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Etiqueta: personas con discapacidad

Derechos de las personas de la región en el 2020: ¡De mal en peor!

Escrito en . Publicado en Derechos.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, SURCOS comparte la siguiente declaración de la Red de Organizaciones de Personas con Discapacidad de Centroamérica y El Caribe (REDODICEC):

Declaración de REDODICEC en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Derechos de las personas de la región en el 2020: ¡De mal en peor!

La Junta Directiva de la Red de Organizaciones de Personas con Discapacidad de Centroamérica y El Caribe (REDODICEC), con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, emite la siguiente Declaración:

1) Considerando que Centroamérica ha enfrentado en este año 2020 una situación muy dura, difícil y desafiante como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, los huracanes y otros eventos meteorológicos.

2) Estimando que todo indica que el cambio climático, cuya responsabilidad mayor recae en los países más ricos e industrializados, ha mostrado su peor rostro en las costas y territorios de los países centroamericanos, a través de la sucesión de eventos meteorológicos, que han generado devastación, dolor y muerte así como mayor pobreza y exclusión social.

3) Considerando asimismo que los huracanes Eta e Iota han dejado una marca devastadora y trágica, particularmente en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, pero también han generado daños en Panamá, Belice y Costa Rica, y que han afectado directa y severamente a alrededor de 4 millones de personas, que unas 400.000 personas han tenido que ir a albergues, que las pérdidas económicas podrían alcanzar los 5.000 millones de dólares, que han ocasionado casi tres centenas de muertes, que han destrozado viviendas, puentes y otras edificaciones, y que han anegado y dañado extensos campos de cultivo y cosechas, entre muchos otros de los daños ocasionados.

4) Valorando que la pandemia de la Covid-19 ha generado una prolongada y severa crisis sanitaria en Centroamérica y República Dominicana, con más de seiscientas mil personas contagiadas y más de 15 mil personas fallecidas, y que todavía no tiene un horizonte definido con respecto a su finalización.

5) Analizando que la combinación entre pandemia y huracanes, han tenido y tienen un peligroso efecto en la multiplicación de los contagios de la Covid-19, por obligar a millares de personas a hacinarse en refugios, que no presentan las mejores condiciones para el distanciamiento físico y la higiene.

6) Asumiendo que esta devastadora suma de factores han agravado la crisis económica que han venido enfrentando los países de la región centroamericana y el Caribe, y han empujado a más personas a la pobreza y extrema pobreza, y ha acentuado peligrosamente la desigualdad social.

7) Teniendo presente que dentro de este marco desolador de efecto combinado entre pandemia y huracanes, cientos de miles de personas con discapacidad, especialmente, de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, han visto agravada su situación de exclusión y aislamiento social.

8) Estimando que el aislamiento histórico que ha afectado a las personas con discapacidad de la región, se ha profundizado y ampliado como consecuencia de la pandemia, que ha puesto en evidencia la enorme brecha digital que enfrentan las personas con discapacidad y que tiene efectos en el acceso a la educación virtual, el teletrabajo y todos los servicios que se ofrecen exclusivamente en línea.

9) Teniendo en cuenta que las recomendaciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante la situación de mayor vulnerabilidad de las personas con discapacidad ante la pandemia, particularmente, en lo referente a consulta y participación, no han sido tomadas en cuenta, en forma efectiva, por los Estados de la región.

10) Concluyendo que la preocupante situación de los derechos de las personas con discapacidad de los países de la región centroamericana y caribeña, reflejada en distintos informes previos a la pandemia, sin duda se agravará al cerrarse este año 2020, como consecuencia de la falta de compromiso y decisión política de los Gobiernos y Estados de la región para convertir las normas de derechos humanos en políticas públicas inclusivas.

