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Etiqueta: pobreza

1° de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el Sida: un deber de solidaridad y humanidad

Luis Paulino Vargas Solís

Economista / Investigador CICDE-UNED

El Sida ha sido, históricamente, una enfermedad especialmente cruel. Y cruel por razones que son inherentes a la enfermedad misma, pero, sobre todo, por los estigmas, los odios y los prejuicios que la rodean.

Soy parte de aquella generación -entonces éramos muchachos en nuestros veintes- que, a inicios de los años ochenta, sufrió el embate inicial del Sida. Por entonces se le ponían los motes infames de “cáncer gay” o “cáncer rosa”. Durante los 15 o 20 años siguientes, hasta finales de los noventa e inicios del nuevo siglo, y sin un tratamiento eficaz a mano, muchos murieron. Muchos que conocí, con los que tuve mayor o menor cercanía afectiva, murieron. Fácilmente, podría hacer una larga lista con sus nombres. A menudo expulsados de sus casas, repudiados por sus familias, pero inclusive tratados con repulsión y desprecio en los mismos hospitales. Si lograron encontrar una muerte digna -y no siempre fue así- fue solo gracias a los amigos que les acompañaron hasta su último aliento.

El Sida sigue siendo hoy una enfermedad cruel. Lo es, no obstante que los tratamientos disponibles la convierten en una enfermedad crónica. Quienes viven con VIH, podrían vivir con dignidad, y de forma productiva y disfrutable. Si a muchos se les sigue negando esa posibilidad, es por la incomprensión social, por el estigma y el prejuicio. Y, por ello mismo, hay personas que siguen muriendo, cuando no hay razón valedera para que mueran. Sus muertes, más que fruto de la enfermedad, son producto de la incomprensión y la intolerancia, agravadas, muchas veces, por la pobreza y el abandono.

Y el Sida se sigue hoy propagando, mucho más de lo que sería razonable que se propague. Y ello es así, porque se carece de apropiadas políticas de prevención, porque se sigue eludiendo afrontar los factores que propician su difusión, especialmente en las poblaciones más expuestas y vulnerables, y se sigue eludiendo educar como debiera hacerse.

Se necesitan políticas públicas, educación y concientización. Se necesita, sobre todo, compasión, solidaridad y sentido de humanidad.

Sobre «el problema de la migración»

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En la columna anterior comentamos acerca de los discursos que median en la actualidad, a propósito de la coyuntura migratoria relacionada con la población venezolana en tránsito por el país.

Las percepciones prevalecientes son el resultado de la proliferación de “discursos de crisis”, que acrecientan el sentido de incontenibilidad, descontrol y amenaza, que parecieran representar actualmente las personas migrantes en un contexto como el costarricense.

Estos discursos aparecieron con mucha fuerza durante la coyuntura migratoria en la Europa de mitad de la década anterior, cuando la intensidad de los movimientos poblacionales forzados por la situación en Siria y otros países africanos y asiáticos, condicionó la construcción de políticas migratorias restrictivas, el vallado horizontal y un endurecimiento de las opiniones anti inmigrantes, en poblaciones afectadas de por sí por el desempleo, la pobreza y la exclusión.

Ante situaciones de crisis, el abordaje es paliativo y debe procurar una intervención. Es una máxima de la psicología. Cuando en el tema migratorio aparecen discursos de esta naturaleza, las respuestas elaboradas por los Estados se sustentan en la intervención de un enfoque absolutamente securitario, que es procesado a nivel social en forma de discursos contrarios, la más de las veces afincados en la producción del odio como eje en el lenguaje.

Particularmente en las redes sociales esta forma de tematizar la migración ha encontrado un espacio para fortalecerse. Algunos estudios recientes para el caso costarricense (COES, 2022) identifican cerca de un millón de conversaciones donde el odio y la discriminación son las principales categorías. Aquí se reflejan, entre otras, las elaboraciones contra las personas migrantes.

Hemos dicho en varias ocasiones que el enfoque basado en la problematización de las migraciones produce discursos que peligrosamente pueden derivar en prácticas de rechazo.

Para el fin de semana anterior estaba convocada una marcha cuyo objetivo principal era defender la patria de los extranjeros venezolanos. Ya tuvimos una triste expresión xenófoba y nacionalista en 2018 en las calles de San José, cuyas dimensiones aún son analizadas.

Procedamos a contestar ese enfoque problematizador con uno que entienda la migración en todas sus dimensiones. Solicitemos políticas públicas más humanizadas y comunicación asertiva sobre el tema. Cumplamos la máxima de ser para los demás una sociedad hospitalaria como principio.

Como se dirá tantas veces en estos días de atención futbolera: “Si se puede”. Yo sé que sí.

 

Fotografía: Guillermo Navarro (2022) Campamento de personas migrantes en las inmediaciones de Calle 5 y Avenida 14 en San José, Cerca de la Terminal de Buses Tracopa Ltda.

La mayor desigualdad, retroceso en equidad y un país partido, los hallazgos del informe 2022 del Estado de la Nación y lo peor los hemos “normalizado”

German Masís Morales

Nuevamente, el informe 2022 del Estado de la Nación, nos alerta sobre hallazgos que de alguna manera hemos conocido en informes anteriores, mediante estadísticas de pobreza y empleo del INEC o en estudios de entidades de investigación de las Universidades, pero que los medios de prensa han vuelto a destacar en esta ocasión.

Titulares como que Costa Rica tuvo en 2021 la mayor desigualdad en los últimos 35 años, Desigualdad llega a su peor nivel desde 1987, Costa Rica se nos está partiendo y Miles de hogares condenados a salir y regresar a la pobreza, revelan los hallazgos recientes del informe, ante lo que nos preguntamos que ha hecho y que está haciendo el Estado y la sociedad costarricense, para revertir esa condición de desigualdad que es ya una característica que incluso nos distingue a nivel internacional.

Reconocer que el país profundizó los rezagos sociales y económicos en la última década, que hay una parte de la población que goza de mucho bienestar, mientras un grupo cada vez numeroso está excluido de servicios esenciales, como educación, trabajo y empleo de calidad, que la alta inestabilidad de ingresos y empleos temporales es la causa de la entrada y la salida de miles de hogares de la pobreza y que la región Brunca fue nuevamente la más pobre, son hallazgos que ya no nos sorprenden, por reiterados, pero que debiera llamarnos a una profunda reflexión sobre las múltiples desigualdades, de ingreso, de riqueza, de patrimonio, de oportunidades, de género, étnicas, de capacidades, de acceso a la educación, a la salud, a la tecnología y territoriales, que existen y que reproducimos permanentemente.

En varias ocasiones, hemos analizado y presentado en estas páginas, en concordancia con el Estado de la Nación, aportes sobre la pobreza en el 2021: la zona rural y las regiones Brunca, huetar Caribe y Norte con las peores condiciones, el índice de desarrollo humano cantonal: la realidad de las desigualdades regionales, las zonas costeras, fronterizas y rurales, nuevamente las de menor desarrollo humano, impulsar el desarrollo de las regiones periféricas o continuar con el Gamcentrismo, el reto impostergable, los programas gubernamentales de desarrollo regional, esfuerzos parciales y limitados frente a las persistentes desigualdades, en los que se hace referencia a todas esas fuentes de desigualdad.

