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¿Quién se está comiendo el queque?

Escrito en 27/02/2023. Publicado en Análisis, Derechos.

Luis Paulino Vargas Solís

Supóngase que agarramos la serie de datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INEC, desde la primera vez que se publicó hasta la más reciente que se hizo pública. Supóngase que nos interesan los datos de ingresos de la población y, con ese fin, comparamos el primer dato registrado con el más reciente. En tal caso, miraremos el dato del trimestre julio-agosto-septiembre de 2010 y el del trimestre octubre-noviembre-diciembre de 2022. En total, habrán trascurrido algo más de 12 años entre el primer dato y el segundo. Supongamos, además, que vamos a considerar los precios, medidos según el Índice de Precios al Consumidor, de modo que consideraremos el nivel de precios promedio que ese Índice nos reporta para cada uno de los dos trimestres mencionados. De esa manera, trataremos de expresar el poder adquisitivo real de los ingresos, una vez hemos descontado el aumento de precios registrados a lo largo de esos 12 años y pico.

Hecha esa operación, la conclusión que resulta se resume en lo siguiente: en el trimestre octubre-noviembre-diciembre de 2022, el ingreso promedio en el sector privado es inferior en -15,3% respecto de nivel que tenía en el trimestre en julio-agosto-septiembre de 2010, más de 12 años atrás. En el sector público hay apenas un pequeño aumento de 3%. Eso sí, debemos indicar que, si hacemos la misma operación a fin de comparar lo ocurrido entre mediados de 2019 y finales de 2022, encontraremos que el ingreso en el sector público, descontada la inflación, se desplomó un -18,4%. El mismo dato para el sector privado fue de -7,4%. O sea: los últimos tres años y unos meses, registran un desbarranco generalizado y catastrófico.

Supongamos que ahora revisamos los datos del Banco Central sobre el Producto Interno Bruto (PIB) y, en particular, el PIB por habitante. Resulta que ese dato, tomado en términos “reales”, o sea, descontando la inflación, aumentó nada menos que un 29,1% entre 2010 y 2022. Inclusive en el período 2019-2022 se incrementa un 4,5%, no obstante que de por medio está la crisis pandémica. Ya vimos que, en este último período, los ingresos de la gente -en el sector privado y más agudamente en el público- sufren una fuerte contracción.

Compare la evolución del dato del PIB por habitante con los de los ingresos promedios de la población ¿cómo entender el abismo que se abre entre una cosa y otra?

Aquí hay anomalías diversas. Una de ellas se relaciona con el PIB, un indicador que ha perdido representatividad, y cada vez resulta más falaz y engañoso. Otra tiene que ver con el propio modelo de desarrollo. Algunos “alguienes” -tan privilegiados que las propias estadísticas del INEC no logran registrarlos- se están quedando con una tajada enorme del queque. Pero, la verdad, seguramente una parte sustancial de ese queque se va hacia el exterior.

No solo son un número en el PIB

Escrito en 07/01/2023. Publicado en Derechos, Trabajo.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Por décadas, en Costa Rica, nos hemos acostumbrado a observar camiones repletos de trabajadores recolectores de café.

Hemos naturalizado las condiciones deplorables en las que estas personas trabajadoras son transportadas, quizá porque las incorporamos en el paisaje de temporada de fin e inicio de año y no reparamos en las consecuencias que estas formas de llevarlos y traerlos de las fincas cafetaleras podrían acarrear.

Tal vez en el fondo y parafraseando a Judith Butler, nuestra actitud se deba a que en la mayoría de los casos representan “cuerpos que no importan” o cuerpos descartables, por representar a ese otro extranjerizado, la mayoría de las veces ubicado en la periferia de los procesos socioculturales del país.

Hace muchos años en un trabajo de campo sobre las condiciones laborales de personas migrantes nicaragüenses en la actividad de la caña de azúcar, una entrevista con una mujer trabajadora me había impactado de forma profunda.

Al referirme su afectación en los riñones debido al calor de las quemas que se producen en los cañales y ante la falta de seguro (estaba en condiciones de irregularidad migratoria) me comentaba que la auto medicación y los puños de sal que consumía eran el remedio que utilizaba para calmar el dolor.

Hace pocos días el accidente en una finca cafetalera en el occidente del país en la que más de 30 personas trabajadoras recolectoras sufrieron heridas y una persona perdió la vida, pasó casi desapercibido en medio de la polifonía de fin y principio de año y los escándalos de comunicación política que han salpicado el ambiente nacional.

La contribución a las cuentas nacionales de este contingente de personas trabajadoras, que no es menor dicho sea de paso, no debiera ser el principal punto de interés de una sociedad que se nutre de sus aportes.

Antes bien, deberíamos reparar en sus condiciones laborales y exigir su mejora, sea cual sea su nacionalidad y su permanencia jurídica en el país.

Antes que un número en el PIB, son seres humanos con todos sus derechos inherentes. No olvidemos ese pequeño gran detalle.

BCR: El jugoso negocio del Estado que el Gobierno quiere vender

Escrito en 21/09/2022. Publicado en Derechos.

Las autoridades del Poder Ejecutivo en nuestro país contemplan dentro de sus iniciativas para mitigar la deuda pública, la intención de vender en su totalidad o de manera parcial algunas de las llamadas “joyas de la abuela”.

El Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero Nacional (SITRAHSAN), respetuoso de la estrategia financiera presentada, comparte la publicación del Semanario Universidad, considerando dicha fuente como confiable y creadora de opinión sobre diversos tópicos nacionales.

