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Etiqueta: pensiones

CONAPAM pide informe sobre cambio en calendario de pensiones

Comunicado de prensa

  • La Junta Rectora de CONAPAM conoció la situación que enfrentan personas pensionadas de diversos regímenes y tomó la decisión de solicitar aclaraciones al respecto

  • El acuerdo tomado, solicita a la Tesorería Nacional informar sobre el procedimiento seguido, para aplicar una medida administrativa que podría estar vulnerando a la población adulta mayor

La Junta Rectora del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) remitió este jueves mediante oficio CONAPAM-DE-043-O-2019, una solicitud la señora Martha Cubillo Jiménez, Tesorera Nacional del Ministerio de Hacienda, con el fin conocer los mecanismos empleados por esa Dependencia, a través de los cuales comunicó de manera previa y oportuna los cambios que se implementaron en el calendario de pago de las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional a las personas jubiladas y pensionadas por los distintos regímenes con cargo al Presupuesto Nacional.

De acuerdo con la Presidenta de la Junta Rectora de CONAPAM, señora Teresita Aguilar Mirambell, la situación expuesta por las señoras y los señores jubilados y pensionados adscritos a la Dirección Nacional de Pensiones y a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, es de preocupación y angustia, pues el cambio en el calendario de pagos de sus jubilaciones y pensiones les afecta directamente en sus compromisos mensuales como el pago de los servicios básicos y otros que deben ejecutarse antes del 15 de cada mes, así como la compra de alimentos, medicinas, pago de citas médicas programadas, pagos de préstamos personales, hipotecarios, entre otros.

Con el fin de cumplir con lo que establece la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, Ley No. 7935 del 25 de octubre de 1999, y sus reformas, sobre la protección de los derechos de las personas adultas mayores, la Junta Rectora del CONAPAM, en Sesión Extraordinaria, celebrada el día 16 de enero de 2019, dispuso que:

“El CONAPAM requiere conocer los mecanismos empleados por la Tesorería Nacional para comunicar de manera previa y oportuna los cambios que se implementarían en el calendario de pago de las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional a las personas jubiladas y pensionadas, de manera que tuvieran la posibilidad no solo de manifestar su opinión, sino también de adoptar medidas para afrontar la situación y minimizar la afectación en la planificación de su gasto mensual”.

Esta solicitud se fundamenta en que el CONAPAM es rector en envejecimiento y vejez en el país, y en atención a su deber de proteger, fomentar y velar por los derechos de las personas adultas mayores.

Asimismo, en que según los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, las personas adultas mayores tienen derecho al debido proceso y corolario de lo anterior, el derecho a manifestar su opinión sobre aquellas decisiones administrativas que se tomen y que les lleguen a afectar.

Además, que la Ley No. 7935, establece dentro de sus objetivos “Garantizar la participación activa de las personas adultas mayores en la formulación y aplicación de las políticas que las afecten” (art.1 inc.b). Disposición que a criterio del CONAPAM, debe aplicarse incluso cuando se tomen de manera unilateral, medidas administrativas que les afectan.

La institución continuará velando por los derechos de la población adulta mayor del país y esperará a contar con el respectivo informe para valorar las medidas que deba tomar al respecto. Todo ello en estricto respeto de los derechos fundamentales de las personas adultas mayores.

Atentamente,

Dra. Teresita Aguilar Mirambell

Presidenta Junta Rectora

 

Imagen ilustrativa.

Enviado Jennifer Ureña Villanueva.

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La UCR aclara datos sobre »pensiones de lujo»

  • La Institución anuncia a sus funcionarios medidas de control del gasto

 

La legalidad que permitió las llamadas «pensiones de lujo» en el país, dentro del Régimen de Pensiones del Magisterio Nacional, se cerró desde la segunda mitad de la década de los años noventa. En la actualidad, esos beneficios ––que resultaron insostenibles para el mismo sistema–– ya no se otorgan, aunque sí se debe seguir cumpliendo con el pago de quienes están pensionados o quienes lo harán por derecho adquirido bajo esa normativa. Las pensiones de estas personas son pagadas por la Junta de Pensiones del Magisterio y son irrenunciables por parte de sus beneficiarios.

