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Quebrada Pital cambia de color y al mismo tiempo registra contaminación con plaguicidas desde 2016
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Sala Constitucional condena al Estado a remediar contaminación con bromacil en agua para consumo humano
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Comunidades afectadas por piñeras de Limón ven reflejada su historia en la de Pital de San Carlos
(FECON, 30-1-2019) Enero del 2019 se despide con un río que cambió de color en San Carlos (ver video). La Quebrada Pital es un cuerpo de agua que pasa por en medio y le da nombre a una comunidad asediada por la expansión piñera. Esta quebrada reporta contaminación con plaguicidas usado en plantaciones piñeras desde hace al menos 3 años.
Vecinos Pital alertaron la mañana de este miércoles a Ministerio de Salud y al Ministerio de Ambiente y Energía de que la Quebrada Pital tenía un color azulado. Es muy temprano para decir que esta coloración anormal es culpa de las fincas piñeras aledañas, se espera que sean las autoridades las que determinen la causa de la contaminación, pero es necesario recordar que está Quebrada Pital es uno de los lugares donde fue detectado un alto grado de presencia de plaguicidas en el estudio realizado en 2015, 2016 y 2017 por el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, CICA. (Informe disponible en el link)
Lo que el CICA encontró en aguas superficiales también es muy alarmante. Se trata de contaminaciones muy por encima de los valores de referencia tolerados por organismos acuáticos. Es decir que la Quebrada Pital para 2016 y 2017 reportó concentraciones importantes de Ametrina, Bromacil, Carbendazín y Ciromazina; todos incompatibles con la vida acuática. Esperamos que el Ministerio de Salud sea consecuente con su papel y busque remediar esta situación que aqueja a la comunidad de Pital tan y como la Sala Cuarta le ordeno hace unos días.
Sumado a lo anterior es conocido que la Sala Constitucional en su Sentencia N° 2019-000695 ha obligado al Estado a crear un plan único conjunto para remediar la contaminación del agua para consumo humano en las comunidades de a Santa Rita, La Tabla y Santa Isabel de Río Cuarto de Alajuela. Las instancias involucradas son el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Tribunal Ambiental Administrativo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el Servicio Fitosanitario del Estado y el Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG).
Según el comunicado del 21 de enero pasado, Poder Judicial señala que: “estas instituciones conocían la existencia de denuncias por riesgo de contaminación de diversas nacientes en las comunidades afectadas y, pese a ello, incumplieron su obligación, en atención al principio de coordinación interinstitucional en materia ambiental y del principio precautorio, de atender la situación con la premura necesaria para este tipo de problemas. Lo que derivó en una crisis del servicio de agua potable en la zona, ante la salida de operación de las nacientes Brenes, Nicrodal, La Flor del Acueducto de Santa Rita, La Flor del Acueducto de Santa Isabel, La Culebra y Nicolás Rodríguez, por contaminación por agroquímicos. Ante el escenario actual, ordenaron que en forma inmediata se iniciara el proceso de saneamiento y eliminación de residuos de agroquímicos, de las fuentes de agua que abastecen a las comunidades de Santa Rita, La Tabla y Santa Isabel de Río Cuarto de Alajuela, por medio de un plan único que debe desarrollarse en forma conjunta por los diversos actores involucrados, cuyo principal responsable de su creación y completo cumplimiento se designó en la cabeza del Ministerio de Salud.”
La Sala Cuarta -nuevamente- pone al Estado a remediar la contaminación causada seguramente por empresas piñeras. En lugar de buscar soluciones para que los verdaderos culpables de la contaminación sean quienes paguen por sus crímenes ambientales.
Ya en 2009 este mismo tribunal condenó al Estado a remediar la contaminación en las comunidades de Cairo, La Francia, Milano y Luisiana de Siquirres (Poder Judicial, 2009). Hace ya 10 años que con recursos públicos se remedia la polución. Según consta en las sentencias 2009-9040 y 2009-9041 La Sala Cuarta ordenó al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) ha realizar un plan único para remediar la solución causada por el abuso de los plaguicidas.
La sociedad costarricense en su conjunto, y quienes pagan los impuestos, son quienes pagamos dicha remediación. Para dar dos ejemplos: en el caso del Cairo el costo de la nueva tubería fue unos ¢2.226 millones1 y las obras para la construcción del nuevo acueducto de Milano llegó a ¢374.480 millones2. Estos recursos fueron aportados de dinero público donde las empresas piñeras no aportaron un Colón.
En el caso de los acueductos contaminados en San Carlos se repite la historia que se vivió en Siquirres, los delitos ambientales siguen impunes mientras nos condenan a pagar con erario público las externalidades de un modelo fallido como el de la expansión piñera.
Al respecto Xinia Briceño, presidenta de la Asada de Milano señaló que: “Se repite la historia, lo mismo sucedió en Milano, Cairo y Luiciana, se traslada las responsabilidad al Estado, esto es frustrante ya que no se condena a quienes están contaminado las fuentes de agua”.
Enviado por FECON.
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