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Etiqueta: Poder Ejecutivo

¡Presidente Chaves, preocúpese más de la tendencia militarista de la policía costarricense!

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Nicaragua es un país soberano como lo es Costa Rica. En Nicaragua hay tres poderes políticos como los hay en Costa Rica, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. En Nicaragua como en Costa Rica hay una Constitución Política vigente. En Nicaragua la última Constitución fue aprobada el 19 de enero de 1986 y publicada en la Gaceta el 6 de marzo de 1990. En Costa Rica la última Constitución Política la aprobamos el 7 de noviembre de 1949.

La Constitución Política de Nicaragua ha tenido reformas en su articulado. En Costa Rica también hemos hecho muchas reformas al articulado constitucional.

En Nicaragua la Constitución establece un Poder Electoral, en Costa Rica la Constitución Política establece un Tribunal Supremo de Elecciones, con rango de Poder Público. La Asamblea Legislativa nicaragüense elige más funcionarios públicos que los que elige la Asamblea Legislativa costarricense.

En Nicaragua el Presidente propone a la Asamblea Nacional “listas o ternas en su caso, de candidatos para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Supremo Electoral, de los miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República, del Superintendente y Vice Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras, del Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto de la República.” En Costa Rica esto no lo hace el Presidente de esa forma. Se presentan candidatos ante la Asamblea Legislativa que establece mecanismos para su selección y nombramiento.

En Nicaragua se establece un Ejército, amparado a la Constitución Política para la defensa de la Soberanía, la Independencia y la integridad territorial. En Costa Rica abolimos el Ejército, como institución permanente, en 1949, y para la defensa nacional y conservación del orden público establecimos, en 1949, fuerzas de policía, las “necesarias”, y “solo por como siempre subordinadas al poder civil”. En Nicaragua, por existir un ejército hay Tribunales militares, en Costa Rica no tenemos Tribunales militares ni policiales independientes.

El Presidente de Nicaragua “ejerce la jefatura suprema del Ejército”. En Costa Rica el Presidente ejerce “el mando supremo de la fuerza pública”. Además del Ejército en Nicaragua hay una Policía Nacional. Nosotros, por dicha, no tenemos Ejército, tan solo Policía. Durante muchos años la policía fue entrenada en academias militares extranjeras, norteamericanas principalmente. Todavía se envía a academias militares a oficiales de la Policía a entrenarse en diversas disciplinas.

En Nicaragua el Presidente Daniel Ortega controla los tres poderes, el Ejecutivo por elecciones populares, el Legislativo también por elecciones populares, por tener mayoría su partido de los diputados, y la Corte Suprema de Justicia, porque al controlar el Poder Legislativo puede nombrar a su gusto a los Magistrados de la Corte, y de igual manera al Poder Electoral.

En Costa Rica el Presidente Rodrigo Chaves controla el Poder Ejecutivo por elecciones populares. El Legislativo no lo controla, tan solo tiene 10 diputados de 57 que lo constituyen. La Corte Suprema de Justicia tampoco la controla porque no tiene ningún magistrado nombrado por su iniciativa y sus diputados. Por ello no tiene, hasta ahora, la mayoría de los Altos Jueces nacionales bajo su control. En los próximos días tiene que sustituirse una Magistrada de la Corte por parte de la Asamblea Legislativa. Veremos cómo resulta este nombramiento.

No dudo en nada de la naturaleza de cómo se ejerce el Gobierno en Nicaragua y en Costa Rica. No dudo de la forma autoritaria, despótica, arbitraria, de características dictatoriales, de cómo Daniel Ortega y Rosario Murillo gobiernan Nicaragua. Pero, entendamos las cosas cómo son.

Hay militarismo en Nicaragua por la naturaleza del sistema de gobierno que allí existe, y porque hay un Ejército constituido. En los países donde hay ejércitos hay militarismo.

En Nicaragua los Derechos Políticos, la ciudadanía, los derechos a elegir y ser electos, se adquieren constitucionalmente a los 16 años. En Costa Rica se adquieren a los 18 años, con limitaciones por la edad, al igual en Nicaragua que en Costa Rica.

En Nicaragua como en Costa Rica el Presidente y su Ministro de Relaciones Exteriores definen las relaciones exteriores, es decir con cuáles países quieren tener relaciones diplomáticas y con cuáles países quieren establecer Tratados Comerciales, Culturales, Policiales y Militares.

El Gobierno de Carlos Alvarado Quesada, 2018-2022, firmó una carta de intenciones culturales más que educativas con Cuba, que no tenía prácticamente ninguna trascendencia, más allá de su sola firma. No se concretó en nada. El nuevo gobierno de Rodrigo Chaves, entre sus primeras grandes medidas, en sus primeros días de Gobierno, cuando todavía probablemente no sabía qué hacer y cómo actuar como Presidente, anuló esa Carta de Intenciones, que es como si no hubiera hecho nada porque no significaba nada en concreto, era tan solo un documento de buenas intenciones y buenos propósitos… A esto el Gobierno chavista le hizo mucha publicidad como si hubiera derrocado al Gobierno cubano o hubiera tumbado algo así como el Muro de Berlín en 1989. Hizo una campaña anticomunista al estilo de la vieja Guerra Fría, período histórico que acabó entre 1989-1991, justo cuando el Presidente Chaves dejó Costa Rica, hace más de 30 años para navegar en las aguas internacionales, desconectándose de la Historia nacional, de la idiosincrasia nacional, y de la evolución democrática costarricense de este nuevo período histórico…

En Nicaragua constitucionalmente no se permite el establecimiento de bases militares extranjeras. Tampoco en Costa Rica se permiten, aunque en el Gobierno liberacionista de Luis Alberto Monge Álvarez, se toleraron bases y emplazamientos militares norteamericanos en el territorio costarricense, fronterizo con Nicaragua, porque en ese momento los Estados Unidos agredía a la joven Revolución Sandinista, hoy traicionada, preparando allí grupos contra revolucionarios sandinistas.

Estos emplazamientos militares dejaron de funcionar el 8 de mayo de 1986 cuando el Presidente Oscar Arias asumió el Gobierno y la Presidencia de la República, y le había manifestado al Embajador norteamericano, en Costa Rica, que en esa fecha ya no debían estar esas bases porque él mismo las quitaría. Y, así fue.

Recientemente, Daniel Ortega solicitó una autorización legislativa nicaragüense, de una llegada efectivos militares rusos, al igual que como hace el Presidente de la República, y su Ministro de Seguridad, en Costa Rica, ante la Asamblea Legislativa costarricense, cuando solicitan permiso de atraco de naves militares, barcos o aviones, de los Estados Unidos, en territorio nacional.

De la solicitud del Presidente de Nicaragua, el Presidente Chaves ha tratado de hacer un gran alboroto, que más me parece un gran distractor de la realidad política nacional, y de la incapacidad del Gobierno de presentar Proyectos de Ley a la Asamblea Legislativa para que trabaje, pintando la situación como si fuera una amenaza de guerra hacia Costa Rica, por parte del ejército nicaragüense de los poquillos militares rusos que podrían llegar a Nicaragua.

Lo que no dijo el Presidente Chaves es que la solicitud de Daniel Ortega es para que en el segundo semestre de este año lleguen también a Nicaragua, fuerzas militares de Estados Unidos, de México, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Venezuela, de Cuba y de República Dominicana, todos estos países con representantes de sus ejércitos para participar en intercambio de experiencias, ejercicios de adiestramiento, y también para ver situaciones de ayudas humanitarias, para ejercicios navales y aéreos, para luchar contra el narcotráfico y crimen organizado. Por su parte la Cancillería costarricense reconoció que esas autorizaciones nicaragüenses son periódicas, y que las relaciones con Nicaragua son buenas, de diálogo permanente. Entonces, ¿para qué ponen al Presidente a decir tonterías? ¿O, son de su propia iniciativa? ¿A quién quiere asustar el Presidente Chaves verdaderamente con la presencia de unos cuantos soldados rusos en Nicaragua? Lo que exhibe es cómo lo utilizan en su ignorancia para ciertos discursos fuera de época.

