Una vez más nos toca hablar de Palma Tica (Grupo Numar) y de sus empresas subsidiarias en Costa Rica. Además de seguir rehusándose a instalar servicios higiénicos en las plantaciones y acondicionar lugares dignos para el consumo de alimentos, no pierden ocasión para tratar de debilitar al sindicato y desgastar a sus dirigentes.
Giorgio Trucchi | Rel UITA
Con Dania Obando
“Hay toda una estrategia de la empresa para levantarle el perfil al sindicato patronal e invisibilizar al nuestro. Con eso engañan a los trabajadores y pretenden quitarnos afiliados”, dijo a La Rel, Dania Obando, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Palma (Sitrapa).
Ejemplo de ello es la decisión de la dirigencia de Palma Tica de no aceptar dos propuestas del Sitrapa acerca de la entrega de un bono trimestral y el acceso a préstamos de emergencia para trabajadores y trabajadoras.
“Nunca nos hicieron caso, pero cuál fue la sorpresa cuando nos dimos cuenta que estos mismos beneficios se los dieron al sindicato patronal en otra finca de la empresa”, lamentó Obando.
De esta manera y con el uso de artimañas, la compañía palmera busca debilitar a la organización más combativa y beligerante.
“Hay una presión insoportable para que los trabajadores se desafilien del Sitrapa. No ha parado la campaña antisindical de la gerencia de la empresa. Quieren desgastarnos”, advirtió.
Mujeres las más afectadas
Otros temas muy delicados que Palma Tica no ha querido abordar, ni resolver son el de la instalación de servicios sanitarios en el campo, el cuidado de la higiene personal y las áreas donde ingerir alimentos.
“En especial las mujeres trabajadoras somos las que más sufrimos estas condiciones. Nos toca hacer nuestras necesidades al aire libre, limpiarnos como podemos y ni siquiera tenemos para lavarnos las manos antes de comer.
La situación se complica aún más –continuó la dirigente sindical– cuando tenemos nuestro período. Esto es vergonzoso y se convierte en un tema de dignidad”.
En una carta enviada recientemente al gerente general de la empresa, Obando aseguró que ella y el sindicato no descansarán hasta lograr la instalación de los servicios higiénicos y de lugares dignos donde consumir los alimentos.
“Hablamos de una empresa que está certificada internacionalmente. Basta ya de jugar con la dignidad de las personas”, concluyó.
Ante esta situación, se desarrollarán acciones que contarán con el apoyo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria, Gastronomía, Hotelería y Afines (Fentragh) y la Rel UITA.
En especial, la falta de solución al tema de los servicios sanitarios detonará en una campaña de denuncia internacional, que involucrará también a las autoridades del trabajo, responsables de no exigirle a Palma Tica el cumplimiento de las normas de salud laboral.
De acuerdo con las autoridades, el agua del proyecto Paacume no sería sólo para riego; sino que será prioridad el agua para consumo humano; sin embargo, diversos actores han externado su preocupación por quiénes serán los verdaderos beneficiarios de dicho megaproyecto.
Vista de las llanuras desde la Reserva Biológica Lomas Barbudal. Foto: Fabiola Pomareda García.
Desde las zonas más altas de Bagaces se aprecian en las llanuras del Tempisque los cultivos de arroz, algunas plantas de procesamiento de tilapia, las fincas ganaderas y unas pocas sabanas arboladas. Se sabe que a lo lejos esperan caminos de tierra que cruzan poblados donde lo que hay es sed. Sed y sequía. Los desarrollos turísticos, la falta de control sobre los acuíferos, el aumento en la población y la demanda de agua por parte de la agroindustria, todo tiene que ver con la carencia de agua en la provincia.
Mañana se empezaría a discutir en el plenario legislativo el “Proyecto de Ley para la Modificación de Límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para el Desarrollo del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras” (Expediente No. 20.465). Esta modificación de límites permitiría el avance del Proyecto Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (Paacume), impulsado por el Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento (SENARA), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y varios legisladores.