Sin dejar de lado lo anterior, SITRAHSAN hace hincapié en el aporte que brinda la aplicación de la Ley 9430, el cual se estima entre dos y tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB), si se suman mejores normas tributarias para unificar actuaciones en el Código Procesal Tributario, se puede contribuir entre uno a uno y medio del PIB y si se saca a la luz el Proyecto de Cánones presentado por la ex legisladora Ligia Fallas, se podría contemplar un uno y medio de más, es decir que se obtendrían seis puntos en total del PIB.

Además, en muchos Documentos Únicos Administrativos (DUAS), se deben de verificar los valores de transporte o seguros declarados; y la acción en sede Penal, cuando se comete el delito de Falso Testimonio contenido en el Artículo 323 del Código Penal, resultando necesario.

La soluciones alternativas están, la viabilidad política depende de los diversos caminos para llegar “a Roma”.

Las imágenes compartidas y su contenido son responsabilidad del Semanario Universidad, se muestran en el siguiente enlace: https://semanariouniversidad.com/pais/bcr-el-jugoso-negocio-del-estado-que-el-gobierno-quiere-vender/

Separar el grano de la paja

Escrito en 08/09/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Oscar Madrigal

El anuncio de ayer del presidente Chaves de vender el Banco de Costa Rica dilucida claramente el rumbo y el contenido de la política de su gobierno. Estamos en presencia del más rancio neoliberalismo, del más ortodoxo y más entreguista. Mientras los países del mundo y de América Latina retornan de la época de la subasta de los bienes del Estado, tales como Argentina, Méjico, Bolivia o Chile para recuperarlos e incorporarlos al acerbo nacional, el presidente Chaves propone subastarlo, casi inexorablemente, a precio de baratija.

Los propios números propuestos por don Rodrigo prueba que su venta no producirá mayor beneficio, ni redundará en la reducción de la deuda pública. Él dice que el precio de venta puede alcanzar un 3% del PIB, sea de aproximadamente un billón de colones; sin embargo, la deuda pública es de 29 billones de colones.

Como se ve, con la venta del BCR la aguja casi no se movería, mientras perderíamos un bien o activo del Estado que le produce grandes utilidades todos los años. Según proyecciones del Ministerio de Hacienda la relación PIB/deuda pública, se ubicará en el 2027 en un 62% y en el 2032 en un 50%. Como se ve, según Hacienda, sin la venta del BCR la relación disminuirá rápidamente en el futuro cercano. Se ha repetido hasta el cansancio, que el Gobierno pretende que esas utilidades millonarias se las lleve un banquero extranjero y no que se queden en las instituciones nacionales. Esto representa el más puro entreguismo anti-patriota.

El gobierno de Chaves, por otra parte, se ha caracterizado por favores, descarados, a los que pagaron su campaña electoral (tal el caso de la continuación de la concesión de Caldera, el favorecer a los importadores de arroz o ayudar a los empresarios autobuseros) y ejercer la represión contra los funcionarios que discrepen de las opiniones de los ministros (caso de carretera Paquera- Naranjo, comisión de vacunación) o imponer en contrataciones públicas a empresas de su simpatía, como el caso de la empresa que sustituye a Riteve. Es el gobierno de los compadrazgos y no el del interés general. Son actuaciones por lo demás sospechosas y corruptas. Es cuestión de ver los hechos.

El Gobierno se ha especializado en montar la parafernalia, los juegos de pólvora, las distracciones verbales, para ocultar su falta total de beligerancia para afrontar los problemas nacionales.

Mientras se da la imagen de que los problemas se están enfrentando por el bien común, la inflación, sea el aumento general de precios, sigue disparada (12%), la pobreza crece (400 mil niños y niñas viven en pobreza), la desocupación no cede porque la gente ya se cansó de buscar trabajo y la agenda legislativa del Gobierno de Chaves hasta ahora conocida es la venta de activos como el BCR, el INS y Bicsa y el apoyo decidido al proyecto de jornadas 4/3 que liquida el pago de horas extras. Nada en favor del pueblo.

Esos son los hechos, envueltos en hojas de promesas, bravuconadas y desplantes. Lo que hay es una política típicamente neoliberal de Chaves condimentada con baile, “bombas” y una pizca de autoritarismo.

Todo ello con el fin de impulsar una política neoliberal de lo peor que ha ocurrido en nuestro país, mediante cantos de sirena que engatusan a las mayorías.

Alguien me decía hace unos días: Chaves vende el Teatro Nacional y aquí nadie reacciona. Ya veremos.

POBREZA ESTRUCTURADA ¿Cómo podríamos frenar la desigualdad y pobreza crecientes?

Escrito en 01/07/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Herbert E. Contreras Vásquez, MSc.*

Según datos derivados de las autoridades económicas globales, el Producto Interno Bruto costarricense ha pasado de 20 millardos de USD en 2002 al orden de 60 millardos de USD al presente año.

Es decir, nuestra generación de riqueza se ha triplicado mientras descendimos al octavo lugar de desigualdad económica y social internacional.

Recuerdo una acotación hecha hace menos de 10 años por el Dr. Rolando Araya Monge quien manifestó que en los años 80 la Planilla Nacional (pública y privada) absorbía la mitad de nuestro PIB y que en la actualidad ha descendido a menos del 25 %.

A partir de 1982, después del encontronazo económico con los Agiotistas Internacionales de nuestro Último Estadista (1978-1982); iniciamos con los tristemente célebres Programas de Ajuste Estructural junto al proceso de satanización de nuestro Modelo de Estado Solidario.

