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Etiqueta: poder económico

El Cartel de la Toga

“Ninguna clase social renunciará voluntariamente al ejercicio

del poder” (posiblemente V.I. Lenin lo dijo).

Por Habib Succar Guzmán

¿Patadas de ahogados?

En mi artículo “El manifiesto de los bobos”, aludí al pronunciamiento público de algunos de nuestros expresidentes de la República, quienes se expresaron enérgicamente en contra de la iniciativa del presidente AMLO de reformar el Poder Judicial, con el fin de “limpiarlo de corrupción, separarlo del poder económico de las élites, y permitir su democratización por medio de la elección mediante voto secreto, libre y universal, de jueces, magistrados y ministros”.

En México se llama “ministros” a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, 11 integrantes), quienes han sido nombrados siempre a partir de la propuesta del presidente de la República, que el Senado ratifica mediante votación calificada de dos tercios de los senadores presentes. En la actualidad, de las 5 propuestas que ha realizado el presidente AMLO al Senado, con una terna para que los Senadores(as) escojan surgieron José Luis González, Margarita Ríos, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres. No obstante, de esas 5 personas escogidas, propuestas por AMLO, solo tres muestran una clara afinidad con las políticas generales del gobierno de AMLO y los dos primeros, González y Ríos, “traicionaron” a AMLO y se unieron a las filas de la oposición. Recordemos que ser de oposición en la SCJN ha significado conformar una mayoría anti AMLO que ha rechazado y desechado muchas de las leyes que el Congreso de la Unión ha aprobado en los últimos 3 años y que la Suprema Corte “ha tumbado”.

Curiosamente, el sistema mexicano permite que, de la propuesta de una terna que envía el presidente al Senado, sino hay una mayoría calificada (porque los partidos no se ponen de acuerdo), obliga al presidente a enviar una nueva terna y de esas 3 personas, la que tenga mayor votación simple queda elegida integrante de la SCJN.

Es decir, con el mecanismo actual de elección de ministros(as) de la Suprema Corte (SCJN), aunque el partido de gobierno no tenga las 2/3 de los votos (mayoría calificada) el mecanismo permite que al final el presidente imponga a la persona que desea nombrar con solo que su partido de gobierno que tiene mayoría simple, vote por esa persona y obtenga el nombramiento y no por mayoría calificada. Con este mecanismo, el presidente AMLO podría nombrar a todos(as) los ministros(as) de la Suprema Corte que le correspondan en su sexenio y que pueden ser hasta 6 o 7 ministros(as) durante el periodo, lo cual, le garantizaría una mayoría en la SCJN de 7 votos necesarios para aprobar todas sus propuestas que hayan sido aprobadas en el Congreso.

Parecería entonces que ante la lógica del poder, no tiene mucho sentido que el presidente AMLO quiera modificar este sistema y se pase a un mecanismo de elección popular mediante voto directo, secreto y universal de los ministros(as) de la SCJN y además, de los(as) magistrados(as) de las demás instancias del Poder Judicial, el Poder Electoral (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE). El presidente AMLO estaría renunciando al ejercicio de una parte importante de su poder en beneficio de una elección más democrática y popular de ministros, jueces y magistrados.

El fin último de esta propuesta de AMLO, incluida en la llamada “Reforma Judicial” que se está tramitando en estos días en el nuevo Congreso de la Unión (Diputados y Senadores 2024-2027), sería que el Poder Judicial sea realmente independiente de los partidos políticos, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y de los poderes fácticos (oligarcas, empresarios, medios de prensa, banqueros, etc. etc.); y por qué decir “realmente independiente”, por la sencilla razón de que los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial, durante las últimas décadas, ha estado sometido al Poder Ejecutivo, a la oligarquía y los poderes fácticos, sobre todo los medios de prensa, que antes incluso ponían presidentes en México, como Televisa.

La Reforma Judicial

En nuestro artículo citado El manifiesto de los bobos mencionamos que algunos de nuestros incautos (¿?) expresidentes de la República que firmaron el oprobioso manifiesto que les redactó una organización de derecha europea dizque a favor de la democracia, dirigida por Kevin Casas Zamora, se manifestaron así: “Rechazamos enérgicamente cualquier intento de modificar el sistema judicial que pueda debilitar la independencia y autonomía de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial mexicano, incluido el Tribunal Electoral; como la propuesta del partido oficial Morena, que busca implementar elecciones populares para la selección de estos cargos, haciéndolos depender de influencias políticas, comprometiendo la imparcialidad de sus ministerios y haciéndolos presa de una Justicia de opinión. Una reforma que implique el debilitamiento y desmantelamiento del Poder Judicial (…) representa un atentado grave contra la democracia y la vigencia de un orden constitucional”, concluyen los 20 expresidentes firmantes del hipócrita libelo.

No me voy a extender aquí en toda la corrupción que impera en el Poder Judicial mexicano y que he señalado con lujo de detalles en otros artículos (Véanse: El poder más corrupto, Guerra en redes y Lawfare, El juico del siglo, la Corte y la prensa, por citar estos 3 artículos, pero hay más). No, el tema de la corrupción del Poder Judicial mexicano ameritaría aquí muchísimas páginas y páginas de fechorías inimaginables cometidas por jueces, magistrados y ministros del sistema judicial mexicano. Otro tanto muy parecido sucede en muchos otros países de Latinoamérica sobre todo, pero el caso mexicano se lleva todas las medallas de oro de una olimpiada de la corrupción y el nepotismo.

Un ejemplo demoledor

En 1994 “Al entonces presidente Ernesto Zedillo no le tembló la mano para cerrar el 1 de enero de 1995 y durante un mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, mediante la figura de jubilación inmediata, separar de su cargo a sus 26 ministros. Sucedió en 26 días: el primer mandatario firmó la iniciativa y promulgó las reformas a 20 artículos constitucionales aprobadas por senadores, diputados y la mayoría de los congresos locales, cuya génesis tomó 52 días (del 5 de diciembre de 1994 al 26 de enero de 1995).” Entonces, el presidente Zedillo (1994-2000) mandó a jubilar de forma vitalicia a los 26 integrantes de la Suprema Corte de Justicia y volvió a integrar una nueva Corte con tan solo 11 miembros nombrados únicamente por el presidente de la República. “La interpretación generalizada fue: Zedillo no quiere una Corte integrada por ministros nombrados por los expresidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari.” (las citas entre comillas son de la revista Contralínea).

Es notable cómo en aquel entonces, Zedillo obtuvo muy fácilmente la mayoría calificada del Congreso (Diputados y Senadores) mediante acuerdo entre los partidos PRI y PAN, que se suponía eran opositores a muerte desde casi 50 años de enfrentamientos políticos. Pero es que según AMLO el PRIAN (PRI + PAN) ya venía funcionando desde 1988 con el fraude electoral pactado a favor de Carlos Salinas de Gortari, candidato del PRI, que fue avalado por el partido de oposición, el PAN, robándole la presidencia al Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, efectivo ganador de la contienda electoral de 1988 con una alianza de partidos en el Frente Democrático Nacional (de izquierda). Ante este fraude, los medios de comunicación se apresuraron a legitimar “la elección de Carlos Salinas” ante el “peligro” que significaba Cárdenas.