La pobreza por ingresos insuficientes se mantuvo en un 23% y la pobreza extrema en 6.4% y representa casi 400 mil hogares(399.439) y 1,329.757 personas que están en pobreza total y 110.831 hogares y 393.385 en pobreza extrema, mientras que cerca de un 10% de los hogares se encuentran constantemente en riesgo de caer en pobreza o son muy vulnerables, especialmente en las regiones periféricas, Brunca, Huetar Caribe y Norte y Pacífico Central, en las que la pobreza supera el 30% de la población, no obstante ya escuchamos todos esos datos sin inmutarnos.

Porque la desigualdad y la pobreza, también se observa en el paisaje, sólo tenemos que mirar las diferencias en el acceso a la vivienda, a la educación, a la salud y a la tecnología, los grandes condominios y residenciales de alto costo, frente al crecimiento de barrios marginales, en las ciudades y las costas, los grandes centros comerciales, los colegios y hospitales de alto costo y la infraestructura de educación y salud pública deteriorándose, es decir es “un país partido”, pero lo hemos “normalizado”, probablemente debido a que hay “ganadores y perdedores”, como dice el Presidente.

Partido Acción Ciudadana reitera su férrea oposición a las pretensiones del Gobierno de incorporar a Costa Rica en la Alianza Pacífico

El ingreso a la Alianza del Pacífico, como lo venimos advirtiendo hace muchos años, representaría un golpe bajo al sector agrícola nacional, pero sobre todo a los trabajadores y trabajadoras agrícolas. Hoy el presidente sostiene que nadie y menos él los va a sacar de la pobreza.

Como partido de gobierno nos opusimos en las dos administraciones anteriores al ingreso de la Alianza del Pacífico. Siempre hemos respaldado una posición clara y firme en torno a que los acuerdos comerciales deben ser negociados justa y abiertamente entre las partes involucradas y garantizar las condiciones necesarias, a los diversos sectores productivos, para competir en los mercados internacionales bajo normas que antepongan los intereses nacionales y el bien común.

El Partido Acción Ciudadana considera al sector agropecuario como un pilar estratégico en el entorno de la guerra en Ucrania y sus implicaciones en el abastecimiento global de alimentos. El sector agropecuario y la agroindustria costarricense, bastiones del desarrollo nacional, requieren de medidas urgentes de apoyo para garantizar el suministro de alimentos de nuestra población en las actuales circunstancias de crisis mundial, incertidumbre de los mercados, inflación, aumento desmedido en los precios de los insumos y la ruptura de las cadenas de producción y comerciales. Lo correspondiente es implementar acciones técnicas y financieras de fomento productivo, garantizar mercados, e impulsar políticas tecnológicas agresivas adaptadas al cambio climático, como, por ejemplo, la agricultura sostenible.

Por lo tanto, el PAC se opone al ingreso a la Alianza Pacífico, pues pone en riesgo nuestra producción nacional y vulnera las zonas rurales que requieren de generar más empleo y bienestar.

  • Costa Rica ya tiene Tratados de Libre Comercio en vigencia con los cuatro países que conforman ese bloque comercial (Chile, Colombia, México y Perú), y el comercio es pleno con esas economías.
  • Los cuatro países tienen subsidios implícitos en costos de producción (insumos, seguros, combustibles, crédito, entre otros), mientras que los salarios mínimos y las prestaciones sociales son extremadamente bajas, lo que significa una competencia desigual debido a que abaratan sensiblemente los costos de producción, por lo que afectaría injustamente a nuestra producción nacional, que paga mejores salarios y cubre las prestaciones sociales.
  • Del riguroso análisis en los procesos de negociación elaborados por el PAC, se determinó que los rubros arancelarios debían quedar por fuera de los tratados porque las políticas aplicadas en esos países provocarían la quiebra de la producción nacional. Esos rubros son menos del 7% del total de los bienes objeto de comercio.
  • El impacto negativo que tendría incluir ese 7% de rubros arancelarios, implicaría la pérdida estimada de hasta 100 mil de empleos de las actividades agropecuarias y de la agroindustria, en las zonas de menor desarrollo y contribuiría al deterioro de la pequeña y micro producción agropecuaria.
  • Quienes impulsan tal acuerdo, son un reducido grupo que ve una oportunidad de buenas ganancias, pero la política comercial costarricense debe velar por el beneficio de la sociedad como un todo, con un sentido de equidad y solidaridad.

Instamos a las personas y organizaciones del sector agropecuario a mantenerse en pie de lucha en defensa de la producción nacional en todos aquellos espacios que permite nuestra institucionalidad democrática, y nos ponemos a la disposición para brindar el apoyo necesario para evitar la adhesión a la Alianza Pacífico.

Comité Ejecutivo Nacional y Comisión Política.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Las personas no son el problema, sino la solución

José Luis Pacheco Murillo

Hace 11 años el mundo alcanzó los 7.000 millones de personas y el próximo 15 noviembre superará los 8.000 millones, anunció el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (ONU).

Según las últimas proyecciones de ONU habría unos 658.048.000 (658 millones) de personas en América Latina y el Caribe, lo que representa apenas la mitad de la población que poseen China y la India que cada uno supera los 1300 millones de personas.

Para algunos esta cantidad de personas representan un problema, sin embargo, lo que se debe tener claro es que nunca y bajo ninguna condición las personas somos problemas. Por su parte, Natalia Kanem, directora ejecutiva del UNFPA indicó que las personas deben ser el centro, las personas no son el problema, sino la solución, pues la experiencia ha enseñado que invertir en la gente y en sus derechos propicia sociedades más pacíficas, prósperas y sostenibles. Por esto resulta indispensable «situar la protección de los derechos y la promoción del bienestar de las personas, las familias y las comunidades en el centro de los esfuerzos”.

Es necesario que las acciones de los gobiernos se encaminen más a la protección y menos al abandono de las personas.

El tener como centro de atención las técnicas económicas y financieras para que haya mayor riqueza para unos pocos en lugar de buscar la mayor equidad posible, es lo que nos tiene como estamos, con situaciones de pobreza extrema y con tasas de desempleo nunca vistas.

No debemos de asustarnos porque hayan más personas, lo que debemos de buscar son acciones para que haya más equidad y más solidaridad.

En el mundo hay muchísimo desperdicio y es una injusticia que se tengan personas con hambre y necesidad por un lado y por el otro dejando que comida se desperdicie y se bote.

Dios quiera que los líderes mundiales tomen acción para que el ser humano, las personas, volvamos a ser el centro de atención y que los temas económicos y financieros se dirijan a brindar mejor calidad de vida para las personas. Que sean el medio y no el fin.