Se le pusieron pesadas carlancas al ICE para impedirle desarrollar su mundialmente reconocida capacidad gerencial, técnica y ambiental. Y ni qué decir sobre su veto para incursionar en telefonía móvil.

Obviamente, se atacaron en primera instancia algunas empresas estratégicas pertenecientes al Soberano; valga citar a FERTICA y CEMPASA con las consecuencias harto conocidas.

La intención de entregar a manos del Casino Global nuestras instituciones productivas y rentables persiste.

Por si alguien duda, Kolbi y la FANAL tienen precio asignado como Espada de Damócles y sobre RECOPE sobrevuelan los buitres neoliberales.

Nuestra institución encargada de los hidrocarburos maneja el 70 % de la matriz energética nacional (un pequeño botín de no menos de 2,0 millardos de USD anuales) y al ICE le impusieron por Ley de La República el yugo financiero de los mal llamados Cogeneradores Eléctricos Privados.

No sobra recordar que a partir de la aplicación del Programa PL 480, arrancó la defenestración de nuestro Sector Agropecuario que nos tiene hoy importando más del 50 % de los alimentos que consumimos.

Y nuestros dignos y laboriosos agricultores hoy inundan los cinturones de miseria de León XIII, Pavas e Infiernillo y sus hijos desbordan las cárceles.

Como la procesión de los prestidigitadores del mercado no se detiene, los corifeos del odio han proferido sus encantamientos contra los Empleados Públicos.

En decenios no se han actualizado los salarios base de los burócratas y sus sindicatos se han visto en la necesidad de compensar la capacidad adquisitiva de los asalariados por medio de los llamados «pluses».

Estos pluses han pasado de lo esencial como el ajuste para «compra» de material didáctico para los Educadores (aumento salarial solapado), hasta el abuso y el ridículo en algunos pocos casos denominados «privilegios» laborales.

Este desorden orquestado tiene su génesis en la falta de Políticas de Estado en materia de sueldos y salarios que abarcan los miserables estipendios de los trabajadores del Sector Privado.

Se requiere cambiar el modelo matemático, para distribuir la riqueza que todos producimos por medio del trabajo remunerado.

Desde 1982 la riqueza productiva en la Nación ha crecido sustancialmente, más no así su distribución que ha caminado en sentido contrario.

La solución para la concentración de riqueza, estancamiento y retroceso de sueldos y salarios; pasa por la inclusión del parámetro PIB en una nueva fórmula matemática para calcular los ajustes.

Este es un indicador mundialmente aceptado, aunque no es el único ni el mejor parámetro.

No existe argumento Ético para negar que el esfuerzo de los trabajadores es el que genera verdadera riqueza. Esto ni siquiera debería discutirse.

El clientelismo electorero debe terminar cuanto antes. Éste es usufructuado por la auto denominada «clase política» (que ya no le teme al Pueblo) y ha manejado a su antojo a una franja de votantes (envilecidos en la miseria) con su Asistecialismo Social.

No tengo conocimientos Actuariales, pero me atrevo a citar algunas variables para esa nueva ecuación de ajustes salariales: costo de la canasta básica ampliada y actualizada, tipo de cambio de las divisas, costo del dinero en las entidades financieras, entre otros y, por supuesto el porcentaje de crecimiento del Producto Interno Bruto.

También requerimos de una revisión justa y equitativa de los salarios mínimos, para que en vez de ser un monto de sobrevivencia precaria, sean remuneraciones de subsistencia real y decorosa.

No veo otra manera de enfrentar y resolver de inmediato la injusta, descarnada y violenta desigualdad social de la Nación.

Ni el Gobierno Central podría replicarlo ya que sus ingresos tributarios están estrictamente concatenados al PIB.

Y del Sector Privado ni hablar, desde los famosos CAT’s; han expatriado sus fortunas a los Paraísos Fiscales.

Por esta vía, vamos en franca ruta de confrontación social de carácter imprevisible y de grandes penurias y sufrimientos.

Es cuestión de tiempo, o en su defecto nos transformaremos en un México, Honduras o Colombia y más pronto que tarde seremos otra Nación inviable de Abya Yala.

*Poeta, Ingeniero, Educador e Investigador costeño.

EL CAMINO DE ALVARADO

Escrito en 18/03/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Óscar Madrigal

El día de ayer el Ministerio de Hacienda informó sobre los resultados de las finanzas públicas, resaltando los buenos resultados en cuanto a un superávit primario de 0,06% del PIB corolario de la reducción del gasto primario más fuerte y radical de los últimos 10 años. Es claro que esta reducción se debe al congelamiento de los salarios de los empleados públicos, menos infraestructura, vivienda, pensiones no retributivas, en fin, en la aplicación de una rigurosa regla fiscal que es el reflejo de la austeridad implacable aplicada por el gobierno de Alvarado.

Sin embargo, esa cifra es presentada como un gran logro, lo cual sería significativa si otros componentes de las finanzas fueran concordantes. Es que otras cifras llamaban la atención y a la preocupación.

El pago de la deuda pública, solo en lo que respecta al pago de intereses, en estos 4 años del gobierno de Alvarado se disparó, y en febrero de este año se registró un monto de ₡459.162 millones (1,07% del PIB), el más alto de los últimos 17 años.

