Ir al contenido principal

Etiqueta: pensiones

La verdad de las pensiones del régimen de reparto del magisterio

Jubilados en acción / Francisco Esquivel V.

Mucha de la información que circula en los medios de comunicación distorsiona la realidad de lo que sucede en el régimen de reparto del Magisterio Nacional y el impacto de la Ley 9796 sobre pensiones.

Los argumentos comunes. Lo que normalmente se dice son cosas como las siguientes:

  • Nunca hubo un motivo válido para privilegiar a los funcionarios públicos que se pensionan con montos por encima de lo que tienen los trabajadores del sector privado
  • No hay cómo justificar las diferencias en las pensiones de los diferentes regímenes
  • Las pensiones se han hecho incosteables y hay otras prioridades para el dinero que, a fin de cuentas, sale del bolsillo de todos, especialmente del sector privado
  • La ley 9796 contribuirá notablemente a la sostenibilidad del régimen de reparto del Magisterio

Sí hay motivo para que las pensiones del magisterio sean diferentes. Las dos primeras afirmaciones parten del supuesto de que en todos los regímenes de pensiones se cotiza lo mismo. Si los trabajadores de todos los regímenes cotizaran lo mismo es obvio que las pensiones deberían ser iguales. Pero, resulta que en el régimen de reparto del Magisterio se cotizan porcentajes muy altos del salario cuando la persona es trabajador activo. La cotización más baja es del 10%, y de ahí sube hasta llegar al 16% dependiendo del monto del salario. Esto es sustancialmente mayor que el aporte de los trabajadores del régimen de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Además, una vez que el trabajador se pensiona, debe cotizar una contribución solidaria que oscila entre el 25% y el 75% de los segmentos altos de la pensión, dependiendo del monto de la pensión bruta. Por lo tanto, sí hay motivo para que las pensiones del magisterio sean diferentes. Los educadores han pagado, durante varias décadas de trabajo, para tener una pensión más alta. Negar eso sería una injusticia.

El gobierno se comió las cuotas pagadas por los maestros. La tercera afirmación dice que las pensiones del magisterio son incosteables y se financian a costa de los trabajadores del sector privado. También esto es incorrecto porque asume que los trabajadores del magisterio no han pagado las cuotas suficientes, y en el monto apropiado, para disfrutar de sus pensiones. Desde luego, en el pasado, algunas personas se aprovecharon de ciertos portillos para pensionarse bajo el régimen de reparto o bajo otros regímenes a cargo del presupuesto nacional, sin aportar las cuotas apropiadas. Pero esa no es la realidad de los miles de pensionados del régimen de reparto, que han trabajado varias décadas cotizando los porcentajes citados antes.

Entonces, si los pensionados del régimen de reparto del magisterio han pagado por décadas sus cuotas, ¿cómo es que ahora el Gobierno Central debe usar los impuestos para pagar tales pensiones? La respuesta es que el Gobierno se comió esas cuotas y no se las dio a los pensionados. Por décadas, el Gobierno usó las cuotas pagadas por los trabajadores del magisterio para otras cosas. Además, hay que considerar que el financiamiento de todo régimen de pensiones debe tener tres fuentes de ingreso: las cuotas del trabajador, las cuotas del patrono y las cuotas del estado. Así lo establece el artículo 73 de la Constitución Política. En el caso del régimen de pensiones del Magisterio el Gobierno nunca pagó esas cuotas, tanto como patrono como en su calidad de tercera parte del sistema de financiamiento.

La Junta de Pensiones del Magisterio (JUPEMA) ha estimado que si el Gobierno no se hubiera comido esas cuotas, pagándolas como era obligatorio, y con eso, se hubiese formado un fondo para pagar las pensiones, en este momento se tendrían por lo menos 5 billones de colones que permitirían pagar las pensiones actuales. Se trata del 13% del PIB o dos veces el déficit fiscal.

También, hay que tomar en cuenta un hecho fundamental en la historia de las pensiones del Magisterio. En 1995 el régimen se partió en dos. Por una parte, se constituyó el régimen de reparto ubicando ahí a los pensionados de mayor edad. Por otra parte, se estableció el régimen de capitalización colectiva (RCC) conformado por los educadores más jóvenes. Pero, al realizarse esta partición, el régimen de Reparto quedó dañado estructuralmente porque se le quitó la posibilidad de contar con las aportaciones de nuevos miembros, que, a partir de ese momento, pasaron al régimen de Capitalización Colectiva. Hoy se tienen aproximadamente 44.000 beneficiarios del régimen de Reparto. Pero tal régimen ha perdido el aporte de 101.000 educadores que pasaron al régimen de Capitalización Colectiva.

La sostenibilidad del régimen de reparto. Para lograr la sostenibilidad del régimen de reparto del Magisterio es necesario comenzar por el restablecimiento del fondo. El Gobierno Central debe pagar la deuda para dar una muestra de que se quiere resolver el problema. Y, asumiendo que, en 1995, se fracturó estructuralmente el sistema de financiamiento, el Gobierno Central, no sólo debe pagar la deuda sino también dar un aporte que complemente las cotizaciones de los pensionados. En la medida en que se avance en esta dirección es posible convocar a los pensionados, y a los educadores activos, para dialogar y, con el apoyo de un estudio actuarial, consensuar una solución integral. No reconocer la deuda del Gobierno Central con el régimen del Magisterio y descargar únicamente sobre los jubilados acciones como las de la ley 9796, es evadir la realidad y no aportar nada significativo para lograr la sostenibilidad del régimen de reparto.

El famélico ahorro de la ley 9796. Dice la cuarta afirmación que la ley 9796 le dará un gran aporte a la sostenibilidad del régimen de reparto del Magisterio. Eso es incorrecto. El impacto de la ley 9796 en las finanzas del régimen de reparto será mínimo. Estadísticamente no es significativo. Lo que se recaudará anualmente será el 1,9% de lo que se paga por el total de pensiones del Régimen de Reparto del Magisterio Nacional. En consecuencia, la recaudación de la ley 9796 no le aportará nada relevante a la sostenibilidad del régimen ni a corto, ni a mediano y largo plazo. Es decir, se trata de un ahorro que no es relevante.

Imagen: MEP

En tiempos del Coronavirus: una radiografía perversa

Promover desde las más altas autoridades la eliminación de estigmas y estereotipos negativos que puedan surgir sobre ciertos grupos de personas a partir del contexto de pandemia.
(Comisión Internacional de Derechos Humanos. Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. Resolución 1/2020

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

Para un sector de la clase política actual, La Nación, Canal 7 y los ideólogos de la privatización, el pensionado del Magisterio Nacional es un “pensionado de lujo”. Es decir, un privilegiado y hasta un descarado que no tiene vergüenza de aprovecharse de obtener beneficios, para los que no ha cotizado, a costa de los impuestos que paga el pueblo. Es el enemigo número uno del pueblo y uno de los principales causantes y responsables de la crisis fiscal que padece el país.

Esta radiografía perversa, odiosa y mentirosa no ha logrado convencer a un pueblo inteligente que sabe que quienes así opinan son “lobos vestidos con piel de ovejas”. Los ricos que hoy se visten de pobres, siendo los principales responsables de tener al país en el noveno lugar de los países más desiguales del mundo, según datos del Banco Mundial del 2016.

Las razones de su riqueza mal habida sobran. Unos desfalcan bancos, como en el caso del ex presidente de la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada (UCCAEP), el señor Samuel Yankelewitz, juzgado y condenado por deudas de 37 millones de dólares. Otros, como los empresarios del ALDESA, con el señor Javier Chaves a la cabeza -y esposo de la ex coordinadora del equipo económico del actual gobierno, la señora Edna Camacho, hoy premiada con un alto puesto internacional-, amasando y derrochando capitales a costa de los ahorros de pequeños y medianos inversores. Y otros, utilizando puestos políticos para obtener dividendos personales o para sus allegados, tales como el banquero y ex vicepresidente del gobierno liberacionista de doña Laura Chinchilla, el señor Luis Libermann, el gran cabildero del sector financiero, que gestionó para lucrar bajos impuestos de renta con intereses del 8% mientras los asalariados pagaban entre 15 y 30%, además deducir intereses de préstamos obtenidos en bancos del exterior, entre muchos otros beneficios, según lo denunció el expresidente del Banco Central, el señor Jorge Guardia. Por su parte, el ex canciller de la República, también liberacionista, el señor Fernando Naranjo, quien usufructuó de verdaderos privilegios como gerente del Banco Nacional, con un salario superior a los 19 millones de colones mensuales, a los que se suman dividendos anuales millonarios.

Sumen a la lista a los grandes empresarios que declaran cero ganancias al fisco, mientras explotan a sus trabajadores con salarios casi de hambre, que el actual ministro sin “cartera” y representante ante el sector empresarial, André Garnier Kruse, los considera demasiado elevados. Y entre ellos, otro banquero, el señor Leonel Baruch del BCT, que declara cero ganancias mientras presta casi 10.000 millones de colones a la mayoría de los principales partidos políticos de la contienda pasada, lucrando con la deuda política que pagamos todos los costarricenses, sobre los que deduce los intereses y se gana los cupones del bono. Y también patrocina a Canal 7 con el programa “Ayer y hoy en la Historia” de don Ignacio Santos.

Con qué cara se atreven estos señores y sus defensores, como doña Pilar Cisneros, entre otros, a lanzar ataques contra pensionados del Magisterio que apenas alcanzan a ser parte de una debilitada clase media, después de haber servido al país por 35 o 40 años, y en muchos casos continuar sirviendo, de manera voluntaria, después de pensionados; asimismo, haber cotizado hasta 6 tantos más que los cotizantes de la Caja, además de pagar puntualmente todos los meses de todos los años de servicio el impuesto de la renta como asalariados y pensionados, sin utilizar subterfugios para eludir esa responsabilidad ética y patriótica como mandar la plata a los paraísos fiscales. Además, continúan, después de pensionados, pagando las altas cuotas como si fueran asalariados y no pensionados, como una contribución solidaria para que las nuevas generaciones puedan llegar a disfrutar de una pensión digna. Asimismo, quienes sobrepasan el salario de un catedrático universitario, hacen un aporte solidario adicional que lleva a que las deducciones oscilen entre un 40% y un 55% de su salario bruto. Eso es SOLIDARIDAD, doble o triple. ¿A cuál asalariado de los que devengan salarios más altos del sector público o privado se le deduce más del 50%?

¿Quién en su sano juicio y con los pies puestos en la tierra firme del derecho y de la ética puede catalogar a un trabajador de la educación costarricense como “pensionado de lujo”? Se trata de personas que han sabido sacrificar una suma muy alta de su salario, y ahorrar lo suficiente para vivir una vejez digna. ¿Cuál aprovechamiento o descaro? Trabajo, trabajo honrado y ahorro, ahorro…Previsión con visión de futuro y solidaridad.

Esa perversa radiografía solo cabe en la mente de personas de mala fe, inducidas por el odio y la mentira a utilizar las armas más innobles de la manipulación y la violencia simbólica, para agredir a los trabajadores y pensionados del sector público, y hacer que el pueblo vea para otro lado. Buscan continuar presentándose como mansas ovejas, hoy vestidos como defensores de los pobres para hundir a los mismos pobres y a la clase media trabajadora y siempre solidaria.

