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Etiqueta: personas con discapacidad

Programa Alternativas: Discapacidad, ¿dónde está?

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

SURCOS comparte la siguiente invitación:

Hoy viernes 09 de julio a las 6:00 pm el programa radial Alternativas discutirá acerca del tema Discapacidad, ¿dónde está? Se contará con las siguientes personas invitadas:

– Ericka Álvarez, abogada y activista defensora de los derechos humanos de las personas con discapacidad. 

– Damaris Solano, presidenta de la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad (ALAMUD).

– José Daniel Castro, estudiante y activista. 

– Esteban Chaverri, sociólogo, funcionario de la Unidad de Discapacidad de la Asamblea Legislativa. 

Puede sintonizar el programa en Radio 16, 1590 am o por medio del Facebook Live de Radio 16

Adjuntamos la invitación:

Situación de la Ley 7600 en Costa Rica: “Nada de nosotros sin nosotros”

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

La Comisión Discapacidad Costa Rica comparte información respecto a lo que sucede con la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Ley 7600, en Costa Rica.

La Comisión expresa que ha construido un proceso de comunicación con la Comisión Discapacidad y Adulto Mayor de la Asamblea Legislativa, sin embargo, la última reunión se realizó en diciembre de 2020.

Como parte de los acuerdos en dichas reuniones estaban crear herramientas participativas para las personas con discapacidad y que su implementación se diera en los 82 cantones, esto para generar una reforma integral y accesible a la Ley 7600.

Según la Comisión, la diputada María José Corrales los ha cambiado de asesor en varias ocasiones rompiendo los canales de comunicación entre ambas comisiones.

Exigiendo el respeto que merecen las personas con discapacidad y el derecho a estar dentro de los procesos de creación de política pública del territorio nacional, la Comisión Discapacidad Costa Rica ha hecho el siguiente video para poder exponer la situación y comprender qué sucede en el despacho de la diputada y en la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor del órgano legislativo.

El video busca tener un proceso acorde a lo que dice la Convención sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad, aprobada en 2008 por la Asamblea Legislativa. Así como recordar el lema “Nada sobre nosotros sin nosotros” expresión utilizada para comunicar la idea de que no puede decidirse una política sin contar con la participación completa y directa de los miembros del grupo afectado por dicha política.

Para ver el video puede hacer click aquí

 

Información compartida con SURCOS por Michelle Ruiz Lacayo.

Las personas con discapacidad en lucha por nuestros derechos – 29 DE MAYO, DÍA NACIONAL

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Hace algunos años, en conversación con el entonces diputado, Alberto Salom Echeverría le planteé que en Costa Rica no existía un día nacional de las personas con discapacidad (como en otros países latinoamericanos) y que sería bueno que se aprobara una ley que lo proclamara.

El diputado Salom se interesó en mi idea y eso hizo que también le propusiera como fecha posible, el 29 de mayo, ya que es la fecha que en 1996 fue promulgada la «Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad». Esta ley –como es sabido—es la principal referencia en el país, en el ámbito normativo de los derechos de las personas con discapacidad; aún cuando la distancia entro lo escrito y lo aplicado es abismal en aspectos sustantivos.

El legislador Salom convirtió esta idea en un proyecto que fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 16 de octubre del 2008, mediante la Ley Nº 8671. Desde entonces y hasta el presente, los 29 de mayo se celebra el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Esa es su historia.

Sin embargo, ya antes que se iniciara esta devastadora pandemia, había pocos avances que reconocer y muy pocos motivos que celebrar para las personas con discapacidad y, con la pandemia, todavía hay mucho menos que recordar. Todo lo contrario. Es seguro que se ha dado un significativo retroceso en materia de derechos de las personas con discapacidad, en todos los campos. Ya cuando podamos mirar la pandemia por el retrovisor y se realicen estudios sobre esta involución, se podrá cuantificar y calificar en todas sus duras dimensiones.

Tanto en el Gobierno como en esta Asamblea Legislativa, este es un tema relegado, de valor meramente simbólico. Ah, pero si es bueno sacarse la foto con personas con discapacidad, por motivos meramente utilitarios para el usufructo político (o quizás sea mejor decir: politiquero). Se hace algún ruido con alguna ley poco trascendente o se anuncia un programa, cuyo impacto en la vida de las personas con discapacidad es tan limitado como efímero. Realmente, no existe una conexión política entre el peso poblacional del sector (18, 2 % de la población nacional adulta, ENADIS 2018) y el alcance, real y efectivo en su atención.

La pobreza y extrema pobreza, y la desigualdad, afectan en forma desproporcionada a las personas con discapacidad. El aislamiento social ha aumentado significativamente ante la enorme brecha digital que las afecta. El derecho a la salud se ve menoscabado cuando las autoridades en este campo, desatienden los argumentos del CONAPDIS, de diciembre del 2020, en la necesidad de priorizar algunos grupos de personas con discapacidad en la vacunación anti-covid, por su grado de vulnerabilidad. La educación que nunca ha sido ni inclusiva ni de calidad, para este sector, hoy con seguridad es más esquiva. El desempleo asociado a discapacidad que siempre ha exhibido cifras muy altas con certeza en presente, serán más elevadas. La seguridad social para las personas con discapacidad es una aspiración hasta ahora postergada y lejana; nunca una realidad tangible y concreta. Y la participación política completamente marginal, casi igual que cero.

Nada o muy poco que celebrar…

Es por eso que muchas personas con discapacidad y muchas otras sin tal condición, que nos cansamos ante la apreciación diagnóstica descrita, decidimos avanzar por un camino propio. Es esta justa y buena razón que nos ha impulsado a crear el PARTIDO FUERZA SOLIDARIA.

