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Etiqueta: piña

El lado amargo de la dulzura: a propósito de un reciente reportaje crítico de la televisión francesa (France2) sobre la piña costarricense

Nicolas Boeglin (*)

Hace un mes, el 11 de junio del 2019, se difundió en Francia un reportaje elaborado por un equipo de periodistas de una de las principales cadenas de televisión, France 2, a raíz de su visita a Costa Rica.

Titulado «Costa Rica : le commerce juteux de l’ananas«, está disponible en este enlace, en el que se pueden apreciar diversos efectos del cultivo de la piña de la variedad MD-2 (más conocida internacionalmente como «Sweet Gold«, «Golden» o «Extra Sweet«) que bien conocen varias comunidades y organizaciones ecologistas de Costa Rica, así como algunos universitarios.

Como bien es sabido, la extrema dulzura de la MD-2 ha permitido a esta variedad de piña implantarse con gran fuerza desde Costa Rica en el mercado mundial de la «fruta fresca» exportada, y ello desde mediados de los años 2000, desplazando a todas las demás variedades de piña. Las comillas usadas en la frase anterior refieren al hecho que se trata de frutas que, a penas cosechadas en el campo, entran en una cadena de frío, pasando varias semanas a temperaturas muy bajas; estas frutas vienen cargadas de sustancias químicas, en aras de aparentar frescura y buena apariencia una vez colocadas en un anaquel en Europa o en Estados Unidos.

La voracidad de algunos pareciera no tener freno alguno. En esta nota en francés del año 2016 sobre el mercado mundial de la piña, titulada «Marché mondial de l’ananas frais«, el autor señala que:

«L’offre est quasi monovariétale : le MD-2. Une origine, le Costa Rica, alimente 87 % de la consommation de l’UE et 82 % de celle des États-Unis, les deux principaux marchés«.

Este reportaje televisivo difundido en junio del 2019 pasó prácticamente desapercibido en los medios de prensa de Costa Rica: una ocasión que nos parece propicia para explicar por qué.

Reportajes críticos sobre la piña en medios europeos e información en medios costarricenses: breves apuntes

Dicho reportaje fue únicamente objeto de una reseña por parte de la redacción de ElMundo.cr (véase nota de este medio digital, titulada «Noticiero francés expone contaminación por agrotóxicos en las piñeras costarricenses«, edición del 15/06/2019) y por parte de los redactores de The Costa Rica News (véase nota titulada «French News Channel Exposes Pollution by Agrochemicals in Costa Rican Pineapple Plantations» del 17/6/2019). Días después, en el periódico La República, una nota titulada «Canal francés expone problemática de plaguicidas en Costa Rica» lo reseñó de igual manera en su edición del 21 de junio (véase nota).

No es la primera vez que un reportaje crítico con relación a la piña exportada por Costa Rica es pasado por alto (o casi): a finales del 2018, la piña costarricense fue seleccionada por la BBC entre los cinco productos de consumo masivo más dañinos para el ambiente (véase nota de la BBC titulada «Five products you didn’t know were harming the environment«, Suplemento Science & Environment, edición del 2/11/2018). Salvo error de nuestra parte, no motivó medio alguno de prensa costarricense a referirse a ello, y su eventual reseña no dejó rastros en la red.

Con respecto a Francia, cabe precisar que no es la primera vez que una de sus televisoras investiga con mayor detenimiento lo que el consumidor encuentra a precios tan cómodos en las góndolas de los supermercados franceses: véase por ejemplo documental disponible en este enlace realizado a finales de los años 2000 por un equipo de la emisión » Envoyé spécial «, titulado « L’ananas : une success story inégalée ! «: con unos 25 minutos de duración, se detallan en él varios aspectos negativos de la piña costarricense a partir de diversas entrevistas.

Sitios especializados franceses también buscan dar a conocer la realidad de la piña costarricense que no se deja ver en los estantes publicitarios de supermercados galos: véase por ejemplo, entre muchos otros, extensa nota titulada «Jorge Castro, le paysan en marche pour dénoncer l’expansion de la monoculture d’ananas au Costa Rica«, publicada en el 2017 en el sitio de Greentrotteurs y esta otra nota del sitio Beurk del 2012 titulada «Ananas sweet du Costa-Rica, vous reprendrez bien un peu d’éthéphon ! » (el Etefón – nombre químico: ácido 2-(cloroetil)fosfónico – es el ingrediente activo de un producto denominado Ethrel, utilizado para realizar la inducción floral a la hora de producir piña MD-2).

Como se explicará a continuación, la piña costarricense está interesando cada vez más a medios de prensa y a instancias internacionales; incluso, algunas comunidades rurales impactadas por su expansión han tenido que recurrir a mecanismos de protección internacional en materia de derechos humanos, ante la actitud omisa del Estado costarricense.

Foto extraída de nota de la organización Swedwatch, titulada «Toxic pesticides on Costa Ricas plantations», 2013

Un producto objeto de promoción… y de especial mutismo por parte del Estado en cuanto a sus efectos negativos

Datos estadísticos oficiales (dados por la misma Promotora del Comerio Exterior de Costa Rica, PROCOMER) indican que Costa Rica exportó piña fresca en el 2015 por un valor de 804,8 millones de US$, en el 2016 por valor de 874,2 millones de US$ y en el 2017, por valor de 940,7 millones de US$. Según señalado por el titular de la cartera de agricultura en el 2017, la piña genera unos 48.000 empleos en Costa Rica, incluyendo empleos indirectos (véase artículo publicado en La Nación).

Ahora bien, el entusiasmo oficial en dar a conocer estas cifras contrasta con el mutismo de varias entidades del mismo Estado costarricense cuando de algunos efectos de la piña se trata, tal y como lo veremos a continuación.

Imágenes satelitales confirmaron en el mes de enero del 2019 el alcance de la expansión piñera descontrolada que se da en Costa Rica, sin provocar mayor reacción por parte del aparato estatal (véase nota de Elpais.cr). En junio del 2018, estudios técnicos sobre contaminación del agua para consumo humano en la Zona Norte de Costa Rica arrojaron una serie de cuestionamientos (en nuestra opinión, particularmente graves) sobre el actuar irresponsable de las autoridades sanitarias y agropecuarias (véase nota del Semanario Universidad titulada «UCR revela que agua en la zona norte registran contaminación con agroquímicos«).

La misma sensación de apatía estatal generalizada se percibió al alertar tempranamente el máximo órgano de la Universidad de Costa Rica (UCR) a la opinión pública (en diciembre del 2008) sobre los efectos dañinos de la producción piñera: véase pronunciamiento de diciembre del 2008 del Consejo Universitario de la UCR titulado «Consecuencias socioambientales de la industria piñera en Costa Rica«. Su lectura integral se sugiere, en particular una de sus recomendaciones de indignante actualidad, 11 años después de emitida (Nota 1).

Otras serias advertencias han mantenido desde entonces al aparato estatal en una actitud silenciosa: véase por ejemplo, entre otros, artículo publicado en el 2017 por el Dr. Allan Astorga Gättgens, ex Secretario General de la SETENA, en el sitio de HablandoClarotitulado «Piña vs Agua: el costo del sacrificio ambiental» y otro artículo del mismo autor publicado en el 2011 en La Nación titulado «La cuestionable sostenibilidad ambiental de la piña«, en el que el autor señala que:

«La sustitución operada en la resolución 2286 – 2009 Setena del 25 de setiembre del 2009 del EDA por el EIA (por una Setena intervenida, como bien se sabe, por el Ministerio de la Competitividad) contradice nuestro ordenamiento jurídico y los principios de prevención que incluye nuestra normativa«.

Salvo error de nuestra parte, esta cuestionable resolución del año 2009 no ha sido derogada desde entonces, por lo que la piña sigue expandiéndose al amparo de esta, es decir eximida de todo estudio de impacto ambiental (EIA) previo y obligatorio.

El precitado artículo del Dr. Astorga, que no ha dado lugar a ninguna refutación luego de ser publicado en el 2011, es contundente en sus conclusiones:

«Es urgente reorientar una producción piñera que, lejos de ser un orgullo para la imagen verde de nuestro país ante el mundo, se ha convertido en una vergüenza nacional«.