Electricidad en la COP27: energía in-sostenible y más pobreza

Osvaldo Durán-Castro/ Sociólogo ITCR
FECON Costa Rica/Rivers for Climate Coalition

En un artículo anterior relacionado con el agua en la COP27 señalamos que dentro de los modelos sociales que rigen la economía mundial, es imposible cumplir objetivos de la Agenda 2030 como “6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos” y “7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos”.  En este artículo revisamos algunos datos de pobreza y acceso o exclusión del servicio básico de electricidad.  Concluimos que no será posible garantizar ese servicio, mientras no se asuma que sin justicia social es imposible la justicia climática, y que las “energías limpias” nunca serán una solución efectiva si sólo resultan “sostenibles” en el norte y para las élites del mundo, gracias a la destrucción de los ecosistemas, principalmente en el sur.

MÁS REPRESAS, PERO MÁS POBRES SIN ELECTRICIDAD

Lejos de avanzar para cumplir los objetivos 6 y 7 de la Agenda 2030, los resultados del modelo social actual dan cuenta de la creciente inequidad que se refleja en el aumento de las fortunas de pocas personas y de empresas corporativas, frente a la pobreza de más de mil millones de personas que entre otras privaciones, no disponen del servicio básico de electricidad. Otro resultado catastrófico del modelo energético actual, aunque no divulgado ni aceptado, es el aumento de ecosistemas destruidos, mientas se sigue hablando de energías “verdes y sostenibles”. A pesar de esos desequilibrios insalvables del modelo, la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica (IHA siglas en inglés), que realizó en 2021 su congreso mundial en Costa Rica, lleva un mensaje a la COP27, pidiendo “desbloquear las barreras para el desarrollo hidroeléctrico ahora”, y lanzan, entre otras demandas, “que las inversiones en hidroelectricidad sean incentivadas en mecanismos financieros y simplificación de licencias”.  Todo eso en contradicción directa de organizaciones y pueblos en todo mundo que ven la electricidad como parte de una matriz energética destructiva, violatoria de derechos humanos y aceleradora del cambio climático.

Darle acceso a electricidad a toda la gente y sobre todo a la más pobre, según sugiere el texto del objetivo 7, requiere un cambio social que implica sustituir las reglas del mercado por unas que garanticen equidad social, protección efectiva de los ecosistemas en la producción energética y la superación de la falacia de la hidroelectricidad como energía limpia y sostenible. Requiere también aumentar la investigación para el desarrollo de tecnologías limpias, o al menos de mínimo impacto destructivo.  Pero la equidad y la protección de los ecosistemas no son componentes del modelo actual.  A partir de estudios de organizaciones como las Naciones Unidas, ONU, y la Comisión económica para América Latina, CEPAL, podemos confirmar que desde hace décadas se aceleró la tendencia de los gobiernos, las corporaciones multinacionales y las empresas nacionales, hacia la inversión energética que da prioridad a la acumulación de riqueza.  La ONU ha reconocido que cerca de 1200 millones de personas en el mundo viven sin electricidad. Esto es más que notable y contradictorio pues el ritmo de producción de esta energía no se ha detenido en ningún momento y a ningún consumidor final se le regala, lo cual indica un flujo permanente de ganancias para las empresas estatales y privadas. La pregunta es para qué y para quiénes se genera energía, y particularmente electricidad.

Para cumplir el objetivo 7 de la Agenda 2030 lo mínimo esperable es que las personas tengan acceso a energía estable y con precios razonables de acuerdo con su condición socio económica.  Pero los datos indican que a pesar de que se siguen eliminando y deteriorando ecosistemas fundamentales para la vida en el planeta, como los ríos, el suelo, el subsuelo y el aire, la gente más pobre no tiene electricidad.  De acuerdo con el estudio “La energía en América Latina y el Caribe”, de mayo de 2022 de la CEPAL, en América Latina el acceso desigual a la electricidad está completamente marcado entre zonas urbanas y rurales y entre gente rica y pobre.  De la gente que integra el 20% más pobre de la población, un 12%, más de la mitad, no tiene acceso a la electricidad y si agregamos otro 20% de la población, resulta que 18 de cada 40 de las personas pobres viven sin electricidad.

Las evidencias son tristemente contundentes. Como es sabido durante la pandemia de la Covid 19 desmejoraron muchos indicadores de bienestar social.  En setiembre de 2022 la CEPAL indicó que en América Latina“…75 millones no tienen acceso a combustibles y tecnologías limpias para cocinar, lo que exacerbó la pobreza y vulnerabilidad durante y después de la pandemia.  Esta situación se puede ver agravada por el aumento de los precios de los combustibles fósiles en el contexto de la guerra en Ucrania”, como de hecho ha ocurrido.

No es de necios insistir en que será imposible vincular positivamente el servicio de electricidad con la calidad de vida de la gente, cuando la inequidad sigue creciendo y todas las crisis impactan negativamente, más rápido y más fuerte, a quienes viven en pobreza.  La Organización Panamericana de la Salud y la CEPAL (2020) en su “Informe Covid-19. Salud y economía: una convergencia necesaria para enfrentar el Covid-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe”,  advirtieron sobre las repercusiones diferenciadas de la crisis entre pobres y no pobres, e incluso sobre los peores impactos para las mujeres pobres: “la crisis afectará más gravemente a las mujeres, ya que estas representan más del 60% de la mano de obra en los sectores de alojamiento y servicios de alimentación y el 72,8% de la fuerza de trabajo en el sector de la atención de la salud…”

Pero incluso, entre toda la gente pobre y las mujeres pobres, hay grupos sociales más vulnerados y excluidos como las poblaciones indígenas y afrodescendientes, quienes, además de la pobreza material, enfrentan muchas otras expresiones de discriminación, racismos y exclusión por su origen étnico, neocolonialismo cultural moderno, escaso y desigual acceso a la justicia, o a veces nulo.  En América Latina, según la CEPAL, “la proporción de la población indígena y afrodescendiente sin acceso a la electricidad, en promedio, duplica y, en algunos casos, triplica a la proporción respectiva de la población no indígena ni afrodescendiente”. 

La gente pobre no sólo es la que tiene menos acceso a la electricidad, si no que es también la que paga proporcionalmente una factura mucho mayor por la electricidad con respecto de sus ingresos y la que tiene menos acceso a tecnologías modernas.  Con mucho optimismo la CEPAL sigue llamando a los gobiernos a “invertir anualmente 2,6% del PIB regional durante los próximos 10 años -para- universalizar el acceso a los servicios básicos de agua potable, saneamiento y electricidad, sin dejar a nadie atrás”.  Particularmente “en el sector eléctrico, incluyendo la utilización de tecnología renovable (i.e. solar y eólica) en línea con las metas del ODS 7, se debe invertir un 1,3% anual del PIB regional durante 10 años”.  Pero estas inversiones, en el remoto caso que se implementaran, no servirán si no están orientadas asegurar que se logre el acceso de la gente más pobre a esos servicios.  De lo contrario, la brecha entre los que pueden derrochar energía, que son las élites de los países, y el resto de la población, se irá ensanchando cada vez más.

Otro factor que generalmente es presentado como un gran beneficio, es la generación de empleo en la construcción de proyectos energéticos en general y de las hidroeléctricas en particular.  Pero ese empleo puede fácilmente ser una trampa: es apenas temporal,  no necesariamente cumple con las normas de seguridad laboral de cada país, en muchos casos se hace por medio de subcontrataciones de empresas locales para evadir responsabilidades directas por parte de las empresas dueñas de los proyectos.  En fin, ninguno de estos empleos es “verde” ni “sostenible” ya que vulnera y destruye ecosistemas, y no resuelve la pobreza permanentemente.

EL MODELO SOCIAL ACTUAL NO ADMITE CAMBIOS POSITIVOS

Para asociar, en la práctica, la economía, la equidad y el cuidado de naturaleza, se requiere un cambio radical de visión; un cambio de paradigma, que permita re-inventar la matriz energética, y particularmente la hidroelectricidad.  No se trata prometer que la gente más pobre tendrá acceso al servicio de electricidad, pues el mercado no resuelve la desigualdad social ni cuida los ecosistemas.  Se requiere convertir la producción, distribución, almacenamiento y consumo final de la energía y de la electricidad, en servicios orientados a satisfacer las necesidades de la gente y no de los negocios.  Por esto es que las demandas fundamentales de organizaciones que integran Rivers for Climate Coalition, cuestionan estructuralmente los modelos de economía y de energías actuales y piden la “Prohibición de fondos comprometidos bajo el Acuerdo de París para la construcción de nuevas represas hidroeléctricas” y exigen a todos los países “eliminar nuevas represas hidroeléctricas de sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC)”. En todo el mundo se está desarrollando una campaña con el lema “Los acuerdos climáticos no deberían apoyar las represas”, para pedirle a la ONU no incluir las hidroeléctricas bajo el “Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)”, mediante el cual éstas “pueden vender créditos de carbono, también conocidos como Créditos Certificados de Reducción de Emisiones o CER”. Ya la ONU reconoció 1.965 represas en los MDL, y ésa es una línea que se debe revertir.

La electricidad siempre ha sido un detonador de destrucción de ecosistemas y a la vez de acumulación de riqueza, problemas que no se discuten en los foros oficiales ni empresariales. En países como Costa Rica donde casi el 100% de la población tiene acceso a la electricidad, uno de los problemas fundamentales es que una parte de la electricidad, la que producen las empresas privadas locales y extranjeras, no se genera en función de las necesidades de la sociedad, si no que es un negocio extremadamente lucrativo para un reducido segmento empresarial que sobrevive gracias a que desde hace más de 3 décadas, el Estado ha sido obligado a comprar su energía aunque la demanda esté satisfecha con la electricidad pública.  Pero además de los pagos elevados por esa electricidad privada, innecesaria, la riqueza de esos generadores se ha elevado con “sobre-pagos” que alcanzaron 23,8 millones de dólares en apenas 18 meses, entre diciembre de 2017 y mayo del 2019”.  Entre 2010 y 2018 el pago por electricidad privada fue de 2.049,00 millones de dólares, un monto en extremo elevado en la escala de la economía de Costa Rica.

Esas “estafas legales” ocurren también en cualquier otro país donde los negocios estén por encima del bienestar colectivo, del cuidado de las finanzas públicas y de la economía de las familias.  En agosto del 2021 se dio a conocer en Inglaterra, Francia y España que la empresa Iberdrola había vaciado el embalse de Ricobayo (en España) en medio de una de las peores sequías de la historia, con el fin de vender electricidad a precios exorbitantes, mientras la gente sucumbía de calor y tenía que pagar facturas de electricidad también exorbitantes.  Pero, además, “Iberdrola, el segundo mayor productor del país, drenó las presas en las provincias de Zamora y Cáceres en el oeste de España durante un período de unas pocas semanas para producir energía hidroeléctrica barata mientras el precio para los consumidores está en un nivel récord”.   Tanto en Costa Rica como España, y en todo el mundo, se sigue hablando de hidroelectricidad “sostenible y limpia”, mientras mueren los ríos y los ecosistemas, y se privilegian las fortunas de los generadores de electricidad sobre los intereses colectivos.

Tanto a nivel de países, como entre zonas urbanas y rurales y dentro de éstas, la electricidad es un indicador de inequidad social consolidado.  El acceso a la electricidad es un resultado que se construye en periodos largos, y así como en las últimas décadas, o desde siempre, ha sido imposible que las personas más pobres tengan acceso justo a la electricidad y a la energía en general, es improbable, cuando no imposible, que en los próximos años se cumpla el objetivo 7 de la agenda 2030.  La justicia climática global obliga a revisar y cambiar los patrones de producción industrializada de la energía y también implica que cada uno de los costos por destrucción ecológica y pérdidas sociales como los desplazamientos forzados, el acoso, la intimidación y hasta los asesinatos, sean reconocidos, juzgados, castigados y resarcidos.  También es indispensable resolver con justicia, y no desde el mercado, las preguntas para qué y para quiénes se genera y consume energía y electricidad.

Si en la COP27 se mantiene la dinámica de diálogos para reiterar la catástrofe climática real que vivimos, pero no se logran compromisos vinculantes y obligatorios para los países y corporaciones más contaminantes, “nada cambiará en Inglaterra, excepto el clima”, como dijo el escritor Oscar Wilde. Absolutamente nada cambiará en el mundo, excepto el clima para empeorar, y seguiremos avanzando hacia la debacle, pero con responsabilidades bien diferentes entre las élites que acumulan la riqueza de manera indecente y se ahogan en la opulencia, y la gente pobre sin energía, sin electricidad, sin salud y sin comida.  Revertir el curso de la crisis climática actual jamás será posible sin justicia social.  A pesar de las buenas intenciones de miles de personas, los discursos y hasta las protestas no detendrán el cambio climático. Eso será inviable sin un cambio de las actuales reglas de mercado y sin reconocer las responsabilidades diferenciadas en la destrucción del planeta.  No es tolerable un modelo global de supuestas “energías limpias” en el norte, que sólo resulta “sostenible” por la destrucción  de los ecosistemas, el desplazamiento de pueblos enteros, e incluso los asesinatos y la esclavitud moderna en el sur.

