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Propuesta de enmienda al acuerdo tomado por la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social en el artículo 12° de la sesión n° 9198, celebrada el 12 de agosto de 2021

Escrito en 19/10/2023. Publicado en Derechos.

CONSIDERANDO

PRIMERO. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fue creada mediante la Ley Constitutiva No 17 del 1° de noviembre de 1941, cuyo texto fue sustituido con la Ley No 17 del mismo nombre, del 22 de octubre de 1943, con el fin de que administrara y gobernara el Seguro Social obligatorio -con excepción del seguro de riesgos del trabajo- que protegería exclusivamente a los trabajadores asalariados, con financiamiento tripartito de los trabajadores, sus patronos y el Estado. De previo, por medio de la Ley Nº 24 de 2 de julio de 1943, se le otorgó rango constitucional al Seguro Social en el artículo 63 de la Constitución Política de 1871, cuyo texto se conservó y modificó levemente en el artículo 73 de la Constitución Política de 1949. Por medio de la ley N° 2737 de 12 de mayo de 1961, se incluyó nuevamente en el artículo 73 de la Constitución a la CCSS, como la institución a cargo de administrar y gobernar el Seguro Social obligatorio y se adicionó un párrafo al artículo 177 de la Constitución, para garantizar el pago de los aportes del Estado como tal y como patrono al Seguro Social y su universalización, incluyendo un transitorio para adicionarle a este seguro la cobertura familiar no incluida en el artículo 73 de la misma constitución.

El artículo 73 de la constitución dice “ARTÍCULO 73.- Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine.

La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social.

No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales.

Los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta de los patronos y se regirán por disposiciones especiales.”

El artículo 32 de la Ley N° 17 del Seguro Social ordena “Artículo 32- La Junta Directiva formará con los capitales y rentas que se obtengan de acuerdo con esta ley, dos fondos: uno para beneficios y gastos del régimen de reparto y otro para beneficios y gastos del régimen de capitalización colectivo.” El régimen de reparto es el Seguro de Salud (SEM, artículo 33 de Ley 17) y el de capitalización es el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM, artículo 34 de Ley 17). Además, la misma ley dispone en el artículo 42 que “Artículo 42- Cada tres años y, además, cuando la Junta Directiva lo juzgue conveniente, se harán revisiones actuariales de las previsiones financieras de la Caja” y en el 43 ordena “Artículo 43- La Caja regulará la distribución de sus fondos con arreglo a los cálculos actuariales que le sirvieron de base, o con los que se adopten en virtud de los resultados que arrojen las revisiones ordenadas en el artículo anterior”.

SEGUNDO. Como queda claro en los artículos constitucionales antes citados, el Seguro Social únicamente comprende las coberturas de invalidez, vejez, muerte, incapacidad temporal, enfermedad y maternidad de los trabajadores asalariados y sus familiares económicamente dependientes, mediante el modelo bismarckiano alemán de contribución tripartita sobre los salarios.

Bajo esta modalidad únicamente se le otorga cobertura a poco menos de la mitad de la población nacional -la población económicamente activa asalariada y sus dependientes-, por lo cual, con el fin de otorgar las coberturas de salud y pensiones a toda la población nacional bajo el modelo inglés de Seguridad Social, a partir de la década de 1970 se crearon una gran cantidad de leyes especiales, mediante las cuales se obligó a la CCSS a darle la cobertura de salud y pensión a toda la población, incluyendo la medicina preventiva, también denominada primer nivel de atención de la salud o atención primaria de la salud (APS). En efecto, en este orden, se crearon las siguientes obligaciones a la CCSS:

Prestar asistencia médico-hospitalaria a la población no asegurada incapaz de sufragar los gastos de sus servicios médicos, según el artículo 2 de la Ley “Universalización del Seguro de Enfermedad y Maternidad No 5349” del 24/09/1973. Su costo total se financiaría con las rentas que disponen los artículos 2 y 7 de esa Ley y el artículo 6 de la Ley 7374.
Conceder pensión por vejez y otras coberturas mediante el Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC), a toda persona que no haya logrado obtener los requisitos para recibir pensión de ningún régimen contributivo de pensiones, según el artículo 6 de la “Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares N° 5662” del 23/12/1974. Su costo total sería conforme se indica en ese mismo artículo y en otras leyes.
Otorgar los servicios del SEM con cobertura familiar a toda persona amparada por regímenes nacionales de pensiones, conforme lo ordenan los artículos 1 y 2 de la ley “Pensionados Protegidos Seguros Enfermedad Maternidad N° 5905” del 04/05/1976. Su costo total se financiaría con los recursos que se indican en el artículo 2 de esa misma ley.
Encargarse de la APS conforme lo ordenan los artículos 7 y 8 de la Ley “Préstamo BID Programa Servicios Salud y Construcción Hospital Alajuela N° 7374” del 03/12/1993. Su costo total se financiaría mensualmente conforme se ordena en los artículos 5 y 9 de esa misma ley.
Universalizar las coberturas de salud y pensiones a los trabajadores independientes de conformidad con los transitorios XII y XVIII de la “Ley de Protección al Trabajador No 7983” del 16/02/2000. Su costo total se financiaría con los fondos indicados en el artículo 78 de esa Ley, con los fondos específicos dispuestos en la Ley No 17 incluyendo los nuevos recursos que fueran necesarios de conformidad con el texto que se agregó al artículo 74 de esta ley.
Dar la cobertura de salud al resto de la población nacional no cubierta por el SEM bajo ninguna modalidad de aseguramiento, conforme al Decreto Ejecutivo “Reglamento sobre Derechos y Deberes de los Privados y Privadas de Libertad N° 22139-J” del 26/02/1993, la “Ley General de Protección a la Madre Adolescente N° 7735” del 19/12/1997, el “Código de la Niñez y la Adolescencia No N° 7739” del 6/01/1998, la “Ley Integral para la Persona Adulta Mayor N° 7935” del 25/10/1999 y múltiples sentencias de la Sala Constitucional amparadas en el artículo 21 de la Constitución Política y convenios internacionales suscritos por Costa Rica. A pesar de que en estos casos no se indica la fuente de financiamiento, por disposición del párrafo tercero del artículo 73 de la Constitución Política y sentencia del 04/12/2015 del Tribunal Contencioso Administrativo, ratificada por sentencia Nº 00197-2018 del 08/04/2018 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (expediente 13-006261-1027-CA), la CCSS no está autorizad para utilizar los fondos, ni las reservas del Seguro Social de los trabajadores asalariados, para financiar estos programas de salud; por lo cual, su costo es por cuenta del Estado.

La cobertura según modalidad de aseguramiento en el SEM de los años 2020 y 2021, se muestra en el Cuadro No 1.

Cuadro No 1. Población nacional según la cobertura en el SEM

Condición de aseguramiento	Año 2020	Año 2020 %	Año 2021	Año 2021 %
Seguro Social (asalariados y convenios, Ley 17)	2.444.163	47,8%	2.436.816	47,2%
Cuenta propia (Independientes y voluntarios, Ley 7983)	740.556	14,5%	722.145	14,0%
Pensionados (Ley 5905)	604.970	11,8%	616.407	11,9%
Estado (Otras leyes especiales y estudiantes)	902.577	17,7%	918.174	17,8%
No asegurados (Art. 21 constitucional)	419.139	8,2%	469.871	9,1%
Población total	5.111.405	100,0%	5.163.413	100,0%

Fuente: Elaborado con datos del Cuadro 11 del Estudio Actuarial del SEM al 31/12/2021, CCSS.

TERCERO. No obstante lo anterior y a pesar de que las leyes antes citadas y sentencias judiciales siguen vigentes, en cuanto a los ingresos y al financiamiento del IVM y las diversas modalidades de aseguramiento en el SEM, ocurrieron los siguientes hechos:

Se incumplió el ordenamiento dispuesto por leyes especiales para el financiamiento de las diversas formas de aseguramiento en el SEM, incluyendo el de la APS.
La CCSS tomó fondos del Seguro Social para financiar los faltantes de recursos dispuestos por esas leyes especiales, a pesar de la prohibición constitucional.
Se violentaron los artículos 32 y 43 de la Ley Constitutiva de la CCSS, principalmente debido a los siguientes hechos:

1-. A pesar de los siguientes hechos, los fondos asignados al IVM se mantuvieron constantes en 7,5% sobre los salarios, desde 1947 hasta el año 2009.

1.1 La advertencia que le hizo el actuario Cecilio Nesbit a la Junta Directiva de la CCSS en el año 1950, sobre la insuficiencia de la tarifa del 7,5% sobre los salarios para financiar el IVM.

1.2 El aumento acelerado de la esperanza de vida en todas las edades que hubo en el período de 1950 a 1980.

1.3 La obligación de que IVM incluyera como beneficio de pensión el pago del aguinaldo a partir del año 1967.

1.4 La obligación impuesta a IVM de pagar el costo de atención de la salud de los pensionados, que hoy es el 13,75% de la planilla del gasto en pensiones.

1.5 La reducción de las edades de retiro por vejez de los 65 años hasta los 55 años de edad para las mujeres y 57 años de edad para los varones, que se hizo en las décadas de 1970 y 1980.

1.6 La reducción de las tasas de fecundidad y de natalidad.

2-. Se usaron fondos del Seguro Social para financiar los costos de las nuevas obligaciones que le fueron trasladas a la CCSS, que en actualmente rondan ¢1 billón por año o el 8% sobre la masa salarial.

La cobertura contributiva de IVM en el año 2021 fue de un 57,1% sobre la Población Económicamente Activa, distribuida según el Cuadro No 2.