Ante esta situación y el conjunto de argumentos y razones expresadas, REDODICEC:

  1. Demanda que los gobiernos apliquen, con rigor, las recomendaciones de la ONU relacionadas con las personas con discapacidad, que son las siguientes:
  2. Asegurar la incorporación de la discapacidad en todas las actividades de respuesta a la Covid-19 y recuperación posterior, junto con medidas específicas.
  3. Asegurar la accesibilidad de la información, las instalaciones, los servicios y los programas en la respuesta a la Covid-19 y la recuperación posterior.
  4. Celebrar consultas sustantivas con las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan y asegurar su participación activa en todas las fases de la respuesta a la Covid-19 y la recuperación posterior.
  5. Establecer mecanismos de rendición de cuentas para asegurar la inclusión de la discapacidad en la respuesta a la Covid-19.
  6. Solicita vehementemente a los países desarrollados, que incrementen la cooperación para los países de Centroamérica y el Caribe, con el fin de que puedan atender la difícil situación económica y social, generada por los huracanes y la pandemia, priorizando a las personas en situación de pobreza y exclusión social, particularmente a las personas con discapacidad.

III. Solicita asimismo a la ONU que realice un pronto y eficaz ajuste a la Agenda 2030-ODS, en el plano general, con respecto a los devastadores efectos económicos y sociales de la pandemia para los países del sur y, particularmente, para las personas con discapacidad, cuya situación de exclusión y pobreza, se ha incrementado significativamente.

  1. Pide al Sistema de Integración Centroamericana (SICA) que elabore y aplique un amplio plan de contingencia para apoyar a los países centroamericanos y a República Dominicana, que coadyuve en sus esfuerzos y acciones para enfrentar los graves efectos sociales que deja la pandemia.
  2. Exige a los Gobiernos de los países de la región que no conviertan a la pandemia de la Covid-19, en una justificación para eliminar o reducir la asignación de recursos presupuestarios destinados a programas sociales, al acceso a los servicios de salud y de rehabilitación, a la educación, a la promoción del empleo y al apoyo a las personas con discapacidad y sus familias, particularmente las que viven bajo condiciones de pobreza y extrema pobreza.
  3. Solicita a los Estados de la región que establezcan un impuesto a las grandes empresas y a las grandes fortunas para que contribuyan a atender las necesidades de las personas pobres, particularmente, las personas con discapacidad, asegurando un Ingreso Básico Universal (IBU).

VII. Pide igualmente a los países de la región que con recursos propios y de la cooperación internacional, desarrollen acciones inmediatas para reducir la brecha digital, que afecta severamente a las personas con discapacidad, sometiéndolas a situaciones de aislamiento y desventaja para su desarrollo e inclusión social.

VIII. Demanda a los Estados de la región que no debiliten sus esfuerzos en cumplir la normativa (nacional e internacional) en materia de los derechos de las personas con discapacidad, ya que de hacerlo se ampliaría la de por si amplia brecha en discriminación y exclusión social.

  1. Solicita, por último, a los Estados y Gobiernos de Centroamérica, que en el 2021, año del Bicentenario de la Independencia, realicen el mayor de los esfuerzos para impulsar políticas inclusivas, que aseguren una vida más digna, independiente y más justa para las personas con discapacidad.

¡Sin acción, no hay derechos!
Junta Directiva, Red de Organizaciones de Personas con Discapacidad de Centroamérica y El Caribe (REDODICEC)

 

Compartido a SURCOS por Luis Fernando Astorga.

El Gobierno no ha cumplido con las personas con discapacidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carta abierta al Sr. Presidente, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

San José, 3 de diciembre del 2020

Señor:
Carlos Alvarado Quesada,
Presidente de la República

Estimado Señor presidente:

Como usted ha de saber, el 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Tal fue la decisión de las Naciones Unidas en el año 1992, “con el fin de prestar especial atención a la población con discapacidad en el mundo y promover su bienestar y participación social.”

Éste es un momento oportuno para hacer un balance sobre la situación que enfrentamos hoy, las personas con discapacidad que habitamos Costa Rica.

Lo primero que tenemos que afirmar es que el presente año 2020 no ha sido bueno para la gran mayoría de las y los costarricenses, pero con seguridad, ha sido peor para las personas con discapacidad. Sin embargo, eso no significa que en años precedentes la situación de la población con discapacidad fuera buena; sólo que con la pandemia ha empeorado significativamente.