La gobernanza ante la desigualdad y la pobreza en Costa Rica

Alberto Salom Echeverría

Reducir la desigualdad en América Latina, la región más desigual del mundo sí es posible y constituye hoy en día uno de los retos prioritarios para lograr el desarrollo humano en nuestros países. Sin embargo, esos retos requieren una sistemática y rápida atención. (Carvalho, Luiza, “Desigualdad en América Latina.” La Nación. 13 de setiembre 2010)

En nuestra región, la desigualdad afecta más a las mujeres, a la población indígena y a la afrodescendiente. Las mujeres reciben un menor salario que los hombres por igual trabajo, tienen mayor presencia en la economía informal y trabajan más horas que los hombres (doble carga laboral). En promedio, el porcentaje de la población indígena y afrodescendiente que vive en pobreza extrema (un dólar por día o menos) es el doble que el resto de la población. (Ibidem)

Los cambios estructurales

Decimos que un cambio es de naturaleza estructural, cuando se afectan variables que están en la base misma de una sociedad. Un cambio estructural se produjo en los países subdesarrollados de Centroamérica, por ejemplo, cuando las sociedades adoptaron políticas de largo plazo, para reemplazar las importaciones de insumos industriales y comenzaron a producirlas internamente. Para ello fue necesaria la intervención del Estado, para crear políticas proteccionistas, una combinación de impuestos a los bienes extranjeros y préstamos blandos a la inversión interna (políticas de subsidios). Asimismo, ahora está visto que, para variar la estructura de las sociedades contemporáneas de la misma región, en procura del bienestar del mayor número de personas, se requieren políticas públicas multidimensionales y de largo plazo como son: las educativas, de salud pública, tributarias y fiscales, ambientales, agroforestales, de equidad social, que promuevan la participación ciudadana, entre otras; si lo que se quiere es enfrentar la crónica desigualdad social, la pobreza y pobreza extrema. O sea, se apunta a cambios estructurales (largo plazo, multidimensionales), por oposición a los coyunturales (corto plazo, cambios puntuales) para obtener una sólida gobernanza.

¿Qué se necesita para que se produzcan políticas públicas de mediano a largo plazo y multidimensionales? Como se trata de un verdadero cambio en la manera de gestar la política pública, es preciso que exista una verdadera voluntad política, tanto para promover la participación de la ciudadanía cuanto, para impulsar las políticas con progresividad, o sea con una vocación de distribución de la riqueza socialmente producida en favor de los más pobres. Imaginemos que, el lanzamiento del primer Informe de Desarrollo Humano, concebido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para medir innovadoramente el desarrollo de los países, valga decir, “más allá de sus niveles de crecimiento económico”, data del año 1990. Se trató de una nueva propuesta centrada en el ser humano que se compuso de dimensiones educativas, salud e ingresos. A partir de allí fue modificada sustancialmente la calidad del debate en los países del continente, ya que el mismo se orientó al fortalecimiento de políticas públicas para mejorar la vida de las personas. No obstante, como es fácil de anticipar, por lo que sabemos, en muy pocos países los gobernantes fueron capaces de impulsar nuevas políticas con esa orientación. Casualmente uno de ellos fue Brasil, durante las dos administraciones del presidente Lula entre el 2003 y 2010; donde se logró sacar de la pobreza y la pobreza extrema a más de 30 millones de personas y, por primera vez se redujo el índice de desigualdad, medido en términos de las diferencias salariales (coeficiente de Gini), agrupada la población por deciles según los ingresos de las personas.

El informe mencionado del PNUD identificó también que, la enorme mayoría de los sistemas políticos latinoamericanos, históricamente han reforzado la desigualdad, pues, como lo señaló Luiza Carvalho, imperan en ellos “…estructuras fiscales asimétricas, escasas capacidades regulatorias del Estado e instituciones que discriminan y reproducen las diferencias entre los grupos poblacionales, [y por añadidura prevalece en ellos] poca transparencia, clientelismo, corrupción y un débil compromiso ciudadano con la acción pública.” (Cfr. Ibid).

La desigualdad y la pobreza en Costa Rica: los datos duros.

La pobreza y la pobreza extrema en Costa Rica son crónicas y perseverantes. En tanto que, la desigualdad ha venido creciendo con altibajos, pero ininterrumpidamente desde el 2005; el coeficiente de Gini llegó a medir en 1916: 0,49, equivalente a los niveles de 1980. (El coeficiente va de 0 a 1, donde 0 indica una situación de mayor equidad entre los deciles. En cambio, conforme se acerca a 1, quiere decir que el ingreso se va distribuyendo de manera cada vez más dispar. Así, 1 querría decir que el 100% del ingreso estaría concentrado íntegramente, en el decil de los que reciben mayores salarios.)

Aunque en parte de los 90 y en el primer quinquenio del 2.000 se produjo una recuperación importante en términos de la igualdad (1994 el coeficiente fue de 0,387 -el menor en Latinoamérica y Los Estados Unidos-); en cambio, en 1916 habíamos regresado al nivel de 1980, 0,49 que marcó una desigualdad mucho más acentuada que en el promedio de América Latina. En Costa Rica habita hoy una población ligeramente superior a las cinco millones doscientas mil personas; pero como dijera un artículo de Valeria López del 2018 en el semanario Universidad, unos viven como en África, mientras otros han alcanzado un estilo de vida como el de los países europeos. (Cfr. López Sedó, Valeria. Versión digital https://semanariouniversidad.com/pais/costa-o-rica-la-odiosa-desigualdad-que-nos-devolvio-a-1980/). Peor aún, el coeficiente de Gini continuó subiendo en Costa Rica, hasta alcanzar su valor más alto desde el 2010: 0,524 en el año 2021, según la Encuesta de Hogares de Costa Rica (ENAHO). En el 2019, el ingreso neto promedio de los hogares más ricos había sido 13 veces superior que el del 20% de los hogares más pobres. Hay que hacer la observación de que, si se hiciera una medición no en términos de los salarios, sino del patrimonio (conjunto de bienes, derechos y obligaciones que son propiedad de una persona o empresa), muy probablemente la desigualdad sería escandalosamente más alta.

Por su parte, el indicador que mide la pobreza y la pobreza extrema no hace sino mostrar un considerable agravamiento de la situación social de las familias costarricenses en condición de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema.

Los datos más recientes continúan mostrando la persistencia del fenómeno de la pobreza, cuando no su agravamiento. La Encuesta de Hogares del 2022 reveló que el índice general de pobreza se había estancado respecto del año anterior en 23%. Sin embargo, mientras en la zona urbana es de 21.1%, en la zona rural se marcó un crecimiento de las familias en condición de pobreza, ya que el indicador se estableció en un 28.3%, dos puntos porcentuales más alta que la del 2021. Se trata del segundo pico de pobreza más alto de la zona rural costarricense desde el 2010; el pico más alto fue el dato reportado en el 2014, que había alcanzado el 30,3% de familias que padecen la pobreza. Por otra parte, retomo el tema de la desigualdad para sugerir que, si observamos con mayor perspectiva los datos del coeficiente de Gini desde el 2010, de acuerdo siempre con el INEC, se puede ver con claridad que, la desigualdad no ha logrado reducirse, oscilando entre el valor más bajo del decenio que fue en el 2010, cuando se logró alcanzar un coeficiente de 0.507, hasta el más alto registrado en el año 2021 que fue de 0.524.

Por añadidura, los periodistas Patricia Leitón y Alejandro Durán, informaron que, de acuerdo con el INEC, hubo un aumento de la desigualdad entre la pobreza urbana y la rural en perjuicio de la segunda. (Cfr. Leitón, P. y Durán, A. “Porcentaje de hogares pobres se estanca y poder adquisitivo cae.” La Nación, 21.10.22. P-21A).

