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Electricidad en la COP27: energía in-sostenible y más pobreza

Escrito en 08/11/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Osvaldo Durán-Castro/ Sociólogo ITCR
FECON Costa Rica/Rivers for Climate Coalition

En un artículo anterior relacionado con el agua en la COP27 señalamos que dentro de los modelos sociales que rigen la economía mundial, es imposible cumplir objetivos de la Agenda 2030 como “6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos” y “7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos”. En este artículo revisamos algunos datos de pobreza y acceso o exclusión del servicio básico de electricidad. Concluimos que no será posible garantizar ese servicio, mientras no se asuma que sin justicia social es imposible la justicia climática, y que las “energías limpias” nunca serán una solución efectiva si sólo resultan “sostenibles” en el norte y para las élites del mundo, gracias a la destrucción de los ecosistemas, principalmente en el sur.

MÁS REPRESAS, PERO MÁS POBRES SIN ELECTRICIDAD

Lejos de avanzar para cumplir los objetivos 6 y 7 de la Agenda 2030, los resultados del modelo social actual dan cuenta de la creciente inequidad que se refleja en el aumento de las fortunas de pocas personas y de empresas corporativas, frente a la pobreza de más de mil millones de personas que entre otras privaciones, no disponen del servicio básico de electricidad. Otro resultado catastrófico del modelo energético actual, aunque no divulgado ni aceptado, es el aumento de ecosistemas destruidos, mientas se sigue hablando de energías “verdes y sostenibles”. A pesar de esos desequilibrios insalvables del modelo, la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica (IHA siglas en inglés), que realizó en 2021 su congreso mundial en Costa Rica, lleva un mensaje a la COP27, pidiendo “desbloquear las barreras para el desarrollo hidroeléctrico ahora”, y lanzan, entre otras demandas, “que las inversiones en hidroelectricidad sean incentivadas en mecanismos financieros y simplificación de licencias”. Todo eso en contradicción directa de organizaciones y pueblos en todo mundo que ven la electricidad como parte de una matriz energética destructiva, violatoria de derechos humanos y aceleradora del cambio climático.

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Darle acceso a electricidad a toda la gente y sobre todo a la más pobre, según sugiere el texto del objetivo 7, requiere un cambio social que implica sustituir las reglas del mercado por unas que garanticen equidad social, protección efectiva de los ecosistemas en la producción energética y la superación de la falacia de la hidroelectricidad como energía limpia y sostenible. Requiere también aumentar la investigación para el desarrollo de tecnologías limpias, o al menos de mínimo impacto destructivo. Pero la equidad y la protección de los ecosistemas no son componentes del modelo actual. A partir de estudios de organizaciones como las Naciones Unidas, ONU, y la Comisión económica para América Latina, CEPAL, podemos confirmar que desde hace décadas se aceleró la tendencia de los gobiernos, las corporaciones multinacionales y las empresas nacionales, hacia la inversión energética que da prioridad a la acumulación de riqueza. La ONU ha reconocido que cerca de 1200 millones de personas en el mundo viven sin electricidad. Esto es más que notable y contradictorio pues el ritmo de producción de esta energía no se ha detenido en ningún momento y a ningún consumidor final se le regala, lo cual indica un flujo permanente de ganancias para las empresas estatales y privadas. La pregunta es para qué y para quiénes se genera energía, y particularmente electricidad.

Para cumplir el objetivo 7 de la Agenda 2030 lo mínimo esperable es que las personas tengan acceso a energía estable y con precios razonables de acuerdo con su condición socio económica. Pero los datos indican que a pesar de que se siguen eliminando y deteriorando ecosistemas fundamentales para la vida en el planeta, como los ríos, el suelo, el subsuelo y el aire, la gente más pobre no tiene electricidad. De acuerdo con el estudio “La energía en América Latina y el Caribe”, de mayo de 2022 de la CEPAL, en América Latina el acceso desigual a la electricidad está completamente marcado entre zonas urbanas y rurales y entre gente rica y pobre. De la gente que integra el 20% más pobre de la población, un 12%, más de la mitad, no tiene acceso a la electricidad y si agregamos otro 20% de la población, resulta que 18 de cada 40 de las personas pobres viven sin electricidad.

Las evidencias son tristemente contundentes. Como es sabido durante la pandemia de la Covid 19 desmejoraron muchos indicadores de bienestar social. En setiembre de 2022 la CEPAL indicó que en América Latina“…75 millones no tienen acceso a combustibles y tecnologías limpias para cocinar, lo que exacerbó la pobreza y vulnerabilidad durante y después de la pandemia. Esta situación se puede ver agravada por el aumento de los precios de los combustibles fósiles en el contexto de la guerra en Ucrania”, como de hecho ha ocurrido.

No es de necios insistir en que será imposible vincular positivamente el servicio de electricidad con la calidad de vida de la gente, cuando la inequidad sigue creciendo y todas las crisis impactan negativamente, más rápido y más fuerte, a quienes viven en pobreza. La Organización Panamericana de la Salud y la CEPAL (2020) en su “Informe Covid-19. Salud y economía: una convergencia necesaria para enfrentar el Covid-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe”, advirtieron sobre las repercusiones diferenciadas de la crisis entre pobres y no pobres, e incluso sobre los peores impactos para las mujeres pobres: “la crisis afectará más gravemente a las mujeres, ya que estas representan más del 60% de la mano de obra en los sectores de alojamiento y servicios de alimentación y el 72,8% de la fuerza de trabajo en el sector de la atención de la salud…”

Pero incluso, entre toda la gente pobre y las mujeres pobres, hay grupos sociales más vulnerados y excluidos como las poblaciones indígenas y afrodescendientes, quienes, además de la pobreza material, enfrentan muchas otras expresiones de discriminación, racismos y exclusión por su origen étnico, neocolonialismo cultural moderno, escaso y desigual acceso a la justicia, o a veces nulo. En América Latina, según la CEPAL, “la proporción de la población indígena y afrodescendiente sin acceso a la electricidad, en promedio, duplica y, en algunos casos, triplica a la proporción respectiva de la población no indígena ni afrodescendiente”.

La gente pobre no sólo es la que tiene menos acceso a la electricidad, si no que es también la que paga proporcionalmente una factura mucho mayor por la electricidad con respecto de sus ingresos y la que tiene menos acceso a tecnologías modernas. Con mucho optimismo la CEPAL sigue llamando a los gobiernos a “invertir anualmente 2,6% del PIB regional durante los próximos 10 años -para- universalizar el acceso a los servicios básicos de agua potable, saneamiento y electricidad, sin dejar a nadie atrás”. Particularmente “en el sector eléctrico, incluyendo la utilización de tecnología renovable (i.e. solar y eólica) en línea con las metas del ODS 7, se debe invertir un 1,3% anual del PIB regional durante 10 años”. Pero estas inversiones, en el remoto caso que se implementaran, no servirán si no están orientadas asegurar que se logre el acceso de la gente más pobre a esos servicios. De lo contrario, la brecha entre los que pueden derrochar energía, que son las élites de los países, y el resto de la población, se irá ensanchando cada vez más.

Otro factor que generalmente es presentado como un gran beneficio, es la generación de empleo en la construcción de proyectos energéticos en general y de las hidroeléctricas en particular. Pero ese empleo puede fácilmente ser una trampa: es apenas temporal, no necesariamente cumple con las normas de seguridad laboral de cada país, en muchos casos se hace por medio de subcontrataciones de empresas locales para evadir responsabilidades directas por parte de las empresas dueñas de los proyectos. En fin, ninguno de estos empleos es “verde” ni “sostenible” ya que vulnera y destruye ecosistemas, y no resuelve la pobreza permanentemente.

EL MODELO SOCIAL ACTUAL NO ADMITE CAMBIOS POSITIVOS

Para asociar, en la práctica, la economía, la equidad y el cuidado de naturaleza, se requiere un cambio radical de visión; un cambio de paradigma, que permita re-inventar la matriz energética, y particularmente la hidroelectricidad. No se trata prometer que la gente más pobre tendrá acceso al servicio de electricidad, pues el mercado no resuelve la desigualdad social ni cuida los ecosistemas. Se requiere convertir la producción, distribución, almacenamiento y consumo final de la energía y de la electricidad, en servicios orientados a satisfacer las necesidades de la gente y no de los negocios. Por esto es que las demandas fundamentales de organizaciones que integran Rivers for Climate Coalition, cuestionan estructuralmente los modelos de economía y de energías actuales y piden la “Prohibición de fondos comprometidos bajo el Acuerdo de París para la construcción de nuevas represas hidroeléctricas” y exigen a todos los países “eliminar nuevas represas hidroeléctricas de sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC)”. En todo el mundo se está desarrollando una campaña con el lema “Los acuerdos climáticos no deberían apoyar las represas”, para pedirle a la ONU no incluir las hidroeléctricas bajo el “Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)”, mediante el cual éstas “pueden vender créditos de carbono, también conocidos como Créditos Certificados de Reducción de Emisiones o CER”. Ya la ONU reconoció 1.965 represas en los MDL, y ésa es una línea que se debe revertir.