En lo que respecta a la Universidad de Costa Rica, se aclara que la Institución no es, ni ha sido, la encargada de elaborar la legislación con la que se maneja el Régimen de Pensiones del Magisterio Nacional, pero sí ha tomado las medidas que están al alcance para reducir y racionalizar el gasto.

Acciones tomadas por la Administración

La Universidad de Costa Rica reconociendo las austeras medidas del gobierno para prevenir una crisis fiscal que también afectan el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y, por ende, el presupuesto de la Universidad de Costa Rica (UCR), ha tomado acciones de contención del gasto para evitar un descalabro más profundo ante la estrechez de los recursos. Las medidas se ponen a consideración del Consejo Universitario.

Reducción de las dedicaciones exclusivas. Que en adelante, no se asignen dedicaciones exclusivas si no se cuenta con al menos el grado académico de licenciatura y en el caso de personas administrativas que ocupen un puesto cuyo requisito académico sea el de licenciatura.

Reducción del incentivo salarial por mérito académico. Teniendo en consideración la necesidad de contener el crecimiento del gasto institucional se propone que los porcentajes máximos por reconocer para este incentivo sean: un 20% en caso de doctorado y un 15% en caso de maestría, siempre y cuando las titulaciones respondan a la función que realizan las personas trabajadoras.

Suplencias. Se propone que las suplencias se autoricen únicamente para situaciones de licencias por maternidad o por adopción de menores de edad, vacaciones del personal de seguridad y de personal clave para el desarrollo de actividades de investigación.

Costos asociados a los proyectos de vínculo externo. La propuesta es que para todos aquellos costos asociados a proyectos de vínculo externo que sean posible cuantificar, se gestione la recuperación de los mismos.

Horas extras. Se propone disminuir el presupuesto disponible para el 2018 en la partida de tiempo extraordinario en un 20%, fundamentalmente disminuyendo el pago por este concepto en las secciones de Seguridad y Transportes. Restringir el pago de horas extras a categorías profesionales y jefaturas administrativas.

Combustibles. Esta partida se centraliza en la Sección de Transportes y la propuesta es disminuir el consumo de combustible para lo que resta del 2018 en un 30%.

Gastos de capacitación. La propuesta es subejecutar la partida global en un 20% del presupuesto disponible en fondos corrientes. Por otra parte, respecto a esta partida, se restringirá la posibilidad de emitir órdenes de servicios de reserva al finalizar el 2018.

Arrendamientos. Los nuevos arrendamientos se deberán negociar en colones y conforme venzan los contratos actuales, las renovaciones también se harán en colones.

Compra de vehículos. Para el 2019 y 2020 se debe priorizar en adquirir vehículos híbridos o eléctricos que permitan ir dando pasos al cambio de tecnología y, por ende, disminuyendo el consumo de combustibles.

Gasto por electricidad. En conjunto con la Unidad de Gestión Ambiental y la Escuela de Ingeniería Eléctrica, promover una campaña de sensibilización de ahorro de energía eléctrica, así como la realización de auditorías de consumo que permitan implementar buenas prácticas en esta materia.

Disminución de cargas académicas asignadas a comisiones. Se propone disminuir las cargas académicas asignadas a comisiones en un 30%.

Asimismo, se incluyen las siguientes medidas:

  1. Eliminar el 100% de las sustituciones de cargos de dirección y decanatos, esto representa un ahorro aproximado de ¢342 millones al año.
  2. Reducción de cargas académicas por concepto de «otras cargas».
  3. Planificar la oferta académica 2019 sobre la base presupuestaria de la establecida en el 2018.
  4. No conversión de plazas docentes a administrativas.
  5. Reducción en un 50% en el otorgamiento de las licencias sabáticas, esto representa un ahorro aproximado de ¢450 millones anuales.
  6. Eliminar el 100% de las excepciones de no impartir docencia.
  7. Descongelamiento de las plazas únicamente para aperturas de concursos.
  8. Limitar el ingreso de personal interino nuevo.
  9. Reducción de apoyos para viajes al exterior, el cual representaría un ahorro aproximado de ¢200 millones anuales.