Queremos mediante este proyecto que las personas con discapacidad seamos protagonistas políticos de nuestros propios procesos en función de nuestros intereses, aspiraciones y sueños.

Esa es y será nuestra principal contribución en un día, donde la solidaridad y la inclusión social, deben ser guía y propósito de acción justiciera.

(28 de mayo del 2021)

Democracia digital: Imprescindible pero ausente

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Muchas de las tantas cosas que ha puesto en evidencia esta pandemia, es que el país se situaba lejos, muy lejos de estar en lo mínimo preparado para la participación e inclusión social, a partir del acceso a Internet y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), para la inmensa mayoría de sus habitantes.

Todos debemos de coincidir que en el presente un componente clave para el desarrollo económico y social, es el acceso lo más democráticamente posible a Internet. Pero la pandemia y el limitado desarrollo del Costa Rica en este campo nos muestran un país con significativos desfases, sino abismos, entre regiones, sectores –sociales y poblacionales—y personas.

De esta manera una democracia que de por si es deficitaria en el campo económico, social y político, se hace más agudamente deficitaria en el ámbito digital.

Hoy día, la atención a la salud sería mucho mejor, si más personas tuvieran acceso a una Internet de calidad, a dispositivos adecuados y con suficiente memoria, y si estuvieran mejor capacitadas en el uso de aplicaciones, para desarrollar citas virtuales en todos los servicios médicos, que puedan ser resueltos de esta manera. Pero eso no es así: solo un porcentaje limitado cumple con estas condiciones de inclusión digital efectiva.

Igualmente, el acceso a la educación en esta época aciaga de la pandemia, se ha visto severamente limitado, ya que más de 400 mil hogares carecen de conectividad y demás requerimientos. Esto hace que casi medio millón de estudiantes de primaria y secundaria de la educación pública, no tengan otro horizonte que la educación presencial. Este hecho genera una grave situación relacionada con la calidad formativa ante tal desventaja y que éste sea un contribuyente más en la ampliación de la brecha entre educación pública y privada, en la cual todos los educandos si cuenta con acceso a Internet.

El otro tema es el teletrabajo. Ésta modalidad productiva creció rápidamente en los últimos meses, al compás de las restricciones y de la aplicación de otras medidas de seguridad sanitaria. Sin embargo, más allá que no todas las actividades laborales son sujetas a adecuarse a esta alternativa productiva, lo real es que la precondición de acceso a Internet, está lejos de estar democráticamente extendida para la gran mayoría de trabajadores.

Se combinan varias causas y factores para que la democracia digital en Costa Rica, sea mucho más quimera que realidad. Pasemos revista:

Lo primero que tenemos que destacar es la calidad y alcance en el acceso a Internet. La oferta general de servicios de Internet es de limitada calidad y eso se hace más grave, dependiendo de si el servicio es de zona urbana o rural, o remota.

Le segundo es el costo, la asequibilidad del servicio. Para contar con un servicio de buena o excelente calidad, se deben pagar cifras que son imposibles de cubrir para la mayoría de las familias.

Lo tercero está relacionado con los dispositivos, sean teléfonos celulares, tabletas o computadoras. Igualmente, la mayoría de los hogares y personas no cuentan con recursos, para comprar dispositivos con programas, aplicaciones y suficiente capacidad de almacenaje, que permitan un uso adecuado de Internet.

El cuarto elemento tiene que ver con la alfabetización digital. Es imprescindible que las personas potencialmente usuarias (ya cumplidos los requisitos precedentes), se capaciten de manera práctica, en el uso de Internet, para sacarle el mayor provecho y para que sean participantes de la era digital, que con la pandemia, inevitablemente, se ha tenido que acelerar.

Cabe aquí hacer una mención específica relacionada con las personas con discapacidad y el acceso a Internet y dispositivos, y programas adecuados. Se requerirán ajustes razonables según el tipo de discapacidad, pero antes que nada hará falta que cuenten con esos aparatos y acceso a Internet, y eso no se da en la mayoría de las personas con tal condición.

De esta manera, el grave aislamiento que afectaba a las personas con discapacidad antes de la pandemia, se ha hecho más grave aún en el presente, por no tener acceso a Internet en una época en que para conectarse en casi todas las esferas de la actividad social, es imprescindible contar con este servicio. Así las cosas, todo hace prever que el círculo vicioso entre discapacidad y pobreza, se afianzará para la desdicha de miles de personas con discapacidad esparcidas a lo largo de nuestra geografía. Eso porque el acceso a la salud y la rehabilitación, a la educación y formación técnica, y al empleo y la actividad productiva, en general, se ha hecho sumamente complicado y lejano para este sector poblacional. Lo que debería ser una oportunidad de inclusión social para las personas con discapacidad mediante el teletrabajo, se torna en lo contrario por la falta de acceso a Internet, como una causa fundamental.

El que exista tan enorme brecha entre personas con acceso o falta de acceso a Internet, lo explica en primer término la pobreza y la exclusión social. Esa es la primer causa y barrera estructural a derribar.

Sin embargo, hay otra razón que se suma y que es de carácter coyuntural. Es la incapacidad que ha tenido esta administración de atender este tema mediante una política de Estado, seria y robusta, que habría de impulsar antes de la pandemia y ya una vez con ella instalada como tenaz acompañante, acelerar procesos para avanzar rápidamente con acciones de emergencia.