El Paacume consiste en construir canales para bajar aguas superficiales desde el Proyecto Hidroeléctrico Arenal, las cuales inundarían un embalse que abarcaría 850 hectáreas. Para esto serían inundadas 19 fincas ubicadas a la altura del río Piedras, más una parte de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal. Luego el agua bajaría a través de canales de riego hasta la bajura guanacasteca.
El plan tiene su base en el Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste-Pacífico Norte (PIAAG), que busca desarrollar proyectos de infraestructura “de regulación y control de agua para satisfacer la demanda de recurso hídrico para las poblaciones y el uso en riego en las llanuras del Tempisque”.
El 16 de julio la Comisión Especial dictaminó afirmativamente el proyecto de ley para modificar los límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal. Esa comisión está integrada por las y los legisladores de Guanacaste Aida Montiel y Luis Antonio Aiza (Liberación Nacional); Rodolfo Peña (Unidad Social Cristiana); Mileidy Alvarado (Restauración Nacional) y Paola Vega (Acción Ciudadana).
El legislador Rodolfo Peña, por ejemplo, es uno de los principales impulsores del proyecto. En un video reitera: “Se van a beneficiar en su mayoría pequeños agricultores, va a haber agua potable para 500,000 personas y llegará agua a las zonas costeras de Carrillo y de Santa Cruz y eso nos va a permitir la recuperación de los mantos acuíferos”.
Sin embargo, diversos actores han externado las siguientes preocupaciones: ¿Es verdaderamente agua para consumo humano?, ¿Son pequeños y medianos productores los que recibirán el riego? ¿Cuáles grupos hoteleros se verán beneficiados?
Toda la discusión alrededor del proyecto deja entrever la necesidad de más transparencia de parte del Gobierno a la hora de promover megaproyectos y al momento de informar a la población sobre las verdaderas personas beneficiadas, especialmente tratándose de una provincia tan necesitada como Guanacaste.
Imagen de la sequía extrema que afectó el norte de Guanacaste en el 2015. Foto: Luciano Capelli.
El discurso de que es “agua para consumo humano”
Un video informativo del SENARA destaca: “El agua no sería sólo para riego, el consumo humano será prioridad, unas 500 mil personas durante los próximos 50 años dispondrán de una cantidad de líquido similar al disponible para el Gran Área Metropolitana”.
El proyecto permitirá “asegurar disponibilidad de agua en los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya durante los 12 meses del año para consumo humano y riego para distintos usos”.
Según el Gobierno, con este proyecto se podrá poner bajo riego 18,800 hectáreas localizadas en los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya, para suplir la demanda de agua potable a unas 500,000 personas de los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya, con una proyección de 50 años.
Si bien el Paacume es un proyecto que permitirá llevar un caudal de 20 m³/segundo, provenientes del embalse Arenal, hasta la margen derecha del río Tempisque, sólo 2 m³/segundo de este caudal sería para consumo humano y eso nisiquiera está proyectado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (Aya). Sin embargo, el “agua para consumo humano” es una de las principales argumentaciones a favor del proyecto, usada por diputados y funcionarios del Gobierno.
En audiencia de la Comisión Especial que analizó este proyecto en la Asamblea Legislativa, Marvin Coto, director de ingeniería y desarrollo del SENARA, explicó que la red de distribución primero regará la zona de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya y luego llevará agua a la cordillera costera.
“Ahí se destinarán tres puntos para entregar 1,5 m³/segundo para uso del sector turístico costero y 2 m³/segundo de agua potable, que será administrado por parte del AyA, institución que desarrollará sus proyectos a futuro, de acuerdo con las necesidades y requerimientos de agua potable de las zonas de interés”, afirmó Coto.
Por otra parte, la gerente de SENARA, Patricia Quirós, también comentó lo mismo durante la audiencia: “Con relación al tema de la calidad de agua para uso potable, el proyecto establece la disponibilidad de recurso hídrico para el AyA en cuatro puntos: cerca de Filadelfia, cerca de Sardinal, cerca de Santa Cruz y cerca de Nicoya, según la distribución de los dos metros cúbicos”.
