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Etiqueta: pensiones

Amenazas reales y falsas sobre el futuro de la humanidad

Miguel Sobrado

Las amenazas reales

Tomada de la Revista CR

En el mundo que vivimos crecen olas de pesimismo sobre el futuro de la humanidad. Por una parte, acecha el cambio climático, que golpea cada vez con mayor crudeza en diversas partes del planeta, al mismo tiempo que se agotan los suelos y se contaminan los mares, dejando la pesca sin controles efectivos lo que amenaza el abastecimiento de los recursos marinos.

Los presupuestos de las grandes naciones, mientras tanto, se orientan a concentrar las esferas de poder, priorizando los gastos en armamentos y guerras descuidando la importancia de estas amenazas para el futuro de la especie.

Las amenazas sin sustento inducidas por los medios masivos

Por otra parte, se afirma, partiendo del crecimiento y envejecimiento poblacional, que no habrá pensiones ni estabilidad social para las actuales generaciones debido a la falta de recursos. Esto se ve reforzado por el resquebrajamiento de la estabilidad que gozaban antes las clases medias, el desplazamiento de la mano de obra física y administrativa, por la tecnología y los robots. Todo esto asociado al incremento de los trastornos mentales, especialmente después de la pandemia.

Sin embargo, la contaminación y el cambio climático son amenazas reales, que deben y pueden ser enfrentadas con los recursos existentes, por una organización de Naciones Unidas efectiva, que reoriente los recursos que se gastan en los juegos suicidas de poder militar y se dediquen a la defensa de la humanidad frente a los peligros que la acechan. Este tema trasciende los alcances de este artículo, ya que implica cambios importantes en la organización mundial, pero tiene fundamento en los elevados presupuestos militares existentes.

Las otras amenazas sobre la falta de respaldo para el bienestar de las actuales generaciones y un futuro amenazador sobre los fondos de pensiones por el incremento poblacional y el crecimiento del porcentaje de personas mayores, con el que se imprimen temores y desesperanza, no tiene como veremos más adelante sustento, si reorganizamos los recursos.

Es falso que nos aboquemos a un desastre económico

Para analizar la realidad debemos de partir de los datos concretos. No es cierto que el incremento poblacional nos haya hecho más pobres. Es cierto que la población mundial paso de 2.5 mil millones de habitantes en 1950 a 8000 millones en 2023, pero el Producto Interno Bruto por habitante del planeta paso de US$ 1974 en 1950 a US$ 12.900 en 2023. O sea, año con año a pesar del crecimiento desbordante de población, creció la riqueza por persona. Claro que este fenómeno ha sido acompañado de un incremento de la desigualdad en la distribución del ingreso. En general, el índice de Gini para el mundo ha fluctuado, con un aumento notable en la desigualdad desde los años 80.

Lo que sí es una realidad, es la ideología neoliberal que nos despoja de nuestro carácter gregario y nos hace ver como individuos aislados responsables de nuestra desgracia.

El problema de América Latina

América Latina por su parte presenta el mayor índice de desigualdad del planeta donde el 10% más rico concentra el 55% de los ingresos, superando incluso a otras regiones del planeta como el África subsahariana, la más pobre, donde el 10% más rico acumula el 37% de los ingresos. En las listas internacionales de crecimiento económico América Latina, a pesar de sus riquezas, ocupa por su organización política que mantiene en la exclusión histórica una parte considerable de su población, la última posición en el mundo.

El desarrollo de la ciencia y la tecnología y más recientemente la Inteligencia Artificial, perfilan un incremento acelerado de los ingresos para quienes aprovechen los avances especialmente la inteligencia artificial, con un desplazamiento simultáneo de la mano de obra no calificada y reactiva a los cambios. Este desplazamiento será especialmente peligroso en América Latina por la debilidad de su calidad y cobertura de sus sistemas educativos y el poder creciente del narcotráfico que se nutre de la pobreza y la exclusión social.

Como se puede apreciar existen peligros importantes para la estabilidad del planeta y de nuestra región, que demandan visión y políticas públicas de inclusión social. Recursos existen, pero demandan recuperar nuestro carácter gregario, para ejercer una acción sobre el sistema político y social creando un reordenamiento de los ingresos y de políticas públicas sobre todo en el campo de la educación y capacitación, que contribuyan a reducir la exclusión social. Incorporando al mismo tiempo los conocimientos ancestrales que pueden contribuir a la preservación del ambiente e incorpore a los excluidos, debidamente organizados con autonomía real, sin manipulaciones clientelistas, a la creación de una nueva cultura de esperanza.

Por la víspera se saca el día: No habrá aumento a pensionados de invalidez, vejez y muerte

José Luis Valverde Morales.

José Luis Valverde Morales

* Corazón endurecido y oídos taqueados.

A punta de recortes en todo, (pensiones, becas, educación, salarios), dicen no subió el costo de la vida, por lo tanto, no se justificaría la revalorización de las pensiones a más de 350.000 beneficiarios del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de seguro Social.

Año y sumando.

El próximo mes de setiembre se cumple el aniversario de la presión ciudadana, luego de años con los montos congelados, a duras penas se hizo el ajuste parcial.

Le jalan el rabo.

No le jalen el rabo a la ternera, los adultos mayores, viudas, huérfanos, personas con discapacidad, en algún momento le pasaremos factura a jerarcas de corazón endurecido.