Cabe precisar que a nivel local, son muchas las voces acalladas por el temor: a este respecto, un reportaje de febrero del 2014 “No nos tapen la boca: hablemos de la contaminación piñera” en homenaje a Mayra Eugenia Umaña, ilustra el tipo de presiones a las que son sometidas las personas que, desde sus pequeñas comunidades rurales, osan elevar la voz contra las empresas piñeras (véase reportaje del canal universitario Canal15 UCR, disponible aquí).

Recomendaciones de experta de Naciones Unidas (también) desoídas por el Estado costarricense

Resulta oportuno recordar que las advertencias tempranas a Costa Rica (2009) también provinieron de la esfera internacional.

En efecto, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Agua y Saneamiento, Catarina Albuquerque, visitó Costa Rica en el 2009 (véase texto del informe completo). En su informe incluyó lo siguiente:

«71. La Experta independiente desea expresar su preocupación respecto del empleo de Bromacil, Diurón y otros plaguicidas en las explotaciones agrícolas, en especial en las plantaciones de piña tropical, habida cuenta de que esos productos han sido relacionados con diversas formas de cáncer en caso de ser consumidos en grandes cantidades durante un período prolongado «(p. 22, punto 71).

La misma experta recomendaba en su informe del 2009 lo siguiente:

«85. La Experta independiente recomienda que Costa Rica apruebe, como medida prioritaria, los proyectos de decreto ejecutivo destinados a reglamentar el uso de Bromacil y Diurón en las explotaciones agrícolas» (p. 26, punto 86).

Como suele ocurrir con informes de esta naturaleza elaborados por entidades y/o expertos internacionales, su difusión en Costa Rica fue escaza, limitándose a algunos especialistas y a un aparato estatal debidamente notificado (pero muy poco interesado en divulgar su contenido).

Piña y autoridades costarricenses, o la historia de un parco aparato estatal

Las recomendaciones externadas por la experta de Naciones Unidas en el 2009 no tuvieron mayor efecto en Costa Rica.

Por supuesto que en los años posteriores se crearon comisiones interinstitucionales, se elaboraron diagnósticos, estudios diversos, se publicaron manuales de buenas prácticas agrícolas, se establecieron plataformas de producción responsable y demás iniciativas muy publicitadas por algunos sectores costarricenses: tanto, que sugiere en algunos casos que se trata más de una estrategia de comunicación que de herramientas eficaces para limitar los impactos negativos de la producción piñera en Costa Rica.

Con relación a la inacción estatal antes señalada, fue constatada (por enésima vez) 10 años después de las recomendaciones de la experta de Naciones Unidas, en enero del 2019 por el mismo juez constitucional costarricense. En efecto, en la sentencia N° 2019-000695 del 18 de enero del 2019 sobre aguas contaminadas en la Zona Norte, la despreocupación de las entidades se evidenció una nueva vez al indicarse que:

«…los Magistrados declararon con lugar el recurso, pues se acreditó que desde hace años todas las instituciones involucradas -Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Tribunal Ambiental Administrativo, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Energía, el Servicio Fitosanitario del Estado y el Ministro de Agricultura y Ganadería-conocían la existencia de denuncias por riesgo de contaminación de diversas nacientes en las comunidades afectadas y, pese a ello, incumplieron su obligación, en atención al principio de coordinación interinstitucional en materia ambiental y del principio precautorio, de atender la situación con la premura necesaria para este tipo de problemas» (véase resumen de sentencia).

Esta decisión del 2019 puede ser comparada a la resolución Nº 2009-09041 del juez constitucional adoptada 10 años antes, con relación a la contaminación provocada por empresas piñeras en El Cairo y Milano de la región de Siquirres. Esta sentencia del 2009 fue objeto de una nueva decisión del 2013 en la que la Sala Constitucional (bastante molesta) señaló sin mayor contemplación que:

«Sobre el particular, esta Sala tiene plena e idóneamente demostrado la desobediencia a lo dispuesto en la Sentencia supra mencionada» (véase texto de la resolución 2013-05065).

Conocer de denuncias en materia de piña y no hacer mayor cosa por parte del Estado pareciera ser lo usual en Costa Rica; cuando se hace algo, puede entonces pasar que los análisis físico-químicos del agua realizados por las autoridades no encuentren lo que sí detectan laboratorios independientes (Nota 2).

Piña y ciencia jurídica, o la historia de cómo la normativa vigente se desvanece

Como se indicó anteriormente, desde el 2009 una resolución de la SETENA permite eximir a las plantaciones de piña de todo estudio de impacto ambiental (EIA) previo y obligatorio. No es la única normativa ambiental vigente que ha dejado de aplicarse en aras de favorecer la expansión piñera en Costa Rica, y estudiosos de la ciencia jurídica bien podrían ahondar en lo que someramente indicaremos en las líneas que siguen.

¿Principio precautorio? ¿Compensación por daño? ¿Implementación del principio «quien contamina paga«? Cuando de piña se trata en Costa Rica, se asiste a lo que se podría denominar una verdadera «desaplicación» de estos principios jurídicos básicos en derecho ambiental: al día de hoy, ninguna empresa piñera se ha visto forzada a compensar económicamente a comunidades que se han quedado sin agua potable, como tampoco a cámaras de ganaderos que se han visto afectados por la proliferación de la denominada «mosca de establo«.

Sobre este último aspecto, un documento que lleva el sello del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y de la Universidad Nacional UNA), “Boletín de Parasitología”, alertaba sobre el riesgo de proliferación de este insecto en caso de mal manejo de los rastrojos de la piña: lo llamativo es que fue publicado en el 2003. En el 2016, la situación fue tal que una emergencia sanitaria en siete cantones piñeros fue decretada (véase Decreto Ejecutivo 39902-MAG del 28/08/2016 publicado en el Alcance Digital 207 a la Gaceta del 5/10/2016, pp.1-6): véase al respecto – entre las pocas notas de prensa al respecto – esta nota del Semanario Universidad titulada «Brote de moscas hematófagas genera emergencia sanitaria«.

En cuanto al Estado costarricense, salvo error de nuestra parte, no se conoce (aún) de sentencias sobre acciones civiles resarcitorias y/o acciones penales presentadas por este para sancionar a empresas piñeras responsables de contaminar cuerpos de agua, drenar humedales, invadir zonas boscosas, provocar la proliferación de la precitada mosca o ignorar los retiros y/o perímetros de protección de ríos y quebradas previstos en la legislación ambiental, así como los retiros que se debe respetar para resguardar viviendas y centros educativos.

Se pudo escuchar en el 2013 por parte del hoy Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, el jurista Fernando Cruz Castro, que:

«La actividad de la piña ha funcionado sin estudios de impacto ambiental y sin cumplir con los requisitos básicos. Esto lesiona la tutela del medio ambiente» (véase nota extraída del portal de la UCR).

La piña costarricense ha dado lugar a cierta originalidad por parte de algunos jerarcas en materia de salud: muchos guardan aún en mente la propuesta (bastante insólita) apoyada desde el mismo Ministerio de Salud en el 2008, tendiente a legalizar en Costa Rica pequeñas cantidades de Diurón y de Bromacil en el agua para consumo humano (Nota 3).

No fue sino hasta junio del 2017 que se publicó en La Gaceta un Decreto Ejecutivo prohibiendo el uso del Bromacil en Costa Rica (véase texto del Decreto N° 40423-MAG-MINAE-S publicado en el Alcance Digital 124 de La Gaceta Oficial, del 5/06/2017, pp. 9-16): la lectura de los considerandos sobre las características del Bromacil puede llevar a preguntarse por qué se esperó tanto tiempo para prohibir esta sustancia química, cuyos efectos nocivos para los suelos y las aguas se conocen desde hace muchos años. Con relación a otro herbicida asociado a diversas formas de cáncer, el Diurón, su utilización se mantiene sin regulación para limitar su uso; al igual que otras sustancias químicas usadas por producir la piña MD-2 (Carbaril, Clorpirifos, Diazinon, Etefón, Hexazinona y Triadimefón, para citar algunas de ellas – Nota 4).

En el 2014, el mismo Presidente del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) fue bastante enfático con relación a la omisión estatal en el caso de las comunidades del Cairo y Milano en la región de Siquirres (con más de 6000 personas privadas de agua potable desde julio del 2007 debido a la contaminación constatada y documentada de sus fuentes de agua por parte de empresas piñeras): “Vergüenza debe darle todo esto al Estado” (véase artículo de La Nación de septiembre del 2014).