“Entonces, Paacume proporciona el agua cruda, en las condiciones en que llega desde el embalse Arenal. El Aya tendrá que hacer sus plantas de tratamiento de acuerdo con sus necesidades y sus redes de distribución. Esto no está incorporado dentro del proyecto, pues dependerá de las necesidades de la población y las proyecciones del Aya a futuro”, continuó Quirós.
El año pasado Gadi Amit Kaufman, en representación de la organización Confraternidad Guanacasteca, interpuso un recurso de amparo en contra del Aya.
Según la respuesta del AyA en diciembre de 2017 (Expediente No 17-013465-0007-CO), Saúl Trejos Bastos, director de la unidad de programación y control del AyA, indicó: “Revisada nuestra cartera de proyectos, tanto en las fases de prefactibilidad como factibilidad, no se encuentra ningún proyecto bajo el nombre Paacume. Los proyectos que tenemos en nuestra cartera para esa zona están indicados en el Cuadro 1 que se adjunta, en el cual indicamos la fuente de abastecimiento del recurso de amparo (…). Al contrario, todos los proyectos indicados en el Cuadro 1 supracitado hacen uso de recursos hídricos cercanos.”
En ese mismo documento, Luis Paulino Picado Blanco, director de la unidad ejecutora Proyecto Reducción de Agua No contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética, aseveró: “En el alcance del proyecto para la región Chorotega únicamente se consideran intervenciones en el Acueducto de Liberia y no considera inversiones en el desarrollo de nuevos acueductos (Proyecto Paacume por ejemplo)”.
Para Henry Picado Cerdas, presidente de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), criticó: “El agua para consumo humano está de adorno en el Paacume pues es poco viable y muy caro una planta de potabilización. De hecho el AyA no recomienda el uso de agua superficial y menos de este tipo pues pasará a cielo abierto por áreas de plantaciones de arroz o melón, con alto uso de plaguicidas y todo tipo de contaminación biológica y química. Además, el mismo AyA ha desmentido la posibilidad de que esta propuesta se lleva a cabo, puesto que no tienen planes al respecto”, dijo Picado refiriéndose a la respuesta citada del AyA.
Según Sofía Barquero, abogada y asesora legislativa en el despacho del diputado José María Villalta del Frente Amplio, “queda claro que ni la misma institución encargada del abastecimiento de agua para uso poblacional ha manifestado interés en realizar ningún proyecto que requiera puntualmente del caudal que generaría el Paacume”. “Por el contrario, el AyA es claro en su contestación en que tiene otras fuentes de agua disponible para realizar los proyectos que se encuentran planificados”, expresó Barquero.
Falta lista y régimen jurídico de pequeños y medianos agricultores que se beneficiarían
De acuerdo con el video promocional del SENARA, “el distrito de riego Arenal Tempisque genera cerca de $200 millones anuales de parte de productores agrícolas, piscícolas o pecuarios. El Paacume busca que eso mismo ocurra en Carrillo, Santa Cruz y Nicoya, asegurando el riego para esa zona”.
Además, promueve que “permitirá el riego de 18.800 hectáreas agroproductivas, como una medida de adaptación al cambio climático, de manera que la producción agropecuaria sea sostenible y constante, gracias a los sistemas de riego”.
Este es claramente el principal objetivo del proyecto: el riego. Pero igualmente surge la pregunta de si será riego para pequeños y medianos productores o para la gran agroindustria vinculada a los grupos de poder político y económico de siempre.
En una reciente sesión informativa realizada en la Asamblea Legislativa, Maritza Rojas, coordinadora de comunicación ambiental del ICE, dijo que los tres principales actores socioeconómicos del Paacume eran las empresas: Exporpack S.A., Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte S.A. y Azucarera El Viejo S.A.
Por su parte, Henry Picado, de la FECON, denunció que “el formato de este megaproyecto está en función de llevar agua a proyectos hídricamente despilfarradores e ineficientes como lo son los monocultivos. Este proyecto apodado con el eufemismo de ‘Agua para Guanacaste’ es en gran parte para regar monocultivos de caña de azúcar, melón, arroz, ganadería extensiva y, ¿por qué no? piña también. Pero sus promotores no lo dicen”.
