La Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional y el Movimiento Magisterial por una Pensión Digna enviaron una carta funcionarios de la Superintendencia de Pensiones, en la cual solicitan hacer pública la información recabada en la matriz, generada por todos los participantes durante el proceso de la Mesa de Diálogo Social promovida por SUPEN, la cual se realizó durante los meses de julio a diciembre del 2024.
Para la solicitud las organizaciones se basan en los artículos de la Constitución Políticas que tutelan la participación ciudadana, la rendición de cuentas. Asimismo, se indica en la nota otros artículos de la Carta Magna que respaldan a las organizaciones que presentan el documento.
Le invitamos a leer el documento.
3 de febrero del 2025
Señores Adrián Pacheco Umaña, Intendente Mauricio Soto Rodríguez, Director de División Superintendencia de Pensiones
Presente
Estimados señores:
La Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional y el Movimiento Magisterial por una Pensión Digna, en cumplimiento del mandato constitucional establecido en los artículos 9 sobre la participación ciudadana en la toma de decisiones en las políticas públicas y el artículo 11 sobre la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y la evaluación de los resultados, requerimos que en aras de la transparencia y porque así lo demanda nuestra Constitución Política, se haga pública la información recabada en la matriz, generada por todos los participantes durante el proceso de la Mesa de Diálogo Social promovida por SUPEN, la cual se realizó durante los meses de julio a diciembre del 2024.
Nuestra organización tuvo una participación activa desde el momento que se nos permitió ingresar a la mesa como ciudadanos, cotizantes, jubilados y pensionados, parte sumamente interesada en el proceso que se estaba llevando a cabo por ser los propietarios de los fondos de pensiones, por lo que presentamos una propuesta construida dentro del marco constitucional y los derechos humanos inalienables, con la característica de ser cuantificable y contando con la asesoría de especialistas en economía, sociología, derecho y administración pública.
De tal manera que, siendo los legítimos dueños de los fondos que administra JUPEMA y supervisa SUPEN estamos muy preocupados de que no se haya “presentado al país”, tal y como anunciaron a lo largo de las reuniones, el resultado del supra citado proceso sobre todas las propuestas presentadas para que tengamos la posibilidad, como propietarios de los fondos, de hacer la evaluación respectiva sobre esos resultados, según se establece en el artículo 11 de nuestra Carta Magna.
Les reiteramos que los fondos de pensiones son propiedad privada, pertenecen a los cotizantes, jubilados y pensionados, no se pueden tomar decisiones sin consultar a los legítimos dueños de los mismos. De tal manera, que cualquier decisión que se haya tomado sin consultar y ni siquiera comunicar pierde totalmente legitimidad y es inconstitucional (art. 45 C.P.).
No omitimos manifestar que la metodología empleada en dicha Mesa de Diálogo Social fue creada al margen de la Constitución Política, es antidemocrática y falta de transparencia, tan es así que en realidad no hubo un espacio de discusión para poder afirmar que había debate de ideas, y muy poco espacio para hacer preguntas. Por lo que no se permitía el disenso, pero tampoco hubo consensos.
No existió una grabación de lo que allí se presentó, ni una minuta que reflejara todo lo que se trató, pues era responsabilidad de cada participante el grabar sus intervenciones y enviarlas entrecomilladas para que se publicara en la misma. Esta metodología coartó totalmente el derecho a recibir la información de lo que se dijo de manera textual y el derecho a votar y ser votado. Esto hace que no tenga validez ni legitimidad todo el proceso.
Es excluyente y discriminatoria (art.33 C.P.) porque no todos los participantes fueron tratados como miembros de la mesa, sino que algunos fuimos relegados a un panel de observadores, siendo parte totalmente interesada por ser los propietarios del patrimonio sobre el cual se está decidiendo.
En dicha metodología no había congruencia ni con el mandato constitucional ni con lo estipulado por los ODS de la Agenda 2030, tampoco con lo que se habló desde un inicio sobre la inclusión de los diferentes actores, más bien parece que lo que prevalecía era la afinidad hacia ciertos intereses particulares que excluiría a todos aquellos que no coincidieran en la forma de cómo se están manejando los fondos para beneficiar a terceros.
Por otro lado, igual de grave, es que no se haya presentado en enero ante “el país”, como lo afirmaron y lo plasmaron en la sección de Diálogo Social de la página de SUPEN, el resultado final de dicha mesa, la cual consumió recursos que pagamos todos los trabajadores por medio de las instituciones que administran los fondos. Esto es una violación a los derechos de todos trabajadores que cotizan para los diferentes regímenes y un irrespeto total al mandato constitucional.
Por tanto, requerimos que sean presentados de manera pública y a la brevedad posible, los resultados y las métricas empleadas para evaluar las propuestas presentadas durante el proceso de la Mesa de Diálogo realizada en SUPEN, así como el nivel de cumplimiento de los objetivos para los cual se creó ésta.
Quedamos a la espera de una pronta respuesta según el plazo establecido por la normativa
Cuando concluya su mandato el presidente Rodrigo Chaves recibirá una pensión de lujo de expresidentes por un monto de ¢3.907.000, cerca de 4 millones, sin haber cotizado para ella.
Cuando le preguntaron al presidente Chaves si renunciaría a la misma, contestó con evasivas para el final decir que esa pensión era irrenunciable. Sea, que a ninguna pensión se puede renunciar.
Es posible que el presidente tenga razón por aquello de los derechos adquiridos, situaciones jurídicas consolidadas e irrectroactividad de la ley.
Pero vean qué interesante compatriotas, como dice un abogado.
El presidente Chaves presenta un proyecto de ley para eliminar las pensiones de lujo, pero no incluye en ellas las pensiones de los expresidentes.
Y más interesante aún.
Las pensiones de lujo de los actuales expresidentes no pueden ser eliminadas y menos se puede renunciar a ellas, como dice Chaves, porque fueron otorgadas conforme a leyes anteriores. Pero las pensiones futuras de los futuros expresidentes (de aquí para adelante) sí pueden ser eliminadas porque no tendrían carácter retroactivo. En otras palabras, la pensión de Rodrigo Chaves como futuro expresidente sí puede eliminarse y en este caso no recibiría la pensión. Pero no lo propone. En estas circunstancias no tendría que renunciar a la pensión de lujo, sino que sencillamente no tiene derecho a ella por disposición de la ley.
En el proyecto de ley tan publicitado contra las pensiones de lujo no propone la eliminación de las pensiones de lujo de los expresidentes sencillamente porque eso lo perjudica personalmente.
Es evidente la doble moral de Rodrigo Chaves. Vocifera contra las pensiones de lujo de otros, pero se beneficia de ellas.
Escribí en el artículo anterior en torno a lo que consideré han sido algunos de los principales gazapos gubernamentales en la educación.
Hoy escribiré sobre otros gazapos de acuerdo con mi investigación realizada principalmente en periódicos nacionales. El recuento de los yerros del gobierno comprende fundamentalmente el año 2024 y lo que llevamos del 2025. Algunos de los problemas detectados en este gobierno, pueden tener raíces que se extienden a los años 2022 y 2023. No me he propuesto ser exhaustivo en el señalamiento de los errores, sino que he entresacado algunos de los más álgidos problemas.
Otros gazapos encontrados principalmente en tema social, institucional, en infraestructura, seguridad y pensiones.