Las comunidades de Milano de Siquirres cansadas de esperar (véase artículo del Semanario Universidad del 2015), acudieron al sistema interamericano de protección de los derechos humanos en marzo del 2015, haciendo ver cuán «pronta y cumplida» deja de ser la justicia en Costa Rica cuando de agua contaminada por empresas piñeras se trata (Nota 5): intentar obtener justicia en la esfera internacional cuando la justicia nacional no es acatada por las autoridades estatales recurridas forma parte de las herramientas jurídicas puestas a disposición de las comunidades por el derecho internacional de los derechos humanos.

La piña costarricense ante organizaciones de consumidores cada vez más exigentes

Este reportaje de la televisión gala difundido durante el mes de junio del 2019 fue precedido por otro de la cadena de televisión alemana DW divulgado en el mes de mayo del 2018 (véase enlace en YouTube), que habíamos tenido la oportunidad de comentar en esta breve nota publicada en algunos medios digitales, titulada «Entre el orgullo y otra cosa: a propósito de un reportaje sobre la piña costarricense difundido por la DW (Alemania)«.

Una de las pocas reseñas en la prensa de Costa Rica sobre este documental alemán se tituló: «Reportaje europeo deja por el suelo imagen de Costa Rica por cultivo de piña» (véase nota de AMPrensa, edición del 8/5/2018)

En enero del 2019, el programa «Carta sobre la Mesa» de RussiaToday (RT) se realizó en Costa Rica sobre la polémica que genera la piña entre distintos sectores (véase enlace de RT).

El interés del consumidor europeo por los efectos de la piña que ocultan convenientemente las autoridades costarricenses no es reciente: ya en el 2010, la misma organización de Consumers International realizó un extenso reportaje para la televisión británica esta vez, en coordinación con The Guardian (véase enlace al reportaje que se extiende por casi 20 minutos).

En un informe del 2015 sobre importaciones de piña fresca por parte de la Unión Europea (véase informe titulado «CBI Product Factsheet: Fresh Pineapples in Europe«), se pudo leer que:

«In 2014, Costa Rica accounted for 87% of the supply of fresh pineapples (817,000 tonnes), followed by Panama (32,000 tonnes), Ghana (24,000 tonnes) and the Ivory Coast (23,000 tonnes)» (página 4).

Con relación a los empleos generados por la actividad piñera en Costa Rica (presentados por el sector productivo y por las autoridades costarricenses como una justificación incuestionable para expandir la producción), en el 2016 la prestigiosa ONG Oxfam implementó una campaña en Europa contra la comercialización de la piña de Costa Rica por los supermercados alemanes con base en un informe que detalla las condiciones inhumanas que prevalecen (“inhumane conditions which prevail“) en las plantaciones de piña (véase informe en inglés titulado “Sweet fruit, bitter truth“). No se tiene conocimiento de drásticas medidas legales de control / prevención tomadas desde el 2016 para erradicar las prácticas laborales denunciadas por los integrantes de Oxfam en fincas piñeras. Nótese que el Buró de Oxfam en Alemania colgó en su sitio la reacción (algo airada) a su informe de una empresa piñera de la Zona Norte: véase carta de Finca Once SA.

Un estudio publicado en Francia describe otro efecto muy pocamente investigado de la expansión piñera, ante el que el Estado costarricense demuestra su complacencia: la concentración de tierras en detrimento del pequeño y del mediano agricultor costarricense y el desplazamiento que genera de familias rurales (véase al respecto artículo de Edgar Fernández Fernández (2014), «L’accaparement des terres au Costa Rica: le cas des entreprises productrices d’ananas«).

Otro aspecto que merecería una mayor investigación es el impacto de la piña para las finanzas de los mismos municipios y el régimen fiscal que ostentan las empresas a cargo de su producción. La discusión reciente en Costa Rica sobre el tema fiscal evidenció el régimen peculiar existente para el sector agroexportador y el lugar privilegiado de la piña (con relación al banano por ejemplo): un proyecto de ley espera desde el 2014 que se fije un dólar simbólico por cada caja de piña exportada, sin mayor éxito hasta la fecha (véase Expediente Legislativo Núm. 19.371 publicado en La Gaceta 227 del 25/11/2014, pp.2-3). Los especialistas en temas fiscales deberían de interesarse en una lista de «Grandes Contribuyentes» dada conocer en el 2018 por el Ministerio de Hacienda costarricense que reportaron 0 utilidades durante los últimos años: de manera a no causar mayor asombro (sonrojo o indignación o una mezcla entre ambos…), no detallaremos su contenido en el marco de estas breves reflexiones.

En este artículo del Semanario Universidad del 2017 titulado: «Informe coordinado por PNUD. Expansión piñera se comió 5.568 hectáreas de bosque«, se lee por parte de una ex regidora municipal del cantón de Guácimo que:

«la agroindustria piñera es como “un cáncer” para las comunidades, porque con el argumento de que da empleo es una actividad protegida que no paga patente ni impuestos municipales, y hasta el impuesto de bienes inmuebles que paga es bajo por ser terrenos agrícolas. En cambio, las municipalidades financiadas con los impuestos de todos tienen que reparar los caminos que se dañan con el pesado transporte de la piña, y las personas que viven en los vecindarios hasta donde se extienden las plantaciones sufren problemas de salud a causa de las fumigaciones de las plantaciones con agroquímicos, mientras que también se ven afectadas actividades económicas de la población aledaña«.

El impacto en la salud de las poblaciones aledañas a las plantaciones de piña que se menciona será objeto de algunos breves apuntes en las líneas que siguen, no sin antes recordar que también en este ámbito, la «desaplicación» de la normativa pareciera ser la regla.

Daños a la salud humana provocados por las plantaciones de piña: en ausencia de datos oficiales

Con relación a las diversas patologías asociadas a la aspersión de herbicidas, insecticidas y fungicidas y otras sustancias químicas que se aplican en las plantaciones de piña, son a menudo mencionadas en los reportajes europeos precitados al entrevistar a trabajadores y a vecinos.

Es muy probable que existan datos oficiales de los centros de salud más próximos, que atienden casos de trabajadores y de integrantes de comunidades que conviven a diario con estas plantaciones: por alguna razón, estos datos oficiales no se han dado a conocer. En el marco de un reciente ejercicio realizado por el Consejo Universitario de la UCR sobre los impactos de la producción piñera en Costa Rica, realizado a a finales del 2018, las dos únicas entidades del Estado costarricense que no entregaron la información solicitada por la máxima instancia de la UCR fueron el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) (véase carta al Consejo Universitario del 2017 hecha por el Programa Kioscos Socio Ambientales de la UCR, y que resume bastante bien la problemática de la piña en Costa Rica).

Un reportaje del programa Era Verde (UCR) del 2010 titulado “Desastre ambiental por piñeras ahora en Zona Norte” (véase enlace en YouTube) denunció en su momento la presencia de piñeras a pocos metros de la escuela de El Jobo en Los Chiles (min. 2:20) y del hogar de ancianos en Pital de San Carlos (min. 3:00), documentando bien lo que sufren a diario muchas comunidades costarricenses al convivir con una plantación de piña ante la actitud omisa de las autoridades.

Una ponencia presentada en el 2013 por un especialista, el Dr. Clemens Ruepert, a los integrantes del Tribunal Latinoamericano del Agua (TRAGUA) sobre sus hallazgos en escuelas cercanas a plantaciones de piña, revela el tipo de sustancias que a diario deben respirar niños y maestros en algunas zonas de Costa Rica (véase presentación titulada «Fenómenos ambientales asociados a la producción de piña«, en particular filminas 23 a 25).