Gadi, Amit, de Confraternidad Guanacasteca, se refirió al sector agrćola como el gran consumidor de agua y al acaparamiento de agua en pocas manos.
“El 80% del agua en Guanacaste es para riego de las cuatro grandes empresas que manejan la caña y el arroz. Cuatro empresas manejan 28.000 litros por segundo, cuando el resto de la provincia maneja sólo 5.000 litros por segundo. Esa es la concentración, esa es la mentira. Le quieren dar más agua a la gente que maneja el agua de riego: Ingenio Taboga, Azucarera El Viejo, Hacienda El Pelón y la Central Azucarera del Tempisque. Cada una tiene como 7.000 litros por segundo por parte de pozos, quebradas, ríos y el sistema de riego Arenal-Tempisque, que maneja SENARA”.
Henry Picado fue más allá y recalcó que “lo cierto es que las empresas que se ven directamente beneficiadas son las mismas que han acaparado el agua de Guanacaste en los últimos 30 años”. “Además, estas empresas beneficiadas con el Paacume tienen relación con partidos políticos tradicionales, han sido parte de sus equipos de gobierno e incluso invierten en campañas políticas”, dijo.
Según documentos de la FECON, Carlos Enrique González Pinto es representante legal de la empresa Melones de Costa Rica S.A. parte de la transnacional Del Monte.
González Pinto es fundador del Grupo Pelón de la Bajura y posee el 50% de las acciones de Melones de Costa Rica con la trasnacional Del Monte. Según reportes del Semanario UNIVERSIDAD, aportó a la campaña del expresidente Óscar Arias Sánchez más de ¢20 millones, según registros del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
La FECON también aseguró que Agustín Penón Orlich, presidente de Guanacaste Seco S.A., accionista de la exportadora melonera Exporpack S.A. y presidente de la Cámara Nacional de Productores de Melón y Sandía (CANAPEMS), es socio de André Garnier en el acueducto Coco-Ocotal y ha sido tradicional financiador de las campañas políticas del Partido Liberación Nacional.
No obstante, el SENARA sigue asegurando que el Paacume beneficiaría con riego un total de 18.800 hectáreas, dando servicio a 746 productores, de los cuales un 81.57% son pequeños y medianos. “De ellos, cerca del 70% tienen fincas menores a 25 hectáreas, y cerca del 11% tienen fincas de entre 25 y 50 hectáreas; el resto tiene fincas mayores a 50 hectáreas (19% ). De los 746 potenciales productores, 56 son de Nicoya, 197 de Santa Cruz y 493 de Carrillo”, señalan.
Pero para Sofía Barquero, es importante saber en la práctica quiénes usufructúan con estas propiedades, cuál es el régimen jurídico y, por lo tanto, cuántas de estas fincas están alquiladas a, o producen para la gran agroindustria.
“No hay certeza técnica de que el proyecto de riego para cultivos beneficie realmente a más de 700 personas, pues no hay un estudio de la demanda ni una caracterización de las personas beneficiarias. Se extraña un análisis más detallado sobre las personas reales que obtendrán el beneficio”, argumentó Barquero.
El agua que irá para los hoteles y condominios de lujo
Un tercer cuestionamiento tiene que ver con cuáles grupos hoteleros y turísticos se beneficiarán del Paacume.Y eso lo externaron en su momento habitantes de las comunidades guanacastecas a las que el ICE les presentó el proyecto. No queda claro si el agua irá para riego de áreas verdes de proyectos turísticos, para consumo humano de las personas turistas, o para qué.
Maritza Rojas, del ICE, señaló que el sector turístico beneficiado del Paacume serían los hoteles en las zonas Papagayo Sur-Ocotal, Cartagena-Flamingo y Brasilito-Tamarindo.
En su concepto, Gadi Amit cree que existen alternativas para solucionar el problema de acceso al agua: “Si se maneja adecuadamente el agua de riego que consume el 70% de toda el agua de guanacaste; ahorrando el 80% de eso duplicamos la cantidad de agua disponible y habría agua para el desarrollo. El tema es planificarlo, hacerlo decentemente para toda la gente, tomando en cuenta los intereses del pueblo y no de unos cuantos”.