Por dicha, tenemos trabajadores públicos y privados solidarios que, junto con un remanente de empresarios y políticos honestos y honrados, al igual que nuestros campesinos, han sabido ganarse el pan con el sudor de la frente, y por su nobleza y solidaridad este país ha logrado ubicarse en los primeros lugares en desarrollo humano en América Latina, Asimismo, en salud, seguridad social y educación ocupar un sitial de privilegio a nivel mundial.

 Este país, ejemplo en el mundo en esos aspectos, lamentablemente, es el mismo que ocupa el vergonzante octavo lugar entre los más desiguales del mundo, debido, en gran medida, a la mezquindad de los grandes evasores y elusores de impuestos del sector empresarial y financiero, así como a una clase política rentista y electoralista, que perdió la brújula de gobernar para el bien común.

Imagen: http://clif.in/2018/08/26/evasion-y-elusion-fiscal-hacen-de-america-latina-la-region-mas-desigual-del-mundo/

Del Pacto Social y Político de 1943 al Pacto Social y Político del Bicentenario, 2020

Vladimir de la Cruz

En general partimos de que la vida política es constantemente resultado de pactos políticos, entre los diversos actores políticos y sociales. Igualmente consideramos y sabemos que esos actores cambian constantemente. Unos son fijos por un plazo corto, mediano o largo. Otros son tan volátiles como para realizarse de manera ad hoc, para una cosa concreta, y solo para esa, quedando en libertad los actores de actuar en todo lo demás, al margen de lo pactado.

La vida en general es también resultado de esos “pactos”, desde las relaciones familiares, de noviazgos, de uniones de parejas y matrimoniales, de padres e hijos, de las relaciones sociales que establecemos con otras personas o familias, de las relaciones laborales, las de la convivencia pública y privada, los relaciones reguladas por las normas usuales, tradicionales, de comportamientos sociales y privados, y de trato social aceptadas, al igual que todas las relaciones jurídicas y normativas que realizamos son expresión de esos “pactos”. Estos “pactos” son firmados para cumplirse, hacerse valer y respetarse. Otros son contratos realidad, de la realidad que se aceptan y se respetan tanto, como los firmados.

Durante la “cuarentena” impuesta por la presencia del coronavirus muchos “pactos” se han realizado en todos los hogares, en todas esas dimensiones apuntadas, para regular de mejor forma la presencia inevitable, diaria, de todo el día y toda la semana, de los distintos miembros de las familias, sobre todo cuando los espacios habitacionales son reducidos. Hasta con las “mascotas” han tenido que hacerse “pactos” de convivencia en aquellos hogares que se tienen.

Sin embargo, hay tendencias, y muy fuertes, en la vida actual, de satanizar todos los pactos, especialmente los políticos, cuando es lo normal y lo correcto que se produzcan.

No hay gobiernos “puros”, ni políticos “puros”, ni partidos políticos “puros”. Gobiernos, políticos y partidos expresan y reflejan relaciones políticas, económicas y sociales de distintos grupos existentes en la sociedad, como de personalidades propias de cada Gobierno y de cada partido.

Gobiernos, dirigentes políticos y partidos políticos hasta se han definido históricamente ligados a clases sociales, a las clases trabajadoras y obreras, a las campesinas, a las clases medias, a las clases empresariales de distinta naturaleza, a las oligarcas, aristocráticas y plutocráticas, y hay quienes también ligan a estos gobiernos, a los líderes políticos y partidos a grupos mafiosos, narco mafiosos, como nuevas expresiones de la realidad que vivimos.

De ello también resultan los gobiernos monárquicos, las monarquías parlamentarias, así como los gobiernos fascistas, dictatoriales, autoritarios, populistas y obviamente los llamados gobiernos republicanos y democrático representativos.

Hoy ya casi no se establecen las divisiones existentes, antes de 1990, entre gobiernos capitalistas y socialistas ni entre sistemas políticos económico socialistas y capitalistas, con sus variantes. No ha desaparecido del lenguaje la crítica al capitalismo pero poco hay a favor, al menos en Costa Rica, en el lenguaje, hacia el socialismo, que parece más una nebulosa que otra cosa en términos inmediatos.

La poca existencia de un reducido grupo de países socialistas, y la caída del Sistema Mundial Socialista que existió hasta 1990, hizo caer al interior de cada país a las fuerzas representativas de esas corrientes políticas, provocando en mucho que el Socialismo sea hoy una “utopía”, más que una realidad posible inmediata. Ni hay partidos políticos que se abanderen con el Socialismo como meta a conquistar en el país, ni hay un solo país “socialista” que sirva de modelo para “imitar”, como se hacía con la Unión Soviética por los partidos comunistas.

Las reglas de relación entre todos estos actores políticos y sociales son las que aseguran la convivencia política, la seguridad institucional, y de alguna manera las “mejores” políticas y acciones institucionales que se tomen para lograr el mayor bienestar y la mayor felicidad posible de todos los ciudadanos, del pueblo.

Lo usual son los pactos políticos que resultan de la aprobación de leyes en el Congreso, antes de 1948, y en la Asamblea Legislativa desde 1948 hasta hoy.

El Derecho y las leyes son quizá la mejor expresión de esos “pactos” cotidianos, como expresión de la voluntad popular expresada por medio de los representantes populares en la Asamblea Legislativa, nos gusten o no las leyes que aprueban.

La forma suprema de estos Pactos políticos son las Constituciones Políticas. El último firmado en Costa Rica es el de 1949, con la Constitución actual.

Hay corrientes y movimientos, en las que me he apuntado, que consideran que es necesario avanzar a un nuevo proyecto constitucional, que produzca un nuevo Pacto político, una nueva Constitución Política. Pero, en este momento, en la crisis que atravesamos impuesta por el coronavirus, esta no es la prioridad nacional.

NO urge hoy una nueva Constitución Política. Pero, SI urge un nuevo Pacto Político y Social, que con profundas reformas institucionales pueda marcar el rumbo, de la celebración del Bicentenario de la Independencia con visión de largo plazo, 50, 60 o 75 años adelante…

Justamente, por la situación que vivimos bajo este gobierno del Partido Acción Ciudadana, encabezado por el Presidente Carlos Alvarado Quesada, que definió desde su arranque e instalación, la idea de un Gobierno de Unidad Nacional, integrando en el Gabinete personas distinguidas de otros partidos políticos, sin que con esos partidos se hubieran firmado pactos de gobernabilidad, hay un avance en esa dirección. Hacia los próximos gobiernos esto ya se modeló.

Esta idea del Gobierno de Unidad Nacional no ha pasado aún de ser un postulado, y una acción real que el Presidente trata de impulsar, recientemente afirmada con los nombramientos de la Vice Ministra de la Presidencia, Silvia Lara y del nuevo tercer Ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto.

No hay acuerdos políticos de los partidos políticos alrededor de ellos. El mismo Partido Liberación Nacional, torpe, ciego y tontamente, ante la realidad que vivimos, objetó a Silvia Lara y le zafó el bulto a Marcelo Prieto. El Partido Unidad Social Cristiana ha hecho lo mismo con los miembros del Consejo de Gobierno de ese partido, aún cuando el más brillante de los Ministros, por sus acciones institucionales, sea Rodolfo Méndez Mata, y ahora en su nivel, por la atención y la forma como están actuando frente a la pandemia, se distinguen el Ministro de Salud y el Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, ambos del partido de Gobierno.

Hay PACTOS NACIONALES que se imponen y resultan de situaciones extraordinarias, de situaciones ajenas a la propia gobernabilidad nacional, que obligan a actuar unitariamente, que también resultan de situaciones internacionales donde nos ubicamos frente a enemigos comunes, dejando de lado, mientras se enfrentan esas adversidades, las contradicciones internas, y postergando, si es del caso, la inmediata lucha política particular procurando una real política nacional.

El Gran Pacto Nacional que se produjo, que contribuyó a perfilar y desarrollar la Costa Rica de la segunda mitad del Siglo XX y de este inicio del Siglo XXI, fue es que se dio en 1943 entre el Gobierno y el Partido Republicano que apoyaba a Rafael Ángel Calderón Guardia, el Partido Comunista de Costa Rica, jefeado por Manuel Mora Valverde y la Iglesia Católica de Costa Rica, dirigida por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez.

En 1939 Rafael Ángel Calderón Guardia fue candidato del Partido Republicano, bajo el Gobierno de León Cortés, quien lo impulsaba. La Iglesia Católica, en ese momento, era profundamente anticomunista, ya encabezada por Monseñor Sanabria. El Gobierno de León Cortés muy vinculado al Gobierno alemán, y con ello al nazi fascismo, enemigo acérrimo de los comunistas y de sus movimientos sindicales.

Hasta 1943 el Partido Comunista era guía y factor dominante de todos los sindicatos de trabajadores y sectores medios productores, y de campesinos. La Iglesia Católica se preparaba para incursionar en el movimiento sindical y en el cooperativo, con dos sacerdotes hermanos, Benjamín y Santiago Núñez.

Ese año, 1939, estalla la II Guerra Mundial. El escenario de la guerra muy superior al de la I Guerra Mundial. Abarcaba todos los continentes excepto el continente americano, donde no se dieron conflictos militares directos. La II Guerra se prolonga hasta 1945, en la que murieron entre 50 y 60 millones de personas, militares y civiles.

El mercado europeo de colocación de nuestros productos fundamentales de la economía cayó, se cerró…los soldados no tomaban café… Se fortalecieron los vínculos comerciales con Estados Unidos, que ya eran bastante importantes en el país.

En Costa Rica, como en la gran mayoría de los países se desarrollaron movimientos por la paz, antifascistas. En el Comité Anti Nazi de Costa Rica se reunieron personajes de distintas filiaciones políticas, Fernando Valverde Vega, Francisco Orlich Bolmarcich, Manuel Picado Chacón, Manuel Mora Valverde, entre otros.

A nivel internacional los Partidos Comunistas, a partir del VII Congreso de la Internacional Comunista, celebrado en Moscú, en 1935, en la que participó el dirigente comunista y sindical, Rodolfo Guzmán,  cambió la estrategia internacional hasta entonces desarrollada, de la lucha contra el Imperialismo y de la Lucha de Clases, pasando a impulsar la política de los Frentes Populares, de UNIDAD NACIONAL, para defender los sistemas democrático republicanos, que eran igualmente amenazados por el fascismo mundial.

Desde la Conferencia de Partidos Comunistas latinoamericanos, de La Habana, de 1936, a la que asistió Arnoldo Ferreto, se fortaleció el impulso de estas nuevas concepciones para el continente. Para las elecciones de 1936 contra León Cortés se intentó impulsar un Frente Popular que no se concretó.

Desde el año 1936 hasta 1940 el Partido Comunista fue enemigo frontal del Gobierno de León Cortés, y enfrentó igualmente al Dr. Calderón Guardia, su candidato, en sus primeros meses de gobierno, a partir de 1940.

Desde 1930 hasta 1945 fue Secretario General y Presidente del Partido Comunista de los Estados Unidos Earl Browder, uno de los dirigentes más importantes y más influyentes del Movimiento Comunista Internacional, especialmente en el período de 1940 a 1945, con gran repercusión en América Latina, el Caribe y en Costa Rica.