Y aquí alguien podría decir que lo que planteo no es objetivo ya que a raíz de la pandemia, el Gobierno no cuenta con los recursos necesarios, para echar adelante una política de inclusión digital, como la situación exige en forma imperiosa. Pero si los hay. Están en FONATEL. Veamos que se indica al respecto: “Es el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) y es el instrumento de administración de los recursos para financiar el régimen de garantías fundamentales de acceso universal, servicio universal y solidaridad establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones, (LGT) N° 8642…“.

Entonces, nos debemos preguntar: ¿Por qué el país no ha avanzado como debe ser en este tema, de acuciante prioridad? La respuesta urgente la deben ofrecer las autoridades competentes, que con seguridad, si cuentan con servicios de Internet de alta calidad; no como la inmensa mayoría de los costarricenses que miran desde muy lejos, la democracia digital.

(24 de mayo, 2021)

Producto de la presión la Caja empezó a reabrir los servicios del CENARE

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

  • Un logro gracias a la lucha de las personas con discapacidad, familiares y funcionarios y exfuncionarios del CENARE

Por Lic. Luis Fernando Astorga Gatjens / Dr. Federico Montero Mejía

Como se podrá recordar, hace más un año, la CCSS convirtió el Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE), en el CEACO (un hospital especializado para atender pacientes contagiados por el coronavirus).

Esta decisión afectó a centenares de personas con discapacidad, ya que aunque la Caja se comprometió a ofrecer alternativas de inmediato, no lo hizo. Tampoco las autoridades del CENARE exigieron el cumplimiento de tal compromiso y fueron condescendientes y pasivos ante una decisión que refleja la subvaloración, tanto de las personas con discapacidad como de los servicios de rehabilitación.

Las personas afectadas y sus familiares fuimos muy comprensivos y pacientes, ante la emergencia nacional generada por la pandemia. Sin embargo, las autoridades correspondientes no fueron respetuosas, ni se comprometieron seriamente con el derecho a la salud de las personas con discapacidad.

Ante esta situación, a inicios del mes de febrero enviamos una carta a la Junta Directiva de la Caja, suscrita por 172 personas. El ruido mediático que logró esa carta y otras acciones del personal del CENARE, hizo que la Caja asumiera el compromiso de que iba a reabrir el CENARE.

Así las cosas, aunque la reapertura de una sección del CENARE el día, 12 de abril representa un primer paso por el camino correcto de rectificación, el video producido por la CCSS para publicitar tal acción (que compartimos), pareciera indicar que la decisión ha sido solamente el resultado de una buena disposición de las autoridades, y no el resultado de las acciones y presiones ejercidas por funcionarios del CENARE, pacientes y padres de familia, y exfuncionarios de esa institución.

Las autoridades deberían de tener una conducta autocrítica y reconocer que no actuaron bien, al afectar a tantas personas que en los últimos meses requerían los servicios del CENARE y no los recibieron.

Ahora, estaremos vigilantes para que se reanuden todos los servicios. Ya lo advertimos: Si eso no se da en un tiempo razonable, nos movilizaremos y nos haremos presentes frente al edificio principal de la Caja hasta que la rectificación completa, sea una realidad.

¡Un paso de avance, pero la lucha sigue!
¡Vigilancia activa en el derecho a la salud
¡Sin acción, no hay derechos!

Solicitan plan específico de vacunación que atienda a personas con discapacidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CAJA: Es urgente un plan específico de vacunación que atienda a las personas con discapacidad

Luis Fernando Astorga Gatjens

Señor Román Macaya Hayes: Ya hemos completado como país, más de un año y un mes desde que apareció el primer caso de Covid-19 en Costa Rica. Han sido y son tiempos muy difíciles, para la gran mayoría de las y los habitantes de Costa Rica, especialmente para los miles de personas que se han contagiado y, más grave y lamentablemente aún, desde luego, para las más de tres mil personas que han fallecido como consecuencia del coronavirus.

La pandemia ha agravado y desnudado la situación económica, social y política del país. La esperanza de una pronta salida a esta crisis la trajo el primer cargamento de vacunas que ingresaron al país, el 23 de diciembre del año 2021. Pero esa esperanza se ha desvanecido producto del lentísimo ingreso de las vacunas y de la manera cómo el Gobierno y la CCSS, han organizado y desarrollado el plan de inmunización.

Cada vez se suman más voces que reclaman al Gobierno y a la Caja, por la manera que han gestionado y siguen gestionando el proceso de vacunación, tanto en la compra de las vacunas como la forma de organizar la inmunización.

Un sector que ha venido reclamando respuestas claras y contundentes, es el de las personas con discapacidad y sus familias. Aunque el CONAPDIS, ente rector en la materia, ha planteado el tema de que hay personas con discapacidad que requieren ser priorizadas en el plan de inmunización, las autoridades de salud, simplemente, han ignorado su petición.

En tal contexto y tratándose de un tema de vida o muerte para habitantes de este cada vez más alicaído país, es que personas con discapacidad y familiares, así como personas y organizaciones aliadas, queremos levantar la voz para presentar nuestras necesarias preguntas y reivindicaciones al Gobierno y la Caja, en espera de respuestas tan urgentes como razonables.

De no obtener tales respuestas en un plazo razonable, ya muchas organizaciones y personas con discapacidad, han planteado la idea de movilizarnos frente al edificio principal de la CCSS hasta obtener las impostergables respuestas. Las preguntas que le formulo, sitetizando los reclamos del sector, son las siguientes:

1) ¿Por qué el Gobierno y la Caja solamente han contratado compras de vacunas con las empresas farmacéuticas Pfizer y Astrazeneca, cuando existen otras vacunas en el mercado?