Si está de acuerdo, comparta esta publicación, ya es hora de destaquearle los oídos a los miembros del Poder Ejecutivo y Junta Directiva del Seguro Social.

¡El momento es hoy!

Rostros humanos en un enfoque de inclusión y bienestar social

Imagen: JUPEMA.

Foro sobre pensiones convocado por JUPEMA – mensaje en representación del Arzobispado de San José

Dr. Luis Alejandro Rojas A.
Sacerdote Católico
San José, 7 de agosto de 2024

A mis cuatro bisabuelas no las pensionaron. Fidelina, que trabajaba en Alajuela Centro, tuvo tres patronos muy generosos. Como empleada doméstica, cada uno le dejó un “chiquito” a cuidar por el resto de su vida. Las dos bisabuelas josefinas, Chepita y Ramona, laboraron haciendo “puros” para un comerciante del Mercado Central, y Apolonia de Carrizal de Alajuela, se dedicó a tener hijos e hijas para ir “a coger” café donde el finquero del pueblo.

Suerte parecida la de Juanita, mi abuela materna, que enviudó cuando su esposo contaba con 35 años y le dejó 8 hijos huérfanos en medio de la pobreza. Mi abuelo Roberto era un peón agrícola por el lado de Guachipelin que nunca lo incluyeron en planillas. Tampoco, cotizaron para mi abuela Gestrudis que era operaria de costura y murió al amparo de sus hijos.

Esos rostros humanos no deben olvidarse en las reflexiones del presente Foro sobre Pensiones, que pretende un enfoque de inclusión y bienestar social.

Esa Costa Rica dirán algunos, ya no existe. Es verdad. La creación de la Caja Costarricense del Seguro Social y su régimen de salud y el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, ha traído beneficios para la población más vulnerable. Así como el programa de pensiones del régimen no contributivo.

Debemos estar siempre agradecidos con esos compatriotas visionarios, que pensaron desde el amor al prójimo en una Caja patrimonio histórico para la seguridad social, solidaria y universal.

El programa del régimen de pensiones no contributivo es solidario y justo, para mitigar en parte, las necesidades de muchos de nuestros adultos mayores, personas con discapacidades, mujeres y hombres en viudez, con personas en situación de pobreza y enfermos, particularmente en las zonas rurales.

Sin embargo, están en espera aproximadamente vientidós mil solicitudes, del programa de pensiones del régimen no contributivo. Asimismo, son muy escasas la resoluciones anuales, y muy lejano también, un incremento económico de las mismas.

Sabemos que contribuye la Junta de Protección Social, FODESAF y otras instituciones; más el Estado representado por el Gobierno de turno no debe disminuir su aporte. Y mucho menos permitir que se desmantele la Caja, por intereses de bloques hegemónicos financistas y sectores económicos, que solo ven oportunidades de negocios para acrecentar riquezas.

Sigue siendo la gran tentación de algunos siervos de la economía de mercado, la misma que tuvieron los hebreos al pie del Sinaí (Exódo 32,1-9); que se hincaron a adorar al becerro de oro, y algunos adoradores de nuestro tiempo, ya no les interesa tanto el becerro, sino el oro del becerro.

Pidamos a Dios que llegue el día, que por voluntad del soberano, es decir por decisión de nuestro pueblo costarricense, decidamos despolitizar la Caja Costarricense del Seguro Social para que adquiera su auténtica autonomía institucional, y vele por sus propios intereses y no por provechos de los políticos de turno.

Los mismos Obispos han manifestado que hay que impedir las tendencias a la privatización de la Caja, y piden superar las inhumanas y prolongadas listas de espera (Mensaje de los Obispos de la Conferencia Episcopal a la Iglesia y al pueblo de Costa Rica al finalizar la CXXVII Asamblea Ordinaria, 29 de febrero de 2024). Y agrego, urge el pago de la deuda del Estado.

También, seamos justos con las mujeres trabajadoras respecto a la edad de jubilación. Jesús de Nazareth, tuvo siempre sensibilidad para las mujeres de su tiempo con las que trató. Así, rompió los paradigmas culturales e ideológicos de su época y habló con la mujer samaritana, para mostrarle el camino de liberación; sanó a la mujer cananea con flujos de sangre; detuvo la procesión fúnebre en las afueras de la aldea de Naím, cuando una viuda llevaba a enterrar a su amado y único hijo, y ante la alegría de aquella madre, Jesús le devolvió la vida al joven (San Lucas 7,11-17). Además, fue un grupo numeroso de mujeres que acompañaron a Jesús hasta la cruz, como seguidoras del Mesías. No se quedó atrás María Magdalena como primera testigo de la gloriosa resurrección del Señor, una mujer excluida de su tiempo.

El párrafo anterior, facilita un marco referencial para recordar que el 21 de julio del 2021, en respuesta a la consulta pública de las autoridades de la Caja sobre el fortalecimiento del Régimen de pensiones y bajo el título: “El IVM pilar de nuestro sistema de protección social, la progresividad debe ser el eje”, el Foro Mario Devandas, coordinado por la Iglesia Católica y su Arzobispado de San José, desde el movimiento sindical y social, propuso iniciativas que garantizaran la sostenibidad financiera del I.V.M., que aseguraran que nuestro sistema de protección social fuera cada vez más universal y solidario, en beneficio de las grandes mayorías de nuestro país, particularmente de las mujeres que laboran.

El documento de 19 páginas, subscrito por 33 organizaciones sindicales y sociales, sale en defensa de las mujeres trabajadoras y sus derechos sociales y humanos, y aboga por el establecimiento de una edad más temprana para la pensión respecto a los varones, y ofrece nueve propuestas para alcanzar la sostenibilidad financiera del régimen de I.V.M.

Finalmente, estimados participantes a este encuentro, la Conferencia Episcopal de Costa Rica y el señor Arzobispo de San José, agradecen a JUPEMA la feliz iniciativa del presente foro sobre pensiones y desea que todos ustedes enriquezcan estos caminos de diálogo y construyan muchos aportes para un sistema de pensiones sostenible, universal y justo que incluya a los sectores más vulnerables y pobres, para el bienestar social de todas y todos los costarricenses. Por eso, un abordaje integral será, no sólo considerar la importancia de los aportes técnicos para la discusión sobre el Sistema Nacional de Pensiones en Costa Rica, sino pensar en el eje político que transversa dicho sistema. Muchas gracias.

Oración:

Jesús Maestro, que amaste con corazón humano y divino, verdadero Dios y verdadero hombre, haz que lo injusto no nos sea indiferente; ni el hambre del hermano; ni el frío del habitante en condición de calle; ni la soledad del migrante que pasa por nuestros caminos; ni las lágrimas de la viuda; ni las condiciones de las personas con discapacidades; o el cansancio del adulto mayor que ha trabajado toda su vida, y las tareas extras de las mujeres trabajadoras; ni tampoco la frustración del que no encuentra empleo y se muestra impotente ante los retos del mercado laboral.

Jesús de Nazareth, trabajador de Galilea, artesano en el taller de san José, bendice a todos los participantes del FORO SOBRE PENSIONES, para que, con sus aportes técnicos contribuyan en la sostenibilidad, suficiencia, y cobertura, especialmente para los pensionados del regimen no contributivo y en beneficio de las mujeres trabajadoras, en defensa de los derechos humanos y el bienestar social de todas y todos los costarricenses.

Amén

Imagen: JUPEMA.

¿Nos están bailando o cogiendo? Las máquinas deben cotizar para pensiones

José Luis Valverde Morales.

José Luis Valverde Morales

El cajero automático donde usted retira dinero le quitó trabajo a una o varias personas de carne y hueso, eso afecta su pensión.

Únicamente el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, de la Caja Costarricense de Seguro Social, tiene 372.671 (trescientos setenta y dos mil) jubilados, la inmensa mayoría “pellejeándola” para sobrevivir.

En los supermercados a la hora de cancelar, muchos se acercan a la computadora para hacerlo, menos humanos laborando, eso también incide en la pensión.

Para financiar lo entregado a fin de mes a un solo pensionado, debe haber varios trabajadores activos aportando.

Fuera.

La inteligencia artificial, en otros países, ya desplaza a periodistas y presentadores de noticias, cada día más humanos banquedos por la tecnología.

Los fondos más desnutridos, en tanto, el hambre la padecen los pensionados (viudas, huérfanos, retirados, personas con discapacidad).

A ese ritmo, llegará el momento cuando el cajero automático, como la lora del anuncio publicitario, simplemente exclamará: ¡No hay plataaaaa..!

Solos.

Los más de 370.000 pensionados del IVM, no tienen un solo representante en la junta directiva de la CCSS.

¿Por qué no fijar un monto de cotización por cada máquina en funcionamiento?

Hace varios años no se revalorizan justamente los montos de las pensiones.

Antes, cada seis meses se reajustaban las del Seguro Social; ahora, como en la vieja canción, los directivos de la CCSS “tienen el pecho como piedra”.

Hace un año, un grupo organizamos un plantón frente a la Gerencia de Pensiones, algo se logró.

Es injusto tirarlos nuevamente a la calle.

Saludables.

Los pensionados de lujo, como la cuarentona con hijos, beneficiaria de su difunto padre exdiputado, quien le hace la cruz al matrimonio para no perderla, esos sí, gozan de buena salud.

Quienes cotizaron décadas para financiar la esmirriada pensión del Seguro Social, ni siquiera pueden invocar al Chapulín Colorado en su defensa.

Mucho puede hacerse para fortalecer al mayor régimen de pensiones (constitucionalmente debería ser el único), pero la Carta Magna, algunos serían felices, usándola únicamente para limpiarse.

Si tan sólo el 10% de esas más de 370.000 personas alzara la voz y al menos comenzara por compartir este comentario, posiblemente otro gallo cantaría.

Mudos e indiferentes, como en la danza de la lambada, no sabemos si nos bailan o nos cogen.

ANEP solicita reajuste por costo de vida a pensiones de IVM y pago retroactivo por perdida adquisitiva

Solicita que se reajuste el monto de la pensión mínima de IVM de ¢153.191,74 a ¢155.995,13 a partir de enero de 2024 y de forma retroactiva

Además, solicita que se reajusten en general los montos de las pensiones del IVM en un 3,09% de manera retroactiva a partir de julio de 2024

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicitó por medio de una carta dirigida  a la Gerencia de Pensiones del Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguros Social (CCSS), un reajuste por costo de vida a las pensiones, además de un pago retroactivo por perdida de valor adquisitivo de las mismas.

En la carta enviada el martes 5 de agosto, se solicita que se reajuste el monto de la pensión mínima de IVM de ¢153.191,74 a ¢155.995,13 a partir de enero de 2024 y que se cancelen las diferencias retroactivas a todos los pensionados que la reciben, en caso de que la CCSS no lo haya hecho.

Además, se solicita que se reajusten en general los montos de las pensiones del IVM en un 3,09% de manera retroactiva a partir de julio de 2024, para recuperar la pérdida de valor adquisitivo que sufrieron en los semestres que la CCSS ha dejado de realizar reajustes por costo de vida o que ha realizado reajustes demasiado tarde.

La solicitud de la ANEP tiene fundamento en que, hasta el año 2018 la CCSS realizaba reajustes de las pensiones por pérdida de valor adquisitivo cada seis meses; sin embargo, de manera unilateral e inconsulta, las autoridades de la CCSS dejaron de aplicar dicha práctica a partir de dicho año, a pesar de que dicha decisión violenta los artículos 1 y 2 de la Ley N° 7935 “Ley Integral para la Persona Adulta Mayor”, el principio de progresividad de los derechos humanos (https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37023.pdf) consagrado en el artículo 26 de la “Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)” y el principio de suficiencia recomendado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en “R202 – Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202)”(https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:3065524).

Desde la ANEP, se cuestiona que, la CCSS no hizo el reajuste de 1,44% a los montos de las pensiones que correspondía aplicar el 31 de diciembre de 2018, sino que hizo un reajuste tardío de 2,01% en mayo de 2019. A partir de esa fecha, la CCSS dejó de hacer reajustes por costo de vida a los montos de las pensiones durante más de dos años. Fue hasta en junio de 2021 y diciembre de 2021 que la CCSS volvió a realizar dos reajustes por costo de vida; sin embargo, luego de su aplicación quedó una pérdida de valor adquisitivo de un 2,89% en los montos de las pensiones.

Así mismo, en la carta se indica que, “en junio de 2022, la CCSS dejó de realizar un reajuste de un 7,35% por pérdida de poder adquisitivo de los montos de las pensiones, lo que acumuló una pérdida de valor adquisitivo de un 10,45% en los montos de las pensiones. Pasaron casi dos años sin que la CCSS recuperara el valor adquisitivo de las pensiones; fue hasta finales del año 2023 que hizo un reajuste tardío e insuficiente de un 5,99%, quedando una pérdida de poder adquisitivo sin recuperar de un 2,88% así como la pérdida no reconocida de pagos retroactivos de dicho reajuste, desde junio de 2022 hasta setiembre de 2023.”

A la fecha actual, la CCSS no ha realizado ningún reajuste por costo de vida, a pesar de que a julio de 2022 la pérdida de valor adquisitivo de los montos de las pensiones es de un 3,09%, como puede verse en el Cuadro N° 1.

Otro de los argumentos del sindicato para las solicitudes a la Gerencia de Pensiones, es que, en enero de 2024, el salario mínimo de un obrero no calificado tuvo un reajuste de un 1,83% con respecto al salario mínimo del año anterior, estableciéndolo en ¢358.609,50 mensuales (https://www.mtss.go.cr/prensa/comunicados/2023/octubre/cp_039_2023.html).

De conformidad con el artículo 29 del Reglamento de IVM esto significa que, a partir de enero de 2024, la CCSS debió reajustar el monto de la pensión mínima en esa misma cantidad, es decir, un 1,83%. Esto se debe a que la Base Mínima Contributiva (BMC) es el 87 % del salario mínimo, lo cual determina una BMC de ¢311.990 a partir de enero de 2024, con lo cual, a partir de enero de 2024 el monto de la pensión mínima debió aumentarse de ¢153.191,74 a ¢155.995,13; es decir, un reajuste de ¢2.803,40 mensuales. “Esto si es que la CCSS no sale con otro domingo siete, para dejar de hacer dicho reajuste”, indica la carta.

La ANEP, también está solicitando, el suministro del monto de la base mínima contributiva de IVM y del monto de la pensión mínima de IVM vigentes en los meses de diciembre de 2023 a julio de 2024.

Cuadro N° 1. Pérdida de valor de los montos de las pensiones de IVM

Fuente: Elaboración propia usando datos de la CCSS y del IPC publicando por el BCCR.

 

Fuente: https://anep.cr/anep-solicita-reajuste-por-costo-de-vida-a-pensiones-de-ivm-y-pago-retroactivo-por-perdida-adquisitiva/

ANEP aportará su basta experiencia en proyecto para generar una pensión anticipada a policías

Comunicado de la ANEP

La iniciativa fue presentada por el diputado, Carlos Andres Robles y en su exposición, donde el sindicato estableció el contacto para poder aportar su basta experiencia en el tema. 

En esta iniciativa se presenta el proyecto de ley 24.329, el cual pretende que las y los oficiales se puedan pensionar tras cumplir 25 años de servicio o alcanzar las 300 cuotas. Es importante mencionar que ANEP ya ha presentado proyectos en las anteriores legislaturas con el mismo fin.

Para escuchar mejor esta propuesta de ley, compartimos el video:

Walter Coto Molina expone su Proyecto de Ley Pensión Consumo

Actividad organizada por la ANEP

En esta charla, se expone esta idea innovadora que le permitiría obtener pensión sin excepción a todos los costarricenses, esto por medio del consumo, y sin que el Estado, patronos y trabajadores pongan más dinero. Por lo tanto, inicialmente se observa un importante cambio de paradigma,  que podría colocar a Costa Rica con un aporte de significación mundial.

La presente iniciativa de ley tiene como finalidad la creación de un nuevo régimen de protección denominado “Pensión – Consumo” para contribuir a universalizar la cobertura de las pensiones de vejez, invalidez y muerte de la población nacional, para lo cual se asignaría una proporción de lo recaudado con el impuesto sobre las ventas, a la creación de fondos individuales de ahorro.

Específicamente se propone la creación de Fondos de Pensiones mediante una contribución social equivalente al cuatro por ciento (4%) del valor de las compras de bienes y servicios sujetas al impuesto sobre las ventas. Adicionalmente, mediante un transitorio único, se aumenta la tasa vigente del impuesto sobre ventas al 14%, destinando durante el primer año de aplicación un 13% al impuesto de ventas y un 1% de dicho impuesto en forma de contribución social a la pensión-consumo. Durante el segundo año se destinará el 12% al impuesto ventas y 2% a la pensión-consumo. A partir del tercer año se destinará un 10% al impuesto de ventas y un 4% de ese impuesto se transferirá con carácter de contribución social a la pensión de consumo.

La idea es que, mediante la devolución de un porcentaje de lo pagado por dicho impuesto, se fomente una cultura tributaria, que, al incrementar la recaudación general por reducción de la evasión, se generen recursos suficientes para crear fondos de ahorros destinados a complementar los existentes regímenes de retiro (pensión).

Finalmente, para observar y escuchar mas a profundidad los objetivos y procesos que conllevaría esta ley, compartimos el video:

FMI levanta serias dudas sobre la “Pensión Básica Universal” propuesta por la SUPEN

El texto que sigue es una traducción del resumen ejecutivo del último informe de asistencia técnica que el FMI realizó sobre la propuesta de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) de crear en Costa Rica una “Pensión Básica Universal”. El título original del informe es: “Costa Rica: Technical Assistance Report-Universal Basic Pension: Objectives and Constraints” y se puede obtener en la siguiente dirección: Costa Rica: Technical Assistance Report-Universal Basic Pension: Objectives and Constraints (imf.org).

SURCOS no pretende suscribir la posición del FMI, pero considera de gran importancia dar a conocer este informe, ya que levanta importantes críticas a la propuesta de la SUPEN, aunque esta entidad las haya minimizado. La traducción fue realizada por el Dr. Henry Mora Jiménez.

“Costa Rica: Informe de Asistencia Técnica: objetivos y limitaciones de la Pensión Básica Universal”.

17 de mayo, 2024.

Resumen

A solicitud del Ministerio de Hacienda, una misión del Fondo Monetario Internacional visitó San José. El objetivo de la misión fue evaluar la propuesta de una pensión básica universal y estimar su impacto fiscal y de bienestar en el presupuesto, en los planes de pensiones y en los ingresos de las personas adultas mayores en situación de pobreza. Costa Rica está entrando en una transición demográfica que hará que las tasas de dependencia de las personas mayores empeoren significativamente en los próximos 20 años.

La sostenibilidad financiera a largo plazo del régimen general de pensiones de la seguridad social (IVM) es motivo de preocupación, a pesar de las diversas reformas introducidas en las últimas tres décadas se espera que las reservas del régimen se agoten a mediados de la década de 2030. La propuesta del Gobierno [SUPEN] pretende abordar la sostenibilidad financiera, la adecuación de la cobertura y de los niveles de prestaciones, así como la equidad distributiva mediante la introducción de una pensión básica universal.

El equipo del FMI considera que es poco probable que la propuesta cumpla plenamente con los objetivos declarados. La propuesta empeorará la sostenibilidad financiera del régimen de pensiones de la seguridad social y creará necesidades de financiación adicionales. Esto se traducirá en un agotamiento acelerado de las reservas de IVM y, una vez que se agoten las reservas, requerirá ajustes significativos en los parámetros de IVM o mayores transferencias gubernamentales. La seguridad de los ingresos en la vejez puede abordarse de manera más eficaz, con efectos secundarios fiscales menos pronunciados, mejorando la cobertura y el cumplimiento de la gestión del riesgo de jubilación y ampliando el alcance del plan de pensiones sociales.

Los principales instrumentos para alcanzar estos objetivos son: a) la modificación de las normas que socavan el cumplimiento del registro y la declaración de salarios en los regímenes contributivos, b) la mejora de la coordinación entre los organismos de recaudación de impuestos y de las cotizaciones, c) la modificación de las normas que rigen el derecho a las pensiones sociales no contributivas y d) la garantía de que la pensión social no contributiva [RNC] esté adecuadamente financiada.

Resumen Ejecutivo

Costa Rica está entrando en una transición demográfica que verá empeorar significativamente las tasas de dependencia de la vejez en los próximos 20 años. El gasto en pensiones públicas y otros gastos gubernamentales determinados por la demografía, incluida la atención médica, ejercerán una creciente presión sobre las finanzas públicas. La población en edad de trabajar, que disminuye tanto en proporción de la población total como en términos de su número, solo podrá mantener el crecimiento económico si la productividad laboral compensa los cambios demográficos.

Los Indicadores básicos del mercado laboral y del sistema de pensiones son favorables en la comparación regional. La tasa de participación de la fuerza laboral y la formalidad del empleo son relativamente altas, con un 60 y 72 por ciento, respectivamente. Los esquemas de pensiones públicas operan con reservas y tanto la estructura del sistema de pensiones como sus parámetros operativos están en gran medida en línea con las mejores prácticas.

Aunque la elegibilidad para la pensión está lejos de ser universal, la pobreza en los ancianos es baja. Entre los ancianos, el 27 por ciento cae por debajo de la línea de pobreza, y el 47 por ciento de ellos no recibe ninguna forma de pensión (ya sea social o contributiva), mientras que este porcentaje aumenta al 71 por ciento entre los ancianos no pobres. La brecha de cobertura de la pensión y la pobreza en la vejez son problemas diferentes que requieren soluciones distintas.

La sostenibilidad financiera a largo plazo del esquema general de seguridad social de pensiones (IVM) es motivo de preocupación. Como resultado de diversas reformas en las últimas tres décadas, la sostenibilidad financiera del IVM ha mejorado de manera tangible. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, las reservas del esquema se agotarán a mediados de la década de 2030. Más allá de este punto, el esquema se financiará completamente mediante el sistema de reparto, lo que requerirá subsidios presupuestarios continuos o cambios paramétricos.

La propuesta [de la SUPEN] tiene la intención de abordar los problemas anteriores (sostenibilidad financiera, cobertura adecuada, equidad distributiva) a través de la introducción de una pensión básica universal (Pensión Básica Universal – PBU). La PBU sería un beneficio plano totalmente financiado (pre-financiado) condicionado por la edad y la residencia. La introducción muy gradual de la propuesta está impulsada por la intención del gobierno [la SUPEN] de hacer que la PBU esté completamente financiada y acumular suficientes reservas antes de la implementación completa del programa.

La propuesta de una PBU, en su forma actual, es poco probable que cumpla completamente con sus objetivos declarados. La propuesta empeorará la sostenibilidad financiera del esquema de pensiones de la seguridad social (Invalidez, Vejez y Muerte – IVM) y creará necesidades adicionales de financiamiento. Esto se traducirá en un agotamiento acelerado de las reservas del IVM y, después de que las reservas se agoten, requerirá ajustes significativos a los parámetros del IVM o transferencias gubernamentales más altas. Esto último implicará recortes en el gasto público en áreas distintas de las pensiones, impuestos más altos o deuda pública adicional. Además, la propuesta solo abordará la pobreza en la vejez y, debido a la universalidad de la PBU, lo hará a costa de transferencias a los deciles de ingresos superiores que serán aún más altas que hoy en día.

La seguridad del ingreso en la vejez podría abordarse de manera más efectiva, con efectos fiscales menos pronunciados, mediante la mejora de la cobertura y el cumplimiento en el IVM y la ampliación del alcance del esquema de la pensión de la seguridad social. La brecha de cobertura de la pensión está, en gran medida, impulsada por las reglas de elegibilidad, la financiación insuficiente de la pensión social [RNC] y las prácticas ineficaces de administración de ingresos. Las opciones para cerrar la brecha de cobertura incluyen mejorar la administración de ingresos aprovechando la excelente tecnología de la información y la infraestructura de la administración pública, revisar las reglas de elegibilidad para la pensión social y ajustar adecuadamente las asignaciones presupuestarias de los programas de transferencia social a los objetivos de política social, de modo que los solicitantes elegibles (incluidas las personas mayores sin pensión contributiva) no terminen en listas de espera.

Recomendaciones

Resumen de las principales recomendaciones de la misión

La misión recomienda abordar la cobertura y la pobreza en la vejez. Los principales instrumentos para lograr estos objetivos son: (a) modificar las reglas que socavan el cumplimiento de las normativas de registro y el reporte de salarios en los esquemas contributivos, (b) mejorar la coordinación y los esfuerzos de aplicación entre la autoridad tributaria y la Caja, (c) modificar las regulaciones que rigen la elegibilidad para las pensiones sociales no contributivas y (d) garantizar que la pensión social no contributiva esté adecuadamente financiada. Para cerrar la brecha de cobertura, en lugar de una pensión básica universal, considerar medidas destinadas a ampliar la cobertura en los esquemas existentes: IVM, el esquema de pensión social (Régimen de Pensiones No Contributivas – RNC) y los esquemas de segundo pilar:

  1. Ampliar la cobertura del RNC:

Modificar las reglas del RNC para que más de un anciano pueda ser elegible para una pensión social no contributiva por hogar.

Comprometerse a aumentar las asignaciones de recursos al RNC para eliminar la lista de espera entre las personas cuya elegibilidad ya ha sido establecida.

  1. Aumentar la cobertura en los esquemas contributivos:

Mejorar el intercambio de información entre el departamento de impuestos [Tributación] y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Considerar la recopilación de declaraciones de impuestos sobre salarios e ingresos de todos los empleados y trabajadores independientes, independientemente de los niveles de ingresos, e introducir una conciliación regular de los registros fiscales y de contribuciones.

Hacer obligatoria la participación en el segundo pilar para los trabajadores independientes o, como mínimo, considerar la inscripción automática.

Reducir aún más el pago retroactivo de las personas trabajadoras independientes que se registran en la CCSS después de inscribirse en el departamento de impuestos [Tributación].

  1. Mejorar la equidad del sistema de pensiones:

Revisar el historial de contribuciones mínimas en el IVM, pero mantenerlo como condición para ser elegible para una pensión mínima contributiva. El sistema actual va en contra del cumplimiento entre los trabajadores con perspectivas de empleo precarias e introduce una redistribución perversa tanto dentro del sistema de pensiones como entre los contribuyentes dentro y fuera del sistema.

Considerar la eliminación gradual de las contribuciones estatales a los esquemas del primer pilar y reemplazarlas con un subsidio igual al costo anual real del complemento de la pensión contributiva mínima. Confiar más en las contribuciones del empleador y del empleado para reducir la redistribución de ingresos desde las personas que no se benefician del sistema de pensiones a aquellas que sí lo hacen.

  1. En caso de que el gobierno desee seguir adelante con la propuesta de PBU, considerar lo siguiente:

Aumentar la edad de elegibilidad en relación con la edad normal de jubilación para las personas sin beneficios contributivos, a cambio de introducir el nuevo esquema más rápido o a un costo menor. Para diferenciar suficientemente entre las personas con pensiones contributivas basadas en bajos ingresos y las personas con historiales de contribución cortos o nulos, hacer que la edad de elegibilidad para PBU sea, por ejemplo, 5 años mayor que la edad de jubilación aplicable en el IVM.

Operar la PBU como un esquema financiado mediante impuestos sin pre-financiamiento. El pre-financiamiento de las futuras obligaciones de la PBU retrasa su aplicabilidad universal, mientras es poco probable que las reservas creen recursos adicionales en comparación con la financiación mediante impuestos para las obligaciones futuras.

  1. Aclarar el estado de los significativos atrasos en las contribuciones adeudadas a la CCSS. El compromiso del gobierno de financiar la PBU (o ampliar la cobertura del RNC) es cuestionable a la luz de sus atrasos de larga data con el IVM. Los atrasos también empeoran la posición financiera del IVM y aceleran el agotamiento de sus reservas.
  2. Considerar la reasignación de los poderes de formulación de políticas y regulación de la CCSS al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La actual división de los poderes regulatorios limita la capacidad del gobierno para perseguir sus objetivos de política y puede crear posibles problemas legales-constitucionales.

Análisis fiscal a dos años del actual gobierno

*Fernando Rodríguez Garro

Mañana se cumplen dos años de la actual administración, pero en cuanto a política fiscal, no ha habido un cambio sustancial de la orientación mostrada en los últimos cuatro años.

Considerando que la regla fiscal entró a regir en el 2019, y se empezó a aplicar en el presupuesto propiamente en el 2020, podemos afirmar que al cierre de 2023 cumplimos cuatro años con la aplicación de un mecanismo de control de gasto.

Particularmente, en los años 2022 y 2023 se vio la aplicación del mecanismo más estricto de la regla fiscal, la limitación del crecimiento del gasto de capital y el congelamiento de salarios y pensiones.

Para tener una idea más clara, en estos cuatro años el gasto público sin intereses creció un 1,4%. Las transferencias corrientes al sector público, donde se registran los movimientos de recursos para el financiamiento del gasto social y la educación superior, han sido las más afectadas, pues en estos cuatros años disminuyeron un 10,7%.

Muestra de ello es que este rubro de gasto equivalía a un 5,3% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2019, mientras que para el año 2023 cayó a un 3,8% del PIB, un ajuste de 1,5% en un partida dedicada a financiar otras entidades públicas.

Otro ejemplo preocupante del peso del ajuste es la partida de gasto de capital, que en ese periodo del 2020 al 2023 decreció un 16%; pasó de un 1,9% del PIB en el 2019 a un 1,3% del PIB en el 2023.

La otra partida de peso en el presupuesto es el pago de remuneraciones, el cual creció un 7,1% entre el 2020 y el 2023, en un periodo en que se acumuló una inflación de 10,45%, lo que implicó un retroceso salarial, en términos reales.

La otra cara de esta evolución han sido las transferencias corrientes al sector privado, que recoge principalmente las pensiones con cargo al presupuesto, que han crecido en este periodo, aunque con fluctuaciones; presentan un crecimiento del 17,9% entre el 2020 y 2023, aunque entre los años 2022 y 2023 apenas creció un 1,7%.

El pago de intereses crece y es la partida de mayor crecimiento; en el periodo 2020-2023 aumentó un 49,1%, lo que ha implicado pasar de un porcentaje del PIB de 4% en el 2019, a un 4,8% en el 2023.

Junto a la reducción del gasto en la mayor parte de las partidas, con excepción de los intereses, los ingresos corrientes aumentan y pasan de 13,9% del PIB al 15,2% del PIB, como consecuencia de la reforma fiscal de 2018. Toda esto tuvo como resultado una mejora en la situación fiscal, pues el déficit financiero pasó de 6,7% en el 2019 a un 2,5% en el 2022, y para volver a subir a un 3,3% en el 2023, además de volver a contar con un superávit primario (gasto sin intereses menos ingresos corrientes) nuevamente en el 2022.

No obstante, y a pesar de la señalada mejora en el resultado fiscal del país, los intereses siguieron aumentando, lo que incluso explica en gran parte el repunte del déficit financiero del año anterior. Eso complica hoy la tarea de reducción del nivel de deuda del gobierno central, que sigue por encima del 60% del PIB y mantiene activa la cláusula más restrictiva de la regla fiscal. La estimación del Observatorio Económico y Social (OES) es que la deuda seguirá por encima de ese nivel todavía al cierre de 2024, y deja la flexibilización de las normas más restrictivas de gasto hasta el presupuesto nacional del año 2026.

El sacrificio que está haciendo el país con la reducción del gasto social, la caída en la inversión pública y el congelamiento de salarios en el sector público, no se está compensando con una rápida mejora en el nivel de deuda, lo que complica la posibilidad de que las autoridades cambien el rumbo de la política fiscal en el corto plazo. Esto se explica por la nula respuesta del pago de intereses a la mejora en el resultado fiscal y a la reducción en el nivel de deuda. Como lo ha señalado el OES en varias oportunidades, así como se hizo con el tema de ingresos tributarios y de gasto público, deben orientarse esfuerzos de política pública y reforma legal para reducir el pago de intereses, sobre todo considerando el alto costo de la deuda pública costarricense.

Lo anterior será particularmente importante en el futuro, si el tipo de cambio sube en relación con los niveles observados en el 2023 e inicios del 2024, pues el gobierno ha estado acumulando más deuda pública en dólares, al punto de que la mayor parte del financiamiento del déficit de los años 2022 y 2023 se hizo con endeudamiento externo. Si el mayor riesgo cambiario que estamos asumiendo en el presente se manifiesta en el futuro, nuestra deuda podría hacerse más cara y eso nos llevaría a pagar más intereses por esa deuda en moneda extranjera.

Otro tema importante, que también explica el mayor déficit de 2023 con respecto a 2022, es la pérdida de dinamismo en la recaudación de impuestos. En un informe hecho público en octubre de 2023, sobre la evolución de la situación fiscal a agosto de ese año, desde el Observatorio señalábamos que: “cabe indicar que el comportamiento de los ingresos tributarios totales muestra una desaceleración importante desde finales del 2022 y que se hizo más marcada en los últimos meses, … de continuar ese ritmo, … el crecimiento de los ingresos tributarios quedaría por debajo del crecimiento del PIB nominal y con eso la carga tributaria (ingresos tributarios / PIB) del 2023 se reduciría, lo que iría en sentido contrario a lo esperado por la reforma fiscal del 2018”.

Los ingresos tributarios interanuales siguen mostrando una desaceleración en su ritmo de crecimiento, incluso al arranque del 2024, lo que se debe a la caída en el tipo de cambio y la pérdida de dinamismo en varios sectores de actividad económica. La caída en la carga tributaria que esperábamos en efecto se dio, pasó de un 14,09% del PIB en el 2022 a un 13,65% del PIB en el 2023.

La combinación de resultados que arroja la situación fiscal del país, en cuanto a menor gasto social, menor inversión pública, más gasto en intereses y menor dinamismo de la recaudación de impuestos, afectará el resultado de la política fiscal en los próximos años, no en cuanto al resultado fiscal propiamente, sino al impacto de esta política en el crecimiento económico, el desarrollo humano y la distribución del ingreso. Retomar la inversión social y de capital, disminuir el costo de la deuda pública y recuperar el dinamismo de los ingresos tributarios, será fundamental para retomar el papel de la política fiscal en condiciones de estabilidad.

UNA Comunica.

*El autor es coordinador del Proyecto Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA).

Casi 30 mil personas en pobreza esperan por una pensión del RNC

Defensoría de los Habitantes alza la voz por inversión social

La Defensoría de los Habitantes inició una investigación de oficio ante la lista de espera para el trámite de una pensión por el Régimen No Contributivo (RNC) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Datos del 2024 indican que la Defensoría ha recibido a la fecha un total de 202 consultas o denuncias de personas sobre esta problemática y cifras de la Dirección Administración de Pensiones de la Caja, al 31 de enero del presente año, indican que, hay 28.860 solicitudes pendientes, con hasta más de tres años de espera.

Tras una serie de consultas de la Defensoría, la Gerencia de Pensiones de la Caja, dijo que la situación del incremento de solicitudes pendientes obedece a que el otorgamiento de estas pensiones está sujeto al financiamiento disponible, y en los últimos años, no ha sido suficiente para atender la demanda.

Para el 2023, se recibieron los recursos adicionales que, por ley, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) debe transferir para la atención del programa; sin embargo, al ser trasladados en los últimos días de diciembre se imposibilitó su ejecución, por lo que fue registrado como superávit y por ende, debe reintegrarse parcialmente al FODESAF.

Según la Gerencia de Pensiones de la CCSS, para el presente periodo tomando en cuenta los datos de la liquidación presupuestaria del programa, las estimaciones de la Dirección Actuarial y Económica reflejan un déficit presupuestario de ¢8.147.4 millones. Por lo que se requiere, con carácter de urgencia, que el Ministerio de Trabajo, por medio de la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF), traslade recursos para cumplir con las obligaciones del Régimen, y poder asignar -al menos- las metas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo y las reasignaciones de pensión.

Es por esta razón que, la administración, de acuerdo con la necesidad actual de pendientes y en vista del faltante de recursos, con fundamento en los principios y objetivos definidos para la creación de la reserva de contingencia, que alcanza la suma de ¢4.115.7 millones, procedió a utilizar estos recursos para poder cubrir 1.650 casos de pensiones por sustituciones, en espera del traslado de recursos por parte de FODESAF.

Ante este panorama, esta Defensoría le solicitó a la DESAF, información del por qué hay un atraso en el traslado de los fondos y al parecer todo se debe a que hace falta la firma de un convenio de cooperación y aporte financiero con las instituciones ejecutoras de los recursos del FODESAF.

La Defensoría mantiene preocupación respecto a la disminución en la inversión social y el presupuesto que tiene la CCSS para atender este programa, por lo cual analiza la saturación que se está presentando con el propósito de girar las recomendaciones que permitan disminuir los plazos de respuesta, conforme el principio de justicia pronta y cumplida y el de petición y pronta respuesta.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes