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Etiqueta: pensiones

Percepción ciudadana: hospitales y clínicas fallan en capacidades de atención a personas adultas mayores

UNA Comunica. Existen problemas para la atención de necesidades de salud mental y enfermedades físicas en personas adultas mayores, tanto en clínicas como en hospitales de la Caja Costarricense de Seguros Social (CCSS), a pesar de que se señalan fortalezas en cuanto a infraestructura física adecuada.

Las opiniones están más divididas al analizar aspectos como la disponibilidad de equipo médico y el trato respetuoso. No obstante, en términos generales, es mejor la percepción obtenida por los servicios en los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais) que con respecto a clínicas y hospitales.

Estos son parte de los resultados del estudio Percepción de la población sobre accesibilidad y calidad de los servicios que reciben las personas adultas mayores en Costa Rica, a cargo del programa Envejecimiento: cambios poblacionales y retos sociales del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional (UNA).

Atención en salud

Ocho de cada diez personas califican como “nada” o “poca” la capacidad de atender las situaciones de salud mental de las personas adultas mayores. Un 64.3% opina lo mismo si se trata de padecimientos físicos.

Casi la mitad de las personas encuestadas (50.6%) estima que el personal está poco capacitado para atender a esta población. Un 37.7% dice que le da un valor de “mucho” a su grado de formación y un 13.7% indica que “nada”.

En su mayoría (58.3%) consideran como “poco o nada” la disponibilidad de equipo médico suficiente y de calidad destinado a este grupo etario.

Sobre el respeto que se brinda en las consultas, las opiniones están repartidas: 50.3% da una opinión favorable, mientras que el restante 49.7% le otorga un valor de “poco” o “nada”.

Donde las clínicas y hospitales públicos sí obtienen una buena nota es en infraestructura física, que contempla ascensores, rampas, señalización, barandas en las escaleras, pisos antideslizantes y baños adecuados, que permiten una adecuada accesibilidad y movilidad. En este ámbito, seis de cada 10 personas opinaron de manera positiva.

Si se trata de analizar los servicios médicos especializados, existe, en términos generales, una buena percepción. Un 68.8% está “muy de acuerdo y de acuerdo” con la atención en geriatría. Opina igual un 67.4%, cuando se incluyen áreas como odontología, oftalmología, audiología, geriatría y nutrición. El porcentaje de apoyo baja a un 51.7% si se trata de calificar los servicios de emergencia.

El IDESPO-UNA indagó si, desde la perspectiva ciudadana, algunos servicios han mejorado, empeorado o si se mantienen igual. De manera predominante, las notas sobre aspectos como los tiempos de espera, cobertura y capacidad hospitalaria, fueron, confirman que no han existido cambios.

Pero, al distinguir cuáles son los principales problemas que enfrentan las personas adultas mayores en temas de salud, un 28.3% ubica en primer lugar los “tiempos de espera prolongados”, seguido de “trato inadecuado del personal de salud, falta de empatía y discriminación” con un 26% y “falta de capacitación del personal y atención especializada” con un 15.9%.

Infraestructura y transporte

La ciudadanía le da una de las calificaciones más negativas al acceso que tienen las personas adultas mayores a sitios públicos. Un 64% está “muy en desacuerdo y en desacuerdo” con la pregunta de si las aceras son aptas (lisas, niveladas y anchas).

El desacuerdo es similar cuando opinaron sobre la seguridad de las calles (cruces de semáforos, con tiempo suficiente e iluminación adecuada, con un 63.7%. Siempre en orden descendente, le siguen la ausencia de parques adecuados (61.5%), de calles accesibles (53.8%) y de espacios que les permitan compartir sus experiencias de vida con otras generaciones (50.8%).

Mejor valoración se otorga al indicar si en las ventanillas de las instituciones públicas se respeta el uso de espacios preferenciales (ocho de cada diez está de acuerdo y muy de acuerdo). Así piensan también en un 60% al determinar si los edificios (locales comerciales, oficinas) son accesibles.

También, un 52.4% coincide en que los espacios públicos tienen zonas verdes. Un 62.3% opina de la misma manera al señalar que están libres de malos olores y un 45.1% dice que están libres de ruidos.

En cuanto al transporte público, un 52.1% está “muy de acuerdo y de acuerdo” en que es apto para las personas adultas mayores y un 56.6% afirma que los choferes son respetuosos.

