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Etiqueta: pensiones

Pensiones del Magisterio: de mentiras, privilegios, oportunismos, e hipocresías

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

(En respuesta a declaraciones de la periodista Pilar Cisneros)

Imponente figura proyectó recientemente doña Pilar Cisneros en el Salón de Ex presidentes de la Asamblea Legislativa, refiriéndose a pensiones “de lujo”, y repartiendo invectivas a diestra y siniestra contra jueces, políticos, sector público, docentes, y pensionados. “Mentirosos, hipócritas, oportunistas, y defensores de privilegios”, los llamó. Hizo gala la estimable periodista de un pensamiento maniqueo, radical e inflexible, y lo que es peor, basó sus ataques contra el Magisterio en inexactitudes; distorsionó la realidad, interpretando a su arbitrio y sin respaldo formal la no aplicación de la ley 7858 (1998, sobre tope a las pensiones con cargo al presupuesto) antes del 2014, y llegó al extremo de esgrimir las opiniones de minoría de los magistrados Rueda, Hernández y Esquivel, en la resolución 2018-19030 de la sala constitucional respecto de ese tope a pensiones, como si fueran un argumento definitivo, en un ataque frontal contra los derechos adquiridos jubilatorios. En dichas opiniones, esos magistrados se abstraen de la realidad histórica y legal de los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto y proponen un criterio de contribución de los jubilados a regímenes en desequilibrio financiero que representa un cuestionamiento de la existencia misma de los derechos adquiridos y la irretroactividad de las leyes, en virtud de la preeminencia que le otorgan al equilibrio fiscal por sobre cualquier otra consideración.

Desde nuestra perspectiva de pensionados del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional (RTR), queremos manifestar nuevamente que la mentada ley 7858, que en su artículo 3 imponía un tope de 10 salarios mínimos a la generalidad de pensiones a cargo del Presupuesto Nacional, NO ERA APLICABLE AL MAGISTERIO. Y decimos no era, en pretérito, porque doña Pilar parece desconocer, aunque apareció rodeada de abogados, que ese artículo 3 fue derogado en el 2016 por ley 9388. Independientemente de esa derogatoria formal, debemos recordar que una ley se tiene por derogada si otra más reciente, de igual generalidad, o con mayor razón, más específica, la contradice. Y resulta que la ley 7946, de 1999, reiteró que el tope de jubilación para las pensiones del Magisterio se fijaba en salario de catedrático universitario, con dedicación exclusiva y 30 anualidades, cerca de 3.9 millones de colones. Esto hacía inaplicable los provistos de la ley 7858 para el Magisterio, algo elemental pero que la Administración Solís Rivera no quiso entender. Y además, como si lo anterior no fuera suficiente, el artículo 3 bis de esa misma ley 7858 exceptuaba a los pensionados con postergación (que habían laborado más tiempo del requerido antes de jubilarse) de ese tope de 10 salarios mínimos. Dado que un porcentaje muy elevado de los jubilados magisteriales tiene postergación, resultaban eximidos de ese tope, aún en el supuesto de que la ley hubiera sido aplicable. Y esa exención está apegada estrictamente a la letra de la ley. Como puede apreciarse, no encontramos en ella mentiras u oportunismos, pero sí patente falta de información por parte de la señora periodista.

Mucho desconoce también doña Pilar acerca de las pensiones del RTR. Permítasenos hacer un poco de historia, porque esas pensiones NUNCA debieron cargarse al presupuesto, ya que desde 1958, cuando entra en vigencia la ley 2248 (Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional), los docentes empezamos a cotizar un 5% del salario de manera tripartita (obrero, patronal y estatal) que estaba, por misma ley, destinado al pago de las jubilaciones y a la constitución de un fondo previsional. Eventualmente, estas cotizaciones magisteriales fueron de 3 a 6 veces superiores a las de los adscritos al régimen de IVM-CCSS. ¿Por qué entonces nuestras pensiones del RTR terminaron con cargo al presupuesto? Porque por increíble que parezca, el Estado, no solo no constituyó el fondo previsional con los excedentes de las cotizaciones, sino que desvió esos excedentes, junto con los estatales y patronales, a gasto ordinario. Esa es la razón por la que el Estado tiene ahora que pagar nuestras pensiones con cargo al presupuesto. De nuevo, nada de privilegios, pero sí desvío de fondos por parte del Estado, a tenor de 5 millones de millones de colones, calculado por los actuarios de JUPEMA al 2012 si nuestra reserva se hubiera constituido, y eso después del pago de las jubilaciones. Todo ello es del conocimiento de algunos de los acompañantes de Doña Pilar y funcionarios en la actividad de referencia, porque a ellos nuestro colectivo de jubilados se los comunicó personalmente, y también a todos los diputados y diputadas. Nos preguntamos cómo calificaría doña Pilar la actitud de quienes, conociendo la verdad histórica acerca de las pensiones del RTR, la callan en actividades públicas por motivos solo para ellos conocidos. Y no solo la historia se deja de lado, sino también datos interesantísimos como los que manifestara el Superintendente de Pensiones a la prensa en cuanto a que “lo que es realmente caro no son las pensiones tan altas” (La Nación, pág. 11 A, 17/12/18), lo que da pie para preguntarse si existirán motivaciones ulteriores de tipo político -financieras tras la llamada “guerra a las pensiones de lujo”, máxime si se tiene en cuenta que de los cerca de 44 000 jubilados del RTR, tan solo el 1.75% reciben montos nominales superiores a 4 millones y no más del 0.47% devengan montos nominales mayores de 6 millones.

