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Crisis de la pandemia no debe descansar en hombros de los trabajadores

Escrito en 08/04/2020. Publicado en Análisis, Trabajo.

Vladimir de la Cruz

La crisis de la pandemia del coronavirus no debe descansar en los hombros de los trabajadores, ni en sus salarios ni en sus pensiones. Algunas reflexiones.

La crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus, que ha desembocado en una paralización parcial de muchas actividades y procesos productivos, a nivel mundial, regional y nacional es evidente. Nadie sensato puede negarla ni ocultarla.

El sistema mundial de la economía globalizada, y super encadenada a nivel internacional, ha entrado en un laberinto de relaciones comerciales y productivas internacionales y globales, donde incluso se aprecia la prepotencia de algunos países, superpotencias que lo son, que compran al contado instrumentos médicos, que se necesitan en estos momentos, evitando que se vendan a crédito a otros países, que anticipadamente los habían contratado, en una nueva forma de piratería comercial internacional, como está haciendo Estados Unidos, que fragmentaliza y debilita más a los países pequeños y a los que dependen de las tradicionales compras internacionales contra facturas de pago, contra pagos diferidos, y no por compras al contado, de pago inmediato.

Esta pandemia incluso ha provocado teorías y discusiones sobre la crisis actual del capitalismo mundial, en esta fase económica en que se desenvuelve desde 1990, y hasta discusiones sobre su crisis, su falla y su posible muerte, sin que alternativamente se ofrezca un sistema diferente y mejor. Hay quienes quisieran ver al coronavirus como una enfermedad típica del capitalismo.

Antes de 1990 al menos había el escenario de Socialismo versus Capitalismo. Hoy ese escenario no existe en planteamientos políticos, ni político electorales.

También se discute sobre un nuevo escenario de relaciones geopolíticas internacionales, donde siguen destacando como cabezas hegemónicas la República Popular China, Rusia y Estados Unidos. La Unión Europea está relegada a un segundo lugar.

En las sociedades y países capitalistas que vivimos, por su estructura social, por sus graves y bien marcadas diferencias sociales, por la exclusión social, por la marginación social de grandes conglomerados, por las malas condiciones de vivienda, de mala infraestructura, de malas condiciones higiénicas en general, falta de agua, electricidad, letrinas y manejos de aguas negras, por los malos accesos a la salud pública, por la carencia de seguridad social, parecida a la de Costa Rica, el impacto de la pandemia puede ser catastrófico para algunos países más que para otros.

De esta situación no escapan grandes países y modelos capitalistas como el de Estados Unidos, hoy el epicentro de expansión de la pandemia. Y no deja de afectar a ricos y a altos funcionarios políticos, como es el caso del Primer Ministro Inglés, que tendría más posibilidades de vivir si estuviera en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Juan de Dios, que del hospital inglés en que se encuentra, con todos los cuidados del caso por su investidura política.

Muchos sectores, especialmente, los sociales, sindicales y de ubicación en la izquierda política, se quedan en su ataque en la estructura capitalista económica y política, sin ofrecer alternativas ante la misma crisis, cuando son decisiones que se deben tomar desde las estructuras de Gobierno, Poder Ejecutivo y Asamblea Legislativa principalmente. Esto es obvio porque no están allí, en esas estructuras políticas, de toma de decisiones, y porque tienen pocos márgenes de acción política directa. Su posición en ese sentido es débil, lo que envalentona a quienes sí tienen capacidad de decidir, y lo están haciendo a expensas de los sectores asalariados y pensionados.

En esta crisis pandémica no es suficiente el ataque al capitalismo como sistema. Este es el sistema dominante en casi todo el mundo. Pocos países tienen sistemas económicos y políticos diferentes, la República Popular China, Vietnam, la República Popular Democrática de Corea y Cuba. En América Latina solo Cuba destaca con un sistema diferente, especialmente en salud, en este momento, sin superar a Costa Rica. Venezuela, Nicaragua y Argentina no tienen un sistema económico y político socialista, tan solo gobiernos que se dicen de izquierda. Esa discusión se abrirá, y quizá será muy necesaria, después de superada la pandemia, y faltan muchos meses.

Países suramericanos que estuvieron hasta hace poco tiempo gobernados por sectores progresistas y de izquierda están pésimos en su infraestructura hospitalaria y sanitaria, frente a la pandemia. El caso más dramático es Ecuador, con Rafael Correa que gobernó desde el 2007 hasta el 2017, que con su Revolución Ciudadana no logró desarrollar una base sanitaria y de seguridad social importante, que ha estallado en este momento. En Venezuela, lo que se tiene en salud es lo logrado hasta el 2009, todavía bajo Hugo Chávez y el apoyo de los médicos cubanos, en la Misión Barrio Adentro. En Brasil, desde el 2003 hasta el 2016 con Lula da Silva y con Dilma Rousseff, y con el socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso, desde 1995 hasta el 2002, poco se hizo en infraestructura de salud y sanitaria, exhibiendo hoy a Brasil con graves problemas de atención a esta pandemia. En Argentina, bajo el gobierno de los Kirchner, de Néstor y de Cristina, desde el 2003 hasta el 2015 tampoco se hizo mucho. En Bolivia, con Evo Morales, y su Revolución Multiétnica y Pluricultural, desde el 2006 hasta el 2019, tampoco se hizo mucho en lo hospitalario y sanitario. Bolivia y Ecuador nacionalizaron recursos minerales y naturales cuyos beneficios no se proyectaron en esos campos. El carácter de la pandemia ha afectado a todos los países. Nadie está exento del coronavirus, ni ninguna clase social tampoco.

La pandemia ha obligado a desarrollar soluciones médicas, sanitarias y epidemiológicas para enfrentarla, tanto a nivel mundial, internacional, como locales o nacionales. En esto Costa Rica está, en términos generales, muy bien. Las medidas que se han venido tomando, en este sentido, impulsando y obligando a acatar, por el Gobierno, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Seguridad están provocando los resultados esperados, con aceptación general de la población en gran medida.

En lo que está mal, me parece, es en hacer descansar el peso de la crisis, y de la situación económica que ella provoca, en los sectores trabajadores de asalariados, y de los pensionados, tanto del sector público como privado.

En esta crisis, hasta hoy, en ningún país del mundo, se ha hecho cargar, con medidas contra los salarios y las pensiones, el peso de la crisis sobre los hombros de los trabajadores.

Solo en Costa Rica se han aprovechado los zopilotes que rondan, permanentemente, sobre las condiciones de vida y del bienestar laboral, y de los derechos sociales, para atacar con virulencia, más fuerte que la del coronavirus, contra los salarios y pensiones de los trabajadores, y debilitar por carambola los derechos sociales y laborales. Algunos de estos zopilotes desearían el marco de las relaciones laborales, y de trabajo, del siglo XIX, o las del feudalismo o el esclavismo.

Históricamente, desde el siglo XIX, ha habido una lucha permanente, válida moralmente, por subir salarios y rebajar jornadas de trabajo. Hasta la Iglesia Católica, con la Encíclica Rerum Novarum se sumó en esta lucha y defensa de los trabajadores.

La historia social y de la seguridad social, en general, está asociada al impulso de los trabajadores por impedir que les aumenten sus jornadas de trabajo y por impedir que les rebajen sus salarios. La lucha ha sido por rebajar jornadas de trabajo, que se ha establecido a escala internacional en ocho horas de trabajo diario, algunos países tienen menos, y por aumentar el salario. Por su parte los patronos o empleadores tratan de luchar por rebajar los salarios y aumentar las jornadas de trabajo, e intensificar de esa manera la extracción de la plusvalía. La vida bajo los sistemas capitalistas ha hecho que esta relación se establezca bajo la modalidad de que los salarios suben en escalera mientras los precios de los productos suben en ascensor, agobiando las condiciones de vida, de trabajo y empobreciendo las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo.

Los patronos y empleadores actuales, ayunos de la filosofía de las políticas públicas sociales y de la seguridad social, y del Estado Social y Benefactor, que ha marcado el desarrollo del país, en los últimos 100 años, y especialmente a partir de 1943 y 1949, se han tirado bravamente, y de manera perversa, aprovechando esta situación de la pandemia, contra todo el engranaje de estas políticas públicas, de salud y seguridad social, del Estado Social de Derecho, y contra los Derechos Sociales y Laborales desarrollados y consolidados en el país, con el ánimo de acabar con ellos o con lo que se puedan reducir.

Como el Can Cerbero del Hades, con sus tres cabezas y su cola de serpiente, procuran, los representantes del capital, en el Gobierno, en la Asamblea Legislativa y fuera del gobierno, que los trabajadores se mantengan en el infierno, que como muertos no salgan de su infierno, y no puedan entrar al mundo de los vivos, de las mejores condiciones de vida y de trabajo. Igual que en el ser mitológico de sus colmillos, de su lenguaje, se desprende un veneno negro y mortal, un mensaje de que la culpa de la situación económica es la de los salarios y las pensiones de los trabajadores.

El Can Cerbero es fiero y agresivo, sobre todo al momento de cuidar su puerta encomendada, la de la culpa de los trabajadores con sus salarios y pensiones. Como en la leyenda mitológica a todo Can Cerbero le llega su Orfeo y su Hércules. Ellos lo hicieron con la música de su lira y su fuerza. Ya habrá tiempo para la reorganización social.

Falta el mensaje alternativo, realista y posible, de parte de los sectores sociales que contribuya a desarrollar salidas posibles a la crisis de empleo, de desempleo y de pobreza que está provocando el coronavirus. La fuerza de Hércules, del movimiento social organizado, quedará para el momento en que se supere la crisis epidemiológica y pandémica que nos afecta.

Por ahora insisto. No hay país en el mundo, un solo país, excepto Costa Rica, que haya hecho descansar, en el discurso y en la realidad, el enfrentamiento de la pandemia congelando aumento de salarios, rebajando salarios y pensiones.