En el contexto de la II Guerra Mundial, de la lucha antinazi y de los Frentes Populares, Browder impulsó en su lenguaje la idea de la superación de la lucha de clases y del antiimperialismo, llamando a la colaboración de clases. Así en esos años se dio el Browderismo. El Partido Comunista de Costa Rica se identificó con este planteamiento en todos sus frentes de combate, incluso en las luchas sindicales, que perdieron el marco de confrontación de la lucha de clases.

El Gobierno de Estados Unidos, por otra parte con Franklin D. Roosevelt, impulsa una serie de políticas reformistas, que van a influir en la visión del Dr. Calderón Guardia, junto a la visión social cristiana que ya tenía, y había fortalecido en Europa, en Bélgica, y que su esposa Ivonne Clays, la Primera Dama, de una gran sensibilidad social, le había estimulado.

Hasta diciembre de 1941 ni Costa Rica ni Estados Unidos habían entrado en la II Guerra Mundial. Con motivo del ataque a Pearl Harbor, los Estados Unidos se ve obligado a integrarse como aliado de la Unión Soviética, Inglaterra y Francia, en la lucha antinazi. Costa Rica solidariamente con Estados Unidos declara la Guerra a Japón, Alemania e Italia.

Esta Declaración provoca una ruptura muy fuerte con el Cortesismo y los intereses alemanes en el país, muy metidos en la producción de caña y en las exportaciones de café. El Gobierno queda solo. Hasta un intento de golpe de Estado se planeó en contra suya sin éxito.

En 1941 el peso de la II Guerra se hizo sentir en la economía nacional. El Partido Comunista frente a ello propuso su “Plan Nacional de Emergencia para salir de la Crisis de Guerra”, que se agitaba en todos los frentes de lucha del Partido, en el Congreso, en las calles con los sindicatos, en movilizaciones al Congreso en apoyo de los diputados comunistas.

El vacío político del cortesismo filonazista hacia el Gobierno de Calderón Guardia permitió el acercamiento del Partido Comunista, con su Plan de Emergencia, donde no estaba en el orden del día la lucha por el socialismo ni el comunismo. Era lo urgente, lo inmediato, las subsistencias, la comida, el trabajo. Era la protección a los trabajadores y a los campesinos, a sus ingresos y salarios, de la inmensa mayoría de la población.

Se iniciaron las conversaciones para apoyar al Gobierno en sus segundos dos años. Se sumó la Iglesia, muy cercana al Gobierno. Conversaciones durante todo el año 1942 y primeros meses de 1943, intensas, discretas y “secretas”, hasta que en junio fructificaron públicamente.

Se había logrado un GRAN PACTO NACIONAL, entre el Gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, el Partido Comunista, con Manuel Mora al frente, y la Iglesia Católica jefeada por Monseñor Víctor Manuel Sanabria, hoy los tres declarados Beneméritos de la Patria.

El Pacto dio por resultado el apoyo abierto, claro y contundente al Gobierno de Calderón Guardia por los comunistas y la Iglesia. Las Garantías Sociales, que estaban en proceso legislativo y el Código de Trabajo se aprobarían, en agosto, entrando en vigencia en setiembre de 1943. Se le daría todo el mérito de esta Reforma al Dr. Calderón Guardia, como efectivamente se hizo.

La Iglesia condicionó su participación a cuatro aspectos básicos, el cambio de nombre del Partido Comunista, el reconocer que las Garantías Sociales tenían un fundamento social cristiano, el desarrollar su propia organización sindical, hasta entonces solo los comunistas la tenían, y que le dieran representación a su organización sindical en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y así fue.

El Partido Comunista cambió de nombre el 13 de junio de 1943 a Vanguardia Popular. Esto calzaba plenamente en los lineamientos esbozados desde el VII Congreso de la Internacional Comunista y dentro de las corrientes browderistas. El Partido Comunista reconoció la influencia socialcristiana en las Garantías Sociales y realizó un discurso público constante de que no era un Partido anti religión católica, como siempre lo había acusado Sanabria. El Partido Comunista aceptó la creación de otra Central Sindical y le cedió uno de los dos puestos que tenía en la Junta de la Caja Costarricense de Seguro Social, sacrificando en ella a Enrique Benavides, y manteniendo a Rodolfo Guzmán. La Iglesia llevó a Benjamín Núñez. La Iglesia reconoció públicamente que militar en Vanguardia Popular no era un pecado, que los católicos podían ingresar, “sin cargo de conciencia alguno”, al Partido Comunista en su nueva denominación.

El núcleo más importante de este Pacto terminó desarrollándose en el Pacto Político para impulsar la candidatura de Teodoro Picado, entonces Presidente del Poder Legislativo, a la Presidencia de la República, en las elecciones de 1944. Para ello constituyeron el Partido Bloque de la Victoria con el que llegó Teodoro Picado a gobernar el país hasta 1948.

Desde el momento del Pacto de apoyo, con motivo de la declaratoria de guerra al nazifascismo, en diciembre de 1941, hasta el término de gobierno de Picado, en 1948, el Partido Comunista de Costa Rica, ni Vanguardia Popular, negociaron puestos en el Consejo de Gobierno. Se quedaron con sus diputados, compartiendo listas en el Bloque de la Victoria. Mantuvieron su unidad reservándose el derecho de crítica pública si fuera necesaria.

Las Reformas Sociales y el Código de Trabajo, de 1943, junto con el Código Electoral, de 1946, y la Reforma Tributaria de 1946, fueron los ejes importantes de estos gobiernos, junto con las instituciones culturales, la Universidad de Costa Rica, 1940, las instituciones médicas y de seguridad social, la Caja Costarricense del Seguro Social, 1941, que se impulsaron en esos años, entre otras, las que sentaron las bases de la Costa Rica a partir de ese momento.

La Guerra Civil de 1948 no pudo eliminar ni neutralizar estas reformas. La Junta de Gobierno, instalada el 8 de mayo, sin entregarle el Poder a Otilio Ulate, en cuyo nombre se había levantado en armas, se vio obligada a mantenerlas. La Asamblea Constituyente, convocada por la Junta, que funcionó en 1949, mantuvo estas Reformas y las desarrolló.

Las Reformas Sociales la Junta de Gobierno, y los gobiernos sucesivos, las desarrollaron y fortalecieron institucionalmente, coincidiendo con las políticas reformistas rooseveltianas, con las políticas económicas reformistas de Keynes y de otros economistas que se impusieron en esos años, como las que derivaron del Plan Clayton al terminar la  II Guerra Mundial, en su Punto IV para América Latina, se desarrolló un importante aparato estatal costarricense, y una sólida institucionalidad pública, que hizo surgir las clases medias en el país, de manera muy poderosa.

Ese Pacto de 1943, afirmado en 1948, y consolidado en la Constituyente de 1949, sigue vigente. Lo han golpeado, los gobiernos, especialmente los que siguieron desde 1982, lo han debilitado en sus coberturas sociales, económicas y laborales, con algunas excepciones, donde se han fortalecido aspectos de esas Reformas, como en el Gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Algunos gobiernos impulsaron unas que otras leyes reformistas. Otros desmantelaron la parte estructural bancario financiera. A la clase media la han ido debilitando. La pobreza extrema y la pobreza la han mantenido con techos de 7% y 22%, como parte de un gran negocio nacional.

El desmantelamiento institucional no lo han acabado, quienes desde el Estado mismo, desde los gobiernos, desde el aparato institucional público, conspiran constantemente contra toda la institucionalidad pública, clamando por la privatización de todas las instituciones, especialmente las que son estratégicas y de gran rentabilidad.

El Coronavirus político que se ha metido en las instituciones del Estado es el nombramiento de personas en sus Juntas Directivas, y cuadros medios, que desde esas altas trincheras, conspiran contra ellas, haciéndolas trabajar mal y deficientemente, clamando por su privatización, señalando que bajo la administración del Estado son ineficientes e ineficaces. Las llevan casi “hasta la ruina”, debilitándolas, reduciéndoles sus presupuestos, para demostrar su inutilidad. Y, como sucedió en CODESA, las instituciones que eran ineficientes, pasadas al sector privado resultaron minas de oro.

El Coronavirus ha puesto en evidencia la importancia de las instituciones públicas. Todo el sector privado, en todas sus formas y manifestaciones, se está viendo beneficiado por la presencia de las instituciones estatales que están al frente de la lucha contra la pandemia y sus manifestaciones en el país, y en apoyo del sector privado y productivo.

La salud de los costarricense en general, y de la clase trabajadora, tan importante para los sectores empresariales, está siendo bien atendida en esta tragedia internacional.

Los mecanismos sociales aún debilitados de asistencia social están dando resultados atenuadores. Los mecanismos económicos del Estado están siendo dirigidos a apoyar a los sectores empresariales, con perjuicio importante de los sectores laborales, en sus salarios, sus beneficios sociales, sus pensiones, sobre los que se quiere hacer descansar una buena parte de la solución del problema que enfrentamos. Se pide el máximo sacrificio para los sectores laborales, sin que los sectores económicamente poderosos se sacrifiquen proporcionalmente en su capacidad.

Urge en este momento atender al sector micro empresarial, a las MICROPYMES Y PYMES. Esta debe ser la atención principal de todos los sectores políticos y sociales, y de los partidos políticos.

La inmensa masa de trabajadores está en las pequeñas y medianas empresas, independientemente de si en ellas existen o no sindicatos, que tienen su concentración máxima en el sector público. Una buena parte de la población está en el sector informal de la economía, casi el 50%. Una tercera parte de la Población Económica Activa está constituida por mujeres y, de ellas poco más de la mitad son cabezas de familias, que son el principal ingreso de sus hogares aun cuando tienen esposo o compañero. En los últimos meses habían empezado a aumentar los índices de desempleo y de las mujeres trabajadoras.

El Coronavirus debe hacer pensar a los dirigentes sindicales y a los dirigentes de izquierda en la necesidad de ponerle atención a estos sectores sociales, a los sectores micro y pequeños productivos, en defenderlos, en apoyarlos en su sobrevivencia, en hacerlos sus aliados naturales en esta tragedia nacional.

En la defensa de esos sectores está la defensa de todas las clases trabajadoras, incluida la clase media y los sectores de empleados del sector público.

La defensa de los sectores micro y pequeño empresariales tiene que darse acompañada de las luchas por la defensa de los salarios, los beneficios sociales existentes y las pensiones.

No es la lucha anticapitalista la que está en el orden del día. El coronavirus no es resultado del capitalismo. Es la lucha por la sobrevivencia decente, decorosa, digna lo que está en el orden del día, es la lucha contra la amenaza del hambre generalizada.

Es la lucha por asegurar las fuentes de trabajo de la inmensa mayoría de la población, por asegurar que los sistemas de asistencia y beneficios sociales públicos funcionen, por asegurar y fortalecer las instituciones nacionales que en este momento, y en frente de esta pandemia, están alzando la cara y poniendo el pecho por Costa Rica y por el pueblo costarricense. Es la lucha por asegurar los salarios y las pensiones de las personas, para poder dinamizar la economía.