26 organizaciones ambientalistas piden a Luis Guillermo Solís no firmar decreto que reforma SETENA
Monocultivos de piña de hasta 25 hectáreas y hoteles de 50 habitaciones no necesitarán de Estudios de Impacto Ambiental ni evaluación previa
El Poder Ejecutivo en próximos días gestionará la oficialización de un decreto ejecutivo titulado «Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental», el cual sustituiría no solo el Decreto Ejecutivo Número 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC, Reglamento General sobre los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), del 28 de junio del 2004, sino también el Manual de Evaluación de Impacto Ambiental vigente.
Esta reforma pretende evitar que dos terceras partes de los proyectos que requieren EIA los hagan dejando sin protección a la población costarricense bajo el concepto de disminución de trámites propuesto por el exministro de competitividad Jorge Woodbridge en la administración Arias desde el año 2008.
Una carta firmada por 26 organizaciones ambientales de todo el país y dirigida tanto al Presiente Luis Guillermo Solís Rivera; al ministro Edgar Gutiérrez y al Secretario General de SETENA Marco Arroyo afirma que: «Nos preocupa en gran medida algunos umbrales ambientales que propuestos en esta reforma ponen en riesgo el control sobre actividades con impactos demostrados como ha sido las plantaciones agroindustriales; la industria hotelera; la industria de la construcción y las concesiones de agua«.
Para la Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON) se estaría generando un severo cambio en el modelo de EIA que representaría un retroceso de 20 años para el avance ambiental que ha tenido Costa Rica.
Por su lado el Dr Allan Astorga Gättgens, geólogo y especialista en impacto ambiental denunció que: «quieren liberar todos los proyectos constructivos de hasta 9.000 m2 para que no hagan estudios técnicos ambientales (geotecnia, hidrología, Riesgo antrópico, geología, geomorfología, hidrogeología, amenazas naturales -deslizamientos, fallas geológicas, inundaciones, peligros volcánicos, arqueología, biología, impacto vial y ambiental). Esto es sumamente grave, dado que no todos los terrenos tienen la misma condición de fragilidad ambiental, y por eso, es indispensable que los mismos se analicen para saber si son aptos o no para la construcción de un proyecto urbano. Muchos de los cuales van a llegar a residir familias y personas, confiados de que se trata de una construcción segura, cuando en realidad puede no serlo«.
Henry Picado de la Federación Ecologista afirmó que: “sobre el umbral de plantaciones agroindustriales: nos parece un riesgo importante dejar que monocultivos -de piña, por ejemplo- sea exentos de EIA para extensiones de 25 hectáreas. Hay evidencia técnica y científica para demostrar que este tipo de actividad representa una amenaza para los mantos acuíferos y las fuentes de agua circundantes, debido a la alta concentración de agroquímicos que esta necesita para la producción«.
Tanto las organizaciones ambientales como el Dr Astorga coinciden que esta reforma es muy peligrosa en un contexto nacional donde sólo existen seis cantones con planes reguladores aprobados y con la variable ambiental aprobada, de manera que todos esos proyectos urbanísticos y muchos más, quedarían «a la libre», sin ningún control ambiental. Esto, sin que exista Ordenamiento Ambiental del Territorio y a pesar de que cerca del 25 % de las construcciones del país se localizan en zonas de alto y muy alto riesgo.
Jornada de salud comunitaria frente al poder de las corporaciones transaccionales
Hay una necesidad importante para aumentar la sostenibilidad ambiental del país debido a que esto también aumenta la calidad de vida de las personas.
Las afectaciones sufridas por las comunidades vecinas a plantaciones piñeras se encuentra subcontabilizadas y no existe una metodología clara para recuperar estos datos que son de importancia para determinar lineamientos nacionales para la disminución de dichos impactos en la salud humana.
Este seminario permitirá ahondar en una experiencia teórico-práctica sobre este tema, la epidemiología comunitaria desarrollada por el Dr Gianni Tognoni en países como Argentina y Brasil donde existen problemas similares por contaminación con agroquímicos provenientes del cultivo de la soya.
