Cuando las condiciones políticas no se prestan para llevar a cabo acciones con las que se pretenden romper paradigmas, es muy complicado para quienes tienen esas pretensiones. Eso está sucediendo muy a menudo en nuestro país porque precisamente las condiciones políticas son adversas al gobierno de turno, ya que no tiene un respaldo vigoroso y consecuente en la Asamblea Legislativa, y en el Poder Judicial dejó sembrada la semilla de la discordia tan solo al inicio del mandato, y por ello, al menos es lo que se intuye, resoluciones en contra de los intereses del poder ejecutivo, sea presidente o ministros.
Es así como, en esta legislatura y en este periodo de sesiones extraordinarias, en el cual el Poder Ejecutivo establece su agenda, no hay mucho avance en los proyectos enviados para su aprobación y posiblemente así será en los próximos años.
Es una situación complicada porque al final quien sigue viendo la afectación es el pueblo mismo.
La debilidad del gobierno central, Poder Ejecutivo, en cuanto a pretensiones de avances en proyectos de su interés es notoria, por la falta de apoyo en las bancadas legislativas, incluso en la oficialista en algunos casos, pero también por la falta de inteligencia emocional a la hora de entablar posibilidades de diálogo para encontrar consenso y lograr ese apoyo que se necesita.
Algunos, ante esas circunstancias de poco avance en lo legislativo y por ende en el desarrollo en muchas áreas del país, comparan la situación con lo que sucede en otros países en donde lo que el Ejecutivo desea se logra fácilmente en lo legislativo y judicial, sin embargo, la comparación no es válida dada las diferencias abismales en cuanto a la forma en que se ha logrado ese consenso en esos países.
Lo que es posible lograr aquí es que haya más humildad en las posiciones del Ejecutivo y mucho más diálogo sincero y transparente para lograr convencer y tender puentes y no seguir abriendo heridas y causando distanciamientos que, al final, lo único que logran son mayor oposición y mayor resentimiento.
Dios quiera que las posiciones cambien y se logren más acuerdos consensuados para bien del país.
El colectivo Mujeres por Costa Rica se manifiesta en contra del proyecto 23.380 “Ley reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior” (FEES)
El proyecto del Gobierno de Costa Rica de una “Ley Reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior” y las afirmaciones, que a menudo se escuchan por parte de sus funcionarios, sobre estas instituciones, constituyen una de las mayores agresiones de un Gobierno de la República y, evidencian un desconocimiento, impropio del Poder Ejecutivo, sobre su función fundamental.
El proyecto inicia con una conceptualización pobre, y peor aún, equivocada de lo que son las universidades públicas; se desconocen profundamente sus características y la esencia de lo que es una universidad. Cuando señala que “El financiamiento de la educación en Costa Rica no se ha puesto en duda a lo largo de décadas”, es claro que se omite que durante las décadas de 1980 y 1990, ese financiamiento se vio severamente disminuido. En esos años el FEES pasó del 1,15% del PIB al 0,79%, con las consecuencias negativas que muchas personas conocen. La educación no debe entenderse como un gasto, es una inversión: se invierte para generar conocimientos, formar profesionales y técnicos capaces de enfrentar los desafíos de la sociedad costarricense.
Las universidades públicas no son simples casas de enseñanza, formadoras de profesionales, como se deduce del proyecto; son instituciones que generan la mayor parte de la investigación en ciencia, tecnología y las diversas ramas del conocimiento e invierten el 70% de los recursos nacionales para esos fines; en los campus universitarios se encuentra el 72% de institutos y centros de investigación y trabaja el 83% de los investigadores del país. Ese aporte a la sociedad costarricense se hace gracias al FEES y a los recursos propios que generan las universidades mediante proyectos con instancias públicas o privadas, nacionales o extranjeras. La mayor parte de los proyectos se dirigen a sectores sociales productivos específicos, favoreciendo el desarrollo social. Además, es conocido que existe una profunda imbricación entre el quehacer universitario y la sociedad.
No es cierto, como equivocadamente se presenta en el proyecto 23.380, que los presupuestos universitarios se destinan, fundamentalmente, a financiar generosas anualidades y privilegios. En general los salarios universitarios están acordes o por debajo del resto de la administración pública y varios de los aumentos, que inciden en el balance presupuestario, han respondido a disposiciones o resoluciones de tribunales nacionales, como es el caso, de los profesionales del sector salud, en la UCR, en donde un fallo de la Sala Segunda de la Corte de Justicia (10/10/2007), obligó, al acatamiento de la Ley de Incentivo Médicos.
En cuanto a su estudiantado, los presupuestos universitarios han permitido ofrecer una educación de calidad a jóvenes provenientes de 81 cantones del país, un 79% de su totalidad son jóvenes que salieron de colegios públicos o subvencionados y un 21% de colegios privados. De esta forma, nadie que tenga las condiciones académicas ha dejado de estudiar por falta de recursos, debido al robusto sistema de becas que existe; se ha aprovechado el talento rural y urbano, lo que ha permitido que jóvenes que viven bajo el nivel de pobreza tengan la posibilidad de estudiar.
Cuando, además, se señala que las universidades no están cumpliendo a cabalidad su misión porque no están formando los recursos profesionales que requiere el mercado, surge la necesaria pregunta: ¿qué es esa concepción de universidad, que la reduce, exclusivamente, a formar profesionales, principalmente, para la empresa privada y su interés mercantil?. La visión que prevalece en el documento está dirigida a dar prioridad a las carreras que demanda la empresa privada, entonces ¿dónde queda el concepto, tan necesario en tiempos presentes, de un desarrollo integral? ¿Adónde van a dar las carreras de ciencias sociales, del arte y las humanidades?. Esas son, precisamente, las humanidades, las que desarrollan en sus graduados, las destrezas relacionadas con el liderazgo, la creatividad, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo, la convivencia que tanto han influido en la idiosincrasia nacional, en fin, con una calidad superior para el servicio social.
No es de recibo la falaz afirmación de que en la educación superior pública se camina sin controles y que las universidades viven exoneradas del cumplimiento de las leyes de la República; por el contrario, siempre se han ajustado a todos los controles de la Contraloría General de la República (presupuestos, refrendo de contratos, etc.), de los mismos organismos de control internos, de los Tribunales de Justicia y de toda la legislación nacional pertinente.
No es admisible, tampoco, una propuesta que irrespeta los procedimientos universitarios en temas diversos, como son la asignación o distribución de los recursos, la regionalización, etc. y, menos aún, que órganos de la coordinación institucional de las universidades sean eliminados o despojados de sus atribuciones en aras de un control total del Poder Ejecutivo. Contrario a lo que se señala, en el proyecto 23.380, las universidades siempre han contado con una instancia de coordinación de la educación superior (CONARE), que quinquenalmente ha elaborado planes de desarrollo universitario (PLANES) y hay un fondo especial denominado FEES. Resulta inaceptable pensar que la educación superior pueda estar administrada, con intereses politiqueros, como se propone en el artículo 4, por cuatro ministros de gobierno o sus representantes, encargados de desarrollar el Plan de la Educación Superior y de promover, fiscalizar y evaluar el FEES.
Un planteamiento gubernamental, que viola la autonomía de las universidades es inadmisible. La Constitución de 1949, fue muy clara y es contundente en ese principio, al darle a la universidad, “independencia para el desempeño de sus funciones y plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propio”. El Estado tiene un compromiso y una obligación con el desarrollo nacional y esto incluye, el respeto de la autonomía universitaria y el adecuado financiamiento de las universidades, como lo señala la Constitución Política.
Por todo lo anterior, la defensa frente a un proyecto que atenta contra los derechos de las universidades se impone, de manera necesaria y urgente; así como ante cualquier otra legislación que vaya en contra de estas instituciones.
Hay que tomar decisiones sobre el rumbo del país, que estas decisiones conllevan, requerimos, pensar principalmente en caminar hacia la sociedad del conocimiento y la información y, en el papel vital de la educación superior pública para un desarrollo compatible con las riquezas naturales que tiene nuestro país. La discusión que se enfrenta en el presente no es solamente técnica o financiera, es política y debe enmarcarse en términos de un desarrollo nacional sostenible, equilibrado, equitativo e inclusivo; justo y acorde con los derechos de solidaridad.
El Colectivo Mujeres por Costa Rica insta a la comunidad nacional a luchar, hoy más que nunca, por defender la perspectiva de que la educación superior sea de calidad, que sea una opción viable y acorde al desarrollo integral de las comunidades, las familias y las personas, y que mantenga su concepción de bien social y no se instrumentalice al servicio de intereses particulares, sino que signifique una oportunidad de movilidad social y una estrategia para lograr equidad y evitar las desigualdades, siendo generadora de identidad cultural.
Por el colectivo Mujeres por Costa Rica Dra. Yamileth González García Dra. Yolanda Rojas Rodríguez Dra. Alicia Eugenia Vargas Porras Dra. Lupita Chaves Salas Dra. Nora Garita Bonilla Bach. Erika Henchoz Castro Dra. Virginia Ramírez Cascante M.Sc. Sandra Cartín Herrera Licda. Arabella Salaverry Pardo, Premio Magón 2021 Licda.Vera Victoria Sancho Mora Dra. Elizabeth Fonseca Corrales Dra. Margarita Bolaños Arquín Arq. Eugenia Solís Umaña Licda. Martha Lorena Moreno Herrera Licda. Josefina Pujol Mesalles Dra. Eiliana Montero Rojas
ANEP califica de “irrespetuosas e intolerantes” las declaraciones del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, quien en conferencia de prensa manifestó que, en el contexto del diálogo nacional que pretende convocar el Poder Ejecutivo para reformar la Ley Marco de Empleo Público, existen ciertos sindicatos “chiquiticos pero muy escandalosos” que quieren “meter goles”, los cuales, según el mandatario, “han convencido a municipalidades y a otros”.
Albino Vargas Barrantes, secretario general de ANEP, indicó que los calificativos hacían referencia directa a la organización que él representa y de la cual sus miembros sienten mucho orgullo, pues la ANEP cuenta con 65 años de lucha social y sindical. Walter Quesada Fernández, secretario adjunto de ANEP expresó que, en realidad, el presidente Rodrigo Chaves se dio cuenta de que esta ley “va a zozobrar, no tiene posibilidad” y que va a generar muchos problemas para el Gobierno.
Por otra parte, Rafael Mora Solado, asesor político de ANEP, no solamente reprochó el irrespeto del presidente Chaves, sino que, además, aseguró que al intentar desconocer a ANEP, demuestra su ignorancia ante la realidad de Costa Rica, al hecho de que la organización esté presente en todo el sector municipal del país y a que cuenta también con representación en el sector privado. Mora indicó, además, que la incomodidad de Chaves se debe a la reciente inconstitucionalidad presentada por esta organización en contra de la Ley Marco de Empleo Público y calificó de “imposición” y de “acallamiento de la lucha social” dicho llamado a una mesa de diálogo por parte del Ejecutivo.
Albino Vargas finalizó expresando que analizarán la propuesta de diálogo, pero, ante el “irrespeto e intolerancia” del presidente Chaves, muchos de sus representados estarán pensando si vale la pena “meterse en esa aventura”.
Si desea ver las declaraciones completas de los representantes de ANEP, puede visitar el siguiente enlace:
Prisma Latinoamérica compartió un vídeo en su página de Facebook titulado: “El fraude del no se habla en Costa Rica”, acerca del fondo para las pensiones de los docentes. En él, se expone lo siguiente: los docentes costarricenses cotizaron entre 1958 y 1992 para crear un fondo que atendiera sus pensiones, sin embargo, el Estado malversó esos recursos en actividades ajenas por ley, y no aportó a los fondos de los docentes como dicta la ley.
Para cubrir con esta obligación, se creó el Régimen Temporal de Reparto, como si este fuera un fondo de gracia, y no como corresponde ante una indemnización por el daño causado por el desvío ilegal e inconstitucional de los fondos de la pensión de los docentes.
A pesar de ser víctima del desvío ilegal de los fondos por parte del Poder Ejecutivo y con la ayuda del Poder Legislativo y la Contraloría General de la República, los docentes de este régimen son tratados o acusados como los responsables de que no existan recursos para las demás pensiones.
La Ley Marco de Empleo Público, N° 10.159, estableció una vacatio legis de doce meses, la cual entrará en vigor el próximo 10 de marzo.
A pocos días del banderazo de salida, a pesar del tiempo transcurrido desde que se promulgó, el pronóstico de su esperado estreno no es, para nada, muy alentador.
La cuestión, en buena parte, obedece a que la ley, de significativa complejidad, comprende varios subsistemas de la relación de empleo público (planificación del empleo, organización del trabajo, gestión del empleo, gestión del desarrollo, desempeño, compensación, evaluación de desempeño y otros), que no fueron bien pensados por el legislador, cuya implementación, a partir del próximo mes, no es nada fácil.
Y si no es así, que lo diga MIDEPLAN, que prácticamente se reservó hasta el final consultar el proyecto de reglamento de dicha ley, una consulta de mero trámite, sólo para cumplir un ritualismo legal, que resultó un desafortunado fiasco jurídico.
A lo anterior, se suman deficiencias de redacción y falencias técnicas que contiene la ley, producto del atropellado proceso legislativo que sufrió, que desdeñó los criterios técnicos y expertos, entre ellos el Memorando del Departamento de Normas Internacionales y Gobernanza de OIT.
Como si lo anterior no fuera poco, el proyecto fue objeto de varias inopinadas enmiendas, que reflejan, como dice Montesquieu, “las pasiones y los prejuicios del legislador”, las pasiones contra el Estado Social y Democrático y los prejuicios contra las personas servidoras públicas; la cual finalmente fue remendada, “técnicamente” chapuceada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, engendrando, en definitiva, la impresentable Ley Frankenstein, cuyo cronómetro ya está en cuenta regresiva.
I.- Razones imperiosas que justifican la posposición de la vigencia de la ley
A la vuelta de la esquina de su anunciada vigencia, puede sostenerse, por diferentes y poderosas razones, que resulta inviable, altamente riesgosa e inconveniente su aplicación, a partir de aquella inminente fecha:
1.- En primer lugar, lo menos que podía haber ordenado la desatinada propuesta de reglamento, consultada por el Poder Ejecutivo, fue precisar, delimitar los alcances y aclarar las tantas normas oscuras que abundan en la ley.
Un reglamento ejecutivo es una norma secundaria, subordinada a la ley (secundum legem), cuyo objetivo es desarrollar, delimitar, precisar y aclarar los preceptos de una ley, particularmente los que implican el ejercicio de potestades discrecionales de la Administración, con la finalidad de procurar una aplicación certera y ordenada de la misma.
No obstante, el proyecto consultado fue cuestionado por diferentes instituciones, y no solo por los sindicatos, entre las cuales destacan la Procuraduría General de la República, la Contraloría General de la República, la Corte Suprema de Justicia, solo por citar algunas entidades públicas.
En términos generales, las opiniones o informes rendidos por estas instituciones, coinciden en que las normas del proyecto de reglamento están viciadas de deficiencias, oscuridades, ambigüedades, desprovistas de la más elemental técnica jurídica.
Además, concuerdan que varias normas se extralimitaron, desbordando el ejercicio de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo.
Amerita destacar que esos informes contienen cuestionamientos muy serios acerca de dos temas muy relevantes: el salario global y el congelamiento de las remuneraciones de las personas servidoras públicas.
No hay duda que el salario global es el producto estrella de la ley. No obstante, el salario global es el producto más oscuro y misterioso de la ley, que se limitó a establecer sus presupuestos y parámetros muy generales, delegando al reglamento su construcción normativa.
Lo mínimamente esperable era que el reglamento desarrollara los presupuestos de ley y precisara la metodología para la construcción de las familias y las escalas salarias globales, que quedarán sometidas a la gobernanza total y totalitaria de MIDEPLAN.
Por contrario, el proyecto de reglamento, deja este asunto, y otros no menos importantes, en el limbo, “a mitad del camino, entre la nada y el olvido”, como dijo el productor de cine Clint Eastwood.
Es insólito, que a tan pocos días que empiece a regir la ley, las nuevas y radicales reglas de juego, que no son poca cosa, particularmente en materia de salario global, estén todavía en las tinieblas.
2.- Varias normas de la ley requieren una plataforma tecnológica que permita su instrumentación. Por ejemplo, la operacionalización de la plataforma integrada de empleo público (artículo 12).
Esta plataforma, a la fecha, ni siquiera está diseñada.
3.- La rectoría de la gestión del empleo público que se le cometió a MIDEPLAN, violentando el principio de separación de poderes y las autonomías constitucionales, por lo visto, le quedó muy grande.
La asunción de la rectoría del empleo público requiere instancias de dirección, coordinación y articulación con las entidades que van a quedar a merced del tutelaje político y normativo de MIDEPLAN.
Los mecanismos de dirección y coordinación interorgánica tampoco han sido implementados, para asegurarse que la entrada de vigencia de la ley vaya a ser ordenada y no produzca un colapso administrativo, que hasta podría significar una alteración en la normalidad y continuidad de la prestación de los servicios públicos.
Estas instancias de dirección, coordinación y planificación están a la deriva.
4.- Por otra parte, dado los cambios institucionales y radicales que produce la ley y las afectaciones que causarán en la relación de empleo de las y los servidores públicos, es absolutamente necesario, por un lado, que las instituciones cuya dirección política asumirá MIDEPLAN, dispongan de las herramientas normativas y técnicas adecuadas para realizar esos ajustes, y por otro lado, que las personas servidoras públicas tengan pleno conocimiento de las implicaciones que en sus condiciones de trabajo y derechos laborales producirá la aplicación de la ley emergente, particularmente tratándose de sus derechos adquiridos, entre ellos, el régimen de sus remuneraciones.
Los trabajadores tienen el inapelable derecho de conocer, literalmente con absoluta certeza y total transparencia estas implicaciones, en el ámbito de cada una de las instituciones en las que se aplicará la ley.
Esas herramientas no están construidas y la información a las personas trabajadoras de los cambios que se aplicarán, a partir de tan pocos días, brillan notablemente por su ausencia.
II.- Desgobierno, caos institucional, inseguridad jurídica y aumento de la conflictividad laboral
Con fundamento en las anteriores consideraciones, se puede sostener que, desde el punto de vista 1) normativo, 2) tecnológico, 3) institucional y 4) administrativo, por decir los más relevantes, la aplicación de la ley, a partir del 10 de marzo, será un ejercicio abortado, una ley fallida, con consecuencias predecibles, que podrían ser catastróficas.
La ley (en sentido material) constituye una manifestación jurídica de la democracia, expresión de la voluntad popular.
En tanto que expresión de la voluntad popular, la ley requiere necesariamente que ostente legitimidad democrática.
La legitimidad democrática de una ley exige que en su proceso de tramitación, aprobación, reglamentación y ejecución, los actores sociales hayan tenido una oportuna y efectiva participación.
Pero la legitimidad democrática no es solo un asunto de procedimiento legislativo, es una cuestión sustantiva, que además, de la publicación de la ley, demanda que la ley sea transparente y los ciudadanos tengan total certeza acerca del contenido y alcance de sus normas.
En el Estado de Derecho la seguridad jurídica es un presupuesto del ordenamiento jurídico, es certeza del Derecho, que garantiza que sus destinarios conozcan, por los medios adecuados y con suficiente antelación, las normas futuras que regularán sus comportamientos sociales y las consecuencias resultantes.
La transparencia de la ley es un presupuesto de la certeza del Derecho.
Por contrario a este principio del Estado de Derecho, la Ley Marco de Empleo Público carece de legitimidad democrática, no solo porque se tramitó de manera acelerada y arbitraria, aguijoneada por la presión de la OCDE y el FMI, que dejó en total interdicción la participación de los actores sociales, principalmente los sindicatos, sino, también, porque, a muy pocos días de su vigencia, su aplicación exuda opacidad, falta de certeza y transparencia, ignorando las personas servidoras públicas, a estas alturas, los alcances de las nuevas reglas y los efectos jurídicos que producirán en el ámbito de su relación de empleo y condiciones laborales.
La seguridad jurídica es un valor y un principio del Estado de Derecho, una garantía democrática de la correcta aplicación de las leyes, que está siendo vulnerada de manera evidente y manifiesta.
Las y los servidores públicos tampoco están obligados a soportar tanto sacrificio.
Además, en este escenario tan incierto, la entrada en vigencia de la ley, será fuente inevitable de conflictos, por una parte, entre las instituciones gobernadas y el supra Ministerio rector, y por otra parte, una fuente de aumento de la conflictividad laboral, que son efectos indeseados, que nadie razonablemente desearía que ocurran.
III.- Una ley inasumible cuya vigencia debe necesariamente posponerse
Así las cosas, la aplicación de dicha ley, a partir del 10 de marzo, sólo producirá caos institucional, desorden administrativo, totalmente inconveniente, en detrimento del interés público, y además, absoluta incertidumbre, en menoscabo del principio de seguridad jurídica.
La Ley Frankenstein es inviable, inasumible, por lo que en estas circunstancias, si todavía queda algún respeto por las reglas del sistema democrático, debería imperar la razonabilidad política y la prudencia legislativa, y en consecuencia, debe posponerse, por un plazo adecuado y razonable, la fecha de su entrada en vigencia, para no dejar el país al borde del precipicio y salvaguardarlo de semejante riesgo político, legal y crisis institucional.
Recordemos la ley de Pudder: lo que mal empieza, mal acaba.
Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) incluyeron el martes pasado a Costa Rica en la lista de países no cooperantes en materia fiscal. La decisión fue tomada en Bruselas, Bélgica, sede de la UE. Una decisión que tomaron en virtud de que Costa Rica no cumplió con compromisos adquiridos ante la Unión Europea. Una situación vergonzosa y preocupante, máxime que desde hace años ya se había advertido sobre esa posibilidad. Incluso, el actual presidente fue informado cuando fue ministro de Hacienda.
Hoy, las autoridades pasadas y las actuales se culpan unos a otros, pero lo cierto es que pese a esas advertencias no se hizo nada. Esto nos refleja de cuerpo entero como país que no se ocupa de lo importante.
La principal observación que se nos hace es que la legislación costarricense exonera a las personas físicas y jurídicas por las ganancias que obtengan en el exterior, cuando hacen inversiones pasivas que son aquellas en las que la persona no participa activamente en la actividad, por ejemplo, una compra de un título valor, o la compra de acciones empresariales que produzcan dividendos.
La UE considera que Costa Rica tiene un sistema tributario carente de transparencia, en el que facilita la doble no imposición a rentas pasivas. Es decir, permite que personas no paguen impuestos por ganancias ni en un país ni en otro.
Esta situación nos perjudica como país en cuanto a la reputación en materia fiscal y nos acerca mucho a ese concepto internacional de ser un “paraíso fiscal”. También nos afecta en cuanto a inversiones extranjeras y a la credibilidad internacional.
Contrario a lo que sucedió con Costa Rica, esa misma comisión reconoció que Uruguay logró cumplir con el compromiso adquirido y por ello salió de esa lista.
Esa lista se revisa cada seis meses, así que tenemos ese tiempo para corregir esa legislación y hacer lo propio para que demos un paso adelante y salgamos de esa vergonzosa lista. Eso implicará actuar con patriotismo y no pensando en intereses particulares. Si no lo hacemos en estos seis meses nos deterioremos en nuestra imagen y seguiremos en ese “nadadito de perro”, sin tomar las decisiones que son urgentes y necesarias.
Dios quiera que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo dejen de “jugar chapitas” y asuman con responsabilidad las obligaciones que les corresponden.
SURCOS comparte la siguiente carta enviada por el presidente de la CMTC, Olman Chinchilla Hernández, al Consejo de Gobierno;
CMTC-026-2022
13 de diciembre de 2022
Magister Yara Jiménez Fallas, SECRETARÍA CONSEJO DE GOBIERNO. República de Costa Rica.
Asunto: POSICION DE CMTC RELATIVO DE OFICIO PR-SCG-CERT.00006-2022.
Sirva recibir cordial y atento saludo. Por su digno medio, solicitamos este pronunciamiento sea conocido en pleno Consejo de Gobierno.
Es de conocimiento público que mediante memorial Número PR-SCG-CERT-00006-2022, procede el Consejo de Gobierno en toma de acuerdo para iniciar y dar Apertura de Procedimiento Ordinario Administrativo con separación de cinco miembros integrantes del actual Directorio en Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Constitucionalmente la Caja Costarricense de Seguro Social es una institución pública revestida de Autonomía especial, regida por su propia Ley Orgánica (Ley 17) que en ordenamiento jurídico debe ser respetada en todos sus alcances.
Preocupa a nuestra Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses y sus agrupaciones afiliadas, la trata de que el Consejo de Gobierno y el mismo Gobierno Central de La República han propiciado contra la armonía, sostenibilidad y libertades institucionales que debe gozar la CCSS.
Desde luego, debe prevalecer el orden institucional y prioritariamente la institucionalidad de CCSS y sus regímenes a cargo.
El pueblo costarricense, sus asegurados y beneficiarios no podemos ver los razonamientos esgrimidos en el alcance del oficio de marras, que vienen a separar directores y dejar a la deriva el conjunto de acciones de previsión sanitaria que la Caja nos debe garantizar.
No hemos observado en ese extenso documento acto preventivo ni responsable de parte del Consejo de Gobierno sobre esa necesaria buena marcha institucional, dado que la deja en Estado de Indefensión y acéfala de la toma de decisiones y sus resolutivas como corresponde en su cometido institucional.
Tenemos muy claro el papel predominante de los alcances en derecho que le corresponden al Gobierno Central, no obstante, extralimitar sus facultades y potestades con intromisión hacia las representaciones Patronales y Laborales no le son de competencia, ya que por principios legitimados su representatividad es sectorial y tutelados por la propia Ley Orgánica de CCSS. Adolece también el acuerdo del Consejo de Gobierno, previsión sustitutiva de obtener base fundamentada la Separación de esos cinco integrantes ya dados a conocer. NO PUEDE DEJARSE EN ESTADO DE INDEFENSION A LA CAJA COMO TAMPOCO A NUESTRO PUEBLO ASEGURADO Y BENEFICIARIO DEL CONJUNTO DE ACCIONES QUE VELAN NUESTRA SALUD Y BIENESTAR.
Dicho lo anterior, enfatizamos que, el acuerdo asumido en Consejo de Gobierno, no es buena señal ni de grato recibo, por cuanto, riñe, violenta y atropella el Marco Normativo y de la misma legitimidad jurídica, conforme fuente instrumental respectiva, sea la Constitución Política de La República de Costa Rica (art. Numeral 147, inciso 4), que solo tiene incidencia el Consejo de Gobierno y Gobierno Central en sus representantes acreditados y no así en los representantes de sectores Patronal ni Laboral, conforme artículo 6, 7 y 8 de la Ley No.17.
Por lo tanto, a nombre de la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC) reciban total censura e indignación por la actual trata de intromisión odiosa y lesiva contra la institucionalidad y de los graves perjuicios contra la Caja Costarricense de Seguro Social.
Agradecemos de antemano su colaboración y gestión.
Atentamente Olman Chinchilla Hernández Presidente CMTC
C.c. Señor Rodrigo Chaves Robles, Presidente de La República de Costa Rica. Jefaturas de Fracciones Parlamentarias – Asamblea Legislativa CR. Defensoría de los Habitantes. Medios de Comunicación Masiva. Comité Ejecutivo Nacional CMTC. Archivo.
La división de poderes ha funcionado en sociedades en que la ciudadanía es un estatus jurídico universal amparado a un régimen de libertades y derechos.
Por Miguel Sobrado* 20 de noviembre 2022
La exclusión de las mayorías, especialmente afrodescendientes, los de origen indígena y pobres en general, junto con el centralismo institucional, sigue siendo una característica en nuestro continente.
La república, como sistema político, presupone un equilibrio de pesos y contrapesos entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que cimenta las democracias. Esta división ha funcionado en sociedades en que la ciudadanía es un estatus jurídico universal amparado a un régimen de libertades y derechos.
Son Estados donde existe acceso a la propiedad y oportunidades que favorecen el bienestar, tales como la educación y la salud, condiciones que permiten ascender socialmente y participar en las decisiones, especialmente, locales y regionales.
Estas condiciones conducen no solo al crecimiento social y del capital humano, sino también al progreso económico, y estimulan una mejor distribución del ingreso y amplia participación ciudadana. Esto se evidencia en los países nórdicos y algunas partes de los Estados Unidos. En otras palabras, los pesos y contrapesos operan no solo porque existen formalmente, sino también porque se sustentan en una base social empoderada.
En América Latina, las repúblicas nacieron con los dados cargados, basadas en la exclusión de las mayorías y la desigualdad social, situación no superada en la mayor parte del continente, especialmente para los afrodescendientes de Brasil, el Caribe y sur de los Estados Unidos —que comparten la historia esclavista con América Latina—, quienes fueron los que con trabajo forzado produjeron durante siglos la riqueza y los grandes capitales de estos países.
La situación de los indígenas americanos, sometidos a la servidumbre mediante las encomiendas españolas, no fue mucho mejor, y con su aportación obligada se amasaron también los grandes capitales de México, Centroamérica y sur de la América andina.
La lucha por la independencia y la construcción de repúblicas fue una reivindicación de los hijos de los conquistadores, nacidos en América o criollos, que fueron discriminados por Madrid en favor de los peninsulares. Su lucha solo involucró a las poblaciones indígenas y mezcladas como carne de cañón en las guerras, pero no les abrió acceso a las tierras ni a la educación. La élite criolla, por su parte, mantuvo el sistema centralista heredado de España para su beneficio y cerró las puertas a los desarrollos regionales.
Exclusión persistente
A pesar de los siglos transcurridos y los cambios —más cosméticos que profundos—, la exclusión de las mayorías, especialmente afrodescendientes, los de origen indígena y pobres en general, junto con el centralismo institucional, sigue siendo una característica en nuestro continente. De ahí que, por carecer de una base ciudadana empoderada, no haya existido un soporte social al balance de poderes y nuestras repúblicas hayan renqueado a lo largo de la historia hacia el autoritarismo.
Esto es especialmente grave en la época en que vivimos debido a tres razones: a) la importancia del conocimiento y la educación de calidad para el desarrollo de nuestros países en este siglo; b) el crecimiento del poder del narcotráfico, que se alimenta, entre otros, de la exclusión, en un momento en que los sistemas clientelistas tradicionales se encuentran agotados; y c) la necesidad de preservar y regenerar el medioambiente para mitigar los desastres del cambio climático.
Nuestro problema como latinoamericanos tiene orígenes sistémicos, debe hacérsele frente con soluciones que rompan los círculos viciosos, dirijan parte de los ingresos a una inversión en educación y capacitación modernas que propicien soluciones a través de los movimientos sociales e instituciones renovadas la participación autónoma organizada de los grupos y comunidades.
La medición del impacto de las políticas públicas debe hacerse considerando los resultados tras la incorporación de los excluidos a los procesos educativos y la capacitación organizacional que impulse su integración a la vida nacional y local.
Estos resultados son los que interesan, y son el mejor indicador de que se están creando fundamentos sólidos para la construcción de una república moderna y para el ejercicio de las libertades democráticas.
Brasil
Lula, en Brasil, en sus gobiernos anteriores, creó 29 universidades federales para brindar oportunidades a los excluidos y contribuir de esta manera también a mitigar la explosión social, en una realidad convulsa. Aunque no fue suficiente, pues dejó por fuera a quienes perdieron la oportunidad educativa básica, fue un paso en la dirección correcta.
En su nuevo gobierno, sería conveniente que aproveche la capacitación masiva llevada a cabo por Clodomir Santos de Morais, a quien premió por su trabajo en la lucha contra la pobreza, como uno de los ejes de la política de inclusión.
La experiencia fue aprovechada por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra para formar cooperativas y comunidades, y ha sido exitosa durante las últimas décadas en tres continentes. Debe valorarse, más allá de la formación de empresas, que es en lo que ponen énfasis los tecnócratas, el poder de organización ciudadana y su aportación a mediano plazo a la creación de una base social de gestión democrática.
Debemos recordar que el narcotráfico, a través del terror y su poder económico, se perfila como una opción real. Al mismo tiempo, crece la amenaza del cambio climático para nuestras naciones y la especie humana.
Difícilmente se podrá lograr un propósito con manifestaciones en contra de los que deben aprobar ese propósito. Cuando la forma es de enfrentamiento y de señalamientos, las respuestas serán, muy posiblemente de la misma manera y quizá con mayor ímpetu, provocando distanciamiento y dejando el camino que se debe transitar en el futuro lleno de escombros y de rupturas que deberán de corregirse y limpiarse pero que costará mucho lograrlo. La violencia engendra violencia.
Lo que ha venido sucediendo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo evidencia una relación poco amistosa y mucho más distante que lo que debería de ser.
Dos resellos en una semana, para establecer como ley de la República dos proyectos que el Poder Ejecutivo consideraba que tenían que aprobarse de manera diferente y modificaciones significativas al proyecto de presupuesto presentado por el ejecutivo y palabras fuertes de unos y de otro, demuestran que las cosas no van por buen camino entre ambos poderes.
Lo que llama la atención es la poca eficiencia en el diálogo por parte de la responsable de que esa relación sea lo más fructífera y sana posible. Me refiero a la ministra de la Presidencia. Ante la presentación del presupuesto el diálogo debe ser de mucha cercanía y apertura para que se comprendan los porqués se presenta de esa forma y se convenza con razones sobre su aprobación y valorar si a través de ese diálogo se vislumbra que las cosas no serán las que se pretenden y tratar de modificar aquello que se pueda para así mantener la puerta abierta para futuras negociaciones.
Hoy, las cosas se han puesto muy difíciles y aún quedan muchos proyectos en el debate legislativo que deben ser discutidos y para ello el poder ejecutivo debe volver a un diálogo abierto y apegado al respeto institucional si desea su aprobación en los términos en que han sido propuestos.
Dios quiera que, por el bien del pueblo y el futuro del país, las aguas vuelvan a su cauce y se den los acercamientos necesarios entre ambos poderes para que se logre la mayor producción de leyes y estas sean de la calidad necesaria para satisfacer las necesidades que hoy tenemos.
Una historia repetida, que sucede en decenas de miles de lugares en Aserrí y el país, durante cada estación lluviosa. Varias décadas de ingobernabilidad y/o de gobiernos con «cochinillas y cochinotas».
Un puente vehicular y peatonal más, único y directo paso de tránsito para todo vehículo y personas que comunica hacia el centro de Salitrillos, con Aserrí centro y San José. La estructura de 1932 (¡¡¡90 años!!!) terminó desplomándose.
Desde entonces, este puente nunca se renovó ni se reforzaron sus bases siquiera.
Situación muchas veces denunciada por este Observatorio Ciudadano del Agua al Municipio de Aserrí desde años atrás.
Se dio la consecuencia lamentable por negligencia. La mayor cuota de responsabilidad de lo sucedido es de las autoridades gubernamentales que escogemos cada cuatro años.
Pero también somos muy responsables todas las personas por convertir ríos y cauces en basureros y hacer alteraciones diarias de la ribera, a gusto de muchos y muchas. Desorden del planeamiento territorial en este y prácticamente todos los municipios del país.
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