Sindical y políticamente, con todos los grupos políticos existentes, se debe impulsar un GRAN ACUERDO NACIONAL, un NUEVO PACTO SOCIAL, 2020, como el de 1943, de este año 2020, que articule a todas las fuerzas sociales y políticas del país, alrededor de un PLAN NACIONAL DE REFORMAS, con miras al Bicentenario y la proyección de país que queremos para las próximas décadas, y para salir airosamente de la crisis ocasionada por el impacto del coronavirus, donde todos los sectores cedan lo que tengan que ceder, sacrifiquen lo que tengan que sacrificar, proporcionalmente a sus posibilidades. Es la oportunidad para el mismo Gobierno de articular el Gran Plan o Acuerdo Nacional del Bicentenario, y que esa conmemoración no sea nada más que una fecha a celebrar.

No se requiere para este momento el Consejo Consultivo Económico y Social de Costa Rica (CCES), creado por la Administración de Carlos Alvarado Quesada, a través del Decreto Ejecutivo No 41439-MP, a principios del año pasado.  Ese Consejo está bien para reuniones, con los sectores que lo conforman en períodos normales, para consultas y para ir lentamente fraguando y cocinando leyes, acciones políticas o soluciones.

Ahora tenemos el impacto del desempleo, del subempleo, de la reducción de jornadas, de la gente que ha perdido sus salarios e ingresos, de las personas a quienes se les han disminuido sus ingresos, de los que tienen que pagar alquileres y no tienen cómo, de los altos intereses que se cobran en todo tipo de transacciones bancarias y comerciales, de cierre de micro, pequeñas y grandes empresas. Tenemos la crisis, la paralización y eventual quiebra de los sectores pequeños y medios empresariales, principalmente. Pero, el peor de todos los impactos va a ser el del HAMBRE que va a provocar esta situación si no se le entra con tiempo a enfrentarla. El HAMBRE que va a provocar mayor inseguridad social, que va a provocar MUERTES en Costa Rica.

Tenemos, resultado de las “cuarentenas” impuestas la redefinición de “trabajos esenciales”, “trabajos importantes”, en el sector privado y público, el teletrabajo, que pueden contribuir, y van a disminuir, probablemente, la tasa de empleo y agudizar la situación social. Se está poniendo en evidencia “una innecesaria” masa trabajadora, de trabajadores de carne y hueso. Aquí no van a surgir “tele sindicatos”, “sindicatos a distancia”, “sindicatos chats”, ni “huelgas, paros y movilizaciones chats”, aunque pueda haber dirigentes “chats” … en todos los órdenes. Esto va a ser parte de la reorganización empresarial e institucional que se viene superada la pandemia…el desempleo real…

Estamos ante una emergencia y se necesitan soluciones de emergencia y extraordinarias, audaces, legislativas y de acciones de gobierno. Hay que hacer un esfuerzo nacional en este sentido. Aquí debe probarse la responsabilidad de todos los sectores y actores políticos, sociales y económicos en su compromiso por Costa Rica. El Acuerdo o Pacto Nacional hacia la Costa Rica del Bicentenario debe surgir de este momento de crisis nacional y de Unidad Nacional para superarla.

Como en 1943 necesitamos de los líderes políticos y sociales en capacidad de entender el momento que estamos viviendo y el que viene.

Sinceramente, estoy seguro que los tenemos, aunque no sea fácil reunirlos ni sentarlos en la misma mesa. Es por Costa Rica, es por todos, que tenemos que hacerlo y lograrlo, y actuar con firmeza, a la altura que se nos impone, sin temores, complejos o cálculos políticos.

Enviado a SURCOS por el autor.

Actuario pide investigar acuerdo de CCSS para variar base contributiva y que se cobre al Estado

El investigador y experto en estudios actuariales, máster Rodrigo Arias López envió una carta al licenciado Olger Sánchez Carrillo, auditor interno de la Caja Costarricense de Seguro Social, en la cual presenta denuncia y solicitud “para que se investigue la legalidad y correcta aplicación del acuerdo de Junta Directiva relacionado con la Base Mínima Contributiva y para que se le cobre al Estado el monto del descuento de primas en Invalidez Vejez y Muerte (IVM) y Salud”.

La misiva fue enviada el 5 de abril de 2020 y SURCOS recibió copia.

Rodrigo Arias López indica que en el Semanario Universidad del 19 de marzo de 2020 se publicó la siguiente noticia: “Ante emergencia nacional por Covid-19: Caja aprueba reducción del 75% en la base mínima contributiva”.

Arias López transcribe del artículo citado: “La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó este jueves por la noche una reducción de un 75% en la base mínima contributiva vigente en el seguro de salud y en el de pensiones durante los siguientes tres meses, debido a la emergencia sanitaria que actualmente golpea al país”.

“Esto se aplicaría para la facturación de las planillas patronales, aportes de trabajadores independientes (incluye aquellos con Convenio Colectivo) y trabajadores del sector público que reportan jornada parcial según los registros del SICERE, correspondientes a los meses de facturación de marzo, abril y mayo del 2020”.

En el mismo medio se informa que el acuerdo de la junta directiva de la CCSS dice: «Este acuerdo no aplica para la forma de cálculo del monto a facturar al Estado por todas sus obligaciones con la Institución, con excepción de aquellas relacionados a su condición como patrono».

Ante ello, el experto en temas actuariales señala en la carta el auditor de la CCSS que “Lo informado no es completamente claro, no se conoce su impacto, ni si existe algún estudio actuarial que al menos determine el monto de la reducción de ingresos del acuerdo y que analice y justifique su aplicación o pertinencia. Me temo que la Administración de la CCSS lo que está haciendo es una reducción generalizada de un 75% en las planillas de ingresos de los trabajadores independientes, voluntarios, convenio y no estoy seguro si también en el caso de los salarios del sector de asalariados. De ser una reducción generalizada del 75% durante tres meses, podría tener un impacto estimado de 580.000 millones de colones, a lo que se debería agregar el impacto adicional por pérdidas de empleo”.

Ante ello, Rodrigo Arias López solicita que se investigue y se proceda con lo siguiente:

1) Si la Junta Directiva de la CCSS o la Administración de la Caja, están facultadas para realizar una reducción del 75% de las primas, en algunas o en todas las modalidades de aseguramiento de Salud y Pensiones.

2) Si existió un estudio actuarial conforme a los artículos 23, 41 y 42 de la Ley 17 para justificar el acuerdo.

3) Si existió algún criterio jurídico legal para respaldar el acuerdo.

4) Si lo que está aplicando la Administración de la CCSS corresponde efectivamente a lo acordado por la Junta Directiva sobre el asunto.

5) Que esa Auditoría realice un análisis legal para que se recomiende a la Administración de la CCSS y a su Junta Directiva, proceder a facturar al Estado como tal, el monto de esos descuentos, de conformidad con el artículo 73 y 177 de la Constitución Política de la República, a fin de no lesionar las finanzas de esa institución.

Lo público y lo privado: buscando el bien común

El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Artículo 50 de la Constitución de la República de Costa Rica.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Se habla hasta la saciedad de recortar salarios, pensiones y en general el gasto público. El peso de la balanza recae sobre este sector, mientras lo privado se mantiene casi intocable, como si fuese el “lugar santísimo” del templo de la patria. Este país, en materia de política pública y privada, es tan laico (de laos: pueblo) como cualquier Estado de Derecho.    

Efectivamente, nuestra Constitución establece que se pueden imponer limitaciones a la propiedad privada en razón del “interés social” (Artículo 45), es decir, del bien común. Hasta ahora, y en medio de un Estado de Emergencia Nacional, no se han impuesto limitaciones de ningún tipo sustantivo a lo privado, y por el contrario se le sigue facilitando su gestión, para que despida, postergue contrataciones y negocie condiciones con los trabajadores, que solo favorecen al gran empresario y su capital.

O sea, el gobierno no está cumpliendo a cabalidad con el mandato constitucional de procurar “el mayor bienestar de todos los habitantes” propiciando un “adecuado reparto de la riqueza”, hoy concentrada escandalosamente. Riqueza que ha crecido exponencialmente, porque ha sido eximida, vía concesiones tributarias y amnistías, de cumplir con la responsabilidad social que le compete en un Estado Social de Derecho, que todavía existe porque tenemos una Constitución que lo respalda.

El Banco Mundial, para nada sospechoso de ser enemigo del sector privado, llama la atención al peligro de festinar con los recursos públicos para enfrentar la crisis producida por el COVID-19. Plantea algunas consideraciones a tener en cuenta. Por ejemplo, proteger los trabajos, tanto públicos como privados, es una prioridad; los funcionarios públicos prestan gran parte de los servicios esenciales para responder a la crisis en primera línea; los Gobiernos deben permitir el teletrabajo y reorganizar las tareas y responsabilidades en vez de imponer recortes y despidos; la crisis ha subrayado la importancia de tener instituciones públicas eficaces para proteger las vidas y los medios de subsistencia de las personas.

Una propuesta razonable y proporcional, y que toma en consideración los aspectos mencionados, entre otros, es la formulada por el economista don Francisco Esquivel, que en sus nueve puntos condensa medidas  que  son una garantía para el cumplimiento del precepto constitucional contenido en el Artículo 50, columna vertebral de nuestro Estados Social de Derecho. No privilegia a ningún sector, sea público o privado, que cuente con la capacidad y responsabilidad de aportar solidariamente, y sin apelar a subterfugios como los que han venido abaratando el concepto de solidaridad, de gran contenido ético-humanista. Una propuesta juiciosa y patriótica.

También se han hecho aportes valiosos por parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), de la Federación Ecologista de Costa Rica (FECON), de la Maestría en Planificación de la Universidad Nacional, entre otras. El movimiento social y la academia han sido proactivos y solidarios en esta lucha de todos y todas.

Solo falta voluntad política, humildad y amplitud de miras para salir adelante, como bien señala Harari, ante los desafíos de este Siglo XXI: “Aunque los retos no tienen precedentes y aunque los desacuerdos son enormes, la humanidad puede dar la talla si mantenemos nuestros temores bajo control y somos un poco más humildes respecto a nuestras opiniones” (21 lecciones para el siglo XXI, p.179).

El gobierno tiene que contribuir a conjuntar las mejores ideas y propuestas, en esta hora decisiva, para ser garante del precepto constitucional que le asigna al Estado, como tarea fundamental, impulsar “el más adecuado reparto de la riqueza”.  

Tenemos que superar, de una vez por todas, los enfoques que han venido propiciando el antagonismo entre trabajadores del sector público y privado, para afirmar el compromiso que ambos tienen en contribuir al bien común, especialmente en situaciones de emergencia como la que estamos padeciendo. Solo a las élites económicas, políticas y mediáticas privilegiadas les interesa poner a pelear a los trabajadores de ambos sectores. No hay que prestarse a ese juego sucio y mal intencionado.

Foto: ANEP

Crisis de la pandemia no debe descansar en hombros de los trabajadores

Vladimir de la Cruz

La crisis de la pandemia del coronavirus no debe descansar en los hombros de los trabajadores, ni en sus salarios ni en sus pensiones. Algunas reflexiones.

La crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus, que ha desembocado en una paralización parcial de muchas actividades y procesos productivos, a nivel mundial, regional y nacional es evidente. Nadie sensato puede negarla ni ocultarla.