Los salarios y las pensiones no debieron, ni deben tocarse, en este período de crisis. Los salarios de los trabajadores y las pensiones de los trabajadores jubilados son sagrados, son sus medios de vida. Las pensiones, salvo un pequeño grupo de ellas, son reducidas respecto al salario que las provocó.

Los salarios y las pensiones de los trabajadores, en su inmensa mayoría, están comprometidos con las deducciones de ley, con préstamos, con rebaja de pensiones alimenticias, con hipotecas, con embargos. En el caso de las pensiones del magisterio, de la JUPEMA, independientemente de si son altas o no, se les rebaja casi el 60% de su asignación nominal para establecerlas entre un 40% y 55% de recibo efectivo. Y con las leyes que se aprobaron tributariamente se amenaza de reducirlas casi en un 75%.

Los trabajadores, y las personas que, de buena fe, hablan contra las pensiones altas, las “pensiones de lujo”, como las han estigmatizado, no entienden que son resultado de los salarios que devengaban esas personas. Tampoco entienden que luchando contra las altas pensiones, luchan contra las bajas pensiones, para ponerles techo a las bajas pensiones, para reducirles su techo. Cuando se rebajan las altas pensiones se les ponen techos más bajos a las bajas pensiones. Cuando luchan contra los altos salarios, luchan en el fondo por mantener bajos los salarios. Esta es la lógica del engatusamiento en que meten, con cantos de sirena, a quienes levantan estas banderas.

Ciertamente hay empresas que deben reducir su caudal productivo, paralizar ciertas funciones, suspender ciertas tareas. Ello supone que los trabajadores de esos trabajos no teniendo nada que hacer pueden ser despedidos, suspendidos de sus trabajos, con los respectivos ceses de salarios y rebajos salariales, si bajan sus jornadas. Esta es la realidad. Para ello no se necesitaba modificar leyes, ni establecer leyes especiales que no les garantizan nada a los trabajadores víctimas de esta situación.

La paralización que se ha impuesto, en todo el país, es resultado de una situación que sobrepasa los intereses nacionales del Estado y del sector empresarial. La paralización institucional y empresarial impuesta por la pandemia, es ajena a la responsabilidad de los trabajadores. La incapacidad de trabajo de los trabajadores no es voluntaria. Es involuntaria, impuesta a los trabajadores como si les sucediera un accidente, por la fuerza de la naturaleza que les incapacita para trabajar, no porque no quieran trabajar, sino porque tienen un riesgo profesional del que deben cuidarse para mantenerse luego en el trabajo, con las mejores condiciones de salud posibles.

A todos los “suspendidos” de sus trabajos, en este momento de la pandemia, a todos “los despedidos”, mientras dure su condición en tanto esos trabajos no vuelvan a ser activados, se les debe considerar discapacitados, incapacitados, como si hubieran sufrido un accidente laboral que les imposibilita trabajar, y recibir el seguro de incapacitado, que cubre el Estado, la Seguridad Social, o el Instituto Nacional de Seguros, que les permita recibir mientras dure la pandemia, y su “incapacidad” para trabajar, un ingreso mínimo, que está garantizado por ley. Que no se obligue a pagar al patrono lo que le corresponde en casos de estas incapacidades laborales puede ser una medida de emergencia a favor de ellos, pero debe garantizárseles a los trabajadores ese mínimo de ingreso que resulta de su incapacidad laboral a cargo de los sistemas estatales que los cubren. Hay que cambiar la idea de los despidos por la de incapacidades laborales. Así sí contribuimos mejor a atender las necesidades básicas de los trabajadores afectados con las suspensiones de sus trabajos.

En otro escenario están los más de $4000 MILLONES de dólares que han ingresado al país, al Ministerio de Hacienda principalmente, que forman parte de la Deuda Externa, resultado de préstamos de varios organismos internacionales, que en este momento no está claro dónde se están destinando, y se podría estar dando o festinando una danza de millones…

Esos $4000 millones de dólares deben vigilarse muy bien, por los organismos del Estado, por las Defensorías Públicas, para que se destinen a quienes realmente deban ir, si se orientan a ayudar sectores laborales y económicos en este período de crisis, para mantener sus actividades productivas, o para estimular PYMES y MICROPIMES en este período de emergencia nacional, y a productores nacionales, especialmente de alimentos vinculados a la canasta básica.

Ni un cinco de estos $4000 millones debe destinarse a apoyar empresarios que ante la Tributación Directa y el Ministerio de Hacienda no son agentes tributarios, no contribuyen anualmente pagando impuestos, son evasores, de la lista que el Ministerio conoce, y que públicamente se ha denunciado desde hace meses, igualmente con los que son elusores de pagos y de cargas tributarias.

Tampoco pueden destinarse fondos a patronos o empresas que son deudoras de la Seguridad Social, que no pagan lo que deben a la CCSS. Los que no pagan a la Caja son además ladrones de las cuotas de sus trabajadores, que rebajándolas no las entregan a la CCSS, con el doble perjuicio que ocasionan a los trabajadores, de dejarlos fuera de la seguridad social y de perjudicarles hacia el futuro con su pensión, y de cometer el delito de retención continua de salarios, que es como un robo continuado.

También se han hecho denuncias muy importantes, de grandes empresarios, y líderes empresariales, que tienen deudas millonarias con la CCSS, de decenas y centenas de millones de colones, perdiendo ellos, como personas o como representares de cámaras empresariales, toda su capacidad moral de exigir sacrificios, de salarios y pensiones a los trabajadores, cuando ellos retienen, se dejan, o se roban, las obligaciones que tienen con el Estado y la Seguridad Social.

En un momento como el que vive el país, es importante que haya un control de movimiento de divisas internacionales.

Que se estudie y verifique que cualquier “ayuda” que se le dé a empresarios no se desvíe en transacciones internacionales para sacar divisas del país, especialmente de las que están destinadas a ayudar para salir de la crisis, que no deben usarse para incrementar capitales, sobre todo capitales especulativos.

Debe estudiarse el movimiento de divisas hacia los bancos off shore, hacia los bancos en las islas del Caribe y de aquellos destinos que se sabe son para ocultar y amasar capitales.

Que una crisis como esta no produzca otro Panamá Papers, caso que no se ha querido investigar a fondo en el país.

Hay que decir que en una situación como ésta hay quienes, con los fondos públicos que se manejan, por la situación de emergencia que los cobija, con la facilidad que se podrían manejar ciertos fondos y dineros, quieran hacer clavos de oro. Las contrataciones del Estado, de la CCSS, de la Comisión Nacional de Emergencias, por citar estas instancias, no deben hacerse con empresas ni empresarios que hayan quedado mal en el pasado en negocios con el Estado, que hayan estafado al Estado, que hayan hecho malos trabajos o hayan incumplido sus obras. Tampoco contratar con empresarios que han cambiado sus empresas deudoras, o estafadoras, por otras nuevas y limpias, ante el Estado, para seguir chupando de los fondos y préstamos públicos.

El movimiento económico para enfrentar la crisis de la pandemia no debe servir para hacer surgir nuevos ricos de la pandemia.

Si se quieren sacrificios que sean parejos. Los ricos y los asalariados, pero en forma proporcional.

Los salarios y los ingresos de los ricos, de dirigentes empresariales, son una discusión. Muchos de ellos no tienen ingresos en el país, no son agentes tributarios como personas, ni pagan la CCSS. Muchos de ellos reciben salarios parciales en colones y otra parte en dólares depositados en el extranjero o con bonificaciones, que no se declaran en el país. Pero son personas que por sus movimientos bancarios puede saberse muy bien cómo viven y cómo gastan. Por esta razón es que se han opuesto, y con bastante éxito, a las medidas de control que el Ministro de Hacienda ha querido impulsar en ese sentido.

Las empresas de zonas francas no pagan impuestos en Costa Rica. Su régimen de establecimiento les permite pagar sus impuestos en los países de origen. Sin embargo, el mismo régimen de impuestos de esas empresas les permite pagar impuestos en Costa Rica, que ellas pueden deducir de sus impuestos en el extranjero. Este es un buen momento para negociar este pago de impuestos de esas empresas en Costa Rica, en la que todos ganamos. Ellos pagan sus impuestos aquí, cumplen con el pago de impuestos y nosotros nos beneficiamos de ellos. Se puede llegar incluso a un acuerdo que mientras dure esta situación ese pago de impuestos se realiza aquí.

Una medida urgente es eliminar todo pago de usura en intereses bancarios y comerciales, que resulte de pago de tarjetas de crédito y similares, o de ventas a plazo, donde los intereses llegan hasta el 55% o más. Las medidas que se han venido impulsando en este sentido son un plato de babas. En una situación como la que se vive en el país, con desempleo forzado creciente, con jornadas de trabajo disminuidas y con ingresos salariales y de pensiones disminuidos, el ordeño organizado sobre casi toda la población, especialmente sobre los trabajadores y asalariados y pensionados, que se hace por medio de los intereses usureros en este momento es criminal.

En esta crisis las tasas de interés no deberían estar más altas de un 5% en todos los órdenes. Cuando los bancos, públicos y privados, dijeron que bajarían sus intereses de los préstamos, nunca dijeron que bajarían los de sus tarjetas. La tasa de intereses de sus tarjetas, de manera especulativa, es la que les produce sus enormes y multimillonarias ganancias. Pueden bajar otros intereses, pero esos no son lo que hay que bajar. Los que urge eliminar en este período de crisis son los de las tarjetas de crédito o débito, cualquiera que ellas sean.

Hay que congelar los incrementos de alquileres que por ley se permiten anualmente. Y, hay que procurar que, en vivienda social, si a un trabajador se le ha reducido su salario, se le reduzca el pago de alquiler o de abono al banco en la misma proporción.

Hay que congelar los incrementos mensuales, que automáticamente se realizan, por el ICE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, y por el Servicio de Acueductos y Alcantarillados.

Hay que asegurar que en las Zonas de Tugurios y de viviendas sociales, el agua llegue gratuitamente si es del caso.

Lo que no debe ocurrir y hay que rectificar es que la crisis no debe descansar en los hombros de la clase trabajadora y de los pensionados.