La electricidad siempre ha sido un detonador de destrucción de ecosistemas y a la vez de acumulación de riqueza, problemas que no se discuten en los foros oficiales ni empresariales. En países como Costa Rica donde casi el 100% de la población tiene acceso a la electricidad, uno de los problemas fundamentales es que una parte de la electricidad, la que producen las empresas privadas locales y extranjeras, no se genera en función de las necesidades de la sociedad, si no que es un negocio extremadamente lucrativo para un reducido segmento empresarial que sobrevive gracias a que desde hace más de 3 décadas, el Estado ha sido obligado a comprar su energía aunque la demanda esté satisfecha con la electricidad pública. Pero además de los pagos elevados por esa electricidad privada, innecesaria, la riqueza de esos generadores se ha elevado con “sobre-pagos” que alcanzaron 23,8 millones de dólares en apenas 18 meses, entre diciembre de 2017 y mayo del 2019”. Entre 2010 y 2018 el pago por electricidad privada fue de 2.049,00 millones de dólares, un monto en extremo elevado en la escala de la economía de Costa Rica.

Esas “estafas legales” ocurren también en cualquier otro país donde los negocios estén por encima del bienestar colectivo, del cuidado de las finanzas públicas y de la economía de las familias. En agosto del 2021 se dio a conocer en Inglaterra, Francia y España que la empresa Iberdrola había vaciado el embalse de Ricobayo (en España) en medio de una de las peores sequías de la historia, con el fin de vender electricidad a precios exorbitantes, mientras la gente sucumbía de calor y tenía que pagar facturas de electricidad también exorbitantes. Pero, además, “Iberdrola, el segundo mayor productor del país, drenó las presas en las provincias de Zamora y Cáceres en el oeste de España durante un período de unas pocas semanas para producir energía hidroeléctrica barata mientras el precio para los consumidores está en un nivel récord”. Tanto en Costa Rica como España, y en todo el mundo, se sigue hablando de hidroelectricidad “sostenible y limpia”, mientras mueren los ríos y los ecosistemas, y se privilegian las fortunas de los generadores de electricidad sobre los intereses colectivos.

Tanto a nivel de países, como entre zonas urbanas y rurales y dentro de éstas, la electricidad es un indicador de inequidad social consolidado. El acceso a la electricidad es un resultado que se construye en periodos largos, y así como en las últimas décadas, o desde siempre, ha sido imposible que las personas más pobres tengan acceso justo a la electricidad y a la energía en general, es improbable, cuando no imposible, que en los próximos años se cumpla el objetivo 7 de la agenda 2030. La justicia climática global obliga a revisar y cambiar los patrones de producción industrializada de la energía y también implica que cada uno de los costos por destrucción ecológica y pérdidas sociales como los desplazamientos forzados, el acoso, la intimidación y hasta los asesinatos, sean reconocidos, juzgados, castigados y resarcidos. También es indispensable resolver con justicia, y no desde el mercado, las preguntas para qué y para quiénes se genera y consume energía y electricidad.

Si en la COP27 se mantiene la dinámica de diálogos para reiterar la catástrofe climática real que vivimos, pero no se logran compromisos vinculantes y obligatorios para los países y corporaciones más contaminantes, “nada cambiará en Inglaterra, excepto el clima”, como dijo el escritor Oscar Wilde. Absolutamente nada cambiará en el mundo, excepto el clima para empeorar, y seguiremos avanzando hacia la debacle, pero con responsabilidades bien diferentes entre las élites que acumulan la riqueza de manera indecente y se ahogan en la opulencia, y la gente pobre sin energía, sin electricidad, sin salud y sin comida. Revertir el curso de la crisis climática actual jamás será posible sin justicia social. A pesar de las buenas intenciones de miles de personas, los discursos y hasta las protestas no detendrán el cambio climático. Eso será inviable sin un cambio de las actuales reglas de mercado y sin reconocer las responsabilidades diferenciadas en la destrucción del planeta. No es tolerable un modelo global de supuestas “energías limpias” en el norte, que sólo resulta “sostenible” por la destrucción de los ecosistemas, el desplazamiento de pueblos enteros, e incluso los asesinatos y la esclavitud moderna en el sur.

La gobernanza ante la desigualdad y la pobreza en Costa Rica

Escrito en 04/11/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

Reducir la desigualdad en América Latina, la región más desigual del mundo sí es posible y constituye hoy en día uno de los retos prioritarios para lograr el desarrollo humano en nuestros países. Sin embargo, esos retos requieren una sistemática y rápida atención. (Carvalho, Luiza, “Desigualdad en América Latina.” La Nación. 13 de setiembre 2010)

En nuestra región, la desigualdad afecta más a las mujeres, a la población indígena y a la afrodescendiente. Las mujeres reciben un menor salario que los hombres por igual trabajo, tienen mayor presencia en la economía informal y trabajan más horas que los hombres (doble carga laboral). En promedio, el porcentaje de la población indígena y afrodescendiente que vive en pobreza extrema (un dólar por día o menos) es el doble que el resto de la población. (Ibidem)

Los cambios estructurales

Decimos que un cambio es de naturaleza estructural, cuando se afectan variables que están en la base misma de una sociedad. Un cambio estructural se produjo en los países subdesarrollados de Centroamérica, por ejemplo, cuando las sociedades adoptaron políticas de largo plazo, para reemplazar las importaciones de insumos industriales y comenzaron a producirlas internamente. Para ello fue necesaria la intervención del Estado, para crear políticas proteccionistas, una combinación de impuestos a los bienes extranjeros y préstamos blandos a la inversión interna (políticas de subsidios). Asimismo, ahora está visto que, para variar la estructura de las sociedades contemporáneas de la misma región, en procura del bienestar del mayor número de personas, se requieren políticas públicas multidimensionales y de largo plazo como son: las educativas, de salud pública, tributarias y fiscales, ambientales, agroforestales, de equidad social, que promuevan la participación ciudadana, entre otras; si lo que se quiere es enfrentar la crónica desigualdad social, la pobreza y pobreza extrema. O sea, se apunta a cambios estructurales (largo plazo, multidimensionales), por oposición a los coyunturales (corto plazo, cambios puntuales) para obtener una sólida gobernanza.

¿Qué se necesita para que se produzcan políticas públicas de mediano a largo plazo y multidimensionales? Como se trata de un verdadero cambio en la manera de gestar la política pública, es preciso que exista una verdadera voluntad política, tanto para promover la participación de la ciudadanía cuanto, para impulsar las políticas con progresividad, o sea con una vocación de distribución de la riqueza socialmente producida en favor de los más pobres. Imaginemos que, el lanzamiento del primer Informe de Desarrollo Humano, concebido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para medir innovadoramente el desarrollo de los países, valga decir, “más allá de sus niveles de crecimiento económico”, data del año 1990. Se trató de una nueva propuesta centrada en el ser humano que se compuso de dimensiones educativas, salud e ingresos. A partir de allí fue modificada sustancialmente la calidad del debate en los países del continente, ya que el mismo se orientó al fortalecimiento de políticas públicas para mejorar la vida de las personas. No obstante, como es fácil de anticipar, por lo que sabemos, en muy pocos países los gobernantes fueron capaces de impulsar nuevas políticas con esa orientación. Casualmente uno de ellos fue Brasil, durante las dos administraciones del presidente Lula entre el 2003 y 2010; donde se logró sacar de la pobreza y la pobreza extrema a más de 30 millones de personas y, por primera vez se redujo el índice de desigualdad, medido en términos de las diferencias salariales (coeficiente de Gini), agrupada la población por deciles según los ingresos de las personas.

El informe mencionado del PNUD identificó también que, la enorme mayoría de los sistemas políticos latinoamericanos, históricamente han reforzado la desigualdad, pues, como lo señaló Luiza Carvalho, imperan en ellos “…estructuras fiscales asimétricas, escasas capacidades regulatorias del Estado e instituciones que discriminan y reproducen las diferencias entre los grupos poblacionales, [y por añadidura prevalece en ellos] poca transparencia, clientelismo, corrupción y un débil compromiso ciudadano con la acción pública.” (Cfr. Ibid).

La desigualdad y la pobreza en Costa Rica: los datos duros.

La pobreza y la pobreza extrema en Costa Rica son crónicas y perseverantes. En tanto que, la desigualdad ha venido creciendo con altibajos, pero ininterrumpidamente desde el 2005; el coeficiente de Gini llegó a medir en 1916: 0,49, equivalente a los niveles de 1980. (El coeficiente va de 0 a 1, donde 0 indica una situación de mayor equidad entre los deciles. En cambio, conforme se acerca a 1, quiere decir que el ingreso se va distribuyendo de manera cada vez más dispar. Así, 1 querría decir que el 100% del ingreso estaría concentrado íntegramente, en el decil de los que reciben mayores salarios.)

Aunque en parte de los 90 y en el primer quinquenio del 2.000 se produjo una recuperación importante en términos de la igualdad (1994 el coeficiente fue de 0,387 -el menor en Latinoamérica y Los Estados Unidos-); en cambio, en 1916 habíamos regresado al nivel de 1980, 0,49 que marcó una desigualdad mucho más acentuada que en el promedio de América Latina. En Costa Rica habita hoy una población ligeramente superior a las cinco millones doscientas mil personas; pero como dijera un artículo de Valeria López del 2018 en el semanario Universidad, unos viven como en África, mientras otros han alcanzado un estilo de vida como el de los países europeos. (Cfr. López Sedó, Valeria. Versión digital https://semanariouniversidad.com/pais/costa-o-rica-la-odiosa-desigualdad-que-nos-devolvio-a-1980/). Peor aún, el coeficiente de Gini continuó subiendo en Costa Rica, hasta alcanzar su valor más alto desde el 2010: 0,524 en el año 2021, según la Encuesta de Hogares de Costa Rica (ENAHO). En el 2019, el ingreso neto promedio de los hogares más ricos había sido 13 veces superior que el del 20% de los hogares más pobres. Hay que hacer la observación de que, si se hiciera una medición no en términos de los salarios, sino del patrimonio (conjunto de bienes, derechos y obligaciones que son propiedad de una persona o empresa), muy probablemente la desigualdad sería escandalosamente más alta.

Por su parte, el indicador que mide la pobreza y la pobreza extrema no hace sino mostrar un considerable agravamiento de la situación social de las familias costarricenses en condición de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema.

Los datos más recientes continúan mostrando la persistencia del fenómeno de la pobreza, cuando no su agravamiento. La Encuesta de Hogares del 2022 reveló que el índice general de pobreza se había estancado respecto del año anterior en 23%. Sin embargo, mientras en la zona urbana es de 21.1%, en la zona rural se marcó un crecimiento de las familias en condición de pobreza, ya que el indicador se estableció en un 28.3%, dos puntos porcentuales más alta que la del 2021. Se trata del segundo pico de pobreza más alto de la zona rural costarricense desde el 2010; el pico más alto fue el dato reportado en el 2014, que había alcanzado el 30,3% de familias que padecen la pobreza. Por otra parte, retomo el tema de la desigualdad para sugerir que, si observamos con mayor perspectiva los datos del coeficiente de Gini desde el 2010, de acuerdo siempre con el INEC, se puede ver con claridad que, la desigualdad no ha logrado reducirse, oscilando entre el valor más bajo del decenio que fue en el 2010, cuando se logró alcanzar un coeficiente de 0.507, hasta el más alto registrado en el año 2021 que fue de 0.524.

Por añadidura, los periodistas Patricia Leitón y Alejandro Durán, informaron que, de acuerdo con el INEC, hubo un aumento de la desigualdad entre la pobreza urbana y la rural en perjuicio de la segunda. (Cfr. Leitón, P. y Durán, A. “Porcentaje de hogares pobres se estanca y poder adquisitivo cae.” La Nación, 21.10.22. P-21A).

Finalmente postulo que, no habrá “Gobernanza”, hasta que no visualicemos ese modelo multidimensional, que integre una participación real de la ciudadanía, con las políticas sociales sin discriminación de ningún sector, con equidad de género, con una atención urgente a los discriminados de los sistemas de educación y de salud pública, una efectiva distribución de la riqueza y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Se trata, como resulta obvio, de un modelo que trascienda con mucho un cuatrienio. Por el curso que llevan los acontecimientos, más allá de algunas promesas aisladas, lamentablemente no vemos esa orientación en la actual administración.

Epílogo.

Los anteriores análisis, ameritan ser complementados con un análisis con un enfoque de sociología política, mediante el cual se logre desentrañar al menos, algunas cuestiones como las siguientes: ¿Cuáles han sido en el pasado y en el pasado reciente, las fuerzas sociales y políticas en presencia, cuáles fueron los principales movimientos sociales que figuraron como protagonistas en las diferentes coyunturas y cuáles fueron las articulaciones políticas entre todas ellas que permitieron impulsar políticas públicas y le imprimieron a la sociedad costarricense cierta estabilidad, crecimiento y, dotaron al Estado de capacidad para crear instituciones de bien social y económico, como la “Caja”, el ICE, la banca estatal, el INS, el AyA, el CNP, RECOPE, las universidades públicas y las municipalidades con algunas potestades de acción en lo local, entre muchas otras? ¿Cuáles fueron las fracciones sociales hegemónicas en las diferentes coyunturas y cómo gestaron alianzas políticas y con qué contenido ideológico para viabilizar el auge de las capas medias de la población y una suerte de movilidad social desde los sectores populares?

¿Cuáles fueron las clases y sectores sociales que enfrentaron de un modo sistemático o coyuntural la alianza que le dio sustento a lo que José Figueres denominó como la “Segunda República”? ¿Cómo se amalgamaron ellas también y con determinados sectores subalternos, para consolidar en diferentes momentos, alianzas políticas cuyo vértice fue la oposición a la deriva estatista del bloque socio político anterior con todas sus secuelas? ¿Qué políticas llevaron adelante que les permitió resquebrajar el bloque dominante de la coyuntura 1953-1978, sustrayéndole incluso importantes bases del sector popular e introduciéndole contradicciones en su interior? ¿Qué fuerzas sociopolíticas y con qué apoyos impulsaron políticas desregulatorias y anti estatistas que luego dieron pie, a finales del siglo XX e inicios del XXI, a una segunda “ola de modernización”, esta vez con acento en la liberalización del mercado y el debilitamiento de la estructura del Estado y sus instituciones? ¿Cuál fue el papel de los apoyos externos, gobiernos extranjeros, organismos financieros internacionales, capital extranjero? ¿Cómo se anudaron con las fuerzas políticas dominantes? ¿Qué cambios de naturaleza ideológica indujeron en los partidos políticos que habían sido dominantes durante la segunda mitad de la centuria pasada? ¿Qué nuevas fuerzas políticas aparecen en la escena desde finales del sigo XX y cuáles fueron sus orientaciones?

¿Cómo y qué fuerzas políticas y sociales fueron capaces de debilitar y hasta de romper la hegemonía del bipartidismo tradicional y con qué orientaciones ideológicas? ¿Se debilitó el bloque sociopolítico dominante? ¿Qué contradicciones se produjeron al interior de las fracciones sociales y políticas dominantes? ¿Qué nuevas fuerzas políticas han emergido al influjo de las condiciones de crisis política creada? ¿Hasta qué punto se han debilitado los partidos políticos tradicionales e incluso las fuerzas emergentes desde las postrimerías de la centuria anterior? ¿Cómo se rearticulan los partidos de izquierda y con qué orientaciones y apoyos sociales? ¿Cómo están estructuradas las fuerzas sociales populares y de que manera se insertan dentro de los partidos políticos vigentes? ¿Qué está en juego en la actual coyuntura y cómo se posicionan las fuerzas sociales y políticas frente a ello?

No todas las interrogantes están sin respuestas en los análisis sociológicos, politológicos o económicos contemporáneos. Pero, sería esperable un examen riguroso y sistemático de toda esta compleja realidad. En la medida de nuestras posibilidades contribuiremos en ello.

Compartido con SURCOS por el autor.

¡Limón se une por la institucionalidad costarricense!

Escrito en 03/11/2022. Publicado en Comunidad, Derechos.

La marcha del pasado 29 de octubre en Limón a favor de la institucionalidad costarricense fue llevada a cabo con éxito, las personas salieron de la Municipalidad de Limón a las 12:00 m.d. con destino a la entrada de JAPDEVA.

Limón el pasado sábado se unió, por la reactivación económica, la generación de empleo, la lucha contra la pobreza, ejecución del canon de APM y mayor seguridad para las familias, instituciones, empresas y negocios.

Compartido con SURCOS por Fedrick Patterson Bent.

¿Salvarán los cambios políticos a Liberación Nacional?