Si debemos tener preocupación sobre Nicaragua, no es sobre los invitados militares que tenga, sino sobre su propia fuerza militar, sobre su propio ejército, que es el más grande de todo Centroamérica.

Ya Rusia no representa el peligro comunista, ni socialista, ni de revolución mundial, que representaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, o el Pacto de Varsovia, que fue disuelto en 1991, que reunía a los Ejércitos de los países socialistas europeos, a los que se les comprendía dentro de la llamada Cortina de Hierro. Ni Cuba, país socialista de América, primera y única revolución socialista del continente, se adhirió al Tratado de Varsovia, ni es una amenaza hoy estimulando guerrillas o movimientos armados en el continente. Puede ser una amenaza por su ejemplo de nación soberana.

La crisis de octubre de 1962, la de los misiles, que casi produjo una Tercera Guerra Mundial, en ese momento, que impuso a Cuba un cerco marítimo y aéreo por parte de los Estados Unidos, permitió que Kruschev y Kennedy, principales autoridades de la URSS y de los Estados Unidos, negociaran la salida de los misiles de Cuba, a 90 millas, a unos 130 kilómetros de Estados Unidos, lo que se consideraba una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos, y que no se pusieran bases militares de la OTAN en las fronteras de los países socialistas europeos de ese momento. Algo parecido a la discusión que hay ahora sobre la incorporación de Ucrania y el establecimiento de las bases militares en la frontera rusa, situación

 que puede ser similar, en esa parte del mundo, con Finlandia y Suecia, que están siendo provocativamente invitadas a formar parte de la OTAN, con casi 1500 kilómetros de fronteras con Rusia, por parte de esos dos países, y con influencia enorme sobre el Golfo de Finlandia.

Rusia es hoy un país capitalista, de desarrollo de su economía bajo el mercado y las reglas del capitalismo. Como país capitalista no amenaza más que los Estados Unidos en su presencia regional a las economías centroamericanas. Competencia puede significar para los Estados Unidos la presencia comercial de la República Popular China, país comunista políticamente, con dos economías, una de mercado capitalista y otra interior de tipo socialista clásico, país que cada día amplia sus relaciones internacionales políticas y comerciales. En Sur América hay dos países que tienen hoy más comercio con esta China que con los Estados Unidos. Se calcula además, que hacia el inicio de la década del 2030 la Economía y el Comercio de la República Popular China será el primer motor de la economía mundial.

Esto es lo que se mueve en el ajedrez político y económico mundial, de cómo afirmar la presencia de ciertos países hegemónicos, como los Estados Unidos, en el escenario internacional. La disputa, como la de Ucrania, se mueve más por el control de áreas estratégicas de producción, comercio, de mano de obra, de materias primas para la industria mundial, y particular de algunos países y, obviamente, por los intereses de la industria militar industrial existente, y del hegemonismo geopolítico

El mensaje de la presencia de efectivos militares rusos en Nicaragua no es para nosotros. En cualquier caso es para los Estados Unidos, sea para que acepte a Nicaragua como un interlocutor válido y negocie con ellos, o para asustar con la vaina vacía en el contexto de la guerra en Ucrania.

El Ejército nicaragüense es el que puede provocar inestabilidad en la región, no la presencia de unos cuantos militares rusos. El moderno Ejército nicaragüense empezó a desarrollarse desde el 19 de julio de 1979, al puro principio con influencia de la Brigada Militar costarricense que participó en la lucha contra la dictadura somocista. No ha cesado de crecer y perfeccionarse. El país más militarizado de Centroamérica es Honduras. Según el Informe de Global Firepower Honduras tiene la segunda mayor fuerza militar de Centroamérica, aventajado por Guatemala, considerada la mejor fuerza militar. Nicaragua en este informe ocupa el tercer lugar, y El Salvador en el cuarto lugar. Costa Rida en este Informe no está incluida por no tener Ejército. Esos militares rusos no alteran la paz ni la seguridad en la región ni en el continente.

En Costa Rica la marina de guerra de los Estados Unidos el 26 de este mes atracará en Puntarenas al buque de guerra US Wichita y US Canberra, acaba de estar atracado.

Ayer martes 14, en el periódico La Jornada de México, se publica que cientos de militares de 17 países de América Latina, incluidos México y Estados Unidos, comenzaron el lunes 13 de junio, en Honduras, ejercicios de entrenamiento para mejorar sus capacidades, en el campo Marte y en La Venta, al sur y al noreste de Tegucigalpa. Con prácticas diversas, de rescate de rehenes, ejercicios de anfibios, y francotiradores, que son especialistas en el asesinato selectivo. También, para ver habilidades y capacidades de conducción de operaciones especiales en diferentes escenarios, así como entrenamientos de anfibios en el Golfo Fonseca, en el pacífico, con helicópteros del Comando Sur de los Estados Unidos. En estos ejercicios militares no están participando Nicaragua, Cuba ni Venezuela. Aquí están participando militares de Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Panamá, Paraguay y de Costa Rica, según la prensa mexicana. En esta participación militar se realizará el Seminario de Líderes de Alto Mando, denominado “Las Operaciones Especiales, sus retos y competencias ante las amenazas emergentes en escenarios convencionales”, organizado por la U.S. Joint Special Operations University (Universidad de Operaciones Especiales Conjuntas de EE.UU). Esto puede hacer más daño a la imagen pública de Costa Rica que no tiene Ejército, porque participamos en actividades militares…

Bases militares en Centroamérica y en el Caribe solo los Estados Unidos tiene. En Honduras, la Base de Palmerola, la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo – Base Aérea Soto Cano, Honduras, en Cuba la de Guantánamo. Estados Unidos tenía la Escuela de las Américas, ahora llamada Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC), donde Costa Rica enviaba, ¿envía todavía?, oficiales de Fuerza Pública a prepararse. Aquí enseñaban, entre otras cosas, la tortura y asesinato selectivo a ciudadanos. En el gobierno de Obama se aprobó el último manual de torturas del Ejército de los Estados Unidos. En Fort Benning, en Georgia, también se han enviado a preparar oficiales. Entre las bases norteamericanas que se reconocen en el extranjero, se señala que en Costa Rica, en el Informe DOD de los Estados Unidos, aparece como “otros sitios” donde tienen bases, “almohadilla de lirio”, como también lo llaman, indicando que existe “a pesar de que el gobierno de Costa Rica niega una instalación militar estadounidense”. ¿Es cierto esta existencia?

De las 800 bases militares que tiene Estados Unidos fuera de su territorio, 76 hay en América latina… en Panamá, Perú, Colombia, Puerto Rico, Aruba, Curazao. En la Información del Comando sur de los Estados Unidos, una de las seis divisiones que hace de su arquitectura mundial militar, se señala a Costa Rica con una Base Menor y cuatro bases locales, ubicada en “Liberia, Caldera, Colorado y Flamingo”. En Caldera se invirtieron $15 millones de dólares según información del 2009 y el 2010. En el 2009 el Comando Sur invirtió $1.5 millón en la construcción de un muelle y otras instalaciones. En todos los informes sobre Bases Militares de Estados Unidos en la región se menciona a Costa Rica, situación que nunca ha sido desmentida por ningún gobierno.

¿Cómo es que están participando militares de Costa Rica? ¿Acaso no es prohibido constitucionalmente que participemos en ejercicios militares, de Ejército? Si la Sala Constitucional le prohibió firmar al Presidente Abel Pacheco el acta de participación en la invasión de Irak hecho por Estados Unidos, con mayor efecto de prohibición está la participación en ejercicios militares, de fuerzas policiales que no son militares, ¿o los son?, ¿o reciben formación y entrenamiento militar y no policial?

¡¡Presidente Chaves, preocúpese más de esto, de esta tendencia militarista de la policía costarricense!!

¿Qué dice el Ministro de Seguridad? ¿O participa de esta formación gorilesca de nuestra policía nacional?

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Costa Rica ausente en la 110a Conferencia Internacional del Trabajo

Escrito en . Publicado en Trabajo.

El día lunes 30 de mayo de 2022, se presentó una denuncia contra el Poder Ejecutivo por incumplir con el envío de representación del sector sindical y trabajador a la 110a Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT.

Esta no acción podría representar una forma de aplacar las denuncias en materia de violación de los derechos laborales (persecución sindical, prohibición de huelga y condicionamientos de la negociación colectiva).

Conjuntamente, se advierte sobre el peligro para Costa Rica en cuanto a la firma de la Declaración de Consenso de Ginebra, que pone en riesgo el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos, debido a que se opone directamente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.

Para más información sobre estos temas, ingresar en el siguiente enlace: https://fb.watch/dlTQ2bw5xW/

Breve radiografía de la Democracia electoral costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Los procesos electorales y las elecciones en Costa Rica han sido elemento clave del desarrollo de su vida democrática institucional, de afirmación de la democracia como modo de vida, y de ejercicio de participación ciudadana para la escogencia y nombramiento de las autoridades gubernativas, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

Costa Rica, como país, ha tenido en la práctica una gran estabilidad política. Como grandes períodos históricos desde la Declaración de la Independencia, el 29 de octubre de 1821, hemos tenidos un primer período, inmediato a la Declaración de la Independencia, hasta 1823, que se caracterizó por el establecimiento de Juntas Superiores Gubernativas, como órganos colegiados de gobierno. A partir de 1823 y 1824 formamos parte de las Provincias Unidas de Centroamérica y de la República Federal de Centroamérica, donde nos constituimos como Estado de Costa Rica, situación que formalmente llegó hasta 1848 cuando el 30 y el 31 de agosto el Congreso y el Jefe de Estado y Presidente, Dr. José María Castro Madriz, declararon la ruptura definitiva de la Federación Centroamericana al declarar la Fundación de la República de Costa Rica.

En ese período ya habíamos salido de la República Federal en 1838, integrándonos nuevamente en 1842, cuando Francisco Morazán intentó de nuevo reactivar ese proyecto político regional, y salimos de esa intención con la caída de Morazán en setiembre de 1842.

Desde 1848 se empezó a desarrollar institucionalmente la República. Este proceso llegó hasta 1948, cuando por situaciones políticas y electorales, de la década de 1940-1948, se agudizó una crisis que condujo a un conflicto militar, durante los meses de marzo y abril de 1948, que condujo al establecimiento de una Junta de Gobierno, durante los años de 1948-1948, en manos de quienes se habían sublevado, atrasando por dos años la asunción en el Gobierno de Otilio Ulate Blanco, a quien le habían anulado la elección de 1948, lo que justificó el movimiento armado en defensa de esa elección, que se expresó en esa lucha armada.

La Junta de Gobierno declaró el 8 de mayo de 1948 la fundación de la llamada Segunda República, período histórico que llega hasta nuestros días.

Durante los períodos del Estado, 1824-1848, de la República, 1848-1948 y de la Segunda República, 1948-2022, el proceso electoral se fue perfeccionando y mejorando. De un voto exclusivo en pocas personas se llegó al voto directo, en 1913, al voto secreto, en 1924, y al voto universal en 1949. En 1890 surgieron los partidos políticos haciendo que desde entonces solamente a traves de partidos políticos se pueda aspirar a puestros de representación popular, de elección de gobiernos municipales, de diputados y de Presidente. Un mecanismo desarrollado en 1935 de establecer el 40% de votación para definir al ganador de la Presidencia de la República, contribuyó a darle gran estabilidad al sistema político electoral.

Restricciones electorales se establecieron en 1898 para partidos religiosos, impidiendo la participación de estos y prohibiendo aducir sentimientos religiosos en campañas electorales. Restricciones político-ideológicas se establecieron, en 1903, con motivo de unas huelgas, para la circulación de materiales anarquistas, socialistas y comunistas por el correo. Electoralmente esto se llevó al Gobierno de Cleto González Víquez, 1928-1932, que estableció que con el nombre de Partido Comunista no se podía participar en elecciones, obligando a este partido, que al fundarse en 1931, participara en los procesos electorales con el nombre de Bloque de Obreros y Campesinos, 1932-1942.

Este año, en el contexto de la II Guerra Mundial, cuando el gobierno de Rafael Angel Calderón Guardia, 1940-1944, declarada la guerra al eje nazi fascista en diciembre de 1941, se crearon condiciones para una alianza política extraordinaria, que culminó en 1943, cuando el Partido Comunista cambia de nombre a Vanguardia Popular, se alía al Gobierno y a la Iglesia Católica, impulsando una gran Reforma Social y un Código de Trabajo, junto a otras importantes reformas institucionales que había impulsado el Gobierno de Calderón Guardia. Esta alianza duró hasta 1948 cuando acabó el gobierno de Teodoro Picado Michalski, 1944-1948, a cuyo final se produjo la Guerra Civil.

Al terminar la segunda Guerra Mundial dió origen al período de la Guerra Fría. En este contexto la Junta de Gobierno puso fuera de la ley, al Partido Comunista de Costa Rica, por el Decreto Ley No. 105, de julio de 1948, y en la Constitución Política de 1949, con el segundo párrafo del Artículo 98, se prohibió la participación electoral de los partidos que por sus vinculaciones internacionales amenazaran la democracia, concepto que solo se aplicó al Partido Comunista o Vanguardia Popular, y partidos que se consideraban era su fachada electoral, hasta 1975.

Hasta 1948 la columna vertebral de los partidos políticos era el movimiento liberal clásico que venía desde el siglo XIX. Frente a ellos surgieron las primeras manifestaciones contestarias, partidos obreros, partidos reformistas, socialistas y el comunista. También surgieron las corrientes político-ideológicas social cristianas y socialdemócratas.

La prohibición de participación de los comunistas, y por ampliación, a las fuerzas políticas de izquierda se mantuvo hasta 1975.

Electoralmente, el dominio político nacional hasta 1948 estuvo en manos de las fuerzas político-liberales, en sus términos más generales. Desde 1953 hasta el 2014, 15 gobiernos, el control del gobierno, del Poder Ejecutivo, estuvo en manos de dos partidos políticos, Liberación Nacional, y la oposición política a éste en tres coaliciones, y por el Partido Unidad Social Cristiana, dando origen a lo que se ha llamado el bipartidismo nacional. Los últimos dos gobiernos, 2014-2022, los ha tenido el Partido Acción Ciudadana, con lo cual tres partidos son los que han ejercido el control del Poder Ejecutivo nacional. Así, Liberación Nacional ha gobernado nueve de los 17 gobiernos habidos desde 1953, la Unidad Social Cristiana seis y el partido Acción Ciudadana dos.

A nivel legislativo el bipartidismo nacional se manifestó en que hasta 1998, esos dos partidos, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, tenían por sí o juntos la mayoría legislativa. Desde ese año la Asamblea Legislativa no la controla ningún partido político en particular, constituyéndose de hecho una situación en la cual todos los partidos políticos allí representados son “minoritarios”, pero con capacidad de realizar alianzas parlamentarias, que contribuyen a la gobernabilidad nacional.

A nivel de participación electoral desde 1948 ha venido creciendo el número de partidos políticos, con candidatos presidenciales, desde dos partidos hasta 25 partidos como están participando en el actual proceso electoral, que se resuelve el próximo 6 de febrero. A nivel legislativo, aparte de los partidos nacionales también participan partidos regionales, específicos de las siete provincias que tiene el país. El algunas de esas provincias hay hasta 30 partidos políticos luchando por sus diputaciones, 57 en total en el país.

