COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (31)
Tercera época
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense
Los periodistas de las nuevas generaciones, dentro de las circunstancias propias de este vertiginoso cambio de siglo, vuelvo a insistir por enésima vez, son en su gran mayoría, meros operadores políticos al servicio de una prensa corporativa a la que sirven de manera incondicional, al mismo tiempo que los medios que la conforman son, a lo sumo un apéndice más de las grandes corporaciones, de ciertos holding del capital financiero e incluso de una serie de actividades, entre ellas los parques de diversiones o parques viva, hoy objeto de una enconada disputa entre el gobierno del presidente Rodrigo Chaves, para el caso de Costa Rica, y los propietarios de un diario que aparece como la punta del iceberg de una de estas entidades.
A pesar de lo evidente que resulta el hecho de ser una mera disputa con un cierto trasfondo comercial y relativa al cumplimiento o no de determinada legislación relativa al ordenamiento urbano, sus propietarios han puesto el grito en el cielo diciendo que se encuentra en peligro la libertad de expresión.
Sus reporteros no hacen preguntas, sino que acosan (e incluso acusan, tergiversan y lanzan denuestos) a los gobernantes y los funcionarios públicos en casi todos los países de América Latina, razón por la que las amenazas a la libertad de expresión parecen venir de los propietarios o administradores de estos medios corporativos, mientras que los gobernantes y funcionarios a lo sumo se defienden.
Sólo en esto coinciden con las viejas empresas periodísticas como el Diario de Costa Rica, La Tribuna, Excelsior, La República y el mismo diario La Nación, el que si bien mantiene el mismo logo hoy es esencia algo muy diferente de lo que fue durante la segunda mitad del siglo anterior, tal y como lo indica el periodista y escritor Carlos Morales Castro (Ver Carlos Morales LA NACIÓN ENTRA EN GUERRA), en un elaborado, además de exquisito artículo, en el que se ponen de relieve las transformaciones sufridas por ese y otros medios, dentro del devenir del tiempo de larga duración histórica. De ahí la campaña emprendida por ese diario para revertir la decisión de la titular del ministerio de salubridad, dentro de la que sus propietarios no han dudado en acudir a la vieja fórmula de llamar en su auxilio a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y a la cadena de medios de la dictadura mediática internacional, existentes en los otros países de la región, sobredimensionando y tergiversando las verdaderas razones del diferendo. No estamos en los tiempos de las grandes empresas periodísticas de hace ya un siglo, esas que estaban interesadas en hacer un periodismo de cierta calidad, aunque siempre al servicio de los intereses oligárquicos.
Comprarse la bronca ¿de qué se trata? Óscar Arias Sánchez, lo hizo hace rato y marcó la pauta con su “dictadura en democracia” y su afirmación de que los problemas de la democracia no se resuelven con más democracia, sino con una democracia restringida que es la mencionada dictadura, con la que se nos impuso el TLC con los EEUU y su agenda de implementación, mucho peor que el propio tratado. La no tan firme y acaso honesta, Laura Chinchilla con su trocha, y todo eso que incluye la entrega de los muelles de Limón a una transnacional holandesa, ese fue el segundo gobierno de la “dictadura en democracia”, ante la que todos callan, pues ella se compró la bronca contra el pueblo, por supuesto, incluso comprometiendo los fondos de pensiones del IVM y del fondo de los trabajadores de la caja, en la compra de bonos del Grupo La Nación hasta por el orden de los 9 mil millones de colones, según algunas fuentes.
Luisgui y Carlitos, esos “progres” tan miméticos del camaleónico PAC, formado por aquellas gentes que nos engañaron con sus espejismos, también se compraron la bronca con una gran dosis de entusiasmo, eso sí para jodernos al imponernos un plan fiscal regresivo, durante el segundo semestre de 2018, mediante la persecución más descarada contra los trabajadores y sus organizaciones, como en el caso del trabajador de RECOPE, Carlos Andrés Pérez, quien todavía sigue defendiéndose en los estrados judiciales de las falsas acusaciones del gobierno de Alvarado, la criminalización de la protesta social y la limitación del derecho a la huelga en 2019 con el decidido apoyo de Carlos Ricardo Benavides y el PLN, a través de su numerosa fracción parlamentaria, junto con el PUSC, que puso a Edna Camacho al servicio del equipo económico del gobierno y los demás partidos de la coalición neoliberal formada en abril de 2018.
Después, ya en plena pandemia para cerrar con broche de oro el hambre de comprarse broncas, vinieron la ley de empleo público y la regla fiscal, dos medidas con las que terminaron por enredar todo el funcionamiento institucional de la república, tornándolo casi imposible al devenir en la fuente de interminables litigios y conflictos. El asunto no es comérselas (tan propio de los seres omnívoros) sino establecer la naturaleza de esas broncas develando las complejas tramas que hay en el fondo de ellas, al menos como un ejercicio de política ficción.