Compartimos con doña Pilar la preocupación respecto de las finanzas públicas, pero no encontramos dentro de su crítica al sector público, a las universidades y al Magisterio, referencia alguna a lo que se ha apuntado como las verdaderas causas del déficit. Según datos periodísticos no refutados por la Administración, mientras que el déficit fiscal ronda el 6% del PIB, las exoneraciones a grandes intereses suman el 5.7% y las distintas formas de evasión fiscal llegan al 8%. Irónicamente, el recorte de los “jugosos” pluses del sector público va a representar una recaudación para el erario de… ¡0.14% del PIB! (Diario Extra:http//:www.diarioextra.com/Noticia/detalle/360433/gobierno-golpea-pluses-salariales-de-142-mil-empleados-públicos; La Nación, pág. 6 A, 16/12/18; La Nación digital 4/12/18)

Con base en lo anterior, contestamos la pregunta formulada previamente por la Sra. Cisneros: “¿Y con qué se pagarán… las pensiones del Magisterio, las más jugosas del país? (crhoy.com 2/9/19)”. La respuesta es muy simple, doña Pilar: esas pensiones ya se pagaron con las cotizaciones magisteriales contribuidas desde 1958. Que el Estado haya desviado esos fondos no es culpa del Magisterio, pero sí constituye uno de los ilícitos más descomunales en la historia del país, y que se ha invisibilizado a lo largo de las décadas mediante lo que una de nuestras jubiladas, Dra. María Amoretti, ha denominado como una verdadera conspiración de silencio; ello, en conjunto con el constante bombardeo mediático “informando” que el Magisterio no cotizó, o que no cotizó lo suficiente, para sus pensiones “de lujo”, sobre las que ya pesan gravámenes de hasta el 57% de monto nominal para las más elevadas (según tablas de deducciones de JUPEMA). ¿Piensa Ud., doña Pilar, que ese tipo de deducciones y gravámenes son propios de “privilegios”?

Por tanto, no encontramos, en referencia a nuestras pensiones, ni mentiras, ni oportunismos, ni hipocresías. Citamos a una colega jubilada al respecto:

“Considero arbitrarias, injustas y poco éticas estas medidas (de ataque a las pensiones). Si trabajamos con respeto a las leyes, nos esforzamos y estaban claras las reglas del juego, en un país donde se supone, se respetan los derechos adquiridos no es posible, a estas alturas, las cambien… Este ambiente provoca desconfianza y temor. ¿Qué sigue?”

Debemos decirlo con contundencia: el escarnio y el señalamiento público de los que hemos sido objeto a lo largo de varios años, no refleja más que mezquindad e ingratitud por parte de sectores de nuestra sociedad que no tienen reparo en aprovechar y usufructuar las ventajas comparativas que los profesionales y trabajadores calificados, formados en el país por nuestro sistema educativo y nuestros docentes, representan para el capital y las compañías que se asientan en nuestro territorio. Tampoco es un secreto que la preferencia de muchos empleadores todavía se inclina por la contratación de profesionales y técnicos formados en universidades públicas. Ello hace que sea todavía más censurable y oprobiosa la campaña virulenta de descrédito, incitación al odio, y pretensión de despojo que se ha desatado desde los ámbitos político y mediático contra los jubilados que contribuimos a formar los cuadros profesionales y técnicos que tiene el país.

COLECTIVO JUBILADOS EN ACCIÓN

Redactó: Dr. Jorge Danilo García, Ph.D.

Integrantes de la Comisión Central:

José Antonio Salas Víquez, Coordinador: jsal9305@gmail.com Tel: 8810-0104

Alice Ramírez Ramírez, Directora Ejecutiva: aramiralice@gmail.com Tel: 8834-8594

Jorge Danilo García Hidalgo

Álvaro Vega Sánchez

Irma Zúñiga León

José Rafael Hidalgo Rojas

Virginia Sánchez Molina

Christopher Vaughan

 

Ilustración: https://www.significados.com.br/magisterio/

Enviado por Álvaro Vega Sánchez.

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Reformas a las pensiones en el marco de la Justicia Constitucional

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

María Amoretti Hurtado

Jubilada y Profesora Emérita de la UCR

Jubilados en Acción: NO PERMITIREMOS QUE LAS ILEGALIDADES DE HOY LEGITIMEN LOS ATROPELLOS DE MAÑANA

He leído con interés, el ensayo crítico del Dr. Walter Antillón (El País,cr. 29 de agosto de 2019), sobre el estado de entrampamiento actual en que se encuentra nuestra Sala Constitucional. Dicho ensayo pone de relieve, al mismo tiempo, el alto y transcendental papel que jugó la Universidad de Costa Rica al generar, desde la Facultad de Derecho, “los importantes cambios que se producirían en los años siguientes en la cultura y la institucionalidad constitucionales y administrativas” de Costa Rica. Entre esos impulsos se describen los esfuerzos de la Facultad por hacer posible, a sus estudiantes aventajados, los estudios de posgrado en el extranjero y la investigación y producción bibliográfica nacional en ese importante campo del derecho. Dichos esfuerzos culminarían, poco después, con la creación de un tribunal y una jurisdicción específicamente constitucionales. En 1989 nace la Sala Constitucional.

En aquellos maravillosos años la Sala enseñaba que la Constitución, por los altos valores que la constituyen y nos constituyen, predomina y prevalece sobre la Ley. Poco duraron esos dorados años. A partir del año 2000, el innoble ejercicio de las cúpulas políticas empezó a debilitar la independencia de la Sala Constitucional, para usarla en su propio beneficio, y no en el del pueblo, hacia el que originariamente se había orientado.