Como se aprecia del gráfico adjunto, los intereses pasaron del inicio del gobierno de Alvarado de 122 mil millones de pago intereses de la deuda a 460 mil millones. El crecimiento del pago de intereses ha crecido exponencialmente en este Gobierno. En el año 2017, representaba este rubro un 0.19% del PIB, mientras que a febrero de este año representaba el 1.07%, un crecimiento desbocado.

Es significativo que la deuda pública también ha venido creciendo sustancialmente en estos años. Según Hacienda “en los primeros dos meses del año la deuda se ha incrementado de forma nominal en ¢456.817 millones, pues a diciembre de 2021, la deuda total del Gobierno Central ascendió a ¢27.271.988 millones”. La deuda sumaría en números redondos alrededor de 27.728.805 millones (casi 28 millones de millones de colones).

El resultado es un país cada vez más endeudado.

Todo parece indicar que la nueva deuda adquirida, los nuevos empréstitos, solo han servido para pagar deuda, en especial sus intereses.

Es un camino sin solución.

Restringimos el gasto público y social con el fin de obtener un superávit primario, pero a la vez nos endeudamos más para pagar intereses de la deuda. Al final del camino habrá solo mejores condiciones para seguir pagando la deuda.

El camino seguido por este gobierno solo le da tiempo a la bomba que estallará causando mayores daños sociales.

Pero había otro camino.

Cómo se reparte el queque

Escrito en 30/01/2022. Publicado en Análisis, Coyuntura.

Oscar Madrigal

El Banco Central anunció con gran satisfacción que el PIB, la producción de bienes y servicios del país, creció el año pasado un 7,6%, el más alto de los últimos años. Recibimos la noticia con una gran sonrisa porque eso significa que la riqueza en Costa Rica aumentó considerablemente en el 2021. El pastel o el queque creció y ahora es mucho más grande que hace un año, lo cual debería convertirse en mejores condiciones para toda la sociedad.

En otras palabras, de ese pastel que creció tanto, a los diversos sectores sociales debería corresponderle una tajada mayor o más grande.

Sin embargo, las estadísticas oficiales señalan que el desempleo el año pasado fue del 15% y que antes, en el 2019, era del 12,2%; somos el segundo país con mayor número de desempleados de Latinoamérica. La sonrisa se empieza a desdibujar.

La parte del pastel que corresponde a salarios no crece y según un estudio del grupo neoliberal Academia de Centroamérica, es que TODOS los salarios disminuyeron durante la pandemia, es decir, la tajada del queque que les correspondería a los trabajadores, especialmente de la empresa privada, es más pequeña. El aumento de la riqueza no se vio reflejada en mejores salarios. La sonrisa ya desapareció.

Y definitivamente desaparece la sonrisa al saber que el 26% de nuestros compatriotas en 2021 vive en pobreza y que casi 400.000 HOGARES viven en pobreza y 6.3% en extrema pobreza. La pobreza en el 2021 (año del 7,6% del PIB) es la segunda más alta desde que se hacen esos estudios en el país. La tajada del queque de la riqueza nacional producida en ese año es trasparente para este grupo de compatriotas.

Como puede deducirse, la riqueza creada por todos nosotros (los obreros que producen la piña o el banano, los trabajadores de las zonas francas que producen los instrumentos médicos, los consumidores que requieren de los productos, los que invierten, etc.) no se distribuye con equidad y en beneficio de todos los sectores. Las tajadas en las cuales se parte el queque son muy desiguales.

La economía, se deduce del dato del crecimiento del PIB, se ha reactivado. Los candidatos a presidente se refieren con mucha frecuencia a que, por ejemplo, para reducir el desempleo, primero hay que reactivar la economía. Sin embargo, los hechos indican que eso no es suficiente. Es necesario cambiar la forma en que se reparte el queque, la forma en cómo se distribuye la riqueza creada por todos.

Las teorías del derrame, -que parecen pregonar la casi totalidad de candidatos-, no alcanza a los que más necesitan en justicia. Es necesario introducir algunos cambios en la redistribución del PIB, de la riqueza generada. No estamos ni a nivel de la teoría del goteo porque los salarios están prácticamente congelados y las trasferencias sociales absolutamente desfinanciadas.

José María Villalta, el candidato del Frente Amplio, propone en su programa una serie de medidas para cambiar radicalmente la forma en que se reparte el queque, para que cada una de esas tajadas se redistribuya de manera que se vayan rompiendo las grandes brechas sociales que hoy nos hacen ser uno de los países más desiguales del mundo.

En una reunión con los empresarios ha insistido en que es necesario que los sectores que se dejan una parte muy grande del pastel, como las zonas francas, contribuyan con la sociedad a través del pago de un impuesto del 15% sobre las utilidades. Esta propuesta no genera desocupación ni salida de empresas porque hacia esa meta avanza el mundo, tal y como piden EEUU y la OCDE.

Esta y otras propuestas es lo que necesita el país para crear riqueza con una justa distribución.

Paraísos fiscales, infiernos sociales

Escrito en 05/11/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Zaray Esquivel Molina, presidenta de la APSE

Mientras los ricos y poderosos evaden y eluden en paraísos fiscales, una gran parte de la sociedad vive un infierno social. En Costa Rica la clase media está desapareciendo, los salarios en vez de subir, bajan, y la pobreza alcanza prácticamente a ¼ de la población.

Y es que los paraísos fiscales son los lugares donde los más ricos esconden las fortunas que han acaparado, a base de explotación laboral y exoneraciones, con el fin de evadir sus responsabilidades tributarias en los países donde operan. Así lo han demostrado los Papeles de Panamá en el 2016, y ahora los Papeles de Pandora en el 2021.