El sistema mundial de la economía globalizada, y super encadenada a nivel internacional, ha entrado en un laberinto de relaciones comerciales y productivas internacionales y globales, donde incluso se aprecia la prepotencia de algunos países, superpotencias que lo son, que compran al contado instrumentos médicos, que se necesitan en estos momentos, evitando que se vendan a crédito a otros países, que anticipadamente los habían contratado, en una nueva forma de piratería comercial internacional, como está haciendo Estados Unidos, que fragmentaliza y debilita más a los países pequeños y a los que dependen de las tradicionales compras internacionales contra facturas de pago, contra pagos diferidos, y no por compras al contado, de pago inmediato.

Esta pandemia incluso ha provocado teorías y discusiones sobre la crisis actual del capitalismo mundial, en esta fase económica en que se desenvuelve desde 1990, y hasta discusiones sobre su crisis, su falla y su posible muerte, sin que alternativamente se ofrezca un sistema diferente y mejor. Hay quienes quisieran ver al coronavirus como una enfermedad típica del capitalismo.

Antes de 1990 al menos había el escenario de Socialismo versus Capitalismo. Hoy ese escenario no existe en planteamientos políticos, ni político electorales.

También se discute sobre un nuevo escenario de relaciones geopolíticas internacionales, donde siguen destacando como cabezas hegemónicas la República Popular China, Rusia y Estados Unidos. La Unión Europea está relegada a un segundo lugar.

En las sociedades y países capitalistas que vivimos, por su estructura social, por sus graves y bien marcadas diferencias sociales, por la exclusión social, por la marginación social de grandes conglomerados, por las malas condiciones de vivienda, de mala infraestructura, de malas condiciones higiénicas en general, falta de agua, electricidad, letrinas y manejos de aguas negras, por los malos accesos a la salud pública, por la carencia de seguridad social, parecida a la de Costa Rica, el impacto de la pandemia puede ser catastrófico para algunos países más que para otros.

De esta situación no escapan grandes países y modelos capitalistas como el de Estados Unidos, hoy el epicentro de expansión de la pandemia. Y no deja de afectar a ricos y a altos funcionarios políticos, como es el caso del Primer Ministro Inglés, que tendría más posibilidades de vivir si estuviera en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Juan de Dios, que del hospital inglés en que se encuentra, con todos los cuidados del caso por su investidura política.

Muchos sectores, especialmente, los sociales, sindicales y de ubicación en la izquierda política, se quedan en su ataque en la estructura capitalista económica y política, sin ofrecer alternativas ante la misma crisis, cuando son decisiones que se deben tomar desde las estructuras de Gobierno, Poder Ejecutivo y Asamblea Legislativa principalmente. Esto es obvio porque no están allí, en esas estructuras políticas, de toma de decisiones, y porque tienen pocos márgenes de acción política directa. Su posición en ese sentido es débil, lo que envalentona a quienes sí tienen capacidad de decidir, y lo están haciendo a expensas de los sectores asalariados y pensionados.

En esta crisis pandémica no es suficiente el ataque al capitalismo como sistema. Este es el sistema dominante en casi todo el mundo. Pocos países tienen sistemas económicos y políticos diferentes, la República Popular China, Vietnam, la República Popular Democrática de Corea y Cuba. En América Latina solo Cuba destaca con un sistema diferente, especialmente en salud, en este momento, sin superar a Costa Rica. Venezuela, Nicaragua y Argentina no tienen un sistema económico y político socialista, tan solo gobiernos que se dicen de izquierda. Esa discusión se abrirá, y quizá será muy necesaria, después de superada la pandemia, y faltan muchos meses.

Países suramericanos que estuvieron hasta hace poco tiempo gobernados por sectores progresistas y de izquierda están pésimos en su infraestructura hospitalaria y sanitaria, frente a la pandemia. El caso más dramático es Ecuador, con Rafael Correa que gobernó desde el 2007 hasta el 2017, que con su Revolución Ciudadana no logró desarrollar una base sanitaria y de seguridad social importante, que ha estallado en este momento. En Venezuela, lo que se tiene en salud es lo logrado hasta el 2009, todavía bajo Hugo Chávez y el apoyo de los médicos cubanos, en la Misión Barrio Adentro. En Brasil, desde el 2003 hasta el 2016 con Lula da Silva y con Dilma Rousseff, y con el socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso, desde 1995 hasta el 2002, poco se hizo en infraestructura de salud y sanitaria, exhibiendo hoy a Brasil con graves problemas de atención a esta pandemia. En Argentina, bajo el gobierno de los Kirchner, de Néstor y de Cristina, desde el 2003 hasta el 2015 tampoco se hizo mucho. En Bolivia, con Evo Morales, y su Revolución Multiétnica y Pluricultural, desde el 2006 hasta el 2019, tampoco se hizo mucho en lo hospitalario y sanitario. Bolivia y Ecuador nacionalizaron recursos minerales y naturales cuyos beneficios no se proyectaron en esos campos. El carácter de la pandemia ha afectado a todos los países. Nadie está exento del coronavirus, ni ninguna clase social tampoco.

La pandemia ha obligado a desarrollar soluciones médicas, sanitarias y epidemiológicas para enfrentarla, tanto a nivel mundial, internacional, como locales o nacionales. En esto Costa Rica está, en términos generales, muy bien. Las medidas que se han venido tomando, en este sentido, impulsando y obligando a acatar, por el Gobierno, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Seguridad están provocando los resultados esperados, con aceptación general de la población en gran medida.

En lo que está mal, me parece, es en hacer descansar el peso de la crisis, y de la situación económica que ella provoca, en los sectores trabajadores de asalariados, y de los pensionados, tanto del sector público como privado.

En esta crisis, hasta hoy, en ningún país del mundo, se ha hecho cargar, con medidas contra los salarios y las pensiones, el peso de la crisis sobre los hombros de los trabajadores.

Solo en Costa Rica se han aprovechado los zopilotes que rondan, permanentemente, sobre las condiciones de vida y del bienestar laboral, y de los derechos sociales, para atacar con virulencia, más fuerte que la del coronavirus, contra los salarios y pensiones de los trabajadores, y debilitar por carambola los derechos sociales y laborales. Algunos de estos zopilotes desearían el marco de las relaciones laborales, y de trabajo, del siglo XIX, o las del feudalismo o el esclavismo.

Históricamente, desde el siglo XIX, ha habido una lucha permanente, válida moralmente, por subir salarios y rebajar jornadas de trabajo. Hasta la Iglesia Católica, con la Encíclica Rerum Novarum se sumó en esta lucha y defensa de los trabajadores.

La historia social y de la seguridad social, en general, está asociada al impulso de los trabajadores por impedir que les aumenten sus jornadas de trabajo y por impedir que les rebajen sus salarios. La lucha ha sido por rebajar jornadas de trabajo, que se ha establecido a escala internacional en ocho horas de trabajo diario, algunos países tienen menos, y por aumentar el salario. Por su parte los patronos o empleadores tratan de luchar por rebajar los salarios y aumentar las jornadas de trabajo, e intensificar de esa manera la extracción de la plusvalía. La vida bajo los sistemas capitalistas ha hecho que esta relación se establezca bajo la modalidad de que los salarios suben en escalera mientras los precios de los productos suben en ascensor, agobiando las condiciones de vida, de trabajo y empobreciendo las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo.

Los patronos y empleadores actuales, ayunos de la filosofía de las políticas públicas sociales y de la seguridad social, y del Estado Social y Benefactor, que ha marcado el desarrollo del país, en los últimos 100 años, y especialmente a partir de 1943 y 1949, se han tirado bravamente, y de manera perversa, aprovechando esta situación de la pandemia, contra todo el engranaje de estas políticas públicas, de salud y seguridad social, del Estado Social de Derecho, y contra los Derechos Sociales y Laborales desarrollados y consolidados en el país, con el ánimo de acabar con ellos o con lo que se puedan reducir.

Como el Can Cerbero del Hades, con sus tres cabezas y su cola de serpiente, procuran, los representantes del capital, en el Gobierno, en la Asamblea Legislativa y fuera del gobierno, que los trabajadores se mantengan en el infierno, que como muertos no salgan de su infierno, y no puedan entrar al mundo de los vivos, de las mejores condiciones de vida y de trabajo. Igual que en el ser mitológico de sus colmillos, de su lenguaje, se desprende un veneno negro y mortal, un mensaje de que la culpa de la situación económica es la de los salarios y las pensiones de los trabajadores.

El Can Cerbero es fiero y agresivo, sobre todo al momento de cuidar su puerta encomendada, la de la culpa de los trabajadores con sus salarios y pensiones. Como en la leyenda mitológica a todo Can Cerbero le llega su Orfeo y su Hércules. Ellos lo hicieron con la música de su lira y su fuerza. Ya habrá tiempo para la reorganización social.

Falta el mensaje alternativo, realista y posible, de parte de los sectores sociales que contribuya a desarrollar salidas posibles a la crisis de empleo, de desempleo y de pobreza que está provocando el coronavirus. La fuerza de Hércules, del movimiento social organizado, quedará para el momento en que se supere la crisis epidemiológica y pandémica que nos afecta.

Por ahora insisto. No hay país en el mundo, un solo país, excepto Costa Rica, que haya hecho descansar, en el discurso y en la realidad, el enfrentamiento de la pandemia congelando aumento de salarios, rebajando salarios y pensiones.

Los salarios y las pensiones no debieron, ni deben tocarse, en este período de crisis. Los salarios de los trabajadores y las pensiones de los trabajadores jubilados son sagrados, son sus medios de vida. Las pensiones, salvo un pequeño grupo de ellas, son reducidas respecto al salario que las provocó.

Los salarios y las pensiones de los trabajadores, en su inmensa mayoría, están comprometidos con las deducciones de ley, con préstamos, con rebaja de pensiones alimenticias, con hipotecas, con embargos. En el caso de las pensiones del magisterio, de la JUPEMA, independientemente de si son altas o no, se les rebaja casi el 60% de su asignación nominal para establecerlas entre un 40% y 55% de recibo efectivo. Y con las leyes que se aprobaron tributariamente se amenaza de reducirlas casi en un 75%.

Los trabajadores, y las personas que, de buena fe, hablan contra las pensiones altas, las “pensiones de lujo”, como las han estigmatizado, no entienden que son resultado de los salarios que devengaban esas personas. Tampoco entienden que luchando contra las altas pensiones, luchan contra las bajas pensiones, para ponerles techo a las bajas pensiones, para reducirles su techo. Cuando se rebajan las altas pensiones se les ponen techos más bajos a las bajas pensiones. Cuando luchan contra los altos salarios, luchan en el fondo por mantener bajos los salarios. Esta es la lógica del engatusamiento en que meten, con cantos de sirena, a quienes levantan estas banderas.

Ciertamente hay empresas que deben reducir su caudal productivo, paralizar ciertas funciones, suspender ciertas tareas. Ello supone que los trabajadores de esos trabajos no teniendo nada que hacer pueden ser despedidos, suspendidos de sus trabajos, con los respectivos ceses de salarios y rebajos salariales, si bajan sus jornadas. Esta es la realidad. Para ello no se necesitaba modificar leyes, ni establecer leyes especiales que no les garantizan nada a los trabajadores víctimas de esta situación.