La lectura del ensayo de este Emérito Catedrático de la UCR nos ha dejado claro, que el colectivo de Jubilados en Acción llegó para quedarse. La lucha que emprendimos desde principios de este año de 2019 no es solo por nuestras pensiones; si hubiera sido así, ni siquiera la hubiéramos comenzado. La misión que nos hemos dado desde el inicio ha sido la defensa del Estado democrático y social de Derecho de nuestra nación, bajo el lema que dice: no permitiremos que las ilegalidades de hoy legitimen los atropellos de mañana.

La defensa de la institucionalidad democrática de Costa Rica, basada en el respeto a la Constitución y las leyes, parte de aquellos temas referidos al derecho jubilatorio de los trabajadores del magisterio, pero no se queda ahí porque los enmarcamos en el contexto general del país; de ahí que, para nosotros, es claro que el tema de las reformas a las pensiones es tan solo un distractor para ocultar el verdadero estado de la institucionalidad del país y la metástasis social que se nos viene encima.
Es nuestro deber de universitarios seguir combatiendo los enfoques reductores de la amplitud de esta crisis. El tema que develiza la magnitud del problema, ya lo expuso, con toda la rigurosidad propia de la academia, la fina pluma del doctor Antillón: se trata de la crisis de la Justicia Constitucional de nuestra nación, la cual ha llegado a un punto de no retorno: o se defiende, o no seremos ya nunca más.

El caso de los actuales proyectos de ley para reformar pensiones, que se discuten actualmente en la Asamblea, son una clara muestra de esta crisis de la constitucionalidad, que comienza con la postulación, por parte de la Sala IV, de la primacía del Principio de Equilibrio Presupuestario por encima de los derechos humanos. Sobre la base de este burdo principio contable de dudosa juridicidad -y peor capacidad técnica-, se han emitido las últimas resoluciones de la Sala IV, que avalan los topes a las pensiones del Magisterio Nacional y otros regímenes (véanse los votos a este tenor emitidos a final del 2018).

Para resumir, esquematizo rápidamente la argumentación que planteo sobre este tema de las reformas de pensiones, dentro del marco de la Justicia Constitucional:

1.- En 1968 se reformó el artículo 7 de la Constitución Política y se determinó que los tratados públicos y los convenios internacionales, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tienen autoridad superior a las leyes. Por consiguiente, el convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene rango superior a las leyes.

2.- Este convenio ordena en el artículo 71.3, que cada país deberá garantizar, la realización de estudios y cálculos actuariales, de manera periódica, para lograr el equilibrio financiero de cada régimen de pensiones o jubilaciones. Estos estudios o cálculos actuariales deberán hacerse, en todo caso, previamente a cualquier modificación de las prestaciones, de la tasa de las cotizaciones del seguro jubilatorio, o de los impuestos destinados a cubrir las contingencias en cuestión (invalidez, vejez o muerte).

3.- Por consiguiente, todas las reformas a los regímenes de pensiones del Magisterio Nacional,  realizadas desde el año 1992, HAN INCUMPLIDO ESTA NORMATIVA Y SON INCONSTITUCIONALES.

4.- Es evidente que los actuales proyectos de ley para reformar las pensiones van por el mismo camino del irrespeto al derecho y justicia constitucionales, aumentados por una sorprendente carencia de capacidad conceptual y peor habilidad de sistematización.

Este ejemplo, junto con otros que nos ofrece el doctor Antillón, ilustran EL ATAQUE Y EL ASEDIO POLÍTICO A LA SALA, que se vienen evidenciando desde el año 2000, hasta que la Sala Constitucional, adalid de los derechos humanos, se dejó entrampar completamente.

El proceso tuvo su itinerario, el asedio fue progresivo y constante. Para probarlo, el doctor Antillón analiza el voto 18-019511, relativo a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, del siguiente modo:

1.- La Sala empieza haciendo suya la visión del gobierno al alabar las medidas fiscales tomadas por este, las cuales califica de “aptas e insolayables”.

2.- A continuación, la Sala postula la primacía del llamado “principio de equilibrio presupuestario.”

3.- Y sobre la base de ese principio, considera entonces correcto condicionar los derechos sociales, a que haya fondos disponibles.

Fue así como la Sala constitucional, adalid de los derechos humanos, llega a a la monstruosa razonabilidad de que los derechos humanos en Costa Rica dependerán, de ahí en adelante, únicamente de las sobras del presupuesto nacional.

El reportaje del lunes 2 de setiembre de 2019 en La Nación debería comenzar por explicarle a la comunidad nacional qué rayos hacen las pensiones del Magisterio en la lista de gastos del presupuesto nacional, si son pensiones creadas por ley como un sistema solidario de reparto con su propio fondo y sus respectivos réditos? También sería bueno que explicaran cómo van a repartir al pueblo lo que dicen que la gente se va a economizar con estas reformas. Si se lo van a depositar en sus cuentas de ahorro, o se lo van a agregar en el aguinaldo cada año.

Una rebaja de los exorbitantes intereses que todos pagamos por nuestras tarjetas de crédito cada mes, eso sí sería un ahorro inmediato y un alivio efectivo de las finanzas de nuestras familias ¿No les parece? Pero eso difícilmente lo veremos en los titulares de los lunes en La Nación. ¿Por qué será? Solo ponga 9 segundos de atención y lo sabrá.