En el caso de otro monocultivo de Costa Rica, el daño a la salud de los niños indígenas debido al uso de ciertas sustancias químicas y de ciertos plásticos usados en plantaciones de banano fue objeto de investigaciones publicadas en revistas científicas internacionales (Nota 6). En el 2014, se dio a conocer otra investigación que asocia a investigadores de la Universidad Nacional (véase nota de CRHoy). Una investigación del 2015 (véase texto completo) del Posgrado en Salud Pública de la UCR, analiza lo que no investigan las autoridades sanitarias y educativas costarricenses. En las conclusiones de su investigación, el autor señala:

«Las concentraciones de clorpirifos halladas en las muestras de aire de esta investigación fueron mayores que las reportadas por otras nacionales e internacionales. En las muestras se detectó en gran medida fungicidas que se aplican de forma aérea en el cultivo de banano. Además, se encontró un plaguicida principalmente utilizado en el cultivo de la piña, y varios detectados en las muestras (terbufos y etoprofos) se catalogan como plaguicidas alta y extremadamente tóxicos» (p. 91).

A modo de conclusión: la sostenibilidad ambiental y la imagen internacional de Costa Rica puestas en entredicho

Favorecer por un lado, la expansión de un monocultivo que afecta suelos y aguas, fauna y flora, que destruye la cobertura boscosa y aumenta el nivel de erosión de los suelos, provocando la sedimentación de diversos cuerpos de agua, impactando la salud humana de las comunidades circundantes y la biodiversidad de zonas tan prodigiosas como las costarricenses; y por otro lado, presentarse ante el mundo como un Estado comprometido con el ambiente y la lucha contra el cambio climático plantea, como mínimo, algunas interrogantes válidas.

Precisamente, un suplemento del Semanario Universidad, «Ojo al clima«, publicado en el 2018 (véase texto), hace ver desde su mismo título los impactos severos de la piña en Costa Rica de cara al cambio climático: «Cultivo de piña quiebra los escudos contra cambio climático«.

La ausencia de reacción oficial a estos y a otros cuestionamientos posiblemente lleve a otros equipos de periodistas a alertar al consumidor europeo (y a los consumidores de otras latitudes) sobre los efectos pocamente discutidos en Costa Rica de este monocultivo, pese a la persistente y valiente acción de algunas organizaciones ecologistas, a la de comunidades directamente afectadas por la expansión piñera en Costa Rica y a las críticas externadas por varios académicos en diversos espacios (a los que no asisten siempre las autoridades y el sector piñero invitados, tal y como ocurrió en el 2017 – Nota 7).

Foto extraída de nota de prensa del Tico Times (2017) titulada «Environmentalists demand halt to pineapple expansion»

Nótese que, contrario al supuesto «desarrollo» para las comunidades circundantes a las plantaciones de piña pregonado por algunas entusiastas autoridades, los cantones en los que más se ha expandido la piña en los últimos años se mantienen entre los cantones con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) más bajo de Costa Rica.

Con relación al mercado mundial de la piña fresca, según un informe de la UNCTAD del 2016 (véase texto completo), Costa Rica lidera la exportación de piña a nivel mundial con 2.126.929 toneladas métricas exportadas, seguida en América Latina por Panamá con tan solo 67.038 toneladas y Ecuador con 57.380 (véase gráfico Table 3 ubicado en la página 13): hemos revisado detenidamente esta tabla para detectar algún error de dígitos. Al parecer, Costa Rica es el único Estado en el mundo cuyas autoridades se muestran dispuestas a favorecer y a expandir el cultivo de la variedad «Sweet Gold» en semejantes proporciones (agradecemos desde ya el concurso de nuestros estimables lectores para obtener datos oficiales similares actualizados al 2018 por parte de la UNCTAD).

—Notas—

Nota 1: En la parte final de su pronunciamiento, el Consejo Universitario de la UCR declaraba en diciembre del 2008: «3. Instar al Gobierno y a las municipalidades mencionadas anteriormente a declarar y aplicar, de acuerdo con la legislación una moratoria a la expansión de la actividad piñera, hasta tanto se den las siguientes condiciones:

  1. Se cuente con la debida planificación del territorio en el que se determinen las áreas críticas en relación con la vulnerabilidad del recurso hídrico superficial y subterráneo, así como la biodiversidad existente en la zona.
  2. Se ejerzan los controles necesarios y se cuente con los estudios que demuestren, fehacientemente, que la actividad piñera está causando el menor impacto posible al medio ambiente y a la salud ambiental, incluida la de las personas que habitan en el entorno de los cultivos.
  3. Se cuente con una propuesta de gestión inter organizacional e intersectorial, que garantice el estricto acatamiento de las empresas a la legislación ambiental, sanitaria y laboral del país».

Nota 2: Se lee en el XX Informe del Estado de la Nación (2014) que “En mayo del 2014 el Laboratorio Nacional de Aguas del AyA recomendó suspender el abastecimiento por camiones cisternas, ya que desde el 2012 los laboratorios privados contratados no han encontrado residuos de plaguicidas en las fuentes de agua para consumo humano en las comunidades involucradas. Sin embargo estudios efectuados por el Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas (Larep) del IRET-UNA, en marzo del 2014, detectaron concentraciones de 2,8 Mg/L de bromacil, 0,1Mg/L de triadimefón y otros plaguicidas” (p. 192). No se tiene registro de alguna reacción oficial explicando este llamativo episodio registrado por los investigadores del Estado de la Nación en el 2014.

Nota 3: Véase al respecto CUADRADO G., «Legalización de la contaminación de aguas para consumo humano (caso del diurón y el bromacil)«, Revista Ambientico 2008, (Número 177), pp. 11-12, en el que se lee que: «El borrador de decreto ejecutivo que pretende legalizar la intrusión de Diurón en el agua para consumo humano tolera cantidades de hasta de 1,05 um/l; y la propuesta de decreto ejecutivo que quiere hacer lo mismo con el Bromacil tolera hasta 5 ug/l en agua para consumo humano y todavía aumenta, vía transitorio, la cantidad del herbicida hasta 10 um/l en el primer año después de publicado el decreto«. Artículo disponible en este enlace.

Nota 4: Las principales sustancias químicas usadas en la producción piñera en Costa Rica son, según un artículo disponible en la red de MONTIEL SEGURA M.A., «Uso de agroquímicos en la producción intensiva de piña en Costa Rica«, Revista Pensamiento Actual, Ciencias Naturales, UCR (2015), pp. 183-195: Insecticidas: diazinón, etoprofos, carbaril; Herbicidas: ametrina, bromacil, diurón, paraquat; Regulador de crecimiento: etefón (hasta tres veces por ciclo); Fungicidas: fosetil, mancozeb, metalaxil, y triadimefón (tabla en p. 190). Nótese que el uso del Paraquat fue prohibido por la Corte de Justicia de la Unión Europea (CJUE) en toda la Unión Europea, en una decisión de julio del 2007 (véase comunicado de prensa), mientras que el Bromacil fue prohibido en Alemania (1993), Eslovenia (1997) y Suecia (1990) y su uso es objeto de restricciones muy severas en varios otros Estados desde finales de los años 90.

Nota 5: Véase nuestra breve nota, BOEGLIN N., «La piña de Costa Rica ante la CIDH«, DiarioExtra, Suplemento de Opinión Página Abierta, marzo del 2015, texto disponible aquí. Una versión más extensa de este artículo se publicó en el sitio jurídico especializado costarricense de DerechoalDia.

Nota 6: Véase por ejemplo: “Indigenous children living nearby plantations with chlorpyrifos-treated bags have elevated 3, 5,6-trichloro-2-pyridinol (TCPy) urinary concentrations”, Environmental Research (2012). El estudio como tal está disponible en este enlace.

Nota 7: Véase nuestra breve nota, BOEGLIN N., «A propósito de un reciente foro sobre la expansión piñera en Costa Rica«, ElPais.cr, edición del 29/10/2017. Artículo disponible aquí.

 

(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica.

Enviado por el autor.

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UCR; Piña: una puesta en escena que busca concientizar sobre el cultivo de esta fruta

Piña narra la existencia de una compañía ficticia: “Pinea Fruit Corporation”, en la Costa Rica del 2021. Pinea cuenta con un domo tecnológico el cual se ve comprometido una noche, causando daños en la producción de la piña y un número de bajas humanas. Esto causa una manifestación a cargo de un grupo opositor a la compañía.