DOCUMENTOS

Medidas de ahorro y eficiencia del gasto en la Universidad de Costa Rica a septiembre 2018

 

Gabriela Mayorga López

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Iglesia Católica de Nicaragua exhorta al pueblo a no rendirse ante intimidaciones

La Iglesia Católica de Nicaragua se manifiesta ante protestas en ese país e insta al pueblo a no ceder ante las amenazas e intimidaciones del Gobierno nicaragüense ya que considera su lucha justa. Para animar al pueblo cita dos frases del Papa Francisco: “la historia no depende solamente de la voluntad de los poderosos sino sobre todo de la capacidad de los pueblos de organizarse” y una segunda dicha por el Papa a los jóvenes en Chile: “el joven que no ame a su patria no será capaz de amar ni a Jesús, ni a Dios”.

Finalmente, Silvio Báez, Obispo auxiliar de Managua, alienta a no dejarse cegar por ideología política, ya que la causa de la lucha es la justicia social.

VIDEO: si lo va a ver desde su celular, sugerimos colocarlo de manera horizontal de ser necesario.

 

Enviado por Jorge Arturo Chaves.

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Nicaragua rebelde y revolucionaria está insurreccionada a favor de la libertad

Los actos insurreccionales protagonizados por jóvenes auto convocados estos días, en toda Nicaragua, refleja un hartazgo a la corrupción de la pareja presidencial, al desmesurado uso de la fuerza policial, el autoritarismo más propio del somocismo que de un Gobierno que se denomina de izquierdas, a las tropelías propias de las derechas centroamericanas en los procesos electorales, la concentración de poder y la pérdida y debilitamiento de la institucionalidad del Estado, la patrimonialización familiar y partidaria de los fondos solidarios de enviados por el hermano pueblo de Venezuela, la partidarización de los movimientos sociales, las represiones constantes cuando organizaciones de todo tipo (no partidarias) salen a la callen a reivindicar derechos ganados en la Revolución Popular, la alianza con los grupos empresariales y la élite de la Iglesia Católica corruptos, la soberbia con la que han gestionado el Poder Electoral, por las consecuencias y la irresponsabilidad en la gestión de los incendios en la principal reserva ecológica Indio Maíz, por las medidas tomadas para sanear el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

Es decir, ¡esta revuelta ya no es por el INSS!

Es por la libertad, la necesidad de establecer el diálogo y la cohesión social basada en el respeto a todas las diversidades y la justicia económica. Es por construir un Estado honesto, justo, que rinda cuentas, con funcionarios y funcionarias capaces y también apegados a derecho que no de intereses de un partido. Es por la oportunidad de cerrar los históricos ciclos de violencia que hemos heredado desde la colonización europea hasta las dictaduras sanguinarias del somocismo, o los gobiernos neoliberales de los años 90´s. Es por que nos merecemos vivir en convivencia todas y todos, es por terminar de integrar a la Nación a los pueblos originarios Miskitus, Mayagnas, Ramakis, Monimbó; y también a los pueblos Negros. Esta es una lucha para que construyamos una sociedad en la que ser mujer no sea un peligro.

Y hoy es también, por encontrar y llevar a los tribunales a los responsables de asesinar a nuestros jóvenes:

Darwin Manuel Urbina, trabajador de supermercado.

Jilton Rafael Manzanarez, policía.

Richard Edmundo Pavon Bermudez, activista FSLN estudiante secundaria

Alvaro Manuel Conrado Dávila, estudiante Colegio Loyola

Carlos Bonilla, ciudad sandino

Karla Sotelo, estudiante Esteli

Alvis Yamil Molina Hogdson de Batahola,

Michelle Humberto Cruz, universitario

Orlando Castillo Perez

Giovanny Sobalvarro. Sébaco

Axel Bonilla, León

Red Nicaragüense de Culturas Vivas Comunitarias

 

Imagen tomada del video https://www.facebook.com/OcupaInssNicaragua/videos/1144771455662435/

Enviado por Oriana Sujey Ortiz Vindas.

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Universidad de Costa Rica repudia y condena asesinatos de estudiantes en Nicaragua

  • Pronunciamiento del Rector Dr. Heninng Jensen Pennington

 

Tras los lamentables hechos de represión acaecidos en Nicaragua durante los días de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, esta semana, entre los que destaca la muerte de un policía y tres estudiantes, dos de ellos en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli); la Universidad de Costa Rica se solidariza con esa institución hermana y repudia todo tipo de violencia, en especial aquella contra manifestantes indefensos por parte de las fuerzas represoras.

Además, la Upoli, institución con la que la Universidad de Costa Rica mantiene un convenio de cooperación desde noviembre del año pasado, ha sido el escenario de violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en las últimas horas. Todo ello dirige nuestro pensamiento hacia los compañeros, docentes y familias de las víctimas, especialmente de estos jóvenes alumnos fallecidos en los terrenos universitarios, quienes sufren hoy de la barbarie que acontece cuando el diálogo no es el instrumento privilegiado para dirimir diferencias, sino la represión.

Hacemos un llamado, respetuoso pero vehemente, a las autoridades nicaragüenses, para que pongan fin a esta oleada de violencia y sean capaces de sentarse a la mesa con los sectores disidentes, de manera que se consiga un acuerdo que satisfaga a ambas partes sobre la administración de la seguridad social en su país, como ocurre en cualquier democracia digna y consolidada del mundo.

Confiamos en que la sangre derramada por los fallecidos sea un serio llamado de atención al gobierno de Managua, de manera que estas muertes no queden impunes y sus responsables sean juzgados de acuerdo con sus leyes.

Dr. Heninng Jensen Pennington

Rector de la Universidad de Costa Rica y Presidente de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL)

 

En la imagen: bandera nacional de la República de Nicaragua.

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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A propósito del debate sobre pensiones de la CCSS

Entre 2011 y 2014 se realizó el proceso ciudadano «La CCSS Que Queremos». En el documento final de este esfuerzo de formulación de política pública con participación ciudadana se incluye un conjunto de propuestas para resolver el tema de pensiones de la CCSS, esto, como parte de una solución integral a la crisis del sistema de seguridad social. En el marco del debate nacional en torno a los sistema de jubilaciones y pensiones SURCOS le invita a revisar el documento; puede visitar nuestro medio y navegar en él documento (hay vínculos internos que lo facilitan). Puede utilizar ctrl + F para navegar mediante la búsqueda de la siguiente palabra clave: pensiones.

Es importante tener presente que la mayor parte de las propuestas surgidas desde las comunidades y que tienen relación directa con este tema se concentran en los apartados 3, 4 y 5.

Este es el enlace directo a la sección de SURCOS donde encontrará el documento:

https://surcosdigital.com/la-ccss-que-queremos/

 

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SEC: Nuestra posición ante la polémica OIT- UCR sobre la situación financiera del sistema de pensiones IVM de la CCSS

Las recientes noticias sobre el informe técnico de la OIT, sobre aparentes fallas metodológicas en el informe actuarial que hiciera la Escuela de Matemáticas de la UCR sobre el estado financiero del IVM, han dejado una gran estela de dudas al respecto de nuestro conocimiento real sobre la situación del mayor sistema de pensiones del país.

Todo esto ha puesto en evidencia que, o bien se han tomado decisiones sustentadas en información errónea, cargando en las personas trabajadoras la responsabilidad de dar sostenibilidad a un sistema aparentemente en vías de quebrar -tal como la medida de aumentar la cuota obrera en un 1%-; o bien se han tomado decisiones manipuladas por información cuyo objetivo era mostrar un sistema de pensiones al borde del colapso, para favorecer las agendas políticas de los enemigos de la seguridad social.