La información de que disponemos indica que la vacuna de la Pfizer resulta más cara, debe mantenerse a temperaturas bajo 70 grados centígrados (lo que exige equipo de refrigeración adecuado), esta farmacéutica fija condiciones al país (que se han mantenido en secreto) y, para colmo, las está entregando a cuentagotas.

Por su parte, la vacuna de Astrazeneca plantea dudas razonables por el problema de generación de coágulos sanguíneos en personas a las que se le ha administrado e, incluso, a algunas les ha provocado la muerte.

2) ¿Por qué no diversificar las compras para agilizar el proceso de vacunación cuando el disponer, en forma urgente, de tales vacunas es crucial para hacer efectivo el derecho a la salud y para la pronta reactivación económica y social?

Un ejemplo cercano y reciente de una compra muy grande, la ofrece El Salvador que contrató un millón de vacunas en un laboratorio de China. Mientras tanto Guatemala ha contratado la compra de la vacuna rusa Sputnik V y Panamá, además de contratar compras con Pfizer, Astrazeneca y Johnsson y Johnnson, ha contratado compras de la vacuna china Sinovac, la mencionada rusa y también mediante el mecanismo Covax de Naciones Unidas.

3) ¿Por qué las autoridades sanitarias y Caja no han sido completamente transparentes en el plan de vacunación, y no han respondido en forma oportuna sobre situaciones de «desorden», que han beneficiado a personas que se han brincado la fila, sin estar en los grupos de riesgo o en razón de su edad?

Se ha informado de que el Gobierno ha destinado más 47 mil millones de colones para las vacunas. Se tratan de dineros públicos; por lo que las autoridades no tienen más remedio que rendir cuentas claras y urgentes.

4) ¿Por qué la CCSS no ha diseñado un mecanismo adecuado de vacunación de personas con discapacidad, en las que existen razones muy claras de factores de riesgo?

Hasta ahora, las autoridades sanitarias no han ofrecido razones para no emprender una política específica que proteja personas con discapacidad, que tienen mayor riesgo de contagio.

5) Hay personas con discapacidad física, que por su condición de inmovilidad permanente, tienen mayor riesgo de formación de coágulos sanguíneos. ¿A personas con tal riesgo potencial, se les administraría la vacuna del laboratorio Astrazeneca sin tomar en cuenta este grave factor de riesgo antes especificado?

Para un sector mayoritario de las personas con discapacidad de Costa Rica, la pandemia ha significado mayor empobrecimiento, que profundiza el círculo vicioso entre discapacidad y pobreza preexistente. Igualmente, ha significado un agravamiento de su aislamiento social y comunicacional debido al limitado acceso a Internet; un profundo retroceso en el campo educativo y el incremento del desempleo y de las –de por si– limitadas oportunidades laborales. Y como lo estamos demostrando al presentar el panorama de acceso a la vacunas anti-covid, un amplio incumplimiento al derecho a la salud.

Ante tan justos y bien razonados planteamientos, Señor Presidente Ejecutivo de la CCSS, Dr. Román Macaya Hayes demandamos una respuesta inmediata a nuestras preguntas y reivindicaciones, que nos evite a las personas con discapacidad, a los familiares y a personas y organizaciones aliadas, llegar a tocar las puertas de su despacho en los próximos días.

Atentamente,
Luis Fernando Astorga Gatjens,
Cédula: 302050706

Miles de personas con discapacidad sin servicios de rehabilitación por cierre de CENARE

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer, Salud.

Dr. Federico Montero Mejía/ Lic. Luis Fernando Astorga Gatjens

Después de casi un año del cierre del Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE), miles de personas que han requerido los servicios de rehabilitación, no los han recibido del todo o lo han hecho en forma muy restrictiva.

Esta injusta situación ha sido reclamada, con respeto pero con vehemencia, por las y los 172 expacientes, usuarios y padres de niños usuarios de ese centro especializado, suscriptores de una carta dirigida a la Junta Directiva de la CCSS, fechada el día 2 de febrero del año en curso.

Los autores del presente artículo forman parte de ese numeroso grupo de firmantes, que suma cada día a más personas que hacen el mismo reclamo y que lo han venido patentizando por distintos medios.

El CENARE fue cerrado en marzo del 2020 para que la totalidad de sus instalaciones, fueran ocupadas por el Centro Especializado de Atención de de Pacientes con la Covid-19 (CEACO).

En la mencionada carta se destaca la comprensión y flexibilidad que se ha tenido ante la gravedad de la pandemia, pero ya hay un agotamiento colectivo de la paciencia y larga espera, ante el incumplimiento de la Caja, al no ofrecer las alternativas requeridas al cierre de los servicios de rehabilitación que venía prestando el CENARE. Tal fue el compromiso asumido por la entidad pero la posposición indefinida, ha sido la respuesta dominante. Y lo más grave es que este tipo de servicios también fueron cerrados en otros hospitales para ser ocupados por pacientes con Covid-19.

Subestimación de la rehabilitación

Las autoridades de la Caja y del CENARE se suman a quienes (aquí y en otros lugares del mundo), no le dan la debida importancia a la rehabilitación. Un estudio conjunto de la Organización Mundial de la Salud y el Instituto de Métricas en Salud y Evaluación (IHME) de los Estados Unidos, titulado “Estimaciones Globales de la necesidad de rehabilitación basada en la Carga Global de Enfermedad del 2019: un análisis sistemático para el Estudio de la Carga Global de Enfermedad 2019” y publicado en la revista The Lancet del 1 de diciembre del 2020 (en línea), concluye que en algún momento de sus vidas, un tercio de los seres humanos requiere servicios de rehabilitación. Si ese dato lo extrapolamos a la población actual del país, casi un millón setecientas mil personas habrán requerido o requerirá tales servicios.