Finalmente postulo que, no habrá “Gobernanza”, hasta que no visualicemos ese modelo multidimensional, que integre una participación real de la ciudadanía, con las políticas sociales sin discriminación de ningún sector, con equidad de género, con una atención urgente a los discriminados de los sistemas de educación y de salud pública, una efectiva distribución de la riqueza y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Se trata, como resulta obvio, de un modelo que trascienda con mucho un cuatrienio. Por el curso que llevan los acontecimientos, más allá de algunas promesas aisladas, lamentablemente no vemos esa orientación en la actual administración.

Epílogo.

Los anteriores análisis, ameritan ser complementados con un análisis con un enfoque de sociología política, mediante el cual se logre desentrañar al menos, algunas cuestiones como las siguientes: ¿Cuáles han sido en el pasado y en el pasado reciente, las fuerzas sociales y políticas en presencia, cuáles fueron los principales movimientos sociales que figuraron como protagonistas en las diferentes coyunturas y cuáles fueron las articulaciones políticas entre todas ellas que permitieron impulsar políticas públicas y le imprimieron a la sociedad costarricense cierta estabilidad, crecimiento y, dotaron al Estado de capacidad para crear instituciones de bien social y económico, como la “Caja”, el ICE, la banca estatal, el INS, el AyA, el CNP, RECOPE, las universidades públicas y las municipalidades con algunas potestades de acción en lo local, entre muchas otras? ¿Cuáles fueron las fracciones sociales hegemónicas en las diferentes coyunturas y cómo gestaron alianzas políticas y con qué contenido ideológico para viabilizar el auge de las capas medias de la población y una suerte de movilidad social desde los sectores populares?

¿Cuáles fueron las clases y sectores sociales que enfrentaron de un modo sistemático o coyuntural la alianza que le dio sustento a lo que José Figueres denominó como la “Segunda República”? ¿Cómo se amalgamaron ellas también y con determinados sectores subalternos, para consolidar en diferentes momentos, alianzas políticas cuyo vértice fue la oposición a la deriva estatista del bloque socio político anterior con todas sus secuelas? ¿Qué políticas llevaron adelante que les permitió resquebrajar el bloque dominante de la coyuntura 1953-1978, sustrayéndole incluso importantes bases del sector popular e introduciéndole contradicciones en su interior? ¿Qué fuerzas sociopolíticas y con qué apoyos impulsaron políticas desregulatorias y anti estatistas que luego dieron pie, a finales del siglo XX e inicios del XXI, a una segunda “ola de modernización”, esta vez con acento en la liberalización del mercado y el debilitamiento de la estructura del Estado y sus instituciones? ¿Cuál fue el papel de los apoyos externos, gobiernos extranjeros, organismos financieros internacionales, capital extranjero? ¿Cómo se anudaron con las fuerzas políticas dominantes? ¿Qué cambios de naturaleza ideológica indujeron en los partidos políticos que habían sido dominantes durante la segunda mitad de la centuria pasada? ¿Qué nuevas fuerzas políticas aparecen en la escena desde finales del sigo XX y cuáles fueron sus orientaciones?

¿Cómo y qué fuerzas políticas y sociales fueron capaces de debilitar y hasta de romper la hegemonía del bipartidismo tradicional y con qué orientaciones ideológicas? ¿Se debilitó el bloque sociopolítico dominante? ¿Qué contradicciones se produjeron al interior de las fracciones sociales y políticas dominantes? ¿Qué nuevas fuerzas políticas han emergido al influjo de las condiciones de crisis política creada? ¿Hasta qué punto se han debilitado los partidos políticos tradicionales e incluso las fuerzas emergentes desde las postrimerías de la centuria anterior? ¿Cómo se rearticulan los partidos de izquierda y con qué orientaciones y apoyos sociales? ¿Cómo están estructuradas las fuerzas sociales populares y de que manera se insertan dentro de los partidos políticos vigentes? ¿Qué está en juego en la actual coyuntura y cómo se posicionan las fuerzas sociales y políticas frente a ello?

No todas las interrogantes están sin respuestas en los análisis sociológicos, politológicos o económicos contemporáneos. Pero, sería esperable un examen riguroso y sistemático de toda esta compleja realidad. En la medida de nuestras posibilidades contribuiremos en ello.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

¡Limón se une por la institucionalidad costarricense!

La marcha del pasado 29 de octubre en Limón a favor de la institucionalidad costarricense fue llevada a cabo con éxito, las personas salieron de la Municipalidad de Limón a las 12:00 m.d. con destino a la entrada de JAPDEVA. 

Limón el pasado sábado se unió, por la reactivación económica, la generación de empleo, la lucha contra la pobreza, ejecución del canon de APM y mayor seguridad para las familias, instituciones, empresas y negocios.

 

Compartido con SURCOS por Fedrick Patterson Bent.

¿Salvarán los cambios políticos a Liberación Nacional?

Vladimir de la Cruz

El Partido Liberación Nacional, de los actuales partidos activos, en la vida nacional, es el más viejo y el que más ha impactado el desarrollo institucional del país desde 1951, cuando se fundó, y desde 1953 cuando empezó a ejercer gobiernos. Si se retrotrae su historia a sus raíces desde la Junta de Gobierno, 1948-1949, cuando su fundador, José Figueres gobernó, a la fuerza, de facto, con los Decretos Ley que aprobaron, en ese período de Gobierno, que sentaron las bases de la Costa Rica de la segunda mitad del siglo XX, más importancia se le puede reconocer en el desarrollo institucional nacional al Partido Liberación Nacional, que dirigió el país en 9 ocasiones, 9 gobiernos, 1953, 1962, 1970, 1974, 1982, 1986, 1994, 2006 y 2010 de los 18 gobiernos que ha tenido el país desde entonces, incluido el actual.

El resto de los gobiernos se los han repartido 3 coaliciones en 1958, 1966 y 1978, de tradición opositora liberacionista con ribetes socialcristianos, 3 del Partido Unidad Social Cristiana, 1990, 1998, 2002, dos del Partido Acción Ciudadana, 2014 y 2018 y el actual Gobierno de Partido Progreso Social Democrático, 2022-2026.

De esa acción de gobiernos liberacionistas se desarrolló el Estado asistencialista, benefactor y el Estado Social de Derecho que se construyó especialmente hasta 1978, fortaleciendo un conjunto de instituciones públicas poderosas, claves y estratégicas para el desarrollo nacional, como han sido la Universidad de Costa Rica, las universidades públicas que se impulsan en los Gobiernos de Figueres y Daniel Oduber, 1970-1978, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico, la Universidad Estatal a Distancia, el Instituto de Vivienda y Urbanismo, el Consejo Nacional de la Producción para sirvió para asegurar precios justos a los productores nacionales, asegurar sus cosechas para el consumo y para regular precios para los consumidores, la Banca pública estatal que se puso al servicio de distintos sectores empresariales, comerciales y productivos y del público, la Caja Costarricense del Seguro Social, que fundada en el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944, se desarrolla, amplía y universaliza sus servicios por el impulso que le da Liberación Nacional, el Instituto Costarricense de Electricidad, el motor del desarrollo y de la economía nacional, y el Instituto Nacional de Seguros, por citar algunas de las instituciones que durante los gobiernos liberacionistas se fortalecieron, al menos hasta 1978.