Escrito en 03/11/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El Partido Liberación Nacional, de los actuales partidos activos, en la vida nacional, es el más viejo y el que más ha impactado el desarrollo institucional del país desde 1951, cuando se fundó, y desde 1953 cuando empezó a ejercer gobiernos. Si se retrotrae su historia a sus raíces desde la Junta de Gobierno, 1948-1949, cuando su fundador, José Figueres gobernó, a la fuerza, de facto, con los Decretos Ley que aprobaron, en ese período de Gobierno, que sentaron las bases de la Costa Rica de la segunda mitad del siglo XX, más importancia se le puede reconocer en el desarrollo institucional nacional al Partido Liberación Nacional, que dirigió el país en 9 ocasiones, 9 gobiernos, 1953, 1962, 1970, 1974, 1982, 1986, 1994, 2006 y 2010 de los 18 gobiernos que ha tenido el país desde entonces, incluido el actual.

El resto de los gobiernos se los han repartido 3 coaliciones en 1958, 1966 y 1978, de tradición opositora liberacionista con ribetes socialcristianos, 3 del Partido Unidad Social Cristiana, 1990, 1998, 2002, dos del Partido Acción Ciudadana, 2014 y 2018 y el actual Gobierno de Partido Progreso Social Democrático, 2022-2026.

De esa acción de gobiernos liberacionistas se desarrolló el Estado asistencialista, benefactor y el Estado Social de Derecho que se construyó especialmente hasta 1978, fortaleciendo un conjunto de instituciones públicas poderosas, claves y estratégicas para el desarrollo nacional, como han sido la Universidad de Costa Rica, las universidades públicas que se impulsan en los Gobiernos de Figueres y Daniel Oduber, 1970-1978, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico, la Universidad Estatal a Distancia, el Instituto de Vivienda y Urbanismo, el Consejo Nacional de la Producción para sirvió para asegurar precios justos a los productores nacionales, asegurar sus cosechas para el consumo y para regular precios para los consumidores, la Banca pública estatal que se puso al servicio de distintos sectores empresariales, comerciales y productivos y del público, la Caja Costarricense del Seguro Social, que fundada en el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944, se desarrolla, amplía y universaliza sus servicios por el impulso que le da Liberación Nacional, el Instituto Costarricense de Electricidad, el motor del desarrollo y de la economía nacional, y el Instituto Nacional de Seguros, por citar algunas de las instituciones que durante los gobiernos liberacionistas se fortalecieron, al menos hasta 1978.

Fue la Liberación Nacional el que impulsó y fortaleció la clase media nacional, que a pesar de los embates económicos con que se ha venido golpeando a toda la población del país, sigue siendo fuerte, poderosa y sobreviviente, una parte de ella y la otra, sectores amplios de la clase media amenazados en su estatus de vida, con tendencia a ser excluidos y expulsados de esta clase media, reduciendo su tamaño, y a pasando, parte de ella, a formar parte de la composición social de los sectores pobres del país.

Con el Gobierno de Rodrigo Carazo, 1978-1982 se empezó a desmantelar el Estado, se empezaron a privatizar instituciones que eran empresas públicas. A partir del Gobierno de Luis Alberto Monge se impulsaron los Planes de Ajuste Estructural y al inicio de la década de 1990 se impuso la política de Tratados de Libre Comercio, que han atendido todos los gobiernos desde entonces, entre otros cambios importantes que afectaron estructuralmente el desarrollo institucional del país.

El proceso de desmantelamiento estatal no ha cesado. La apertura bancaria, o la desnacionalización que se impuso en el Gobierno de José María Figueres, 1994-1998, culmina no solo con el sector bancario financiero nacional gobernando el país, sino que conduce ahora a deshacerse de más instituciones bancarias públicas, como es el intento de vender el Banco de Costa Rica y el Banco Internacional de Costa Rica.

La descentralización por la privatización de servicios en las instituciones estatales ha debilitado su esencia, camino cada vez más seguro hacia su total privatización y desaparición de las mismas. Es la pinochetización fina, que se ha venido haciendo de la atención primaria de los servicios públicos esenciales, para imponer la privatización de todos los servicios públicos.

La educación pública la han debilitado, la han disminuido en su papel estratégico. La tendencia es hacia la privatización de toda la enseñanza.

La salud pública la han debilitado, fortaleciendo la atención de la salud en manos privadas, y sometiendo a la Caja Costarricense del Seguro Social a depender en diversos servicios de esa salud privada, con grave desatención a los asegurados. Las listas de espera son su mejor emblema.

Al ICE le llevan ganas desde hace muchos años. Del Consejo Nacional de Producción mantienen sus viejos edificios por avenida 10 como símbolo del abandono que se hizo de los productores y consumidores nacionales. Las Universidades son sujetas de ataques constantes en sus finanzas y en su autonomía institucional y funcional, como de reducirles su papel hasta donde puedan. El sector cultura, desarrollado institucionalmente desde el Gobierno de José Figueres, 1970-1974, lo tienen en capilla ardiente, casi artículo mortis en algunas de sus expresiones.

En este breve escenario se han fortalecido unos pequeños grupos nacionales, pero la inmensa población se ha empobrecido. Los índices de pobreza y pobreza extrema crecen. De la misma manera los índices de riqueza se concentran cada vez más en menos manos. A mayor riqueza nacional, concentrada en pocas manos, según los datos, se produce mayor pobreza y pobreza extrema, se reduce fácticamente el volumen de la clase media. Esto es más dramático en las regiones rurales y en las regiones de polos turísticos de desarrollo, donde esto se evidencia más.

La pobreza, la pobreza extrema, el trabajo informal, el desempleo creciente, el desempleo de mujeres cabeza de familia, el ausentismo forzado del proceso educativo, en parte por la pandemia, la no recuperación de los empleos perdidos por la pandemia, las casi 1000 instituciones escolares y educativas paralizadas sanitariamente son apenas una ligera foto del país más feliz del mundo que tenemos…

El asunto es que el Partido Liberación Nacional es parte causal de todo esto. Las banderas sociales que Liberación Nacional tenía las arriaron hace mucho tiempo. Liberación Nacional perdió su memoria histórica, ya ni celebran sus fechas emblemáticas, en las campañas electorales carecían de historia y de conquistas institucionales impulsadas por ese partido. En las últimas campañas electorales se olvidaron de los sectores sociales, que fueron sus bases de apoyo histórico. La renovación de sus liderazgos partidarios se hizo cada vez más alejado de las bases y del pueblo. Se incrustó en Liberación Nacional una verdadera mafia administrativa, desde las instancias cantonales que impusieron cambios que controlaron la vida interna de ese Partido, descabezando a sus líderes históricos, y desmemorizando al Partido.

Las tres derrotas consecutivas electorales que arrastra Liberación Nacional, 2014, 2018 y 2022, a pesar de que en el 2014 y en el 2022, lograron inscribirse para la segunda vuelta electoral, no les alcanzó porque carecieron de mensaje, de identificación con sectores sociales, no pudieron levantar una sola propuesta social frente a un pueblo electoral necesitado de soluciones a los graves problemas que los aqueja, volcándose más fácilmente por nuevas opciones políticas, aunque les fallaran, porque los partidos tradicionales ya les habían y estaban fallando, y era preferible confiar, ensayo y error, en nueva opciones por peligrosas que pudieran ser. El canto de sirenas fue válido hasta el 2022.

Liberación Nacional fue cómplice del descrédito con el que se empezó a cuestionar a los políticos, a los dirigentes políticos, a los líderes tradicionales de los partidos, a los partidos políticos, a la Política como tal, al sistema político, al sistema democrático que lo han desacreditado facilitando las tendencias políticas autoritarias anti todo. En su propio seno se han comido a sus dirigentes históricos y las bases de su propio Partido.

Las medidas que han impulsado no son salvadoras. De no desmantelar la estructura mafiosa que controla el Partido para la escogencia de sus dirigentes y candidatos, desde las asambleas cantonales, no van a salir adelante.

El Partido dejó de ser un Partido Político hace mucho tiempo. Su Directorio Político era simbólico, de papel. En los últimos 20 años, me atrevo afirmar, que no se ha pronunciado públicamente de manera importante sobre ningún tema nacional.

La cabeza del Partido terminó siendo su cola, mientras las fracciones legislativas de Liberación Nacional se convertían de hecho en varias cabezas que trataban de gobernarlo.

No se sentía por ninguna parte que el Directorio Político fuera un baluarte de dirección política partidaria, hacia fuera del partido y hacia adentro.