Tras analizar este informe técnico de la OIT se puede interpretar que se sobredimensionó la población con derecho a pensionarse en las proyecciones futuras, así como el monto de los derechos de pensión que se tendrían que pagar, como señala la Nota Técnica de la OIT, estaríamos en presencia de un serio problema de transparencia, si fuera intencional sería un intento de ocultar la realidad y defraudar a la clase trabajadora, si fuera un error sería irresponsable de parte de la CCSS pagar por un informe con semejantes deficiencias.

En cualquiera de los casos, los señalamientos de la OIT sobre el informe actuarial de la UCR son muy graves y ponen al descubierto que la anunciada catástrofe del IVM -que motivó acciones apresuradas que enturbian el diálogo social necesario para la mejora de todo el sistema de la CCSS- no es tal, y que debe estudiarse a profundidad la situación para buscar soluciones reales, que no se alejen de la ruta de la solidaridad social.

Lo cierto es que el país requiere, con urgencia, conocer el estado actual de su principal sistema de pensiones, señalando con claridad tanto las causas de su situación, como las dimensiones precisas de los problemas financieros y de sostenibilidad que tiene. Sin esta información es irresponsable tomar medidas que sólo ocultan los verdaderos peligros a los que se enfrenta el IVM y nos expone más a su debilitamiento.

Las nuevas generaciones no merecen vivir con la incertidumbre sobre su futuro y el pueblo, que ha construido con esmero a lo largo de más de 74 años, este pilar de la solidaridad y la justicia social, no merece verlo desplomarse o desaparecer con respuestas individualistas de privatización o deteriorarse al punto de no poder dar pensiones dignas a la clase trabajadora del país.

Sabemos perfectamente que ha habido un constante ataque a todas las instituciones de nuestro Estado Social de Derecho, y no podemos obviar que la CCSS y su sistema de pensiones han sido también blanco de esa ofensiva neoliberal. Desde finales del siglo pasado se identificaron grandes problemas de gestión, decisiones financieras y administrativas equivocadas tomadas por los poderes políticos que se expresan en su Junta Directiva, de las cuales aún esperan juicio 14 personas en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

Para el SEC es claro que no puede concentrarse toda la problemática del IVM en el factor del cambio de la pirámide demográfica del país. Para nutrir el diálogo social que busque la mejora del sistema debe señalarse con rigurosidad el impacto de:

  • Los indebidos intereses de las aseguradoras privadas mezclándose con la seguridad social.
  • La gestión negligente en cuanto a la inversión de fondos, la pérdida de millones por no hacer valer su derecho al no pago de renta y el no cobro de morosidad, empresarial y estatal.
  • Del creciente deterioro de las condiciones laborales para la mayoría de la clase trabajadora con el crecimiento desmedido de población laborando en la informalidad.
  • Del abandono malintencionado del cobro del 15% de las utilidades de las instituciones públicas contempladas en el artículo 78 de La Ley de Protección al Trabajador.
  • De las decisiones políticas de los gobiernos de Oscar Arias en cuanto a la disminución de la contribución del Estado de 3.25% a tan solo 0.25%, que además se adeuda, la apertura de cientos de plazas sin justificación real, la promoción de aumento de montos de pensiones y pensiones adelantadas.

Como clase trabajadora tenemos mucho que decir, que proponer y que defender en cuanto al IVM, exigimos por ello información veraz, voluntad política y transparencia en el diálogo y en la toma de decisiones que afectan de forma tan sensible a todo el pueblo trabajador.

En nombre de las y los trabajadores de este país, exigimos que se desestime y detenga cuanto antes la medida de incremento del 1%, esto para evitar un deterioro mayor de las condiciones económicas y calidad de vida de la clase trabajadora. Lo anterior hasta que la OIT o cualquier otra entidad con competencia en el tema realice un nuevo estudio actuarial.

 

Enviado por SEC Costa Rica.

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