 

Imagen ilustrativa.

Enviado por Álvaro Vega Sánchez.

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“Las pensiones no se jubilan”

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lorena Flores Solano,

Ex coordinadora del Departamento de Pensiones de APSE

María Amoretti Hurtado,

Jubilada de la UCR

La pensión es la principal fuente de recursos en la vejez, incapacidad y supervivencia.

Dos de los grandes objetivos de las pensiones son: proporcionar un ingreso suficiente para satisfacer las necesidades básicas de los adultos mayores y, en segundo lugar, evitar las caídas abruptas en la capacidad de consumo, al llegar a la edad de jubilación.

Cuando se habla de una reforma de la seguridad social pueden estar planteándose medidas de diferente alcance. En América Latina se plantearon procesos de refundición de la seguridad social. En los años 80 y 90, se habló de una reforma de la seguridad social. Ahora parece estar produciéndose una reforma de las reformas operadas en los años antes citados.

En nuestro caso nos dormimos, pensamos que nunca íbamos a enfrentar el modelo neoliberal, uno de los modelos más exitosos en cuanto a su penetración, el más violento, el más salvaje y deshumanizado de los todos los sistemas conocidos en la modernidad. Y al parecer, el más dañino cerebralmente, ya que bloquea las facultades inmunológicas del ser humano hasta el punto de solicitar a los poderes del Estado su propia inmolación. Todo ello, gracias a una lobotomía colectiva efectuada por un uso perverso de la comunicación y la manipulación de la información, que ha permitido inyectar en las masas la pérfida idea de que la pensión es un lujo.

Como es típico de su estrategia psicológica, la introyección se ha venido efectuando en un proceso lento pero constante, que comenzó con las pensiones de lujo y terminó con la pensión es un lujo, sin que los ingenuos lectores se percataran de la torsión del sentido y se presten ahora a jubilar su propia pensión sin tener la menor conciencia de su autoinmolación.

En América Latina, la famosa reforma a las pensiones se empezó aplicando en República Dominicana, México, Colombia y en Chile, en donde se implantó de golpe. A diferencia de esos países, en nuestro país, como ya se dijo, ha sido un proceso lento pero constante.  Empezamos con los PAES, la privatización de los puertos, del cemento, los tratados de libre comercio y la reforma a los regímenes de pensiones; en fin, la desestructuración del estado social benefactor. Incluso la restauración del examen de Bachillerato, en la Enseñanza Media, pretende, en el fondo, tener obreros preparados, pero no todos terminan con el título.

En Costa Rica, el proyecto de un régimen único de pensiones fue propuesto en el año 2002, por los diputados Otto Guevara Gûth y Federico Malavassi, modelo que está a imagen y semejanza del modelo chileno llamado A.F.P. (Administradoras de los Fondos de Pensiones).

¿Qué son las A.F.P.? Se trata de instituciones financieras privadas encargadas de controlar y administrar los fondos de cuentas individuales de ahorro para pensiones. Chile es el precursor mundial de la privatización de la seguridad social. El padre del milagro chileno es el economista José Piñera, Ministro de Trabajo del General Pinochet y hermano del actual presidente. Este es un modelo que obliga a los jubilados a buscar trabajo para complementar las bajas pensiones que reciben cada mes. Se basa en la capitalización individual, es decir, que cada trabajador afiliado cotiza mensualmente en la Operadora de forma obligatoria. Bajo el sistema privatizado, que el presidente Jorge Bush llamón “un modelo a seguir”, los trabajadores deben destinar el 10% de sus ingresos a cuentas individuales en las Administradoras del fondo de Pensiones. Las Administradoras invierten el dinero y les cobran a los trabajadores una comisión por las transacciones y otras cuotas. Los empleadores y el gobierno no contribuyen a las cuentas de los trabajadores. En otras palabras, no hay solidaridad.

Por otra parte, los fondos invertidos por las administradoras han contribuido al desarrollo de mercados de capitales en Chile, lo cual estimuló el crecimiento y ha tenido retornos razonables. Actualmente, en Chile hay 6 operadoras, la mitad pertenece a empresas extranjeras. Se estima que el capital es el 71% del producto interno bruto de Chile; sin embargo, ese sistema no ha logrado brindar pensiones dignas para la mayoría de los jubilados. Si la bolsa de valores se hunde o las inversiones salen mal, los ahorros de los trabajadores y las pensiones de los jubilados también caen.

Una comisión designada por la presidenta Bachelet, para examinar el sistema de pensiones y proponer reformas, halló que la pensión mediana era equivalente al 34% del último salario promedio de un jubilado, suma muy semejante a la que propuso el superintendente Álvaro Ramos para los jubilados del IVM, lo que confirma su visión y propuesta privatizadora.

Según la OISS (Organización Iberoamericana de la Seguridad Social):

1.- Es fundamental que los Estados prevean el envejecimiento de la población para que puedan preparar, adecuadamente, los ajustes de los sistemas de protección social.

2.- La migración es un factor clave en la economía de los pueblos, al tiempo que incide en los sistemas de Seguridad Social. Los Estados deben prepararse para afrontar la protección social de este colectivo, mediante la suscripción de instrumentos internacionales (Convenios-CMISS)

3.- La extensión de la cobertura de protección social se consigue con la formalidad en el mercado laboral.

4.- Los sistemas de protección social deben concebirse bajo la óptica de la igualdad de género.

5.- Un buen sistema de protección social se apoya en una adecuada base de datos y en una eficiente y oportuna recaudación de recursos de la seguridad social.