La paralización que se ha impuesto, en todo el país, es resultado de una situación que sobrepasa los intereses nacionales del Estado y del sector empresarial. La paralización institucional y empresarial impuesta por la pandemia, es ajena a la responsabilidad de los trabajadores. La incapacidad de trabajo de los trabajadores no es voluntaria. Es involuntaria, impuesta a los trabajadores como si les sucediera un accidente, por la fuerza de la naturaleza que les incapacita para trabajar, no porque no quieran trabajar, sino porque tienen un riesgo profesional del que deben cuidarse para mantenerse luego en el trabajo, con las mejores condiciones de salud posibles.

A todos los “suspendidos” de sus trabajos, en este momento de la pandemia, a todos “los despedidos”, mientras dure su condición en tanto esos trabajos no vuelvan a ser activados, se les debe considerar discapacitados, incapacitados, como si hubieran sufrido un accidente laboral que les imposibilita trabajar, y recibir el seguro de incapacitado, que cubre el Estado, la Seguridad Social, o el Instituto Nacional de Seguros, que les permita recibir mientras dure la pandemia, y su “incapacidad” para trabajar, un ingreso mínimo, que está garantizado por ley. Que no se obligue a pagar al patrono lo que le corresponde en casos de estas incapacidades laborales puede ser una medida de emergencia a favor de ellos, pero debe garantizárseles a los trabajadores ese mínimo de ingreso que resulta de su incapacidad laboral a cargo de los sistemas estatales que los cubren. Hay que cambiar la idea de los despidos por la de incapacidades laborales. Así sí contribuimos mejor a atender las necesidades básicas de los trabajadores afectados con las suspensiones de sus trabajos.

En otro escenario están los más de $4000 MILLONES de dólares que han ingresado al país, al Ministerio de Hacienda principalmente, que forman parte de la Deuda Externa, resultado de préstamos de varios organismos internacionales, que en este momento no está claro dónde se están destinando, y se podría estar dando o festinando una danza de millones…

Esos $4000 millones de dólares deben vigilarse muy bien, por los organismos del Estado, por las Defensorías Públicas, para que se destinen a quienes realmente deban ir, si se orientan a ayudar sectores laborales y económicos en este período de crisis, para mantener sus actividades productivas, o para estimular PYMES y MICROPIMES en este período de emergencia nacional, y a productores nacionales, especialmente de alimentos vinculados a la canasta básica.

Ni un cinco de estos $4000 millones debe destinarse a apoyar empresarios que ante la Tributación Directa y el Ministerio de Hacienda no son agentes tributarios, no contribuyen anualmente pagando impuestos, son evasores, de la lista que el Ministerio conoce, y que públicamente se ha denunciado desde hace meses, igualmente con los que son elusores de pagos y de cargas tributarias.

Tampoco pueden destinarse fondos a patronos o empresas que son deudoras de la Seguridad Social, que no pagan lo que deben a la CCSS. Los que no pagan a la Caja son además ladrones de las cuotas de sus trabajadores, que rebajándolas no las entregan a la CCSS, con el doble perjuicio que ocasionan a los trabajadores, de dejarlos fuera de la seguridad social y de perjudicarles hacia el futuro con su pensión, y de cometer el delito de retención continua de salarios, que es como un robo continuado.

También se han hecho denuncias muy importantes, de grandes empresarios, y líderes empresariales, que tienen deudas millonarias con la CCSS, de decenas y centenas de millones de colones, perdiendo ellos, como personas o como representares de cámaras empresariales, toda su capacidad moral de exigir sacrificios, de salarios y pensiones a los trabajadores, cuando ellos retienen, se dejan, o se roban, las obligaciones que tienen con el Estado y la Seguridad Social.

En un momento como el que vive el país, es importante que haya un control de movimiento de divisas internacionales.

Que se estudie y verifique que cualquier “ayuda” que se le dé a empresarios no se desvíe en transacciones internacionales para sacar divisas del país, especialmente de las que están destinadas a ayudar para salir de la crisis, que no deben usarse para incrementar capitales, sobre todo capitales especulativos.

Debe estudiarse el movimiento de divisas hacia los bancos off shore, hacia los bancos en las islas del Caribe y de aquellos destinos que se sabe son para ocultar y amasar capitales.

Que una crisis como esta no produzca otro Panamá Papers, caso que no se ha querido investigar a fondo en el país.

Hay que decir que en una situación como ésta hay quienes, con los fondos públicos que se manejan, por la situación de emergencia que los cobija, con la facilidad que se podrían manejar ciertos fondos y dineros, quieran hacer clavos de oro. Las contrataciones del Estado, de la CCSS, de la Comisión Nacional de Emergencias, por citar estas instancias, no deben hacerse con empresas ni empresarios que hayan quedado mal en el pasado en negocios con el Estado, que hayan estafado al Estado, que hayan hecho malos trabajos o hayan incumplido sus obras. Tampoco contratar con empresarios que han cambiado sus empresas deudoras, o estafadoras, por otras nuevas y limpias, ante el Estado, para seguir chupando de los fondos y préstamos públicos.

El movimiento económico para enfrentar la crisis de la pandemia no debe servir para hacer surgir nuevos ricos de la pandemia.

Si se quieren sacrificios que sean parejos. Los ricos y los asalariados, pero en forma proporcional.

Los salarios y los ingresos de los ricos, de dirigentes empresariales, son una discusión. Muchos de ellos no tienen ingresos en el país, no son agentes tributarios como personas, ni pagan la CCSS. Muchos de ellos reciben salarios parciales en colones y otra parte en dólares depositados en el extranjero o con bonificaciones, que no se declaran en el país. Pero son personas que por sus movimientos bancarios puede saberse muy bien cómo viven y cómo gastan. Por esta razón es que se han opuesto, y con bastante éxito, a las medidas de control que el Ministro de Hacienda ha querido impulsar en ese sentido.

Las empresas de zonas francas no pagan impuestos en Costa Rica. Su régimen de establecimiento les permite pagar sus impuestos en los países de origen. Sin embargo, el mismo régimen de impuestos de esas empresas les permite pagar impuestos en Costa Rica, que ellas pueden deducir de sus impuestos en el extranjero. Este es un buen momento para negociar este pago de impuestos de esas empresas en Costa Rica, en la que todos ganamos. Ellos pagan sus impuestos aquí, cumplen con el pago de impuestos y nosotros nos beneficiamos de ellos. Se puede llegar incluso a un acuerdo que mientras dure esta situación ese pago de impuestos se realiza aquí.

Una medida urgente es eliminar todo pago de usura en intereses bancarios y comerciales, que resulte de pago de tarjetas de crédito y similares, o de ventas a plazo, donde los intereses llegan hasta el 55% o más. Las medidas que se han venido impulsando en este sentido son un plato de babas. En una situación como la que se vive en el país, con desempleo forzado creciente, con jornadas de trabajo disminuidas y con ingresos salariales y de pensiones disminuidos, el ordeño organizado sobre casi toda la población, especialmente sobre los trabajadores y asalariados y pensionados, que se hace por medio de los intereses usureros en este momento es criminal.

En esta crisis las tasas de interés no deberían estar más altas de un 5% en todos los órdenes. Cuando los bancos, públicos y privados, dijeron que bajarían sus intereses de los préstamos, nunca dijeron que bajarían los de sus tarjetas. La tasa de intereses de sus tarjetas, de manera especulativa, es la que les produce sus enormes y multimillonarias ganancias. Pueden bajar otros intereses, pero esos no son lo que hay que bajar. Los que urge eliminar en este período de crisis son los de las tarjetas de crédito o débito, cualquiera que ellas sean.

Hay que congelar los incrementos de alquileres que por ley se permiten anualmente. Y, hay que procurar que, en vivienda social, si a un trabajador se le ha reducido su salario, se le reduzca el pago de alquiler o de abono al banco en la misma proporción.

Hay que congelar los incrementos mensuales, que automáticamente se realizan, por el ICE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, y por el Servicio de Acueductos y Alcantarillados.

Hay que asegurar que en las Zonas de Tugurios y de viviendas sociales, el agua llegue gratuitamente si es del caso.

Lo que no debe ocurrir y hay que rectificar es que la crisis no debe descansar en los hombros de la clase trabajadora y de los pensionados.

Alfredo González Flores, en su gobierno, intentó impulsar medidas tributarias, frente a los efectos de la crisis económica de la I Guerra Mundial, de manera que los ricos pagaran o sostuvieran la crisis, y no los sectores pobres o asalariados de aquellos años, 1914-1917.

A José Figueres Ferrer, no le tembló la mano, en 1948, para establecer un impuesto del 10% al capital, para contribuir a pagar los gastos ocasionados por la Guerra Civil.

Tampoco le tembló la mano para nacionalizar la Banca privada, e impulsar la Banca nacionalizada, que mucho éxito tuvo para el desarrollo del país, del sector empresarial y de desarrollo de los sectores medios productores y de la clase media costarricense. Si la banca se mantiene especulativa y usurera es un buen momento para replantear la nacionalización bancaria.

Enviado a SURCOS por el autor.

Imagen: http://josehdezcabrera.blogspot.com/2017/04/la-crisis-y-la-reduccion-del-salario.html

El CORONALUJO y su medicina

Hernán Alvarado

            Un Corona-virus (COVID-19) amenaza mayoritariamente a los abuelos. Pero algo peor amenaza sus vidas: el Corona-lujo (CORO-19), engendro neofascista que logró ya su primera ley despótica. Hay que verlo en detalle y comprender su contexto, ahora que los mayores merecen vuestra atención.

Breve apunte sobre el COVID-19

            Este virus trae una potencia interrogativa descomunal, cuestiona nuestra relación con Estado, familia, cuerpo propio y naturaleza. Todo lo sólido, después de licuarse, se está disolviendo en el aire, sin que sepamos a dónde conduce este trastorno de la «globalidad del mundo». Por ejemplo, confronta la economía actual para la concentración de riqueza con otra que prioriza la vida[1].

            También implica reconsiderar nuestra relación con la tercera y la cuarta edad (80 años o más). No podemos abandonar a los más débiles para que mueran en la calle con una sábana encima; como hacen médicos y enfermeras, debemos defender con todo y entre todos cada vida. Los mayores constituyen nuestra memoria viva, cada muerte es una pérdida incalculable. Ellas y ellos representan el trabajo que construyó el presente. Honrarlos es honrarnos. Solo una sociedad enferma desprecia a sus abuelos. En Costa Rica, hay unos 300 ancianos en indigencia, 350 abandonados por sus familiares en hospitales y 2400 en albergues, que forman parte del hueco de pensiones dignas.

La modernidad tripartita

            Harari sugiere que liberalismo, socialismo y fascismo son tres versiones distintas de la misma ideología: el modernismo[2]. Las tres son «humanistas», más precisamente antropocéntricas; con una fe ciega en el Homo Sapiens, creen que el «superhombre» viajará a las estrellas (¿después de depredar por completo este hermoso planeta?). Profesan un credo cientificista, el «dataísmo», que confía al algoritmo nuestro futuro.[3] Hacen votos sagrados en el altar de la tecnología (como virtud de la máquina y no como saber corporal, según la entendían los griegos) y apuestan al robot, suma moral de todo mundo posible. En tanto creyentes del PIB, las tres comparten el dogma del crecimiento infinito, principal amenaza para el futuro de los nietos. Ninguna ha cuidado a la Madre Tierra, nuestra «casa común» (Papa Francisco). Las tres han menospreciado el saber ancestral, como siervas que son del imperialismo. Las tres se han alimentado mutuamente el letal virus de la guerra.