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  • Sala Constitucional condena al Estado a remediar contaminación con bromacil en agua para consumo humano

  • Comunidades afectadas por piñeras de Limón ven reflejada su historia en la de Pital de San Carlos

(FECON, 30-1-2019) Enero del 2019 se despide con un río que cambió de color en San Carlos (ver video). La Quebrada Pital es un cuerpo de agua que pasa por en medio y le da nombre a una comunidad asediada por la expansión piñera. Esta quebrada reporta contaminación con plaguicidas usado en plantaciones piñeras desde hace al menos 3 años.

Vecinos Pital alertaron la mañana de este miércoles a Ministerio de Salud y al Ministerio de Ambiente y Energía de que la Quebrada Pital tenía un color azulado. Es muy temprano para decir que esta coloración anormal es culpa de las fincas piñeras aledañas, se espera que sean las autoridades las que determinen la causa de la contaminación, pero es necesario recordar que está Quebrada Pital es uno de los lugares donde fue detectado un alto grado de presencia de plaguicidas en el estudio realizado en 2015, 2016 y 2017 por el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, CICA. (Informe disponible en el link)

Lo que el CICA encontró en aguas superficiales también es muy alarmante. Se trata de contaminaciones muy por encima de los valores de referencia tolerados por organismos acuáticos. Es decir que la Quebrada Pital para 2016 y 2017 reportó concentraciones importantes de Ametrina, Bromacil, Carbendazín y Ciromazina; todos incompatibles con la vida acuática. Esperamos que el Ministerio de Salud sea consecuente con su papel y busque remediar esta situación que aqueja a la comunidad de Pital tan y como la Sala Cuarta le ordeno hace unos días.

Sumado a lo anterior es conocido que la Sala Constitucional en su Sentencia N° 2019-000695 ha obligado al Estado a crear un plan único conjunto para remediar la contaminación del agua para consumo humano en las comunidades de a Santa Rita, La Tabla y Santa Isabel de Río Cuarto de Alajuela. Las instancias involucradas son el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Tribunal Ambiental Administrativo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el Servicio Fitosanitario del Estado y el Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG).

Según el comunicado del 21 de enero pasado, Poder Judicial señala que: “estas instituciones conocían la existencia de denuncias por riesgo de contaminación de diversas nacientes en las comunidades afectadas y, pese a ello, incumplieron su obligación, en atención al principio de coordinación interinstitucional en materia ambiental y del principio precautorio, de atender la situación con la premura necesaria para este tipo de problemas. Lo que derivó en una crisis del servicio de agua potable en la zona, ante la salida de operación de las nacientes Brenes, Nicrodal, La Flor del Acueducto de Santa Rita, La Flor del Acueducto de Santa Isabel, La Culebra y Nicolás Rodríguez, por contaminación por agroquímicos. Ante el escenario actual, ordenaron que en forma inmediata se iniciara el proceso de saneamiento y eliminación de residuos de agroquímicos, de las fuentes de agua que abastecen a las comunidades de Santa Rita, La Tabla y Santa Isabel de Río Cuarto de Alajuela, por medio de un plan único que debe desarrollarse en forma conjunta por los diversos actores involucrados, cuyo principal responsable de su creación y completo cumplimiento se designó en la cabeza del Ministerio de Salud.”

La Sala Cuarta -nuevamente- pone al Estado a remediar la contaminación causada seguramente por empresas piñeras. En lugar de buscar soluciones para que los verdaderos culpables de la contaminación sean quienes paguen por sus crímenes ambientales.

Ya en 2009 este mismo tribunal condenó al Estado a remediar la contaminación en las comunidades de Cairo, La Francia, Milano y Luisiana de Siquirres (Poder Judicial, 2009). Hace ya 10 años que con recursos públicos se remedia la polución. Según consta en las sentencias 2009-9040 y 2009-9041 La Sala Cuarta ordenó al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) ha realizar un plan único para remediar la solución causada por el abuso de los plaguicidas.

La sociedad costarricense en su conjunto, y quienes pagan los impuestos, son quienes pagamos dicha remediación. Para dar dos ejemplos: en el caso del Cairo el costo de la nueva tubería fue unos ¢2.226 millones1 y las obras para la construcción del nuevo acueducto de Milano llegó a ¢374.480 millones2. Estos recursos fueron aportados de dinero público donde las empresas piñeras no aportaron un Colón.

En el caso de los acueductos contaminados en San Carlos se repite la historia que se vivió en Siquirres, los delitos ambientales siguen impunes mientras nos condenan a pagar con erario público las externalidades de un modelo fallido como el de la expansión piñera.

Al respecto Xinia Briceño, presidenta de la Asada de Milano señaló que: “Se repite la historia, lo mismo sucedió en Milano, Cairo y Luiciana, se traslada las responsabilidad al Estado, esto es frustrante ya que no se condena a quienes están contaminado las fuentes de agua”.

Enviado por FECON.

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Colectivo CEAAL apoya la huelga de trabajadores de la empresa Bella Vista S.A.

El 02 de noviembre de 2018 con motivo de la fundación de la seccional sindical en la empresa Bella Vista S.A. dedicada a la producción y a la exportación de piña, en el cantón de Los Chiles de Alajuela, no se pagó el aguinaldo y se ordenó el despido de las trabajadoras y los trabajadores organizados en el sindicato SITRASEP.

Debido a lo anterior, desde el pasado 16 de enero de 2019, dio inicio un movimiento de Huelga de parte de esta seccional para exigir el pago de los aguinaldos y la reincorporación al trabajo de las personas despedidas.

En la siguiente imagen podrá leer el comunicado completo:

 

Imagen de portada con fines ilustrativos.

Enviado por Fabiola Bernal.

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UCR llama a limitar la expansión piñera

  • Más de 1250 denuncias se registraron en los últimos 5 años

A inicios de Noviembre el Consejo Universitario hizo de conocimiento público un nuevo pronunciamiento respecto a los impactos del monocultivo de piña en el país, esto tras atender la solicitud del Programa Kioscos Socioambientales para actualizar el pronunciamiento sobre “las consecuencias socioambientales de la agroindustria de la piña” del año 2008. Este nuevo acuerdo es producto del trabajo de una comisión especial del CU- UCR que fue conformada a final del 2017, y estuvo integrada por representantes de distintas áreas de la Universidad.

El CU – UCR considera necesario que se limite la expansión de nuevas áreas de producción piñera, esto con el objetivo de respetar las áreas de protección de ríos y nacientes, así como las fronteras agrícolas, las franjas de amortiguamiento, los territorios indígenas y la salud de las comunidades.

Este nuevo pronunciamiento recoge una serie de preocupaciones provocadas por esta agroindustria en los principales focos piñeros del país (Región Huétar Norte, Región Brunca y Región Huétar Atlántica), regiones que como destaca este pronunciamiento, siguen siendo las zonas con los cantones de más bajo desarrollo humano, al tiempo en que la actividad piñera sigue siendo la principal actividad económica de estos municipios.

Entre los considerandos que llevó al CU – UCR a manifestar su preocupación por las consecuencias negativas de la producción de piña están las más de 1250 denuncias que entre el 2013 y el 2018, se han interpuesto ante distintas instancias públicas por presuntas violaciones a derechos laborales y ambientales. Esta información fue recopilada por la Comisión especial del CU- UCR.

Además de la gran cantidad de denuncias interpuestas en los últimos 5 años, el CU – UCR consideró que existe un existe un faltante de registros e indagaciones técnicas, lo que deja sin respaldo los testimonios de personas que han sufrido enfermedades respiratorias, dérmicas y cancerígenas producidas por la aplicación de agroquímicos y la cercanía que tienen los hogares con los monocultivos de piña. Ver Cuadro N.° 1

Cantidad de denuncias sobre la actividad piñera por institución, según su naturaleza

Periodo 2013-2018

Naturaleza

Institución

Denuncias

Descripción

Ambiental

Ministerio de Ambiente y Energía

71

Tala de árboles

 Contaminación de aguas

Tribunal Ambiental Administrativo

29*

Invasión de áreas de protección hídrica

Ausencia de viabilidad ambiental

Servicio Nacional de Salud Animal

1082

Mosca del establo

Sistema Nacional de Áreas de Conservación

39

Tala de árboles

Invasión de áreas de protección hídrica

Acueductos y Alcantarillados

2

Contaminación de aguas

Defensoría de los Habitantes

8

Recurso Hídrico

Mosca del establo

Sala Constitucional

2

Contaminación de aguas

Ausencia de viabilidad ambiental

Social

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

42

Condiciones laborales inadecuadas

Salud

Ministerio de Salud

 –

Información insuficiente

Caja Costarricense de Seguro Social

 –

Información insuficiente

*Durante el periodo 2005-2013 se presentaron 90 denuncias ante el Tribunal

Ambiental Administrativo que aún no tienen sentencia.