Según el estudio en mención: “las estimaciones globales establecen a la rehabilitación como una estrategia clave para la cobertura universal de salud en el Siglo XXI y reta la idea de la rehabilitación como un servicio opcional que solo es requerido por una minoría de la población. Los hallazgos indican la urgente necesidad de aumentar proporcionalmente la rehabilitación, particularmente a nivel de atención primaria, para asegurar que los servicios alcancen a aquéllos que los necesitan. El estudio provee fuertes argumentos para los tomadores de decisiones de políticas para priorizar la rehabilitación y enfocar las necesidades funcionales de su población”.

El impacto negativo en su salud y su calidad de vida por no recibir los servicios requeridos, afecta a miles de personas con discapacidad. Con ello se suma un eslabón más a la situación de discriminación y exclusión múltiple, que afecta a este sector poblacional de alrededor de 900 mil personas.

En la carta también se reclama “atención intrahospitalaria, lo cual resulta indispensable para las personas afectadas por lesiones y condiciones tan serias como una lesión de la médula espinal, un trauma cráneo-encefálico, una amputación, un evento cerebro-vascular y muchas otras”.

Palabras frente a testimonios y números irrebatibles

Ni una sola persona con secuelas de una lesión aguda de la médula espinal, de un trauma cráneo-encefálico, de un evento cerebro-vascular, que en cualquier momento recibiría servicios de rehabilitación intrahospitalaria, pues constituyen una emergencia, ha podido ser hospitalizado en el CENARE. Por otra parte, este centro especializado ha venido prestando servicios de Odontología, a miles de personas con discapacidad que necesitan recibir atención y tratamiento, bajo condiciones muy específicas. Pues bien, desde hace 48 semanas tal servicio está cerrado y la Caja no ha ofrecido otra alternativa. Eso lo atestiguan miles de pacientes y familiares de niños y jóvenes con discapacidad, a quienes les urge este tipo de atención.

Por su parte, la Caja responde mediante un Twitter, publicado el 9 de febrero que “El Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE), mantuvo la continuidad de sus servicios presenciales y virtuales a su población durante toda la pandemia y ofreció en 2020, 385 113 tratamientos de terapia”.

La cifra indicada puede conducir a interpretaciones erróneas, pues una sola persona puede recibir más de un tratamiento de terapia. En todo caso, los números que fijan la afectación por no recibir la rehabilitación requerida así como múltiples testimonios de las centenares de personas afectadas, contradicen lo que expresa la Caja. Pareciera que quien escribió ese Twitter vive en un país paralelo y no el de la mayoría de los costarricenses, particularmente, las personas con discapacidad.

Acciones a desarrollar

Lo que se está exigiendo es “que la CCSS encuentre a la mayor brevedad alguna alternativa que garantice los servicios de rehabilitación integrales a los miles de habitantes de nuestro país que requieren de dichos servicios de manera urgente e integral”. Simplemente, no más palabras sino hechos concretos e impostergables.

Quienes participamos de este reclamo colectivo, demandamos asimismo una respuesta seria de las autoridades de la Caja. La Junta Directiva de la institución es la que debe responder a la citada misiva ofreciendo soluciones concretas tanto a las y los pacientes del CENARE como el de los otros hospitales donde también se suspendieron los servicios de rehabilitación.

Otro temor que ha venido ganando terreno entre las y los reclamantes es que cuando sea superada la pandemia, el CEACO no vuela a reconvertirse en el CENARE, que es el único hospital nacional en rehabilitación. El Dr. Román Macaya, Presidente Ejecutivo de la CCSS, asumió tal compromiso el 29 de mayo del 2020, en el marco del Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, ante el incumplimiento de los compromisos de la institución –como lo estamos demostrando—esa preocupación cobra pleno sentido.

Por ahora, se está en espera de una respuesta pronta de la institución, que esté a la altura de la dignidad y seriedad de los reclamos de las y los peticionarios. Empero de no ofrecerse esa respuesta con las justas soluciones exigidas, se desarrollarán otras acciones; entre las que se destacan: una, un recurso de amparo ante la Sala Constitucional y dos, la presentación de una denuncia ante el Comité de Naciones Unidas que supervisa el cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD).

Tales acciones se amparan en muchos instrumentos jurídicos, pero destacamos dos, a saber:

La ley 7600 que establece en su Artículo 33, que “La Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros deberán ofrecer servicios de rehabilitación en todas las regiones del país, incluyendo servicios a domicilio y ambulatorios. Estos deberán ser de igual calidad, con recursos humanos y técnicos idóneos y servicios de apoyo necesarios para garantizar la atención óptima”.

Por otra parte, la CDPD indica en su artículo 25: “Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud…”. Asimismo el artículo 26 del mismo tratado internacional regula todo lo concerniente al derecho a la habilitación y rehabilitación.

En general, las personas afectadas por el incumplimiento de la CCSS y, especialmente, las personas con discapacidad, contamos con argumentos sólidos para demostrar nuestros asertos y para ganar las acciones judiciales, que hayamos de emprender. Sin embargo, esperamos que impere el compromiso institucional y en la Caja, los hechos le ganen a las palabras y compromisos incumplidos para evitar recurrir a las vías jurisdiccionales.

Costa Rica en el año de su bicentenario, lo demanda y se lo merece.

(9 de febrero, 2021)

 

Imagen tomada de: https://www.ccss.sa.cr/

Enviado a SURCOS por Luis Fernando Astorga.