Por ejemplo, en Latinoamérica aparecen nombrados 3 presidentes, que al mismo tiempo son empresarios. Se trata de Sebastián Piñera, presidente de Chile, Guillermo Lasso, presidente de Ecuador y el mandatario de República Dominicana, Luis Abinader.

¿Y en Costa Rica? Bueno, aparecen nombres como el del exministro de Economía del gabinete de Oscar Arias, Alfredo Volio Pérez. También Juan Carlos Rojas, dirigente del equipo de fútbol Saprissa. También aparece la cooperativa Dos Pinos.

El caso de la cooperativa Dos Pinos y de Alfredo Volio son muy interesantes, porque a pesar que ambos juran y perjuran que sus sociedades en paraísos fiscales son legales y que no están haciendo nada malo, la historia dice otra cosa.

Dos Pinos creó un sistema de salarios en una empresa de papel en Belice, para evadir impuestos de renta y cuotas de la Caja en el 2014. Por esa jugada financiera, la cooperativa lechera tuvo que pagarle a la Caja 617 millones como multa, y a Hacienda 257 millones de colones.

A pesar de este manchado historial, cuando le preguntaron a Dos Pinos sobre su aparición en los Pandora Papers, la empresa dijo que no usaban esas empresas de papel para evadir y eludir. ¿Usted les creería?

Al final, son sólo las empresas más grandes, y los ricos más ricos, quienes pueden permitirse tener empresas de papel. Quienes pueden permitirse gastar millones de millones de colones para pagar bufetes, abogados y firmas que creen empresas fantasma.

Y en Costa Rica, tenemos un déficit fiscal cercano al 8%, que curiosamente es muy similar al monto que por evasión y elusión el estado deja de percibir, o sea un 8% del PIB. Ante esta realidad es imposible no preguntarse por qué las autoridades no hacen nada.

Información compartida con SURCOS por Zaray Esquivel Molina.

La regla fiscal: un fundamentalismo financiero que se debe eliminar

Escrito en 21/10/2021. Publicado en Análisis, Coyuntura.

Francisco Esquivel. Economista.

El diccionario de la Real Academia Española define fundamentalismo como “exigencia intransigente de sometimiento a una doctrina o práctica establecida”. La regla fiscal es eso exactamente. Es una limitación del gasto público aplicada férreamente sin importar las consecuencias de tal restricción. No importa si los niños pobres se quedan sin alimentos, o los ancianos pobres sin su pensión no contributiva, o si los acueductos rurales se paralizan. Incluso, si el país se queda sin censo y sin el servicio 911, tampoco es relevante para esta regla. Lo que vale es detener al “enemigo” de la economía: el gasto público. Es el neoliberalismo en su pura esencia.

Para la visión liberal el Estado es un obstáculo. Si el libre funcionamiento de los individuos produce el mejor resultado posible, ¿para qué queremos que el Estado intervenga en la economía? Por el contrario, la intervención del Estado, según este enfoque, producirá una distorsión en el funcionamiento de los mercados porque no dejará que los individuos actúen libremente, lo que se traducirá en un resultado no óptimo del mercado. Al respecto, el Estado estrujaría al individuo, cobrándole impuestos para desarrollar una intervención ineficiente. Si se eliminan los impuestos, el ingreso quedará disponible para el libre uso de los individuos, los que deberían producir lo mejor para la economía mediante los mercados libres.

El déficit fiscal de Costa Rica es importante. Amerita un programa urgente que combine equilibradamente el control riguroso del gasto y las acciones firmes para incrementar el ingreso. Sin embargo, cuando el enfoque liberal orienta la política fiscal, la disminución del gasto predomina sobre el incremento del ingreso. La experiencia reciente lo demuestra: se están impulsando acciones para aumentar la carga tributaria de los grupos de ingreso medio y bajo; sin afectar significativamente a los segmentos de ingreso alto. Así, el incremento de los ingresos será limitado. Por lo tanto, dominando la visión liberal, el equilibrio en las finanzas públicas se pierde, y la obsesión por reducir el gasto impide una acción integral de la política fiscal. En ese sentido, la gestión fiscal se reduce a perseguir partidas: salarios, compra de insumos, transferencias para la población pobre, pensiones, etc. Se recortan indiscriminadamente las partidas, sin considerar la importancia estratégica de los ministerios ni de los programas respectivos. La regla fiscal es la “fórmula operativa” de la persecución de partidas. El mecanismo es muy sencillo: se establece un nivel máximo de la deuda del Gobierno que se calcula como porcentaje respecto al Producto Interno Bruto (PIB). La política fiscal actual lo define como el 60% respecto al PIB. Si el monto de la deuda sobrepasa ese nivel, se activa un freno: se aplica un porcentaje reducido de crecimiento del gasto y el resto se acomoda a ese límite. En este momento, ese indicador sobrepasa levemente el 70%. ¿Cómo se definió ese porcentaje crítico de la deuda? Arbitrariamente. ¿Por qué no un 80%, o un 40%? En Japón ese indicador llega a 256%. En Estados Unidos el indicador asciende a 133%, mientras en Canadá equivale al 116%. Estos países aplican políticas de ingreso y de gasto para reducir los déficits; pero no se amarran a la rigidez de una regla fiscal como la costarricense, que opera en función del porcentaje de la deuda respecto al PIB.