Fuente: CU – UCR, (2018) Acuerdos firmes, aprobados por el Consejo Universitario en sesión N.° 6235, ordinaria el martes 6 de noviembre de 2018.

La mayoría de las denuncias ambientales son por la corta de árboles; datos que coinciden con los hallazgos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) quien determinó que entre los años 2000 y 2015, se perdieron 5.568,98 hectáreas de bosque por la expansión piñera mediante el proyecto de “Monitoreo de Cambio de Uso en Paisajes Productivos (Mocupp). Dicho monitoreo se realizó en colaboración con diversas entidades gubernamentales y agencias de la ONU (Semanario UNIVERSIDAD, 08-3-2017).

Además de exhortar a todas las instituciones públicas y a la ciudadanía en general, a tomar acciones para amortiguar los efectos negativos de la producción de piña en el país, el Consejo Universitario insta a los empresarios piñeros a cumplir con todas las leyes sociales, ambientales y laborales que podrían estar siendo violentadas por la agro-cadena de la piña. Razón por la que exhorta a los productores piñeros a permitir auditorías de terceros, esto con el objetivo de verificar y transparentar el cumplimiento de las normas y leyes establecidas.

El CU – UCR señala la necesidad de levantar registros que pudieran respaldar las denuncias interpuestas por las comunidades, ya que una serie de resoluciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) del año 2009, determinaron que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) dejarían de ser obligatorios para el desarrollo de proyectos piñeros. Estas resoluciones dieron paso a los “Diagnósticos ambientales”, los cuales son de aplicación voluntaria y posterior al desarrollo del proyecto. El Consejo Universitario valoró esta situación para demandar mayor rigurosidad en beneficio de la salud comunitaria y la protección ambiental.

El órgano universitario también señaló la falta de precisión de los registros estatales respecto a la producción de piña, ya que señala la contradicción de los datos del gobierno central respecto a la producción de piña. Mientras que el MAG sostiene que para el año 2017 existían 44.500 hectáreas de monocultivo de piña, el MINAET afirma que para ese mismo año el área de piña ascendía a 58.442 hectáreas. Además, el Consejo Universitario consideró pertinente para la actualización de este pronunciamiento el desmesurado aumento de las áreas cultivadas de piña. Según el INEC, en los últimos 30 años los terrenos cultivados de piña aumentaron un 1.422%, al tiempo en que se dio una sensible disminución de los terrenos dedicados a la producción de granos necesarios para la seguridad alimentaria del país, dejando a los productos de exportación en una relación 3:1 con respecto al área de productos como arroz, frijol y maíz.

Coincidimos con el CU – UCR en que “los sistemas nacionales e internacionales de certificación disponibles no garantizan el cumplimiento de las buenas prácticas sociales, agrícolas y ambientales en la agro-cadena de la piña”.

El Programa Kioscos considera que “en la cadena de esta agroindustria, los pequeños productores terminan comercializando su producto con las grandes empresas exportadoras; por lo que cabe preguntarse de qué valen todas las certificaciones si finalmente se continúa vendiendo una piña producida con exceso de contaminación y violando los derechos de trabajadores y comunidades, a pesar de que las grandes empresas cumplan con las “buenas prácticas agrícolas”.

Informes con Lic. Karina Valverde, 8824 8292, docente del programa Kioscos y miembro de la Comisión especial del CU- UCR sobre piña.

Pronunciamiento completo en:

http://www.cu.ucr.ac.cr/uploads/tx_ucruniversitycouncildatabases/pronouncement/pronun92.pdf

 

Imagen tomada de la página oficial de la UCR.

Enviado por Kioscos Ambientales.

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Defraudación fiscal tiene un enorme impacto ambiental

  • Un 70% de los barcos a nivel global que sobreexplotan los mares de forma ilegal se benefician de los paraísos fiscales
  • Un 68% de las ganancias de las empresas responsables de la deforestación se benefician de la opacidad fiscal

 

FECON, 25-9-2018. El Proyecto de Ley para Fortalecer las Finanzas Públicas no resuelve ni la opacidad fiscal, ni grava la renta global. Por lo tanto, aunque se apruebe este proyecto de ley, las empresas contaminantes en Costa Rica seguirán siendo favorecidas.

El informe de la comisión legislativa encargada de investigar el caso de los Papeles de Panamá, expediente 19.973, identificó 19 vacíos legales que han sido utilizados como portillos para la elusión y la evasión fiscal. Asimismo, generó 19 recomendaciones y señaló 8 proyectos de ley en la corriente legislativa que podrían atacar estos vacíos que crean el déficit en la recaudación de la renta. Aun así, lo que ahora se discute en la Asamblea Legislativa referente a finanzas públicas no incorpora estas recomendaciones. Estos mismos señalamientos hacen que Costa Rica tenga muchas características que lo asemejan a un paraíso fiscal. Incluso la revista Forbes pone a Costa Rica entre los países con alta opacidad fiscal (1).

Además, en Costa Rica el impacto de las industrias contaminantes recarga los servicios de salud; satura las posibilidades de fiscalización ambiental y daña la infraestructura pública de muchas comunidades (sobre todo caminos y acueductos comunitarios). A nivel global, investigadores del Grupo ETC señalan que por cada dólar que se paga por un alimento industrializado se deben pagar otros dos dólares en daños ambientales y a la salud (2).

Una investigación reciente demuestra la relación que tienen la defraudación fiscal y la degradación ambiental (3). El Centro de Resiliencia de la Universidad de Estocolmo y el programa Global Economic Dynamics and the Biosphere (GEDB), de la Academia de Ciencias sueca, reveló que el 70% de los barcos dedicados a la pesca ilegal han sido puestos bajo la jurisdicción de paraísos fiscales, principalmente Panamá y Belice, operan de que operan en otras latitudes.

Además, esta investigación reveló que el 68% de las ganancias de empresas responsables de la deforestación del Amazonas son canalizadas por medio de paraísos fiscales. Asimismo, traficantes de especies exóticas de flora y fauna también se aprovechan de regímenes con controles fiscales laxos. Estos datos salen a la luz pública luego de la investigación de los Papeles de Panamá, en la que destacaron empresas, políticos y bancos costarricenses.

Empresarios piñeros como Alfredo Volio saltaron a la luz pública como posibles evasores en el caso de los Papeles de Panamá. Volio, quien es propietario de Upala Agrícola S.A. y vicepresidente de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP), fue uno de los empresarios costarricenses vinculados al Buffet Mossac Fonseca.

La empresa naranjera y piñera Tico Frut, denunciada en múltiples ocasiones por contaminación y explotación laboral, también consta en los registros de los clientes del buffete de abogados que desde Panamá evadía sus responsabilidades en Costa Rica. Los Papeles de Panamá revelaron que TicoFruit es un complejo de al menos siete sociedades anónimas domiciliadas en Panamá, que tiene relación con el bufete Zürcher Odio Raven, este como enlace de Mossack Fonseca (4).

La sobreexplotación de los mares también está vinculada a empresas que son cómplices del déficit fiscal de nuestro país. La empresa Borda Azul S.A. fue reportada por evadir impuestos por medio del buffet panameño. Pero además, esta compañía atunera es una de las 10 empresas que han recibido más Certificados de Abono Tributario (5).

Como si fuera poco, el Proyecto de Ley para Fortalecer las Finanzas Públicas (Exp. N.° 20.58) en el Artículo 36 recorta el Fondo Especial para Guardacostas, situación que dificultará aún más la tarea de la lucha contra la pesca ilegal y descontrolada en nuestros mares.

 

Notas:

1) Costa Rica dentro de los países con opacidad fiscal. http://forbes.es/business/10095/como-funciona-un-paraiso-fiscal/

2)¿Quién nos alimentará? ¿La red campesina alimentaria o la cadena agroindustrial? http://www.etcgroup.org/es/quien_alimentara

3) Victor Galaz, Beatrice Crona, Alice Dauriach, Jean-Baptiste Jouffray, Henrik Österblom & Jan Fichtner Nature Ecology & Evolutionvolume 2, pages1352–1357 (2018). https://www.nature.com/articles/s41559-018-0497-3

4) https://databasear.com/panama-papers/intermediarios/

5) https://semanariouniversidad.com/investigacion/borda-azul-s-la-fuga-los-cat-paraiso/

 

 

Enviado por FECON.

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Grandes empresas piñeras son cómplices del déficit fiscal

  • Política de incentivos y exenciones a los monocultivos ha beneficiado a industrias contaminantes

 

FECON, 12-09-2018. Una larga historia de exenciones e intensivos fiscales es la que nos encontramos cuándo hablamos de expansión del monocultivo de la piña. Estas empresas contaminantes se han aprovechado de múltiples mecanismos fiscales para amasar riqueza. Enumerar algunos nos da una idea de la magnitud que ha tenido el avance de monocultivo de la piña en términos de recaudación fiscal:

  1. Ley de Incentivos a las Exportaciones, N°6955 (1984).
  2. Contrato de Exportación (1984-1999)
  3. Certificados de Abono Tributario (1984-1999)
  4. Ley Zonas Francas, N°7210 (1972). Exención de impuestos de renta y ventas.
  5. Régimen de Admisión Temporal, Ley N°7557 (1996-actualidad). Exención de impuestos de importación de maquinaria y otros activos.
  6. Régimen Devolutivo de Derechos, Ley N° 7557 (1996- actualidad). Devolución de impuestos a empresas piñeras
  7. Ley de Creación del Programa de Reconversión Productiva del Sector Agropecuario N°7742 (1997). Representan incentivos a la agroexportación de productos no tradicionales.

De los Certificados de Abono Tributario específicamente se puede mencionar entre los años 1993 y 1996 se repartieron a 594 empresas un total de ¢62.930 millones. La compañía Pineapple Development Corporation (PINDECO) parte del conglomerado empresarial DEL MONTE recibió ¢3.243 millones.

Sumado a esto existen casos donde las empresas piñeras se benefician de bienes del Estado. Por ejemplo el usufructo de 290 hectáreas en Buenos Aires de Puntarenas propiedad del Instituto De Desarrollo Rural (INDER) arrendada por montos mucho menores al precio de mercado desde 1986 y hasta la fecha. Esta es otra forma de incentivos, tierra a bajo costo. Estas y muchas otras acciones estatales han puesto al monocultivo de la piña en un lugar privilegiado en términos fiscales.

Recientemente el despacho del diputado José María Villalta presentó un proyecto de ley Nº. 20.967 adición de un Artículo 23 bis a la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nº 7509. El cual gravaría con un 0,1% más en el Impuesto sobre los bienes inmuebles a las fincas ocupadas con monocultivos que excedan una superficie de 10 hectáreas. Este es un paso en la dirección correcta. Es necesario que Costa Rica haga lo suyo para hacer una reforma fiscal que sea social y ambientalmente justa.

Contacto: 8760 9800

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por FECON.

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Ambiente y 100 días: organizaciones envían carta al Presidente

En su primer discurso presidencial, usted prometió: “Protección y balance con el ambiente”. Sin embargo, en estos primeros 100 Días, su gobierno de “unidad nacional” no honra las promesas de campaña electoral ni su discurso inaugural, pero sí perpetúa el accionar de las anteriores administraciones, respondiendo a los intereses supremos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y sus socios.

Su gobierno continúa promoviendo el Proyecto Mesoamérica (PM), extensión del Plan Puebla Panamá, con claros mandatos internacionales, para asegurar el mayor flujo de bienes y servicios del país hacia el Norte, por medio del saqueo y la privatización de nuestros recursos naturales y vida, que obligan al endeudamiento para financiar la infraestructura de proyectos privados al servicio del gran capital, como ocurre con el Proyecto PAACUME en Guanacaste y el Proyecto Hidroeléctrico El Diquis en el Sur, contribuyendo aún más con el creciente Déficit Fiscal.

En el marco del PM su gobierno sigue impulsando la modernización de la infraestructura de los principales Puertos en el Caribe y Pacífico costarricenses para privatizarlos posteriormente sin importar el desempleo. Se amplían y construyen nuevas carreteras y aeropuertos como el de Osa, pese a la fragilidad de su entorno ambiental. Se acelera la desregulación del SETENA y el debilitamiento del SENARA para favorecer la entrega del agua a manos llenas para regar jardines, campos de golf y hasta vender el agua embotellada, ignorando el impacto real del Cambio Climático en Guanacaste, una de las provincias más empobrecidas y la más seca del país.

Los jerarcas del MINAE, de la Dirección de Aguas, y el AyA siguen sin poner límites al uso y abuso del agua por las grandes empresas de monocultivos como la caña de azúcar, el arroz, el melón, la sandía y la piña, sin importarles que las empresas devuelvan el agua contaminada a los ríos, quebradas, nacientes y pozos que utilizan las comunidades humanas y silvestres.

A los 100 Días, su administración destaca negativamente para el ambiente por las siguientes razones:

  1. SAQUEO DEL AGUA DE LAS AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS MEDIANTE LA “NORMA DEL DEBATE ARREGLADO” EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA: su gobierno de “unidad nacional” con Rodolfo Piza, utiliza tácticas y estrategias de convencimiento con los diputados y diputadas de todas las fracciones, a espaldas de las comunidades empobrecidas y vulnerables, mediante la “norma del Debate Arreglado”, para entregar el agua de las Áreas Silvestres Protegidas, mediante proyectos promovidos por el Banco Mundial y la Global Water Parneship (GWP), como el 20.465 que modifica los límites de la Reserva Biológica Barbudal en Guanacaste y el No. 20.447 para extraer el agua de los Parques Nacionales, pese al desperdicio enorme debido a la mala administración del AyA originando conflictos en comunidades como Nimboyores y Sardinal en Guanacaste; Guacimal, Orocú, Malinche y Costa de Pájaros en Puntarenas y Tacares de Grecia y Atenas en Alajuela, entre otros.
  2. SAQUEO DE LA BIODIVERSIDAD Y TIERRAS MEDIANTE LA TITULACIÓN DE LA MILLA FRONTERIZA, DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, DE LAS ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS, DE LOS CORREDORES BIOLÓGICOS, DE LAS RESERVAS FORESTALES, ENTRE OTROS: iniciativas que cuentan con apoyo abierto del Ministro MINAE Carlos Manuel Rodríguez Echandi, incorporado por su gobierno para asegurar el cumplimiento de “mandatos ambientales” inconclusos de gobiernos anteriores del Partido Unidad Social Cristiana. Se sigue utilizando a los pobres como justificantes para favorecer a las empresas inmobiliarias, constructoras, turísticas, etc. como ocurre desde hace 20 años en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo en el Caribe costarricense y con la tramitación actual del Proyecto No. 20.407 que pretende “regular” el Patrimonio Natural y Forestal, fomentando la expansión y crecimiento urbano sobre áreas de protección y recarga acuífera, ignorando los objetivos de conservación, uso y manejo sostenible, generando pérdida de la biodiversidad e interrupción de los Corredores Biológicos, considerados garantes para disminuir los impactos del Cambio Climático y que trunca la aspiración de Carbono Neutralidad de su gestión gubernamental.
  3. AUMENTA LA DESPROTECCIÓN DE LOS MANTOS ACUÍFEROS: su “gobierno de unidad nacional” parece olvidar que el agua subterránea o de los acuíferos representan entre 70 y 100% del agua para el consumo humano en distintas partes del país y en vez de aumentar la protección de la misma, implementando la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos, se pretende dejarla sin efecto, favoreciendo la expansión urbana sobre mantos acuíferos y zonas de protección, sin tomar en cuenta la disminución acelerada de caudales, la contaminación de aguas superficiales y los impactos reales del Cambio Climático ya presentes en el país. En la Zona Norte de Heredia, continúan permitiéndose actividades humanas pese a su condición de inalienabilidad, específicamente para la protección del recurso hídrico de los habitantes del Valle Central, siendo por tanto patrimonio natural del Estado, con clara violación a la Ley No. 65 del año 1888 y al Voto de la Sala Constitucional Nº 2008-12109. Resulta inadmisible que en su gobierno continúe el establecimiento de enjambres de gasolineras sobre el Acuífero BarrancaEl Roble en Puntarenas, expuesto también a la contaminación fecal por colapso de la obsoleta Planta de Tratamiento del AyA, contribuyendo aún más con el deterioro del ya ultrajado Humedal Laguna Bonilla, último reducto de vida silvestre y único humedal urbano de agua dulce en el cantón Central de Puntarenas.
  4. NO SE APRUEBA LA MORATORIA AL MONOCULTIVO DE LA PIÑA: ..continúa la expansión del cultivo de la piña, en detrimento de los bosques naturales y cultivados con incentivos fiscales, invadiendo las zonas de amortiguamiento de importantes áreas silvestres protegidas, como es el Parque Internacional de La Amistad, Patrimonio Natural Mundial de las UNESCO y contaminando el agua de ríos, quebradas, nacientes y pozos que quedan inhabilitados para el consumo humano, con altos costos ambientales y económicos que pagamos todos, como ocurre en las comunidades de El Cairo, La Francia, Milano y Luisiana en Siquirres y Veracruz, La Trinidad, Quebrada Grande, San Marcos y San Luis de Pital en la Región Huetar Norte, entre otras.
  5. SE MANTIENEN LAS INCONGRUENCIAS EN LA EXPLOTACIÓN MINERA METÁLICA Y NO METÁLICA: pese a las recomendaciones dictadas por la Contraloría General de la República aún no se reforma el Decreto Ejecutivo No. 29300 – MINAE, ni se depura ni actualiza el Catastro Nacional Minero, tampoco se ejercen controles sobre las cantidades de materiales que se extraen, procesan y venden de las distintas concesiones, pese a que algunos de esos materiales se emplean en la construcción de carreteras por las que se cobran sumas millonarias sin haber cancelado los impuestos. Persiste la concentración de concesiones no metálicas en las cuencas medias y bajas de los ríos Barranca, Lagarto y Guacimal en Puntarenas y Tempisque, Abangares y Ahogados en Guanacaste, entre otros, afectando el suministro de agua para consumo humano; o exponiendo la roca madre como sucede en los ríos General en la Región Brunca y Toro Amarillo en el Caribe. La minería artesanal del oro, al igual que en Crucitas, se practica ilegalmente en Abangares y Miramar, afectando zonas ambientalmente frágiles, contaminando cursos de agua superficiales que desembocan en el Golfo de Nicoya, como sucede con la Quebrada Gongolona en Abangares y las Quebradas Zamora y El Padre en Miramar. Sorprende que después de 11 años de la caída estrepitosa de la mina de oro a cielo abierto en Miramar, aún no se exige el Cierre Técnico de la misma, ni “opera de oficio” la cancelación de la concesión pese a los incumplimientos de la misma, como reconoció el Ministro del MINAE, Carlos Manuel Rodríguez Echandi, en la Universidad de Costa Rica a los 8 días de haber asumido funciones en la actual administración.
  6. AUSENCIA DE DIRECTRICES PARA EL ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS QUE CONTIENEN INGREDIENTES DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM) O TRANSGÉNICOS: la ausencia de directrices sobre el etiquetado de los productos OGM resulta en la protección de su gobierno a los intereses de las corporaciones, en detrimento de los derechos individuales de los residentes locales que ven limitados sus derechos humanos de acceso a la información y libre elección bien informados, para saber qué se consume.
  7. SIN ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN DEL USO Y ABUSO DE AGROQUÍMICOS: las empresas y personas siguen utilizando sin controles agroquímicos, incluso prohibidos por otros gobiernos, porque no existe una política de Estado para reducir efectivamente la cantidad de agroquímicos utilizados en las actividades agrícolas; por lo que en la práctica seguimos siendo el país consumidor más voraz de plaguicidas químicos en la agricultura, mientras continuamos muriendo de cáncer gástrico, sin advertir siquiera una ruta incipiente de que su co-gobierno con Piza traten de fomentar la agricultura orgánica.
  8. NINGUNA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LAS DISPUTAS POR LOS TERRITORIOS INDÍGENAS: persiste el olvido sistemático del Estado en relación al conflicto por la tierra e intereses contrapuestos, propiciando el irrespeto a la soberanía y autonomía de las comunidades indígenas, que generan enfrentamientos violentos entre los pobladores indígenas y no indígenas, bloqueos, quemas de ranchos habitados, persecución y amenazas a la integridad física y emocional de los indígenas. Se mantiene la amenaza constante de expulsión de indígenas de sus territorios por empresas nacionales y extranjeras, avaladas por el Estado para explotar sus recursos naturales, como ocurre con el Proyecto Hidroeléctrico El Diquis y 16 represas hidroeléctricas en Talamanca que destruirían los ríos Telire, Coen, Lari, Urén y el ecosistema del Parque Internacional La Amistad, entre otros.
  9. MORDAZAS Y RESTRICCIONES A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS COMITÉS DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES (COVIRENAS): los funcionarios del Área de Conservación La Amistad Caribe del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC-ACLAC) bloquean y fuerzan trámites engorrosos para limitar las acciones y participación de personas decentes y antiguos miembros de los COVIRENAS, violándose la Declaración de Río Sobre Ambiente y Desarrollo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, contradiciendo los Principios de fundación del Partido Acción Ciudadana e ignorando el incalculable valor de la participación ciudadana para contribuir con la protección de algunas regiones para la Humanidad, catalogadas como Reservas de la Biosfera, Sitios de Patrimonio Mundial Natural y Humedales RAMSAR que se protegen en ACLAC.

Por todas estas agresiones, violaciones e inacciones sobre el medio ambiente, su gobierno “nacional” y del “bicentenario” requiere un cambio de rumbo y dirigencia en instituciones como el MINAE, la Dirección de Aguas y el AyA, cuyos jerarcas siguen demostrando irrespeto y falta de compromiso con la protección del ambiente y la biodiversidad. Exigimos no se permitan talas ni otra actividad humana en zonas ambientalmente frágiles, especialmente donde se atente contra el recurso hídrico de los habitantes del Valle Central y otras regiones del país.

Suscriben,

Asociación Conservacionista Yiski

CEUS del Golfo de Nicoya

Comité Ambiental de Miramar

Conceverde

Ni una sola mina

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de ecosistemasdecostarica.blogspot.com

Enviado por María Elena Fournier.

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Concentración en Pital contra la expansión piñera

FECON. El pasado 19 de julio se convocó a una protesta en el distrito de Pital para pedir a la municipalidad que no brinde más permisos para la instalación de nuevas piñeras en este cantón alajuelense. Esta concentración se dio en el marco de un proceso en el que las empresas piñeras vienen presionando al municipio de San Carlos para acceder a más permisos de cambio de uso de suelo para el cultivo.

La trabajadora social Karla Ramírez declaró: “El movimiento convocado para el día de hoy en la comunidad de Pital tiene como interés que las y los vecinos de la zona tengamos acceso a información sobre la problemática de la expansión piñera descontrolada y podamos tener una participación activa en el análisis de alternativas frente a las diversas problemáticas”.

Esta movilización se da al mismo tiempo que se han descubierto que el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica ha ocultado datos sobre la contaminación de agua para consumo humano en la zona de Pital. Propiamente se sabe que el CICA omitió comunicar a Asadas de la zona presencia de plaguicidas en agua. Dichos químicos son usados en el cultivo de la piña. Existe evidencia de que la ASADA de Palmar de Pital y Veracruz están contaminadas con Bromacil desde 2016.

El país vive una verdadera emergencia sanitaria por la contaminación de aguas superficiales y de consumo humano, pese a eso, la expansión del monocultivo de la piña se da de manera descontrolada y acelerada. Las plantaciones piñeras en su totalidad tienen un crecimiento anual en área a de un 6% anual a nivel nacional, lo que ha llevado a que en el país existan más de 56mil hectáreas de este cultivo actualmente sembrado, teniendo un crecimiento de un 500% desde el año 2000.

Información a los teléfonos: 8760 9800, 8387 8745.

 

Imagen ilustrativa tomada de la nota: Comunidades afectadas por la pina se reúnen.

Enviado por FECON.

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