Alfredo González Flores, en su gobierno, intentó impulsar medidas tributarias, frente a los efectos de la crisis económica de la I Guerra Mundial, de manera que los ricos pagaran o sostuvieran la crisis, y no los sectores pobres o asalariados de aquellos años, 1914-1917.

A José Figueres Ferrer, no le tembló la mano, en 1948, para establecer un impuesto del 10% al capital, para contribuir a pagar los gastos ocasionados por la Guerra Civil.

Tampoco le tembló la mano para nacionalizar la Banca privada, e impulsar la Banca nacionalizada, que mucho éxito tuvo para el desarrollo del país, del sector empresarial y de desarrollo de los sectores medios productores y de la clase media costarricense. Si la banca se mantiene especulativa y usurera es un buen momento para replantear la nacionalización bancaria.

Enviado a SURCOS por el autor.

Imagen: http://josehdezcabrera.blogspot.com/2017/04/la-crisis-y-la-reduccion-del-salario.html

El CORONALUJO y su medicina

Escrito en 04/04/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

Hernán Alvarado

Un Corona-virus (COVID-19) amenaza mayoritariamente a los abuelos. Pero algo peor amenaza sus vidas: el Corona-lujo (CORO-19), engendro neofascista que logró ya su primera ley despótica. Hay que verlo en detalle y comprender su contexto, ahora que los mayores merecen vuestra atención.

Breve apunte sobre el COVID-19

Este virus trae una potencia interrogativa descomunal, cuestiona nuestra relación con Estado, familia, cuerpo propio y naturaleza. Todo lo sólido, después de licuarse, se está disolviendo en el aire, sin que sepamos a dónde conduce este trastorno de la «globalidad del mundo». Por ejemplo, confronta la economía actual para la concentración de riqueza con otra que prioriza la vida^[1].

También implica reconsiderar nuestra relación con la tercera y la cuarta edad (80 años o más). No podemos abandonar a los más débiles para que mueran en la calle con una sábana encima; como hacen médicos y enfermeras, debemos defender con todo y entre todos cada vida. Los mayores constituyen nuestra memoria viva, cada muerte es una pérdida incalculable. Ellas y ellos representan el trabajo que construyó el presente. Honrarlos es honrarnos. Solo una sociedad enferma desprecia a sus abuelos. En Costa Rica, hay unos 300 ancianos en indigencia, 350 abandonados por sus familiares en hospitales y 2400 en albergues, que forman parte del hueco de pensiones dignas.

La modernidad tripartita

Harari sugiere que liberalismo, socialismo y fascismo son tres versiones distintas de la misma ideología: el modernismo^[2]. Las tres son «humanistas», más precisamente antropocéntricas; con una fe ciega en el Homo Sapiens, creen que el «superhombre» viajará a las estrellas (¿después de depredar por completo este hermoso planeta?). Profesan un credo cientificista, el «dataísmo», que confía al algoritmo nuestro futuro.^[3] Hacen votos sagrados en el altar de la tecnología (como virtud de la máquina y no como saber corporal, según la entendían los griegos) y apuestan al robot, suma moral de todo mundo posible. En tanto creyentes del PIB, las tres comparten el dogma del crecimiento infinito, principal amenaza para el futuro de los nietos. Ninguna ha cuidado a la Madre Tierra, nuestra «casa común» (Papa Francisco). Las tres han menospreciado el saber ancestral, como siervas que son del imperialismo. Las tres se han alimentado mutuamente el letal virus de la guerra.

La relación entre ellas es compleja, cada una lucha por dominar a las otras; se combaten y contienen, se oponen y complementan. Por su matriz común, el liberalismo puede parecer socialista y éste fascista, o viceversa. En sus últimos estertores, por ejemplo, el neoliberalismo muestra su verdad, su faceta neofascista. Pero tomarlas como una y la misma cosa sería un craso error que impediría superarlas. Tema fascinante que se deja ahí, para seguir con dos conocidas tácticas fascistas que se han ensañado contra las personas mayores.

Ese eterno retorno

Aunque Adolfo Hitler (1889-1945) lo articuló, el fascismo no comenzó ni terminó con él, tampoco puede reducirse a su pensamiento. Las ideas no mueren, transmutan, como los virus. El nazismo no cayó del cielo, ni fue la obra aislada de un genio diabólico. Después de la primera guerra mundial, el pueblo alemán fue humillado por el Tratado de Versalles; así que el discurso de un Führer que reivindicaba ambiciones imperiales encontró terreno fértil. Al austriaco lo financiaba un clan de familias que se beneficiarían con su victoria; pero al margen de cualquier conspiración, el fascismo renace cíclicamente porque viene inscrito en el ADN de la modernidad.^[4]

Creer que la catástrofe pasó hace más de 75 años tranquiliza, pero es engañoso. Evita descubrir el dictador que llevamos dentro, latente como un herpes. Cualquiera puede actuar como un desalmado, es la «banalidad del mal» que reveló Hannah Arendt (1906-1975). El machismo moderno, verbigracia, conforma un neofascismo patriarcal contra las mujeres, tan persistente que la epidemia de feminicidios no merma. Otro ejemplo es ese Facebook quedestila soberbia, intolerancia e ira. Todo elitismo, clasismo, racismo y colonialismo modernos, incluso todo autoritarismo, comparten el mismo germen ideológico. El miedo y el odio lo nutren, sufragando crueldades y violencias cotidianas. Hoy el neofascismo ha vuelto a las altas esferas del poder, cruz en mano acá, águila enarbolada acullá.

Las campanas del odio

El populismo y las campañas de odio, hoy de moda, son estratagemas complementarias de manipulación de «masas» de clara inspiración neofascista. El populismo consiste en engañarlas ofreciendo soluciones falsas, el «plan fiscal» es el mejor ejemplo. Pero también lo es la renuncia del Presidente a una pensión que todavía no tiene y el reparto del «ahorro» logrado con la Ley 9796 cuando todavía ni ha entrado en vigencia.

La falsa propaganda alimenta miedos que se transforman en odio dirigido contra algún grupo minoritario, vulnerable o indefenso. El paradigma sigue siendo la campaña dirigida por Joseph Goebbels (1897-1945) que orquestó las consabidas atrocidades. La técnica consiste en exagerar una característica del grupo meta, o en inventar una que parezca amenazante. Se degrada a las personas reduciéndolas a ella, procedimiento que Friedrich Nietzsche (1844-1900) llamó «moralina». Así es como se fabrican también chivos expiatorios y monstruos.

Alrededor de la característica se teje un relato que motiva las agresiones posteriores, para que parezcan defensivas, preventivas o vengativas. Se manipula a la «opinión pública» para que los fuertes actúen contra los débiles. Los ejecutores del ataque creen estar haciendo bien. Cuando la verdad emerge, descubren demasiado tarde que fueron instrumentos de causas deleznables. Así se ha cometido toda clase de injusticias, masacres y crímenes de lesa humanidad. Según los estudiosos detrás suelen hallarse beneficiarios que, con un aparente objetivo religioso, ideológico o racista, persiguen un interés material concreto.^[5]

El CORO-19

Cualquier parecido con la campaña contra los pensionados no es mera coincidencia, el neofascismo está más entrometido que el narcotráfico. A continuación sus principales hitos:

Aparece el término «pensión de lujo», contra algunas personas de la «clase» política que consiguieron varias pensiones para las que no habían cotizado.
Circulan volantes con fotos y memes anónimos, que divulgan nombres asociados a pensiones nominales altas. Sin fuente de datos.
Se agrega a algunas personas de «izquierda».
Se divulgan listas que omiten las contribuciones de ley, práctica continuada hasta el final.
Se suma el término «pensionado de lujo», personificando el «mal».
Desde páginas Web y Facebook se atiza el desprecio contra algunas personas tratadas como ladrones.
Los medios de comunicación se suman a la campaña propagando el falso estereotipo.
Se comparan pensiones altas y bajas. Una pensión alta se presenta como una injusticia.
Se inyecta miedo a una inminente «crisis» fiscal.
Se repite por distintos canales las mismas noticias para crear esa ilusión llamada «opinión pública».
Se repite diariamente «pensión de lujo», separado de cotización y tributación; se generaliza a todas las pensiones altas.
Todas las pensiones merecen ahora ser topadas, recortadas, uniformadas.
Se formulan y divulgan proyectos que la misma prensa se encarga de ordenar y priorizar.
Los diputados aprueban el primer proyecto, en medio de una fuerte presión mediática (Ley 9796).
Se prepara el segundo proyecto de la fila.
Se aprueba dar el «ahorro» a los pensionados más pobres (el Estado traslada su responsabilidad a los mismos pensionados)
Se mantiene estricto silencio sobre el interés de privatizar los fondos de pensiones y sobre el incumplimiento del Estado de la Ley 2248 desde 1958.

No se olvide que esto es eco de la campaña sistemática contra los empleados e instituciones públicas, los héroes de hoy. Incluidas las universidades, cuya autonomía se ha irrespetado como nunca antes. El objetivo «oculto» es obvio: distraer del verdadero problema fiscal.

Una zozobra ingrata

Más angustiante que el Corona-virus ha sido, para las personas adultas mayores, es este Corona-lujo (CORO-19) coronado por un coro de diputados que no ha reparado en los efectos psicológicos devastadores que ha tenido sobre los más vulnerables. No son pocas las personas mayores entrando en pánico al ver licuados sus derechos adquiridos, en riesgo su patrimonio familiar y amenazado su proyecto de vida. Atrapadas en un limbo, entre un mercado que ya no las necesita (excepto como compradores) y un Estado que ha confiscado insaciablemente su ahorro. Depreciadas injustamente, se les ha confinado en la mayor inseguridad jurídica y económica. A estos contribuyentes puntuales, se les ha vejado como sujetos de derecho y ninguneado como ciudadanos. ¿Sabrán sus gratuitos detractores que el estrés debilita el sistema inmunológico, en especial, de esa población?

Cualquiera puede intuir el impacto de esa cruzada terrorífica con solo que se haga esta pregunta: ¿cómo se sentiría usted si le dijeran que el Estado le seguirá confiscando su salario, ingreso o dividendo, hasta un máximo del 55%? ¿Cómo creen que reaccionaría la UCAEP al respecto? Techo que el diputado Muñoz insiste que se debe romper, aunque ya sea un porcentaje que mejor se vería como la tasa de usura que no quieren poner. Sin embargo, es más duro cuando se trata de un ahorro generado con una parte del propio salario, por tres o más décadas, o de los intereses que ha ganado a la fecha. ¿Cuál ahorrante está dispuesto a que lo carguen de impuestos, una y otra vez, de esta brutal manera?

Ahora, esos mismos diputados, en media crisis sanitaria, aprobaron una ley que autoriza a las empresas a recortar, hasta un 75%, la jornada laboral, si sus ingresos brutos bajan un 20% o más. O sea, les preocupa una reducción del 20% en el ingreso de una empresa, por unos meses, pero se enorgullecen de poder tajarle el ingreso a un pensionado, durante el resto de su vida hasta un 55%. ¿Cómo se llama un Estado que cuida a los que más tienen mientras golpea a quienes más debe proteger?; ¿un Estado que legisla a su favor para lavarse las manos como Estado-patrón? Pero, tranquilo, don Alfredo, no es un buen momento ni para salir de la tumba.^[6]

Un Estado sin vergüenza

La Ley 9796 no pudo ser más abusiva, veremos si aguanta una objeción jurídica seria. En particular, las pensiones del Magisterio eran ya los ahorros más gravados de la historia patria. Elaborar leyes justas es la tarea política más importante, pero también la más difícil, máxime si se hace con prisa, presión y soberbia. Cada una requiere estudios técnicos precisos y, sobre todo, en una República «participativa», negociación con afectados o beneficiarios. Esta ley no cumple esos requisitos (tampoco el plan fiscal, impuesta contra buena parte del pueblo en la calle). La llamaron cínicamente «contribución especial solidaria», como si una imposición pueda portar semejante nombre. En realidad, es una confiscación discriminatoria, arbitraria y reiterada de ahorros a personas adultas mayores; esperpento jurídico que cuesta describir, salvo como un atraco «legal».

Pero no es ingenua, ni neutral, complace a quienes se embolsan el impuesto de ventas, a quienes evaden y eluden (8% del PIB), causantes directos del déficit fiscal. Para estos ladrones del erario público, probablemente los mismos que no pagan la CCSS, solo hay una solución fiscal: reducir el gasto. Los neoliberales lo gritan a coro. Hasta implantaron una «regla fiscal». O sea, satisface a quienes aprovechan la inversión pública y los servicios del estado para hacer sus jugosos negocios privados, mientras dejan de pagar sus obligaciones y protegen sus fortunas en paraísos fiscales. Pero a ellos se les trata como ciudadanos VIP.

Si hubieran recortado las verdaderas pensiones de lujo, las truculentas, las que no se cotizaron, todos estaríamos hoy aplaudiendo de pie. Pero solo las usaron de pretexto. En febrero pasado, la comisión eximió a los expresidentes de la segunda reforma de pensiones, premiando a los principales responsables del mal manejo de las finanzas públicas. Lo justificaron diciendo que esas pensiones ya tributan, argumento que ignoraron para los demás pensionados. El diputado Villalta presentó una moción para rectificar, pues le pareció una «bofetada a la ciudadanía», como lo fue la amnistía y las exenciones del «plan fiscal». Como si fuera poco, se nombra superintendente de pensiones a la heroína de esta hazaña, burlándose de la Contraloría, para seguir confabulando contra el futuro de las personas mayores, con un salario de más de nueve millones de colones. ¿Acaso no parece una película del conde Drácula? Mientras unos luchan por salvarles la vida, otros se dedican a ver cómo se la convierten en un infierno.

Para colmo, en uno de los países más felices del mundo, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado se da el lujo de desfalcar a sus maestros más de 4 billones de colones, desde 1958, desviando sus respectivos aportes hacia la caja única, en vez de crear el fondo de pensiones exigido por la ley 2248.^[7] O sea, lo que debiera servir para un fondo solidario de pensiones se usa, gobierno tras gobierno, en cualquier otra cosa, sin rendir cuentas a nadie. De este crimen de Estado son sospechosos, actualmente, el Presidente y su ex Ministra de Hacienda. Esta, además, por haber sido Contralora.

Ahora nos urge saber, también, qué hacía realmente la UPAD con los datos de los pensionados ¿cuándo, cómo y para qué se usaron, diputado Morales? ¿Cuándo lo sabremos, doña Emilia? Contrario a lo que pueda parecer, este pueblo no está «domesticado», don Pepe. Solo espera a que se aclaren los nublados del día, porque un mandato constitucional contiene ya la medicina contra el CORO-19 que debilita el sistema inmunológico de la Patria, es decir, el sentido de justicia. La norma superior exige una nueva democracia que supere esta democracia «representativa», corroída hasta sus tuétanos por la miseria moral de la «clase» política. Gracias a doña Jocelyn Sawyers Royal, maestra pensionada, no hay que buscar alternativa en ninguna otra parte. Solo hay que entender qué significa que el pueblo ejerce el gobierno, no solo lo elige^[8]. «Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la Patria os lo demanden»^[9].

Foto: Alejandro Aguilar Sura

^[1] Hinkelammert, F; Mora, H (2016 ) Hacia una economía para la vida. Preludio a una segunda crítica de la Economía Política. Bolivia: Vicepresidencia. 5ta.

^[2] Harari, Y.N. (2017) Homo Deus. A Brief History of Tomorrow. Australia: Harpercollins Publishers. Específicamente, págs. 99 y 199.

^[3] Inaugurado por el experimento «científico» más terrible de la historia (1945), crimen de lesahumanidad contra el pueblo japonés aún impune: Hiroshima y Nagasaki. Prueba que Hitler no era el único malvado de la época.

^[4] Graziano, W (2004) Hitler ganó la guerra. Buenos Aires: Editorial Suramericana.

^[5] Stemberg, R. y Stemberg, K. (2010) La naturaleza del odio. Barcelona: Paidós, p. 18-19.

^[6] Alfredo González Flores (1877-1962), depuesto por sostener que los ricos debían pagar como ricos y los pobres como pobres.

^[7] Según estudio actuarial revelado por Róger Porras, director ejecutivo de JUPEMA, el 10 de setiembre de 2018. «El Estado nunca conformó las reservas para pagar las pensiones. Esa plata siempre entró a Hacienda y se gastó en otras cosas (…).» La Nación, pág. 6A.

^[8] «ARTÍCULO 9- El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial (…)» Constitución de la República. Así reformado en 2003.

^[9] Ibid, art. 194.

¿Por qué se fue esta señora del Ministerio de Hacienda?

Escrito en 24/03/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

Óscar Vargas Vargas

Para no olvidar. Rocío Aguilar, presentó su renuncia al cargo en medio de la polémica por los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y la revelación de que la Contraloría General de la República recomendó en su contra una suspensión de un mes, sin goce de salario, por el caso del «hueco fiscal».

Su argumento para dejar el cargo fue el señalamiento que hizo la Contraloría de su grado de responsabilidad en el caso del «hueco fiscal».

Ese escándalo consistió en el pago de miles de millones de colones de deuda pública sin autorización de la Asamblea Legislativa en el gobierno de Luis Guillermo Solís, lo que se prolongó a los primeros meses de la administración de Carlos Alvarado.

Por este caso, la Contraloría inhabilitó al exvicepresidente Helio Fallas de ocupar cargos públicos por cuatro años, mientras que para Aguilar sólo recomendó una suspensión sin goce de salario de un mes, sanción que nunca se cumplió ante su renuncia.

Ahora estará en la Superintendencia de Pensiones.

Falacias e inconsistencias en expediente 21035 sobre pensiones

Escrito en 27/11/2019. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Hervey Badilla Rojas

Sobre la aprobación en segundo debate del expediente 21035 “Ley para fijar topes equitativos a las pensiones, rediseñar y redistribuir los recursos de la contribución especial solidaria y crear la figura de la jubilación obligatoria excepcional “, me permito señalar algunas falacias e inconsistencias en quienes han impulsado y defendido este tipo de mentiras que crean en contra de la clase trabajadora del sector público.

Al respecto, los detractores de semejante atropello en contra de este grupo de trabajadores han venido desde hace muchos años poco a poco convenciendo a la ciudadanía del tema que nos trata.

Por lo difícil de entender y por la complejidad en su contexto técnico el pueblo carece de un análisis exhaustivo y objetivo relacionado con pensiones, lo cierto del caso, es que simplemente han buscado la forma de alimentar mediante el discurso camuflado y espurio vender una mentira que ha sido amasada y comprada sin importar o medir el impacto social que por medio de sus engaños y mentiras esto puede causar. No quiero generalizar, pero es más que evidente el desconocimiento que sobre estos temas existe y que muy pocos conocen a fondo el verdadero interés que se esconde tras estas acciones funestas y corruptas de esa clase política que día a día carcomen y hunden al país y con ello al sector menos pudiente y trabajador de esta nuestra Costa Rica.

Ahora bien, sobre estos temas, de jubilaciones y pensiones es muy fácil hablar y juzgar, pero de análisis y conocimientos reales hay muy poca preparación y por ende muy fácil repicar hasta la saciedad que lo logrado con esfuerzo y sobre todo bajo un principio de legalidad no es válido. Repito, se pregona lo que el pueblo quiere oír.

Por ningún lado escuchamos ni leemos sobre una verdad tan grande como es la irresponsabilidad de los gobiernos de turno desde 1958 a la fecha de no haber creado el Fondo de Pensiones del Magisterio Nacional, así establecido por medio de la ley 2248 del 5 de setiembre de 1958. El fin de ese Fondo era para dar contenido presupuestario y pagar a futuro aquellas pensiones propias del Régimen, con los recursos aportados directamente por todos los trabajadores del Magisterio Nacional; pero que sucedió? cuál es la verdad de ese mandato? NO SE HIZO LA PREVISIÓN y los recursos generados pasaron directo a caja única del estado, dejando desmantelada la protección que a futuro se empezaría a dar. ¿Será esto culpa del Magisterio Nacional? ¿Por estos desordenes y malos manejos políticos se nos debe tratar hoy día como se nos endilga?