Si se analiza con rigor el cumplimiento de la normativa en derechos de las personas con discapacidad–tanto nacional como internacional—por parte del Estado costarricense, la valoración es negativa, por más adornos que se le quieran colocar.

La ley 7600 se ha cumplido en forma muy limitada y tangencial, sin impactar positivamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de las personas con discapacidad. Es oportuno destacar aquí por ello, el contrasentido de impulsar en el presente, reformas legislativas a la ley 7600, sin haber realizado nunca un balance riguroso de su aplicación efectiva, desde que fue promulgada el 29 de mayo de 1996 hasta nuestros días, y sin la adecuada consulta a las personas con discapacidad y sus organizaciones.

En aspectos cruciales como el acceso a una educación inclusiva y de calidad, y en la inclusión laboral de las personas con discapacidad, esta ley es ampliamente deficitaria. Y usted debe saber que sin cumplimiento efectivo a los derechos a la educación y al trabajo, no puede haber ni movilidad ni inclusión social para la gran mayoría de las personas con discapacidad.

De la misma manera, con respecto al cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por el país mediante la ley 8661, las sombras le ganan con amplitud a las luces de su pobre y superficial cumplimiento. Eso quedó patentizado cuando el Comité de Naciones Unidas que vigila el cumplimiento de este tratado de derechos humanos, le entregó al país en mayo del 2014, el documento con las observaciones y recomendaciones, una vez que examinó el informe inicial que le presentó Costa Rica.

Ese informe retrató a un Estado que, en los últimos años, en materia de derechos humanos, sigue haciendo ruido pero muestra pocas nueces o logros efectivos. Y las personas con discapacidad somos testigos de excepción por lo que se ha vivido antes de la pandemia y por lo que enfrentamos hoy, después de coexistir con la covid-19 y sus efectos devastadores.

Es seguro que, si su Gobierno le presentara hoy a la ONU, un informe del cumplimiento de la Convención y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tendría que reconocer que ha dejado a las personas con discapacidad muy atrás.

Las personas con discapacidad del país han estado siempre entre los sectores más pobres y excluidos. El inexorable círculo vicioso entre pobreza y discapacidad (“la pobreza genera discapacidad y la discapacidad produce pobreza”), se sigue replicando en el país y su Gobierno es responsable directo de ello. Tengo la certeza de que el incremento de la pobreza que alcanzó al 26,2 % de la población en octubre anterior, según la más reciente Encuesta de Hogares del INEC, ha golpeado más fuertemente a las personas con discapacidad y sus familias.

En el contexto de la pandemia, que ha estado presente en el país desde marzo hasta el presente, la mayor parte de las personas con discapacidad han sido sometidas a un extendido aislamiento, ya que el acceso a Internet (y más aún, al de calidad), les está vedado. Con ello el acceso a la educación virtual, al teletrabajo y a los múltiples servicios en línea, es mucho más quimera que realidad.

Ni su Gobierno, ni la Asamblea Legislativa han impulsado ni antes ni durante la pandemia, políticas públicas inclusivas acordes con las necesidades, demandas y aspiraciones de las personas con discapacidad y sus familias.

Valga decir que ni las personas con discapacidad ni sus familias, quieren limosnas sino que aspiran a reales oportunidades para avanzar hacia una verdadera inclusión social y su mejoramiento de la calidad de vida. Las personas con discapacidad demandan oportunidades educativas, para mejorar la calidad de su mano de obra y condiciones adecuadas y justas, para acceder al trabajo, tanto el sector público como privado, y mediante el apoyo público a emprendimientos productivos. Asimismo, las personas que por sus severas condiciones de discapacidad, no pueden trabajar y requieren ser cuidadas por un familiar (que tampoco puede trabajar), requieren que el Estado les asegure un ingreso básico. Igualmente, este tipo de apoyo permanente lo requieren las madres que cuidan de hijos e hijas con discapacidad y que por ello, son empujadas a duras condiciones de pobreza.