            La relación entre ellas es compleja, cada una lucha por dominar a las otras; se combaten y contienen, se oponen y complementan. Por su matriz común, el liberalismo puede parecer socialista y éste fascista, o viceversa. En sus últimos estertores, por ejemplo, el neoliberalismo muestra su verdad, su faceta neofascista. Pero tomarlas como una y la misma cosa sería un craso error que impediría superarlas. Tema fascinante que se deja ahí, para seguir con dos conocidas tácticas fascistas que se han ensañado contra las personas mayores.

Ese eterno retorno

            Aunque Adolfo Hitler (1889-1945) lo articuló, el fascismo no comenzó ni terminó con él, tampoco puede reducirse a su pensamiento. Las ideas no mueren, transmutan, como los virus. El nazismo no cayó del cielo, ni fue la obra aislada de un genio diabólico. Después de la primera guerra mundial, el pueblo alemán fue humillado por el Tratado de Versalles; así que el discurso de un Führer que reivindicaba ambiciones imperiales encontró terreno fértil. Al austriaco lo financiaba un clan de familias que se beneficiarían con su victoria; pero al margen de cualquier conspiración, el fascismo renace cíclicamente porque viene inscrito en el ADN de la modernidad.[4]

            Creer que la catástrofe pasó hace más de 75 años tranquiliza, pero es engañoso. Evita descubrir el dictador que llevamos dentro, latente como un herpes. Cualquiera puede actuar como un desalmado, es la «banalidad del mal» que reveló Hannah Arendt (1906-1975). El machismo moderno, verbigracia, conforma un neofascismo patriarcal contra las mujeres, tan persistente que la epidemia de feminicidios no merma. Otro ejemplo es ese Facebook quedestila soberbia, intolerancia e ira. Todo elitismo, clasismo, racismo y colonialismo modernos, incluso todo autoritarismo, comparten el mismo germen ideológico. El miedo y el odio lo nutren, sufragando crueldades y violencias cotidianas. Hoy el neofascismo ha vuelto a las altas esferas del poder, cruz en mano acá, águila enarbolada acullá.

Las campanas del odio

            El populismo y las campañas de odio, hoy de moda, son estratagemas complementarias de manipulación de «masas» de clara inspiración neofascista. El populismo consiste en engañarlas ofreciendo soluciones falsas, el «plan fiscal» es el mejor ejemplo. Pero también lo es la renuncia del Presidente a una pensión que todavía no tiene y el reparto del «ahorro» logrado con la Ley 9796 cuando todavía ni ha entrado en vigencia.

            La falsa propaganda alimenta miedos que se transforman en odio dirigido contra algún grupo minoritario, vulnerable o indefenso. El paradigma sigue siendo la campaña dirigida por Joseph Goebbels (1897-1945) que orquestó las consabidas atrocidades. La técnica consiste en exagerar una característica del grupo meta, o en inventar una que parezca amenazante. Se degrada a las personas reduciéndolas a ella, procedimiento que Friedrich Nietzsche (1844-1900) llamó «moralina». Así es como se fabrican también chivos expiatorios y monstruos.

            Alrededor de la característica se teje un relato que motiva las agresiones posteriores, para que parezcan defensivas, preventivas o vengativas. Se manipula a la «opinión pública» para que los fuertes actúen contra los débiles. Los ejecutores del ataque creen estar haciendo bien. Cuando la verdad emerge, descubren demasiado tarde que fueron instrumentos de causas deleznables. Así se ha cometido toda clase de injusticias, masacres y crímenes de lesa humanidad. Según los estudiosos detrás suelen hallarse beneficiarios que, con un aparente objetivo religioso, ideológico o racista, persiguen un interés material concreto.[5]

El CORO-19

            Cualquier parecido con la campaña contra los pensionados no es mera coincidencia, el neofascismo está más entrometido que el narcotráfico. A continuación sus principales hitos:

  1. Aparece el término «pensión de lujo», contra algunas personas de la «clase» política que consiguieron varias pensiones para las que no habían cotizado.
  2. Circulan volantes con fotos y memes anónimos, que divulgan nombres asociados a pensiones nominales altas. Sin fuente de datos.
  3. Se agrega a algunas personas de «izquierda».
  4. Se divulgan listas que omiten las contribuciones de ley, práctica continuada hasta el final.
  5. Se suma el término «pensionado de lujo», personificando el «mal».
  6. Desde páginas Web y Facebook se atiza el desprecio contra algunas personas tratadas como ladrones.
  7. Los medios de comunicación se suman a la campaña propagando el falso estereotipo.
  8. Se comparan pensiones altas y bajas. Una pensión alta se presenta como una injusticia.
  9. Se inyecta miedo a una inminente «crisis» fiscal.
  10. Se repite por distintos canales las mismas noticias para crear esa ilusión llamada «opinión pública».
  11. Se repite diariamente «pensión de lujo», separado de cotización y tributación; se generaliza a todas las pensiones altas.
  12. Todas las pensiones merecen ahora ser topadas, recortadas, uniformadas.
  13. Se formulan y divulgan proyectos que la misma prensa se encarga de ordenar y priorizar.
  14. Los diputados aprueban el primer proyecto, en medio de una fuerte presión mediática (Ley 9796).
  15. Se prepara el segundo proyecto de la fila.
  16. Se aprueba dar el «ahorro» a los pensionados más pobres (el Estado traslada su responsabilidad a los mismos pensionados)
  17. Se mantiene estricto silencio sobre el interés de privatizar los fondos de pensiones y sobre el incumplimiento del Estado de la Ley 2248 desde 1958.

            No se olvide que esto es eco de la campaña sistemática contra los empleados e instituciones públicas, los héroes de hoy. Incluidas las universidades, cuya autonomía se ha irrespetado como nunca antes. El objetivo «oculto» es obvio: distraer del verdadero problema fiscal.

Una zozobra ingrata

            Más angustiante que el Corona-virus ha sido, para las personas adultas mayores, es este Corona-lujo (CORO-19) coronado por un coro de diputados que no ha reparado en los efectos psicológicos devastadores que ha tenido sobre los más vulnerables. No son pocas las personas mayores entrando en pánico al ver licuados sus derechos adquiridos, en riesgo su patrimonio familiar y amenazado su proyecto de vida. Atrapadas en un limbo, entre un mercado que ya no las necesita (excepto como compradores) y un Estado que ha confiscado insaciablemente su ahorro. Depreciadas injustamente, se les ha confinado en la mayor inseguridad jurídica y económica. A estos contribuyentes puntuales, se les ha vejado como sujetos de derecho y ninguneado como ciudadanos. ¿Sabrán sus gratuitos detractores que el estrés debilita el sistema inmunológico, en especial, de esa población?

            Cualquiera puede intuir el impacto de esa cruzada terrorífica con solo que se haga esta pregunta: ¿cómo se sentiría usted si le dijeran que el Estado le seguirá confiscando su salario, ingreso o dividendo, hasta un máximo del 55%? ¿Cómo creen que reaccionaría la UCAEP al respecto? Techo que el diputado Muñoz insiste que se debe romper, aunque ya sea un porcentaje que mejor se vería como la tasa de usura que no quieren poner. Sin embargo, es más duro cuando se trata de un ahorro generado con una parte del propio salario, por tres o más décadas, o de los intereses que ha ganado a la fecha. ¿Cuál ahorrante está dispuesto a que lo carguen de impuestos, una y otra vez, de esta brutal manera?

            Ahora, esos mismos diputados, en media crisis sanitaria, aprobaron una ley que autoriza a las empresas a recortar, hasta un 75%, la jornada laboral, si sus ingresos brutos bajan un 20% o más. O sea, les preocupa una reducción del 20% en el ingreso de una empresa, por unos meses, pero se enorgullecen de poder tajarle el ingreso a un pensionado, durante el resto de su vida hasta un 55%. ¿Cómo se llama un Estado que cuida a los que más tienen mientras golpea a quienes más debe proteger?; ¿un Estado que legisla a su favor para lavarse las manos como Estado-patrón? Pero, tranquilo, don Alfredo, no es un buen momento ni para salir de la tumba.[6]

Un Estado sin vergüenza

            La Ley 9796 no pudo ser más abusiva, veremos si aguanta una objeción jurídica seria. En particular, las pensiones del Magisterio eran ya los ahorros más gravados de la historia patria. Elaborar leyes justas es la tarea política más importante, pero también la más difícil, máxime si se hace con prisa, presión y soberbia. Cada una requiere estudios técnicos precisos y, sobre todo, en una República «participativa», negociación con afectados o beneficiarios. Esta ley no cumple esos requisitos (tampoco el plan fiscal, impuesta contra buena parte del pueblo en la calle). La llamaron cínicamente «contribución especial solidaria», como si una imposición pueda portar semejante nombre. En realidad, es una confiscación discriminatoria, arbitraria y reiterada de ahorros a personas adultas mayores; esperpento jurídico que cuesta describir, salvo como un atraco «legal».

            Pero no es ingenua, ni neutral, complace a quienes se embolsan el impuesto de ventas, a quienes evaden y eluden (8% del PIB), causantes directos del déficit fiscal. Para estos ladrones del erario público, probablemente los mismos que no pagan la CCSS, solo hay una solución fiscal: reducir el gasto. Los neoliberales lo gritan a coro. Hasta implantaron una «regla fiscal». O sea, satisface a quienes aprovechan la inversión pública y los servicios del estado para hacer sus jugosos negocios privados, mientras dejan de pagar sus obligaciones y protegen sus fortunas en paraísos fiscales. Pero a ellos se les trata como ciudadanos VIP.

            Si hubieran recortado las verdaderas pensiones de lujo, las truculentas, las que no se cotizaron, todos estaríamos hoy aplaudiendo de pie. Pero solo las usaron de pretexto. En febrero pasado, la comisión eximió a los expresidentes de la segunda reforma de pensiones, premiando a los principales responsables del mal manejo de las finanzas públicas. Lo justificaron diciendo que esas pensiones ya tributan, argumento que ignoraron para los demás pensionados. El diputado Villalta presentó una moción para rectificar, pues le pareció una «bofetada a la ciudadanía», como lo fue la amnistía y las exenciones del «plan fiscal». Como si fuera poco, se nombra superintendente de pensiones a la heroína de esta hazaña, burlándose de la Contraloría, para seguir confabulando contra el futuro de las personas mayores, con un salario de más de nueve millones de colones. ¿Acaso no parece una película del conde Drácula? Mientras unos luchan por salvarles la vida, otros se dedican a ver cómo se la convierten en un infierno.

            Para colmo, en uno de los países más felices del mundo, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado se da el lujo de desfalcar a sus maestros más de 4 billones de colones, desde 1958, desviando sus respectivos aportes hacia la caja única, en vez de crear el fondo de pensiones exigido por la ley 2248.[7] O sea, lo que debiera servir para un fondo solidario de pensiones se usa, gobierno tras gobierno, en cualquier otra cosa, sin rendir cuentas a nadie. De este crimen de Estado son sospechosos, actualmente, el Presidente y su ex Ministra de Hacienda. Esta, además, por haber sido Contralora.