En el 2026, el Ministerio de Salud contabilizaba a 51 cantones como “ciudades amigables con los adultos mayores”. El Idespo-UNA quiso indagar cuánto conocen este concepto los ciudadanos. La respuesta no fue alentadora: ocho de cada 10 lo desconoce, mientras que un 18% relacionan el término con “accesibilidad física e infraestructura” y un 8.2% con “empatía, respeto y trato digno”.

Pensiones

En otro apartado del estudio, se identificó que casi nueve de cada 10 entrevistados estiman como “muy importante” cotizar para una pensión en la vejez. “Las principales razones por las cuales las personas consideran que es muy importante cotizar para la vejez se relacionan, en primer lugar, con la necesidad de garantizar su subsistencia durante esta etapa de la vida (40.5%); en segundo lugar, la búsqueda de seguridad y tranquilidad futura (22.3%) y en tercer lugar, la posibilidad de mantener la independencia y la dignidad personal”, afirma el estudio.

En momentos en que se discuten reformas a los regímenes de pensiones, como el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), con propuestas como la edad de retiro, los costarricenses consideran que el rango de edad ideal para pensionarse es entre los 60 y 64 años. Así opina un 54.6% de la muestra; un 23.5% está favor de que sea a los 65 años o más y un 15.4% se ubica entre 51 a 59 años.

La encuesta se realizó entre el 11 y el 19 de junio de 2025. En total, se realizaron 701 entrevistas con un error de muestreo de 3.7% hacia arriba o hacia abajo y un nivel de confianza del 95%.

Enlace a la conferencia:
https://www.facebook.com/unacomunica.una/videos/2857404897930728

FESITRAES invita a conversatorio sobre la CCSS, las pensiones y la defensa de la seguridad social

La Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Superior (FESITRAES) realizará el conversatorio “La CCSS en disputa: derechos, pensiones y defensa del sistema de seguridad social”, un espacio de análisis y diálogo sobre los desafíos que enfrenta la seguridad social costarricense y las propuestas para fortalecer la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La actividad se llevará a cabo el 10 de junio de 2026 a las 2:00 p.m., con transmisión a través del canal de YouTube de SIUNED, y reunirá a especialistas y personas activistas vinculadas a la defensa de la salud pública y la seguridad social.

El conversatorio contará con la participación del Dr. Leiner Vargas, economista y catedrático del Centro Internacional en Política Económica (CINPE) de la Universidad Nacional (UNA), quien aportará elementos de análisis sobre la situación económica y financiera de la seguridad social costarricense.

También participará la Dra. Natalia Solís Rojas, especialista en medicina interna e infectología de la CCSS, activista social e integrante de las coordinaciones de Unidos por la CCSS y del Frente Nacional de Lucha (FNL).

El panel se complementa con la participación de Deivis Ovares Morales, auxiliar de enfermería de la CCSS, activista social y sindical, quien forma parte de las coordinaciones del Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) y del Frente Nacional de Lucha.

Según las organizaciones convocantes, el encuentro busca generar una reflexión colectiva sobre el presente y el futuro de la seguridad social en Costa Rica, abordando temas relacionados con el derecho a la salud, el régimen de pensiones, el financiamiento de la CCSS y los desafíos que enfrenta una de las instituciones más emblemáticas del Estado Social de Derecho costarricense.

La actividad se realiza en articulación con diversas organizaciones sindicales comprometidas con la defensa de la CCSS, entre ellas SINDEU, SITUN, AFITEC, UTRAUTN y SIUNED.

Las personas organizadoras destacan que el conversatorio forma parte de los esfuerzos para promover el debate público y la participación ciudadana en torno a la protección de la seguridad social, en un contexto de discusión nacional sobre el financiamiento, la gestión y el futuro de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Fecha: 10 de junio de 2026
Hora: 2:00 p.m. (hora de Costa Rica)
Transmisión: YouTube SIUNED
Enlace: https://youtu.be/KlJY_5mwUfk

La convocatoria se realiza bajo la consigna:
“En defensa de la CCSS, por el derecho a la salud y la seguridad social”.

Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social solicita información financiera a la CCSS

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) solicitó a la CCSS información sobre los estados financieros auditados del Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC), del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Seguro de Salud (SEM). La CCSS atendió la solicitud con los oficios GF-1058-2026 del 23 de abril de 2026 y el oficio SJD-0727-2026 del 29 de abril de 2026.