A nivel de participación ciudadana el país goza de un alto nivel de participación. Desde 1953 hasta el 2018 el abstencionismo electoral ronda el 23%, comprendiendo a los que votan en blanco o anulan su voto en urna, y de los que del todo se abstienen de ejercer su derecho al sufragio. Desde 1953 hasta 1998 el promedio de abstencionistas rondaba el 18% y desde 1998 hasta el 2018 era de un 31%.

Los procesos electorales a nivel presidencial se definen por quien saque el 40% de los votos válidamente emitidos. Cuando esto no ha sucedido, elecciones del 2002, 2014 y 2018 se pasa a una segunda ronda con los dos resultados más altos de la primera ronda. De esta manera, de hecho, en términos generales, el 70% de la población votante ejerce su derecho al sufragio, aunque en momentos cercanos al día de las votaciones pueda estar indefinida en torno a su decisión de por quién votar.

En esta misma historia electoral la alternabilidad de partidos políticos en el ejercicio de Gobierno ha sido la huella fundamental. En esto, todo el período desde 1953 hasta el 2018 conoce momentos en que un partido se reelige en el gobierno una vez, pero nunca se ha dado que se reelija dos veces consecutivas, que es el reto que tiene al actual partido Acción Ciudadana, gobernante en este momento. El reto se amplía a retornar a los partidos que han ejercido el gobierno, Liberación Nacional o la Unidad Social Cristiana, antes de elegir nuevas fuerzas políticas o de improvisar partidos sin experiencia en Gobierno o la Asamblea Legislativa, o que amenacen aspectos fundamentales de la convivencia y vida democrática y de Derechos Humanos de la sociedad costarricense.

Finalmente, el número de votantes es de 3.500.000, ligeramente un poco más de mujeres que de hombres. Poco más de la mitad de los votantes son mayores de 40 años. Los que por primera vez votan, mayores de 18 años, rondan los 250.000, y son los que históricamente muestran su mayor abstencionismo.

A nivel social la Población Económicamente Activa, que es también votante, al momento de iniciar la pandemia, giraba alrededor de 2.500.000 de personas. De ellas una tercera parte es de mujeres. De estas mujeres el 52%, 350.000, son cabeza de familias, principales ingresos de sus hogares aún cuando tienen esposo o compañero. En marzo del 2020 había 220.000 desempleados.

Con la pandemia la desocupación llegó a finales del 2020 a 600.000 y otros miles fueron afectados con reducción de jornadas de trabajo, y reducción de sus salario o ingresos. A finales del 2021 los desempleados alcanzaban la cifra de los 450.000 y las cabezas de familia se habían reducido a 250.000.

La situación social actual muestra que 1.500.000 de personas tiene ingresos de ¢120.000 (ciento veinte mil colones ó $200 dólares) mensuales, que son literalmente salarios o ingresos de extrema pobreza, que no garantizan una vida digna, decorosa, decente.

Las clases medias bajo los últimos dos gobiernos de Acción Ciudadana han salido altamente golpeadas, con sus diversas políticas económico-sociales, las han reducido en sus aspiraciones y las conducen hacia los niveles de pobreza nacional.

Frente a esta situación social los 25 partidos políticos, que están participando en las elecciones, no tienen un planteamiento público para sus electores, para ver cómo se recuperan, al menos, los índices del económico sociales del 2019.

Estos son parte de los retos que afrontan las nuevas autoridades gubernamentales que puedan ser electas el próximo domingo 6 de febrero. Este es el nudo fundamental del proceso electoral, sobre el que no se oyen mensajes positivos.

Indulto para el joven Calderón Arias

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

En el año 2013 fue detenido un joven costarricense, de apellidos Calderón Arias, a quien conozco por lo que la prensa informó de su situación, acusado de vender, a un policía encubierto, menos de 3 gramos de marihuana, cantidad inferior de la que se tolera para el consumo personal.

Estoy claro en los daños que puede producir la marihuana en pulmones, vasos sanguíneos, accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardiacas, y en otros efectos.

También estoy claro en que se usa la llamada Marihuana medicinal para aliviar ciertos síntomas como dolor, náuseas severas, o para dárselas a personas con Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, VIH Sida, cáncer, enfermedad de Crohn, epilepsia y convulsiones, glaucoma y espasmos musculares.

La Sociedad Americana de Medicina ha definido la adicción como una enfermedad crónica, tratable, entre ellas la adicción a las drogas, “trastorno por consumo de sustancias”, enfermedad que produce la incapacidad de controlar el consumo de medicamentos, así como de drogas que se consideran legales o ilegales, que son incapaces de dejar de consumirlas.

Probablemente el juicio se llevó por la venta y no por el consumo personal. A ello se le sumó en contra, aquel año, cuando el joven, entonces, de 20 años, era adicto a las drogas.

La adicción se ha considerado desde hace muchos años como una enfermedad. Así con los alcohólicos y con otras personas que lamentablemente caen en estas adicciones, como enfermos, muchos crónicos sin poder superar su condición de enfermos. Miles de familias costarricenses tienen, pasan y sufren esta situación entre sus miembros. El joven Calderón Arias, al contrario, logró enfrentarse a su dependencia, superarla y “reinsertarse” socialmente.

Durante su captura y proceso penal el joven Calderón Arias logró superar su condición de consumidor de drogas y estupefacientes, obtuvo un trabajo, llegando a tener una situación estable que le permitió constituir una familia e inició procesos de educación, lo que es un gran ejemplo para otros jóvenes que como él caen en la adicción, y pueden salir de ella.

El juicio seguido contra su persona terminó el pasado 21 de mayo cuando los jueces fallaron, en el juicio que tenían contra él, desde hace ocho años, él ahora de 28 años, con familia, condenándolo a sufrir una pena de ocho años, que era la pena mínima que podían poner, que es absolutamente desproporcional e injusta, para lo que el joven Calderón Arias ha demostrado en su superación personal.

Los mismos jueces en su Sentencia reconocieron el esfuerzo realizado por este joven, que no tiene otros antecedentes penales. Curiosamente los jueces en su Sentencia recomendaron que en el menor plazo posible se le pudiera pasar a un régimen carcelario de confianza. Lo que los jueces debieron en ese caso es haber recomendado al Poder Ejecutivo el Indulto, contra la pena impuesta.

Mientras no se hagan reformas a la legislación penal, para que se apliquen en situaciones como este caso, que permitan a los jueces hacer una mejor valoración de la situación, y poner penas menos severas, que distingan mejor a quienes se les encuentre como culpables en la cadena del negocio de las drogas, donde se pueda distinguir mejor entre las organizaciones que se mueven alrededor de ellas hasta los simples vendedores, que por razones socioeconómicas se meten en la cadena de venta al menudeo, como aparentemente fue la situación original la captura de este joven, y mientras también la Sala Constitucional no se pronuncie sobre la constitucionalidad de normas como la que le aplican al joven Calderón Arias, que cae en la figura de “inhumana”, violatoria de Derechos Humanos.

Una Sentencia como esta echa por la borda todos los esfuerzos de rehabilitación, de “reeducarse”, de desarrollar una conducta como la del joven, de superación y de salir adelante, como modelo para otros jóvenes y personas.

Lo que procede en un caso como éste es el Indulto declarado por el Poder Ejecutivo, buen motivo para el Presidente Carlos Alvarado Quesada, a punto de celebrar el Bicentenario de la Independencia, de mandar nuevas señales sobre el futuro de la Costa Rica que inicia a partir de esa celebración.

El indulto es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo, que permite perdonar, de forma parcial o total, la pena impuesta por una Sentencia Ejecutoria, o incluso conmutar la pena por otra más beneficiosa sin penas accesorias.

El indulto es una medida de gracia de carácter excepcional, es un perdón de condena, que tiene incluso regulación internacional sobre en cuáles situaciones no se puede otorgar el indulto, como son los casos de los delitos de genocidio, de lesa humanidad o crímenes de guerra.

El indulto puede solicitarse por las mismas autoridades penitenciarias, por los mismos tribunales, por las partes interesadas, donde pueden participar desde los familiares, hasta personas comunes y corrientes, al margen del proceso penal y de la afectación de la sentencia, como es mi caso, que no estoy directamente involucrado, que solicito públicamente al Presidente Carlos Alvarado Quesada que el Consejo de Gobierno analice la situación y proceda a establecer y declarar el Indulto a favor del joven Calderón Arias.

Los indultos en Costa Rica no son de la teoría. Son de la práctica. Se han dado en situaciones anteriores. No son frecuentes. A veces se han dado a granel, para favorecer dentro de los indultados a amigos del Gobierno, de los políticos, o porque son parte de la clase política y empresarial dominante.

En este caso se solicita indulto solo para el joven Calderón Arias.

No se pide un indulto a granel ni, por ejemplo, anticipado, lo que no se puede hacer, contra los procesados en casos sonados de corrupción pública, como son los del caso, en este momento, de Meco Solís, por la influencia que tienen que evidencia incluso el tratamiento de reclusión que se les ha hecho, o del mismo proceso judicial que se les sigue, en la forma de recolección de pruebas que podrían ser anuladas por “haberlas hecho” mal, para “liberarlos” de la prisión carcelaria no doméstica, para producir ese efecto.

Hemos conocido hasta una “modalidad” de “indulto”, cuando la Corte de Justicia dio casa por cárcel a una pareja asesina, como fue el caso del joven asesinado, Chacón Mussap, aduciendo una enfermedad cancerosa que no provocó la muerte de los indultados, uno que fue acusado y penado, y a su pareja que no se quiso procesar cuando fue instigadora de ese crimen.

Señor Presidente presente en su Consejo de Gobierno el indulto para el joven Calderón Arias.

Los tufos y perfumes de las encuestas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El ambiente electoral tienden a caldearlo, un poco, con las diferentes encuestas que se vienen publicando que retratan partidos políticos, y a sus principales dirigentes, especialmente a aquellos que han venido sonando como posibles precandidatos presidenciales, como reconocidos dirigentes de sus partidos o de la vida nacional. También retratan a los funcionarios del Poder Ejecutivo, al Presidente y sus Ministros, como a veces a otros funcionarios de las Instituciones públicas y Poderes del Estado.

Las encuestas técnicamente son un rico instrumento de medición de comportamientos individuales, en un momento determinado, del momento o día cuando se hacen las encuestas, las que a veces se llevan a cabo en días diferentes y también en días distanciados unos de otros. Tan solo son eso, un retrato de un momento, como son las fotografías.

Las encuestas son perversas en la manipulación que se puede hacer de ellas, por el tipo de pregunta que se hace al entrevistado o encuestado. Así por ejemplo, si existen 10 partidos y solo se pregunta sobre cuatro de ellos o, si hay 20 precandidatos y solo se pregunta sobre unos cuantos.

Las encuestas también se pagan, en lo que puede interesar a quienes contratan a las casas encuestadoras para realizarlas. Quien paga tiene derecho a establecer las preguntas y a conocer sus resultados. Dependiendo como se haga una pregunta así puede haber un resultado. Esto vale hasta para asuntos judiciales.

En este caso, el de las encuestas, solo el que paga conoce el resultado de lo preguntado. Así las casas encuestadoras hacen un tren, un conjunto de vagones, con diferentes temas cada uno a preguntar, y de la misma manera se “venden”. De este modo, en el caso de partidos políticos pequeños y de precandidatos, o ya candidatos, con menos recursos menos acceso tienen a toda la encuesta.

Hay partidos y candidatos, que por sus capacidades económicas tienen a su servicio exclusivo una casa encuestadora permanente, y llevan el pulso, técnicamente al día, del movimiento partidario, del candidato y de los temas sensibles de la población como de la agenda nacional, para saber como opinar o para dirigir mensajes. Los gobiernos generalmente tienen este seguimiento diario desde una Oficina que les realiza este trabajo, evaluando al Presidente, sus Ministros, los dirigentes de las instituciones públicas y de los poderes de Estado, así como a dirigentes de la oposición política, comentaristas, analistas y críticos de la situación del país, llevándole el pulso a esas críticas que se hacen a la gestión gubernativa, a las políticas públicas y a los pronunciamientos de los funcionarios públicos, y al impacto que tienen en la población, o en los sectores que se quieren evaluar y conocer.

Una encuesta mata a otra encuesta, dice el refrán técnico. En la guerra de encuestas, cuando los partidos políticos tienen sus propias casas encuestadoras, porque las contratan de manera exclusiva, se desata una guerra de desinformación de resultados, de manera que si se favorece en una encuesta a un candidato otra encuesta opuesta lo puede desfavorecer. Las encuestas son también armas y así se pueden usar en campañas electorales, sobre todo cuando los candidatos y partidos políticos “se venden” como “productos” de consumo y de alto consumo. Desde 1958, en Estados Unidos, desarrollaron las encuestas políticas, de candidatos y de campañas electorales, al estilo de venta de productos en una sociedad de consumo. Un libro en esa época, “Cómo se vende un Presidente”, hecho por uno de los asesores de Richard Nixon, es muy ilustrativo de la nueva época que se iniciaba en ese sentido, como hoy pueden ser las armas de las nuevas perspectivas electrónicas, como los tweets muy desarrollados por Trump, y otros candidatos presidenciales, y Presidentes en ejercicio, para la comunicación de sus mensajes.

En las campañas políticas, cuando se han abierto los bancos nacionales y privados para facilitar créditos a los partidos, para financiar sus campañas electorales, estas instituciones se guían justamente por las encuestas que se orientan a proyectar posibles resultados electorales, con lo cual, de esa manera, solo “prestan” dinero, “dan” créditos o “adquieren” bonos de la deuda electoral, que emiten los partidos, a los que puntean en esas encuestas y por ello aseguran que con su posible resultado puedan recuperar los dineros girados a los partidos políticos.

El financiamiento público para los partidos políticos, en sus campañas electorales, es igualmente manejado, de manera perversa para solo asegurar a aquellos partidos que sacan más de un 4% de votos, o que eligen un diputado. Así ha funcionado siempre, con lo cual solo se favorece a menos del 10% de los partidos que participan, y estableciendo mecanismos para asegurar, en una época al bipartidismo dominante, y desde 1998 hasta hoy a un poco más de esos partidos del bipartidismo, siempre y cuando cumplan con esos resultados. Cada ciudadano que vota no vale igual para el Tribunal Supremo de Elecciones, respecto al costo por voto de lo que vale cada ciudadano.

Uno de los elementos que se atiza constantemente hoy, o en estos tiempos, es valorar el porcentaje de las personas que no tienen partido político, que no están definidas respecto a candidatos, con referencia también a la actitud que tienen frente a la Política, los Partidos Políticos, los candidatos presidenciales, o las elecciones mismas. En esta época, en estos meses, cuando aún no se ha definido en todos los partidos políticos los candidatos oficiales, que entrarán a la contienda es natural que haya altos índices de indiferencia electoral y a las opciones electorales, como partidos y como candidatos. El desánimo de las encuestas que puede rondar el 70% en promedio es técnicamente igual al mismo porcentaje de hace cuatro años o de hace ocho años, o de otros períodos electorales similares. Lo que se mide hoy no es lo que va a resultar cuando ya estén todos los partidos y candidatos jugando. Allí empezará de nuevo a jugar la rueda de la fortuna de las encuestas.

Si consideramos que el abstencionismo nacional, en promedio, desde 1953 hasta el 2018 ha sido de un 24%, y que desde el 2002 hasta el 2018 ha girado entre el 31% y el 34%, bajando en la segunda ronda del 2018 al 31%, ese es el abstencionismo histórico, que puede moverse muy poco hacia arriba, como ha sucedido. Los que se asustan, desaniman o sorprenden, con las encuestas que se están publicando deben tener esta referencia del abstencionismo histórico, no el momentáneo actual ante un panorama que todavía no muestra todos los partidos ni a todos los candidatos. Aún hay partidos en procedo de inscripción. Aún no se han desconfigurado las posibilidades de coaliciones, ni de candidatas femeninas, que podrían hacer algo de bulla.

Tengo la sensación, sin embargo, que en la próxima campaña puede reducirse ese abstencionismo por los candidatos que hoy suenan como principales en la disputa, y por el esfuerzo que harán todos los partidos por sacar del Gobierno, y evitar un tercer gobierno continuo del Partido Acción Ciudadana. Igualmente, tengo la sensación, de que en la próxima Asamblea Legislativa habrá fracciones de partidos más fuertes y con más diputados de los que ahora tienen, sin perjuicio de que partidos pequeños sigan representados.

Así los tufos de las actuales encuestas ahorita empiezan a aromarse, a perfumarse. Es tan solo un problema de esperar algunas semanas para ver partidos y candidatos debidamente perfumados en las encuestas y en los índices de opinión, hasta con la nota olfativa oriental de Pachuli, que como aceite tiene bondades medicinales aptas para cualquier campaña política, es antiséptico, desinfectante, antiinflamatorio, cicatrizante, regenerador celular, diurético, afrodisíaco, antidepresivo, sedante para el sistema nervioso… todo lo que necesitan los candidatos y también muchos electores por la forma como se va a llevar esta campaña que viene.

El Acuerdo de Escazú, en la encrucijada costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El Acuerdo de Escazú lleva su nombre por haberse acordado en la ciudad, homónima y capital de su Cantón, Escazú, de Costa Rica, el cual entró en vigencia el pasado 22 de abril, Día de la Tierra, sin la firma aún de dos países, Chile y Costa Rica, que lo impulsaron, por lo que en el caso costarricense aún no es parte de este instrumento jurídico regional.

Tampoco lo han firmado Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.

El Poder Ejecutivo, quien tiene la iniciativa de la ley desde noviembre del 2020 hasta julio del 2021, ante la Asamblea Legislativa, no ha considerado oportuno enviar este Acuerdo a su debida ratificación, paradójicamente, habiendo sido Costa Rica uno de sus gestores y patrocinadores, desde el Gobierno anterior, y del mismo partido político que sigue gobernante, así como de haber sede de su firma.

La presión de ciertos sectores, que se sienten afectados así lo han impedido, ante un gobierno que se ha mostrado débil, y en mucho complaciente, con sectores empresariales en muchos aspectos de su gestión.

El Acuerdo de Escazú, es Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, fue firmado por 24 países el 4 de marzo del 2018. Se le considera como el primer gran Tratado medioambiental de la región.

La crítica principal de sus opositores costarricenses es que mucha de la letra que contiene el Tratado ya está aprobada por otros acuerdos internacionales y leyes costarricenses, lo que hace innecesaria su ratificación, y que en caso extremo lo que no se reconoce por estas legislaciones se agregue a lo ya existente.

Irresponsablemente el Gobierno no lo gestionó para el trámite de ratificación parlamentaria, con la prontitud que el caso merecía, y la situación de los efectos impactantes de la Pandemia, del COVID 19, alteró y propició el ambiente para brindarle los apoyos nacionales de su ratificación.

El sector más recalcitrante opositor es la Unión de Cámaras Empresariales, señalando que el Acuerdo no dinamizará la producción. Lo mismo hizo uno de los partidos políticos, que ha sido gobernante, la Unidad Social Cristiana, que mantiene una posición política muy conservadora en muchos aspectos, y en esto considera que el Tratado no promueve la reactivación económica y lesiona al sector productivo costarricense.

En el campo político electoral el Partido Liberación Nacional, que ha gobernado 9 veces, de 17 gobiernos que ha habido desde 1953, y tal vez el que tiene mayores posibilidades de volver a gobernar en el 2022, después de haber sido desplazado de Gobierno hace ocho años, mantiene una posición débil, silenciosa, aun cuando su principal candidato presidencial es hoy muy favorable a las políticas medioambientales, de energías limpias y de defensa de la naturaleza.

El Acuerdo de Escazú tuvo una primera aprobación legislativa, que fue cuestionada ante la Sala Constitucional, lo que ha obstaculizado su segunda aprobación para su firmeza, bajo la presión de los grupos empresariales.

El tratado propone otorgar protección especial a los defensores del ambiente, impulsa el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, para garantizar y hacer efectivos la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso de justicia en asuntos ambientales. En un país, como Costa Rica, donde líderes ambientales están siendo asesinados con cierta frecuencia, y sin persecución real y efectiva, de sus asesinos, por parte de las autoridades públicas, como lo es igualmente la violación y usurpación que se hace de las tierras de las comunidades indígenas, con asesinato igual de sus dirigentes, este Tratado es más urgente de aprobar y ratificar por parte de Costa Rica.

Para los empresarios más poder en manos de las organizaciones no gubernamentales, y de los llamados Defensores de los Derechos Humanos, en asuntos ambientales es permitirles gozar de estatus y protección internacional, con posible alcance de dirimirse conflictos de esta naturaleza en Cortes o estrados jurídicos internacionales.

Los diputados de Gobierno, a favor de su ratificación, son una expresión muy pequeña de la Asamblea Legislativa, apenas un 10% de la totalidad de diputados.

El pasado 22 de abril la CEPAL festejó la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú, al igual que lo celebró el Secretario General de la ONU, sin que eso haya tenido ningún impacto en el país.

La Facultad de Derecho y la Universidad de Costa Rica se han pronunciado fuertemente por la ratificación del Acuerdo de Escazú.

El debate se ha avivado, cierto. Pero, lo que se impone, desde su aprobación, en Escazú, en el 2018, es su inmediata ratificación ahora.

El Estado costarricense tiene la obligación y el imperativo moral de proteger y tutelar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como está establecido en el Artículo 50 de la Constitución Política.

Fomentar el mejoramiento de la relación de los seres humanos con la Naturaleza, con el ambiente, con la conservación de los recursos naturales y ambientales y su uso sostenible es otro imperativo nacional.

Fortalecer la cultura en defensa del ambiente y su sostenibilidad es una tarea nacional que debe impulsarse desde el proceso educativo en su más tierna infancia.

El Acuerdo de Escazú por su naturaleza es un Convenio de Derechos Humanos que fortalece y desarrolla contenidos ambientales, íntimamente vinculados a la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, que fue aprobada en 1992.

Como país proponente que fuimos del Acuerdo de Escazú debemos ratificarlo. Es honrar así la tradición costarricense de Democracia Bicentenaria, de país sin Ejército, si pena de muerte, que ha suscrito todos los Tratados de Derechos de Humanos. ¿Por qué no, entonces, el Acuerdo de Escazú?

Esto debe hacerse por las futuras generaciones de costarricenses, en lo que no atañe. Pero, es también por el Planeta y por la Humanidad.

El Gobierno de Costa Rica debe ratificar el Tratado sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

Las recuperaciones indígenas son vida

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por Pablo Sibar *

Los pueblos indígenas vivimos sumidos y abandonados en nuestros territorios y violentados por todos los medios. Los tres poderes de este país violentan los derechos del pueblo indígena: esta Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.

Vivimos sumisos y para sentirnos bien tenemos que callarnos, estar escondidos y no hablar. Desde el momento en que hablamos nos asesinan. Hace 40 años yo empecé esta lucha con el hermano Sergio Rojas y es una lucha muy desigual, totalmente desigual.

En las universidades se forman los procesos educativos, no hay un solo curso de derecho indígena en la Universidad de Costa Rica ni en las universidades privadas donde se forman los abogados. Es muy difícil manejar el tema indígena.

Como pueblos indígenas hemos sido reconocidos con derechos desde 1939. Tenemos una serie de jurisprudencia que no la consideran para tomar decisiones en los pueblos indígenas. Generalmente, cuando el juez toma una decisión la hace basada en la jurisprudencia que tiene a nivel nacional y no basada en los derechos que existen para los pueblos indígenas y que se han ido reconociendo.

En 1977 la Asamblea Legislativa hizo la Ley Indígena y es una ley muy importante; pero cuando el Poder Ejecutivo hace el decreto de la ley, nos mete las Asociaciones de Desarrollo, una instancia no-indígena y por eso hablamos de los Consejos tradicionales propios, de acuerdo con nuestra cosmovisión.

Los pueblos indígenas hemos vivido con miedo durante 40 años; por no decir 530 años. Hemos vivido ese miedo con los finqueros, con los terratenientes y ningún costarricense hace nada para que no sigamos sufriendo y viviendo ese miedo.

En el 2010 nos sacaron arrastrados de la Asamblea Legislativa por estar solicitando que se aprobara o se rechazara la Ley de Autonomía Indígena, pero que la convocaran al fin porque no era justo que la Asamblea no la hubiera convocado durante más de 20 años.

Para mí todos los costarricenses son culpables del asesinato de Sergio Rojas; todos. Y desde ese reconocimiento yo creo que debemos luchar para que no nos sigan asesinando. No puede ser que menos de un año después hay otro hermano indígena asesinado por el tema de tierras. Y no nos han seguido asesinando porque hemos parado las recuperaciones; hemos hecho un alto a las recuperaciones.

En el momento en que sigamos con las recuperaciones, nos seguirán asesinando y no es justo. No es justo que un juez ordene un desalojo de un territorio indígena; eso es grave. Es lamentable que todavía suframos esas humillaciones en la época en que estamos.

Si la Ley de Autonomía se hubiera aprobado, la situación sería diferente. Esa ley de autonomía hablaba de un montón de derechos; sin embargo, los mismos terratenientes no quisieron que se aprobara. Hicieron manifestaciones inmensas porque se ubican en una situación que es muy difícil de entender. Cuando un terrateniente le dice a uno, yo soy costarricense y vivo donde me da la gana, y le dicen a uno “mechudo, hediondo, indio, usted no sabe nada” es durísimo; pero ese racismo solo nosotros lo vivimos, solo nosotros que estamos en el territorio y que hemos emprendido una lucha para seguir viviendo.

Nosotros los pueblos indígenas sufrimos una discriminación total en el territorio. Hay abogados y abogadas que dicen: “Bueno, si los indígenas tienen su territorio, que no salgan a Buenos Aires. Si los indígenas están ahí, no pueden tener ninguna otra opción”. Esto es un proceso, la tierra indígena es una tierra que el Estado costarricense nos reconoció a pedacitos, ese pedacito de tierra nos lo reconoce el Estado; pero no es de nosotros. Está siendo de otras personas que lo están usurpando y nos están utilizando de peones y pagando miserias; pero muchas veces en Facebook y en las redes sociales se dice que si los no-indígenas salen de nuestro territorio, los indígenas nos vamos a morir de hambre.

A mí me gustaría que visiten las recuperaciones para que vean la vida que hay. En esas nuevas recuperaciones que hemos hecho hay vida, hay esperanza y hay seguridad alimentaria.

* Defensor de derechos de los pueblos originarios, indígena Bröran y dirigente del Frente Nacional de Pueblos Indígenas, FRENAPI

 

Compartido con SURCOS por Kioscos Ambientales-UCR.

La máscara democrática de la oligarquía

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Hemos retomado, para este artículo, el título de un libro que recoge un diálogo fecundo sobre democracia, oligarquía y populismo (Canfora, Luciano y Zagrebelsky, Gustavo (2020). La máscara democrática de la oligarquía. Un diálogo al cuidado de Geminello Preterossi. Madrid, Editorial Trotta). Un texto valioso y sugerente para el análisis de nuestra coyuntura sociopolítica.

Aunque la conversación está referida a la realidad política europea y particularmente de Italia, sus reflexiones resultan, en muchos aspectos, paradigmáticas. Tal es el planteamiento de arranque de quien modera el diálogo, Preterossi: “Hoy nos encontramos ante una tensión: por una parte la política oficial (y en general la clase dirigente que no es solo la clase política) se muestra cada vez más encerrada en un bunker, asediada, en afanosa búsqueda de soluciones, de mediaciones que no aparecen; por otra parte, otros sujetos, que se sitúan fuera de la política tradicional, tratan de captar y conducir la rabia de una masa sin representación, que no se reconoce en el poder democrático y le acusa de haberse convertido en oligárquico”(P.11).

Sin duda, una “fotografía” para nada ajena a nuestra realidad. La imagen del “bunker” recoge muy bien ese “soliloquio” que se ha venido dando por parte de un Poder Ejecutivo y Legislativo de espaldas al pueblo, y que también resulta consustancial a esa suerte de metamorfosis oligárquica de la democracia.

Efectivamente, ya hace rato el proyecto oligárquico neoliberal se ha venido afianzando en nuestro país, procurando ocultar su rostro con celebraciones como la de los cien años de democracia o con campañas de descalificación de las posiciones críticas y de la protesta social, considerándolas como antidemocráticas y hasta subversivas, incluso criminalizándolas. Algo que con el correr del tiempo le ha significado importantes dividendos políticos, que hoy fructifican en un conjunto de leyes pro-oligárquicas, aprobadas por una Asamblea Legislativa que se precia de ser una de las que más consensos ha logrado para impulsarlas.

El principal ideólogo de esta transformación o “mimetización”, el expresidente Oscar Arias Sánchez, se dio el lujo, sin sonrojo alguno, de traducirla al concepto “dictadura en democracia” con su correspondiente estrategia de “torcer brazos”. También, hoy recoge sus frutos en la gestión de un gobierno portador de sus mismos “genes”, que ha contado con el apoyo de las fracciones mayoritarias de la Asamblea Legislativa.

Efectivamente, a los partidos políticos mayoritarios actuales los unifica el proyecto oligárquico neoliberal, por eso aunque no se puedan homologar sus diferencias no son sustantivas. En este aspecto, es importante el señalamiento de Luciano Canfora: “A nuestros ojos los partidos son isomorfos, variantes de lo mismo que suelen hacerse la guerra. Talvez, incluso creen hacerla, pero en realidad esa guerra no existe porque la disputa se refiere a elementos marginales. Hoy la materia de la política es mínima… el estado de salud de la política en cuanto a lugar de la democracia es bastante deficiente” (P.23-24). En palabras de Zagrebelsky: “La política se ha restringido, la oligarquía no. Política restringida significa, en este caso, que tiende a hacerse un todo único, a reducirse a la no distinción para ser más funcional al equilibrio (externo) de los poderes oligárquicos” (P.33)

Y siguiendo con este autor, para quien la tendencia de la oligarquía es a “encerrarse sobre sí misma”, el “resorte” de la oligarquía es la “autoconservación mediante cooptaciones como autodefensa. En el sistema político actual ¿quién puede imaginar que avanza, que recorre los peldaños que llevan al vértice del poder? El que es cooptado. Y ¿quién es cooptable? El que puede ser chantajeado, o incluso mejor si a su vez tiene instrumentos para chantajear, como se ha dicho con una formula cínica y también veraz. Esto significa formar parte de una telaraña que te envuelve y te hace compatible o funcional con el mantenimiento del equilibrio. Esto es lo que califica un régimen como oligárquico” (P.38).

 En las últimas décadas, el país ha transitado de un modelo oligárquico bipartidista a uno pluripartidista, que ha encontrado un aliado estratégico en los nuevos partidos religiosos fundamentalistas. Es la convergencia entre el fundamentalismo secular economicista y el religioso, ambos portadores de una seudoteología de la prosperidad que sacraliza al mercado y legitima a la oligarquía neoliberal.

La celebración del Bicentenario de vida republicana es una valiosa oportunidad para develar el rostro oligárquico de nuestra democracia, y no convertir esta celebración en un simple saludo a la bandera. Más aún, dar muestras de que todavía tenemos reservas de espíritu y dignidad patrióticas para propiciar una democracia inclusiva, como lo consigna el Artículo 1 de nuestra Constitución, restaurando los derechos, tantas veces conculcados y violentados, a los ciudadanos y ciudadanas de los pueblos originarios, así como propiciando trabajo, educación y seguridad social de calidad para todo el pueblo.

Una oportunidad que deberá ser aprovechada para reafirmar nuestro talante democrático, que ha venido a menos al socavarse valores e instituciones sociales fundamentales en las últimas cuatro décadas, debido al impulso que se ha dado al proyecto oligárquico neoliberal dominante por parte del bipartidismo tradicional y el pluripartidismo actual.

 

Imagen: https://www.youtube.com/watch?v=RKPvU6UZueA

Solicitud al presidente de la República Carlos Alvarado Quesada y a la Fracción Legislativa del Partido Acción Ciudadana

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Los riesgos de lesionar el principio constitucional de la Autonomía Universitaria

Costa Rica y el mundo en general, son escenario del avance de corrientes de pensamiento conservadoras que han permeado la economía, la política, la ciencia y la cultura. Los avances del pensamiento retrogrado en momentos de crisis sanitaria, económica, financiera y ambiental afectan como un todo el Estado social de derecho, y, de modo particular, a las universidades públicas. Es desde esta óptica que debemos valorar el riesgo que se cierne sobre la Autonomía Universitaria en el proyecto de ley 21.336, Ley marco de Empleo Público.

La Constitución de 1949, en el artículo 84, recoge una de las reivindicaciones más significativas de la modernidad y del pensamiento universal humanista: la independencia de la ciencia, la creación y la cultura, del poder político. Con sabiduría, el texto constitucional, tal y como lo ha señalado la Sala Constitucional (Sentencia No. 001313 de 1993), otorga a las universidades públicas independencia para el desempeño de sus funciones y plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propio.

Transferir decisiones del régimen laboral o de la planificación institucional hacia instancias del Poder Ejecutivo contraviene seriamente esta autonomía y la Constitución Política. El texto de la Ley Marco de Empleo Público es esencialmente fiscalista. Más allá de las partes introductorias de la ley, no hay una preocupación real por el valor público que deben generar las instituciones estatales –razón sustantiva de la reforma del Estado que debe impulsarse, con un amplio diálogo nacional–.

Los nudos del debate dejan ver con claridad la intencionalidad real del texto de ley: reducción del gasto público a través de los salarios como medida para paliar la crisis fiscal, dicen sus promotores y propagandistas. Sin embargo, poco o nada interesa en el debate legislativo la calidad del trabajo público, la pertinencia de los procesos de trabajo, productos o resultados institucionales, el reto de la multidimensionalidad y articulación territorial de la gestión pública. Todos ellos temas sustantivos en la calidad de la gestión del trabajo humano en el seno del Estado.

No obstante, igual o mayor esfuerzo ponen en ocultar que la crisis fiscal obedece a la baja recaudación de impuestos del país, a contar con una de las deudas más caras del mundo, a la porosidad tributaria que permite la elusión y la evasión fiscal, el contrabando y la expatriación de riqueza generada nacionalmente hacia paraísos fiscales u oculta a través de entramados jurídicos locales e internacionales.

Las mismas fuerzas que hoy atizan los prejuicios contra las universidades públicas y los universitarios, a través de información distorsionada o parcial, cierran trincheras y hacen uso de su capacidad de presión y de amenaza para oponerse a cualquier avance en la ruta de una mayor progresividad y transparencia tributaria.

Es real el riesgo de avanzar en una ruta nefasta, en un entorno y en un momento de posicionamiento de actores y mensajes que satanizan lo público, el disenso y el avance en los derechos de las personas. Surge la amenaza de que a “pellizquitos inconstitucionales” en cadena, estas fuerzas del conservadurismo y la privatización vayan debilitando conquistas logradas en el campo de las políticas públicas que hoy, todavía nos permiten mostrarnos como una nación diferente, pese a la galopante desigualdad.

La autonomía universitaria que ha garantizado la libertad de pensamiento y el avance del conocimiento en función de las transformaciones que demanda nuestra sociedad, es una de las columnas vertebrales de nuestra democracia. La defensa de la autonomía universitaria es consecuente también con profundizar los esfuerzos que ya se están realizando en las comunidades universitarias para revisar el modelo salarial, ser más eficientes con el uso de recursos públicos y eliminar inequidades y abusos existentes.

Por lo tanto, como personas que hemos estado ligadas de diversas formas al Partido Acción Ciudadana, demandamos a nuestra fracción legislativa y al señor presidente de la República excluir a las universidades públicas del proyecto de Ley Marco de Empleo Público.

Olga Marta Sánchez Oviedo
Yamileth González García
Alberto Salom Echeverría
Luis Felipe Arauz Cavallini
Eugenio Trejos Benavides
Alicia Vargas Porras
Elizabeth Fonseca Corrales
Margarita Bolaños Arquín
Grettel Ortiz Álvarez
Olivier Pérez González
Nicolás Murillo Rivas
Fernando Rodríguez Garro
Leda María Zamora Chaves
Gerardo Fumero Paniagua
Cristóbal Granados Mora
Carlos Calvo Pineda
Edgar Gutiérrez Espeleta
Daniel Vartanian Alarcón
Jeannette Cordero Gamboa
Emilia Molina Cruz
Henry Mora Jiménez
Patricia Salgado Muñoz
Javier Cambronero Arguedas
Sarah Salazar Bonilla
Melvin Jiménez Marín
Ana Cristina Briceño Lobo
Eduardo Enrique Solís Portuguez
María Antonieta Camacho Soto
Fabián Solano Fernández
Yanina Soto Vargas
Janina Montero Cabezas

Detractores de la autonomía municipal

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Manuel Hernández

En materia de autonomía municipal, el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público significa viajar en el túnel del tiempo, devolviéndonos más de 70 años atrás, a los lejanos debates de la Asamblea Constituyente, de 1949, en el siglo pasado.

¿Quién lo hubiera creído, a estas alturas de la modernidad del Siglo XXI?

En uno de los debates encendidos de la Constituyente, un diputado afirmó:

“Se debe desligar a las municipalidades-como cuerpos elegidos por el pueblo- de las influencias del Poder Ejecutivo.”

Otro diputado constituyente enfatizó:

“Si se desea realmente otorgar a las municipalidades plena autonomía, deben desligarse del Poder Ejecutivo.”

El mal llamado proyecto de empleo público, por contrario, aspira que el Poder Ejecutivo dirija y controle el régimen autonómico municipal, implicando un retroceso antidemocrático y una deplorable afrenta contra la Constitución Política.

El proyecto derrumba la Constitución, porque las municipales van a ser simples despachos administrativos de la autocrática MIDEPLAN o la DGSC.

Esto tiene muy graves repercusiones políticas contra la autonomía de los gobiernos locales.

Menos democracia territorial y más concentración de poder en manos del Gobierno.

¡Un Leviatán inconstitucional!

Se deben estar revolcando en sus tumbas los constituyentes socialdemócratas que defendieron la autonomía municipal, maldiciendo a sus detractores del PLN.