            Ahora nos urge saber, también, qué hacía realmente la UPAD con los datos de los pensionados ¿cuándo, cómo y para qué se usaron, diputado Morales? ¿Cuándo lo sabremos, doña Emilia? Contrario a lo que pueda parecer, este pueblo no está «domesticado», don Pepe. Solo espera a que se aclaren los nublados del día, porque un mandato constitucional contiene ya la medicina contra el CORO-19 que debilita el sistema inmunológico de la Patria, es decir, el sentido de justicia. La norma superior exige una nueva democracia que supere esta democracia «representativa», corroída hasta sus tuétanos por la miseria moral de la «clase» política. Gracias a doña Jocelyn Sawyers Royal, maestra pensionada, no hay que buscar alternativa en ninguna otra parte. Solo hay que entender qué significa que el pueblo ejerce el gobierno, no solo lo elige[8]. «Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la Patria os lo demanden»[9].

Foto: Alejandro Aguilar Sura


[1] Hinkelammert, F; Mora, H (2016 ) Hacia una economía para la vida. Preludio a una segunda crítica de la Economía Política. Bolivia: Vicepresidencia. 5ta.

[2] Harari, Y.N. (2017) Homo Deus. A Brief History of Tomorrow. Australia: Harpercollins Publishers. Específicamente, págs. 99 y 199.

[3] Inaugurado por el experimento «científico» más terrible de la historia (1945), crimen de lesahumanidad contra el pueblo japonés aún impune: Hiroshima y Nagasaki. Prueba que Hitler no era el único malvado de la época.

[4] Graziano, W (2004) Hitler ganó la guerra. Buenos Aires: Editorial Suramericana.

[5] Stemberg, R. y Stemberg, K. (2010) La naturaleza del odio. Barcelona: Paidós, p. 18-19.

[6] Alfredo González Flores (1877-1962), depuesto por sostener que los ricos debían pagar como ricos y los pobres como pobres.

[7] Según estudio actuarial revelado por Róger Porras, director ejecutivo de JUPEMA, el 10 de setiembre de 2018. «El Estado nunca conformó las reservas para pagar las pensiones. Esa plata siempre entró a Hacienda y se gastó en otras cosas (…).» La Nación, pág. 6A.

[8] «ARTÍCULO 9- El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial (…)» Constitución de la República. Así reformado en 2003.

[9] Ibid, art. 194.

¿Por qué se fue esta señora del Ministerio de Hacienda?

Óscar Vargas Vargas

Para no olvidar. Rocío Aguilar, presentó su renuncia al cargo en medio de la polémica por los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y la revelación de que la Contraloría General de la República recomendó en su contra una suspensión de un mes, sin goce de salario, por el caso del «hueco fiscal».

Su argumento para dejar el cargo fue el señalamiento que hizo la Contraloría de su grado de responsabilidad en el caso del «hueco fiscal».

Ese escándalo consistió en el pago de miles de millones de colones de deuda pública sin autorización de la Asamblea Legislativa en el gobierno de Luis Guillermo Solís, lo que se prolongó a los primeros meses de la administración de Carlos Alvarado.

Por este caso, la Contraloría inhabilitó al exvicepresidente Helio Fallas de ocupar cargos públicos por cuatro años, mientras que para Aguilar sólo recomendó una suspensión sin goce de salario de un mes, sanción que nunca se cumplió ante su renuncia.

Ahora estará en la Superintendencia de Pensiones.

Falacias e inconsistencias en expediente 21035 sobre pensiones

Hervey Badilla Rojas

Sobre la aprobación en segundo debate del expediente 21035 “Ley para fijar topes equitativos a las pensiones, rediseñar y redistribuir los recursos de la contribución especial solidaria y crear la figura de la jubilación obligatoria excepcional “, me permito señalar algunas falacias e inconsistencias en quienes han impulsado y defendido este tipo de mentiras que crean en contra de la clase trabajadora del sector público.

Al respecto, los detractores de semejante atropello en contra de este grupo de trabajadores han venido desde hace muchos años poco a poco convenciendo a la ciudadanía del tema que nos trata.

Por lo difícil de entender y por la complejidad en su contexto técnico el pueblo carece de un análisis exhaustivo y objetivo relacionado con pensiones, lo cierto del caso, es que simplemente han buscado la forma de alimentar mediante el discurso camuflado y espurio vender una mentira que ha sido amasada y comprada sin importar o medir el impacto social que por medio de sus engaños y mentiras esto puede causar. No quiero generalizar, pero es más que evidente el desconocimiento que sobre estos temas existe y que muy pocos conocen a fondo el verdadero interés que se esconde tras estas acciones funestas y corruptas de esa clase política que día a día carcomen y hunden al país y con ello al sector menos pudiente y trabajador de esta nuestra Costa Rica.

Ahora bien, sobre estos temas, de jubilaciones y pensiones es muy fácil hablar y juzgar, pero de análisis y conocimientos reales hay muy poca preparación y por ende muy fácil repicar hasta la saciedad que lo logrado con esfuerzo y sobre todo bajo un principio de legalidad no es válido. Repito, se pregona lo que el pueblo quiere oír.

Por ningún lado escuchamos ni leemos sobre una verdad tan grande como es la irresponsabilidad de los gobiernos de turno desde 1958 a la fecha de no haber creado el Fondo de Pensiones del Magisterio Nacional, así establecido por medio de la ley 2248 del 5 de setiembre de 1958. El fin de ese Fondo era para dar contenido presupuestario y pagar a futuro aquellas pensiones propias del Régimen, con los recursos aportados directamente por todos los trabajadores del Magisterio Nacional; pero que sucedió? cuál es la verdad de ese mandato? NO SE HIZO LA PREVISIÓN y los recursos generados pasaron directo a caja única del estado, dejando desmantelada la protección que a futuro se empezaría a dar. ¿Será esto culpa del Magisterio Nacional? ¿Por estos desordenes y malos manejos políticos se nos debe tratar hoy día como se nos endilga?

¿Y a los responsables que les debemos decir? ¿Será que los debemos premiar por semejante acto de irresponsabilidad? Ustedes medios de comunicación y políticos actuales, han buscado la verdadera razón por la que hoy día se deben cubrir algunas pensiones con recursos del estado (Régimen Transitorio de Reparto)? Les insto a investigar y hacer un debate público para darle al pueblo resultados reales y no sesgados de un fin que nunca fue llevado a la práctica.

Finalmente y para que se tenga como verdadero con base al marco legal que nos cobija, los que hemos obtenido una jubilación bajo el régimen del Magisterio, hemos tenido que pagar altas tasas impositivas que no son divulgadas ni lo explicitan, ni los medios de comunicación, ni los diputados y diputadas. ¿Por qué será?

Aún hoy, ya pensionados, nos hacen tributar con las mismas tasas impositivas de cuando éramos funcionarios activos, veamos unos números tomados de la ley No. 7531: (art. 70, del 10% al 16%), art. 71, del 25 al 75%), impuesto de renta, Seguro Social.

Ah, pero esto no se lleva a la luz pública, pero si nos atacan con la etiqueta de “Pensiones de Lujo”.

Lujo es el festín que se dan muchos y muchas personas que saquean al pueblo miserablemente y sin ningún reparo por medio de las grandes EVASIONES Y ELUSIONES, con las enormes deudas por no pago de los IMPUESTOS DE RENTA Y VENTAS, PARAÍSOS FISCALES y un enorme ETC.

A esos no se les ataca, porque son los que sostienen o financian las grandes componendas políticas y argollas de aquellos ilustres que por medio del poder blindan a esas clases para que se engorden a costa de las clases necesitadas y que sin mediar escrúpulos los tienen cada día más y más subyugados a una tiranía propia de mafias entronizadas.

 

Enviado por el autor.

Sea parte de SURCOS:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

PENSIONES: UN TEMA PARA “LUCRAR” POLÍTICAMENTE Y ALGO MÁS

Álvaro Vega Sánchez,

Sociólogo

Unas cuantas pensiones con montos elevados, incluidas las de algunos funcionarios públicos y políticos que no habían cotizado lo suficiente para obtenerlas, se han festinado como propaganda por parte de diputados que ya se tiraron al ruedo electoral y algunos empresarios y medios de comunicación que aspiran a convertirse en el primer poder de la República, despotricando contra el sector público como “casta privilegiada”, mientras amasan capitales sobrexplotando a la masa de trabajadores privados, aprovechándose de la sobreoferta en el mercado laboral.

La alianza de estos sectores ha emprendido una campaña inquisitorial contra el Régimen de Pensiones del Magisterio Nacional, contando con el apoyo del Superintendente de Pensiones, pretendiendo conducirnos por el fracasado camino de la privatización, a la chilena.

Están apelando a la distracción, uno de los mecanismos de manipulación más efectivos (Noam Chomsky). Los “político-empresarios” para desviar la atención sobre la histórica evasión, elusión e injusticia tributaria –con amnistías de los intereses de voluminosas deudas para continuar con sus negocios millonarios– que tienen a este país con el agua al cuello. Por otra parte, a las mayorías endeudadas se les tiran las migajas con una política de salvamento que, como se ha destacado, busca salvar al sector financiero privado a costas del público, y cuya propuesta de refundición de deudas conduce a convertir a estas mayorías en eternamente endeudadas. Qué curioso, a los ricos se les premia y a los pobres se les castiga: medievalismo social en pleno siglo de las luces virtuales de las nuevas tecnologías y los grandes negocios.

También vuelven con la estrategia del miedo, anunciando tiempos “apocalípticos” de cara a las nuevas tendencias a “engordarse” de la pirámide poblacional. Con un inflado sensacionalismo señalan que una población envejecida sin una generación laboral activa de relevo que sostenga sus pensiones estará destinada a no tener pensión, si ahora no se dispone a aumentar sus cotizaciones y su edad de retiro; es decir, a limitar sustantivamente sus ingresos hoy para apenas sobrevivir mañana, cuando se pensione a la chilena.

El apriori de este discurso del miedo, que anuncia un futuro de pensionados miserables, es que el mercado es intocable. Claro, un Estado neoliberal complaciente y pusilánime solo puede conducirnos, como lo viene haciendo, al peor de los mundos: la sociedad de ricos y pordioseros.

Si se aspira a un régimen de pensiones justo y solidario en nuestro país, no hay que esperar a que “engorde” más la pirámide poblacional, sino marcar la cancha con una buena política económica que, como se dice, es la mejor política social. Y dejar de una vez por todas de proteger intereses de poderosos grupos empresarial-financieros y político-electorales cortoplacistas, que impiden proyectar políticas de Estado de largo aliento.

Apostemos por una economía para la vida digna y la sostenibilidad ecoambiental, encarando con seriedad los desafíos del cambio demográfico y las nuevas condiciones del mercado laboral, sin perder el norte del fortalecimiento del Estado Social de Derecho, garantía de una democracia solidaria.

Dejemos de ser el país de las diferencias abismales, imitando las fracasadas políticas chilenas, y convirtámonos en el país que hace la diferencia.

 

Enviado por el autor.

Sea parte de SURCOS:

https://surcosdigital.com/suscribirse/