Ni la oligarquía, ni los empresarios, ni los medios de prensa y sus opinadores, ni toda la nomenklatura del Poder Judicial se quejaron en absoluto del golpe autoritario y anti democrático cometido por Zedillo (llamado también Golpe de estado), con la complicidad de la mayoría calificada del Congreso. “Nadie dijo esta boca es mía”.

Zedillo nombró directamente 2 de 11 ministros, y el Congreso, por unanimidad, nombró a los otros 9 que Zedillo les propuso (los 3 Diputados del PRD se ausentaron de la votación).

No sin razón y con muchísimas pruebas, se afirma que la democracia en México está recién estrenada desde 2018 a partir de la elección de AMLO, porque desde entonces ya no se cometen fraudes electorales desde el gobierno (lo que llaman “una elección de estado”) y solamente han persistido prácticas nefastas de fraudes en algunos estados donde todavía gobierna la oposición a Morena.

Además, AMLO ha mantenido una prudente distancia de la Suprema Corte y no como en gobiernos anteriores, cuando la SCJN estaba sometida al mandato del presidente. Además, durante su sexenio AMLO no ha contado siempre con una mayoría calificada en el Congreso y ha tenido que lidiar con la oposición del PRIAN-RD + MC, pero aún así durante sus primeros 3 años 2018-2021, se lograron varios acuerdos con la oposición y la mayoría calificada para la aprobación de ciertos proyectos de ley y modificaciones constitucionales.

Por otro lado, en artículos anteriores dimos cuenta de cómo el Poder Electoral, básicamente en el Instituto Nacional Electoral, el presidente y la mayoría de los consejeros(as) se comportaban como partido opositor a AMLO y no como un juez imparcial en las contiendas electorales.

En palabras de AMLO, en los sexenios anteriores, básicamente desde 1988 hasta el 2018, lo que tenían en México era una simulación de sistema democrático, porque el cogobierno del PRI + PAN + PRD cubría con máscaras todo el andamiaje institucional, incluyendo en primer lugar el Poder Judicial, arrodillado ante el Poder Ejecutivo. Por ello es una verdadera hipocresía el dicho de la oposición, que repiten los incautos expresidentes de Costa Rica, de que la Reforma Judicial propuesta por AMLO tiende a “debilitar la independencia y autonomía de los jueces” (sic) y que la propuesta de elección popular de los jueces los hará “depender de influencias políticas, comprometiendo la imparcialidad de sus ministerios” (sic), cuando lo cierto es que nunca ha existido esa independencia e imparcialidad del Poder Judicial como un todo.

La peor calificación

El poder más corrupto” fue el título de un artículo que publicamos sobre el Poder Judicial en México y que ya citamos aquí también. Pero resulta que en las encuestas de opinión entre el pueblo mexicano, el Poder Judicial no solo sale muy mal librado sino que, la propuesta de Reforma Judicial que hizo AMLO ante el Congreso el 5 de febrero de 2024, es ampliamente aceptada por la enorme mayoría del pueblo. Veamos. Sobre la corrupción imperante en el Poder Judicial:

No solo el 61% considera que hay mucha corrupción en la mayoría de funcionarios (jueces, magistrados y ministros) sino que dentro de un 35% adicional se considera que “pocos son corruptos”, pero los hay.

En cuanto a la opinión sobre la forma en que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un abrumador 75% desea que sean elegidos por votación directa del pueblo mexicano y un 21% considera que debe elegirlos el Senado de la República:

En cuanto al control y sanción de la conducta de los jueces, magistrados y ministros, una apabullante mayoría desea que sea un órgano independiente del Poder Judicial, porque actualmente esas funciones las realiza el Consejo de la Judicatura, que es presidido por la misma presidencia de la SCJN, quien se convierte en juez y parte:

El nepotismo

Hay estudios sobre el nepotismo en el Poder Judicial que dejan pasmado a cualquier observador imparcial, con un 26% de jueces, magistrados y ministros que tienen familiares directos trabajando ahí. Hay casos donde se cuentan hasta 76 personas que son familiares directos y que laboran en un mismo despacho o en despachos cercanos. La muy cacareada “carrera judicial” es realmente una máscara para disfrazar el tráfico de influencias y la necesidad de contar con “un padrino/ madrina” que le permita el ascenso o nombramiento a una persona dentro del sistema. Pero no nos vamos a extender en este tema que se suma a la corrupción pura y simple.

El Cartel de la Toga

Así le han venido llamando a la casta judicial que se cubre y defiende entre ellos mismos ante cualquier ataque o cuestionamiento externo al Poder Judicial. Con ello se alude a la delincuencia organizada, sobre todo los carteles de la droga y se establece un parangón de los funcionarios judiciales con estos delincuentes.

El pueblo mexicano sabe que solamente reciben justicia quienes tienen el dinero para pagar por ella. Es decir, la gente adinerada tiene patente o inmunidad para violentar las leyes y cuenta con el sistema judicial para garantizar que no será juzgada y condenada, eso se queda solamente para los pobres que no pueden pagar costosos abogados o jueces corruptos, venales. Los casos de impunidad en delitos graves y homicidios son pasmosos. Los feminicidios usualmente resultan en absoluciones de los culpables. Todo tipo de despojos, atropellos e injusticias se cometen por doquier y no hay quien le garantice imparcialidad o independencia del juez que atiende y resuelve diariamente los asuntos.

Esto es especialmente evidente cuando los involucrados en un proceso judicial son miembros de la élite económica, empresarial, financiera o delincuentes de cuello blanco o de la delincuencia organizada de muy alto perfil, cuyos casos generalmente son resueltos a su favor, aun en contra de todas las pruebas y evidencias aportadas en el proceso. Los tristemente famosos “sabadazos” son aquellas resoluciones que ponen en libertad a esos delincuentes de alto perfil, usualmente narco traficantes o políticos, que son liberados en la madrugada del sábado, porque las Fiscalías no laboran fines de semana sino hasta el lunes y cuando regresan a funciones, ya es tarde para apelar o volver a aprehender a los peligrosos o famosos delincuentes liberados.

Lo más paradójico y escandaloso, y se ha puesto en evidencia en estos días, es cómo la SCJN es la primera instancia donde se violan la Constitución y las leyes, en aras de obtener un fin político o politiquero, que defienda los privilegios de esa casta judicial que ofende con su existencia al pueblo mexicano. Los casos relacionados con el gobierno de AMLO o el mismo trámite actual de la Reforma Judicial en el Congreso harían sonrojar a un estudiante primerizo de Derecho, por la clase de violaciones al sistema jurídico que la SCJN está acuerpando, al extremo de admitir recursos de amparo contra el Congreso para impedirles sesionar y legislar en materia constitucional, algo que está expresamente vedado por diferentes preceptos constitucionales y ordinarios. El descaro de la casta judicial no tienen límite.