En el tema de las pensiones del régimen no contributivo (RNC), que atiende a adultos mayores en situación de pobreza, he hallado una situación espeluznante: de acuerdo con la información periodística, son preocupantes dos problemas relevantes atinentes ambos a la negligencia gubernamental para cubrir el fondo de pensiones del RNC. El titular de la noticia que vamos a comentar dice: “Fondo de pensiones para pobres registra la mayor pérdida en última década”
1.La primera tiene que ver con el déficit acumulado hasta octubre del 2024, por un monto de 43.165 millones de colones. Situación que se pudo haber traducido en un problema social pues atenta contra una población altamente vulnerable desde el punto de vista social y económico. El déficit del 2024 es casi tres veces mayor que la pérdida de 14. 951 millones registrada en plena pandemia en el año 2021. ¿Cuál es la responsabilidad gubernamental? Obedece a que los ingresos financiados en su totalidad por el gobierno no fueron suficientes para cubrir los gastos del régimen. El gerente de pensiones del régimen declaró a la prensa el 10 de diciembre del 2024 que, a los poco más de 150.000 pensionados no se les retrasó el pago, gracias a la provisión previa cubierta por el fondo (no por el gobierno); en 2022 y 2023, el gerente del RNC declaró que tuvieron que echar mano de recursos excepcionales para cubrir el fondo no financiado por el Gobierno, pero que sí es de su resorte. Imaginemos lo que habría ocurrido si esas provisiones del fondo no hubiesen existido por parte del RNC. (Cfr. O. Rodríguez A. La Nación. 10.12.2024).
2.El mismo gerente de pensiones advierte en el artículo citado que en el 2025, el problema luce más grave todavía, porque no se cuenta con las provisiones a las que se echó mano anteriormente. O sea, ese “colchón” con el que se contó, no existe para el 2025, debiendo enfrentarse un faltante de 18.618 millones de colones. De no presupuestarse por parte de Hacienda esos recursos faltantes, la pensión de estos jubilados de muy escasos recursos disminuirían ostensiblemente. (Ibidem). Además, no se podría entregar recursos a 5.000 nuevas personas que estarían ingresando al Régimen. (“Estimaciones de transferencias del Gobierno Central a la CCSS para el período 2025, según Dirección Actuarial de la institución.). El matutino consultó a Nogui Acosta si el Poder Ejecutivo aportaría los recursos adicionales, pero a esa fecha no se había recibido respuesta.
Otros gazapos.
Aparte de lo anterior, debe saberse que la Contraloría General de la República señaló que, se ha convertido en una práctica reiterada de parte del gobierno, no presupuestar los recursos indispensables; por ello la presupuestación enviada a la Asamblea Legislativa es más baja que los seguros sociales administrados por la CCSS. (Ibid).
Diez días después, La Nación publica un editorial en el cual señala que, “El Gobierno abandona el diálogo sobre pensiones”. Se trata de una mesa de diálogo convocada por la Superintendencia de Pensiones (Supén), destinada a enfrentar la crisis del sistema de pensiones IVM (el mayor régimen de pensiones del país). Desde el mes de octubre, afirma el editorial, el presidente de la República había dejado entrever que se abandonaría la mesa de diálogo, ya que se negó a presentar alguna iniciativa conducente a reformar el régimen de Invalidez Vejez y Muerte. Es decir, renunció a “comprarse la bronca” de un problema muy serio que, se agigantará con el paso de los años. Todo ello ha ocurrido a pesar de que, como se sabe existen más de 200.000 costarricenses que no cuentan con ningún ingreso. Son por ende dependientes de sus familias, la mayoría en estado de pobreza o inclusive en pobreza extrema. Muchos deben emprender trabajos adicionales después de la edad de retiro, para lograr subsistir.
La lógica del gobierno parece ser la de beneficiar en cambio a grupos privilegiados.
El 15 de noviembre del 2024, aparece una crónica en el diario La Nación titulada así: “Vicepresidente Brunner admite que negoció con INS póliza para gabinete”. (Cfr. R. Bolaños V. La Nación, 15.11.2024.) La póliza que se contrataría tiene un costo de 248.391.706 colones. Cubriría a 65 jerarcas, entre ellos al presidente, los vicepresidentes, ministros del gobierno y otros jerarcas que, quedarían cubiertos por “…gastos de indemnización, enjuiciamientos, multas, sanciones civiles, costas legales, fianzas y hasta los gastos para proteger su reputación y costear asesorías de relaciones públicas. Incluso, el seguro cubre sanciones impuestas por violaciones ambientales y los costos relacionados con procesos de extradición.” (Ibidem).
La Contraloría General de la República aclaró en CRHoy.com que, el artículo 13 de la ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos ordena que “todo encargado de recaudar, de custodiar o administrar fondos y valores públicos deberá rendir garantías con cargo a su propio peculio”. (Ibid.) Quedó claro que es el patrimonio personal del funcionario el que debe responder ante obligaciones de tipo pecuniario.
Es evidente que la lógica de los altos funcionarios de esta administración es retorcida, endeble cuando se trata de atender las perentorias necesidades de las personas más vulnerables de la sociedad, como quedó explicado supra; en cambio, actúan con “manga ancha” y pretendiendo “servirse con cuchara grande”, para favorecer los intereses de grupos privilegiados de la sociedad, como es este caso. En particular este gazapo, causó mucha desazón y asombro en amplios sectores de nuestra sociedad.
Populismo demagógico del presidente Chaves con damnificados.
Algo de lo más cruel de parte del presidente de los costarricenses, es pretender jugar con la ingenuidad de personas damnificadas por las lluvias torrenciales que cayeron sobre nuestro país en octubre, y sobre todo en noviembre y hasta en diciembre del año recién pasado.
Un titular del diario La Nación, del 10 de noviembre del 2024 dice: “Chaves mintió a damnificados para desprestigiar a diputados”. El presidente, reza un subtítulo, les dijo a las personas a las que les entregaba comida: “los legisladores se oponen a la entrega de comida”. Esto fue calificado por los diputados como un “discurso cruel y falto de vergüenza”; al presidente lo calificaron como “el más mentiroso” (Cfr. Oviedo, E. y Sequeira, A. La Nación. 10.11.2024. p.8).
El artículo de los periodistas también reseña que el presidente en un video propagandístico le dijo a un damnificado: “¿A usted le gustaría que nosotros botáramos esto al río?”, a lo que el hombre le respondió: “Por nada en la vida”. Y luego el mandatario continuó en el spot publicitario: “Usted sabe que hay diputados de la República de Costa Rica diciendo: No le dé a la gente de Coto estas cosas porque…, diay, ¿imagínese el tipo de ocurrencias?”. El presidente continuó con otras falsedades por el estilo. Diputados de diversas fracciones se expresaron con vehemencia diciendo que Chaves en realidad había pretendido jugar con el dolor de gente menesterosa de nuestro país haciendo politiquería. A continuación, relatan los periodistas que, los diputados exigieron al mandatario que dirigiese la atención de la emergencia, respetando la dignidad humana sin hacer politiquería. (Idem).
Este es un ejemplo que deja pasmado a más de uno, pues en Costa Rica, aunque los políticos han hecho demagogia muchas veces para acceder a la presidencia de la República, una vez que ascienden al solio presidencial es infrecuente encontrar a un presidente haciendo gala de una demagogia tan mentirosa para pretender glorificarse. Más grave aún cuando es patente que el mandatario no acudió a las zonas del desastre hasta 10 días después de que habían ocurrido los desastres, como también lo señalan los periodistas Sequeira y Oviedo. Triste para nuestro país tener un presidente que merced a sus actuaciones y decires, se haya granjeado el apelativo de mentiroso.
Vean los reiterados yerros del gobierno.