El seminario estará dirigido a docentes de las universidades públicas, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil. Será abierto y gratuito.
Objetivos/propósitos
El objetivo es ofrecer elementos teórico y prácticos sobre la metodología de la Epidemiología Comunitaria
Contenidos
Introducción al Epidemiología Comunitaria
Discusiones sobre la construcción colectiva de los derechos frente al poder de transaccionales
Acercamiento a la metodología de investigación de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados
Técnicas de investigación desde la Epidemiología comunitaria
Organizadores/as
-Oficina de Asuntos Internacionales de la Universidad de Costa Rica
-Escuela de Salud Ambiental-Universidad de Costa Rica
-Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera
-Centro de Derecho Ambiental y de Recursos Naturales
Solo 7 proyectos solicitando viabilidad ambiental de SETENA para el cultivo de 4.175 hectáreas entre 2014 y 2015 en el cantón de los Chiles
Entre 2004 y 2015 la extensión territorial de las plantaciones creció más de veintitrés veces
La investigación surgió de un proyecto de Acción Social que es parte del Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria de la Universidad de Costa Rica. Dicho proyecto trabaja con comunidades en la Zona Norte-norte desde el año 2009.
El estudio incluye una cartografía participativa realizada en la zona Norte-Norte incluyendo los cantones de Upala, Los Chiles y Guatuso. En la investigación se evidencia la falta de licencias de viabilidad ambiental y la ausencia de seguimiento de los proyectos que sí cuentan con ella, presencia de fincas piñeras dentro de corredores biológicos, fincas dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo y producción de piña dentro de asentamientos campesinos bajo la tutela del INDER.
El análisis de los expedientes de la SETENA y del trabajo de campo en cantones de esta región (Upala, Los Chiles y Guatuso), concluyó que: “i) algunas de las empresas que siembran y procesan piña no cuentan con licencias de viabilidad ambiental, ii) la Setena carece de mecanismos para dar seguimiento en el mediano y largo plazos a los proyectos que sí cuentan con esa autorización, y iii) los datos recopilados en los expedientes no permiten identificar los impactos que tienen estos cultivos sobre el territorio y la biodiversidad”.
Entre 2004 y 2015 se realizaron evaluaciones de impacto ambiental de 47 proyectos en la región Norte-Norte más de la mitad (29) en los Chiles. Las evaluaciones indican del total de proyectos el 65,9% recibió la viabilidad ambiental, un 21,3% fue rechazado, un 10,6% sigue en estudio y para un 2,1% no se registró información.
Desde la perspectiva ambiental, el estudio mapeó la presencia de fincas piñeras dentro de corredores biológicos ruta los Malekus, Medio Queso y Las Camelias, situación que amenaza la conservación de la biodiversidad. También existen hay plantaciones dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, las cuales fueron establecidas después de que el Estado declarara ese espacio como área protegida después de 1994. Los refugios de vida silvestre Duaru y Caño Negro están potencialmente amenazados, lo mismo que los cuerpos de agua continental: ríos y humedales.
Por otra parte, hay evidencia de que cerca de veinte fincas dedicadas a la producción de piña se localizan dentro de asentamientos campesinos bajo la tutela del INDER. A este respecto el Estudio plantea la hipótesis de que la expansión de esa actividad en los últimos años –principalmente en el cantón de Los Chiles- fue posible a partir del alquiler de tierras, con al menos tres consecuencias: “i) los propietarios de las parcelas pasaron a ser asalariados, ii) hubo desplazamiento –interno o externo- de familias, y iii) el suelo se degradó por efecto del alto uso de agroquímicos, al punto que, si estas tierras volvieran a manos de sus propietarios, posiblemente no serán aptas para la producción agropecuaria.”
Exigimos al gobierno retirar el llamado que hizo el pasado 25 de noviembre en medio de la emergencia del huracán Otto donde instaba a incrementar las fumigaciones de bananeras y piñeras
Repudiamos la firma del nuevo reglamento de registro de agroquímicos por parte de este gobierno venenero
El pasado 03 de diciembre se cumplieron treinta años desde que una fábrica de plaguicidas explotó en la ciudad de Bhopal, en India, contaminando a toda su población. Más de 16.000 muertos dejó ese incidente y más de medio millón de afectados por una empresa propiedad de Dow Chemicals, transnacional responsable de cientos de contaminantes usados en la agroindustria a nivel global. Lamentablemente, Costa Rica no se encuentra ajena de esto.
En un país como el nuestro se usan anualmente 18.2 kilogramos de ingrediente activo de plaguicida por hectárea. Es así como la expansión piñera explotó como una bomba de toxicidad sobre comunidades enteras. Desde hace nueve años las comunidades de El Cairo, La Francia y Milano, en el Caribe costarricense, no tienen agua potable. Más de 12.000 personas abren el tubo en casa para recibir un cóctel de más de 22 agroquímicos en el agua que se supone para consumo, todos venenos usados en las plantaciones extensivas de piña.
Más recientemente, en junio 2016 se han encontrado también en la zona norte del país casos similares. Por ejemplo, le acueducto comunitario Veracuz de Pital de San Carlos, el cual presenta contaminación con el herbicida Bromacil, usado en las plantaciones piñeras. Es así como se suman unas 3500 personas afectadas por esta industria irresponsable que sigue ganando dinero a costa de la salud humana.
Las empresas piñeras alcanzaron exportaciones anuales superiores a USD$ 1.000 millones de dólares según datos de Procomer De esta millonaria suma son las empresas Dole y Chiquita Brands las que se llevan la gran mayoría de las ganancias con consecuencias muy negativas para comunidades y familias campesinas.
La industria de la piña acapara tierras de campesinos/as. La producción se concentra en grandes fincas. Según el último censo agrícola el 90% de las fincas piñeras tienen extensiones de más de 100 hectáreas. Es decir, esta actividad no beneficia a pequeños campesinos ni a comunidades locales, sino a enclaves empresariales con poco encadenamiento productivo.
Si nos preguntamos ¿a quiénes benefician estas empresas contaminantes? Podemos asegurar que: a empresarios y políticos que les importa poco el agua de la gente; el bosque, la salud del niño/a que recibe clases en una escuela rodeada de monocultivo o las comunidades vecinas a la piñera. Por el contrario están intentando librarse de sus responsabilidades legales, laborales y ambientales.
Señalamos que es un mito que las piñeras son fuente de desarrollo. Las empresa piñeras no pagan impuestos municipales; están exentas del impuesto sobre la renta; sus compras están exoneradas del impuesto sobre las ventas y no pagan impuestos sobre la exportación. Quienes dicen al menos que ofrecen trabajo a cambio nunca han padecido el dolor de ver un hijo o una hija morirse lentamente envenenado por el contacto diario con los plaguicidas a cambio de salarios muy inferiores al mínimo y en condiciones de exploración e inseguridad. Incluso en eventos de emergencia como un huracán se comportan de forma mezquina irrespetando cualquier medida de prevención. Además es muy preocupante que tenga al gobierno como cómplice de todos estos crímenes.
Lamentamos que el Gobierno de La República adopte medidas anti-ecológicas ante el paso del huracán Otto como fue llamar a incrementar las fumigaciones en las plantaciones de banano y piña. Condenando a las poblaciones aledañas a más contaminación, como si perder sus casas y sus modos de vida no fuera suficiente.
Para colmos, en medio de esta crisis agrícola la solución del gobierno de Luis Guillermo Solis es abrir las fronteras a la entrada de más plaguicidas, desmontando controles de registro y evaluación ambiental. Mediante el nuevo reglamento de registro de plaguicidas escrito de puño y letra de las transaccionales químicas como Bayer y Monsanto.
Es necesario incrementar los controles de importación, registro, venta y aplicación de agroquímicos. Cuestión que este nuevo reglamento, firmado el pasado viernes 2 de diciembre, no atiende de forma adecuada. Pedimos la derogación inmediata del nuevo decreto que reglamenta de forma irresponsable el registro de agroquímicos. Es urgente prohibir “La Docena Sucia”1, el Bromacil y el Glifosato.
¡Paren de fumigarnos!
Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera