El mismo jueves por la tarde los órganos y medios de comunicación al servicio, y pagados por el gobierno, trataban de insinuar a los radioyentes y televidentes que la concentración era casi un verdadero fracaso. Decían que apenas se distinguía del pequeño grupo de ciudadanos que acompañó a la Presidenta, sus ministros y algunos otros funcionarios ante la Corte Suprema de Justicia, para la presentación de un escrito acusatorio contra cuatro magistrados.

Actuar de esa manera era hacerse los tontos frente a la realidad de la movilización y de lo que sucedía en las calles.

El viernes pasado, con la contundencia que fue reconocida por los medios de comunicación escritos, había personas que con relación a esto se empeñaron en seguir haciéndose los tontos. Como avestruces. Insistieron en disminuir la marcha patriótica, el encuentro inmenso de ciudadanos en la Plaza de la Democracia y en las distintas ciudades y pueblos del país en apoyo al Poder Judicial, a la independencia de poderes y a la Democracia costarricense.

Quienes así siguen actuando no son tontos, ni se hacen los tontos. Su problema principal es que los que quieren seguir haciéndose los tontos pasan a la categoría de retontos. Un retonto es quien tiene una condición que lo hace tonto de remate.

Si se trata de discutir los términos con que la presidente se refiere a veces, como lo hizo con la magistrada Patricia Solano, colocándola como la más fea de las feas, como la “refea”, como la llamó, o como el copresidente Chaves se refirió en una ocasión a la presidenta Laura Chinchilla, llamándola la “totalmente desguabilada mental e intelectualmente”, entonces se deberían hacer unas sesiones parlamentarias para discutir los términos con que estos funcionarios se expresan cotidianamente.

De esto, tal vez, lo bueno sea que a partir de ahora, todos los diputados del gobierno, la presidenta y el copresidente y ministro de la Presidencia y de Hacienda, que son los voceros del mal hablar y de ofender, moderen también su lenguaje, porque lo que es bueno para la gansa lo es para el ganso.

Espero que se deje de actuar como tontos o como retontos.

Les recomiendo a todos ver la película “Tonto y Retonto”, (Dumb and Dumber, de 1994), disponible en Google Play.

El insulto como método de gobierno: una amenaza para la democracia

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED

Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL).

 

“Cuando la descalificación sustituye al argumento, el problema deja de ser una cuestión de estilo: el ejercicio del poder comienza a deteriorar el debate público, las instituciones y la convivencia democrática.”

Hay palabras que, pronunciadas por un ciudadano cualquiera, pueden resultar ofensivas. Pero cuando salen de la boca de quienes ejercen el poder político adquieren otra dimensión: llevan consigo el peso de la investidura, la autoridad institucional y una enorme capacidad de amplificación.

Por eso debería preocuparnos la degradación del lenguaje político que emana de las más altas esferas del Poder Ejecutivo costarricense.

El insulto, la descalificación personal, la expresión vulgar y el ataque contra quienes cuestionan al Gobierno se han incorporado al repertorio de la comunicación política, primero durante la administración de Rodrigo Chaves y ahora bajo su continuismo. Esto no puede despacharse como una simple cuestión de estilo, temperamento o libertad de expresión. Cuando la ofensa se convierte en una herramienta recurrente del poder, sus consecuencias trascienden a la persona atacada: degradan el debate público y erosionan la confianza en las instituciones.

Una democracia necesita confrontación de ideas, crítica y cuestionamiento. Necesita periodistas que investiguen, ciudadanos que fiscalicen, órganos de control independientes y tribunales capaces de adoptar decisiones incómodas para quienes gobiernan. Lo que no necesita es que el desacuerdo se convierta en una guerra de descalificaciones.

Cuando la discrepancia tiene rostro de mujer

Particularmente preocupante ha sido la forma en que desde el poder se ha descalificado a mujeres que ejercen funciones públicas, periodísticas o de fiscalización. No se trata de atribuir automáticamente una motivación misógina a cada episodio, sino de reconocer un patrón de menosprecio que no debería normalizarse.

Durante el gobierno de Rodrigo Chaves hubo episodios suficientemente graves como para provocar llamados de atención de la Asamblea Legislativa. En junio de 2023, el Congreso aprobó, con 41 votos, una moción para llamar la atención al entonces presidente por sus comentarios contra la diputada Monserrat Ruiz y pedirle que no fomentara la violencia política contra las mujeres.

En febrero de 2024, después de que la diputada Gloria Navas cuestionara la política de seguridad del Gobierno, Chaves respondió que era “una persona que se ha sentado en la galleta sin hacer nada”. Treinta y nueve diputados aprobaron posteriormente una moción para exhortarlo y llamarle la atención por sus ataques contra Navas.

Ese mismo año, la diputada Sofía Guillén fue llamada por Chaves “diputadilla comunista y resentida social”, luego de que criticara a la diputada oficialista Pilar Cisneros.

Tampoco las periodistas escaparon de esta retórica. En el caso de Vilma Ibarra, el señalamiento público realizado desde Casa Presidencial llegó al terreno de acusaciones que la periodista consideró difamatorias.

No es necesario demostrar que cada expresión obedeciera a una motivación específicamente misógina para advertir su carácter degradante. Basta observar que mujeres que ejercían funciones de representación, fiscalización o periodismo fueron convertidas reiteradamente en blanco de ataques personales desde la cúspide del poder político.

El continuismo también está en las palabras

Lo significativo es que esta cultura discursiva no parece haber desaparecido con el cambio de Gobierno.

Laura Fernández llegó a la Presidencia como continuadora del proyecto político de Rodrigo Chaves. No sería correcto afirmar que ambos gobiernos son idénticos, pero sí resulta legítimo advertir una continuidad en determinada forma de relacionarse con quienes ejercen funciones de control o discrepan del Ejecutivo.

En febrero de 2026, Fernández cuestionó públicamente a la contralora Marta Acosta y manifestó que “doña Marta ya cumplió su ciclo en la Contraloría General”, por lo que esperaba que se apartara del cargo. Añadió que debía hacerle “un favor a Costa Rica” y dar espacio a perfiles más frescos. La discusión sobre la gestión de la Contraloría es legítima. Lo cuestionable es que la jefa del Poder Ejecutivo solicite públicamente la salida anticipada de la jerarca de un órgano constitucional de control.

Pero el episodio más ilustrativo ocurrió en mayo pasado, durante el enfrentamiento con la magistrada Patricia Solano. Después de que Solano calificara de “hostil” una reunión con la presidenta, Fernández respondió: “¿Pero qué quería que le llevara rosas? ¿Que le llevara una serenata?”. Luego ironizó sobre “la de la galleta María y el tecito” y calificó de “acusetas” a quienes hicieron público el contenido de la reunión. Puede discutirse la posición de la magistrada. Lo que resulta difícil justificar desde una comunicación presidencial responsable es que el desacuerdo se transforme en burla personal.

En junio, Fernández volvió a dirigirse a Solano: “Doña Patricia Solano, usted le está fallando a este país”, y sostuvo que ella y el presidente de la Corte deberían dar espacio a “otra persona con sangre fresca”.

En este contexto es importante decir que una cosa es exigir explicaciones al Poder Judicial. Otra es convertir a magistrados y jueces en protagonistas de una confrontación personal desde la Presidencia.

Inmunidad no es impunidad

Hay otro elemento que merece consideración. Los altos funcionarios de la República cuentan con prerrogativas constitucionales destinadas a proteger el ejercicio independiente de sus funciones. En el caso de quien ejerce la Presidencia, el artículo 151 de la Constitución establece que no puede ser perseguido ni juzgado penalmente sin que previamente la Asamblea Legislativa declare que hay lugar a formación de causa. Esa protección procesal no es una licencia para actuar al margen de la ley ni elimina la responsabilidad constitucional del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, cabe preguntarse si la existencia de ese fuero puede generar, en algunos casos, una sensación de protección frente a las consecuencias personales de las palabras pronunciadas desde el poder. Y esa sensación puede convertirse en envalentonamiento: decir aquello que probablemente se mediría con mayor cuidado si no existiera esa barrera institucional frente a eventuales responsabilidades.

El problema no es la existencia de la inmunidad. El problema sería utilizar, consciente o inconscientemente, la protección que brinda el cargo como una suerte de escudo psicológico para expresarse sin el sentido de responsabilidad que debería acompañar a quien ocupa la Presidencia.

La inmunidad constitucional fue concebida para proteger la función pública, no la descalificación, el insulto o la humillación.

Del argumento a la descalificación

Cuando una diputada cuestiona una política gubernamental, corresponde responder con datos. Cuando una periodista formula una pregunta incómoda, corresponde contestarla. Cuando una contralora objeta una decisión administrativa, corresponde aportar argumentos jurídicos y técnicos. Cuando una magistrada discrepa del Ejecutivo, corresponde defender la posición gubernamental dentro de los canales institucionales.

La democracia funciona precisamente porque existen personas e instituciones capaces de decirle “no” al poder.

Las palabras, además, cumplen una función política. Pueden desacreditar, intimidar y estigmatizar. Y cuando provienen de quien ocupa la Presidencia de la República, su capacidad de amplificación es incomparablemente mayor.

No se trata de exigir gobernantes silenciosos. La crítica severa al Poder Judicial, a la prensa, a la Contraloría o a cualquier órgano del Estado forma parte de la democracia. La cuestión es cómo se ejerce esa crítica desde el poder.

No debemos normalizarlo

La continuidad entre ambos gobiernos debería preocuparnos precisamente por eso. No porque sean idénticos, sino porque puede observarse una forma semejante de responder a la crítica: personalizar el desacuerdo, desacreditar al interlocutor y sustituir el argumento por la confrontación.

Las democracias no siempre comienzan a deteriorarse con una ruptura constitucional. A veces el deterioro comienza cuando el insulto se vuelve normal, el adversario es presentado como enemigo y quienes ejercen funciones de fiscalización son atacados por cumplirlas. Ese proceso tiene un nombre: normalización.

Costa Rica ha construido buena parte de su convivencia democrática sobre instituciones sólidas, el respeto a la legalidad y la convicción de que ningún gobernante está por encima de las reglas. Nada de eso debería darse por garantizado.

Porque insultar es fácil. Lo difícil es gobernar: responder con argumentos cuando las preguntas incomodan, aceptar límites cuando una institución independiente contradice al Ejecutivo y soportar la crítica sin convertir al crítico en enemigo. La investidura no concede licencia para humillar. El poder no otorga derecho a degradar al adversario.

La democracia puede sobrevivir a una discusión áspera. Lo que difícilmente puede soportar indefinidamente es que desde el poder se convierta la descalificación en método, el insulto en argumento y la humillación en espectáculo.

Porque cuando desde el poder el insulto sustituye al argumento, algo más que el lenguaje comienza a degradarse: se degrada el ejercicio del poder, se degrada el debate público y, poco a poco, se degrada la democracia misma.

Imagen: https://educrea.cl/wp-content/uploads/2018/05/DOC2-cartillaeducativa-democracia-convivencia-democratica.pdf