El “truco” de la regla fiscal es condicionar el crecimiento del gasto al nivel de dicho indicador. En la situación fiscal actual, bajar el indicador desde el 70% al 60% tomará varios años; tal vez muchos. Eso dará una excusa para reducir el nivel del gasto hasta niveles insospechados. Cuando el indicador vuelva a su “nivel normal” del 60% será tarde: varias, o muchas funciones habrán sido desmanteladas. Incluso, podría suceder que el déficit fiscal se elimine en unos 3 o 4 años, pero el nivel de la deuda todavía supere el fatídico 60%. En consecuencia, tendríamos el absurdo de que el gasto se sigue recortando, aunque ya no habría déficit. El próximo gobierno, aunque intente modificar la política fiscal, no podrá hacer nada para detener la regla fiscal. La única solución es derogarla. Hay intentos por introducir excepciones; sin embargo, esas iniciativas no captan la esencia del problema: el enfoque liberal no admite parches. Por lo tanto, habrá una oposición obstinada a las excepciones porque “quebrarían” la disciplina. No se puede tapar el sol con un dedo, hay que cambiar la regla fiscal y aplicar un método diferente de control del gasto.

La persecución de partidas contiene errores metodológicos serios. En primer lugar, la regla se aplica, de manera general, al Gobierno Central (es decir, al presupuesto de los ministerios y de los otros Poderes del República) y a las entidades autónomas. Sin embargo, el déficit está en el Gobierno Central. Las instituciones autónomas tienen sus propios ingresos y normalmente no tienen déficit. Entonces, ¿por qué amarrar a las autónomas con la regla fiscal? Por ejemplo, el AyA no puede financiar adecuadamente con sus propios ingresos a las ASADAS, que administran acueductos comunales, porque “se pasa” del límite de gasto impuesto por la regla fiscal. ¡Notable ejemplo del enfoque anti estatista de la política fiscal¡: la regla fiscal se convierte en un pretexto para desmantelar las funciones básicas del Estado, en su acción descentralizada. Si las entidades autónomas no tienen déficit, ¿por qué están sujetas a la regla fiscal? No hay justificación; prevalece el prejuicio ideológico contra la acción del Estado.

Además de lo anterior, hay un defecto metodológico más grave. Antes de recortar una partida del presupuesto público, es necesario evaluar el impacto, la eficiencia y la calidad del gasto que se piensa reducir. Cualquier partida puede ser un problema, pero no de manera general. No es que, por ejemplo, los salarios, la compra de insumos o las transferencias sean malos, en sí mismos, sino que el recurso que se contrata con ese gasto se podría usar de manera ineficiente, o ser de mala calidad. La regla fiscal no evalúa el impacto, la eficiencia y la calidad del gasto; simplemente, aplica el bisturí porque el gasto público es “malo para la economía”. Lamentablemente, la regla fiscal olvida lo establecido en la ley 8131, que establece el marco operativo que se debe aplicar para obtener el máximo provecho de los presupuestos. El artículo 52 establece la obligación de los ministerios de Hacienda y de Planificación Nacional y Política Económica de velar por la eficiencia, el impacto y la calidad del gasto, aportando “los elementos explicativos necesarios para medir la efectividad de los programas, el costo unitario de los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos públicos”. Nada de esto se encuentra en la regla fiscal.

La regla fiscal está generando daños que justifican su eliminación. Cercena áreas importantes de la gestión pública, de manera arbitraria, obedeciendo al dogma anti estatal. Y lo hace sin evaluar lo básico: la eficiencia, el impacto y la calidad del gasto. Por lo tanto, debe sustituirse por un riguroso control del gasto, orientado por la ley 8131, sin los defectos metodológicos citados.

Promotora Costarricense de la Innovación y la Investigación: Reflexiones a posteriori de la aprobación del proyecto

Escrito en 28/02/2021. Publicado en Análisis, Coyuntura.

José María Gutiérrez
Profesor Emérito, Universidad de Costa Rica

Recientemente fue aprobado en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que transforma el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) en la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación. La tramitación de este proyecto, el apoyo que recibió por parte de las autoridades de ciencia y tecnología, y las reacciones que motivó en la comunidad científica ofrecen insumos importantes para la reflexión. Presento a continuación algunas consideraciones, con la idea de que contribuyan a generar más discusión sobre el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI).

Visiones encontradas del desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación

Las discusiones alrededor de este proyecto dejaron ver diferentes visiones de los rumbos que debe tomar el desarrollo de la CTI en el país. Más allá de la retórica que busca mostrar consensos donde no los hay, aparecen en el escenario nacional visiones contrapuestas sobre este tema. Por un lado, se nos presenta una concepción de que la CTI es básicamente un instrumento de desarrollo económico. Esta perspectiva, que permea la médula del proyecto mencionado, centra la prioridad de los procesos de desarrollo y transferencia tecnológica e innovación hacia la provisión de insumos para el fortalecimiento del sector productivo y, más específicamente, del sector productivo empresarial. El conocimiento, desde esta perspectiva, es básicamente un elemento para el crecimiento de la economía y, en particular, de cierto sector de la economía.

Para muestra un botón: en las versiones iniciales de dicho proyecto no se incluía la ciencia entre los objetivos de la Promotora y solamente se asignaba un puesto para la comunidad científica en la integración de la junta directiva, dominada por cámaras empresariales. Que esto cambiara parcialmente en la versión final del proyecto se debe a la presión ejercida por la comunidad científica nacional, no a la visión de quienes gestaron y promovieron el proyecto de ley.