En su Directorio llegó a mantenerse representantes de expresidentes que públicamente se habían retirado del Partido. Se aceptó a personas que se habían ido del partido, que se les habían enfrentado políticamente y electoralmente, de nuevo en el Directorio, como si nada hubiera pasado.

El Partido fue tomado por sectores bancario-financieros más que por políticos, respondiendo en ese sentido a esos otros intereses, más que la visión política que debe tener una organización que se precie de ser un partido político. Se ha impuesto una visión financiera de hacer negocios con el partido.

El discurso manejado contra los líderes históricos, los poquillos que le quedan, es errado. Los nuevos que han sido nombrados no son menos tradicionales que los que se han convertido en blanco de los ataques, y quizá si el pensamiento político que los otros tienen.

A Liberación Nacional le faltan líderes políticos. Deberían tener espejos de los líderes socialdemócratas europeos y latinoamericanos que están en la lucha política, al lado de sectores populares.

A Liberación Nacional lo ha perjudicado mucho los vínculos con la corrupción y la narcomafia con que se ha vinculado a dirigentes suyos, de todo nivel, sin que el Partido haya podido hacer nada. No hay en este momento ninguna propuesta para modificar los Estatutos de manera que se permita actuar contra este tipo personas, y dirigentes de distinto rango, que se enquistan en el partido y sus estructuras internas, como públicas en las que participan, municipales, diputadiles o partidarias. Si eso no lo corrigen están manteniendo al paraguas que les filtra agua por todo lado.

Liberación Nacional dejó de ser un Partido pensante, ideológico, teórico doctrinario, visionario del país. En cierta forma dejó de ser un Partido político, como existían los partidos socialdemócratas. Carece de una perspectiva política, ideológica o teórica, y social para trazar el camino de la Costa Rica de los próximos años, carece de banderas sociales y políticas. Carece de identidad con sectores sociales.

Las renuncias de Laura Chinchilla, de Fernando Zamora y de Claudio Alpízar, parecieran ser las más importantes de los últimos meses en ese Partido. Por ahora son solo dirigentes y destacadas figuras del Partido.

Vienen las elecciones municipales dentro de un año. Este será el reto de Liberación Nacional, mantener las casi 50 alcaldías que tienen en su poder hoy.

El alcance de la última Asamblea Nacional solo ha trascendido en el nombramiento de dos de sus principales dirigentes del Directorio del Partido, apoyados por José María Figueres y Oscar Arias. Pareciera que esa Asamblea no dio para más.

Si es así, no ha habido más que un cambio cosmético, y en esa foto siguen siendo los más importantes dentro de ese Partido, guste o no, José María Figueres y Oscar Arias.

Trabajo forzoso se ha incrementado en los últimos 5 años, según la OIT

Escrito en 02/11/2022. Publicado en Trabajo.

Millones de personas se encuentran atrapadas en trabajos forzosos, incluso en sistemas de esclavitud moderna. (Foto: Cortesía)

Por María Núñez Chacón

Los trabajadores migrantes tienen más de tres veces de probabilidad de realizar trabajos forzados, lo que les pone en una situación de gran vulnerabilidad.

La pandemia creó grandes perturbaciones en los mercados del trabajo; la baja en los ingresos de las personas provocó un mayor endeudamiento; se dio un marcado aumento de la servidumbre por deudas; y, finalmente, el deterioro en las condiciones laborales de muchos trabajadores propició, en los casos más extremos, el trabajo forzoso.

De hecho, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló recientemente en su informe “Estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna, trabajo forzoso y matrimonio forzoso” que unos 50 millones de personas viven en situación de esclavitud moderna (al 2021), de estas, 28 millones realizan trabajos forzados y 22 millones están atrapadas en matrimonios forzados.

Y es que el número de personas en situación de esclavitud moderna ha aumentado considerablemente en los últimos cinco años, pues para el año 2021 había 10 millones más de personas en situación de esclavitud moderna en comparación con las estimaciones mundiales de 2016.

De acuerdo con Noortje Denkers, especialista de Migración Laboral y Movilidad Humana de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, la agencia de Naciones Unidas nota con mucha preocupación que el número de personas que está atrapada en la esclavitud moderna va en aumento, asimismo, alerta que siguen siendo las mujeres, niños y niñas quienes están más vulnerables ante esta situación.

“Cuando lo vemos desde la óptica migratoria, el trabajo forzoso es mucho más frecuente, las personas migrantes tienen tres veces mayor riesgo de trabajo forzoso, las cifras muestran que, de cada 1.000 migrantes, 13,8 están en trabajo forzoso y para el caso de personas no migrantes, de cada 1.000, 4,1 están en esta situación”, explicó Denkers en entrevista con UNIVERSIDAD.

¿Esta realidad mundial, con qué incidencia se presenta en los países centroamericanos?

—Las crisis que estamos viviendo han generado coyunturas que facilitan la profundización del trabajo forzoso y Centroamérica no está exenta de ellas. Una crisis global, como la que ocasionó el COVID-19 y el cambio climático han tenido un fuerte impacto en temas de empleo y educación, aumento de la pobreza extrema, migración forzosa, inseguridad e incremento en las denuncias de violencia de género.

La combinación de estos factores incrementa el riesgo de la esclavitud moderna o el trabajo forzoso, y quienes están en condiciones de vulnerabilidad se ven más afectadas, por ejemplo, quienes están en pobreza, trabajadores de la economía informal, niños y niñas.

¿Qué implica el trabajo forzoso o la esclavitud moderna?

—Cuando pensamos en el trabajo forzoso pensamos en personas encadenadas, encerradas de un edificio, pero debemos entender que la realidad es distinta, hay a quienes les decomisan su pasaporte en el trabajo, lo que les impide la movilización o salir del país en el que trabajan. Eso es un indicador muy común del trabajo forzoso.

También, hay a quienes les retienen sistemáticamente el salario, o les dicen que tienen una deuda por haberles dado el trabajo y la personas sigue trabajando sin recibir su sueldo. También, aquellos que sufren algún tipo de coacción, confinamiento, violencia física o sexual y la privación de necesidades básicas.

Todas estas cosas suceden a nuestro alrededor, no hay que ir muy lejos.

¿En qué sectores es más frecuente encontrar condiciones de trabajo forzoso o esclavitud moderna?

—La mayoría está en servicios, en la industria manufacturera, en la construcción, agricultura y en el trabajo doméstico, esos son los cinco sectores que concentran más a las personas que están en trabajo forzoso. Y la mayoría de los casos de trabajo forzoso, 86%, se dan en el sector privado.

¿Cuáles son las acciones que deberían tomar los países para luchar contra la esclavitud moderna?

—La OIT recomienda en su informe que, para prevenir el trabajo forzoso, es esencial respetar las libertades y derechos de las personas trabajadoras, lo que incluye la libertad sindical y a la negociación colectiva, que les permiten ejercer una voz colectiva y defender sus intereses, así como negociar un trabajo seguro y decente.

Otra medida es ampliar la protección social para que las personas no se encuentren en situación de vulnerabilidad y que tengan acceso a seguridad básica de ingresos y puedan rechazar cuando les ofrezcan un trabajo abusivo, o abandonar aquellos empleos que tengan esa tendencia. Es necesario promover la contratación equitativa, incluyendo el reclutamiento de migrantes, que les prevenga de prácticas abusivas y fraudulentas.

Es fundamental que los servicios públicos sean capacitados y fortalecidos para detectar las infracciones laborales e indicadores de trabajo forzoso y que desarrollen procesos de reparación para las personas donde la prevención falló.

Trabajo periodístico de María Núñez Chacón del Semanario Universidad, compartido con SURCOS por Maikol Hernández.

Bajo la inspiración de Marcus Garvey, Pablo Presbere y Martin Luther King en Limón vamos por un sueño…

Escrito en 29/10/2022. Publicado en Sin categoría.

Hace 313 años se escuchó en estas montañas el grito de rebelión de los grandes líderes indígenas Pablo Presbere, bribri y Pablo Comesala, cabécar, y se enfrentaron valientemente al ejército español.

Hace 112 años, en 1910 Marcus Garvey llegó a Limón y denunció las graves condiciones de pobreza y faltas de oportunidades en que vivían miles de familias negras en esta provincia. También, a partir de su estadía en Costa Rica empezó a entender la situación pobreza y explotación en que vivían los trabajadores blancos, indígenas y mulatos en toda América Latina. Garvey se convirtió en un hombre universal.

Hace 58 años, en 1964, otro gran dirigente negro llamado Martín Luther King lanzó al mundo su gran manifiesto: «Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas».

Después de tantísimos años, de tantas luchas, de tantos movimientos heroicos, el sueño de estos líderes no se ha cumplido. LIMÓN SIGUE EN POBREZA, EN ABANDONO. ¿De qué valió tanto esfuerzo y dedicación de nuestros próceres Presbere, Garvey y Luther King?