Consta en dicha información que la empresa auditora de los estados financieros de los seguros que administra la Caja es Deloitte & Touche S.A. a la cual la Caja le paga por período $127,872.00 por los servicios de auditoría del SEM; $101,525.00 por período auditado del IVM y $11,479.00 por período auditado del RNC. Sumando los cuatro períodos 2021-2024 se obtiene que la CCSS ha pagado $963,504.00 por estos servicios.

Debido a que presuntamente no fue entregada toda la información solicitada, la ACSS está gestionando ante la CCSS la entrega de la información pendiente y solicita otra información. A continuación, se transcribe el oficio ACSS-006-2026:

Señora Mónica Taylor Hernández

Presidenta Ejecutiva

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)

De conformidad con los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, el artículo 7 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N° 8422 y la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097, en relación con el oficio GF-1058-2026 del 23 de abril de 2026 y el oficio SJD-0727-2026 del 29 de abril de 2026, solicitamos la siguiente información de interés público:

Primero. En el oficio GF-1058-2026 se indica “Cabe señalar que la información relativa a los estados financieros auditados se encuentra debidamente divulgada y disponible para consulta pública a través de la página web institucional de la CCSS, en el apartado CCSS | Financiero.”

No obstante, consultada la página indicada, observamos que no se encuentran disponibles los estados financieros auditados del 31 de diciembre de 2024, por lo cual solicitamos su entrega.

Segundo. En el oficio SJD-0727-2026 se indica “De la revisión integral de las actas de Junta Directiva correspondientes al año 2023, no se registra el conocimiento de Estados Financieros Auditados.”.

Al respecto, se procedió a revisar la información suministrada y se determinó que en la sesión Nº 9510 celebrada el 08 de abril de 2025, la Junta Directiva de la CCSS sí conoció los estados financieros auditados del SEM con corte al 31 de diciembre de 2023. Además, notamos que en la información suministrada no constan las actas de la sesión de Junta Directiva en la que conoció los estados financieros de cada uno de los tres seguros o programas con corte al 31 de diciembre de 2024, motivo por el cual solicitamos su entrega. En el caso de que no hayan sido conocidos por la Junta Directiva, solicitamos que nos informen los motivos y que nos indiquen la fecha en la que los conocerán.

Tercero. En el oficio GF-1058-2026 se indica “Adicionalmente, respecto del período 2025, como es de conocimiento de esa estimable Presidencia, a la fecha no se dispone de una fiscalización externa concluida, por cuanto la emisión y disponibilidad de los Estados Financieros están en proceso de elaboración de junio a diciembre 2025, lo cual constituye un insumo esencial para el inicio y adecuado desarrollo del proceso de fiscalización correspondiente”. (Destacados se suplen).

Dado lo anterior, solicitamos que nos informen los motivos por los cuales a esta fecha aún no están disponibles los estados financieros no auditados de junio a diciembre de 2025 del RNC, IVM y SEM. Así mismo, que nos informen una fecha tentativa en la que estarán disponibles.

Cuarto. Solicitamos el nombre completo, el número de cédula jurídica de la empresa auditora que auditará los estados financieros al 31 de diciembre de 2025 del IVM, SEM y RNC, el monto que se le pagará en cada seguro o régimen según el contrato, el nombre completo de su representante legal en Costa Rica y su número de cédula.

Atentamente,

Dr. Alfredo Ramírez Montero
Lic. Carlos Eduardo González Arroyo
Lic. Jorge García Araya
M.Sc. Rodrigo Arias López

Para la ACSS esta información es muy importante en momentos que la CCSS anuncia otra reforma al seguro IVM para reducir beneficios y poner a cotizar a los pensionados, sin siquiera haber entrado en plena vigencia la reforma aprobada para el año 2024, ya que es hasta el año 2027 que se pensionarán todos los varones de 65 años de edad que no pudieron hacerlo antes y las mujeres de 63 años que tampoco pudieron retirarse antes debido a esa reciente reforma.

Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social

FECTSALUD advierte que nuevas medidas fiscales afectarán a personas trabajadoras y pensionadas

El secretario de Prensa de la Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (FECTSALUD), Juan Carlos Durán Castro, cuestionó la política económica impulsada por el Gobierno y advirtió sobre la posibilidad de que se promuevan nuevas medidas fiscales que afectarían a personas trabajadoras y pensionadas.

Según manifestó, durante los últimos años se presentó la gestión económica de la actual administración como un modelo exitoso; sin embargo, considera que las recientes recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) evidencian una realidad distinta para amplios sectores de la población.