Frente a esta concepción emerge una visión alternativa que parte del concepto de que la CTI constituye un conjunto de componentes de carácter sistémico, los cuales deben ser vistos y promovidos integralmente. El complejo CTI incluye la generación de conocimiento básico a nivel de ciencias naturales y sociales, el desarrollo tecnológico y la transferencia de tecnología a sectores de la sociedad que demandan este conocimiento, la innovación, y el fomento de una cultura científica que socialice el conocimiento y contribuya a forjar una ciudadanía informada y crítica. Se trata de un engranaje complejo que va desde la generación de conocimiento fundamental, por medio de la ciencia, hasta la aplicación de dicho conocimiento de muy diversas formas y en beneficio de amplios sectores de la sociedad.

Desde esta perspectiva, la innovación, el desarrollo tecnológico y la transferencia de tecnología son fundamentales, pero son solo algunas piezas de un engranaje mucho más complejo. Esta visión sistémica e integral de CTI demanda un delicado equilibrio entre los diversos componentes del sistema, incluyendo la ciencia básica. Además, los beneficios del conocimiento no solo deben permear al sector económico, sino también a muchos otros ámbitos de la sociedad. Por ello, la excesiva priorización en algunos de los componentes va en detrimento del carácter holístico que debe prevalecer en la CTI. Sin una ciencia básica fuerte, apoyada desde el estado, que genere ideas realmente novedosas, la innovación y la transferencia de tecnología serán muy limitadas. Esta concepción integral de CTI es la que ha privado en los países donde la ciencia y la tecnología se han insertado como elementos esenciales para generar prosperidad y equidad.

Existe un evidente distanciamiento entre las autoridades de CTI y la comunidad científica nacional

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante el proceso de discusión de este proyecto fue la evidente escisión y distanciamiento que existe entre las autoridades políticas de CTI y la comunidad científica nacional. Para quienes integramos esta comunidad fue muy claro, desde un inicio, que el proyecto de marras tendría un impacto negativo para la ciencia del país. Eso lo manifestaron tanto la Academia Nacional de Ciencias como el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, así como diversos sectores del ámbito científico, en foros y artículos. Lamentablemente estas opiniones no recibieron la atención debida por parte de las autoridades de CTI, ni de las señoras y los señores de la comisión legislativa que promovieron este proyecto. No fue sino hasta el final, ante la presión de investigadoras e investigadores, que se introdujeron algunos cambios. Esto ha generado molestia y decepción en un amplio sector de la comunidad de ciencia y tecnología.

Lo anterior revela un distanciamiento notorio entre la comunidad científica y las autoridades nacionales de CTI. Esto no es nuevo, ya que desde hace décadas quienes trabajamos promoviendo la investigación científica hemos observado un desinterés evidente, de parte de los sectores políticos, por las necesidades, limitaciones y urgencias que tenemos en nuestro campo. El Informe del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, elaborado por el Programa Estado de la Nación, fue muy claro en este sentido, al detectar una disyunción entre los planes oficiales de CTI y las áreas científicas en las que el país ha acumulado fortalezas. Esta dislocación es un problema importante que se debe reconocer y atender, porque limita seriamente el desarrollo de la CTI.

¿Cómo fortalecer la ciencia en Costa Rica?

El escenario arriba descrito nos obliga a replantearnos el tema de cómo fortalecer la ciencia en el país. De prevalecer el modelo ‘economicista’ descrito, aunado a la creciente reducción de la inversión pública en este y otros ámbitos esenciales, es muy probable que la ciencia costarricense se debilite paulatinamente en el futuro cercano. La comunidad científica y el país en general debemos evitar que esto ocurra. Pero ¿qué hacer? La pregunta invita a procesos de reflexión colectivos. A continuación, presento algunas consideraciones al respecto.

Generar instancias de organización de la comunidad científica: Es evidente que las autoridades nacionales de ciencia y tecnología, y la clase política en general, no le han dado la prioridad debida al desarrollo científico nacional. Ante esta realidad, la comunidad de investigadoras e investigadores debe movilizarse para gestar formas novedosas de organización, con el fin de promover la ciencia en el país. En esto tiene un importante papel que jugar la Academia Nacional de Ciencias, pero también otras formas de organización del sector. Por ejemplo, un grupo de investigadoras e investigadores está gestando la creación de un colectivo de personas jóvenes, que inician su carrera, de manera que sirva de punto de encuentro para compartir inquietudes y desarrollar iniciativas que les permitan consolidarse en dinámicas de creación científica. Es necesario que la comunidad científica sea más proactiva en acciones de carácter político que promuevan la ciencia y en participar más activamente en la vigilancia de procesos legislativos que atañen a su campo de trabajo. Ello implica también presionar a los sectores políticos de CTI para que asuman una visión más integral. Se requiere poner en marcha amplios procesos de discusión sobre el desarrollo de la CTI que conduzcan, entre otras cosas, a afirmar la relevancia de la investigación científica para el país.
Defender la autonomía y el presupuesto de las universidades públicas: Las universidades públicas son, con mucho, el principal reservorio de ciencia y tecnología del país. Estas instituciones, gracias a su autonomía, han sabido resistir las presiones externas que intentan volcar la investigación al plano económico prioritariamente. Las universidades públicas han desarrollado una agenda de investigación integral, que fomenta el desarrollo equilibrado de las ciencias básicas, las ciencias sociales, las tecnologías, las letras y las humanidades. Y también han sabido proyectar este cúmulo de saberes a diversos sectores de la sociedad. Ha sido gracias al esfuerzo sostenido de estas universidades que el país cuenta con colectivos fuertes en varias áreas del conocimiento. Y esto se ha efectuado muchas veces a contrapelo de las políticas oficiales nacionales de CTI. Pero las universidades están siendo sometidas a procesos de acoso externo sin precedentes, que tocan aspectos esenciales de su autonomía y que debilitan su financiamiento. El efecto que estos procesos tendrían sobre la ciencia nacional puede ser devastador. Por ello, una acción política clave, no solo de las comunidades universitarias sino del país en general, es la defensa a ultranza de la autonomía universitaria y del presupuesto de estas instituciones. Así mismo, es esencial mantener la filosofía integral de desarrollo académico y científico en ellas.
Fortalecer el colectivo de investigadoras e investigadores del país: El eje central de cualquier proceso de desarrollo de CTI es contar con un colectivo de personas muy bien formadas en el país y el exterior, comprometidas con la investigación científica y tecnológica. Costa Rica, sobre todo a través de las universidades públicas, ha logrado consolidar una comunidad científica, pero la misma adolece de falta de redundancia, y presenta problemas de brechas de género, relevo generacional y endogamia académica, como lo señaló el informe del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Las crecientes limitaciones fiscales y las restricciones presupuestarias perjudican la contratación de personas jóvenes bien formadas y muchas de ellas han optado por trabajar en el extranjero. Además, el sector privado ha sido muy omiso en cuanto a ofrecer oportunidades para personas que trabajen en investigación. Todo esto obliga a gestar formas ingeniosas y creativas para abrir espacios a las nuevas generaciones de investigadoras e investigadores del país. Cómo hacerlo es una tarea que requiere compromiso, creatividad y voluntad política. En buena medida, el futuro de la CTI nacionales depende de ello.
Gestar formas novedosas de financiamiento de la investigación: La crisis fiscal del país, la reducción de los presupuestos universitarios y las políticas erráticas de ciencia y tecnología han hecho que el porcentaje del PIB dedicado a investigación y desarrollo en el país se haya reducido a valores cercanos al 0,4%, más bajos incluso que el promedio de América Latina. Ello demanda esfuerzos creativos de diverso tipo en procura de formas novedosas de financiamiento de la investigación. Se requiere desarrollar mejores destrezas de captación de recursos externos para la investigación, mediante alianzas internacionales y un mejor conocimiento de las oportunidades que ofrece el universo global de la ciencia y tecnología. El sector privado debe comprometerse mucho más en este tema del financiamiento y se deben promover incentivos fiscales para el apoyo de la ciencia. El problema invita a nuevas formas de financiamiento en el país, como podría ser asignar un porcentaje del presupuesto de algunas instituciones autónomas para investigación en áreas de su interés. Además, se plantea la necesidad de establecer un tributo a las empresas de zonas francas para apoyar la ciencia y la tecnología nacionales. Es una responsabilidad que este sector tiene con el país.
Forjar colectivos de investigación y fomentar alianzas internacionales: La ciencia hoy día funciona con base en emprendimientos de carácter inter- y trans-disciplinario alrededor de temas complejos. Debemos avanzar hacia formas de trabajo colectivas donde las fortalezas de los grupos compensen las debilidades. Así mismo, se requiere fortalecer una política de alianzas académicas internacionales, que permitan a nuestros grupos acceder a proyectos y facilidades con las que no contamos en el país, así como a financiamiento compartido. Para esto, debemos depurar cada vez más la calidad de nuestro trabajo científico y tecnológico. Conviene también fomentar los nexos con la diáspora científica costarricense ubicada en muchas instituciones en el mundo, la cual ha mostrado una excelente disposición por vincularse con los esfuerzos científicos del país.
Fomentar la participación ciudadana en el fortalecimiento de CTI: La propuesta economicista de CTI únicamente concibe a los sectores productivos empresariales como los beneficiarios del conocimiento científico-tecnológico. Esta visión reduccionista requiere ser sustituida por la concepción de que la CTI debe permear a todos los sectores de la sociedad, no solo en el plano económico, sino también en los planos social, cultural, ambiental y otros. Y entender que la ciencia, como forma de comprender la realidad, es parte de la cultura. Para ello se requiere fomentar la educación científica y los vínculos de la comunidad de investigación con amplios ámbitos de la sociedad, así como promover el conocimiento científico de la realidad como un auténtico insumo para mejorar la calidad de vida. Además, es necesaria la creciente participación ciudadana en las discusiones y tomas de decisión sobre temas relativos a la CTI.

A manera de conclusión

Costa Rica está inmersa en procesos políticos en los que se deciden aspectos esenciales para el futuro del país, incluyendo cuál será el papel de la CTI en el desarrollo nacional. Las visiones que subyacen detrás del proyecto de la Promotora Costarricense de la Innovación y la Investigación no son muy halagüeñas para la ciencia del país. La comunidad nacional, incluidos los sectores de investigación en ciencia y tecnología, debe reflexionar críticamente sobre los rumbos que lleva y debería llevar la CTI nacional. Solo una decidida y activa participación de la comunidad de ciencia y tecnología, y de la ciudadanía en general, podrá garantizar que la CTI se consolide integralmente, reciba el apoyo político que requiere y aporte a un desarrollo centrado en la prosperidad, la equidad y la solidaridad, el cual beneficie a toda la sociedad y no solo a algunos sectores.

Fotos: UCR