Alegan los trabajadores de base del Poder Judicial que serán afectados negativamente con la Reforma Judicial, pero están siendo instrumentados por jueces, magistrados y ministros, cuyos salarios y prestaciones están totalmente fuera de la Constitución y la ley, llevando incluso a miles de trabajadores a sumarse a una huelga general, a la cual, increíblemente, se ha sumado también la SCJN. No hay palabras para describir la desfachatez de los ministros de la Suprema Corte.

En su lucha contra la Reforma Judicial, la derecha mexicana no ha escatimado esfuerzos ni recursos y han acudido a la ONU, la OEA, la CIDH y, desde luego, la prensa internacional a la cual han de pagarle jugosamente para promocionar sus causas en contra de la decencia, la democracia y la justicia pronta y cumplida en el Poder Judicial mexicano.

No me voy a extender con los casos de espanto, pero ya dijimos en otro artículo aquí que México es el único país del mundo donde existen miles de personas privadas de libertad, que acumulan más de 10 y 15 años encarceladas, sin juicio ni condena. Así de ineficiente y corrupto es el Poder Judicial en México y las víctimas más frecuentes y abundantes de estos abusos son las mujeres y los y las indígenas.

La Reforma Judicial va porque va. Claudia Sheinbaum lo dijo y lo repitió mil veces durante la campaña electoral: “pedimos al pueblo que nos de una mayoría calificada en el Congreso (el Plan C de AMLO), para llevar a cabo las reformas constitucionales que nos permitan modificar al Poder Judicial y otras instituciones”, así como variar la legislación para brindar mayor justicia social y protección a los pobres de México. Y el pueblo acudió masivamente a las elecciones y le otorgó a la Coalición Juntos Hacemos Historia la mayoría calificada en el Congreso y una altísima votación del 60% para la presidencia, frente al escuálido 28% que obtuvo la candidata de la derecha que se lanzó en oposición a la candidata Sheinbaum.

5/9/24

Callejón sin salida

Walter Antillón

Como cabeza de la organización estatal para impartir la justicia en Costa Rica, desde hace varios decenios la Corte Suprema ha venido errando en los fines y en los medios, en una demostración ‘muy humana’ de arrogancia, sometimiento e improvisación.

Hace mucho tiempo nuestro sistema judicial viene dando muestras inequívocas de obsolescencia, pero el grueso de los miembros de la Corte finge no advertirlo, porque sabe que, técnicamente hablando, uno de los cambios requeridos es la desaparición de sus propias potestades de dirección y gobierno del sistema (con el prestigio, los lazos y los anejos privilegios); lo cual para ellos, simplemente, no es negociable.

Costa Rica no está sola en esta deslucida situación: la acompaña todo el resto de Centro América y no pocos países del Sur en, los que hasta ahora el poder político y económico ha sido detentado por oligarquías o tiranos que no quisieron ni querrían vérselas alternando con órganos judiciales independientes y garantistas que, irremediablemente, les pedirían cuentas de sus actos.

A través de sus órganos especializados, como el Consejo y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y varias Relatorías Especiales, la Organización de las Naciones Unidas ha atesorado la mejor doctrina existente en materia de organización judicial. Y Costa Rica ha tenido el privilegio de que la ONU se haya interesado particularmente en los problemas de la justicia que el País está enfrentando, y ha ofrecido su ayuda para superarlos con criterios modernos y bien probados. Pero la Corte Plena le ha cerrado la puerta, y con ello se ha cortado a sí misma la salida, con una muestra inconcebible de ceguera y absurda prepotencia.

El problema para Costa Rica es que, a lo que parece, nuestra organización de justicia se está acercando al final del callejón, donde empieza a aparecer la sumatoria de las consecuencias de las improvisaciones y los palos de ciego, los abusos de poder, las indebidas tolerancias, el crecimiento de las frondas burocráticas, la sumisión al poder político, la maraña de las comisiones sin estrategia; la formación de bandos transversales con lazos politiqueros para ejercer el ‘lobbismo’ interno e interinstitucional: todo menos la simple y serena administración de la justicia, independiente e imparcial. Veamos algunos hechos significativos en orden cronológico:

  1. Año 2002, un hombre con influencias, Oscar Arias Sánchez, negocia con algunos magistrados de la Sala Constitucional una reforma de la Carta que le permitirá aspirar a la reelección presidencial. Esto (y otros hechos anteriores y posteriores) fue posible porque, como es vergonzosamente obvio, el sistema de nombramiento de magistrado coloca a éste a merced de las cúpulas políticas.
  2. Aprobado en 2007 el TLC con Estados Unidos, y sometidas sus leyes complementarias a escrutinio constitucional durante los años siguientes, el Presidente Arias negocia con el Presidente de la Corte para colocar a un asesor suyo como magistrado suplente en la Sala Cuarta, a fin de asegurar con su presencia el rechazo mayoritario de los recursos planteados contra dichas leyes (las correspondientes resoluciones de la Sala ostentan los honorabilísimos votos salvados de Fernando Cruz y Gilbert Armijo).
  3. Durante la década siguiente, profundizando la tendencia de las cúpulas políticas de subordinar la justicia a sus intereses, se suceden en la Asamblea Legislativa nombramientos y reelecciones de magistrados políticamente comprometidos, como fueron los casos de Jesús Ramírez, Luis Fernando Salazar, Carlos Chinchilla, Celso Gamboa y otros.
  4. En fecha 24 de marzo de 2016 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llamó la atención a Costa Rica sobre el tema de independencia judicial interna por procesos disciplinarios seguidos en la Corte Suprema de Justicia a un juez por aplicar criterios de convencionalidad e instó a “asegurar y proteger la independencia e imparcialidad de los jueces y garantizar que la toma de decisiones judiciales esté libre de todo tipo presiones e injerencias”.
  5. En setiembre del mismo año la Asamblea Legislativa cocina el nombramiento de Luis Porfirio Sánchez Rodríguez como magistrado de la Sala Segunda: pero la cosa estuvo consumada a trechos, con fórceps, en condiciones equívocas, quedando derrotadas dos candidatas especialistas con mucho mayor experiencia y preparación. Fue un nombramiento parte de una serie de nombramientos políticamente arreglados que tuvieron lugar en esos años, con el designio tramposo de domar a la Corte, ‘para tranquilidad de todos’. (Estaban recientes las condenas de los expresidentes)
  1. El escándalo del Cementazo, en su vertiente judicial, destapado en 2017, provoca la defenestración de tres magistrados de la Sala Penal (entre ellos, el Presidente de la Corte), y del Fiscal General, y una sanción para el veterano magistrado Ramírez: todos ellos atrapados en componendas con diputados, empresarios y personajes políticos. Este episodio mancha la hasta entonces impoluta imagen de la justicia costarricense; y desencadena la preocupación de los órganos especializados de Naciones Unidas: como se verá, las deficiencias judiciales de nuestro País concentrarán su atención en los años siguientes. Pero en la Corte Plena el asunto no pasa a más: todos miran para otro lado y el resto de los ‘lobbistas’ encaja el golpe y continúa sus actividades.
  1. En 2018 arranca la presidencia de Carlos Alvarado con la Ley de Fortalecimiento Fiscal, aprobada gracias al oportuno blindaje de la Sala Cuarta, y a pesar de una prolongada huelga general del funcionariado público. Es un nuevo capítulo del asedio neoliberal a nuestro Estado Social de Derecho.
  2. Entretanto, la Relatoría Especial de la ONU sobre independencia judicial, pasado un tiempo prudencial sin iniciativas de cambio de parte de la Corte, dirige “al Gobierno de Costa Rica” la nota OL-CRI 3/19 del 12 de julio de 2019, en la que lo insta a “adoptar y aplicar las medidas necesarias para garantizar que el proceso de selección y nombramiento de las altas magistraturas esté basado exclusivamente en criterios objetivos y transparentes y que tengan por objetivo asegurar la integridad, idoneidad y la formación o calificación idónea de las personas seleccionadas. Dicho proceso ha de adecuarse a los estándares y principios internacionales de la independencia judicial.” Para el gobierno de Alvarado y su mayoría parlamentaria la crisis judicial era ‘miel sobre hojuelas’, porque favorecía su estrategia neoliberal; de modo que la instancia del Relator Especial queda en el vacío.
  1. Con el control legislativo, la pasividad del Poder Judicial y la ayuda de la prensa, Alvarado consigue, entre otros golpes, debilitar las pensiones judiciales y las instituciones de la huelga y el sindicato, imponer la Regla Fiscal y tramitar una nueva Ley Marco de Empleo Público.
  2. Entre tanto, a fin de reforzar futuras gestiones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con fecha 23 de julio de 2020, instó “a todos los Gobiernos a cooperar con el Relator Especial y a prestarle asistencia en el desempeño de su cometido, a facilitarle toda la información necesaria que solicite, a responder sin dilaciones indebidas a las comunicaciones que les haga llegar, y a considerar la posibilidad de acceder a sus solicitudes para visitar sus países y de poner en práctica sus recomendaciones”.
  3. Pocos meses después, en la misma línea, la citada Relatoría Especial, mediante la nota OL CRI 3/2020 de 27 de octubre de 2020, aborda de nuevo el problema judicial de Costa Rica, para recomendar: “2. Que se impulsen los esfuerzos necesarios para cesar las amenazas a la independencia judicial causadas por intromisión en la autogestión del poder judicial, la regresividad de derechos sociales y económicos y que se adopten las medidas de derecho interno que sean necesarias para dejar sin efecto, y haciendo cesar, los actos causantes de las violaciones a la independencia judicial aquí establecidas. 3. Exhortar al Estado de Costa Rica a adecuar su legislación a los principios y garantías de la independencia judicial consagrados internacionalmente y resolver lo antes posible las acciones constitucionales que ponen en entredicho ciertas leyes”.
  4. Acogiéndose a una ‘invitación abierta’ de la Cancillería costarricense (Oficio DGPE-838-2019 de 29 de agosto de 2019), la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos anunció la intervención del Relator Especial Diego García Sayán en la sesión de Corte Plena del 24 de mayo de 2021, la cual fue agendada por la Secretaría de la Corte para las 9 am.; pero inesperadamente varios magistrados cuestionaron la intervención y finalmente votaron rechazándola por mayoría. ¿Cómo pudo pasar esto? Ese grupo mayoritario, con lujo de cinismo y desvergüenza, cometió la atrocidad de rechazar la intervención del Relator Especial que había sido gestionada por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, pisoteando con ello reglas elementales de la. Comitas Gentium y colocándose al margen de la legalidad internacional, a la altura de un Daniel Ortega. Y lo hizo porque sabía que cualquier propuesta racional para modernizar la organización de la justicia, amenaza inexorablemente el poder al que dicho grupo se halla aferrado con uñas y dientes.
  1. Aquí necesito volver atrás: la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1997 creó los ‘letrados’ (abogados asistentes) de los magistrados (artículo 50) y autorizó a la Corte Plena (artículo 66) a formar comisiones permanentes, especiales y temporales; y estas novedosas disposiciones generaron cambios cualitativos insospechados en el paradigma y en el funcionamiento de la Corte misma, y de las Salas que la integran.
  2. Por el III Informe del Estado de la Justicia, correspondiente al año 2018, nos enteramos de que ya entonces las magistradas y los magistrados, junto con gran cantidad de otros funcionarios judiciales y extrajudiciales, y de ciudadanos particulares, presidían o formaban parte de 134 comisiones dedicadas a una gran variedad de propósitos.
  3. A la fecha de hoy, gran número de magistrados ha delegado en sus letrados el estudio de las causas y la redacción de las sentencias, actos que la Constitución y las Leyes les asignaron a ellos como su exclusiva función; y lo hacen para dedicar sus energías a la gestión de asuntos administrativos, parcial o totalmente ajenos a la misma. Y fue precisamente en vista de esas labores gerenciales que los magistrados decidieron, desde el año 2008, incrementar sus ya altos salarios.
  4. En esas circunstancias, era fácil suponer una tendencia difusa a la preterición de las funciones judiciales. De modo que, cuando en enero de 2024 la jueza Silvia Elena Arce Meneses demostró que los magistrados de la Sala II, empezando por su Presidente Porfirio Sánchez, arrastraban una mora de años en la solución de numerosos asuntos de su competencia (aunque cada uno de ellos dispusiera de cuatro letrados a su servicio), lo que hizo fue revelar el cambio perpetrado de paradigma: al margen de la Constitución, un sector de los magistrados de la Corte (que excede los de la Sala II) ha perdido el rumbo, pero se niega a admitirlo: se niega a admitir su extravío. Y al igual que lo ocurrido con la visita del Relator Especial, contra toda razón, incluso contra el parecer de la Dirección Jurídica, contra jurisprudencia inequívoca de la Sala Constitucional, (Sesión 08-2024 de 26 de febrero de 2024), once magistrados se encierran en su negativa, y decretan que la promovente no está legitimada para pedir que se ventile la llaga.
  5. Ahora tenemos que el mismo magistrado de marras, Porfirio Sánchez Rodríguez, sin intentar explicar su inexcusable atraso como juez, viene a pedir a la Asamblea Legislativa que el próximo 28 de agosto en curso lo reelija en su cargo por otros ocho años; y con esta noticia nos percatamos de que, de alguna manera, después de todo lo narrado, con este último caso se está cerrando una especie de círculo infame, porque es evidente que la candidatura del magistrado Sánchez fue decidida políticamente con anterioridad a la votación, y que, por encima de eso, él no se ha molestado siquiera en cumplir sus auténticas obligaciones. Generalmente no resultaba fácil no reelegir a un magistrado, pero las cosas pueden presentarse diferentes ahora que el voto es público y motivado. Son muchas y muy serias las inconsistencias del candidato Porfirio, las denuncias de su inconducta, acumuladas desde tiempos anteriores a su designación: en conjunto nos indican que ésta fue un desacierto, obra de la politiquería. Esto… ¿quién querrá refutarlo en el Plenario?

DIGO

José Manuel Arroyo Gutiérrez

         Digo –con permiso del sublime Debravo-, que esta justicia no es ciega para todos. Si lo fuera, tendría mejor calibrada su balanza y sentiría, con mayor precisión, los pesos en sus platillos. También acertaría más al momento de asestar sus golpes con la espada.

         Pero digo que no son así las cosas; que hay puño de hierro para los desheredados de la tierra y guante de seda para los poderosos; que las cárceles están atestadas de hombres jóvenes (entre 15 y 35 años), de baja o nula escolaridad, sin oficio y en un 80% por delitos contra la propiedad. ¿Nos dice esto algo sobre la distribución de la riqueza y de las oportunidades en la sociedad en que vivimos? También abundan, cada vez más, las mujeres reclutadas por el narcotráfico, las del menudeo, las mujeres-camello, las madres-burro; las que han sido empujadas a la ilegalidad por el hambre de sus hijos. Para estos ciudadanos de segunda hay defensa pública, por suerte en nuestro país, un servicio para todo el que lo necesite, todavía de calidad, al que por cierto algunos le llevan ganas.

         Digo que ni la balanza ni la espada de esta justicia alcanzan al corrupto que recibe una pena irrisoria, casi una condecoración; el poderoso al que se le anula la prueba clave y sale ileso; al presunto que sale huyendo y regresa cuando todo está prescrito; al abusador para el que se desempolvan las penas alternativas y las conciliaciones.

         Digo que aquí hay un serio problema ético cuando el abogado termina siendo parte del engranaje mafioso o corrupto. Y digo que los contratos de honorarios “ley entre partes” o de “cuota litis” por muy legales que sean, siguen siendo inmorales; que no es correcto que el abogado termine pagándose con los dineros mal habidos o con las propiedades y bienes del sujeto desesperado por la amenaza de cárcel. Digo que el Colegio de Abogados, ante esta cruda realidad, no puede seguir viendo para otro lado.

         Digo también que en efecto, esta justicia opera, en la práctica, con ciudadanos de primera, de segunda y hasta de quinta categoría. Desde Rousseau y Beccaria el delincuente es una especie de enemigo al que hay que expulsar, por haber roto el contrato social que lo obliga a respetar los derechos de sus congéneres. Nada muy nuevo ni original tiene esto del “derecho penal del enemigo”.

         Pero los enemigos han sido siempre “los miserables” de Víctor Hugo. Nunca quienes desde sus privilegios cometen todo tipo de tropelías impunes o abusan del derecho. El sistema punitivo ha sido siempre selectivo y discriminatorio en contra de los más débiles; opera con eficiencia sólo contra la delincuencia común, los marginados, los extranjeros, los emigrantes, los jóvenes rebeldes y por supuesto los pobres, siempre los pobres. En cambio, la maquinita se traba cuando, casi por casualidad, logra captar a individuos perseguidos por delitos no convencionales, los del crimen organizado, los perpetrados al amparo del poder político, económico, religioso, o de cualquier otro tipo de influencia social, incluida cierta prensa y hasta organizaciones deportivas y del espectáculo. Éstos son los verdaderos privilegiados del sistema, los ciudadanos clase “A”, los que cuentan con todo tipo de apoyos y recursos, con los “mejores” abogados (¿o sólo “los más caros”?), con fiscales negligentes y con jueces temerosos o ambiciosos. Éstos son los que se defienden atacando, los que alegan persecución política, los que se enferman para escapar de la prisión; en fin, los que, si pueden, terminan sentando en el banquillo a policías, fiscales y jueces honrados y cumplidos.

         Y digo por fin, a contrario del poeta, que esta justicia sí que tiene bien ganado su sitio en el infierno.

¿Momento de cambio?

Luis Paulino Vargas Solís

Favorecido por una evolución que se aceleró a lo largo del último decenio, el gran poder económico, el de los grupos más ricos y el empresariado más fuerte, logró en los últimos años, tomar las riendas del país, sin apenas nada que pudiera contrarrestar su asfixiante hegemonía. Pero, quizá, ello podría cambiar.

Quizá, digo. Ya veremos

La “cochinilla” -un escándalo de dimensiones épicas- ha puesto al gran empresariado y a los muy ricos a la defensiva. Y de paso ello ha refrescado la memoria: Caja-Fischel; Yanber; Aldesa… “Papeles de Panamá”; los fraudes tributarios que pringan a La Nación y Teletica; las empresas, eternamente bebés con cero ganancias, de Florida Ice and Farm… Los abusos con tarjetas de crédito y datáfonos de ciertos bancos privados; APM Terminals; la 27…

Lo anterior se entrevera con algunas otras problemáticas, todo lo cual podría abrir opciones para que otros sectores dentro de la sociedad costarricense, recuperen influencia, legitimidad y capacidad de convocatoria.

Unos ejemplos para ilustrar el punto

En contraste con la “timidez” que paraliza a las cámaras empresariales frente al caso “cochinilla” (¿por qué será?), la voz de los sindicatos se ha hecho sentir fuerte y enérgica. Como punto de partida no está mal. Por otra parte, pensiones y los problemas de la educación en el contexto de la pandemia, les pone en bandeja a los sindicatos posibilidades que no deberían desaprovechar.

Algo se ha propuesto en pensiones, pero es insuficiente. No he visto nada en relación con educación. No deberían dejar pasar la ocasión. Para mañana podría ser tarde.

Lo que pase con el proyecto de empleo público, podría ser de decisiva importancia. Si ese mamarracho se cae en la Sala Constitucional (debería caerse, pero sabemos que la Sala es imprevisible), daría oportunidad para un vuelco radical en la narrativa sobre empleo público y reforma del Estado.

Solo he mencionado algunas posibilidades. Hay muchas más. Vale decir: un cambio podría darse, pero no se dará espontáneamente. Ante todo, se necesita lucidez, compromiso y decisión.

 

Publicado en Facebook, compartido con SURCOS por el autor.
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El emblemático ministro Garnier

El ministro André Garnier pertenece al grupo empresarial más poderoso del país y está en el Gobierno de Alvarado para representar y defender directamente sus intereses. Garnier es el prototipo del Gran Empresariado Costarricense agrupado ya no en Cámaras sino en asociaciones, fundaciones o grupos donde solo están los verdaderamente ricos. André Garnier resume en sí mismo las principales características de ese grupo.

1-. Son reacios a pagar impuestos. El canon por las “casas de lujo” al decir del director de Tributación es de los más difíciles de cobrar. Se acogen a recursos, interpretaciones con tal de disminuir o eludir el pago de impuestos de cualquier naturaleza. Por esta razón es que la elusión y evasión es mayor a un 4% del PIB, según cifras oficiales.

2-. Tratan de pagar salarios muy bajos. Como lo dijo Garnier el salario mínimo en Costa Rica es muy alto. Su objetivo es pagar los salarios más bajos que sea posible y para ello recurren a la tercerización de tareas como la forma más efectiva de acrecentar sus patrimonios o a la flexibilización laboral.

3-. Manejan sus patrimonios fuera del país. El ministro Garnier reconoció sin enojo alguno que buena parte de sus recursos patrimoniales están colocados fuera del país. Los papeles de Panamá evidenciaron esa realidad para todo un grupo grande y poderoso que ubican su riqueza en paraísos fiscales. De esta manera no pagan los impuestos que deberían al fisco costarricense y tampoco cuando repatrían esas ganancias.

4-. Critican al Estado, pero viven a su sombra. Este poderoso empresariado son críticos del Estado cuando se habla de un Estado solidario o de bienestar, pero siempre están usufructuando de él que les da o ha dado subsidios para amansar sus grandes fortunas a través de contrataciones millonarias, licitaciones, subsidios al turismo, a la banca, a los bananeros, piñeros, exoneraciones a las de zonas francas o la construcción de infraestructura al servicio de sus negocios.

5-. Adoran el mercado libre, pero odian la competencia. Hablan mucho de las bondades de la competencia, pero controlan sus negocios de manera monopólica u oligopólica, ahogando a los potenciales competentes.

El ministro Garnier recoge en su persona las principales características de este grupo que son los verdaderos privilegiados del país.

El asunto se redondea sabiendo que son insaciables cuando se trata de concentrar riqueza y que ello siempre será a costa de otros.

Representan a ese 1% costarricense.

Foro multisectorial de diálogo: Arar con los bueyes que tenemos

Luis Paulino Vargas Solís
Economista, Director CICDE-UNED
Grupo Economía Pluralista

Partamos de una constatación perfectamente obvia: tratándose de un proceso de diálogo entre sectores tan diversos y heterogéneos, absolutamente nadie podía pretender que sus preferencias ideológicas y políticas quedasen totalmente recogidas ahí, como tampoco nadie debía esperar que todos aquellos puntos de vista con los que disiente o que le incomodan, fuesen excluidos.

Siendo lo anterior cierto en general, también debemos admitir que el diálogo multisectorial convocada por el gobierno de Carlos Alvarado, llegó más o menos adonde se podía esperar, según las condiciones propias de la sociedad costarricense actual, tan terriblemente dividida y fragmentada. Hoy somos como al modo de un archipiélago: cada quien físicamente cerca de los demás, pero cada quien sicológica y afectivamente aislado de los demás.

Esta mesa de diálogo tiene un mérito innegable: logró romper, siquiera en parte y siquiera por unos días, el enconchamiento: sectores diversos y heterogéneos debatieron y se vieron obligados a llegar a ciertos mínimos acuerdos. No son los acuerdos que Costa Rica necesita, pero son los acuerdos que Costa Rica hoy es capaz de darse a sí misma. Y si un ejercicio similar se hiciese en otros espacios -la Asamblea del Banco Popular, por ejemplo- yo no esperaría que los resultados fuesen muy distintos. Sería la misma Costa Rica -aunque quizá con una representación multisectorial más diversa- la que se siente a debatir y a intentar acordar algo. Difícilmente podría ser mejor. Seguramente veríamos reiterarse similares luces y sombras.

Esa es nuestra actual realidad. Pero esa realidad, no solo es una realidad fragmentada. También es una realidad asimétrica. Vale decir: hay voces con amplificadores poderosos a su servicio, y voces que, por más que se desgañiten pegando gritos, difícilmente se les escuchará. En esta mesa concurrieron sectores de los dos tipos, lo que para los segundos es toda una ganancia: por unos días, y aunque limitadamente, pudieron debatir cara a cara con los otros grupos: los de los mega altavoces.

Y, sin embargo, tampoco esperemos que una mesa de diálogo haga milagros: las aristocracias del poder, que siempre han tenido a su servicio todos las herramientas para imponer sus puntos de vista, no quedan automáticamente despojados de esa ventaja, tan solo por sentarse en una mesa, por un rato, con la plebe despojada de tales posibilidades. Aunque disimuladas, las diferencias conservan validez. Y ello se reflejó en este proceso de diálogo.

Quiero decir: no obstante el natural estira y encoge de un proceso con estas características, ciertas tendencias dominantes no dejaron de aflorar, al menos en líneas generales. En concreto: es claro que los resultados finales ratificaron la hegemonía ideológica del gran poder económico, aquí representado por las cámaras empresariales.

Cierto que los sindicatos lograron mantener en pie ciertas líneas rojas. Lo del “empleo público” o la exención del salario escolar, por ejemplo.

Las cámaras, por su parte, lograron sostener sus propias líneas rojas, que no solo son un montón de líneas rojas, sino que, todas, sin excepción, son de categoría “peso pesado”: ningún gravamen a la riqueza de los muy ricos, trato diferenciado a rentas de capital, apenas tímidas referencias -como por mero compromiso- a la elusión tributaria (que es el mecanismo, sumamente caro y altamente sofisticado, al que los muy ricos recurren para evitar el pago de impuestos), y, por supuesto, la preservación de los privilegios de las zonas francas, que no solo implica proteger al capital transnacional, sino también a las empresas nacionales a las que, graciosamente, hoy se les han abierto portillos para que, mediando algunos eufemismos poco imaginativos, puedan ubicarse en zona franca, para así liberarse del pago de impuestos.

Así pues, las “líneas rojas” estuvieron presentes y mantuvieron vigencia. Solo que, en general, son líneas rojas que preservan espacios de interés, y que poco tienen que ver con cuestiones éticas, filosóficas o ideológicas de fondo. Ya que, así como deberíamos discutir lo del empleo público, en procura de mejoras racionales y responsables (no el esperpento que alguna gente plantea), también deberíamos discutir acerca de la cínica irresponsabilidad tributaria de los muy ricos. Ambas cosas son necesarias, aunque la segunda es mucho más decisiva que la primera.

Pero es que las cámaras no solo sostuvieron “sus” líneas rojas, sino que avanzaron en territorios calientes que claramente favorecen su agenda: la posible reducción del impuesto a grandes corporaciones del 30% al 27,5% y la exclusión de la llamada “renta mundial”, un elemento muy importante para avanzar en la lucha contra el fraude fiscal y para la modernización del sistema tributario.

Y, en fin, vino a reafirmarse aquí, la hegemonía ideológica del gran poder económico. Seguramente en este caso la cuestión les resultó algo más complicada, ya que tuvieron que escuchar los puntos de vista de otra gente, y, encima, tuvieron que “rebajarse” a debatir con esos otros sectores. Para las cámaras y sus ideólogos eso es complemente inusual, puesto que su práctica normal se limita a cordiales y muy galantes tertulias entre ellos y ellas, contando siempre con la incondicional y muy sumisa colaboración de la prensa más poderosa.

Desde el punto de vista propiamente económico, los acuerdos asimismo reflejan -y quizá aún más claramente- la hegemonía de las tesis ortodoxas. Lo más heterodoxo que aparece es la venta de la cartera crediticia de CONAPE al Banco Popular, lo que, en el fondo, es una forma disimulada de crédito bancario al sector público, así como la presunta emisión de bonos “cero cupón” a diez años, que, en realidad, es un mecanismo disfrazado de parcial renegociación de la deuda interna. Muchas otras posibilidades, necesarísimas hoy día para el manejo de la situación fiscal, fueron ignoradas del todo. En cambio, la ortodoxia se afirma fuerte en la opción por la austeridad, el recorte y la aplicación de una «regla fiscal» con esteroides.

Esa hegemonía de la economía ortodoxa se refleja también en las propuestas de reactivación económica. Eso sí, resalto como novedoso y muy positivo el logro de las organizaciones de mujeres en materia de política de cuido. Por lo demás, lo que se ofrece es un ramillete de medidas “ofertistas” mil veces reiteradas: crédito, apoyos a MIPYMES, formación técnica de la mano de obra, redes de Internet, etc. ideas positivas y necesarias, aunque perfectamente inofensivas desde el punto de vista de la reactivación de la economía. Puesto que lo que hoy sufrimos es un desplome catastrófico de la demanda, nada de eso lo resolverá.

Tal es, modestamente, mi valoración de lo acordado. Tengo claro que tiene sus limitaciones, como tengo claro que no era esperable mucho más. Es que el diálogo difícilmente podía ser otra cosa, sino el reflejo de las realidades fragmentadas y asimétricas de nuestra sociedad. El blindaje de intereses sectoriales estuvo presente, como también se evidenció la hegemonía de ciertos intereses, de cierta ideología y de ciertos enfoques económicos. Claro que el diálogo obligó a esas corrientes dominantes a escuchar y a debatir con otros puntos de vista, lo que no es poca cosa en una sociedad de la que desapareció el debate pluralista. Pero también resultaría ingenuo esperar que no se hiciese sentir la diferencia entre las voces atronadoras y las voces casi completamente inaudibles.

Para concluir, no puedo dejar de mencionar el audio de Gerardo Corrales que circula en redes. El conocido economista asume ahí, ya sin maquillajes ni antifaz, el papel que siempre ha cumplido, como ideólogo del gran poder económico. Pero lo más interesante es el grito de guerra que Corrales lanza.

El caso es que un proceso de diálogo solo tiene sentido si los diversos sectores participantes, se amoldan a lo acordado y lo apoyan, posponiendo, al menos de momento, los aspectos de su agenda que quedaron por fuera. Todo lo contrario, lo que Corrales dice es: “cumplimos con la formalidad del diálogo, pero, cerrada esa etapa, lanzaremos toda nuestra artillería, para imponer nuestro punto de vista”.

Si el objetivo de Corrales era ensuciar el ejercicio de diálogo y sembrar la desconfianza, ya lo logró. Lo alcanzado -con todas sus limitaciones- es puesto en riesgo por este señor, excepto que las cámaras empresariales lo desautoricen pública y explícitamente.

Compartido con SURCOS por el autor. Publicado en: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2020/11/foro-multisectorial-de-dialogo-arar-con.html?m=1

Escenarios, significados y tiempos históricos de una crisis muy profunda – Segunda parte

Rogelio Cedeño Castro,

Sociólogo y escritor costarricense

La depreciación o pérdida de sentido del lenguaje que usamos para referirnos a la vida política, y aún a ciertas dimensiones o momentos de la cotidianidad ha alcanzado, en estos días de gran intensidad de la protesta social en Costa Rica, unas alturas cercanas al paroxismo y a una especie de locura colectiva –por así decirlo- entre los personeros del régimen de la dictadura en democracia y el pequeño, además de poderoso, sector del capital financiero, cuyos personeros están desesperados por consolidar sus “buenos” negocios con el asunto de la abultada deuda interna del país, y la tenencia de bonos de ésta que se ha convertido en un jugoso negocio de casi una decena de billones de colones, lo que va en perjuicio de la gran mayoría de la población, cuyo empobrecimiento se acelerará en varios dígitos, en caso de persistir la actual correlación de fuerzas sociales y políticas.
Las palabras como “diálogo”, “violencia” o “vandalismo” y otras usadas a conveniencia, son manoseadas tanto por los políticos de oficio, como por un puñado de tecnócratas y “comunicadores” de toda ralea, de tal manera que han perdido casi toda su significación, para convertirse así en otro de los componentes de esta Torre de Babel, en la que estamos sumergidos, por causa de los comportamientos miméticos de muchos de los actores de este drama, especialmente entre aquellos situados hacia la izquierda del llamado espectro político. En el caso de la primera de ellas, el gobierno del presidente Carlos Alvarado aceleró su vaciamiento semántico, de tal manera que la condujo a la pérdida de cualquier sentido unívoco que pudiéramos darle, ya ni siquiera en términos neutros, como en algunas dimensiones de la vida cotidiana, dentro de las que solemos hablar del diálogo, como un mero intercambio de impresiones entre dos o más interlocutores. Actuando a la manera de un prestidigitador, el conocido científico social y columnista del diario La Nación, Jorge Vargas Cullel, director del programa de El Estado de la Nación, se sacó de la manga no precisamente un conejo o un pañuelo, sino más bien el organigrama y cronograma de un supuesto “diálogo nacional” sectorial, cuya apariencia es la de un monólogo entre las cúpulas del poder económico y político, aunque lo más increíble, en este caso, es que desde su formulación inicial se deja por fuera al movimiento social que ha venido luchando en las calles, campos y ciudades de todo el país, bajo la denominación de Rescate Nacional, el que termina siendo ninguneado por el régimen. Es a partir de estos rasgos, o elementos esenciales que no logramos entender el significado de la expresión “diálogo”, dentro de esta puesta en escena, tan evasiva de las graves implicaciones del conflicto planteado, que está siendo desplegada en medio de un convulso escenario histórico, dentro del que sin embargo una gran cantidad de actores sociales y políticos “insospechados”, entran en el juego del Poder Ejecutivo y de los intereses económicos, tanto de los evasores como de los tenedores de bonos de la deuda interna, los que en la mayoría de los casos, resultan ser los mismos personajes.
Sucedió entonces, durante las dos semanas más recientes, que al acelerarse el conflicto social, exteriorizado por la protesta masiva de los sectores sociales de la periferia, esos que configuran lo que podríamos llamar la Costa Rica profunda, que los intentos de explicar lo que está sucediendo se estrellan con la terca realidad, dado que el lenguaje con el que acostumbramos a calificar estos procesos sociales, al haber sido vaciado de su significación no nos sirve para entender y mucho menos explicar ¿qué es lo que está sucediendo en el orden de la vida social y política de este pequeño país centroamericano? La necesidad implícita que tenían los movimientos sociales, afincados en las zonas rurales de la periferia, de romper el blindaje que le había sido impuesto a otro segmento del movimiento social, cuando dos años atrás había sido aplastada una huelga de los trabajadores del sector público, como un hecho al que hemos venido haciendo referencia, los llevó a emplear los bloqueos o cierres de carreteras y puentes como una medida de presión sobre un régimen, cuyo gobierno ni siquiera ha querido simular algún tipo de diálogo u encuentro con ellos.
Hoy, el movimiento social en estado puro, representado por Rescate Nacional sigue como al principio, cercado por todos sus flancos, por parte de quienes lo ven como un peligro para sus intereses más mezquinos. Para las cabezas del régimen y su gobierno de coalición, como también para los integrantes de los poderes fácticos que lo controlan, y asimismo para los llamados “progres” del PAC, engolosinados con las mieles del poder, y considerando siempre que su agenda del llamado “marxismo cultural”, es la única importante a ser tenida en cuenta; en fin todo un conjunto actores sociales y políticos que consideran que ese movimiento debe ser aniquilado, acudiendo para ello a cualquier vía, y sin importar el grado de violencia que implique su supresión de la vida social y política, en su odio llegan hasta los extremos del totalitarismo, negándose a reconocer siquiera la condición humana de los que protestan.
La impresionante campaña de prensa, llevada a cabo por los medios hegemónicos, para descalificar a los que llaman “vándalos” o “delincuentes” de la peor ralea, se ha visto reforzada por una represión policial cada vez más cruenta, intensificando el uso de “fuerzas especiales”, como son las de la policía antimotines, entrenada por los carabineros de Chile y la policía nacional de Colombia, dos países donde el respeto a los derechos humanos no pasa de ser una ficción. Los habitantes de San Carlos, de Pérez Zeledón, Guanacaste y otras regiones han sido objeto de una cruenta represión, con el empleo masivo de gases lacrimógenos y hasta irrupciones violentas en sus hogares, por parte de unos cuerpos policiales que los han tratado como una especie de “enemigo interno”, buscando sembrar el terror entre ellos.
Dada la gran confusión semántica existente en el discurso de algunos de los que protestan, lo que da lugar a una especie de gran polifonía, dificultando la captación plena del sentido o significado más profundo de esta rebelión de los sectores rurales contra el régimen neoliberal, al que llaman “comunista” o “madurista”, aunque en estricto sentido no lo sean para muchos de nosotros, no podemos negar que esa es su forma de nombrar al hecho sociohistórico que los inquieta y golpea en pleno rostro. Aunque para la significación mentada, que traen a cuento muchos de los protagonistas del conflicto, el hecho resulta irrelevante: lo que alcanzan a identificar es la existencia de una dictadura, no importa cómo la llamen, lo que los lleva a la rebelión es la agresión del neoliberalismo, y la voracidad del capital financiero, lo sienten en su pellejo y no aguantan más.
Para un sector de la llamada “izquierda”, sobre todo aquella oficiosa, y cercana a los manejos políticos del régimen, la circunstancia ya apuntada les ha servido para darle la espalda a un movimiento nacido de las entrañas del pueblo, pues para algunos de sus cuadros y voceros habituales es preferible ver las cosas a la distancia, como si el asunto no fuera con ellos, además de que consideran que esas gentes carecen, de lo que llaman eufemísticamente, una “dirección política correcta”. Una vez más la estéril teoría así empobrecida se ve rebasada por una dinámica realidad a la que es preciso responder, poniéndose a la altura de la magnitud del desafío histórico, no prestandonos a las maniobras del régimen y sus trampas en cuanto al diálogo-monólogo, con el que quieren engañarnos a todos.

Semejanzas de la película “Los Juegos del Hambre” con la realidad nacional

Fui a ver la película Juegos del Hambre en Llamas. Me pareció muy significativo el hecho de que en este tiempo de campaña electoral, se esté pasando está película. Al terminar, en la misma sala de cine, manifesté en voz alta mi deseo de que ojalá todos los costarricenses pudieran ver esta película antes de las elecciones, pues en ella se muestra claramente lo que hace un poder corrupto y como le da al pueblo una serie de momentos para alejarlos de la realidad. Los juegos del Hambre es la atracción principal, como decir, los carnavales, los toros, el futbol, los festivales de la luz, los bailes de la polilla y cuanta cosa fantasiosa se les ocurra para simplemente mantener al pueblo absolutamente alejado de la realidad. Pero además, se presenta claramente el papel de algunos de los medios de comunicación. Totalmente ligados al poder político y económico y luego manipulando las informaciones y siendo parte del espectáculo. Siendo protagonistas de una información parcializada y con un propósito claro, mantener ese poder por medio de luces y distracciones y al pueblo en la ignorancia. El papel fundamental de los medios de comunicación es relevante en cómo conservar las situaciones y cuando estas se les salen de las manos simplemente apagan todo, es decir, dejan de «informar» y de transmitir para luego cambiar de escenario y seguir manipulando. Relevante también es como aparecen los «chupamedias» los esbirros, los cercanos al poder que se sienten complacidos con comida y bebida, los «útiles al poder» los vendidos por cualquier cosa. Se ve claramente como la manipulación del poder empieza precisamente con saciar el hambre aunque sea con miserias, con diarios, con latas de zinc, aprovechándose de la pobreza en que ellos mismos los han sumido. Y lógicamente se ven los que forman parte de esa camarilla de poder, los cercanos al «jefe» los que forman el círculo. Resultó impactante el cómo se ejerce y cómo hacen funcionar la «campaña del miedo» aniquilando a quien se subleva, cortando opciones al pueblo. Manteniendo al pueblo en la ignorancia y cada vez más pobres, incluso acabando con las opciones que el mismo pueblo ha inventado para poder subsistir ante la situación que vive. Pero la película al fin y al cabo tiene un tema de fondo…LA ESPERANZA…ese tema que es peligroso para los que detentan el poder…LA ESPERANZA…esa palabra que se torna incómoda para quienes pretenden mantener una situación de pobreza no solo material sino también espiritual. Hoy Costa Rica vive una situación cuya analogía con la película podría resultar para algunos, exagerada, sin embargo, no andamos muy lejos de situaciones como las que se plantean en esa película. Precisamente estamos en ese momento crucial que es que hoy en Costa Rica el tema de la ESPERANZA es lo que tiene temblando a los que detentan el poder. El tema de LA ESPERANZA tiene al pueblo levantando la mano y mostrándose. El tema de LA ESPERANZA hoy está haciendo VISIBLES  a los INVISIBLES POR AÑOS y está haciendo LA ESPERANZA que se escuchen los que estaban en silencio. Aún queda tiempo para que quienes no han tomado la decisión de hacerse VISIBLES Y DEJARSE ESCUCHAR lo hagan. Hay opciones claras que pueden propiciar el cambio que queremos  y que pueda acabar de una vez por todas este JUEGO DE HAMBRE en el que nos han metido y mantenido por más de TREINTA AÑOS.  Tome la decisión por Costa Rica y pensando en que así como vamos, nuestros hijos y nietos no tendrán las oportunidades que tuvimos nosotros y que si esto no cambia estarán propensos a ser los protagonistas de los juegos del hambre que vendrán en el futuro.

 

Enviado a SURCOS por José Luis Pacheco.