¿Y a los responsables que les debemos decir? ¿Será que los debemos premiar por semejante acto de irresponsabilidad? Ustedes medios de comunicación y políticos actuales, han buscado la verdadera razón por la que hoy día se deben cubrir algunas pensiones con recursos del estado (Régimen Transitorio de Reparto)? Les insto a investigar y hacer un debate público para darle al pueblo resultados reales y no sesgados de un fin que nunca fue llevado a la práctica.

Finalmente y para que se tenga como verdadero con base al marco legal que nos cobija, los que hemos obtenido una jubilación bajo el régimen del Magisterio, hemos tenido que pagar altas tasas impositivas que no son divulgadas ni lo explicitan, ni los medios de comunicación, ni los diputados y diputadas. ¿Por qué será?

Aún hoy, ya pensionados, nos hacen tributar con las mismas tasas impositivas de cuando éramos funcionarios activos, veamos unos números tomados de la ley No. 7531: (art. 70, del 10% al 16%), art. 71, del 25 al 75%), impuesto de renta, Seguro Social.

Ah, pero esto no se lleva a la luz pública, pero si nos atacan con la etiqueta de “Pensiones de Lujo”.

Lujo es el festín que se dan muchos y muchas personas que saquean al pueblo miserablemente y sin ningún reparo por medio de las grandes EVASIONES Y ELUSIONES, con las enormes deudas por no pago de los IMPUESTOS DE RENTA Y VENTAS, PARAÍSOS FISCALES y un enorme ETC.

A esos no se les ataca, porque son los que sostienen o financian las grandes componendas políticas y argollas de aquellos ilustres que por medio del poder blindan a esas clases para que se engorden a costa de las clases necesitadas y que sin mediar escrúpulos los tienen cada día más y más subyugados a una tiranía propia de mafias entronizadas.

Enviado por el autor.

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PENSIONES: UN TEMA PARA “LUCRAR” POLÍTICAMENTE Y ALGO MÁS

Escrito en 07/11/2019. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez,

Sociólogo

Unas cuantas pensiones con montos elevados, incluidas las de algunos funcionarios públicos y políticos que no habían cotizado lo suficiente para obtenerlas, se han festinado como propaganda por parte de diputados que ya se tiraron al ruedo electoral y algunos empresarios y medios de comunicación que aspiran a convertirse en el primer poder de la República, despotricando contra el sector público como “casta privilegiada”, mientras amasan capitales sobrexplotando a la masa de trabajadores privados, aprovechándose de la sobreoferta en el mercado laboral.

La alianza de estos sectores ha emprendido una campaña inquisitorial contra el Régimen de Pensiones del Magisterio Nacional, contando con el apoyo del Superintendente de Pensiones, pretendiendo conducirnos por el fracasado camino de la privatización, a la chilena.

Están apelando a la distracción, uno de los mecanismos de manipulación más efectivos (Noam Chomsky). Los “político-empresarios” para desviar la atención sobre la histórica evasión, elusión e injusticia tributaria –con amnistías de los intereses de voluminosas deudas para continuar con sus negocios millonarios– que tienen a este país con el agua al cuello. Por otra parte, a las mayorías endeudadas se les tiran las migajas con una política de salvamento que, como se ha destacado, busca salvar al sector financiero privado a costas del público, y cuya propuesta de refundición de deudas conduce a convertir a estas mayorías en eternamente endeudadas. Qué curioso, a los ricos se les premia y a los pobres se les castiga: medievalismo social en pleno siglo de las luces virtuales de las nuevas tecnologías y los grandes negocios.

También vuelven con la estrategia del miedo, anunciando tiempos “apocalípticos” de cara a las nuevas tendencias a “engordarse” de la pirámide poblacional. Con un inflado sensacionalismo señalan que una población envejecida sin una generación laboral activa de relevo que sostenga sus pensiones estará destinada a no tener pensión, si ahora no se dispone a aumentar sus cotizaciones y su edad de retiro; es decir, a limitar sustantivamente sus ingresos hoy para apenas sobrevivir mañana, cuando se pensione a la chilena.

El apriori de este discurso del miedo, que anuncia un futuro de pensionados miserables, es que el mercado es intocable. Claro, un Estado neoliberal complaciente y pusilánime solo puede conducirnos, como lo viene haciendo, al peor de los mundos: la sociedad de ricos y pordioseros.

Si se aspira a un régimen de pensiones justo y solidario en nuestro país, no hay que esperar a que “engorde” más la pirámide poblacional, sino marcar la cancha con una buena política económica que, como se dice, es la mejor política social. Y dejar de una vez por todas de proteger intereses de poderosos grupos empresarial-financieros y político-electorales cortoplacistas, que impiden proyectar políticas de Estado de largo aliento.

Apostemos por una economía para la vida digna y la sostenibilidad ecoambiental, encarando con seriedad los desafíos del cambio demográfico y las nuevas condiciones del mercado laboral, sin perder el norte del fortalecimiento del Estado Social de Derecho, garantía de una democracia solidaria.

Dejemos de ser el país de las diferencias abismales, imitando las fracasadas políticas chilenas, y convirtámonos en el país que hace la diferencia.

Enviado por el autor.

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Pensiones del Magisterio: de mentiras, privilegios, oportunismos, e hipocresías

Escrito en 05/11/2019. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

(En respuesta a declaraciones de la periodista Pilar Cisneros)

Imponente figura proyectó recientemente doña Pilar Cisneros en el Salón de Ex presidentes de la Asamblea Legislativa, refiriéndose a pensiones “de lujo”, y repartiendo invectivas a diestra y siniestra contra jueces, políticos, sector público, docentes, y pensionados. “Mentirosos, hipócritas, oportunistas, y defensores de privilegios”, los llamó. Hizo gala la estimable periodista de un pensamiento maniqueo, radical e inflexible, y lo que es peor, basó sus ataques contra el Magisterio en inexactitudes; distorsionó la realidad, interpretando a su arbitrio y sin respaldo formal la no aplicación de la ley 7858 (1998, sobre tope a las pensiones con cargo al presupuesto) antes del 2014, y llegó al extremo de esgrimir las opiniones de minoría de los magistrados Rueda, Hernández y Esquivel, en la resolución 2018-19030 de la sala constitucional respecto de ese tope a pensiones, como si fueran un argumento definitivo, en un ataque frontal contra los derechos adquiridos jubilatorios. En dichas opiniones, esos magistrados se abstraen de la realidad histórica y legal de los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto y proponen un criterio de contribución de los jubilados a regímenes en desequilibrio financiero que representa un cuestionamiento de la existencia misma de los derechos adquiridos y la irretroactividad de las leyes, en virtud de la preeminencia que le otorgan al equilibrio fiscal por sobre cualquier otra consideración.

Desde nuestra perspectiva de pensionados del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional (RTR), queremos manifestar nuevamente que la mentada ley 7858, que en su artículo 3 imponía un tope de 10 salarios mínimos a la generalidad de pensiones a cargo del Presupuesto Nacional, NO ERA APLICABLE AL MAGISTERIO. Y decimos no era, en pretérito, porque doña Pilar parece desconocer, aunque apareció rodeada de abogados, que ese artículo 3 fue derogado en el 2016 por ley 9388. Independientemente de esa derogatoria formal, debemos recordar que una ley se tiene por derogada si otra más reciente, de igual generalidad, o con mayor razón, más específica, la contradice. Y resulta que la ley 7946, de 1999, reiteró que el tope de jubilación para las pensiones del Magisterio se fijaba en salario de catedrático universitario, con dedicación exclusiva y 30 anualidades, cerca de 3.9 millones de colones. Esto hacía inaplicable los provistos de la ley 7858 para el Magisterio, algo elemental pero que la Administración Solís Rivera no quiso entender. Y además, como si lo anterior no fuera suficiente, el artículo 3 bis de esa misma ley 7858 exceptuaba a los pensionados con postergación (que habían laborado más tiempo del requerido antes de jubilarse) de ese tope de 10 salarios mínimos. Dado que un porcentaje muy elevado de los jubilados magisteriales tiene postergación, resultaban eximidos de ese tope, aún en el supuesto de que la ley hubiera sido aplicable. Y esa exención está apegada estrictamente a la letra de la ley. Como puede apreciarse, no encontramos en ella mentiras u oportunismos, pero sí patente falta de información por parte de la señora periodista.

Mucho desconoce también doña Pilar acerca de las pensiones del RTR. Permítasenos hacer un poco de historia, porque esas pensiones NUNCA debieron cargarse al presupuesto, ya que desde 1958, cuando entra en vigencia la ley 2248 (Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional), los docentes empezamos a cotizar un 5% del salario de manera tripartita (obrero, patronal y estatal) que estaba, por misma ley, destinado al pago de las jubilaciones y a la constitución de un fondo previsional. Eventualmente, estas cotizaciones magisteriales fueron de 3 a 6 veces superiores a las de los adscritos al régimen de IVM-CCSS. ¿Por qué entonces nuestras pensiones del RTR terminaron con cargo al presupuesto? Porque por increíble que parezca, el Estado, no solo no constituyó el fondo previsional con los excedentes de las cotizaciones, sino que desvió esos excedentes, junto con los estatales y patronales, a gasto ordinario. Esa es la razón por la que el Estado tiene ahora que pagar nuestras pensiones con cargo al presupuesto. De nuevo, nada de privilegios, pero sí desvío de fondos por parte del Estado, a tenor de 5 millones de millones de colones, calculado por los actuarios de JUPEMA al 2012 si nuestra reserva se hubiera constituido, y eso después del pago de las jubilaciones. Todo ello es del conocimiento de algunos de los acompañantes de Doña Pilar y funcionarios en la actividad de referencia, porque a ellos nuestro colectivo de jubilados se los comunicó personalmente, y también a todos los diputados y diputadas. Nos preguntamos cómo calificaría doña Pilar la actitud de quienes, conociendo la verdad histórica acerca de las pensiones del RTR, la callan en actividades públicas por motivos solo para ellos conocidos. Y no solo la historia se deja de lado, sino también datos interesantísimos como los que manifestara el Superintendente de Pensiones a la prensa en cuanto a que “lo que es realmente caro no son las pensiones tan altas” (La Nación, pág. 11 A, 17/12/18), lo que da pie para preguntarse si existirán motivaciones ulteriores de tipo político -financieras tras la llamada “guerra a las pensiones de lujo”, máxime si se tiene en cuenta que de los cerca de 44 000 jubilados del RTR, tan solo el 1.75% reciben montos nominales superiores a 4 millones y no más del 0.47% devengan montos nominales mayores de 6 millones.

Compartimos con doña Pilar la preocupación respecto de las finanzas públicas, pero no encontramos dentro de su crítica al sector público, a las universidades y al Magisterio, referencia alguna a lo que se ha apuntado como las verdaderas causas del déficit. Según datos periodísticos no refutados por la Administración, mientras que el déficit fiscal ronda el 6% del PIB, las exoneraciones a grandes intereses suman el 5.7% y las distintas formas de evasión fiscal llegan al 8%. Irónicamente, el recorte de los “jugosos” pluses del sector público va a representar una recaudación para el erario de… ¡0.14% del PIB! (Diario Extra:http//:www.diarioextra.com/Noticia/detalle/360433/gobierno-golpea-pluses-salariales-de-142-mil-empleados-públicos; La Nación, pág. 6 A, 16/12/18; La Nación digital 4/12/18)

Con base en lo anterior, contestamos la pregunta formulada previamente por la Sra. Cisneros: “¿Y con qué se pagarán… las pensiones del Magisterio, las más jugosas del país? (crhoy.com 2/9/19)”. La respuesta es muy simple, doña Pilar: esas pensiones ya se pagaron con las cotizaciones magisteriales contribuidas desde 1958. Que el Estado haya desviado esos fondos no es culpa del Magisterio, pero sí constituye uno de los ilícitos más descomunales en la historia del país, y que se ha invisibilizado a lo largo de las décadas mediante lo que una de nuestras jubiladas, Dra. María Amoretti, ha denominado como una verdadera conspiración de silencio; ello, en conjunto con el constante bombardeo mediático “informando” que el Magisterio no cotizó, o que no cotizó lo suficiente, para sus pensiones “de lujo”, sobre las que ya pesan gravámenes de hasta el 57% de monto nominal para las más elevadas (según tablas de deducciones de JUPEMA). ¿Piensa Ud., doña Pilar, que ese tipo de deducciones y gravámenes son propios de “privilegios”?

Por tanto, no encontramos, en referencia a nuestras pensiones, ni mentiras, ni oportunismos, ni hipocresías. Citamos a una colega jubilada al respecto:

“Considero arbitrarias, injustas y poco éticas estas medidas (de ataque a las pensiones). Si trabajamos con respeto a las leyes, nos esforzamos y estaban claras las reglas del juego, en un país donde se supone, se respetan los derechos adquiridos no es posible, a estas alturas, las cambien… Este ambiente provoca desconfianza y temor. ¿Qué sigue?”

Debemos decirlo con contundencia: el escarnio y el señalamiento público de los que hemos sido objeto a lo largo de varios años, no refleja más que mezquindad e ingratitud por parte de sectores de nuestra sociedad que no tienen reparo en aprovechar y usufructuar las ventajas comparativas que los profesionales y trabajadores calificados, formados en el país por nuestro sistema educativo y nuestros docentes, representan para el capital y las compañías que se asientan en nuestro territorio. Tampoco es un secreto que la preferencia de muchos empleadores todavía se inclina por la contratación de profesionales y técnicos formados en universidades públicas. Ello hace que sea todavía más censurable y oprobiosa la campaña virulenta de descrédito, incitación al odio, y pretensión de despojo que se ha desatado desde los ámbitos político y mediático contra los jubilados que contribuimos a formar los cuadros profesionales y técnicos que tiene el país.

COLECTIVO JUBILADOS EN ACCIÓN

Redactó: Dr. Jorge Danilo García, Ph.D.

Integrantes de la Comisión Central:

José Antonio Salas Víquez, Coordinador: jsal9305@gmail.com Tel: 8810-0104

Alice Ramírez Ramírez, Directora Ejecutiva: aramiralice@gmail.com Tel: 8834-8594

Jorge Danilo García Hidalgo

Álvaro Vega Sánchez

Irma Zúñiga León

José Rafael Hidalgo Rojas

Virginia Sánchez Molina

Christopher Vaughan

Ilustración: https://www.significados.com.br/magisterio/

Enviado por Álvaro Vega Sánchez.

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Reformas a las pensiones en el marco de la Justicia Constitucional

Escrito en 06/09/2019. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

María Amoretti Hurtado

Jubilada y Profesora Emérita de la UCR

Jubilados en Acción: NO PERMITIREMOS QUE LAS ILEGALIDADES DE HOY LEGITIMEN LOS ATROPELLOS DE MAÑANA

He leído con interés, el ensayo crítico del Dr. Walter Antillón (El País,cr. 29 de agosto de 2019), sobre el estado de entrampamiento actual en que se encuentra nuestra Sala Constitucional. Dicho ensayo pone de relieve, al mismo tiempo, el alto y transcendental papel que jugó la Universidad de Costa Rica al generar, desde la Facultad de Derecho, “los importantes cambios que se producirían en los años siguientes en la cultura y la institucionalidad constitucionales y administrativas” de Costa Rica. Entre esos impulsos se describen los esfuerzos de la Facultad por hacer posible, a sus estudiantes aventajados, los estudios de posgrado en el extranjero y la investigación y producción bibliográfica nacional en ese importante campo del derecho. Dichos esfuerzos culminarían, poco después, con la creación de un tribunal y una jurisdicción específicamente constitucionales. En 1989 nace la Sala Constitucional.

En aquellos maravillosos años la Sala enseñaba que la Constitución, por los altos valores que la constituyen y nos constituyen, predomina y prevalece sobre la Ley. Poco duraron esos dorados años. A partir del año 2000, el innoble ejercicio de las cúpulas políticas empezó a debilitar la independencia de la Sala Constitucional, para usarla en su propio beneficio, y no en el del pueblo, hacia el que originariamente se había orientado.

La lectura del ensayo de este Emérito Catedrático de la UCR nos ha dejado claro, que el colectivo de Jubilados en Acción llegó para quedarse. La lucha que emprendimos desde principios de este año de 2019 no es solo por nuestras pensiones; si hubiera sido así, ni siquiera la hubiéramos comenzado. La misión que nos hemos dado desde el inicio ha sido la defensa del Estado democrático y social de Derecho de nuestra nación, bajo el lema que dice: no permitiremos que las ilegalidades de hoy legitimen los atropellos de mañana.

La defensa de la institucionalidad democrática de Costa Rica, basada en el respeto a la Constitución y las leyes, parte de aquellos temas referidos al derecho jubilatorio de los trabajadores del magisterio, pero no se queda ahí porque los enmarcamos en el contexto general del país; de ahí que, para nosotros, es claro que el tema de las reformas a las pensiones es tan solo un distractor para ocultar el verdadero estado de la institucionalidad del país y la metástasis social que se nos viene encima.
Es nuestro deber de universitarios seguir combatiendo los enfoques reductores de la amplitud de esta crisis. El tema que develiza la magnitud del problema, ya lo expuso, con toda la rigurosidad propia de la academia, la fina pluma del doctor Antillón: se trata de la crisis de la Justicia Constitucional de nuestra nación, la cual ha llegado a un punto de no retorno: o se defiende, o no seremos ya nunca más.

El caso de los actuales proyectos de ley para reformar pensiones, que se discuten actualmente en la Asamblea, son una clara muestra de esta crisis de la constitucionalidad, que comienza con la postulación, por parte de la Sala IV, de la primacía del Principio de Equilibrio Presupuestario por encima de los derechos humanos. Sobre la base de este burdo principio contable de dudosa juridicidad -y peor capacidad técnica-, se han emitido las últimas resoluciones de la Sala IV, que avalan los topes a las pensiones del Magisterio Nacional y otros regímenes (véanse los votos a este tenor emitidos a final del 2018).

Para resumir, esquematizo rápidamente la argumentación que planteo sobre este tema de las reformas de pensiones, dentro del marco de la Justicia Constitucional:

1.- En 1968 se reformó el artículo 7 de la Constitución Política y se determinó que los tratados públicos y los convenios internacionales, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tienen autoridad superior a las leyes. Por consiguiente, el convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene rango superior a las leyes.

2.- Este convenio ordena en el artículo 71.3, que cada país deberá garantizar, la realización de estudios y cálculos actuariales, de manera periódica, para lograr el equilibrio financiero de cada régimen de pensiones o jubilaciones. Estos estudios o cálculos actuariales deberán hacerse, en todo caso, previamente a cualquier modificación de las prestaciones, de la tasa de las cotizaciones del seguro jubilatorio, o de los impuestos destinados a cubrir las contingencias en cuestión (invalidez, vejez o muerte).

3.- Por consiguiente, todas las reformas a los regímenes de pensiones del Magisterio Nacional, realizadas desde el año 1992, HAN INCUMPLIDO ESTA NORMATIVA Y SON INCONSTITUCIONALES.

4.- Es evidente que los actuales proyectos de ley para reformar las pensiones van por el mismo camino del irrespeto al derecho y justicia constitucionales, aumentados por una sorprendente carencia de capacidad conceptual y peor habilidad de sistematización.

Este ejemplo, junto con otros que nos ofrece el doctor Antillón, ilustran EL ATAQUE Y EL ASEDIO POLÍTICO A LA SALA, que se vienen evidenciando desde el año 2000, hasta que la Sala Constitucional, adalid de los derechos humanos, se dejó entrampar completamente.

El proceso tuvo su itinerario, el asedio fue progresivo y constante. Para probarlo, el doctor Antillón analiza el voto 18-019511, relativo a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, del siguiente modo:

1.- La Sala empieza haciendo suya la visión del gobierno al alabar las medidas fiscales tomadas por este, las cuales califica de “aptas e insolayables”.

2.- A continuación, la Sala postula la primacía del llamado “principio de equilibrio presupuestario.”

3.- Y sobre la base de ese principio, considera entonces correcto condicionar los derechos sociales, a que haya fondos disponibles.

Fue así como la Sala constitucional, adalid de los derechos humanos, llega a a la monstruosa razonabilidad de que los derechos humanos en Costa Rica dependerán, de ahí en adelante, únicamente de las sobras del presupuesto nacional.

El reportaje del lunes 2 de setiembre de 2019 en La Nación debería comenzar por explicarle a la comunidad nacional qué rayos hacen las pensiones del Magisterio en la lista de gastos del presupuesto nacional, si son pensiones creadas por ley como un sistema solidario de reparto con su propio fondo y sus respectivos réditos? También sería bueno que explicaran cómo van a repartir al pueblo lo que dicen que la gente se va a economizar con estas reformas. Si se lo van a depositar en sus cuentas de ahorro, o se lo van a agregar en el aguinaldo cada año.

Una rebaja de los exorbitantes intereses que todos pagamos por nuestras tarjetas de crédito cada mes, eso sí sería un ahorro inmediato y un alivio efectivo de las finanzas de nuestras familias ¿No les parece? Pero eso difícilmente lo veremos en los titulares de los lunes en La Nación. ¿Por qué será? Solo ponga 9 segundos de atención y lo sabrá.

Imagen ilustrativa.

Enviado por Álvaro Vega Sánchez.

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“Las pensiones no se jubilan”

Escrito en 27/08/2019. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lorena Flores Solano,

Ex coordinadora del Departamento de Pensiones de APSE

María Amoretti Hurtado,

Jubilada de la UCR

La pensión es la principal fuente de recursos en la vejez, incapacidad y supervivencia.

Dos de los grandes objetivos de las pensiones son: proporcionar un ingreso suficiente para satisfacer las necesidades básicas de los adultos mayores y, en segundo lugar, evitar las caídas abruptas en la capacidad de consumo, al llegar a la edad de jubilación.

Cuando se habla de una reforma de la seguridad social pueden estar planteándose medidas de diferente alcance. En América Latina se plantearon procesos de refundición de la seguridad social. En los años 80 y 90, se habló de una reforma de la seguridad social. Ahora parece estar produciéndose una reforma de las reformas operadas en los años antes citados.

En nuestro caso nos dormimos, pensamos que nunca íbamos a enfrentar el modelo neoliberal, uno de los modelos más exitosos en cuanto a su penetración, el más violento, el más salvaje y deshumanizado de los todos los sistemas conocidos en la modernidad. Y al parecer, el más dañino cerebralmente, ya que bloquea las facultades inmunológicas del ser humano hasta el punto de solicitar a los poderes del Estado su propia inmolación. Todo ello, gracias a una lobotomía colectiva efectuada por un uso perverso de la comunicación y la manipulación de la información, que ha permitido inyectar en las masas la pérfida idea de que la pensión es un lujo.

Como es típico de su estrategia psicológica, la introyección se ha venido efectuando en un proceso lento pero constante, que comenzó con las pensiones de lujo y terminó con la pensión es un lujo, sin que los ingenuos lectores se percataran de la torsión del sentido y se presten ahora a jubilar su propia pensión sin tener la menor conciencia de su autoinmolación.

En América Latina, la famosa reforma a las pensiones se empezó aplicando en República Dominicana, México, Colombia y en Chile, en donde se implantó de golpe. A diferencia de esos países, en nuestro país, como ya se dijo, ha sido un proceso lento pero constante. Empezamos con los PAES, la privatización de los puertos, del cemento, los tratados de libre comercio y la reforma a los regímenes de pensiones; en fin, la desestructuración del estado social benefactor. Incluso la restauración del examen de Bachillerato, en la Enseñanza Media, pretende, en el fondo, tener obreros preparados, pero no todos terminan con el título.

En Costa Rica, el proyecto de un régimen único de pensiones fue propuesto en el año 2002, por los diputados Otto Guevara Gûth y Federico Malavassi, modelo que está a imagen y semejanza del modelo chileno llamado A.F.P. (Administradoras de los Fondos de Pensiones).

¿Qué son las A.F.P.? Se trata de instituciones financieras privadas encargadas de controlar y administrar los fondos de cuentas individuales de ahorro para pensiones. Chile es el precursor mundial de la privatización de la seguridad social. El padre del milagro chileno es el economista José Piñera, Ministro de Trabajo del General Pinochet y hermano del actual presidente. Este es un modelo que obliga a los jubilados a buscar trabajo para complementar las bajas pensiones que reciben cada mes. Se basa en la capitalización individual, es decir, que cada trabajador afiliado cotiza mensualmente en la Operadora de forma obligatoria. Bajo el sistema privatizado, que el presidente Jorge Bush llamón “un modelo a seguir”, los trabajadores deben destinar el 10% de sus ingresos a cuentas individuales en las Administradoras del fondo de Pensiones. Las Administradoras invierten el dinero y les cobran a los trabajadores una comisión por las transacciones y otras cuotas. Los empleadores y el gobierno no contribuyen a las cuentas de los trabajadores. En otras palabras, no hay solidaridad.

Por otra parte, los fondos invertidos por las administradoras han contribuido al desarrollo de mercados de capitales en Chile, lo cual estimuló el crecimiento y ha tenido retornos razonables. Actualmente, en Chile hay 6 operadoras, la mitad pertenece a empresas extranjeras. Se estima que el capital es el 71% del producto interno bruto de Chile; sin embargo, ese sistema no ha logrado brindar pensiones dignas para la mayoría de los jubilados. Si la bolsa de valores se hunde o las inversiones salen mal, los ahorros de los trabajadores y las pensiones de los jubilados también caen.

Una comisión designada por la presidenta Bachelet, para examinar el sistema de pensiones y proponer reformas, halló que la pensión mediana era equivalente al 34% del último salario promedio de un jubilado, suma muy semejante a la que propuso el superintendente Álvaro Ramos para los jubilados del IVM, lo que confirma su visión y propuesta privatizadora.

Según la OISS (Organización Iberoamericana de la Seguridad Social):

1.- Es fundamental que los Estados prevean el envejecimiento de la población para que puedan preparar, adecuadamente, los ajustes de los sistemas de protección social.

2.- La migración es un factor clave en la economía de los pueblos, al tiempo que incide en los sistemas de Seguridad Social. Los Estados deben prepararse para afrontar la protección social de este colectivo, mediante la suscripción de instrumentos internacionales (Convenios-CMISS)

3.- La extensión de la cobertura de protección social se consigue con la formalidad en el mercado laboral.

4.- Los sistemas de protección social deben concebirse bajo la óptica de la igualdad de género.

5.- Un buen sistema de protección social se apoya en una adecuada base de datos y en una eficiente y oportuna recaudación de recursos de la seguridad social.

6.- La modernización de la gestión de la Seguridad Social debe apoyarse en adecuados sistemas informáticos integrales de la Seguridad Social.

7.- Los controles de la actividad financiera del sistema de la seguridad social son fundamentales para la optimización de los recursos y la buena y oportuna prestación de los servicios. OISS.

En su último resumen ejecutivo (diciembre del 2018), la Organización Internacional del trabajo, anunció el fracaso de la privatización de los regímenes de pensiones en 14 países de América Latina. Esto era de esperarse, pues la voracidad del mercado financiero ha hecho de la banca, los seguros y las pensiones, fabulosas máquinas de hacer dinero y un medio de apoderarse de los ahorros masivos de los trabajadores. Ahora vienen a dar el golpe final a los nuestros, de ahí la sintomática visita de Guillermo Larrain, exsuperintendente de pensiones en Chile, justo en el momento en que se entrarán a discutir los siete proyectos de Ley sobre reforma de pensiones en la Asamblea Legislativa, proyectos que no son más que un nuevo paso en el camino directo a la privatización de las pensiones y el final de las garantías sociales, puesto que el Estado se desentiende totalmente de la ciudadanía y la entrega a las fauces del capital, que pasa ya a su tercera etapa. Continuamos estando atrasados, pues seguimos hablando de neoliberalismo, cuando la tercera etapa del capital comienza cuando ya el liberalismo entra en su crisis final, lo mismo que el pensamiento. Estamos en pleno proceso de zombificación social. Las señales son claras. Esto explica el ataque a los profesionales de la Educación y a las Universidades Públicas, en especial, a la decana de ellas: La Universidad de Costa Rica.

No podemos continuar indefinidamente siendo gobernados por el mercado. Por el contrario, tenemos que gobernar al mercado. Nunca tuvo tanta riqueza el ser humano como la tiene hoy. Decir hoy que no hay plata es una desvergüenza. Lo que hay es acumulación de la riqueza en muy pocas manos. La mecánica de este sistema es muy simple: cuanto más gana el trabajo, más pierde el capital y cuanto más gana el capital más pierde el trabajo. Nos enrumbamos a una sociedad dividida en dos partes: de un lado el capital y del otro, la mano de obra esclavizada; de ahí que, de repente, el parámetro valorativo de nuestras pensiones ya no es el salario más bajo de la administración pública, sino lo que ahora llaman “la línea de pobreza”. ¡Hay que reconocer que el sistema es honesto aún en el horror!

En una sociedad así, la pensión, efectivamente es un lujo, no importa cuál sea el monto de esta. Hasta una pensión de un colón por mes es perfectamente legal, si los números lo permiten; porque no tenemos derecho a un monto, ya lo dijo Sala IV, sino tan solo derecho a una pensión, aunque esta sea el espejismo de una pensión. A eso ha reducido, el sistema financiero que gobierna el planeta, nuestro derecho jubilatorio.

Hubo una vez en que en este país la economía estaba al servicio de la política. Hoy es la política la que está al servicio de la economía. Vivimos en el reino de la cantidad y del número y, por ende, de la división y del odio.

Pero derrotados son los que bajan los brazos. Hay que volver a levantarlos y volver a empezar para devolverle a nuestro sistema de Seguridad Social el rizoma de humanismo que una vez lo alimentó. Por eso nuestro país hizo la diferencia en el concierto de las naciones. Las pensiones no son un negocio, son un sistema de solidaridad organizado, de fuerte cohesión social.

Hagamos que esta diferencia siga siendo nuestro relieve de identidad. Gracias a ella conocimos la paz, esa paz tica que es compañera inseparable de una idea del trabajo que tiene un fundamento espiritual, en cuanto que es en él y con él que nos formamos y nos dignificamos como personas en el reino de este mundo.

Entonces, hagamos la reforma siguiendo las razonables recomendaciones que nos hacen los organismos internacionales:

1.- Los sistemas de pensiones deben enrumbarse nuevamente hacia sistemas públicos de base solidaria, pues son los únicos que han probado hasta el momento ser funcionales. En ningún sistema de pensiones las solas contribuciones bastan para pagar las pensiones, solo la solidaridad entre los trabajadores las sostiene verdaderamente. De ahí que los sistemas de reparto sigan siendo los sistemas ideales, aunque en Costa Rica el Régimen de reparto del Magisterio fracasó porque el Estado no solo no pagó sus contribuciones ni como Estado ni como Patrono, sino que, además, se apropió indebidamente de nuestro fondo de pensiones. Desde 1958, cuando se creó el fondo, hasta la fecha, seguimos pagando nuestras dobles contribuciones (la solidaria y la “especial”), para un fondo que no existe. Hasta el momento, seguimos sin tener la más mínima idea del destino de esos dineros.

2.- Según la OIT, en este tema de las garantías sociales, la responsabilidad del Estado es INELUDIBLE. El Estado es el garante de esos derechos, aun en aquellos países en que se elijan los sistemas privados; pero sobre todo en aquellos, agregamos nosotros, en que, como es el caso de Costa Rica, fue el propio Estado el que desvió uno de los fondos de pensiones: el nuestro, el de los maestros, que son los que están a punto de ser crucificados para liberar nada menos que a Barrabás. Si se quiere justicia, deberíamos empezar por exigirle al Estado dar cuenta de nuestro fondo de pensiones.

3.- Preparar la reforma no desde arriba, sino buscando el consenso y con el debido acompañamiento técnico y filosófico. Solo así haremos de estas iniciativas, no una guerra, sino un camino para la conciliación social que tanto necesitamos en estos momentos. Esta es la mayor crisis de sentido en la historia de Costa Rica.

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS por Álvaro Vega Sánchez.

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De las pensiones mágicas a la magia del fondo de pensiones

Escrito en 13/07/2019. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Jorge Danilo García, Microbiólogo, Jubilado UCR

Álvaro Vega, Sociólogo, Jubilado UNA

El superintendente de pensiones, don Álvaro Ramos, en recientes declaraciones al periódico la Nación (La Nación, domingo 07 de julio del 2019) aduce que la gente cree que las pensiones son mágicas porque se opera una suerte de expectativa por parte del futuro pensionado que no obedece a la realidad. Aspira a que se le devuelva un monto que no guarda proporción con lo que ha cotizado. Y destaca que se trata de un comportamiento cínico porque no quieren entender la imposibilidad de ese tipo de “pensiones mágicas”, apelando a que “Papá Estado le resuelva todo”.

El argumento parece impecable, casi mágico, y podría conducir cándidamente a aplaudirlo y hasta celebrarlo con odas por ser uno más en la lucha contra los “privilegios” y las “gollerías” de los empleados y pensionados del sector público. Pero se olvida don Álvaro que el “Papá Estado”, de manera irresponsable y dolosa, en el caso más sonado de las pensiones del Magisterio Nacional, nunca creó un fondo de capitalización con las cotizaciones tripartitas que sobrepasaban en casi tres tantos a las del Régimen de la Caja. Desvió a gasto ordinario esos dineros de todos los cotizantes desde la creación de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional en 1958, es decir, hace 61 años. Por tanto, si de magia se trata este fondo resultó mágico: hizo un acto de desaparición y se esfumó, se desvaneció….Ello es del conocimiento de la Sala IV en su voto 3447-98 donde, refiriéndose a las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, señala la “grave omisión en crear un fondo autosuficiente” por parte del Estado; asimismo se destaca en ese voto que “ahora se pretende que esos yerros históricos, sean asumidos por los beneficiarios de los sistemas…”. El mismo argumento adujo el Licenciado Juan Rafael Espinoza en un artículo publicado en el Foro de La Nación (10 de agosto de 1995), al considerar la reforma que incrementó la cotización al régimen magisterial entre un 10% y un 16% como “injusta e irracional, además de contraria a la Carta Magna y a la jurisprudencia de la Sala Constitucional”.

Y es verdad, como señala el superintendente, que el Estado tendrá que pagar en este año 2019 la suma de 1.06 billones de colones en pensiones con cargo al Presupuesto Nacional. Pero no es verdad que la culpa la tengan los “antiguos regímenes que fueron cerrados por ser insostenibles”. Tampoco son los pensionados los responsables del endeudamiento del Estado para cubrir las pensiones de las 61.300 personas pensionadas, como destaca el señor Ramos. Si hay algún responsable de esta situación ha sido el Estado que ahora busca lavarse las manos como Pilatos después de haber usufructuado de esos dineros ajenos y haberlos mal administrado. Una muestra más de la incapacidad y la ineficiencia de nuestros gobernantes, particularmente de los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana, que en las últimas cuatro décadas han venido desmantelando el Estado Social de Derecho, con prácticas corruptas y políticas parcializadas a favor de las grandes empresas y el capital financiero.

El superintendente de pensiones apela a una salida fácil y simplista, aduciendo que el costarricense es víctima del “pensamiento mágico”, cuando más bien debería atender a la complejidad que representa la gestión financiera y política de un Estado que no ha sabido conducir la cosa pública con transparencia, ética y eficiencia. Se calcula que de haberse creado y capitalizado adecuadamente un fondo de Pensiones del Magisterio Nacional, y de no haberse particionado en el de Transitorio de Reparto, por un lado, y el de Capitalización Colectiva, por otro, al entrar en vigencia la Ley 7531, el mismo cubriría a los pensionados actuales y contaría con una reserva de 5 billones (5 millones de millones) de colones. Aun así, la reserva para el Régimen Transitorio de Reparto sería en la actualidad de 1.4 billones (1.4 millones de millones de colones).

La ineficiente gestión del Estado se comprueba en el impulso que ha dado a políticas remendonas donde los platos rotos los han tenido que pagar los sectores medios y empobrecidos del país. Por tanto, si de cinismo se trata don Álvaro junto con este irresponsable “Papá Estado” resultan ser el mejor ejemplo. ¿Acaso no es cinismo eximirse de no haber creado, resguardado y capitalizado un fondo de pensiones desde 1958 y pretender ridiculizar, atribuyendo “pensamiento mágico” a los pensionados costarricenses? ¿Acaso no es cinismo seguir encubriendo a los evasores y elusores, principales disparadores del déficit fiscal, culpando a los pensionados del endeudamiento del Estado?

Por otra parte, y consecuente con su apología del Estado neoliberal y privatizante, el señor Ramos, con la frialdad propia de los economistas que Paul Krugman llama “vendedores de políticas económicas”, aduce que “hay una gran resistencia a ver la pensión, básicamente, como una cuenta bancaria glorificada…”. No alcanza a explicarse lo que es de sentido común para un costarricense medianamente informado, de que habitamos un país que hace más de medio siglo optó por un pacto social que ha hecho la diferencia entre un Estado oligárquico, regido por el simple interés rentista particular, y un Estado Social de derecho que apuesta por la solidaridad para la equidad y le bienestar colectivo. Adjudica al sistema financiero el poder “mágico” de glorificar los ahorros –convertir el agua en vino– y ser el único garante de una pensión justa y sostenible. Y esto sí es “pensamiento mágico” por cuanto, como bien lo ha constado la OIT en su reciente Informe (La reversión de la privatización de las pensiones. Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina 2000-2018), los regímenes de pensiones privados, es decir supeditados a los ahorros en el sistema financiero, han mostrado ser un fracaso en América Latina y en el mundo.

El superintendente hace caso omiso de la viabilidad y sostenibilidad de regímenes de pensiones que se rijan por el criterio de la solidaridad, procurando que las personas tengan acceso a una pensión digna y justa, es decir, que corresponda al aporte que ha brindado a la sociedad a lo largo de su vida laboral, y que el Estado sea garante de este derecho como está establecido en la legislación internacional. Al parecer, el señor Ramos quiere vendernos un modelo de pensiones sui generis e inédito: público pero que se rija por una lógica de mercado privado, basado únicamente en cuentas individuales. Por eso, no se sonroja al decir que para un trabajador de la Caja que cotiza 10.16%, lo lógico es que al pensionarse reciba entre un 30% y un 35% de sus salario actual y jamás el 55% que se otorga hoy en el IVM. En este sentido, tampoco cabrían las pensiones del régimen no contributivo. En su criterio no hay cabida para la solidaridad que dignifique al pensionado. Don Álvaro ha clausurado la solidaridad del Estado Social de Derecho costarricense, uno de nuestros principales logros como nación.

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Álvaro Vega.

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Privatización de pensiones: golpe de gracia al régimen de garantías sociales

Escrito en 30/04/2019. Publicado en Trabajo.

“Hora decisiva de las pensiones” es el titular del editorial de La Nación del sábado 6 de abril donde señala que para el 2030 habrá apenas 3.9 trabajadores activos por pensionado, es decir, dos menos del mínimo necesario. Se apunta a la insostenibilidad del régimen de la Caja, si no se hacen ajustes fuertes.

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