6.- La modernización de la gestión de la Seguridad Social debe apoyarse en adecuados sistemas informáticos integrales de la Seguridad Social.

7.- Los controles de la actividad financiera del sistema de la seguridad social son fundamentales para la optimización de los recursos y la buena y oportuna prestación de los servicios. OISS.

En su último resumen ejecutivo (diciembre del 2018), la Organización Internacional del trabajo, anunció el fracaso de la privatización de los regímenes de pensiones en 14 países de América Latina. Esto era de esperarse, pues la voracidad del mercado financiero ha hecho de la banca, los seguros y las pensiones, fabulosas máquinas de hacer dinero y un medio de apoderarse de los ahorros masivos de los trabajadores. Ahora vienen a dar el golpe final a los nuestros, de ahí la sintomática visita de Guillermo Larrain, exsuperintendente de pensiones en Chile, justo en el momento en que se entrarán a discutir los siete proyectos de Ley sobre reforma de pensiones en la Asamblea Legislativa, proyectos que no son más que un nuevo paso en el camino directo a la privatización de las pensiones y el final de las garantías sociales, puesto que el Estado se desentiende totalmente de la ciudadanía  y la entrega a las fauces del capital, que pasa ya a su tercera etapa. Continuamos estando atrasados, pues seguimos hablando de neoliberalismo, cuando la tercera etapa del capital comienza cuando ya el liberalismo entra en su crisis final, lo mismo que el pensamiento. Estamos en pleno proceso de zombificación social. Las señales son claras. Esto explica el ataque a los profesionales de la Educación y a las Universidades Públicas, en especial, a la decana de ellas: La Universidad de Costa Rica.

No podemos continuar indefinidamente siendo gobernados por el mercado. Por el contrario, tenemos que gobernar al mercado. Nunca tuvo tanta riqueza el ser humano como la tiene hoy. Decir hoy que no hay plata es una desvergüenza. Lo que hay es acumulación de la riqueza en muy pocas manos. La mecánica de este sistema es muy simple: cuanto más gana el trabajo, más pierde el capital y cuanto más gana el capital más pierde el trabajo. Nos enrumbamos a una sociedad dividida en dos partes: de un lado el capital y del otro, la mano de obra esclavizada; de ahí que, de repente, el parámetro valorativo de nuestras pensiones ya no es el salario más bajo de la administración pública, sino lo que ahora llaman “la línea de pobreza”. ¡Hay que reconocer que el sistema es honesto aún en el horror!

En una sociedad así, la pensión, efectivamente es un lujo, no importa cuál sea el monto de esta. Hasta una pensión de un colón por mes es perfectamente legal, si los números lo permiten; porque no tenemos derecho a un monto, ya lo dijo Sala IV, sino tan solo derecho a una pensión, aunque esta sea el espejismo de una pensión. A eso ha reducido, el sistema financiero que gobierna el planeta, nuestro derecho jubilatorio.

Hubo una vez en que en este país la economía estaba al servicio de la política. Hoy es la política la que está al servicio de la economía. Vivimos en el reino de la cantidad y del número y, por ende, de la división y del odio.

Pero derrotados son los que bajan los brazos. Hay que volver a levantarlos y volver a empezar para devolverle a nuestro sistema de Seguridad Social el rizoma de humanismo que una vez lo alimentó. Por eso nuestro país hizo la diferencia en el concierto de las naciones. Las pensiones no son un negocio, son un sistema de solidaridad organizado, de fuerte cohesión social.

Hagamos que esta diferencia siga siendo nuestro relieve de identidad. Gracias a ella conocimos la paz, esa paz tica que es compañera inseparable de una idea del trabajo que tiene un fundamento espiritual, en cuanto que es en él y con él que nos formamos y nos dignificamos como personas en el reino de este mundo.

Entonces, hagamos la reforma siguiendo las razonables recomendaciones que nos hacen los organismos internacionales:

1.- Los sistemas de pensiones deben enrumbarse nuevamente hacia sistemas públicos de base solidaria, pues son los únicos que han probado hasta el momento ser funcionales. En ningún sistema de pensiones las solas contribuciones bastan para pagar las pensiones, solo la solidaridad entre los trabajadores las sostiene verdaderamente. De ahí que los sistemas de reparto sigan siendo los sistemas ideales, aunque en Costa Rica el Régimen de reparto del Magisterio fracasó porque el Estado no solo no pagó sus contribuciones ni como Estado ni como Patrono, sino que, además, se apropió indebidamente de nuestro fondo de pensiones. Desde 1958, cuando se creó el fondo, hasta la fecha, seguimos pagando nuestras dobles contribuciones (la solidaria y la “especial”), para un fondo que no existe. Hasta el momento, seguimos sin tener la más mínima idea del destino de esos dineros.

2.- Según la OIT, en este tema de las garantías sociales, la responsabilidad del Estado es INELUDIBLE. El Estado es el garante de esos derechos, aun en aquellos países en que se elijan los sistemas privados; pero sobre todo en aquellos, agregamos nosotros, en que, como es el caso de Costa Rica, fue el propio Estado el que desvió uno de los fondos de pensiones: el nuestro, el de los maestros, que son los que están a punto de ser crucificados para liberar nada menos que a Barrabás. Si se quiere justicia, deberíamos empezar por exigirle al Estado dar cuenta de nuestro fondo de pensiones.

3.- Preparar la reforma no desde arriba, sino buscando el consenso y con el debido acompañamiento técnico y filosófico. Solo así haremos de estas iniciativas, no una guerra, sino un camino para la conciliación social que tanto necesitamos en estos momentos. Esta es la mayor crisis de sentido en la historia de Costa Rica.

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS por Álvaro Vega Sánchez.

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De las pensiones mágicas a la magia del fondo de pensiones

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Jorge Danilo García, Microbiólogo, Jubilado UCR

Álvaro Vega, Sociólogo, Jubilado UNA

El superintendente de pensiones, don Álvaro Ramos, en recientes declaraciones al periódico la Nación (La Nación, domingo 07 de julio del 2019) aduce que la gente cree que las pensiones son mágicas porque se opera una suerte de expectativa por parte del futuro pensionado que no obedece a la realidad. Aspira a que se le devuelva un monto que no guarda proporción con lo que ha cotizado. Y destaca que se trata de un comportamiento cínico porque no quieren entender la imposibilidad de ese tipo de “pensiones mágicas”, apelando a que “Papá Estado le resuelva todo”.

El argumento parece impecable, casi mágico, y podría conducir cándidamente a aplaudirlo y hasta celebrarlo con odas por ser uno más en la lucha contra los “privilegios” y las “gollerías” de los empleados y pensionados del sector público. Pero se olvida don Álvaro que el “Papá Estado”, de manera irresponsable y dolosa, en el caso más sonado de las pensiones del Magisterio Nacional, nunca creó un fondo de capitalización con las cotizaciones tripartitas que sobrepasaban en casi tres tantos a las del Régimen de la Caja. Desvió a gasto ordinario esos dineros de todos los cotizantes desde la creación de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional en 1958, es decir, hace 61 años. Por tanto, si de magia se trata este fondo resultó mágico: hizo un acto de desaparición y se esfumó, se desvaneció….Ello es del conocimiento de la Sala IV en su voto 3447-98 donde, refiriéndose a las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, señala la “grave omisión en crear un fondo autosuficiente” por parte del Estado; asimismo se destaca en ese voto que “ahora se pretende que esos yerros históricos, sean asumidos por los beneficiarios de los sistemas…”. El mismo argumento adujo el Licenciado Juan Rafael Espinoza en un artículo publicado en el Foro de La Nación (10 de agosto de 1995), al considerar la reforma que incrementó la cotización al régimen magisterial entre un 10% y un 16% como “injusta e irracional, además de contraria a la Carta Magna y a la jurisprudencia de la Sala Constitucional”.

Y es verdad, como señala el superintendente, que el Estado tendrá que pagar en este año 2019 la suma de 1.06 billones de colones en pensiones con cargo al Presupuesto Nacional. Pero no es verdad que la culpa la tengan los “antiguos regímenes que fueron cerrados por ser insostenibles”. Tampoco son los pensionados los responsables del endeudamiento del Estado para cubrir las pensiones de las 61.300 personas pensionadas, como destaca el señor Ramos. Si hay algún responsable de esta situación ha sido el Estado que ahora busca lavarse las manos como Pilatos después de haber usufructuado de esos dineros ajenos y haberlos mal administrado. Una muestra más de la incapacidad y la ineficiencia de nuestros gobernantes, particularmente de los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana, que en las últimas cuatro décadas han venido desmantelando el Estado Social de Derecho, con prácticas corruptas y políticas parcializadas a favor de las grandes empresas y el capital financiero.

El superintendente de pensiones apela a una salida fácil y simplista, aduciendo que el costarricense es víctima del “pensamiento mágico”, cuando más bien debería atender a la complejidad que representa la gestión financiera y política de un Estado que no ha sabido conducir la cosa pública con transparencia, ética y eficiencia. Se calcula que de haberse creado y capitalizado adecuadamente un fondo de Pensiones del Magisterio Nacional, y de no haberse particionado en el de Transitorio de Reparto, por un lado, y el de Capitalización Colectiva, por otro, al entrar en vigencia la Ley 7531, el mismo cubriría a los pensionados actuales y contaría con una reserva de 5 billones (5 millones de millones) de colones. Aun así, la reserva para el Régimen Transitorio de Reparto sería en la actualidad de 1.4 billones (1.4 millones de millones de colones).

 La ineficiente gestión del Estado se comprueba en el impulso que ha dado a políticas remendonas donde los platos rotos los han tenido que pagar los sectores medios y empobrecidos del país. Por tanto, si de cinismo se trata don Álvaro junto con este irresponsable “Papá Estado” resultan ser el mejor ejemplo. ¿Acaso no es cinismo eximirse de no haber creado, resguardado y capitalizado un fondo de pensiones desde 1958 y pretender ridiculizar, atribuyendo “pensamiento mágico” a los pensionados costarricenses? ¿Acaso no es cinismo seguir encubriendo a los evasores y elusores, principales disparadores del déficit fiscal, culpando a los pensionados del endeudamiento del Estado?

Por otra parte, y consecuente con su apología del Estado neoliberal y privatizante, el señor Ramos, con la frialdad propia de los economistas que Paul Krugman llama “vendedores de políticas económicas”, aduce que “hay una gran resistencia a ver la pensión, básicamente, como una cuenta bancaria glorificada…”. No alcanza a explicarse lo que es de sentido común para un costarricense medianamente informado, de que habitamos un país que hace más de medio siglo optó por un pacto social que ha hecho la diferencia entre un Estado oligárquico, regido por el simple interés rentista particular, y un Estado Social de derecho que apuesta por la solidaridad para la equidad y le bienestar colectivo. Adjudica al sistema financiero el poder “mágico” de glorificar los ahorros –convertir el agua en vino– y ser el único garante de una pensión justa y sostenible. Y esto sí es “pensamiento mágico” por cuanto, como bien lo ha constado la OIT en su reciente Informe (La reversión de la privatización de las pensiones. Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina 2000-2018), los regímenes de pensiones privados, es decir supeditados a los ahorros en el sistema financiero, han mostrado ser un fracaso en América Latina y en el mundo.

El superintendente hace caso omiso de la viabilidad y sostenibilidad de regímenes de pensiones que se rijan por el criterio de la solidaridad, procurando que las personas tengan acceso a una pensión digna y justa, es decir, que corresponda al aporte que ha brindado a la sociedad a lo largo de su vida laboral, y que el Estado sea garante de este derecho como está establecido en la legislación internacional. Al parecer, el señor Ramos quiere vendernos un modelo de pensiones sui generis e inédito: público pero que se rija por una lógica de mercado privado, basado únicamente en cuentas individuales. Por eso, no se sonroja al decir que para un trabajador de la Caja que cotiza 10.16%, lo lógico es que al pensionarse reciba entre un 30% y un 35% de sus salario actual y jamás el 55% que se otorga hoy en el IVM. En este sentido, tampoco cabrían las pensiones del régimen no contributivo. En su criterio no hay cabida para la solidaridad que dignifique al pensionado. Don Álvaro ha clausurado la solidaridad del Estado Social de Derecho costarricense, uno de nuestros principales logros como nación.

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Álvaro Vega.

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CONAPAM pide informe sobre cambio en calendario de pensiones

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Comunicado de prensa

  • La Junta Rectora de CONAPAM conoció la situación que enfrentan personas pensionadas de diversos regímenes y tomó la decisión de solicitar aclaraciones al respecto

  • El acuerdo tomado, solicita a la Tesorería Nacional informar sobre el procedimiento seguido, para aplicar una medida administrativa que podría estar vulnerando a la población adulta mayor

La Junta Rectora del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) remitió este jueves mediante oficio CONAPAM-DE-043-O-2019, una solicitud la señora Martha Cubillo Jiménez, Tesorera Nacional del Ministerio de Hacienda, con el fin conocer los mecanismos empleados por esa Dependencia, a través de los cuales comunicó de manera previa y oportuna los cambios que se implementaron en el calendario de pago de las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional a las personas jubiladas y pensionadas por los distintos regímenes con cargo al Presupuesto Nacional.

De acuerdo con la Presidenta de la Junta Rectora de CONAPAM, señora Teresita Aguilar Mirambell, la situación expuesta por las señoras y los señores jubilados y pensionados adscritos a la Dirección Nacional de Pensiones y a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, es de preocupación y angustia, pues el cambio en el calendario de pagos de sus jubilaciones y pensiones les afecta directamente en sus compromisos mensuales como el pago de los servicios básicos y otros que deben ejecutarse antes del 15 de cada mes, así como la compra de alimentos, medicinas, pago de citas médicas programadas, pagos de préstamos personales, hipotecarios, entre otros.

Con el fin de cumplir con lo que establece la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, Ley No. 7935 del 25 de octubre de 1999, y sus reformas, sobre la protección de los derechos de las personas adultas mayores, la Junta Rectora del CONAPAM, en Sesión Extraordinaria, celebrada el día 16 de enero de 2019, dispuso que:

“El CONAPAM requiere conocer los mecanismos empleados por la Tesorería Nacional para comunicar de manera previa y oportuna los cambios que se implementarían en el calendario de pago de las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional a las personas jubiladas y pensionadas, de manera que tuvieran la posibilidad no solo de manifestar su opinión, sino también de adoptar medidas para afrontar la situación y minimizar la afectación en la planificación de su gasto mensual”.

Esta solicitud se fundamenta en que el CONAPAM es rector en envejecimiento y vejez en el país, y en atención a su deber de proteger, fomentar y velar por los derechos de las personas adultas mayores.

Asimismo, en que según los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, las personas adultas mayores tienen derecho al debido proceso y corolario de lo anterior, el derecho a manifestar su opinión sobre aquellas decisiones administrativas que se tomen y que les lleguen a afectar.

Además, que la Ley No. 7935, establece dentro de sus objetivos “Garantizar la participación activa de las personas adultas mayores en la formulación y aplicación de las políticas que las afecten” (art.1 inc.b). Disposición que a criterio del CONAPAM, debe aplicarse incluso cuando se tomen de manera unilateral, medidas administrativas que les afectan.

La institución continuará velando por los derechos de la población adulta mayor del país y esperará a contar con el respectivo informe para valorar las medidas que deba tomar al respecto. Todo ello en estricto respeto de los derechos fundamentales de las personas adultas mayores.

Atentamente,

Dra. Teresita Aguilar Mirambell

Presidenta Junta Rectora

Procedimiento seguido para realizar el cambio en el calendario de depósito de pensionesDescarga

 

Imagen ilustrativa.

Enviado Jennifer Ureña Villanueva.

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La UCR aclara datos sobre »pensiones de lujo»

Escrito en . Publicado en Derechos.

  • La Institución anuncia a sus funcionarios medidas de control del gasto

 

La legalidad que permitió las llamadas «pensiones de lujo» en el país, dentro del Régimen de Pensiones del Magisterio Nacional, se cerró desde la segunda mitad de la década de los años noventa. En la actualidad, esos beneficios ––que resultaron insostenibles para el mismo sistema–– ya no se otorgan, aunque sí se debe seguir cumpliendo con el pago de quienes están pensionados o quienes lo harán por derecho adquirido bajo esa normativa. Las pensiones de estas personas son pagadas por la Junta de Pensiones del Magisterio y son irrenunciables por parte de sus beneficiarios.

En lo que respecta a la Universidad de Costa Rica, se aclara que la Institución no es, ni ha sido, la encargada de elaborar la legislación con la que se maneja el Régimen de Pensiones del Magisterio Nacional, pero sí ha tomado las medidas que están al alcance para reducir y racionalizar el gasto.

Acciones tomadas por la Administración

La Universidad de Costa Rica reconociendo las austeras medidas del gobierno para prevenir una crisis fiscal que también afectan el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y, por ende, el presupuesto de la Universidad de Costa Rica (UCR), ha tomado acciones de contención del gasto para evitar un descalabro más profundo ante la estrechez de los recursos. Las medidas se ponen a consideración del Consejo Universitario.

Reducción de las dedicaciones exclusivas. Que en adelante, no se asignen dedicaciones exclusivas si no se cuenta con al menos el grado académico de licenciatura y en el caso de personas administrativas que ocupen un puesto cuyo requisito académico sea el de licenciatura.

Reducción del incentivo salarial por mérito académico. Teniendo en consideración la necesidad de contener el crecimiento del gasto institucional se propone que los porcentajes máximos por reconocer para este incentivo sean: un 20% en caso de doctorado y un 15% en caso de maestría, siempre y cuando las titulaciones respondan a la función que realizan las personas trabajadoras.

Suplencias. Se propone que las suplencias se autoricen únicamente para situaciones de licencias por maternidad o por adopción de menores de edad, vacaciones del personal de seguridad y de personal clave para el desarrollo de actividades de investigación.

Costos asociados a los proyectos de vínculo externo. La propuesta es que para todos aquellos costos asociados a proyectos de vínculo externo que sean posible cuantificar, se gestione la recuperación de los mismos.

Horas extras. Se propone disminuir el presupuesto disponible para el 2018 en la partida de tiempo extraordinario en un 20%, fundamentalmente disminuyendo el pago por este concepto en las secciones de Seguridad y Transportes. Restringir el pago de horas extras a categorías profesionales y jefaturas administrativas.

Combustibles. Esta partida se centraliza en la Sección de Transportes y la propuesta es disminuir el consumo de combustible para lo que resta del 2018 en un 30%.

Gastos de capacitación. La propuesta es subejecutar la partida global en un 20% del presupuesto disponible en fondos corrientes. Por otra parte, respecto a esta partida, se restringirá la posibilidad de emitir órdenes de servicios de reserva al finalizar el 2018.

Arrendamientos. Los nuevos arrendamientos se deberán negociar en colones y conforme venzan los contratos actuales, las renovaciones también se harán en colones.

Compra de vehículos. Para el 2019 y 2020 se debe priorizar en adquirir vehículos híbridos o eléctricos que permitan ir dando pasos al cambio de tecnología y, por ende, disminuyendo el consumo de combustibles.

Gasto por electricidad. En conjunto con la Unidad de Gestión Ambiental y la Escuela de Ingeniería Eléctrica, promover una campaña de sensibilización de ahorro de energía eléctrica, así como la realización de auditorías de consumo que permitan implementar buenas prácticas en esta materia.

Disminución de cargas académicas asignadas a comisiones. Se propone disminuir las cargas académicas asignadas a comisiones en un 30%.

Asimismo, se incluyen las siguientes medidas:

  1. Eliminar el 100% de las sustituciones de cargos de dirección y decanatos, esto representa un ahorro aproximado de ¢342 millones al año.
  2. Reducción de cargas académicas por concepto de «otras cargas».
  3. Planificar la oferta académica 2019 sobre la base presupuestaria de la establecida en el 2018.
  4. No conversión de plazas docentes a administrativas.
  5. Reducción en un 50% en el otorgamiento de las licencias sabáticas, esto representa un ahorro aproximado de ¢450 millones anuales.
  6. Eliminar el 100% de las excepciones de no impartir docencia.
  7. Descongelamiento de las plazas únicamente para aperturas de concursos.
  8. Limitar el ingreso de personal interino nuevo.
  9. Reducción de apoyos para viajes al exterior, el cual representaría un ahorro aproximado de ¢200 millones anuales.

DOCUMENTOS

Medidas de ahorro y eficiencia del gasto en la Universidad de Costa Rica a septiembre 2018

 

Gabriela Mayorga López

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Iglesia Católica de Nicaragua exhorta al pueblo a no rendirse ante intimidaciones

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Iglesia Católica de Nicaragua se manifiesta ante protestas en ese país e insta al pueblo a no ceder ante las amenazas e intimidaciones del Gobierno nicaragüense ya que considera su lucha justa. Para animar al pueblo cita dos frases del Papa Francisco: “la historia no depende solamente de la voluntad de los poderosos sino sobre todo de la capacidad de los pueblos de organizarse” y una segunda dicha por el Papa a los jóvenes en Chile: “el joven que no ame a su patria no será capaz de amar ni a Jesús, ni a Dios”.

Finalmente, Silvio Báez, Obispo auxiliar de Managua, alienta a no dejarse cegar por ideología política, ya que la causa de la lucha es la justicia social.

VIDEO: si lo va a ver desde su celular, sugerimos colocarlo de manera horizontal de ser necesario.

 

Enviado por Jorge Arturo Chaves.

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