La deuda del gobierno con la Caja Costarricense del Seguro Social asciende a cuatro billones de colones. ¿Podrá alguno de ustedes imaginar siquiera ese monto? El 83% de ese monto (3.3 billones de colones) corresponden a las obligaciones del gobierno con el seguro de salud, y maternidad; el 17% restante (689.000 millones), son los que tienen que ver con el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). ¿Saben ustedes a qué corresponde el mayor rubro de la deuda del Estado con la CCSS? Nada más y nada menos que al impago de las cuotas del Estado en favor de los asalariados, así como los aportes complementarios para el seguro voluntario, trabajadores independientes, población de centros penales y trabajadores en convenios especiales: esta información de puede encontrar en: (Cfr. Sequeira, Aarón. “Deuda del Gobierno con la CCSS sube a 4 billones de colones”. La Nación, 15.11,2024. P.5)
Son demasiados errores y gazapos para ser casualidad. Cabe pensar que tantos gazapos son el producto de un gobierno que no tiene rumbo, no quiere asumir las responsabilidades que le competen al Gobierno central, hace demagogia con el pueblo menesteroso tratando de manipularlo con falsedades y engaños, pero beneficia a grupos privilegiados, como ha quedado demostrado en este artículo, en los anteriores y lo evidenciaremos en el siguiente.
Lo peor que le puede pasar a un proyecto de ley es que se formule sin una evaluación de impacto. Eso le pasó al proyecto presentado el 22 de enero por el gobierno en torno a las pensiones de los regímenes con cargo al Presupuesto (Expediente legislativo número 24.786). Aquí me referiré a la parte relativa al régimen de reparto del Magisterio Nacional (RTR). La propuesta que contiene el proyecto sobre el RTR no logra el objetivo planteado que es reducir a un mínimo las pensiones llamadas de lujo. Por el contrario, con este proyecto las pensiones altas, superiores a 4 millones de colones, seguirán siendo altas. Tamaño problema: se presenta un proyecto para bajar las “pensiones de lujo” y termina reproduciéndolas. Improvisación y desconocimiento de la forma de funcionamiento de los regímenes con cargo al Presupuesto.
El proyecto se basa en un supuesto estudio actuarial. Sin embargo, un estudio actuarial es un cálculo de ingresos vs costos de un sistema de pensiones. Eso no se puede hacer en el RTR. Por una sencilla razón: el Estado nunca cumplió su obligación de patrono y de Estado aportando las cuotas al RTR. Desde 1958 el Estado no le ha aportado nada al RTR. Los únicos que cotizaron en los primeros años fueron los docentes. Y los recursos que se acumularon en ese período fueron captados por el Gobierno Central y destinados a otras cosas, incumpliendo lo establecido en el artículo 73 de la Constitución de la República. Hoy el Gobierno Central paga las pensiones del RTR con recursos de la caja única y un aporte que dan los jubilados. Pero, como es de esperar, el déficit se produce por la falta de recursos ante el incumplimiento del Estado de pagar sus obligaciones durante más de 60 años. En tales condiciones un estudio actuarial es imposible de realizar: no hay ingresos históricos, ni ingresos futuros. Lo único que se puede realizar es una simulación de gastos de unas tres o cuatro décadas, que es lo que durará el RTR hasta que muera el último pensionado, porque el régimen está cerrado desde hace más de 30 años. Así que se puede hacer cualquier simulación y llamarlo estudio actuarial, pero no es un estudio actuarial.
Cuando decimos que el proyecto se formuló sin un estudio de impacto es en relación con la falta de cálculo de lo que pasaría con los diferentes niveles de pensión ante la aplicación del proyecto de ley. Por eso, a continuación, presentamos ese estudio de impacto, realizado con un modelo de simulación que hemos desarrollado en los últimos cinco años, ante los ataques sistemáticos que ha recibido el RTR. Usamos la versión CalculoPensionNeta_V9_50_2025. El modelo tiene un 100% de precisión, probado con la aplicación que han hecho una cantidad importante de jubilados del RTR. Tal simulación calcula las deducciones que se le aplican a cualquier pensión del RTR y con base en eso determina la pensión neta que le llega a cada jubilado. Las deducciones son el pago del impuesto sobre la renta y los aportes que se hacen al régimen con base en los artículos 70 y 71 de la ley 7531 que regula la materia. Además, el jubilado debe pagar el seguro de salud de la CCSS, un cargo administrativo a JUPEMA y una póliza de vida. Por ejemplo, una pensión bruta (es decir, sin deducciones) de 4 millones de colones paga 1,8 millones por deducciones; es decir, el 45% de la pensión bruta. Por lo tanto, al jubilado le queda una pensión neta de 2,2 millones.
La inconsistencia del tope del proyecto de ley
Los componentes del proyecto de ley mencionado son los siguientes:
Se aplicará un tope a todas las pensiones del RTR equivalente al tope de las pensiones del IVM de la CCSS. Hoy dicho tope equivale a 1.765.859 colones. Existe la posibilidad de aumentar moderadamente tal tope si el jubilado postergó el momento de su retiro.
El tope se aplicará a la pensión neta, es decir a la pensión bruta menos las deducciones mencionadas antes. A esto se le puede llamar pensión neta sin tope IVM.
La aplicación del tope está sujeta al cumplimiento de una excepción: la pensión neta con el tope IVM no puede ser menor al 40% de la pensión bruta. Es decir, si al aplicar el tope del IVM a la pensión neta ésta queda en un monto inferior a ese 40%, no se aplica el tope del IVM para que al jubilado siempre le llegue al menos un 40% de su pensión bruta. Esto es una interpretación particular del convenio 102 de la OIT, suscrito por el país. No es claro si tal parámetro se deriva del convenio 102. Actualmente, por disposiciones de la Sala IV, se aplica otro parámetro que limita las deducciones que debe pagar el jubilado al 50% de la pensión bruta. Para definir ese parámetro, la Sala IV también invocó el convenio 102, lo que tampoco es claro si es posible a partir del convenio. Se asume que lo definido por el proyecto de ley mantiene este último parámetro establecido por la Sala IV. Pero, si el proyecto de ley aplica ambos parámetros, supuestamente derivados del convenio 102, estaríamos ante un ornitorrinco jurídico de proporciones mayúsculas, que podría provocar un caos de interpretación legal. El modelo de simulación asume que se aplica dicho ornitorrinco porque se interpreta que el proyecto de ley lo dispone así.
Usando el modelo de simulación mencionado antes, calculamos el impacto en diversos niveles de pensión bruta del RTR. El siguiente gráfico y la tabla muestran los resultados de la simulación.
El gráfico presenta la pensión neta sin tope IVM para diferentes niveles de pensión bruta que van desde 2 millones hasta 15 millones. Se traza mediante una línea negra. Como mencionamos, esta pensión es el resultado de restarle a la pensión bruta todas las deducciones citadas.
Si le aplicamos el tope del IVM a la pensión neta aparece la pensión neta con tope IVM, que se dibuja mediante una línea roja.
Se observa en el gráfico que, en el rango de pensiones que va de 2 a 4 millones de colones, efectivamente el tope limita el monto de la pensión neta. La línea negra está encima de la línea roja. Es decir, el jubilado recibirá una pensión neta más baja comparándola con el monto que recibiría sin el tope IVM. Sin embargo, después de 4 millones el tope pierde efectividad. La regla de mantener el 40% de la pensión bruta protege a las pensiones más altas. La línea roja sigue debajo de la línea negra, pero sin freno. Es decir, el tope deja de funcionar, por lo que la pensión neta aumenta sin control. Es cierto, que la pensión neta con tope IVM baja un poco en relación con la pensión neta sin dicho tope; pero, los niveles que provocaría el proyecto de ley son muy altos. No hay control de las “pensiones de lujo” que siguen aumentando a niveles desproporcionados. Por ejemplo, si una pensión bruta de 7 millones se limita por el tope IVM, que es de 1,7 millones, quedaría abajo del mínimo del 40% respecto a la pensión bruta, que sería de 2,8 millones. Por lo tanto, el tope IVM no se aplica y obtiene 2,8 millones, lo que es sustancialmente diferente al tope de 1,7 millones del IVM. Conforme el monto de la pensión bruta aumente, la línea roja seguirá creciendo sin límite, lo que indica que el mínimo del 40% permite a los jubilados con pensiones altas disponer de una pensión neta final bastante alta. En términos del populismo usado para analizar este tema, resulta que el proyecto ley no frena las “pensiones de lujo”, cuando se supone que busca lo contrario. Un jubilado con 10 millones de pensión bruta va a recibir 4 millones de pensión neta, debido a la protección del mínimo del 40% de la pensión bruta. Otro jubilado con 15 millones de pensión bruta recibirá 6 millones de colones como pensión neta final, por la misma razón.
En pocas palabras, el tope del proyecto de ley no sirve para detener las “pensiones de lujo”, por el contrario, las fortalece. Por eso, el gráfico traza la línea roja de la pensión neta con tope IVM como una línea discontinua, a partir de 4 millones de pensión bruta, ya que, en la práctica, no funcionará.
Además, el gráfico revela que se trata de un proyecto de ley regresivo. Reduce la pensión neta de las pensiones brutas menores de 4 millones. Pero aumenta considerablemente la pensión neta de las pensiones brutas más altas. El proyecto les quita pensión a las pensiones bajas y les da más pensión a las altas.
Además, debe quedar claro que las cláusulas como la de la Sala IV (límite del 50% a las deducciones respecto a la pensión bruta) y la de este proyecto (protección del 40% de la pensión bruta) protegen a las pensiones más altas y dejan sin defensa a las pensiones bajas, menores a 4 millones de colones. Son cláusulas regresivas: cuando se presentan proyectos de ley para limitar las pensiones el efecto queda reducido a las pensiones bajas, mientras las pensiones mayores a 4 millones mantienen un nivel muy alto. En el caso del proyecto de ley del gobierno nada tiene que ver, por ejemplo, una pensión neta de 6 millones de una pensión bruta de 15 millones comparada con el supuesto tope de 1,7 millones.
Conclusión
Este es el lamentable resultado de formular un proyecto de ley sin evaluación de impacto. La comisión legislativa que analice este proyecto debe observar con cuidado estos resultados. Insistir en aplicar el tope IVM, junto a las cláusulas de excepción, no tiene ninguna utilidad. Debe darse una reflexión nacional sobre lo que debe ser un tope razonable, que no puede ser 1,7 millones. Ese parámetro existe en la CCSS por el desequilibrio financiero, pero no tiene nada que ver con las necesidades de un adulto mayor que supera los 65 ó 70 años. Una discusión seria debe generar criterios razonables que establezcan lo que es un mínimo justo para el jubilado, adulto mayor.
Lo expuesto en este artículo es un análisis económico. El proyecto de ley tiene aspectos inconstitucionales graves que deben analizarse desde la perspectiva jurídica, lo que no se ha abordado aquí.
Según la noticia que circula hoy en los diarios, el Gerente de Pensiones de la CCSS don Jaime Barrantes, denuncia que este año tuvieron que tomar 222 mil millones de cólones, ¡casi nada!, correspondientes a los intereses de la reserva de pensiones de la Caja, lo que incrementa la gravedad del régimen de pensiones a cargo de esa institución.
¿Y por qué tuvieron que llegar a esa decisión extrema para pagar las erogaciones de este año? Por una sencilla razón: el ministro de Hacienda no giró, ni un solo céntimo, de las obligaciones que tiene el gobierno con la Caja en este tema. Y de remache, el todo poderoso ministro desde su trono hacendario, también se retiró de la mesa de diálogo sobre pensiones, porque en ella se discutía un proyecto presentado por don Rodrigo Arias y no el que él y el gobierno del autócrata al que sirve como asustado cervatillo guanacasteco, habían presentado. Entonces hizo lo de los güilas malcriados y caprichosos… agarró la bola y se fue para donde Papi, y paró la mejenga, y no digo partido, porque con este gobierno del pichón de autócrata solo hay mejengas, todos contra todos.
Pero lo sucedido es muy grave, sin embargo, ojalá sirva para que acabe con el servilismo mental que todavía consume a muchos compatriotas que apoyan a este desgobierno; pues lo que han puesto en sumo peligro es su salud de hoy y su bienestar de mañana con su pensión. Todo porque el “DesChaves“ presidencial quiere privatizar la CCSS base fundamental del Estado Social de Derecho que también quieren destruir… despierte costarricense, ¿o morirá dormido?
Y Don NOgui, ¿donde dejó usted su conciencia social? No sé si en algún rincón de la cantina familiar allá en Tamarindo o como tasajo seco de cecina al estilo guanaco, en algún potrero de la pampa… pero la insensibilidad, pedantería, altanera e ignorancia de este ministro está matando la sociedad equilibrada y justa que caracterizó a Costa Rica, que si no era perfecta, era mucho mejor que los escombros que nos dejará el chavismo.
ACOJUPEMA ha participado de manera activa en la mesa de diálogo promovida por SUPEN para la transformación del sistema nacional de pensiones.
ACOJUPEMA considera que las propuestas de SUPEN carecen de una visión de justicia social y de fundamento constitucional. Por este motivo ACOJUPEMA ha promovido las alternativas de solución con fundamento constitucional en la transformación del SNP. En este sentido, realizan la invitación a los y las trabajadoras de todo el país a apoyar esta propuesta.
Asimismo, adjudican que el principal problema radica en que no hay participación de los dueños del capital, es decir las personas trabajadoras, esta omisión del artículo 9 de la constitución política ha llevado así a la carencia de políticas públicas adecuadas. Por otro lado, existe una apropiación de los fondos de pensiones indebida que ha generado la deuda estatal en la CCSS, violentando el mismo artículo 73 de la constitución política sobre los fondos públicos.
En este sentido, ACOJUPEMA propone las siguientes tres alternativas de solución: 1) se debe respetar la independencia de los regímenes básicos, 2) generar nuevos recursos sin maltratar las pensiones del IVM, 3) renegociar el pago de los intereses de la deuda pública como elemento clave.
Ante la solicitud de reajuste de pensiones gestionada por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social mediante el documento ACSS-007-2024, la Gerencia de Pensiones de la CCSS emite una respuesta negativa mediante los documentos GP-DAP-0937-2024/GP-1472-2024.
Por un lado la CCSS declara el recurso de apelación sin lugar, en donde se menciona que GP-DAP-0937-2024/GP-1472-2024 y GP-DAP-0996-2024/ GP-1572-2024 se evidencia la realidad financiera que hay en el RNC y por ende “ (…) se adjuntan una serie de oficios que muestran que los recursos trasladados por el Ministerio de Hacienda y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social apenas alcanzan para cumplir con las obligaciones actuales, es decir, para el pago de pensiones y el cumplimiento de las metas. (…)”.
Por otro lado, el Ministerio de Trabajo declara sin lugar el recurso de apelación debido a que las solicitudes planteadas exceden el ámbito del acto administrativo recurrido, es decir, específicamente por improcedencia, inconsistencia e interpretación.
Para más información le invitamos a leer los documentos: 1) Resolución n.° GP-1866-2024 y 2) Resolución RRAPE-MTSS-DMT-42-2024.
Por primera vez en 60 años la Inspección Judicial (máximo órgano de control en la Corte Suprema de Justicia) intervino para que se cumpla la sentencia en firme que le ordenó al Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica (CAyA), crear el fondo de pensiones para profesionales del derecho litigantes, tal y como lo estipula la ley de creación del timbre de ese colegio profesional.
Eso sucedió esta semana tras más de 20 años de un estira y encoje entre las juntas directivas del Colegio, profesionales litigantes, jueces, y fiscales, donde el proceso judicial era llevado de gaveta en gaveta, de despacho en despacho. Esa oficina intervino pidiendo cuentas a la jueza coordinadora del Tribunal Contencioso. Se le piden cuentas por el retraso en ese expediente donde existe sentencia firme en la aprobación de la pensión para quienes son litigantes.
El licenciado Didier Carranza Rodríguez es quien hizo la denuncia ante la Corte Plena y la pasaron a la Inspección Judicial para su trámite inmediato de tres días para que se rinda cuentas de este asunto que es el más viejo de todos los procesos judiciales que están haciendo cola en la Corte para resolverse. El plazo termina el próximo miércoles.
Estos son los hechos mas importantes:
HECHOS.
1.- El 03 de diciembre de 1963 se dictó la ley N° 3245 nominada Creación del Timbre del Colegio de Abogados, que ordenó al Colegio conformar el fondo de pensiones y jubilaciones para sus agremiados. A pesar de ser una obligación de hacer, que la Asamblea Legislativa impuso al CAyA, al amparo de las potestades que para el efecto dispone, y el deber de obediencia como imperativo legal, el fondo nunca fue formado ni implementado.
2.- Casi MEDIO SIGLO después de promulgada la norma, sustentado en lo dispuesto en la Ley N° 3245, el 2 de febrero del 2012 el abogado León Montoya Hernández interpuso demanda contra el Colegio, en la que solicitó el pago de la pensión más los intereses del Fondo, en forma retroactiva al momento en que solicitó el estudio respectivo a la junta del Colegio de Abogadas y Abogados.
3.- La demanda del licenciado Montoya fue declarada con lugar en sentencia N° 426-2013, dictada el 27 de junio de 2013, que ordenó al CAyA INICIAR DE INMEDIATO a partir de la fecha en que adquiriera firmeza la resolución, los trámites y procedimientos necesarios para la implementación del fondo de pensiones y jubilaciones, y se le otorgó el plazo de dos años, debiendo rendir trimestralmente informes sobre el avance de dicha implementación al Juez Ejecutor (las palabras en mayúsculas son del original y fueron destacadas en negrita por la sentencia). Asimismo, se ordenó al CAyA dictar, dentro del plazo de tres meses, el reglamento para aplicar el régimen de pensiones y jubilaciones y conocer la gestión del actor y, en caso de cumplir con los requisitos que debería establecer el reglamento, reconocerle el pago de pensión y sus intereses.
4.- La resolución N 426-2013 adquirió firmeza el 14 de octubre de 2014 con el rechazo de la casación interpuesta por el CAyA, y notificada el 14 de noviembre, por lo que el plazo para dictar el reglamento venció el 14 de febrero del 2015, y el plazo para la implementación, además de los informes trimestrales sobre su avance, venció el 14 de noviembre de 2016.
Sin embargo, hasta la fecha no hubo voluntad de cumplir la sentencia que se estrelló contra los muros de la misma Corte, que nunca le dio seguimiento a que se cumpliera.
Por eso Carranza recurrió a la Corte Plena a interponer la queja y dio como resultado que el asunto pasara a la Inspección Judicial, que actuó de inmediato dando 3 días a la jueza para que rindiera un informe muy detallado de sus actuaciones.
“1. Informar quiénes son las personas técnicas judiciales y el personal profesional de la judicatura encargados de las diligencias en el expediente 12-000629-1027-CA.
Indicar cuál es el plazo de resolución en el proceso de ejecución para este tipo de asuntos.
Aportar copia de la Matriz de indicadores de Gestión del despacho del año 2024.
Además, adjuntar historial de ubicaciones del expediente 12-000629-1027-CA.
Para respaldar el mismo aportará copia digital del expediente 12-000629-1027-CA y la demás prueba que se considere pertinente”.
Los fondos de pensiones son propiedad privada y un derecho humano inalienable. Los trabajadores son los únicos y legítimos dueños de ese capital. A las instituciones se les ha otorgado una autoridad especial de representación, pero no para tomar decisiones inconsultas.
El principio de la propiedad privada es el derecho a la riqueza y yo como persona ciudadana responsable debo custodiarla, para eso el Estado se compromete y pone todo a disposición.
La participación de los dueños de los fondos de pensiones en la toma de decisiones y el principio de propiedad privada tienen un fundamento constitucional: artículos 9, 45 y 50 de la Constitución Política. Así mismo, el artículo 11 de la Carta Magna establece el proceso de rendición de cuentas de los funcionarios públicos.
Pero, hay un incumplimiento de ese mandato constitucional y por eso las personas trabajadoras están preocupadas por lo que esté pasando con las inversiones realizadas con su aporte de capital debido a que no tienen participación en la toma de decisiones.
¿Una vejez digna para los trabajadores costarricenses o una inyección de recursos al sistema financiero, qué propone SUPEN?
La ilusión del bienestar que había imperado por muchos años como el enfoque primordial de nuestro sistema de pensiones, se ha venido refugiando en las finanzas, pero el problema es que las finanzas se convirtieron en una dictadura que condiciona incluso a la democracia, donde solo mandan. las reglas del mercado que en definitiva no son más que las reglas de unos pocos y con ello, el resultado más preocupante es que la existencia del ser humano depende de esas reglas sobre las que no tiene ningún poder.
En otras palabras, este enfoque que la SUPEN propone, es terminar de entregar a la dictadura del mercado los recursos de los fondos de pensión, puesto que se aleja de toda visión solidaria para convertir el sistema de pensiones en un sistema de cuentas individuales, al mejor estilo chileno, que deja la vejez de los ahorrantes en manos del casino de las empresas del sistema financiero, dominado por fuerzas extranjeras, en el cual ni el país y ni los ahorrantes tienen ningún poder ni control.
Los chilenos abrazaron la idea de que les vendieron de ganar mayores réditos con cuentas individuales y hoy tienen los humillantes resultados perdedores, el fracaso de este sistema los está llevando a analizar la posibilidad de volver al IVM que tenían en el pasado.
Convierte la SUPEN al ser humano en un sujeto cuya existencia se reduce a trabajar para ahorrar cada vez más. Le piden pensión obligatoria, le dicen que también ahorre para una pensión complementaria, y le proponen otros ahorros, pero siempre el futuro será incierto. Podría enfrentar una vejez sin nada, porque todo depende del juego del mercado. Todo esto para alinearse a un sistema financiero, imperante, como si fuera un camino obligado y la única vía de organización.
Los miembros de la Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional consideramos que eso no es otra cosa que un apagón de la sensibilidad y la razón. Ninguna de las propuestas impulsadas por SUPEN se dirige a asegurar una vejez digna puesto que no garantiza, ni mínimamente, cuánto recibiría después de toda una vida laboral. Ninguna de dichas propuestas muestra la menor preocupación por el futuro de esas inversiones, ni plantean los posibles escenarios peligrosos de las mismas y menos aún lo que pasaría con esos trabajadores en caso de un colapso financiero. Es decir, el ser humano como objeto al servicio de dicho sistema, siendo más importante la salud de una persona jurídica que de una persona física.
La SUPEN presenta una visión distorsionada de solidaridad. Dicha visión se muestra en la creación de un llamado pilar cero, en donde a los recursos de los pensionados con carga a presupuesto se le incluyen todos aquellos costarricenses por nacimiento o por naturalización, que no hayan cotizado en su vida para una pensión. Es efectivamente solidaria porque se incluyen las necesidades de estas personas, pero es la posición solidaria que exime a amplios sectores de contribuir para enfrentar esta problemática, que no es otra cosa que la amplia problemática de la pobreza. Se mezclan así dos condiciones muy diferentes, la pobreza y el sistema de pensiones, en donde se carga la primera a la segunda, producto de la falta de políticas públicas adecuadas.
Se pretende dar con ello una solución a la pobreza en adultos mayores, afectando las condiciones de vida de los pensionados sin recordar siquiera que la mayoría de esos pensionados que están con carga al presupuesto son aquellos para quienes el dinero de los ahorros de su pensión fue gastado o, en el mejor de los casos invertido, por sucesivos gobiernos.
Es así como la propuesta de SUPEN viene a atropellar la clase trabajadora sin dejar claro que la mayoría de esos, pensionados con cargo al presupuesto pertenecen al Magisterio Nacional y que son los que han aportado las mayores cotizaciones de todos los regímenes públicos.
La Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional ha investigado y analizado a fondo cuál es la problemática actual del SNP, por lo que concluye que el primer problema radica en la no participación de los dueños del capital, o sea la persona trabajadora en la toma de decisiones (art. 9 CP); en segundo lugar, la carencia de políticas públicas adecuadas y el irrespeto al mandato constitucional establecido en el artículo 73 de la Carta Magna, respecto a no emplear los fondos de pensiones para otra finalidad que no sea para la cual se crearon (deuda estatal), lo cual ha llevado al desfinanciamiento de la CCSS, y la crisis del IVM. También se puede señalar que actualmente está ocurriendo lo mismo con los fondos de pensiones que administra JUPEMA y desde ya esto está afectado el equilibrio actuarial de los mismos, con las graves consecuencias que sufren hoy los trabajadores que cotizan para el IVM. Por último, la mala administración y nula fiscalización en el manejo de los recursos ha traído como consecuencia pérdidas cuantiosas en los diferentes regímenes tanto básicos como complementarios ya sean obligatorios o voluntarios.
Así mismo, con el aporte y asesoría de especialistas en materia constitucional, sociología, economía y derecho, la Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional presenta las siguientes alternativas de solución:
Mantener el esquema de los pilares con los regímenes básicos separados, ya que éstos no se pueden integrar por múltiples razones que se detallan en el documento subido a la matriz del diálogo social de SUPEN.
Eliminar del SNP el cuarto pilar (régimen no contributivo) pues el concepto de pensión-cotización se contradice con el nombre de este cuarto pilar: no contributivo, siendo que no puede estar entre los regímenes de pensiones pues en esencia es una ayuda social y debe ser trasladado a la entidad creada para destinar las ayudas sociales, FODESAF. Para ello se requiere inyectarle capital a FODESAF de tal manera que logre reactivarse y adquiera la capacidad económica necesaria para brindar las transferencias sociales a los sectores más vulnerables de la población como los adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema. ¿De dónde se obtendrán esos recursos? De la renegociación del pago de los intereses de la deuda pública interna (ver punto cuatro).
Generar nuevos recursos. Esto implica crear un impuesto móvil del 0-1% a las exportaciones incluyendo las zonas francas, ya que éste sector económico es el más dinámico, pero no pagan impuestos. Aumentando este impuesto móvil de manera escalonada hasta un 0,7%, el cual se puede capitalizar al 3% anual se generaría 75 billones de colones en 99 años (proyección actuarial). Este es el monto del déficit actuarial de la CCSS por lo que se solucionaría la crisis de la misma, incluyendo el IVM. Fortalecer de esta manera la CCSS permitiría mejores servicios de salud a toda la población y mejores condiciones para los pensionados, sin necesidad de afectar los otros regímenes básicos.
Renegociar la deuda pública interna. Bajar el porcentaje del pago de los intereses de esta deuda, que son los más altos del mundo, solventará la grave crisis económica que atraviesa el país pues actualmente y desde hace varias administraciones gubernamentales se le ha dado prioridad al pago de estos altos intereses a costa. del sacrificio de toda la población, siendo que se ha reducido el presupuesto en inversión social, como infraestructura pública, transferencias sociales a los sectores más vulnerables y el congelamiento de salarios y pensiones del sector público, entre otros, beneficiando a un grupo reducido de tenedores. de la deuda, lo cual violenta nuevamente el mandato constitucional en su artículo 50:
Artículo 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Esta propuesta se encuentra de forma amplia y completa en la matriz del diálogo social de SUPEN.
Rafael A. Ugalde Q. Periodista, abogado y notario Rodrigo Arias López. Actuario y matemático
Dedicado a todas las víctimas del reformismo costarricense, que nos enfermó generación tras generación, en especial a todos los asegurados, trabajadores/as y pensionados/as de nuestra Caja, que han sentido en carne propia como cercenaron sus derechos a salarios justos y jubilaciones dignas, por las políticas de la oligarquía criolla rapaz, con sus sartas de cuadrilleros convenciéndonos que todo se trata de pegar más parches.
Los veremos ahorita con cara de preocupados porque estamos perdiendo la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), herencia innegable de una institución revolucionaria para la época, visualizada entonces por los calderocomunistas y aquellas mentes humanistas que pusieron a la persona como eje central de la justicia social, pero son los mismos que callaron cuando descubrieron el millonario negocio de que es mejor “tratar” la enfermedad, en lugar de prevenirla. Identifíquelos: son los mismos que vieron “normal” obligar a los empleados y pensionados de la CCSS a “reajustar” sus ingresos con verdaderas garroteras internas que no daban abasto con los créditos urgentes. Ni dijeron nada cuando empezaron a tercerizar la producción de medicamentos y servicios de la entidad aseguradora, con el mismo cuento de ahora: es más barato.
En nuestras tres entregas anteriores desvelamos el plan capitalista de estos enterradores de ayer y hoy, de fortalecer a la CCSS en un negocio mercantil iniciado por el PLN en la década de 1970, continuado por el PUSC en 1990, el PAC en 2014 y el PPSD en 2022; en contraposición al derecho a la vida, la salud y a una vejez digna como seres humanos. Mostramos el nefasto impacto de esas políticas reaccionarias y reformistas sobre los servicios de salud de la CCSS, en particular en un aumento en las llamadas listas de la muerte, así como en el deterioro de las finanzas y reservas del régimen de pensiones (IVM). A este, presuntamente, cada año, le dan un “manazo” de ¢1 billón (nada que ver con Aldesa, La Trocha, Banco Nacional, Coopeservidores, el Cementazo, entre otros en etapa de investigación judicial, a vista y paciencia de Edmundo y todo el mundo). ¿Y ello cómo lo afecta a usted mujer trabajadora, trabajador estatal o de fábrica, estudiante o jubilado? Ahora bien: ¿Qué proponen estos reformistas frente a un inminente colapso? La gran solución propuesta es reducir aún más los beneficios ofrecidos por el IVM, aumentar sus contribuciones y las edades de retiro, frente a el envejecimiento de la población advertidos desde hace 40 años. No se deje engañar por los cuadrilleros de la oligarquía y sus voceros ahora “preocupadísimos”. Sus preocupaciones son falsas y productos de la politiquería de los partidos citados anteriormente. El plan es sencillísimo: Confundir a los asegurados y pensionados de la CCSS y enfrentarnos unos contra otros para que veamos oscuro el horizonte en relación con el futuro de la seguridad social y aceptemos las filas en los EBAIS, las listas de espera, la falta de especialistas etc., justificado todo con un datito por aquí, otro por allá, declaraciones oficiales, un parchecito aquí, esta promesa electoralista del candidato a diputado, haciendo que cambiemos derechos que nos corresponden desde hace décadas para revertir la situación y acabar con la enfermedad y el dolor ajeno como negocio de unos pocos; por lo tanto nada hay que agradecer por sus supuestos regalos (Ver Parte III). Nos corresponde realizar un inventario en nuestro barrio, en nuestro sindicato, asociación de mujeres, de estudiantes, etc., sobre qué niveles de articulación tenemos y empezar a darnos cuenta, que no solo está en crisis la Caja, sino todo el modelo reformista y que nos urge ampliar nuestra práctica democrática de abajo hacia arriba y no como nos quieren acostumbrar de arriba hacia abajo.
Lo anterior, si bien en nuestro país, la soberanía no radica en el pueblo, al tenor del artículo 2 de nuestra Constitución Política, cuando señala que “la soberanía reside exclusivamente en la Nación”, el 9 nos da asidero cuando nos dice en sus primeras líneas que todo gobierno de la República “es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable”. Esas seis condiciones, una vez cumplidas, las “…Ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial…” A nadie obligan a pensar como partido político, esta o aquella organización, ni prohíbe la búsqueda de la democracia participativa como forma de convivencia pacífica y democrática.
Por tanto, esta última entrega de los suscritos deja en sus manos, el daño ocasionado por años de reformismo a todos los trabajadores y trabajadoras, desempleados, pensionados, amas de casa, profesionales, campesinos, etc., sin ningún distingo religioso ni partidario que, aunque el camino no es fácil, el horizonte está clarito, siempre y cuando entendamos que el objetivo fundamental de estos cuatro esfuerzos nunca se apartó de un primer y segundo objetivo. Por un lado, entregar un camino para que construyamos, como sujetos activos en transformar sí lo queremos, sin farsas ni simuladas intermediaciones, para alcanzar un mejor futuro para nosotros, para nuestros hijos y para sus futuras generaciones, el segundo objetivo depende del primero: organizarse con articulación como obligación primigenia y perder el miedo por el debate de ideas, solo así distinguimos cuando estamos frente a nuevos o viejos lobos que se visten con piel de oveja.
El derecho a la vida y a la salud se materializan con la prevención de enfermedades y no esperar el tratamiento y el dolor como negocio, de tal manera que cuando haya necesidad de hospitalización o cirugías para quienes contribuyen y contribuyeron solidariamente con la Caja encuentren un internamiento inmediato, una operación quirúrgica oportuna y medicamentos de calidad. Mientras nuestra CCSS la tengan cabeza hacia abajo y sus pies apuntando a el cielo raso, el derecho humano a la vida es un eufemismo expresado en más de 4000 recursos de amparo tramitados por la Sala Constitucional. Habrá además salarios justos e ingresos suficientes -subsidios y pensiones- en caso de enfermedad, incapacidad temporal y permanente, vejez y muerte, como derechos fundamentales para toda la población, aún para aquellos sectores que defienden una especie de “secuestro” del Seguro Social desde sus posiciones privilegiadas, con las que procuran su eliminación, reduciendo sus capacidades, por afanes, como se ha dicho, meramente mercantiles.
La piedra en el zapato para lograr este objetivo está en el Estado, administrado en su totalidad bajo los gobiernos del PLN, el PUSC, el PAC y el PPND, porque como quedó demostrado desde hace décadas no giró a la CCSS los dineros ordenados por los artículos 2 de la Ley N° 5349 y el 9 de la Ley N° 7374, con la complicidad de las altas cúpulas de la Caja, incluyendo juntas directivas, gerentes y mandos medios.
Viene acotación a lo anterior porque por años y hasta nuestros días, nos hacen creer que hay un “socialismo democrático”, “sociedad inspirada” en las Encíclicas papales o las órdenes de los gerentes del Banco Mundial, capaz de desarrollar un “capitalismo bueno”, como resumió una vez un personaje de nuestra política, cuando prometió “un país de propietarios y no de proletarios”, sí empezábamos a vender hasta la forma de caminar a cambio de endeudarnos. Las oligarquías y sus burguesías no funcionan así.
Estas cúpulas dicen a todas las víctimas del reformismo que la opción es este o aquel parche y jamás replantearse la Caja con la inspiración de hace 83 años, produciendo sus medicamentos, promoviendo la prevención de la enfermedad, cada comunidad con su médico familiar, acceso a los mejores especialistas del continente que sientan devoción por la salud pública, tecnología de punta, etc., dado, según te argumentan, que no hay plata. Veamos los siguientes gráficos y no coma cuentos.
Gráfico N° 1. Gastos del gobierno central en millones de colones
En este Gráfico N° 1, observe que el gasto en transferencias, en donde están, entre otros, los aportes estatales a la CCSS, así como en “otros”, es prácticamente el mismo, desde el año 2019; en salarios el gasto es el mismo desde 2021, mientras que el gasto en pago de intereses crece como la espuma desde 2017. Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
Gráfico N° 2. Gastos del gobierno central como porcentaje del PIB
En el Gráfico N° 2 vemos que desde 2013 se ha venido reduciendo el gasto en remuneraciones; a partir del año 2018 ya se atisba una baja en las transferencias. Todo esto en beneficio de los banqueros nacionales e internacionales, pasando el gasto en pago de intereses de un 2,5% sobre el PIB (Producto Interno Bruto) en 2013 a un 4,8% sobre el PIB en 2023. El gobierno de Chaves vino a ponerle la cereza al pastel, reduciendo el gasto social a un 6,1% sobre el PIB, promoviendo una política que nos regresará a los valores que teníamos en el año 2006.
Mientras tanto, el gasto en el pago de intereses ha crecido, en promedio, un 15,5% anual, desde el año 2013, el gasto en remuneraciones y transferencias ha aumentado solo un 4,8% anual. El PIB creció en promedio un 6,5% en el mismo período, véase el Gráfico N° 3. Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
Gráfico N° 3. Tasas de variación del PIB y de gasto del gobierno central
En este gráfico tenemos que desde el 2006 a 2023 los gastos totales crecieron un 10,1% anual en promedio y el PIB creció un 8,7% anual en promedio, Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
Gráfico N° 4. Ingresos del gobierno central en millones de colones
En este Gráfico N° 4 el lector observa como los ingresos, en cambio, han crecido en los últimos años, justo lo necesario para pagar a los banqueros, es decir a la oligarquía que nos gobierna desde hace décadas, gracias al IVA impuesto por sus diputados en la Asamblea Legislativa desde 2019. Igualmente, por el impuesto a los ingresos y utilidades que pagan los trabajadores y las empresas, aunque en última instancia, son los asalariados y los pensionados los sacrificados. Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
Gráfico N° 5. Ingresos del gobierno central como porcentaje sobre el PIB
En este Gráfico N° 5 observemos como con el TLC de Oscar Arias Sánchez, Aduanas pasó de ser la principal fuente de ingresos en 2008, a convertirse en la tercera fuente en 2020 y 2023. En 2008 este rubro era el 4,9% del PIB y en 2023 fue 2,7% del PIB. La fuente principal de ingresos pasó a ser el impuesto a los ingresos y utilidades, que pasó de 4,3% sobre el PIB en 2008 a 5,3% en 2023, seguido del impuesto de ventas (IVA), que pasó de 2,7% a 3,0% del PIB en los mismos años, respectivamente. Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
Gráfico N° 6. Tasas de variación de los ingresos del gobierno central
En el Gráfico N° 6 pueden verse las variaciones de los ingresos, en los cuales se evidencian los efectos del TLC (Tratado de Libre Comercio) y de la pandemia de Covid 19. Las altas variaciones de los “Otros” ingresos son el efecto de las transferencias a las que recurren los gobiernos para tratar de mitigar el faltante de recursos, evitando que la foto salga muy fea ante los organismos financieros internacionales. De 2006 a 2023 los ingresos crecieron en promedio un 9,6% anual. Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
Gráfico N° 7. Déficit del Gobierno Central en millones de colones y % del PIB
El déficit del gobierno se financia básicamente con deuda, no porque vos y nosotros hayamos querido, como está resumido en la ilustración número 7. Allí, indicamos, que este faltante creció de ¢0,5 billones en 2009 (2,9% del PIB) a ¢2,9 billones en 2020 (8% del PIB), bajando a ¢1,1 billones en 2022 (2,5% del PIB), gracias al sacrificio a que nos han sometido, sin excepciones a la regla, quienes supuestamente nos han gobernado. Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
Gráfico N° 8. Deuda del gobierno central como porcentaje del PIB
Hemos confeccionado este gráfico numerado como 8, con el fin que vos veas y analices, para que quienes hablen de “alianzas” electorales pegadas con saliva – porque hay ausencia de un proyecto de nuevo país, producto de soluciones al atolladero que nos dejaron-, convocatorias coyunturales, diálogos, etc., puedas confrontarlos con la deuda pública del gobierno central (no conocemos quienes son las familias los tenedores de sus bonos), que pasó de un 24% sobre el PIB en 2008, a un 61% sobre el PIB en 2023, acelerando su aumento en 2016, principalmente, con endeudamiento interno y, a partir de 2020, con deuda externa (Gráfico N° 8). Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda.
Gráfico N° 9. Gasto del gobierno central en intereses por la deuda, % del PIB
El proyecto de nuestra oligarquía y burguesías internas, robustecido en 2008 con el TLC del PLN, vitaminado por el PAC en 2014 y fortificado por el PPSD en 2022 -sin dejar de mencionar a los flamantes partidos de “oposición” caracterizados por una amplia gama también de reaccionarismo y reformismo, ya no saben cómo complacer la denominada Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). A todos consta como recientemente la OCDE comparó el gasto en pago de intereses de la deuda del gobierno central de Costa Rica, con el de la misma organización OCDE, así como con el de algunos países de América Latina. Por ejemplo, en 2022, indicó, que el gasto en pago de intereses de la deuda supera el 5% del PIB en Costa Rica, mientras que en otros países de América Latina es la mitad y en la OCDE un tercio de esa cifra (Analice, no lo vea solamente, el Gráfico N° 9 para evitar que nos den gato por liebre). Fuente: Resumen-Ejecutivo. Notas: CRI: Costa Rica; ALC: Chile, Colombia, México y Brasil.
Para la OCDE se debe reducir aún más el gasto y controlar la evasión fiscal. Señala que los “ingresos tributarios, que representan el 23% del PIB, se ven disminuidos por los altos niveles de evasión fiscal, bases impositivas estrechas y una multiplicidad de gastos fiscales. El sistema tributario apenas reduce la desigualdad de ingresos.” (Ver Resumen-Ejecutivo).
Para que no crean las promesas reformistas de que con el aumento de los impuestos iban a combatir la evasión fiscal, recordemos que en 2013 la evasión y elusión fiscal rondaba el 8,22% del PIB (Ver OCDE-2017) y para el año 2022 aumentó a un 10,2% sobre el PIB, según declaraciones de las autoridades de Hacienda (Ver SemanarioU). Por lo tanto, con solo un poco de aritmética, entonces la cifra de evasión y elusión anual rondaría los ¢5 billones en 2024. ¿Cuántas escuelas, hospitales del primer mundo, casas para trabajadores/as, colegios, centros de alta tecnología para aplicación de nuestros pequeños y medianos productores etc., podríamos construir con esa platilla?
Entonces, volviendo a lo inducido en nuestra CCSS, en el corto plazo, las clases populares dejan perder la institución o ya dejamos de comer cuentos, obligando de una vez por todas a recaudar parte de ese dinero evadido y eludido y con esos recursos frescos, sacar a la Caja de la politiquería barata, dotándole, por un lado, fondos directos, independientemente de a quienes pongan como presidente y diputados los dueños del capital. Esto tendría que incluir financiamiento para el gasto del seguro de salud de los asegurados por cuenta del Estado, según ordena el artículo 2 de la Ley N° 5349. Por otro lado, poco se logra con lo anterior, sí dejamos por fuera, el financiamiento del gasto o inversión en la atención primaria de la salud, a que obligaron asumir a la Caja con la imposición de los artículos 7 y 8 de la Ley N° 7374. Esto no solo dotará de financiamiento al llamado SEM, sino que le dará sostenibilidad al IVM, pues se dejarían de usar sus fondos para fines de dudosa autorización.
Mientras los asegurados actuales y futuros, así como los jubilados o pronto a pensionarse, no tengamos claro estas dos luchas a muy corto plazo, frente a toda fuente de los problemas de la CCSS, marginando estas dos cuestiones de fondo (son solo dos), todo llamamiento a manifestarnos, a qué defendamos la Caja, así en abstracto, diálogos por la seguridad social, solemnes comisiones en la Asamblea Legislativa, marcadas en el pasado por aires circenses de vez en cuando, etc., tememos que nuestros oligarcas y nuestra burguesía impondrán la medicina privada y la salud como negocio y nuestro seguro social será convertido en un cascarón desnaturalizado y vacío.
Recordemos que el 9 de octubre de 2024, representantes de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS), se reunieron con funcionarios de la Defensoría de los Habitantes para solicitar apoyo del órgano defensor para la presentación de proyectos de leyes encaminados a ayudar a resolver lo que en el párrafo anterior denominamos problema a resolver en el corto plazo, así como pedirle su intervención para reducir las llamadas listas de la muerte, presionando a la CCSS para la contratación de al menos 2 mil médicos, la mitad en el primer nivel de atención y el resto en los otros dos niveles.
Tengamos presentes que toda recuperación de derechos no cae del cielo y es producto de niveles de conciencia alcanzados y expresados al unísono en determinados momentos históricos por los trabajadores, los estudiantes, los campesinos, los desempleados, etc.
Es cuando comprendemos que toda riqueza de unos pocos tiene el mismo origen de la pobreza en las mayorías. Los primeros vienen acumulando abundancia de poder desde hace más de 500 años, porque el imperialismo europeo basó su bienestar material porque saqueó inmisericordemente a América y África. Luego cede esta práctica a las trece colonias del Norte que no detiene el saqueo hasta nuestros días, siendo en ambos casos sus riquezas proporcionalmente a la pobreza en que dejan a los saqueados.
Mientras no tengamos claro este postulado a la hora de explicar la llamada acumulación originaria en nuestras naciones, cualquier “alianza” política luce pegada con saliva, es pasajera y hasta falsa, porque carece del cemento solido aportado por los trabajadores, trabajadoras, obreros, estudiantes, campesinos, etc., en plena unidad aglutinados conscientemente en qué solo son ellos quienes tienen capacidad plena para producir lo que nos comemos, sin el visto bueno del extranjero, son ellos, únicamente ellos, quienes deciden la convivencia y las relaciones con todos los pueblos del mundo, sin sumisión alguna ni exclusiones odiosas. Son estas mujeres y hombres costarricenses unidos, y no alianzas electoralistas, quienes tienen el poder de definir cómo vamos a crear biotecnología médica para aplicarla gratuitamente en nuestra CCSS, qué uso vamos a dar a la tecnología qué vamos a crear para beneficiar el pequeño y mediano productor, a nuestros estudiantes de toda la educación pública, a ese pequeño y mediano empresario, primer productor de empleo en nuestro país. ¿Cuántas viviendas vamos a crear este año? ¿Cuántas represas nos toca levantar para que dentro de cinco años todos tengamos electricidad y agua potable, gracias al talento de nuestros profesionales y obreros?
¿Tan inalcanzable es eso? La respuesta es suya; nosotros terminamos estas cuatro entregas, porque durante meses sentimos que el silencio equivale a complicidad y deshonestidad y, teníamos entonces, nos dictaba nuestra conciencia, la obligación ética y moral de entregar humildemente nuestro esfuerzo a quienes por décadas han quitado sus voz y avasallado su salario, su derecho a un empleo decoroso, a su jubilación, sus citas en el Seguro, su derecho a la prevención de la enfermedad, a vivienda digna, a producir lo que nos comemos, a qué no vengan a decirnos quiénes son nuestros amigos, etc.