172 ex pacientes del CENARE suscriben carta a la Junta Directiva de la Caja por el incumplimiento a la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Ley 7600)

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Como saben el Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE) fue transformado por la CCSS, en el CEACO, un centro especializado para pacientes con Covid-19. Este cambio se dio desde marzo del 2020. La Caja planteó que habría soluciones alternas para las y los pacientes que requerían los servicios de rehabilitación. Sin embargo, eso no se ha dado y con ello, hay una severa afectación a miles de personas con discapacidad.

Es por ello que la semana pasada, 172 ex-pacientes del CENARE suscribimos una carta dirigida a la Junta Directiva de la Caja. Reclamamos que hemos sido comprensivos ante la grave situación de emergencia sanitaria, generada por la pandemia, pero que la institución ha dejado en el abandono a personas que siguen requiriendo esos servicios, y con ello se viola el derecho a la salud y la rehabilitación. Es decir, otra situación de discriminación e injusticia social.

Esta situación refleja la grave situación que enfrentan las personas con discapacidad. Este es un problema puntual en el derecho a la salud y la rehabilitación. Pero el aislamiento por la imposibilidad de acceder a las TIC, el problema de la educación, del empleo, forman un conjunto de situaciones graves y de derechos que se violan.

Por último, en la carta se hace un llamado a la reflexión por los perjudiciales impactos a la salud que puede llevar a cabo la desatención de personas con diversas deficiencias, además señala la posición del país y el sistema de salud, con respecto al incumplimiento de la normativa legal e internacional que establece la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Ley 7600).

Adjuntamos el documento oficial:

Carta-de-pacientes-del-CENAREDescarga

 

Compartido con SURCOS por Luis Fernando Astorga.

Derechos de las personas de la región en el 2020: ¡De mal en peor!

Escrito en . Publicado en Derechos.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, SURCOS comparte la siguiente declaración de la Red de Organizaciones de Personas con Discapacidad de Centroamérica y El Caribe (REDODICEC):

Declaración de REDODICEC en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Derechos de las personas de la región en el 2020: ¡De mal en peor!

La Junta Directiva de la Red de Organizaciones de Personas con Discapacidad de Centroamérica y El Caribe (REDODICEC), con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, emite la siguiente Declaración:

1) Considerando que Centroamérica ha enfrentado en este año 2020 una situación muy dura, difícil y desafiante como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, los huracanes y otros eventos meteorológicos.

2) Estimando que todo indica que el cambio climático, cuya responsabilidad mayor recae en los países más ricos e industrializados, ha mostrado su peor rostro en las costas y territorios de los países centroamericanos, a través de la sucesión de eventos meteorológicos, que han generado devastación, dolor y muerte así como mayor pobreza y exclusión social.

3) Considerando asimismo que los huracanes Eta e Iota han dejado una marca devastadora y trágica, particularmente en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, pero también han generado daños en Panamá, Belice y Costa Rica, y que han afectado directa y severamente a alrededor de 4 millones de personas, que unas 400.000 personas han tenido que ir a albergues, que las pérdidas económicas podrían alcanzar los 5.000 millones de dólares, que han ocasionado casi tres centenas de muertes, que han destrozado viviendas, puentes y otras edificaciones, y que han anegado y dañado extensos campos de cultivo y cosechas, entre muchos otros de los daños ocasionados.

4) Valorando que la pandemia de la Covid-19 ha generado una prolongada y severa crisis sanitaria en Centroamérica y República Dominicana, con más de seiscientas mil personas contagiadas y más de 15 mil personas fallecidas, y que todavía no tiene un horizonte definido con respecto a su finalización.

5) Analizando que la combinación entre pandemia y huracanes, han tenido y tienen un peligroso efecto en la multiplicación de los contagios de la Covid-19, por obligar a millares de personas a hacinarse en refugios, que no presentan las mejores condiciones para el distanciamiento físico y la higiene.

6) Asumiendo que esta devastadora suma de factores han agravado la crisis económica que han venido enfrentando los países de la región centroamericana y el Caribe, y han empujado a más personas a la pobreza y extrema pobreza, y ha acentuado peligrosamente la desigualdad social.

7) Teniendo presente que dentro de este marco desolador de efecto combinado entre pandemia y huracanes, cientos de miles de personas con discapacidad, especialmente, de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, han visto agravada su situación de exclusión y aislamiento social.

8) Estimando que el aislamiento histórico que ha afectado a las personas con discapacidad de la región, se ha profundizado y ampliado como consecuencia de la pandemia, que ha puesto en evidencia la enorme brecha digital que enfrentan las personas con discapacidad y que tiene efectos en el acceso a la educación virtual, el teletrabajo y todos los servicios que se ofrecen exclusivamente en línea.

9) Teniendo en cuenta que las recomendaciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante la situación de mayor vulnerabilidad de las personas con discapacidad ante la pandemia, particularmente, en lo referente a consulta y participación, no han sido tomadas en cuenta, en forma efectiva, por los Estados de la región.

10) Concluyendo que la preocupante situación de los derechos de las personas con discapacidad de los países de la región centroamericana y caribeña, reflejada en distintos informes previos a la pandemia, sin duda se agravará al cerrarse este año 2020, como consecuencia de la falta de compromiso y decisión política de los Gobiernos y Estados de la región para convertir las normas de derechos humanos en políticas públicas inclusivas.

Ante esta situación y el conjunto de argumentos y razones expresadas, REDODICEC:

  1. Demanda que los gobiernos apliquen, con rigor, las recomendaciones de la ONU relacionadas con las personas con discapacidad, que son las siguientes:
  2. Asegurar la incorporación de la discapacidad en todas las actividades de respuesta a la Covid-19 y recuperación posterior, junto con medidas específicas.
  3. Asegurar la accesibilidad de la información, las instalaciones, los servicios y los programas en la respuesta a la Covid-19 y la recuperación posterior.
  4. Celebrar consultas sustantivas con las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan y asegurar su participación activa en todas las fases de la respuesta a la Covid-19 y la recuperación posterior.
  5. Establecer mecanismos de rendición de cuentas para asegurar la inclusión de la discapacidad en la respuesta a la Covid-19.
  6. Solicita vehementemente a los países desarrollados, que incrementen la cooperación para los países de Centroamérica y el Caribe, con el fin de que puedan atender la difícil situación económica y social, generada por los huracanes y la pandemia, priorizando a las personas en situación de pobreza y exclusión social, particularmente a las personas con discapacidad.

III. Solicita asimismo a la ONU que realice un pronto y eficaz ajuste a la Agenda 2030-ODS, en el plano general, con respecto a los devastadores efectos económicos y sociales de la pandemia para los países del sur y, particularmente, para las personas con discapacidad, cuya situación de exclusión y pobreza, se ha incrementado significativamente.

  1. Pide al Sistema de Integración Centroamericana (SICA) que elabore y aplique un amplio plan de contingencia para apoyar a los países centroamericanos y a República Dominicana, que coadyuve en sus esfuerzos y acciones para enfrentar los graves efectos sociales que deja la pandemia.
  2. Exige a los Gobiernos de los países de la región que no conviertan a la pandemia de la Covid-19, en una justificación para eliminar o reducir la asignación de recursos presupuestarios destinados a programas sociales, al acceso a los servicios de salud y de rehabilitación, a la educación, a la promoción del empleo y al apoyo a las personas con discapacidad y sus familias, particularmente las que viven bajo condiciones de pobreza y extrema pobreza.
  3. Solicita a los Estados de la región que establezcan un impuesto a las grandes empresas y a las grandes fortunas para que contribuyan a atender las necesidades de las personas pobres, particularmente, las personas con discapacidad, asegurando un Ingreso Básico Universal (IBU).

VII. Pide igualmente a los países de la región que con recursos propios y de la cooperación internacional, desarrollen acciones inmediatas para reducir la brecha digital, que afecta severamente a las personas con discapacidad, sometiéndolas a situaciones de aislamiento y desventaja para su desarrollo e inclusión social.

VIII. Demanda a los Estados de la región que no debiliten sus esfuerzos en cumplir la normativa (nacional e internacional) en materia de los derechos de las personas con discapacidad, ya que de hacerlo se ampliaría la de por si amplia brecha en discriminación y exclusión social.

  1. Solicita, por último, a los Estados y Gobiernos de Centroamérica, que en el 2021, año del Bicentenario de la Independencia, realicen el mayor de los esfuerzos para impulsar políticas inclusivas, que aseguren una vida más digna, independiente y más justa para las personas con discapacidad.

¡Sin acción, no hay derechos!
Junta Directiva, Red de Organizaciones de Personas con Discapacidad de Centroamérica y El Caribe (REDODICEC)

 

Compartido a SURCOS por Luis Fernando Astorga.

El Gobierno no ha cumplido con las personas con discapacidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carta abierta al Sr. Presidente, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

San José, 3 de diciembre del 2020

Señor:
Carlos Alvarado Quesada,
Presidente de la República

Estimado Señor presidente:

Como usted ha de saber, el 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Tal fue la decisión de las Naciones Unidas en el año 1992, “con el fin de prestar especial atención a la población con discapacidad en el mundo y promover su bienestar y participación social.”

Éste es un momento oportuno para hacer un balance sobre la situación que enfrentamos hoy, las personas con discapacidad que habitamos Costa Rica.

Lo primero que tenemos que afirmar es que el presente año 2020 no ha sido bueno para la gran mayoría de las y los costarricenses, pero con seguridad, ha sido peor para las personas con discapacidad. Sin embargo, eso no significa que en años precedentes la situación de la población con discapacidad fuera buena; sólo que con la pandemia ha empeorado significativamente.

Si se analiza con rigor el cumplimiento de la normativa en derechos de las personas con discapacidad–tanto nacional como internacional—por parte del Estado costarricense, la valoración es negativa, por más adornos que se le quieran colocar.

La ley 7600 se ha cumplido en forma muy limitada y tangencial, sin impactar positivamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de las personas con discapacidad. Es oportuno destacar aquí por ello, el contrasentido de impulsar en el presente, reformas legislativas a la ley 7600, sin haber realizado nunca un balance riguroso de su aplicación efectiva, desde que fue promulgada el 29 de mayo de 1996 hasta nuestros días, y sin la adecuada consulta a las personas con discapacidad y sus organizaciones.

En aspectos cruciales como el acceso a una educación inclusiva y de calidad, y en la inclusión laboral de las personas con discapacidad, esta ley es ampliamente deficitaria. Y usted debe saber que sin cumplimiento efectivo a los derechos a la educación y al trabajo, no puede haber ni movilidad ni inclusión social para la gran mayoría de las personas con discapacidad.

De la misma manera, con respecto al cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por el país mediante la ley 8661, las sombras le ganan con amplitud a las luces de su pobre y superficial cumplimiento. Eso quedó patentizado cuando el Comité de Naciones Unidas que vigila el cumplimiento de este tratado de derechos humanos, le entregó al país en mayo del 2014, el documento con las observaciones y recomendaciones, una vez que examinó el informe inicial que le presentó Costa Rica.

Ese informe retrató a un Estado que, en los últimos años, en materia de derechos humanos, sigue haciendo ruido pero muestra pocas nueces o logros efectivos. Y las personas con discapacidad somos testigos de excepción por lo que se ha vivido antes de la pandemia y por lo que enfrentamos hoy, después de coexistir con la covid-19 y sus efectos devastadores.

Es seguro que, si su Gobierno le presentara hoy a la ONU, un informe del cumplimiento de la Convención y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tendría que reconocer que ha dejado a las personas con discapacidad muy atrás.

Las personas con discapacidad del país han estado siempre entre los sectores más pobres y excluidos. El inexorable círculo vicioso entre pobreza y discapacidad (“la pobreza genera discapacidad y la discapacidad produce pobreza”), se sigue replicando en el país y su Gobierno es responsable directo de ello. Tengo la certeza de que el incremento de la pobreza que alcanzó al 26,2 % de la población en octubre anterior, según la más reciente Encuesta de Hogares del INEC, ha golpeado más fuertemente a las personas con discapacidad y sus familias.

En el contexto de la pandemia, que ha estado presente en el país desde marzo hasta el presente, la mayor parte de las personas con discapacidad han sido sometidas a un extendido aislamiento, ya que el acceso a Internet (y más aún, al de calidad), les está vedado. Con ello el acceso a la educación virtual, al teletrabajo y a los múltiples servicios en línea, es mucho más quimera que realidad.

Ni su Gobierno, ni la Asamblea Legislativa han impulsado ni antes ni durante la pandemia, políticas públicas inclusivas acordes con las necesidades, demandas y aspiraciones de las personas con discapacidad y sus familias.

Valga decir que ni las personas con discapacidad ni sus familias, quieren limosnas sino que aspiran a reales oportunidades para avanzar hacia una verdadera inclusión social y su mejoramiento de la calidad de vida. Las personas con discapacidad demandan oportunidades educativas, para mejorar la calidad de su mano de obra y condiciones adecuadas y justas, para acceder al trabajo, tanto el sector público como privado, y mediante el apoyo público a emprendimientos productivos. Asimismo, las personas que por sus severas condiciones de discapacidad, no pueden trabajar y requieren ser cuidadas por un familiar (que tampoco puede trabajar), requieren que el Estado les asegure un ingreso básico. Igualmente, este tipo de apoyo permanente lo requieren las madres que cuidan de hijos e hijas con discapacidad y que por ello, son empujadas a duras condiciones de pobreza.

Tanto para esas personas con discapacidad como para esas madres cuidadoras, que hoy enfrentan una pobreza sin horizontes, un Ingreso Básico Universal (IBU), que algunos países han generado en el marco de la pandemia, es una política pública para aplicar en el país de manera impostergable.

La pregunta que surge cuando se reivindican políticas sociales, que forman parte del Estado Social de Derecho, es de dónde tomar los recursos para financiarlas cuando el país enfrenta una crisis económica y fiscal en pleno desarrollo.

Esta es una crisis que hoy tiene una manifestación aguda pero, usted y yo, y las y los costarricenses conscientes, sabemos que se ha fraguado a lo largo de más de 30 años, cuando se empezaron a impulsar políticas que han facilitado la enorme desigualdad social imperante y que han creado las condiciones propicias para la repudiable concentración de riqueza que en el presente enfrenta el país. El que Costa Rica se haya convertido en el octavo país más desigual del mundo, es el resultado combinado del progresivo debilitamiento del Estado Social de Derecho, y del hecho de que las grandes empresas (nacionales y extranjeras) y dueños de grandes fortunas, evadan y eludan sus obligaciones tributarias. Y lo más grave es que ni su Gobierno, ni la Asamblea Legislativa han cumplido sus deberes en esta materia, ya que han respondido más a los intereses de una minoría groseramente elitista en menoscabo de las mayorías, de las que formamos parte las personas con discapacidad.

Sirva esta misiva respetuosa pero franca y firme, que le dirijo, Sr. Presidente, para exigirle a su Gobierno y a la Asamblea Legislativa que no conviertan a la pandemia de la covid-19, en una justificación para eliminar o reducir la asignación de recursos presupuestarios destinados a programas sociales, al acceso a los servicios de salud y de rehabilitación, a la educación, a la promoción del empleo y al apoyo a las personas con discapacidad y sus familias, particularmente las que viven bajo condiciones de pobreza y extrema pobreza.

En el mismo sentido, reivindico como acción urgente que con recursos propios orovenientes del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), su Gobierno desarrolle un plan inmediato en coordinación con las 82 municipalidades del país para reducir la brecha digital, que afecta tan severamente a las personas con discapacidad, sometiéndolas a situaciones de aislamiento y desventaja para su desarrollo e inclusión social.

Hoy, en este día, ni su Gobierno, ni la Asamblea Legislativa, tienen nada que celebrar en relación con las personas con discapacidad en su día internacional. Todo lo contrario: Es un momento para esbozar una sincera autocrítica con respecto al amplio incumplimiento en materia de derechos de personas con discapacidad.

En homenaje al Bicentenario que ya otea en el horizonte, Señor Presidente, demandamos una corrección del rumbo imperante, con el impulso de políticas realmente inclusivas, que empiecen a saldar la enorme deuda social que tiene el Estado y su Gobierno, con las personas con discapacidad.

Cordialmente,
Luis Fernando Astorga Gatjens,
Cédula: 302050706
Celular: 8392-7941

 

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