Tanto para esas personas con discapacidad como para esas madres cuidadoras, que hoy enfrentan una pobreza sin horizontes, un Ingreso Básico Universal (IBU), que algunos países han generado en el marco de la pandemia, es una política pública para aplicar en el país de manera impostergable.

La pregunta que surge cuando se reivindican políticas sociales, que forman parte del Estado Social de Derecho, es de dónde tomar los recursos para financiarlas cuando el país enfrenta una crisis económica y fiscal en pleno desarrollo.

Esta es una crisis que hoy tiene una manifestación aguda pero, usted y yo, y las y los costarricenses conscientes, sabemos que se ha fraguado a lo largo de más de 30 años, cuando se empezaron a impulsar políticas que han facilitado la enorme desigualdad social imperante y que han creado las condiciones propicias para la repudiable concentración de riqueza que en el presente enfrenta el país. El que Costa Rica se haya convertido en el octavo país más desigual del mundo, es el resultado combinado del progresivo debilitamiento del Estado Social de Derecho, y del hecho de que las grandes empresas (nacionales y extranjeras) y dueños de grandes fortunas, evadan y eludan sus obligaciones tributarias. Y lo más grave es que ni su Gobierno, ni la Asamblea Legislativa han cumplido sus deberes en esta materia, ya que han respondido más a los intereses de una minoría groseramente elitista en menoscabo de las mayorías, de las que formamos parte las personas con discapacidad.

Sirva esta misiva respetuosa pero franca y firme, que le dirijo, Sr. Presidente, para exigirle a su Gobierno y a la Asamblea Legislativa que no conviertan a la pandemia de la covid-19, en una justificación para eliminar o reducir la asignación de recursos presupuestarios destinados a programas sociales, al acceso a los servicios de salud y de rehabilitación, a la educación, a la promoción del empleo y al apoyo a las personas con discapacidad y sus familias, particularmente las que viven bajo condiciones de pobreza y extrema pobreza.

En el mismo sentido, reivindico como acción urgente que con recursos propios orovenientes del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), su Gobierno desarrolle un plan inmediato en coordinación con las 82 municipalidades del país para reducir la brecha digital, que afecta tan severamente a las personas con discapacidad, sometiéndolas a situaciones de aislamiento y desventaja para su desarrollo e inclusión social.

Hoy, en este día, ni su Gobierno, ni la Asamblea Legislativa, tienen nada que celebrar en relación con las personas con discapacidad en su día internacional. Todo lo contrario: Es un momento para esbozar una sincera autocrítica con respecto al amplio incumplimiento en materia de derechos de personas con discapacidad.

En homenaje al Bicentenario que ya otea en el horizonte, Señor Presidente, demandamos una corrección del rumbo imperante, con el impulso de políticas realmente inclusivas, que empiecen a saldar la enorme deuda social que tiene el Estado y su Gobierno, con las personas con discapacidad.

Cordialmente,
Luis Fernando Astorga Gatjens,
Cédula: 302050706
Celular: 8392-7941

 

Foto: https://www.periodicomensaje.com/guanacaste

Enviado por el autor.

OIDH: Múltiples Expresiones de Discriminación que Viven las Personas con Discapacidad

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

La Organización Interseccional Pro Derechos Humanos le invita este miércoles 02 de diciembre a las 6 p.m. (Centroamérica) 7 p.m. (Panamá) al Webinar “Las Múltiples Expresiones Discriminación que Viven las Personas con Discapacidad”. Con la participación de: Omer Morales Ramón y Olga Navarro Soto.

Para más información ver la siguiente imagen.

Las personas con discapacidad siguen marginadas de la participación electoral

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

De: Luis Fernando Astorga Gatjens
luferag@gmail.com

Las personas con discapacidad en Costa Rica son afectadas por distintas formas de discriminación y una de ellas está relacionada con su participación política, en general, y particularmente, con la electoral.

Según la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS) llevada a efecto por el INEC y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) en el año 2018, el país cuenta con 18,2 % de personas adultas con discapacidad. Es decir, si consideramos que la población actual del país es de 5 022 000 de habitantes, en el padrón electoral habría 914 004 potenciales votantes con discapacidad.

Ante un número tan significativo de electores y electoras, en un proceso como el que culminó el pasado 2 de febrero, con la elección de las autoridades municipales en los 82 cantones del país, los partidos participantes debieron incluir en sus papeletas a personas con discapacidad; sus propuestas y programas tendrían que considerar acciones que atendieran las necesidades y problemas de este sector poblacional y sus mensajes debieron ser accesibles, particularmente para personas sordas y personas ciegas. Pero nada o muy poco de eso se dio: La exclusión sigue siendo la norma para las personas con discapacidad; la inclusión, la excepción.

Tiene mucha razón una persona sorda que reclamó que no sabía por quién votar ya que nunca obtuvo información accesible, que lo orientara y por ello interpuso un recurso ante el TSE.

Esta exclusión e invisibilización de las personas con discapacidad también se manifiesta en el momento del ejercicio del sufragio en los recintos de votación. Aunque es reconocible los esfuerzos del TSE para asegurar el voto accesible e inclusivo (mediante instrucciones y equipamiento de algunos implementos), todavía hay mucho por hacer. Las personas responsables de las mesas en múltiples ocasiones no saben cómo actuar cuando ingresa un votante con discapacidad. Es necesario que sean debidamente capacitados para atenderlos adecuadamente. También se presentan situaciones como la que se dio en una mesa en Pérez Zeledón cuando ingresó una persona ciega a la que se le obligó a hacer el voto público, ya que la plantilla aportada del TSE no coincidía con la impresa. Asimismo, es oportuno señalar que hubo personas con discapacidad que querían formar parte de Juntas Electorales pero los problemas de accesibilidad física de centros de votación, se los impidió.

Por su parte, el CONAPDIS se tomó en serio la tarea al organizar a casi 250 observadores electorales; muchos de los cuales fueron personas con discapacidad.

El artículo 29 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (ONU, 2006), ratificada por el Estado costarricense mediante la Ley 8661, establece que “Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a: Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos…”.

Actualmente, la distancia entre esta importante norma democrática y su aplicación efectiva es enorme. Para cambiar esta situación debe realizarse un esfuerzo mancomunado y eficaz entre distintos actores institucionales (TSE, CONAPDIS, entidades del gobierno central, gobiernos locales, partidos políticos, entre otros), para promover la participación política y social de las personas con discapacidad, en función de pasen del estado de marginación del presente a una cada vez mayor inclusión política y pública. Obviamente, las organizaciones de personas con discapacidad deben ser convocadas en este necesario e impostergable esfuerzo.

Otro elemento a contemplar es la invisibilización que se manifiesta en el trabajo que realizan las misiones de observación de los procesos electorales. Por ejemplo, las misiones de la OEA que han venido observando distintas elecciones del país, no hacen mención sobre las condiciones de la participación de las y los electores con discapacidad. Es un tema persistentemente ausente. Esta regla de exclusión (con seguridad, no deliberada), la cumplió la Misión de la OEA que observó las recientes elecciones municipales.

Al leer su informe valoramos positivamente algunas de sus observaciones y recomendaciones. También es muy oportuno que hayan colocado en el centro de su atención la participación de las mujeres en estos procesos. Pero ese casi millón de personas con discapacidad que podrían sufragar no tuvimos ninguna mención en el informe de la OEA. Valga decir que habría sido oportuno –por lo menos– que mencionaran a las mujeres con discapacidad, ya que la citada ENADIS 2018, establece que el 60,9 % de las personas adultas con discapacidad son mujeres.

Esperamos que, para las elecciones nacionales de febrero del 2022, las cosas cambien tanto en el proceso electoral como en el día de las elecciones para las personas con discapacidad y las sombras que hoy dominan su participación política empiecen a dar pasos a destellos de luz e inclusión, real y efectiva.

 

Enviado por el autor.

Reforma integral a la Ley 7600: Propuesta insuficiente y acelerada

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

De: Luis Fernando Astorga Gatjens

luferag@gmail.com

La Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, fue promulgada el 29 de mayo del año 1996 y ha sido el principal referente normativo en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad.

En el año 2019, la diputada María José Corrales (PLN-Alajuela), impulsó un proyecto de reforma integral de esta importante ley, que ha avanzado en la corriente legislativa bajo el Expediente N° 21 443. Esta propuesta ya fue dictaminada por la Comisión Especial sobre Discapacidad y Adulto Mayor, y avanza –con una celeridad, a todos luces inconveniente—hacia una quizás cercana votación, en primer debate en el plenario legislativo.

Reconocemos las buenas intenciones de las propulsoras de esta iniciativa, sin embargo, quienes desde hace bastante tiempo hemos venido trabajando en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad, nos preocupa cómo ha venido avanzando este proyecto de reforma, por las razones que seguidamente enumero:

1) Sin balance correctivo. Hasta el presente no se ha desarrollado un balance, riguroso y exhaustivo, de cómo se ha aplicado la Ley 7600 en los siete ámbitos que abarca la norma original. ¿Cuánto realmente se ha avanzado en el país y cuál es su impacto efectivo en la vida de las personas con discapacidad, en educación, trabajo, salud, acceso al espacio físico, acceso al transporte público, acceso a la información y a la comunicación, y acceso a la cultura, el deporte y las actividades recreativas? La ley 7600, que ya casi cumple 24 años, se promulgó para reducir sostenidamente la amplia deuda social que tienen el Estado y la sociedad costarricenses, con este sector de población de más de 900 mil costarricenses (ENADIS, 2018). Empero por lo que se muestra en la vida cotidiana de la inmensa mayoría de las personas con discapacidad y los inobjetables datos estadísticos, esa deuda persiste y se refleja en la discriminación y la exclusión social que afecta a este sector poblacional.

2) Otro contexto normativo. Otro elemento que es necesario analizar a la hora pensar en una reforma integral a la Ley 7600, es los diferentes contextos normativos existentes cuándo fue aprobada la ley y en el presente. Cuando fue promulgada no había en el ámbito de la ONU, ni en el de la OEA ningún tratado centrado en las personas con discapacidad. En 1999, la OEA adoptó la Convención interamericana orientada a eliminar la discriminación asociada a la discapacidad y en el año 2006, la ONU aprobó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ambos tratados fueron ratificados por Costa Rica en 1999 y 2008, respectivamente. Claro está que siendo ambas normas supra-legales (Artículo 7, Constitución Política), es necesario contemplar iniciativas de armonización legislativa que aseguren su cumplimiento efectivo.

3) La aplicación, preocupación prioritaria. Una preocupación central en el presente es la necesidad de la aplicación efectiva de lo que establece la Ley 7600 y de otras normas vigentes, en el campo de los derechos de las personas con discapacidad. El país mantiene tanto en el ámbito nacional como en el de los gobiernos locales, un desfase muy amplio entre lo que dictan las normas y su aplicación efectiva, a través de políticas públicas inclusivas, que mejoren las condiciones de vida de las personas con discapacidad. En esta materia sigue habiendo mucho más ruido que nueces; aun considerando los esfuerzos que realiza el CONAPDIS, en su calidad de ente rector.