En Limón seguimos siendo la provincia más pobre del país. Los gobiernos, a los que los limonenses tan generosamente les dan sus votos cada cuatro años, no atienden nuestras necesidades, y cuentan con el apoyo (pocos, por dicha) de algunos malos limonenses que por lentejas venden sus conciencias. Los gobiernos y ministerios no solamente no promueven el empleo, sino que lo quitan. Desde hace años vienen desmantelando JAPDEVA. Rodrigo Chávez acaba de despedir 74 guarda en esa institución. La Ruta 32 es un verdadero desastre y los chinos más bien están demandando al Estado. Desde hace 20 años no se construye un solo proyecto de vivienda en el distrito de Limón, el agro, la estiba, el ferrocarril, las indemnizaciones a los afectados por Nemagon, el apoyo a las Barras, a las cooperativas, tierra, titulación, distribución justa del canon, agua potable, son cuentas pendientes con los limonenses y vamos a luchar por ellas.

Hoy 29 de octubre nos sentimos orgullosos de unirnos a esta gran consigna LIMÓN SE UNE. Con fuerza, con dignidad le vamos a demostrar al goierno que el ejemplo de Pablo Presbere, Marcus Garvey y Marthin Luther King no ha será en vano.

¡¡¡DE PIE LIMONENSES!!!

Por Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC)

Comité de Limón: Tanely Johnson Taylor, Mauricio Barquero Mora

Presidente: Orlando Barrantes

Imagen ilustrativa.

Ocurrencias populistas: más de lo mismo

Escrito en 20/10/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

A estas alturas, el recetario neoliberal solo logra imponerse apelando a las ocurrencias populistas, aderezadas con el miedo y atizando los odios, para vencer polarizando a la sociedad.

Esa fue la estrategia utilizada para la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Una ocurrencia populista más, con la que se vendió la idea de salvar al país. Para el expresidente colombiano, Ernesto Samper, estos tratados asimétricos son como el trato que le propuso la gallina al cerdo: “hacer huevos con tocino”; una de las vías equivocadas, que han profundizado la desigualdad y la pobreza. Este Tratado se impuso apelando al miedo de que los trabajadores de las zonas francas se quedaran sin empleo y la democracia del país se viese arrasada por los regímenes dictatoriales vecinos; asimismo, con el atolillo de falsas promesas: un Tratado como operador mágico que permitiría al costarricense cambiar su moto Yamaha por una Harley o su Hyundai por un BMW.

Por su parte, el gobierno anterior atizó la hoguera contra los empleados y pensionados del sector público, tratándolos como una casta privilegiada. Además, se levantaron muros entre el sector público y el privado, para justificar una política tributaria de manos de seda para los ricos y de hierro para los pobres y la clase media. Y como si con eso no le bastara hizo alianza con los sectores más retrógrados del pluripartidismo para golpear a los trabajadores, con leyes como la de empleo público y la de regulación de las manifestaciones públicas de los trabajadores. Mientras criminalizaba la protesta social, favorecía la evasión, la elusión fiscal y premiaba con amnistías a los ricos de este país.

Las esperanzas de transitar por nuevos senderos se desvanecen, un día sí y otro también, con los dictados que emanan del actual gobierno, tanto vía decretos como leyes, la mayoría de los cuales son más de lo mismo. El discurso de la “prensa canalla” enfila sus dardos ahora contra las universidades públicas, socavando los cimientos constitucionales de su autonomía. Nuevamente, se apela de manera populista a polarizar la sociedad, insinuando que lo presupuestado para las universidades es desproporcionado con relación a lo que se invierte en infraestructura vial en el país. Y, como no se alcanzó a reducir el FEES, ahora se busca dar un golpe letal a la autonomía universitaria, proponiendo una ley que crea una instancia interministerial reguladora del quehacer universitario.

Por otra parte, cuando se le advierte al señor presidente de sus deslices autoritarios y de centralización del poder, resulta que quienes le critican son unos cuantos “pensionados de lujo”. Por favor, señor presidente, guarde su postura, no la devalúe, apelando a las mismas armas innobles de sus antecesores. Señor presidente, es hora de rectificar, porque si algo está poniendo en peligro la democracia costarricense no es, ni mucho menos, la no aprobación del proyecto de ley para emitir 6.000 millones de dólares en eurobonos, sino continuar con más de lo mismo: el populismo mesiánico, con las mismas acciones y promesas de siempre, caldo de cultivo del desencanto ciudadano con una democracia cada vez más devaluada, cuyo rostro de desigualdad y pobreza extrema lo develó la pandemia y ahora también se muestra en toda su crudeza con cada azote de la temporada de huracanes.

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Escrito en 17/10/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Pacheco Murillo

El 17 de octubre se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, con el reto de alcanzar el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es nada menos que «poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo.

Una de cada diez personas de las regiones en desarrollo vive con menos de 1,90 dólares al día, que es la cantidad establecida internacionalmente como el umbral de la pobreza. Y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Mucha de esa pobreza ha sido creada por el mismo sistema. La pretensión de muchos de los que han aspirado al poder es lograr el apoyo de los pobres y eso los ha llevada a darles dádivas y a beneficiarlos con “bonos” de una cosa y de otra y eso ha causado más daño que mejoría en el campo de la pobreza.

La erradicación de la pobreza es uno de los mayores retos globales con que se enfrenta actualmente el mundo, en particular en África y en los países subdesarrollados.

La pobreza no es solo una cuestión económica. Se trata de un fenómeno que comprende la falta de las capacidades básicas para vivir con dignidad, como el acceso al agua potable, a la electricidad, saneamiento y alimentos.

La pobreza es en sí misma un problema de derechos humanos urgente y es causa y consecuencia de violaciones de los derechos humanos. Por ello, reducir la pobreza y erradicarla es una obligación de todas las sociedades.

Las fuentes de trabajo y la educación para poder prepararse para el futuro son dos de los elementos que han sido descuidados por los gobiernos de turno y eso ha acarreado situaciones de conformismo por un lado a la espera de esos “bonos” y desde luego la pobreza que hoy tenemos.

Erradicar la pobreza no es sencillo, pero tampoco es imposible ya que muchos países lo han logrado. Se requiere de voluntad política y olvidarse de ese clientelismo electoral que es apetecido por politiqueros populistas para poder obtener el beneficio del voto pobre a través del otorgamiento de dádivas miserable.

Dios quiera que a través de la toma de decisiones claras y precisas se pueda ir dando la posibilidad de que más personas puedan ir saliendo de esa desgraciadamente situación de pobreza.

Repartir pobreza y pensiones complementarias

Escrito en 16/10/2022. Publicado en Derechos, Trabajo.

Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas

Mientras este sábado compartía esa mañana con dos de mis hermosos nietecitos, procedo a revisar documentos y asuntos que no son lo propio de mi función profesional; me topo con el amargo informe financiero que mes a mes me envía la Operadora de Pensiones Complementaria a la que pertenezco.

Días atrás escribí sobre este mismo tema en términos muy dramáticos, pero real. Les hablo de la realidad de más de millón y medio de trabajadores asalariados y de miles de millones de colones depositados en ahorros, en entidades en las cuales hemos confiado. No hablo de caridad, sino de cómo algunos pocos juegan con mi futuro y mis ahorros.

El futuro y ahorro de más de un millón de trabajadores. La pregunta es …si continuará la mayoría de ustedes con una actitud pasiva y expectante ante el continuo, permanente y constante asalto que sufren nuestros ahorros en las operadoras de pensiones.

Allí la actitud, sean operadoras de naturaleza privada o pública, es la misma. En el último año tenebrosamente han tenido la metamorfosis y mimetismo de ser aliadas de las personas trabajadoras, a ser de sus mayores enemigos. Pareciera que están en una carrera desenfrenada a ver cuál es capaz de esquilmar ruinosamente, a las personas trabajadoras asalariadas de este país. Y nosotros con una pasividad pasmosa, similar a la de los borregos antes de ser conducidos al matadero.

La Ley de Protección a los Trabajadores, con 20 años de existencia, es el mejor ejemplo de cómo una ley creada con buenas intenciones es prostituida con el paso del tiempo y trastocada en los últimos meses en una fea, triste y depredadora realidad para todos nosotros. La transformación el auxilio de cesantía –consagrado en nuestro Código de Trabajo- y del aporte del 1% de nuestro salario, convertido en ahorro obligatorio destinado en ese entonces para la capitalización del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, son la base del ROP y del FCL. El ROP si es que lo veremos, será hasta en el momento de jubilación donde nuestros ahorros y rendimientos “los disfrutaremos” a lo largo de 115 años de vida, tal y como lo calcula nuestra memorable, épica, deleznable, inoperante y trágica Superintendencia de Pensiones.

Dichos ahorros de millones de personas trabajadoras, producidos con su esfuerzo, dedicación y sudor se han transformado en impresionantes masas de dinero -10 mil millones de dólares-, de manera que tientan a más de uno. Han dado origen a la participación de diversas operadoras, la mayoría de ellas del sector financiero nacional y transnacional, pues aquí la banca privada disfraza en gran medida a la gran banca internacional. Estas a su vez han creado una robusta, frondosa y depredadora burocracia que se confunde también con la SUPEN, que cada vez me queda más claro, defiende a las operadoras; que no ocupan que nadie las defienda, entidad que ni regula, ni alerta “ni vela por mi platita”. Entretanto las operadoras, creadas por ley, sin que se me consultara, manejan mis ahorros, y como ahorrantes solo se nos permite decidir en cuál de ellas depositen mensualmente mi aporte.

De la misma manera con que las operadoras resultan inútiles e inoperantes ante la pérdida de valor de mis ahorros, la prensa comercial, se hace de la vista gorda sobre este tema, abordado tan sólo por el Semanario Universidad. Medio serio que le ha dado seguimiento al tema, ante la indolencia del poder ejecutivo y los partidos políticos. Aquí los diputados tienen una gran oportunidad de poder defender a los trabajadores. Tan sólo he visto al diputado Nicolás del PLN, electo por Puntarenas, asumir una bandera para que parte del ROP sea devuelto a los trabajadores, en vida. Propuesta que es apoyada tímidamente solo por algunos diputados de esa fracción. Ojalá que ni la cobardía ni la timidez sean las banderas que ondeen en Zapote y Cuesta de Moras.

Dichos fondos a la fecha rondan los 10 mil millones de dólares. Las pérdidas de dichos fondos a mayo 2022 ascienden a los 162 mil millones de colones; ese valor sumado a otras cuentas permite colegir que ROP es más pequeño en mayo 2022 que mayo 2021, pues 284 mil millones de colones que había, ya no están. En mi modesta opinión, ni técnica ni contablemente pueden ser pérdidas, la felonía nos permite concluir que solamente han cambiado de dueño. Eses es el tipo de preguntas que tenemos que hacernos y hacérselas a quienes ocupan las directivas de SUPEN y operadoras.

Como ahorrante y perteneciente a una de las operadoras desde hace 20 años, les compartí semanas atrás, el estado financiero que me envió la operadora. Tu situación debe ser similar; la aparición de números rojos que aparece nuevamente es producto de que los inútiles que administran mis ahorros, han tomado pésimas decisiones; desde sus cómodos sillones, nunca dan cuentas y pareciera no importarles mis cinquitos; pues a mí sí, y a lo mejor si me dejasen tomar decisiones sobre el uso de esos recursos podría obtener mayor rentabilidad, mayor ganancia, ahora en edad productiva, no quizás cuando me aceche la vejez –que es seguro llegará, a menos que pasemos a mejor vida -y dicho dinero engordará a clínicas y médicos que probablemente atiendan mis dolencias por las que la CCSS, no pueda velar para una mayor calidad de vida.

La pregunta es si esos fondos estarán allí cuando mi familia y yo verdaderamente los necesitemos. La SUPEN y CONASSIF, pesadas cargas sobre los hombros de los costarricenses, que parecieran no servir para nada y no ejercer adecuada vigilancia, parecen ser parte del problema y por muy lejos de ser parte de la solución. Los fondos de operadoras de pensiones hacia mercados internacionales, mismo que en diversas áreas se comporta como una ruleta rusa y generando una mayor presión en la compra de divisas en el país que se traduce en sendos aumentos en el costo de vida y mayor inflación, no me garantiza que mis ahorros sobrevivan. No veo a los inútiles de SUPEN, ni a las operadoras promoviendo alguna reforma para que parte de dichos recursos puedan ser devueltos a sus verdaderos dueños en este momento de crisis salarial, dado el estado de congelamiento que experimentan los salarios desde años atrás.

En mi caso, para el mes anterior acumulaba pérdidas superiores a 1 355 000 colones. Hoy revisando mi último estado, ese monto ahora es 2 758 379. Durante 22 años he aportado religiosamente lo que corresponde, al igual que mi patrono. Sin falta, me rebajan de mi congelado salario, 194 238 colones. Diay, pero de eso solo me acreditan 162 844, o sea, aparece inexplicablemente una pérdida/recorte de más de 31000 colones, sólo en este mes en el Fondo de Capitalización Laboral; sí, ese ahorro que nos devuelven cada 5 años. Es decir, ya no sólo en el ROP hay pérdidas acumuladas que me cobran por la inutilidad e incapacidad de las operadoras, sino que también el FCL experimenta ahora pérdidas. No me garantiza la SUGEF o la operadora que mi dinero/ahorro esté para el momento de mi jubilación. Ese paso de 1 350 000 a 2 758 379, es brutal. En mayor o menor medida, a todos nos está pasando; pero la actitud de indiferencia, de borrego, que muestran muchos, sólo ha servido para aumentar el apetito y el latrocinio del que somos objeto, por parte de un grupo de desalmados y desalmadas.

Estamos hablando de ahorros, de dinero. NO ES CARIDAD, no es la historia bíblica de Lázaro y el rico Epulón, exigimos lo que es nuestro derecho, que esté la cantidad que hemos ahorrado, y no una condición cercana a la indigencia donde debamos tender la mano para pedir limosna. Presión a dichos entes, a los partidos políticos, a la Defensoría de los Habitantes, a los organismos que nos representan. Hemos iniciado una carrera contra el tiempo y contra los tentáculos y espíritu depredador de algunos desamados, nos arrebatan lo que por derecho propio nos pertenece.

Guardo la esperanza de que aún estamos a tiempo para corregirla, SUGEF es dirigida por tecnócratas. Las juntas directivas de las operadoras, por personas. En el caso del Magisterio Nacional, hace muchos años la dirigencia de ANDE, APSE y SEC decidieron conformar una, denominada hoy en día Vida Pena. O sea, los educadores, a través de los gremios, son los dueños de Vida Plena. Sobre la cual sí se puede incidir. La próxima semana miles y miles de educadores asistirán puntualmente a las Asambleas Regionales de la APSE y al Congreso de la ANDE. Esta última sin temor a equivocarme, la mayor de ellas. Ojalá esa miríada educadores salgan de esa cómoda modorra y pidan cuentas. Sean críticos y lancen preguntas incómodas, necesarias e inteligentes, de manera que sus representantes rindan cuentas con transparencia. Transparencia, gran valor ausente en toda esta millonaria trama. Posiblemente alguna de esa dirigencia, anquilosada y acostumbrada a ser parte de frondosa y robusta burocracia; no entiende que dentro de los mayores principios democráticos está la representación, y que esta delegación, se debe a otros agremiados a los cuales hay que rendir cuentas; ellos no están allá como un fin en sí mismo. Guardo la esperanza de que aún estamos a tiempo para corregir este tipo de situaciones: luchemos para que haya ley para devolución de parte del ROP; que las comisiones cobradas por las operadoras sean revisadas y rebajadas; y que los dirigentes de Vida Plena muestren un poco de humanismo y solidaridad a la hora de administrar lo que no es de ellos.

Mahatma Gandhi dijo un día “el mundo es suficientemente grande para todos, pero lo es pequeño para la avaricia de algunos”.

No deseo un futuro construido desde la rabia, sino desde la esperanza y compromiso de que sea un mejor lugar, para que crezcan mis hijos y nietos.

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Brasil. Una nueva oportunidad

Escrito en 28/09/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. José A. Amesty Rivera
Setiembre 2022

Las elecciones generales de Brasil, están previstas que se lleven a cabo el próximo domingo, 2 de octubre de 2022, donde 156 millones de electores brasileños tendrán la opción de elegir Presidente, Vicepresidente y al Congreso Nacional.

De acuerdo con la legislación actual brasileña, el candidato que alcance la mitad más uno, de los votos válidos saldrá vencedor. Si ningún candidato alcanza ese número de votos, habrá una segunda vuelta.

Recordemos los hechos de 2016, cuando luego de un golpe parlamentario contra Dilma Rousseff, Presidenta en ese momento y que interrumpió su mandato, completándose con aquel montaje llamado operación Lava Jato (este involucro a Lula da Silva en supuestos actos de corrupción).

Aquel montaje fue llevado a cabo por el poder judicial y policial brasileño, deteniendo y condenando a Lula da Silva sin pruebas, lo que impidió que este último, participara en las elecciones del 2018, significando el triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro y llegara a la presidencia de Brasil. Este ardid salió como lo habían planeado las elites brasileñas y EEUU.

Más adelante, el 9 de noviembre del 2019, luego de 580 días de detención, la Corte Suprema de Brasil, reconoció la parcialidad del juez del caso en ese tiempo, y autorizó la salida de Lula da Silva.

Durante la gestión de gobierno de Bolsonaro, los adjetivos para significar y definir su régimen son los de, medieval, reaccionario, genocida, anticivilizacional, fascista, extremista, entre otros. A su vez, las mayores preocupaciones de los brasileños/as, de cara a las próximas elecciones, son: el tema económico, el desempleo y la inflación, así como el tema de la salud, según diversos sondeos.

Por ejemplo, según el periodista de la BBC News Mundo, Gerardo Lissardy, «La economía brasileña entró en recesión en 2021 y, la tasa de desempleo cayó a 9,1% en julio, la mejora está lejos de ser percibida por la población en general. El 15% de brasileños (unos 33 millones de personas) pasa hambre y otra cantidad similar sufre de inseguridad alimentaria moderada, de acuerdo con un estudio divulgado el miércoles por la red Penssan. Si a ellos se suma el 28% de la población considerado con inseguridad alimentaria leve, más de la mitad de los brasileños padece o se inquieta en alguna medida por el problema: 125 millones de personas«.

El autor Zainer Pimentel enfatiza, «el actual presidente, Jair Bolsonaro, es tan solo el corolario de un terrible proceso de destrucción del país a todos los niveles: político, institucional, económico y social. Es el fruto de la estrategia política del odio, aplicada por los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales, y patrocinada por importantes empresarios del país (con el apoyo abierto de la patronal de la industria FIESP) y con la conveniencia, de todos los poderes de la República«.

Igualmente, según el filósofo Marcos Nobre, «uno de los motivos por el que podría estar fallando la remontada de Bolsonaro es la poca incidencia que tuvo entre los más pobres el Auxilio Brasil, subsidio masivo de 600 reales que comenzó a pagar en agosto con un claro fin proselitista. Los derechistas tienen, sin embargo, algunas armas que pueden influir en el resultado final, como la bajada de línea evangélica«.

Aunque, el escritor Emir Sader, señala: «Lula aún no ganó, pero Bolsonaro ya perdió«. ¿Cuál es la estrategia de Bolsonaro de cara a las elecciones del próximo domingo?

Bolsonaro, provocando a la democracia brasileña, avanza en su escalada militarista y señala que «las fuerzas armadas pueden normalizar a Brasil y que el ministro de Defensa es el más importante de los 23 integrantes de su gabinete, porque tiene la tropa en sus manos«.

Recordemos que Bolsonaro, despidió a nueve de sus 23 ministros, para qué aspirarán a cargos electivos, y comenzó a perfilar su fórmula militar, junto al saliente ministro de Defensa, general Walter Souza Braga Netto, a la vez que reiteró sus críticas a la Justicia electoral y a la Corte Suprema y asoció a la izquierda a la corrupción desenfrenada que hubo en Brasil, en abierta alusión a Lula da Silva, según la autora Juraima Almeida.

Según Gerardo Lissardy, «en los actos de Bolsonaro es común ver carteles pidiendo «intervención militar» y el mes pasado agosto 2022) la policía registró las casas de empresarios simpatizantes del presidente por discutir en WhatsApp sobre la posibilidad de un golpe de Estado, aunque ellos niegan haber cometido delito alguno. Las Fuerzas Armadas ganaron protagonismo en el gobierno de Bolsonaro, un excapitán del Ejército que ha expresado nostalgia por el régimen militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985 y ha elogiado a uno de los torturadores de ese régimen. Para estas elecciones, los militares plantearon cuestionamientos a la justicia electoral sobre las urnas electrónicas y prevén hacer un seguimiento propio del escrutinio, algo también novedoso en el país«.

Ahora, ¿cuál es la estrategia de Lula da Silva, para enfrentar este aspecto militarista de Bolsonaro?

Para alejar a los militares del gobierno, Lula ha montado una coalición de partidos que van desde la izquierda hasta el centro, aunque se reconoce que muchos estén en contraposición al PT, pero, Lula es consciente que no solo basta con ganar, sino que necesita estabilidad política, le interesa que todos estén unidos en defensa de la democracia y el respeto a las reglas del juego constitucional, sin duda, no es tarea fácil.

Según, Zainer Pimentel, para parar a Bolsonaro, «la estrategia es movilización popular en defensa de la democracia y justicia social, cosa que solo Lula da Silva es capaz de crear entre los sectores que le apoyan«.

¿Cuál es la situación electoral ahora?

Muchos ciudadanos/as brasileños recuerdan y añoran los años de 2003 a 2010, cuando Lula gobernó en medio de unas excelentes condiciones económicas (altos precios de las materias primas), donde millones de personas subieron a la escala de clase media, por medio de programas sociales del gobierno, quizás es por esto que recientemente Lula ha tenido un repunte en la aceptación electoral.

Según los diarios Folha de San Pablo y el grupo Globo de Brasil, según las últimas encuestas, «el cambio favorece a Lula, que asciende por primera vez desde hace varios meses, pasando de 45% a 47%, mientras Bolsonaro se estanca en 33%. Y lo más importante: al contabilizar el voto válido, es decir, excluyendo los nulos y blancos, la cosecha del candidato del PT asciende al 50% lo cual le permitiría ganar la presidencia en primera vuelta. Prácticamente, los mismos números brindó otra encuestadora que publicó su estudio el lunes, el IPEC (Inteligencia en Pesquisa y Consultoría Estratégica)«.

No obstante, aunque las últimas encuestas le dan una ventaja de varios puntos porcentuales sobre Bolsonaro, Lula da Silva sabe de lo determinante que son las fake news en internet, producidas desde el despacho controlado por Carlos Bolsonaro (hijo del presidente). De hecho, la avalancha de noticias falsas en las redes sociales, fueron en 2018, las grandes responsables por la victoria Jair Bolsonaro sobre el candidato del PT, Fernando Haddad.

Finalmente, llegamos a dos conclusiones: la primera es que, para Lula da Silva, «derrotar a Bolsonaro en las elecciones también debe significar la derrota política de los militares, comprometidos con la candidatura de Bolsonaro, con un militar retirado. Ese es el desafío que enfrentará la generación actual de brasileños, de la mano del dos veces presidente Lula da Silva. La democratización en Brasil también debería significar la derrota política de los militares y la desmilitarización del Estado brasileño«, según la investigadora Juraima Almeida.

Y segundo, según Vijay Prashad, historiador, periodista y editor indio, en conversaciones con Dilma Rousseff y Fernando Haddad indica: «las condiciones internacionales para una tercera presidencia de Lula son providenciales, me dijo Rousseff. Un amplio abanico de gobiernos de centro-izquierda ha llegado al poder en América Latina (incluidos Chile y Colombia). Aunque no sean gobiernos socialistas, sí están comprometidos con la construcción de la soberanía de sus países y con la creación de una vida digna para sus ciudadanos.

Brasil, el tercer país más grande de América (después de Canadá y Estados Unidos), puede desempeñar un papel de liderazgo en la orientación de esta nueva ola de gobiernos de izquierda en el hemisferio, dijo Rousseff. Haddad, por su parte, me dijo que Brasil debería liderar un nuevo proyecto regional, que incluirá la creación de una moneda regional (el sur) que no solo pueda utilizarse para el comercio transfronterizo, sino también para guardar reservas. Haddad es actualmente candidato a gobernador de São Paulo, cuya principal ciudad es la capital financiera del país. En opinión de Haddad, una moneda regional de este tipo solucionará los conflictos en el hemisferio y creará nuevos vínculos comerciales que no tengan que depender de las largas cadenas de suministro desestabilizadas por la pandemia. «Si Dios quiere, crearemos una moneda común en América Latina, porque no debemos depender del dólar», dijo Lula en mayo de 2022«.

Un comentario y pregunta del portal Página 12 es: «perdiendo en primera o segunda vuelta, Bolsonaro tendrá tres o dos meses en la presidencia. Y la gran pregunta es: ¿qué hará de aquí al primer día de 2023, cuando perderá el derecho de depositar el trasero en el sillón presidencial«?

Esperamos que las elecciones en Brasil, transcurran en un ambiente de paz, y la vez, Lula da Silva resulte ganador, por el bien del pueblo brasileño y latinoamericano.

Imagen tomada de http://www.nuevospapeles.com