Cuadro No 2. Cobertura contributiva de IVM año 2021

Modalidad de seguro	Cotizantes	Cobertura sobre PEA
Seguro Social	1.220.251	48,2%
Empresa privada	973.688	38,4%
Servicio doméstico	15.680	0,6%
Convenios	34.785	1,4%
Sector público	196.098	7,7%
Trabajadores independientes	148.412	5,9%
Asegurados voluntarios	78.517	3,1%
Total IVM	1.447.180	57,1%
No cotizaron	1.086.551	42,9%
PEA total (CCP)	2.533.731	100,0%

Fuente: Cuenta individual al 31/12/2021, Gerencia de Pensiones, CCSS.

La planilla de beneficiarios pensionados de IVM al 31/12/2022 se presenta en el Cuadro N° 3, en el que se observa que la mitad de las pensiones son inferiores a ₡150.000 y un 5,5% son superiores a ₡1.050.000.

Cuadro No 3. Planilla de pensiones de beneficiarios de IVM al 31/12/2022

Fuente: Elaborado con datos de la planilla de pensiones de diciembre de 2022, Gerencia de Pensiones, CCSS.

El gasto estimado del SEM en el año 2022 según modalidad de aseguramiento se presenta en el Cuadro No 4. En él se observa que solamente los seguros de los asalariados e independientes tendrían un superávit.

Cuadro No 4. Costos del SEM según modalidad de aseguramiento año 2022

Millones de colones

Fuente: Elaborado usando los datos de los Cuadros 32, 35 y 43 de la valuación actuarial del SEM al 31/12/2021, CCSS.

En particular, vemos en el Cuadro No 4 que la cuota del seguro de los asalariados (Seguro Social) es 7,0%, por lo que como la contribución que la CCSS recauda para este seguro es 26,16%, aplicando los artículos 32 y 43 de la Ley 17, el excedente 25,16% – 7,0% = 19,16% debería destinarse al financiamiento de IVM; esto desde hace varias décadas. Sin embargo, lo que se traslada al IVM es solamente un 11,16% sobre los salarios.

En el Cuadro No 5 se presenta la distribución de la cuota del Seguro Social que aplica la CCSS, la cual vulnera los artículos 32 y 43 de la Ley 17 y el artículo 73 de la Constitución. Así mismo, se incluye una alternativa que corregiría esa situación; pero requiere el financiamiento de las otras modalidades de seguro en el SEM, creadas por leyes especiales.

Cuadro N° 5. Distribución de la cuota del Seguro Social y otra alternativa

Sector	Distribución usada por la CCSS			Una distribución posible
Sector	IVM	SEM	Total	IVM	SEM	Total
	IVM	SEM	Total	IVM	SEM	Total
Trabajador	4,17%	5,50%	9,67%	8,22%	2,77%	10,99%
Patrono	5,42%	9,25%	14,67%	10,69%	3,98%	14,67%
Estado como tal	1,57%	0,25%	1,82%	0,25%	0,25%	0,50%
Total	11,16%	15,00%	26,16%	19,16%	7,00%	26,16%

CUARTO. Para paliar momentáneamente el déficit de IVM, la Junta Directiva de la CCSS tomó las siguientes medidas:

Aumentó la cuota del Estado un 0,66% sobre los salarios a partir del año 2015.
Aumentó la cuota de los trabajadores un 1% sobre los salarios en 2017 y 2018.
Detuvo la Base Mínima Contributiva en un 87% del salario mínimo, con el fin de no aumentar la pensión mínima.
Redujo de cinco a tres años el aumento programado de la cuota de un 0,5% sobre los salarios.
Dejó de aplicar los reajustes semestrales por inflación de los precios y los que hace, los paga tardíamente.

No obstante lo anterior, aún con esas medidas, la reserva actual de IVM es apenas un 4% de la reserva necesaria, conforme a los artículos 32 y 34 de la Ley 17 y el estudio actuarial con corte al 31/12/2017 realizado por la CCSS. Si se hicieran las revaluaciones de las pensiones de IVM conforme a la inflación de los precios, entre 2024 y 2025 se tendría que utilizar la reserva, la cual se agotaría entre el 2030 y el 2032, según sea el caso, con evasión o sin evasión, respectivamente. Para financiar el faltante de fondos se ocuparía una prima nivelada sobre los salarios de un 24% a partir de hoy, o bien tener una reserva actual entre ₡60 billones y ₡100 billones, dependiendo de la tasa de descuento que se utilice.

QUINTO. En el artículo 12° de la sesión No 9198, celebrada el 12 de agosto de 2021 la Junta Directiva de la CCSS aprobó una reforma de IVM que entrará a regir el 12 de enero de 2024. Los acuerdos son los siguientes:

Dicho proceso de reforma y el acuerdo en sí mismo, contienen las siguientes deficiencias técnicas y legales:

No se convocó a una mesa de diálogo nacional; sino que se sacó a consulta una propuesta unilateral de la CCSS, sin considerar iniciativas y propuestas de los diferentes actores sociales, para finalmente imponer la propuesta unilateral de la CCSS.
Así las cosas la CCSS omitió, ignoró y violento el convenio N°. 102 de la OIT ratificado por nuestro país relativo al derecho de residencia en regímenes de pensiones.
La propuesta sacada a consulta fue modificada por la Junta Directiva de la CCSS sin convocar a los sectores sociales. Entre las modificaciones y adiciones están las siguientes:
1. Eliminaron el transitorio de hasta cinco años que tenía la propuesta original. Al no existir un transitorio, el faltante de una cuota o de un mes para que un trabajador cumpla los requisitos, se convierte hasta en tres años de retraso en la edad de retiro. Esto no es razonable ni proporcional y quebranta el principio de seguridad jurídica.
2. Derogaron varios transitorios del reglamento de IVM, lo cual no fue puesto a discusión en la propuesta original.
3. Aumentaron las edades mínimas de retiro en contra de uno de los acuerdos de la mesa de diálogo creada en el año 2017, a pesar de que dicho acuerdo fue aprobado por la Junta Directiva de la CCSS en el año 2019.
Se engañó a la población informando por los medios de comunicación que con la reforma se le daría financiamiento al IVM hasta el año 2052. No obstante lo anterior, aún con esa reforma, entre 2025 y 2032 se tendría que utilizar la reserva, la cual se agotaría entre el 2032 y el 2036, según sea el caso, con evasión o sin evasión, respectivamente.
El aumento de las edades de retiro incrementa los gastos de la planilla de salarios del Estado y reduce las posibilidades de que los trabajadores jóvenes se incorporen al mercado laboral, afectando el ciclo de reemplazo.

Se plantean las siguientes opciones de enmienda a la reforma de IVM aprobada en orden de preferencia

OPCIÓN 1. Mantener las actuales edades de retiro, tanto para hombres como para mujeres.

OPCIÓN 2. De no aceptar la opción anterior, instamos a agregar un transitorio único que indique que la reforma conforme el artículo 12° de la sesión No 9198, celebrada el 12 de agosto de 2021 la Junta Directiva de la CCSS que aprobó una reforma de IVM que entrará a regir el 12 de enero de 2024, no aplica para las personas que en fecha 11 de enero de 2022, tuvieran 55 o más años de edad. Para las personas con menos de 55 años de edad en esa misma fecha, los requisitos mínimos de cuotas mensuales según edad y sexo para el retiro con pensión completa por vejez, serán los siguientes para edades enteras, disminuyendo las cuotas mensuales proporcionalmente a la edad en caso de edades no enteras:

OPCIÓN 3. De no aceptar la opción anterior, instamos a mantener en 61 años la edad mínima de retiro para las mujeres y en 63 años la de los hombres; con los requisitos de edad y de cotización que están vigentes en la actualidad.

OPCIÓN 4. De no aceptar la opción anterior, agregar el transitorio de incremento gradual de la edad mínima de retiro que fue sacado a consulta a los sectores sociales.

OPCIÓN 5. De no aceptar la opción anterior, agregar un TRANSITORIO UNICO:

Agregar al acuerdo de reforma un transitorio, que indique que la reforma conforme el artículo 12° de la sesión No 9198, celebrada el 12 de agosto de 2021 la Junta Directiva de la CCSS que aprobó una reforma de IVM que entrará a regir el 12 de enero de 2024, no aplica para las personas que en la fecha que se publicó el acuerdo en el Diario Oficial La Gaceta, tuvieran 55 o más años de edad.

Sitio web de la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC) https://cmtccr.org/

Personas jubiladas luchan por justicia en actualización de sus pensiones

Escrito en 14/09/2023. Publicado en Derechos.

Este jueves 14 de setiembre se realizará una manifestación frente al Edificio Jorge Debravo, a fin de lograr una revalorización de las pensiones por costo de vida.

Hoy 14 de setiembre a las 9:30. Le invitamos a escuchar la explicación del periodista José Luis Valverde Morales.

ANEP abre segundo grupo para litigio internacional contra cambios en régimen de pensiones IVM

Escrito en 09/09/2023. Publicado en Trabajo.

Nuestra organización invita a toda la afiliación a seguir los pasos para que quede inscrito en el litigio presentado ante la Organización de Naciones Unidas por las reformas al régimen de pensiones del IVM.

JUPEMA denuncia cobro excesivo de SUPEN por supervisión

Escrito en 02/09/2023. Publicado en Derechos.

JUPEMA denuncia públicamente que la nueva metodología de cobro por supervisión que aplicará a partir del próximo 2024 la SUPEN es excesiva, desproporcionada y dañina, afectando no solo la operatividad institucional, sino también el fondo del Régimen de Capitalización Colectiva (RCC).

La metodología de cálculo, con la que SUPEN obtiene su presupuesto, establece, conforme a la Ley 7732 del Mercado de Valores, que los entes supervisados contribuirán en un 50% y el restante lo da el Banco Central de Costa Rica. Anteriormente, la proporción de este era del 20% entre los administradores de pensiones y 80% el BCCR.

Una de las mayores preocupaciones es que el cobro se realizará considerando el total de activos administrados por el RCC, por lo que, al ser el fondo de pensiones más grande del país, el aporte será mayor e irá aumentando según el incremento en los saldos administrados. Antes, el financiamiento provenía de recursos provenientes de un máximo del 2% de sus ingresos brutos anuales.

De acuerdo con la escala gradual establecida, se pasaría de pagar C132 millones en este año a C369 millones en el 2024, lo que se traduce en un incremento del 178% solo en el primer año de aplicado el cambio en la metodología de cobro.

Para llegar al 50%, el transitorio de la Ley establece una gradualidad del 7.5% anual hasta el 2027, los cálculos realizados por JUPEMA proyectan una erogación que del 2023 al 2027 pasaría de C132 millones a C740.5 millones, es decir, un incremento del 359.3%, porcentaje que sería mayor conforme el crecimiento de los activos del fondo de RCC.

Ante esta situación, JUPEMA reafirma que defenderá el equilibrio y sostenibilidad del fondo del RCC, manifiesta su oposición a esta nueva metodología que además pretende un cobro por concepto de administración del RTR, e informa que se analizan las medidas legales correspondientes para impugnar esta metodología ante las instancias correspondientes.

ACOJUPEMA exige que se rechacen y archiven proyectos sobre pensiones

Escrito en 29/08/2023. Publicado en Derechos, Trabajo.

ACOJUPEMA (Asamblea de Cotizantes de los Regímenes de Pensiones de Jupema) informa sobre el contenido de los proyectos de ley sobre pensiones que están en discusión en la Asamblea Legislativa. Y exige sean rechazados y archivados inmediatamente por el grave perjuicio que causarán a los dineros ahorrados por todos los trabajadores del país.

Como cotizantes y ciudadanos nos corresponde defender el derecho constitucional y humano a una pensión digna.

Actuario insta a personas beneficiarias del IVM a organizarse para que defiendan sus derechos ante ajustes no realizados en las pensiones

Escrito en 09/08/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

SURCOS comparte un escrito del actuario matemático Rodrigo Arias López. El experto explica en detalle la forma como la CCSS ha venido actuando en cuanto a los ajustes de las pensiones, así mismo, indica lo que debió ser justo y correcto de acuerdo con la normativa vigente.

Rodrigo Arias López escribe:

“Comparto el oficio de la CCSS N° GP-DAP-ACICP-SAPCP-0764-2023- GP-DAP-SIEE-0070-2023 del 26 de julio de 2023 (verlo aquí) con los pensionados por invalidez o vejez (causantes) de IVM que en enero de 2023 recibían una pensión inferior a ₡153,192.00, para que estén informados sobre lo que les pagaron en mayo y junio de 2023.

Como pueden ver, la CCSS venía violando el artículo 29 del Reglamento de IVM desde agosto de 2022, pues desde esa fecha la pensión mínima debió ser de ₡143,680.50 en lugar de ₡142,517.00. Vean lo que dice en el oficio, lo cito aquí entre comillas:

«En la planilla vencida de mayo y adelantada de junio 2023, se procedió con el ajuste indicado en el párrafo anterior, la pensión mínima se ajusta de ₡142,517.00 a ₡143,680.50, con el pago del retroactivo de agosto a diciembre 2022».

Es decir, en mayo pagaron un retroactivo a todos los pensionados causantes que en agosto de 2022 estaban recibiendo la pensión mínima de ₡142,517.00, reconociendo cinco meses de ₡1,163.50 que no se les pagó desde agosto de 2022 hasta diciembre de 2022, lo que significa un monto retroactivo de ₡5.817,5 pagado en mayo de 2023. Si alguien se pensionó con la pensión mínima después de julio de 2022; por ejemplo, el 31 de octubre de 2022; entonces solo recibió 2 meses de pago retroactivo; o sea, los meses pendientes hasta el 31 de diciembre de 2022.

También se estaba violentando el mismo artículo a partir de enero de 2023, pues desde ese mes la pensión mínima debió ser de ₡153,192.00 en lugar de los ₡143,680.50 corregidos con el pago retroactivo realizado en mayo de 2023. Cito a continuación entre comillas lo que dice el mismo oficio:

«se instruyó aplicar el aumento al periodo de enero a junio 2023, por ₡9,511.50 para un 6.62%, dicho pago con retroactivo se realizó en la planilla vencida de junio y adelantada de julio 2023, correspondiente al ajuste y reconocimiento del retroactivo de las pensiones mínimas de ₡143,680.50 a ₡153,192.00.»

Eso quiere decir que los pensionados causantes que en diciembre de 2022 estaban recibiendo la pensión mínima, en junio de 2023 le tuvieron que pagar cinco meses retroactivos (enero a mayo) de ₡9,511.50, o sea, ₡47.558 más la pensión actualizada de junio de ₡153,192.00, o sea, en total debió recibir ₡200.749,5. Si alguien se pensionó con la pensión mínima después del 31 de diciembre de 2022, debió recibir un monto proporcional al tiempo transcurrido desde que se pensionó hasta el 30 de junio de 2023. También, si alguien estaba recibiendo una pensión superior a la mínima pero inferior a ₡153,192.00 tiene que haber recibido en junio de 2023 un pago retroactivo proporcional.

Observen que lo anterior es válido para los pensionados y pensionadas por invalidez o vejez que recibían menos de ₡153,192.00 de pensión mensual. Si fuese un «causante pensionado fallecido» lo anterior también aplica tal y como se indicó anteriormente para el fallecido; en tal caso sus beneficiarios recibirán una proporción: si es solo un beneficiario, recibirá el 70% de esa mejora y si son más de dos beneficiarios recibirán conjuntamente el 100% de esa mejora.

Espero que esta explicación les sea de ayuda; si alguien tiene alguna duda o no entiende algo, acuda a la sucursal más cercana de la CCSS a preguntar, pues comprenderán que yo no puedo dedicarme a atender y como no soy funcionario de la CCSS no conozco todos los detalles.

Noten que hasta donde tengo conocimiento, la CCSS no ha realizado ningún reajuste por pérdida de valor adquisitivo debido a la inflación de los precios de los años 2020 y 2022. Por lo tanto, eso que pagaron en mayo y junio de 2022 no beneficia a los pensionados que en junio de 2022 estaban recibiendo más de ₡153,192.00 de pensión mensual.

Como pueden ver, el oficio que les comparto me lo entregaron después de interponer un recurso de amparo que aún no se ha resuelto; pero que le fue notificado a la CCSS antes de la fecha que me entregaron esta información.

Confío en que, con esto que les comparto comprenderán con suficiente claridad, que las publicaciones y denuncias que he venido realizando por este y otros medios, no son ocurrencias mías, sino que se apegan a la verdad, a lo que ordenan los reglamentos, las leyes y la Constitución.

Los invito a que lean los reglamentos y las leyes que rigen a la CCSS y al IVM y que aprendan a organizarse para que defiendan sus derechos. En particular, los invito a leer el oficio que motivó mi recurso de amparo, publicando en SURCOS Digital Al final de esa publicación está el documento completo”.

La Unión Sindical CCSS deplora acuerdo de Junta Directiva que violenta la autonomía y divide la familia de trabajadores

Escrito en 13/07/2023. Publicado en Trabajo.

Comunicado

Este lunes, la Junta Directiva de la CCSS, con el voto de 2 representantes del Gobierno de Chaves y 2 de sus acólitos del reaccionario sector empresarial, acordaron declarar exclusivos y excluyentes, una considerable cantidad de clases de puestos institucionales, profesionales, técnicos, administrativos y otros.

Esta declaratoria ya no sólo cubre a un grupo laboral, como se había pretendido originalmente, sino que ahora cobija un amplio colectivo de personas trabajadoras, de múltiples segmentos ocupacionales, cuya relación de empleo permanecerá regulada por la propia institución; eso sí, dentro del marco de la emergente Ley de Empleo Público.

Estamos totalmente seguros y convencidos que esta ampliación de los colectivos laborales que fueron declarados exclusivos y excluyentes, es el resultado directo e inmediato de las medidas de presión convocadas por los sindicatos que integran la Unidad Sindical, no obstante, la complicidad de alguna que otra organización que intentó infructuosamente dividir a las personas trabajadoras.

Sin embargo, ese mismo acuerdo ilegítimamente excluyó a más de 20.000 trabajadores y trabajadoras, que prestan sus servicios en los regímenes de salud, pensiones y prestaciones sociales, del carácter indiscutible de exclusivos y excluyentes, quebrando la unidad de gobierno, planificación, dirección y mando institucional, sometiendo la gobernanza de esos grupos ocupacionales a las directrices y mandatos del Gobierno de la República.

Segregar a las personas trabajadoras de la Caja, creando una especie de apartheid laboral, es manifiestamente inconstitucional, violentando lo resuelto, de manera reiterada por la Sala Constitucional: “Así el Poder Ejecutivo no puede actuar como director o en una relación de jerarquía frente a esta institución, no puede imponerle lineamientos, ni dar órdenes, ni controlar la oportunidad de sus actividades.” (Voto N°17098-2021).

La Sala Constitucional en el mismo voto advirtió: “(…) Sin embargo, en relación con determinados entes, tal como la CCSS, debido a su grado de autonomía, aun el mismo legislador no puede sujetarla a órdenes, directrices y regulaciones de un órgano del Poder Ejecutivo, pues ello va en contra del grado de autonomía y tutela conferida por la Constitución Política a esta institución.”

Esta jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional, despreciada por aquellos miembros de la Junta Directiva, obedientes de las amenazas del Presidente de la República y los desafueros de la Presidenta Ejecutiva, constituye un dique de contención que impide que las potestades regulatorias de la CCSS, particularmente en materia de recursos humanos, sean transferidas al Gobierno de la República.

En esta parte del acuerdo, la Junta Directiva olímpicamente se apartó de los rigurosos criterios técnicos de la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección Jurídica, la Dirección de Sistemas Institucionales y los informes gerenciales, que fueron convertidos y reciclados en productos de la canasta básica de la sala de sesiones de Junta Directiva: en papel higiénico, de una sola hoja.

En su lugar, a hurtadillas, valiéndose del golpe de Estado que sufrió la CCSS, entre ellos mismos nombraron una Comisión ad hoc, cuyos miembros no tienen ninguna formación profesional, ni pericia en los campos técnicos y especializados de la institución.

Esta impericia se refleja, de cuerpo entero, en los múltiples desatinos y gazapos que contiene tiene ese impresentable informe, hecho a imagen y semejanza de las instrucciones de Chaves, el cual no logra desvirtuar aquellos calificados informes institucionales.

Los directivos nombrados por el Gobierno de Rodrigo Chaves y que votaron este acuerdo, trasladándole a MIDEPLAN la rectoría de la relación de empleo de este alto porcentaje de trabajadores y trabajadoras, retractándose del juramento constitucional que rindieron, renunciaron servilmente a defender la autonomía de la CCSS.

La Unión Sindical CCSS, deplora este ignominioso extremo del acuerdo y advierte que recurrirá a las instancias judiciales y administrativas pertinentes a defender la autonomía de la Caja, la unidad e integridad de la familia de las personas trabajadoras de la Caja.

¡Condenamos que MIDEPLAN meta sus fauces y manos ambiciosas de poder en los destinos de la Caja!

Llamamos a los trabajadores a continuar firmes en la lucha, contra las políticas autoritarias, discriminatorias y privatizadoras del Gobierno y sus adeptos de Junta Directiva, participando activamente en la protesta que realizaremos este jueves 13 de julio y el sábado 15 de julio.

¡Fuera MIDEPLAN de la Caja!

¡Qué nadie se quede afuera!

12 julio de 2023

Trabajadores que NO fueron Declarados Exclusivos y Excluyentes
1-Trabajadores de Producción del Laboratorio de Parenterales	10-Trabajadores asistentes de Nutrición
2-Trabajadores de Producción de Laboratorio de Productos Farmacéuticos	11-Trabajadores Médicos Evaluadores 1 y 2
3-Trabajadores de Producción de Almacén General	12-Trabajadores profesionales 1-2-3-4
4-Trabajadores Administrativos de Sucursales	13-Trabajadores Directores Administrativos Financieros de Hospitales (Administradores)
5-Trabajadores de Recursos Humanos	14-Trabajadores de Tecnologías de la Información y la Comunicación
6-Trabajador de Registros y Estadísticas en Salud (Todos)	15-Trabajadores asistentes de la serie de la Administración (Todos)
7—Trabajadores de Servicios Generales tanto de Aseo como de Vigilancia	16-Trabajadores secretarias y Oficinistas (Todos)
8-Trabajadores Choferes	17-Trabajadores de Artes Gráficas
9-Trabajadores Técnicos 1 y 2 de mantenimiento	18-Trabajadores de Pensiones y de Prestaciones Médicas
	19- Trabajadores de Sucursales
ENTRE OTROS

ANEP presentó ante el Consejo de Derechos Humanos ONU, denuncia por el cambio de pensiones IVM-CCSS

Escrito en 12/07/2023. Publicado en Derechos, Trabajo.

En una sesión de la Junta Directiva Nacional de la ANEP se entregó una primera lista de personas trabajadoras que fueron violentadas en sus expectativas de pensionarse, ya sea por invalidez, vejez o muerte, debido a los recientes cambios que realizó la Caja Costarricense del Seguro Social. Las personas presentes en esta lista ya contaban con todos los requisitos necesarios para pensionarse.

El documento fue entregado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Según la asesoría que recibió la ANEP, lo que se está evidenciando es una violación a los derechos humanos, lo que llevó a que se presentara en un escenario internacional.

Se abrirá un segundo periodo de inscripción en donde las personas que cumplan los requisitos pueden formar parte, además, para ser parte de la lista se debe de estar afiliado al ANEP y llenar un formulario que se puede encontrar en www.anep.cr

La ANEP ha hecho cambios en cuanto a las maneras de velar por los derechos de los trabajadores, ahora con un enfoque hacia los derechos humanos en donde ha habido una gran inversión para que exista un asesoramiento correcto para los mismos/as.

Actuario matemático Rodrigo Arias López pide a gerencia de Pensiones de la CCSS respetar derechos de personas adultas mayores

Escrito en 11/07/2023. Publicado en Derechos, Trabajo.

El actuario matemático Rodrigo Arias López dirigió una carta al licenciado Jaime Barrantes Espinoza, gerente de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en la cual solicita respeto a los derechos de las personas adultas mayores.

El especialista ha publicado en SURCOS una serie de artículos en los cuales muestra que las pensiones no se han actualizado de acuerdo con el aumento en el costo de la vida.

En su nota Rodrigo Arias López le dice al gerente de Pensiones:

“De conformidad con los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, el artículo 7 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito de la Función Pública No 8422 y la Ley de Regulación del Derecho de Petición No 9097, solicito la siguiente información de interés público.

He tenido acceso a varios oficios de esa Gerencia con los cuales usted informa a los asegurados pensionados del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) sobre peticiones que ellos le han realizado sobre el reajuste de la pensión mínima y de las pensiones por costo de vida, los cuales se envían sin destinatario específico, sino que solo dicen “Señor (a) Pensionado (a)”. Por ejemplo, en el oficio GP-0901-2023 del 13 de junio de 2023, ante solicitudes realizadas por pensionados de IVM de reajustar la pensión mínima y por costo de vida, usted les informa ambiguamente lo siguiente, sobre la primera petición:

Sobre el particular, según información suministrada por la Dirección Administración de Pensiones, el ajuste para los meses correspondientes al año 2022 fue efectivo en el pago de la planilla a finales de mayo de 2023. En lo que respecta al año 2023 se encuentra en proceso de gestión del pago, el cual está programado para el mes de julio de 2023.

Como se aprecia, usted es omiso en informar a los pensionados como en derecho corresponde, considerando su condición de adultos mayores, lo que se canceló en el mes de mayo, cuál fue el monto de la pensión mínima que se canceló, si se pagó algo retroactivo y la fecha de retroactividad.

Además, usted les informa que está programado para el mes de julio de 2023 lo que respecta al año 2023; pero no les informa con claridad qué es lo que está programado, cuánto será el nuevo monto de la pensión mínima, ni tampoco la fecha de retroactividad.

Lo anterior no solo es importante por el derecho a la información que poseen los adultos mayores, sino que como es de su conocimiento, las pensioncitas de ellos son muy básicas, muy lejos de los ¢2 millones, ¢5 millones, ¢10 millones y hasta ¢15 millones que se pagan en otros regímenes de pensiones; por lo tanto, esos adultos mayores requieren planificar muy bien el gasto y no merecen la ambigüedad de sus respuestas. Vea don Jaime, los montos de las pensiones de IVM de diciembre de 2022 …; la mitad de ellas eran inferiores a ¢150.000.

Sobre el derecho a la información, el artículo 14 de la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor No 7935 dice textualmente, lo siguiente:

“ARTÍCULO 14.- Información

Las instituciones, públicas y privadas, a cargo de programas sociales para las personas adultas mayores, deberán proporcionarles información y asesorarlas tanto sobre las garantías consagradas en esta ley como sobre los derechos estatuidos en otras disposiciones a favor de las personas adultas mayores. El Consejo se encargará de coordinar las acciones necesarias en este campo.”

En cuanto a la segunda solicitud que le hacen los pensionados de IVM de reajustar los montos de las pensiones, usted les cita el artículo 28 del reglamento.

Usted les recalca que ese artículo 28 “no establece que se deban revalorizar los montos de las pensiones, estrictamente con la inflación, ni que deba realizarse aumentos cada seis meses”.

Nuevamente don Jaime, a mi entender esa respuesta no está a la altura de un Gerente que se preocupa por el respeto de los derechos que poseen los adultos mayores, con mayor razón si usted observara que de las 336.281 personas pensionadas de IVM al 31/12/2022, un 72,35% tiene edad de 65 años o más; es decir, en ese grupo de pensionados hay 243.287 personas adultas mayores protegidas por la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor

En ese sentido, usted y la Caja, están incumpliendo, no solo el artículo 14 antes citado de esa ley que protege a los adultos mayores, sino también el artículo 5 de esa misma ley. No observo que usted y la CCSS, informen a los adultos mayores pensionados sus derechos, mucho menos que le citen en negrilla y subrayado el artículo 5, que textualmente dice, en lo que más correlación hay con el monto de la pensión:

“ARTÍCULO 3.- Derechos para mejorar la calidad de vida

Toda persona adulta mayor tendrá derecho a una mejor calidad de vida, mediante la creación y ejecución de programas que promuevan:”

“c) La vivienda digna, apta para sus necesidades, y que le garantice habitar en entornos seguros y adaptables.”

“g) La pensión concedida oportunamente, que le ayude a satisfacer sus necesidades fundamentales, haya contribuido o no a un régimen de pensiones.”

“j) La protección jurídica y psicosocial a las personas adultas mayores afectadas por la violencia física, sexual, psicológica y patrimonial.”

En dicha ley también se define lo que es “violencia contra las personas adultas mayores”, textualmente el artículo 2 de esa Ley dice lo siguiente:

“Violencia contra las personas adultas mayores: Cualquier acción u omisión, directa o indirecta, ejercida contra una persona adulta mayor, que produzca, como consecuencia, el menoscabo de su integridad física, sexual, psicológica o patrimonial.”

SURCOS comparte aquí el documento completo enviado por el actuario matemático Rodrigo Arias López a la gerencia de Pensiones de la CCSS.