4) Consulta superficial e insuficiente. Tanto la Ley 7600 como la Convención de la ONU establecen la obligación ineludible del Estado de consultar a las personas con discapacidad, a través de sus organizaciones representativas, en asuntos de su interés. Y no cabe la menor duda de que una reforma integral a la Ley 7600 tiene tal dimensión. Sin embargo, la Asamblea Legislativa procediendo inapropiadamente, se complace con enviar los proyectos a correos electrónicos de algunas personas y organizaciones de personas con discapacidad, sin cumplir cabalmente con el verdadero deber de consulta. Se trata de consultas que no cumplen ni el espíritu ni el objetivo de las normas. Así se ha procedido con este proyecto de reforma, sin valorar el importante esfuerzo que desarrolla el CONAPDIS de conformar el Foro Nacional de Consulta de las Personas con Discapacidad. Este foro que tendrá 72 miembros (36 titulares y 36 suplentes) de las nueve regiones que conforman esta entidad rectora, quedará conformado en este mes de marzo. Sin lugar a dudas, el Foro Nacional Consultivo debe estrenarse con la consulta sobre la reforma a la Ley 7600, por su alcance e importancia.

5) Aplicación: Nada nuevo en el horizonte. Una primera lectura del proyecto de reforma a la ley 7600, nos indica que hay una serie de temas que no fueron abarcados y que son claves para que la ley 7600 incida en mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Veamos algunos ejemplos concretos: No se agrega nada que asegure mejor la implementación de la Ley en todos los estamentos del Estado, incluidos los gobiernos locales. Tampoco se menciona el rol del CONAPDIS, como ente rector para la vigilancia e impulso del cumplimiento de la Ley. Asimismo, no se contempla el tema de los recursos y las asignaciones presupuestarias, que son claves para la implementación deseada.

Todas estas ideas que comparto me llevan a la conclusión de que es imprescindible que el proceso acelerado que lleva, injustificadamente, la Asamblea Legislativa, se detenga para que las cosas se hagan realmente bien. Si hay un verdadero interés en una reforma integral, se debe trabajar en mejorar sustancialmente la Ley 7600 y, más importante aún, asegurar un avance sostenido en su implementación.

De no seguir este razonado y razonable camino, avizoro una nueva frustración para las personas con discapacidad y sus esperanzas de una vida mejor.

(27 de febrero, 2020)

 

Enviado por el autor.

Los derechos de las personas con discapacidad deben ser respetados

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Comunicado.

1. Un Grupo muy importante de Personas con discapacidad de la sociedad civil costarricense, estamos solicitando de manera inmediata a las Señoras y Señores Diputados que respeten nuestra decisión de SACAR DE CORRIENTE LEGISLATIVA EL EXPEDIENTE NÚMERO 21443, hasta que mejore la situación de emergencia sanitaria por el COVID 19 y la crisis fiscal. Y que podamos contar con los recursos y herramientas indispensables para que las personas con discapacidad, podamos participar en una debida consulta la misma consagrada como OBLIGACION DEL ESTADO, artículo 4.3 de la Ley 8661 y artículo 13 de la Ley 7600.

LA CONSULTA PREVIA ES REQUISITO ESENCIAL PARA LA VALIDEZ DE TODA LEY.

2.La Ley 7600 vigente es emblemática, ha sido el marco para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en Costa Rica. Por su importancia no es posible reformar de manera antojadiza, sin ser escuchada la voz de las personas con discapacidad.

NADA DE NOSOTROS SIN NOSOTROS

Atentamente,

MIEMBROS COMISIÓN DE ANÁLISIS DE LA REFORMA DE LA LEY 7600 PROYECTO 21443

Correo electrónico: reforma7600@gmail.com

Contactos:
Ileana Chacón Chacón 8310-0114
Michelle Ruiz Lacayo 8339-6754
Zaida Castro Jiménez 8644-1380

Compartimos los siguientes documentos enviados a las y los diputados y al presidente de la República por parte de un grupo de representantes de personas con discapacidad, para solicitar la desconvocatoria del actual periodo de secciones extraordinarias de la Asamblea Legislativa del proyecto de ley Reforma Integral a la Ley de Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad, Ley N°7600, expediente N°21.443. Esto con el objetivo de crear un espacio prudente que les permita a estas personas incorporar sugerencias y observaciones al texto sustitutivo ya dictaminado que recojan las aspiraciones y necesidades reales de las personas con discapacidad en nuestro país.

Comunicado-Nacional-Comisión-Ley-7600Descarga

 

Imagen: https://mas-magazine.com

Teatro Inclusivo Antoño

Escrito en . Publicado en Derechos.

  • Por los derechos y oportunidades de las personas con discapacidad

Producciones socioculturales Mundosano le invita este sábado 10 de noviembre a las 7 p.m. a la obra de Teatro Inclusivo Antoño, con la actuación de Marko Kiko Palma, en el Auditorio CENAREC, contiguo a la Escuela Centeno Güell.

Para reservaciones comuníquese al teléfono 8758 3000.

 

Enviado por Marco Palma Leiva.

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“Una propuesta de salud comunitaria desde Occidente”…en el Día Mundial de la Salud

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

De cara al nuevo Gobierno 2018-2022

Una propuesta de salud comunitaria desde Occidente7

Occidente, 7 de abril de 2018

 

La Comisión organizadora del Segundo Reencuentro (2018) por la Salud Comunitaria de Occidente, convocado por el Movimiento Salud Sin Paredes (MSSP-Región Occidente), la Comisión por la Defensa del Agua en la Zona Protectora El Chayote (CDA_ZPCh), Naranjo, el Comité por la Defensa y Fortalecimiento del Hospital San Francisco de Asís (CDF_HSFA) en Grecia, todos ellos en coordinación con el Frente Nacional por la Defensa de la Caja y la Seguridad Social (FRENASS), comunica los resultados del trabajo realizado en el Día Mundial de la Salud.

Una propuesta de salud comunitaria desde Occidente2

Desde enero de este año, aún en medio de dos rondas electorales y la celebración de la Semana Santa, se trabajó mucho en la organización previa y así se logró un evento ampliamente participativo, en la Casa de la Cultura de Naranjo, con 30 personas representantes de organizaciones de base popular comunitaria: Asadas, Juntas de Salud, Asociaciones de Desarrollo y Fuerzas Vivas, Organizaciones por los Derechos de Personas con Discapacidad, Estudiantes de Psicología Comunitaria-UCR y Educadores, Luchadores del 8N-APSE/UNDECA (8 Nov.2012 por la CCSS), procedentes de San Ramón, Naranjo, Grecia y San José, quienes, durante cinco horas de trabajo tipo taller, formularon nuevos ejes para orientar acciones e incidir en nuestras Comunidades y en el nuevo Gobierno a partir de 2018:

Una propuesta de salud comunitaria desde Occidente5

  • Luchas por el acceso y protección del agua. Especial pronunciamiento en solidaridad con las acciones que realiza la Federación de Asadas de la Zona Protectora del Chayote (FEDAZPRO), por lograr el pleno respaldo de la Municipalidad de Naranjo.
  • Accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad y para la sociedad en su conjunto, brindando respaldo a la Red de organizaciones que trabajan en Occidente por la defensa y protección de sus derechos.
  • Modelo de salud, juntas de salud y estructura directiva de la CCSS, para garantizar la plena participación comunitaria y popular en todo el proceso de gestión de la salud integral de las personas y su ambiente, garantizando la incidencia en la toma de decisiones a todo nivel: comunal, cantonal, regional y nacional.

Una propuesta de salud comunitaria desde Occidente6

Avanzamos en la elaboración de líneas de acción para la articulación, la formación y la incidencia en esos tres grandes ejes.

Para el afinamiento de lo que será la Carta al nuevo Gobierno y su Ministro/a de Salud, quedamos de reencontrarnos nuevamente el sábado 7 de julio, en horas de la tarde, para aprobar el planteamiento que se impulsará.

 

Una propuesta de salud comunitaria desde Occidente4

Una propuesta de salud comunitaria desde Occidente3

 

RE_ENCUENTRO POPULAR POR LA SALUD COMUNITARIA DE OCCIDENTE

MSSP-San Ramón CDA_ZPCh-Naranjo CDF_HSFA- Grecia FRENASS

Una propuesta de salud comunitaria desde Occidente8

 

 

Enviado por Mario Cabrera.

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