Fue la Liberación Nacional el que impulsó y fortaleció la clase media nacional, que a pesar de los embates económicos con que se ha venido golpeando a toda la población del país, sigue siendo fuerte, poderosa y sobreviviente, una parte de ella y la otra, sectores amplios de la clase media amenazados en su estatus de vida, con tendencia a ser excluidos y expulsados de esta clase media, reduciendo su tamaño, y a pasando, parte de ella, a formar parte de la composición social de los sectores pobres del país.

Con el Gobierno de Rodrigo Carazo, 1978-1982 se empezó a desmantelar el Estado, se empezaron a privatizar instituciones que eran empresas públicas. A partir del Gobierno de Luis Alberto Monge se impulsaron los Planes de Ajuste Estructural y al inicio de la década de 1990 se impuso la política de Tratados de Libre Comercio, que han atendido todos los gobiernos desde entonces, entre otros cambios importantes que afectaron estructuralmente el desarrollo institucional del país.

El proceso de desmantelamiento estatal no ha cesado. La apertura bancaria, o la desnacionalización que se impuso en el Gobierno de José María Figueres, 1994-1998, culmina no solo con el sector bancario financiero nacional gobernando el país, sino que conduce ahora a deshacerse de más instituciones bancarias públicas, como es el intento de vender el Banco de Costa Rica y el Banco Internacional de Costa Rica.

La descentralización por la privatización de servicios en las instituciones estatales ha debilitado su esencia, camino cada vez más seguro hacia su total privatización y desaparición de las mismas. Es la pinochetización fina, que se ha venido haciendo de la atención primaria de los servicios públicos esenciales, para imponer la privatización de todos los servicios públicos.

La educación pública la han debilitado, la han disminuido en su papel estratégico. La tendencia es hacia la privatización de toda la enseñanza.

La salud pública la han debilitado, fortaleciendo la atención de la salud en manos privadas, y sometiendo a la Caja Costarricense del Seguro Social a depender en diversos servicios de esa salud privada, con grave desatención a los asegurados. Las listas de espera son su mejor emblema.

Al ICE le llevan ganas desde hace muchos años. Del Consejo Nacional de Producción mantienen sus viejos edificios por avenida 10 como símbolo del abandono que se hizo de los productores y consumidores nacionales. Las Universidades son sujetas de ataques constantes en sus finanzas y en su autonomía institucional y funcional, como de reducirles su papel hasta donde puedan. El sector cultura, desarrollado institucionalmente desde el Gobierno de José Figueres, 1970-1974, lo tienen en capilla ardiente, casi artículo mortis en algunas de sus expresiones.

En este breve escenario se han fortalecido unos pequeños grupos nacionales, pero la inmensa población se ha empobrecido. Los índices de pobreza y pobreza extrema crecen. De la misma manera los índices de riqueza se concentran cada vez más en menos manos. A mayor riqueza nacional, concentrada en pocas manos, según los datos, se produce mayor pobreza y pobreza extrema, se reduce fácticamente el volumen de la clase media. Esto es más dramático en las regiones rurales y en las regiones de polos turísticos de desarrollo, donde esto se evidencia más.

La pobreza, la pobreza extrema, el trabajo informal, el desempleo creciente, el desempleo de mujeres cabeza de familia, el ausentismo forzado del proceso educativo, en parte por la pandemia, la no recuperación de los empleos perdidos por la pandemia, las casi 1000 instituciones escolares y educativas paralizadas sanitariamente son apenas una ligera foto del país más feliz del mundo que tenemos…

El asunto es que el Partido Liberación Nacional es parte causal de todo esto. Las banderas sociales que Liberación Nacional tenía las arriaron hace mucho tiempo. Liberación Nacional perdió su memoria histórica, ya ni celebran sus fechas emblemáticas, en las campañas electorales carecían de historia y de conquistas institucionales impulsadas por ese partido. En las últimas campañas electorales se olvidaron de los sectores sociales, que fueron sus bases de apoyo histórico. La renovación de sus liderazgos partidarios se hizo cada vez más alejado de las bases y del pueblo. Se incrustó en Liberación Nacional una verdadera mafia administrativa, desde las instancias cantonales que impusieron cambios que controlaron la vida interna de ese Partido, descabezando a sus líderes históricos, y desmemorizando al Partido.

Las tres derrotas consecutivas electorales que arrastra Liberación Nacional, 2014, 2018 y 2022, a pesar de que en el 2014 y en el 2022, lograron inscribirse para la segunda vuelta electoral, no les alcanzó porque carecieron de mensaje, de identificación con sectores sociales, no pudieron levantar una sola propuesta social frente a un pueblo electoral necesitado de soluciones a los graves problemas que los aqueja, volcándose más fácilmente por nuevas opciones políticas, aunque les fallaran, porque los partidos tradicionales ya les habían y estaban fallando, y era preferible confiar, ensayo y error, en nueva opciones por peligrosas que pudieran ser. El canto de sirenas fue válido hasta el 2022.

Liberación Nacional fue cómplice del descrédito con el que se empezó a cuestionar a los políticos, a los dirigentes políticos, a los líderes tradicionales de los partidos, a los partidos políticos, a la Política como tal, al sistema político, al sistema democrático que lo han desacreditado facilitando las tendencias políticas autoritarias anti todo. En su propio seno se han comido a sus dirigentes históricos y las bases de su propio Partido.

Las medidas que han impulsado no son salvadoras. De no desmantelar la estructura mafiosa que controla el Partido para la escogencia de sus dirigentes y candidatos, desde las asambleas cantonales, no van a salir adelante.

El Partido dejó de ser un Partido Político hace mucho tiempo. Su Directorio Político era simbólico, de papel. En los últimos 20 años, me atrevo afirmar, que no se ha pronunciado públicamente de manera importante sobre ningún tema nacional.

La cabeza del Partido terminó siendo su cola, mientras las fracciones legislativas de Liberación Nacional se convertían de hecho en varias cabezas que trataban de gobernarlo.

No se sentía por ninguna parte que el Directorio Político fuera un baluarte de dirección política partidaria, hacia fuera del partido y hacia adentro.

En su Directorio llegó a mantenerse representantes de expresidentes que públicamente se habían retirado del Partido. Se aceptó a personas que se habían ido del partido, que se les habían enfrentado políticamente y electoralmente, de nuevo en el Directorio, como si nada hubiera pasado.

El Partido fue tomado por sectores bancario-financieros más que por políticos, respondiendo en ese sentido a esos otros intereses, más que la visión política que debe tener una organización que se precie de ser un partido político. Se ha impuesto una visión financiera de hacer negocios con el partido. 

El discurso manejado contra los líderes históricos, los poquillos que le quedan, es errado. Los nuevos que han sido nombrados no son menos tradicionales que los que se han convertido en blanco de los ataques, y quizá si el pensamiento político que los otros tienen.

A Liberación Nacional le faltan líderes políticos. Deberían tener espejos de los líderes socialdemócratas europeos y latinoamericanos que están en la lucha política, al lado de sectores populares.

A Liberación Nacional lo ha perjudicado mucho los vínculos con la corrupción y la narcomafia con que se ha vinculado a dirigentes suyos, de todo nivel, sin que el Partido haya podido hacer nada. No hay en este momento ninguna propuesta para modificar los Estatutos de manera que se permita actuar contra este tipo personas, y dirigentes de distinto rango, que se enquistan en el partido y sus estructuras internas, como públicas en las que participan, municipales, diputadiles o partidarias. Si eso no lo corrigen están manteniendo al paraguas que les filtra agua por todo lado.

Liberación Nacional dejó de ser un Partido pensante, ideológico, teórico doctrinario, visionario del país. En cierta forma dejó de ser un Partido político, como existían los partidos socialdemócratas. Carece de una perspectiva política, ideológica o teórica, y social para trazar el camino de la Costa Rica de los próximos años, carece de banderas sociales y políticas. Carece de identidad con sectores sociales.

Las renuncias de Laura Chinchilla, de Fernando Zamora y de Claudio Alpízar, parecieran ser las más importantes de los últimos meses en ese Partido. Por ahora son solo dirigentes y destacadas figuras del Partido.

Vienen las elecciones municipales dentro de un año. Este será el reto de Liberación Nacional, mantener las casi 50 alcaldías que tienen en su poder hoy.

El alcance de la última Asamblea Nacional solo ha trascendido en el nombramiento de dos de sus principales dirigentes del Directorio del Partido, apoyados por José María Figueres y Oscar Arias. Pareciera que esa Asamblea no dio para más.

Si es así, no ha habido más que un cambio cosmético, y en esa foto siguen siendo los más importantes dentro de ese Partido, guste o no, José María Figueres y Oscar Arias.

Trabajo forzoso se ha incrementado en los últimos 5 años, según la OIT

Millones de personas se encuentran atrapadas en trabajos forzosos, incluso en sistemas de esclavitud moderna. (Foto: Cortesía)

Por María Núñez Chacón

Los trabajadores migrantes tienen más de tres veces de probabilidad de realizar trabajos forzados, lo que les pone en una situación de gran vulnerabilidad.

La pandemia creó grandes perturbaciones en los mercados del trabajo; la baja en los ingresos de las personas provocó un mayor endeudamiento; se dio un marcado aumento de la servidumbre por deudas; y, finalmente, el deterioro en las condiciones laborales de muchos trabajadores propició, en los casos más extremos, el trabajo forzoso.

De hecho, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló recientemente en su informe “Estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna, trabajo forzoso y matrimonio forzoso” que unos 50 millones de personas viven en situación de esclavitud moderna (al 2021), de estas, 28 millones realizan trabajos forzados y 22 millones están atrapadas en matrimonios forzados.

Y es que el número de personas en situación de esclavitud moderna ha aumentado considerablemente en los últimos cinco años, pues para el año 2021 había 10 millones más de personas en situación de esclavitud moderna en comparación con las estimaciones mundiales de 2016.

De acuerdo con Noortje Denkers, especialista de Migración Laboral y Movilidad Humana de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, la agencia de Naciones Unidas nota con mucha preocupación que el número de personas que está atrapada en la esclavitud moderna va en aumento, asimismo, alerta que siguen siendo las mujeres, niños y niñas quienes están más vulnerables ante esta situación.

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“Cuando lo vemos desde la óptica migratoria, el trabajo forzoso es mucho más frecuente, las personas migrantes tienen tres veces mayor riesgo de trabajo forzoso, las cifras muestran que, de cada 1.000 migrantes, 13,8 están en trabajo forzoso y para el caso de personas no migrantes, de cada 1.000, 4,1 están en esta situación”, explicó Denkers en entrevista con UNIVERSIDAD.

¿Esta realidad mundial, con qué incidencia se presenta en los países centroamericanos?

—Las crisis que estamos viviendo han generado coyunturas que facilitan la profundización del trabajo forzoso y Centroamérica no está exenta de ellas. Una crisis global, como la que ocasionó el COVID-19 y el cambio climático han tenido un fuerte impacto en temas de empleo y educación, aumento de la pobreza extrema, migración forzosa, inseguridad e incremento en las denuncias de violencia de género.

La combinación de estos factores incrementa el riesgo de la esclavitud moderna o el trabajo forzoso, y quienes están en condiciones de vulnerabilidad se ven más afectadas, por ejemplo, quienes están en pobreza, trabajadores de la economía informal, niños y niñas.

¿Qué implica el trabajo forzoso o la esclavitud moderna?

—Cuando pensamos en el trabajo forzoso pensamos en personas encadenadas, encerradas de un edificio, pero debemos entender que la realidad es distinta, hay a quienes les decomisan su pasaporte en el trabajo, lo que les impide la movilización o salir del país en el que trabajan. Eso es un indicador muy común del trabajo forzoso.

También, hay a quienes les retienen sistemáticamente el salario, o les dicen que tienen una deuda por haberles dado el trabajo y la personas sigue trabajando sin recibir su sueldo. También, aquellos que sufren algún tipo de coacción, confinamiento, violencia física o sexual y la privación de necesidades básicas.

Todas estas cosas suceden a nuestro alrededor, no hay que ir muy lejos.

¿En qué sectores es más frecuente encontrar condiciones de trabajo forzoso o esclavitud moderna?

—La mayoría está en servicios, en la industria manufacturera, en la construcción, agricultura y en el trabajo doméstico, esos son los cinco sectores que concentran más a las personas que están en trabajo forzoso. Y la mayoría de los casos de trabajo forzoso, 86%, se dan en el sector privado.

¿Cuáles son las acciones que deberían tomar los países para luchar contra la esclavitud moderna?

—La OIT recomienda en su informe que, para prevenir el trabajo forzoso, es esencial respetar las libertades y derechos de las personas trabajadoras, lo que incluye la libertad sindical y a la negociación colectiva, que les permiten ejercer una voz colectiva y defender sus intereses, así como negociar un trabajo seguro y decente.

Otra medida es ampliar la protección social para que las personas no se encuentren en situación de vulnerabilidad y que tengan acceso a seguridad básica de ingresos y puedan rechazar cuando les ofrezcan un trabajo abusivo, o abandonar aquellos empleos que tengan esa tendencia. Es necesario promover la contratación equitativa, incluyendo el reclutamiento de migrantes, que les prevenga de prácticas abusivas y fraudulentas.

Es fundamental que los servicios públicos sean capacitados y fortalecidos para detectar las infracciones laborales e indicadores de trabajo forzoso y que desarrollen procesos de reparación para las personas donde la prevención falló.

 

Trabajo periodístico de María Núñez Chacón del Semanario Universidad, compartido con SURCOS por Maikol Hernández.