Durán afirmó que entre las medidas que podrían plantearse se encuentran cambios en las condiciones de los regímenes de pensiones, la aplicación de nuevos cobros a personas pensionadas, modificaciones relacionadas con la canasta básica y decisiones que, a su juicio, trasladarían mayores cargas económicas a la población trabajadora.

El dirigente sindical sostuvo que estas eventuales medidas tendrían repercusiones tanto para el sector público como para el sector privado y cuestionó a quienes respaldaron la continuidad de la política económica gubernamental.

Asimismo, planteó interrogantes sobre la capacidad política del Gobierno para impulsar nuevas cargas tributarias o medidas de ajuste fiscal, señalando que la población podría exigir explicaciones ante posibles afectaciones económicas adicionales.

Durán concluyó que las recomendaciones recientes vinculadas a la situación fiscal y económica del país ponen en discusión la narrativa oficial sobre los resultados de la gestión económica y obligan a un debate público sobre quiénes asumirán el costo de las futuras decisiones fiscales.

Propuestas de reforma al IVM esconden medidas regresivas y no enfrentan el problema central de financiamiento, advierte análisis sindical

Un documento elaborado por Juan Carlos Durán Castro, asesor sindical de ANEP-CCSS y secretario de Prensa y Propaganda de FECTSALUD, advierte que varias de las propuestas actualmente discutidas para reformar el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social contienen elementos regresivos, aumentan la inequidad y no abordan el problema estructural de financiamiento y cobertura del sistema.

El texto analiza las 20 propuestas incluidas en el documento oficial “Informe técnico: alternativas para la sostenibilidad del seguro de invalidez, vejez y muerte”, presentado ante la Junta Directiva de la CCSS el 4 de mayo de 2026. Según Durán Castro, aunque algunas iniciativas podrían tener validez para el debate democrático, muchas implican riesgos sociales y políticos relevantes.

Uno de los principales cuestionamientos del autor es que las propuestas no atacan el problema de la cobertura contributiva ni priorizan el cobro de la deuda estatal con el IVM, estimada en al menos 800 mil millones de colones. Señala que dicha deuda debería ocupar el primer lugar dentro de cualquier estrategia de sostenibilidad del régimen.

El documento también advierte sobre posibles escenarios políticos que podrían facilitar la aprobación de medidas regresivas, especialmente en un contexto de concentración de poder en la Junta Directiva de la CCSS y de eventuales reformas legislativas impulsadas a partir de 2027.

Entre las preocupaciones centrales expuestas se encuentra la eventual reducción de la tasa de reemplazo del IVM al 40%, complementada con un porcentaje incierto proveniente del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). El autor sostiene que esta propuesta afectaría especialmente a personas cercanas a la jubilación y que la información pública sobre una tasa total de reemplazo del 60% no refleja adecuadamente las diferencias reales entre grupos etarios y trayectorias contributivas.

El análisis cuestiona además propuestas como:

  • trasladar parte del financiamiento del Banco Popular al IVM;

  • cobrar a personas pensionadas un 5% para financiar el seguro de salud;

  • aumentar de 300 a 360 las cuotas requeridas para pensionarse;

  • modificar los mecanismos de ajuste automático de las pensiones;

  • y ampliar las potestades de la Junta Directiva de la CCSS para adoptar cambios sin procesos amplios de consulta.

Según el documento, varias de estas medidas podrían aumentar la exclusión previsional, congelar pensiones mínimas o reducir los montos reales de jubilación para amplios sectores de la población trabajadora y pensionada.

Durán Castro organiza su análisis en cuatro grandes ejes: cobertura, suficiencia, sostenibilidad y aspectos administrativos. Además, plantea que cada propuesta debe evaluarse considerando su grado de regresividad social, su viabilidad política, sus efectos actuariales y el contexto nacional e internacional en que se discutirán las reformas.

El autor concluye que el debate sobre el IVM requiere información técnica robusta, escenarios financieros claros y una discusión nacional amplia que priorice los derechos humanos, la progresividad social y el fortalecimiento de la seguridad social pública.

Le invitamos a descargar desde SURCOS y leer el documento completo:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/APUNTES-ACTUALES-SOBRE-LAS-PROPUESTAS-DE-REFORMA-AL-REGIMEN-DE-INVALIDEZ-12-05-2026-VFR-1.pdf

Defensoría plantea a la CCSS ruta alternativa para fortalecer el IVM

  • Defensoría advierte que la tasa de reemplazo no debe ser inferior al 60%, rechaza medidas que reduzcan el monto neto de las pensiones y propone una reforma estructural con enfoque de derechos humanos, sostenibilidad social y responsabilidad institucional.

La Defensoría de los Habitantes manifestó su oposición a la propuesta que la sostenibilidad del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se atienda mediante una reducción de la tasa de reemplazo, un aumento de cargas sobre las personas aseguradas o medidas que disminuyan el ingreso neto de las personas pensionadas.

La posición institucional parte de una premisa clara: la sostenibilidad financiera del IVM debe garantizarse sin debilitar el derecho humano a la seguridad social ni trasladar el costo principal del ajuste a las personas trabajadoras, futuras pensionadas y pensionadas. La Defensoría reconoce la existencia de presiones financieras, demográficas y laborales sobre el régimen; sin embargo, considera que la respuesta debe ser integral, progresiva, equitativa y técnicamente sustentada, no una reforma que tenga como eje los ajustes paramétricos.

La Gerencia de Pensiones de la CCSS remitió a la Junta Directiva el informe técnico “Alternativas de fortalecimiento para la sostenibilidad del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte en el contexto del Sistema Nacional de Pensiones”, en el cual se identifican 20 propuestas organizadas en tres categorías: diez cuantificables, cinco estructurales y cinco administrativas. Entre ellas se incluyen el ajuste de la tasa de reemplazo básica, la contribución de las personas pensionadas al Seguro de Salud, el aumento de 300 a 360 cuotas como requisito para pensión ordinaria, medidas de financiamiento alternativo, fortalecimiento de la gobernanza, diversificación de inversiones y creación de una Mesa Técnica Nacional de Pensiones.

Frente a esas propuestas, la Defensoría sostiene que cualquier reforma debe preservar una tasa de reemplazo suficiente. En particular, la Institución considera que la tasa de reemplazo integral no debe ser menor al 75% (IVM + ROPC), y que este umbral debe analizarse no solo en términos brutos, sino también en función del ingreso neto efectivamente recibido por la persona pensionada. Por ello, advierte que una eventual contribución al Seguro de Salud tendría un impacto directo sobre el monto final de la pensión, pues reduciría la tasa de reemplazo neta en aproximadamente cinco puntos porcentuales, afectando de manera especial a quienes dependen casi exclusivamente del IVM para cubrir sus necesidades básicas.

La Defensoría también expresa preocupación ante propuestas que impliquen elevar el número de cuotas requeridas sin un diseño proporcional y diferenciado. En un mercado laboral caracterizado por informalidad, trayectorias contributivas fragmentadas, brechas de género y dificultades de inserción laboral formal, aumentar requisitos sin medidas compensatorias podría excluir a personas que han cotizado durante años, pero que no logran completar las condiciones exigidas para acceder a una pensión ordinaria.

En consecuencia, la Defensoría plantea que debe valorarse una pensión proporcional a lo cotizado, de forma que las personas aseguradas que no alcancen la totalidad de cuotas requeridas no queden completamente desprotegidas. Esta alternativa permitiría reconocer el esfuerzo contributivo acumulado, fortalecer la legitimidad del sistema y evitar que la reforma genere nuevas formas de exclusión en la vejez.

La sostenibilidad del IVM no debe construirse debilitando la suficiencia de las pensiones. Una reforma legítima protege el derecho a la seguridad social, amplía la base contributiva, mejora el cobro, fortalece la gobernanza y garantiza que las cargas se distribuyan con justicia. La Defensoría no acompaña medidas que reduzcan la protección efectiva de las personas pensionadas ni de quienes están próximas a pensionarse”, señaló.

La Defensoría de los Habitantes planteó estas objeciones en las diferentes reuniones del Equipo Técnico que acompañó a la Gerencia de Pensiones en la elaboración de la propuesta a la Junta Directiva de la CCSS; por tal motivo remitirá una posición técnica con alternativas centrales para atender la situación del IVM desde una perspectiva de derechos humanos y sostenibilidad social.

Entre los aspectos que aborda el documento técnico, que remitirá la Defensoría, se plantea que el problema del IVM no puede analizarse aisladamente de la informalidad laboral, las brechas de género, la baja densidad contributiva, las deudas con la seguridad social, las debilidades de cobro y la necesidad de mejorar la gestión institucional. Por ello, propone una ruta integral basada en ampliación de cobertura, formalización laboral, recuperación de obligaciones, transparencia, financiamiento solidario y mejor administración de las reservas.

La Defensoría considera que la discusión nacional sobre el IVM debe partir de información actuarial actualizada, análisis de sensibilidad, valoración de impactos por género, edad, ingreso, ocupación y condición laboral, así como de una deliberación pública transparente. La Defensoría advierte que adoptar medidas regresivas sin agotar alternativas menos gravosas podría debilitar la confianza ciudadana, incentivar la informalidad y afectar la legitimidad del sistema.

La Defensoría reiteró que el IVM constituye el principal régimen contributivo de pensiones del país y que su fortalecimiento es indispensable para proteger la vejez, la invalidez y la sobrevivencia. Sin embargo, insistió en que la sostenibilidad financiera debe armonizarse con la suficiencia de las prestaciones, el principio de solidaridad y la obligación del Estado de garantizar progresivamente el derecho a la seguridad social.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Movimiento “La Caja es Nuestra” lanza campaña permanente de denuncia y alerta sobre propuestas en la CCSS

El movimiento ciudadano “La Caja es Nuestra” anunció el inicio de una campaña permanente de denuncia sobre el proceso de debilitamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con el objetivo de vigilar y visibilizar decisiones que, según señalan, afectan el carácter solidario y universal de la institución.

La iniciativa contempla la difusión de cápsulas informativas tres veces por semana, que serán distribuidas por WhatsApp y otros medios, con el fin de que la ciudadanía las comparta y contribuya a fortalecer una red de información y acción en defensa de la seguridad social.

Como parte de esta campaña, el movimiento denuncia que la Junta Directiva de la CCSS estaría valorando medidas para que las personas pensionadas del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) deban aportar un 5% de su pensión para financiar su seguro de salud, lo que consideran una afectación directa a este sector.

Desde el movimiento se hace un llamado a construir un proceso organizativo de base local, que permita no solo resistir medidas que perciben como regresivas, sino también impulsar propuestas para el fortalecimiento y mejora continua de la institución.

Antecedentes y contexto

En los últimos años, la CCSS ha sido escenario de debates intensos en torno a la sostenibilidad financiera de sus regímenes, especialmente el IVM, así como sobre reformas que han generado preocupación en distintos sectores sociales, sindicales y académicos.

Entre los temas recurrentes se encuentran propuestas de ajuste que incluyen cambios en edades de retiro, montos de pensiones y esquemas de contribución, lo que ha motivado pronunciamientos y movilizaciones en defensa del modelo solidario de la seguridad social.

Diversas organizaciones han advertido sobre el riesgo de transformaciones que podrían debilitar el carácter público, universal y solidario de la Caja, mientras que autoridades han planteado la necesidad de reformas para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

En este contexto, la campaña de “La Caja es Nuestra” busca incidir en la opinión pública y promover la participación ciudadana informada, con el fin de resguardar una de las instituciones centrales del Estado social de derecho.

Actuario solicita información a la CCSS y cuestiona calidad de datos del régimen de pensiones IVM

Un oficio remitido por el actuario matemático Rodrigo Arias López a la Gerencia de Pensiones y a la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) plantea cuestionamientos sobre la calidad y consistencia de la información entregada sobre el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), en un contexto en el que se discuten posibles reformas a este sistema.

La solicitud se produce en momentos en que distintos sectores han señalado la intención de impulsar nuevas modificaciones al IVM, incluyendo eventuales cambios en la edad de retiro, ajustes en los montos de pensión y otras medidas que impactarían a la población asegurada y pensionada, como poner a cotizar a las personas pensionados, esto, “habiendo transcurrido tan solo dos años de la última reforma que hizo sin escuchar a los sectores sociales”. En ese marco, el actuario solicita información depurada de la planilla de pensiones de IVM de diciembre de 2025 y conforme a la normativa vigente, así como la intervención de la Auditoría Interna ante posibles inconsistencias detectadas en los datos suministrados.

A continuación, el texto íntegro del oficio:

RAL-002-2026
1° de mayo de 2026

Señor Jaime Barrantes Espinoza, Gerente
Gerencia de Pensiones de la CCSS
Señor Olger Sánchez Carrillo, Auditor Interno
Auditoría Interna de la CCSS

Asunto: Solicitud de información de interés público e investigación

Estimados señores:

De conformidad con el artículo 30 de la Constitución Política, el artículo 7 de la Ley 8422, la Ley de Regulación del Derecho de Petición y los artículos 5 y 7 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, solicito lo siguiente.

Considerando

Primero. Con mi oficio RAL-001-2026 de fecha 27 de marzo de 2026 solicité la planilla de pensionados del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) con corte al 31 de diciembre de 2025.

Segundo. Con el oficio GP-DAP-0xx-2026 (Sic) del 21 de abril del 2026 suscrito por el Ing. Ubaldo Carrillo Cubillo, director de la Dirección de Administración de Pensiones, me suministraron un archivo en formato Excel con 394.828 registros o pensiones y las variables solicitadas; no obstante, una vez revisado se encontró lo siguiente:

A) A pesar de que todas las pensiones entregadas tienen fecha de vigencia anterior al 1° de enero de 2026, aparecen 114.501 pensiones de beneficiarios y 155.654 pensiones de causantes con un monto de pensión igual a ₡162.295,5 el cual, según su oficio GP-0607-2026 del 09 de marzo de 2026, corresponde al monto de la pensión mínima que se canceló en el mes de febrero de 2026. En ese oficio usted informa que el monto de la pensión mínima de IVM vigente en diciembre de 2025 fue ₡159.692. Esto nos indica que posiblemente todos los montos de las pensiones de beneficiarios y de causantes que me entregaron con el oficio GP-DAP-0xx-2026, no corresponden a los montos vigentes al 31 de diciembre de 2025. En otras palabras, que el archivo entregado no corresponde a la planilla del 31 de diciembre de 2025, contrario a lo solicitado en mi oficio DAL-001-2026.

B) En adición, en el archivo aparecen 4.244 pensiones de beneficiarios que tienen un monto de pensión igual a cero, de las cuales 2.948 son de invalidez y vejez, que deberían tener una pensión igual al monto de pensión del causante y los 1.296 restantes son por muerte. Esto nos crea dudas sobre la calidad de la información; en particular, si los montos de pensión de los causantes y beneficiarios están correctos o tienen errores.

C) Las pensiones del riesgo de muerte se agruparon según el ID del causante, se sumaron las pensiones de los beneficiarios del causante y el resultado se dividió por el monto de la pensión del causante, a lo cual se le llamó la participación del núcleo familiar. Como el beneficio mínimo que concede el Reglamento de IVM es un 20% del monto de la pensión del causante, cuando un causante tiene 5 o más beneficiarios, la participación del núcleo familiar no puede ser menos del 100%, si son cuatro beneficiarios, la participación no puede ser inferior al 80% y así sucesivamente. Por otro lado, si solo hay un beneficiario, la participación no puede ser superior al 70%. Se encontraron 78 núcleos familiares cuya participación es inferior a la indicada por el Reglamento de IVM; 2.050 viudas(os) que son beneficiarios únicos con más de un 70% de participación y 17 núcleos familiares con más de un 100% de participación. También se encontraron bastantes casos de viudez, que siendo beneficiarios únicos están recibiendo menos de los porcentajes indicados en el reglamento según su edad (50% para menos de 50 años, 60% de 50 a 59 años y 70% de 60 años o más). Esto quiere decir que los datos de los montos de las pensiones del causante y/o del beneficiario del archivo entregado están incorrectos o que no se está respetando lo ordenado en el artículo 27 del Reglamento de IVM.

D) Finalmente, se determinó que en el riesgo de muerte la fecha de nacimiento y el sexo de los causantes (que están ya fallecidos), coinciden con la fecha de nacimiento y el sexo de los beneficiarios (que están vivos), lo que significa con una alta probabilidad que no me entregaron la fecha de nacimiento ni el sexo de los causantes (fallecidos), sino que repitieron los datos de los beneficiarios.

Petición

Primero. Solicito al Sr. Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones, la entrega de la planilla de IVM con corte al 31 de diciembre de 2026 conforme a lo solicitado en mi oficio DAL-001-2026 del 27 de marzo de 2026, con la depuración de la información correspondiente, según lo indicado en las consideraciones de este oficio.

Segundo. Pido al Sr. Olger Sánchez Carrillo, Auditor interno de la CCSS, que investigue la calidad de la información que entregan las jefaturas de la CCSS y que almacenan en los sistemas de información de IVM, que revise que se esté cumpliendo con lo ordenado en el artículo 27 del Reglamento de IVM y tome las medidas pertinentes; no es la primera vez que lo solicito.

Atentamente,
Rodrigo Arias López

En la nota el actuario Arias López consigna su dirección de correo-e para que se le envíe toda la información solicitada.

FRENASS convoca a marchar este 1° de mayo: “La Caja no se vende, la Caja se defiende”

El Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) llamó a la ciudadanía a movilizarse este 1° de mayo, Día Internacional de las Personas Trabajadoras, en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y de las conquistas históricas del sistema público de seguridad social. La convocatoria está programada para las 9:00 a.m. en el Parque de La Merced, en San José.

Con la consigna “La Caja no se vende, la Caja se defiende”, la organización sostiene que cada primero de mayo existen razones vigentes para salir a las calles a proteger derechos laborales, servicios públicos y garantías sociales construidas por décadas de lucha popular.

FRENASS ha mantenido una participación constante en debates nacionales vinculados al financiamiento, fortalecimiento institucional y autonomía de la CCSS. En pronunciamientos anteriores, el movimiento ha advertido sobre riesgos de privatización, debilitamiento presupuestario, tercerización de servicios y decisiones que podrían afectar la cobertura universal de salud y pensiones.

Defensa de la seguridad social

Para la organización, la Caja representa uno de los pilares más importantes del modelo solidario costarricense, al garantizar atención médica, pensiones y protección social para amplios sectores de la población.

El llamado de este año enlaza la conmemoración del Día Internacional de las Personas Trabajadoras con la defensa del sistema de seguridad social pública, en un contexto marcado por discusiones sobre sostenibilidad financiera, listas de espera, condiciones laborales del personal y rumbo institucional.

Jornada del 1° de Mayo

La movilización propuesta por FRENASS invita a personas trabajadoras, pensionadas, sindicatos, organizaciones sociales y ciudadanía en general a participar en una jornada de reivindicación social y defensa de lo público.

El mensaje difundido por la organización resume su convocatoria con una consigna central: proteger la Caja como patrimonio social del país y mantener viva la lucha por la seguridad social universal.

Datos de la convocatoria

  • Fecha: 1° de mayo de 2026

  • Hora: 9:00 a.m.

  • Lugar: Parque de La Merced

  • Convoca: Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS)

Movimiento Magisterial denuncia aumento salarial “discriminatorio” y advierte impacto en futuras pensiones

ACOJUPEMA y el Movimiento Magisterial por una Pensión Digna calificaron como una “burla más” el ajuste salarial establecido mediante el Decreto Ejecutivo N.° 45515-H-PLAN, al considerar que excluye a una gran parte del personal del sector público, especialmente a personas trabajadoras con mayor antigüedad en el régimen de salario compuesto. La agrupación sostiene que la medida profundiza desigualdades laborales y afectará directamente el monto de futuras pensiones.

Según el pronunciamiento, el decreto —emitido el 3 de marzo de 2026 y vigente desde el 1.º de abril— establece un incremento general de ₡10.000 al salario base, pero únicamente para escalas salariales entre ₡514.000 y ₡534.000, aplicable además a determinados esquemas salariales y no a quienes permanecen bajo salario compuesto con bases superiores.

Las organizaciones señalan que una parte importante del magisterio con categorías como PT6, MT6 y VT6 mantiene salarios base cercanos a los ₡600.000, monto que no recibiría el ajuste. Denuncian que esto ocurre tras seis años de congelamiento salarial, mientras continúan soportando deducciones obligatorias y aumento del costo de vida.

Impacto en jubilaciones futuras

Uno de los principales reclamos del grupo es que el congelamiento salarial no solo afecta ingresos actuales, sino también las futuras pensiones. Explican que en el régimen de Capitalización Colectiva, muchas personas se pensionarán con alrededor del 60% del salario base, por lo que una base devaluada reduciría severamente los ingresos al jubilarse.

La organización afirma que se está creando una división entre personas trabajadoras antiguas y nuevas, al coexistir esquemas salariales distintos que benefician a ciertos sectores mientras castigan a quienes permanecen bajo condiciones anteriores.

Llamado a revisar política salarial

El Movimiento Magisterial por una Pensión Digna y ACOJUPEMA cuestionan que personal con amplia trayectoria deba recurrir a recargos laborales adicionales para enfrentar deudas y gastos de salud, pese a años de servicio público. Por ello, demanda revisar la política salarial del sector público y adoptar medidas que garanticen justicia para personas trabajadoras activas y futuras jubiladas.

Esta es la tabla que muestra el ajuste: