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Etiqueta: Poder Ejecutivo

La máscara democrática de la oligarquía

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Hemos retomado, para este artículo, el título de un libro que recoge un diálogo fecundo sobre democracia, oligarquía y populismo (Canfora, Luciano y Zagrebelsky, Gustavo (2020). La máscara democrática de la oligarquía. Un diálogo al cuidado de Geminello Preterossi. Madrid, Editorial Trotta). Un texto valioso y sugerente para el análisis de nuestra coyuntura sociopolítica.

Aunque la conversación está referida a la realidad política europea y particularmente de Italia, sus reflexiones resultan, en muchos aspectos, paradigmáticas. Tal es el planteamiento de arranque de quien modera el diálogo, Preterossi: “Hoy nos encontramos ante una tensión: por una parte la política oficial (y en general la clase dirigente que no es solo la clase política) se muestra cada vez más encerrada en un bunker, asediada, en afanosa búsqueda de soluciones, de mediaciones que no aparecen; por otra parte, otros sujetos, que se sitúan fuera de la política tradicional, tratan de captar y conducir la rabia de una masa sin representación, que no se reconoce en el poder democrático y le acusa de haberse convertido en oligárquico”(P.11).

Sin duda, una “fotografía” para nada ajena a nuestra realidad. La imagen del “bunker” recoge muy bien ese “soliloquio” que se ha venido dando por parte de un Poder Ejecutivo y Legislativo de espaldas al pueblo, y que también resulta consustancial a esa suerte de metamorfosis oligárquica de la democracia.

Efectivamente, ya hace rato el proyecto oligárquico neoliberal se ha venido afianzando en nuestro país, procurando ocultar su rostro con celebraciones como la de los cien años de democracia o con campañas de descalificación de las posiciones críticas y de la protesta social, considerándolas como antidemocráticas y hasta subversivas, incluso criminalizándolas. Algo que con el correr del tiempo le ha significado importantes dividendos políticos, que hoy fructifican en un conjunto de leyes pro-oligárquicas, aprobadas por una Asamblea Legislativa que se precia de ser una de las que más consensos ha logrado para impulsarlas.

El principal ideólogo de esta transformación o “mimetización”, el expresidente Oscar Arias Sánchez, se dio el lujo, sin sonrojo alguno, de traducirla al concepto “dictadura en democracia” con su correspondiente estrategia de “torcer brazos”. También, hoy recoge sus frutos en la gestión de un gobierno portador de sus mismos “genes”, que ha contado con el apoyo de las fracciones mayoritarias de la Asamblea Legislativa.

Efectivamente, a los partidos políticos mayoritarios actuales los unifica el proyecto oligárquico neoliberal, por eso aunque no se puedan homologar sus diferencias no son sustantivas. En este aspecto, es importante el señalamiento de Luciano Canfora: “A nuestros ojos los partidos son isomorfos, variantes de lo mismo que suelen hacerse la guerra. Talvez, incluso creen hacerla, pero en realidad esa guerra no existe porque la disputa se refiere a elementos marginales. Hoy la materia de la política es mínima… el estado de salud de la política en cuanto a lugar de la democracia es bastante deficiente” (P.23-24). En palabras de Zagrebelsky: “La política se ha restringido, la oligarquía no. Política restringida significa, en este caso, que tiende a hacerse un todo único, a reducirse a la no distinción para ser más funcional al equilibrio (externo) de los poderes oligárquicos” (P.33)

Y siguiendo con este autor, para quien la tendencia de la oligarquía es a “encerrarse sobre sí misma”, el “resorte” de la oligarquía es la “autoconservación mediante cooptaciones como autodefensa. En el sistema político actual ¿quién puede imaginar que avanza, que recorre los peldaños que llevan al vértice del poder? El que es cooptado. Y ¿quién es cooptable? El que puede ser chantajeado, o incluso mejor si a su vez tiene instrumentos para chantajear, como se ha dicho con una formula cínica y también veraz. Esto significa formar parte de una telaraña que te envuelve y te hace compatible o funcional con el mantenimiento del equilibrio. Esto es lo que califica un régimen como oligárquico” (P.38).

 En las últimas décadas, el país ha transitado de un modelo oligárquico bipartidista a uno pluripartidista, que ha encontrado un aliado estratégico en los nuevos partidos religiosos fundamentalistas. Es la convergencia entre el fundamentalismo secular economicista y el religioso, ambos portadores de una seudoteología de la prosperidad que sacraliza al mercado y legitima a la oligarquía neoliberal.

La celebración del Bicentenario de vida republicana es una valiosa oportunidad para develar el rostro oligárquico de nuestra democracia, y no convertir esta celebración en un simple saludo a la bandera. Más aún, dar muestras de que todavía tenemos reservas de espíritu y dignidad patrióticas para propiciar una democracia inclusiva, como lo consigna el Artículo 1 de nuestra Constitución, restaurando los derechos, tantas veces conculcados y violentados, a los ciudadanos y ciudadanas de los pueblos originarios, así como propiciando trabajo, educación y seguridad social de calidad para todo el pueblo.

Una oportunidad que deberá ser aprovechada para reafirmar nuestro talante democrático, que ha venido a menos al socavarse valores e instituciones sociales fundamentales en las últimas cuatro décadas, debido al impulso que se ha dado al proyecto oligárquico neoliberal dominante por parte del bipartidismo tradicional y el pluripartidismo actual.

 

Imagen: https://www.youtube.com/watch?v=RKPvU6UZueA

Solicitud al presidente de la República Carlos Alvarado Quesada y a la Fracción Legislativa del Partido Acción Ciudadana

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Los riesgos de lesionar el principio constitucional de la Autonomía Universitaria

Costa Rica y el mundo en general, son escenario del avance de corrientes de pensamiento conservadoras que han permeado la economía, la política, la ciencia y la cultura. Los avances del pensamiento retrogrado en momentos de crisis sanitaria, económica, financiera y ambiental afectan como un todo el Estado social de derecho, y, de modo particular, a las universidades públicas. Es desde esta óptica que debemos valorar el riesgo que se cierne sobre la Autonomía Universitaria en el proyecto de ley 21.336, Ley marco de Empleo Público.

La Constitución de 1949, en el artículo 84, recoge una de las reivindicaciones más significativas de la modernidad y del pensamiento universal humanista: la independencia de la ciencia, la creación y la cultura, del poder político. Con sabiduría, el texto constitucional, tal y como lo ha señalado la Sala Constitucional (Sentencia No. 001313 de 1993), otorga a las universidades públicas independencia para el desempeño de sus funciones y plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propio.

Transferir decisiones del régimen laboral o de la planificación institucional hacia instancias del Poder Ejecutivo contraviene seriamente esta autonomía y la Constitución Política. El texto de la Ley Marco de Empleo Público es esencialmente fiscalista. Más allá de las partes introductorias de la ley, no hay una preocupación real por el valor público que deben generar las instituciones estatales –razón sustantiva de la reforma del Estado que debe impulsarse, con un amplio diálogo nacional–.

Los nudos del debate dejan ver con claridad la intencionalidad real del texto de ley: reducción del gasto público a través de los salarios como medida para paliar la crisis fiscal, dicen sus promotores y propagandistas. Sin embargo, poco o nada interesa en el debate legislativo la calidad del trabajo público, la pertinencia de los procesos de trabajo, productos o resultados institucionales, el reto de la multidimensionalidad y articulación territorial de la gestión pública. Todos ellos temas sustantivos en la calidad de la gestión del trabajo humano en el seno del Estado.

No obstante, igual o mayor esfuerzo ponen en ocultar que la crisis fiscal obedece a la baja recaudación de impuestos del país, a contar con una de las deudas más caras del mundo, a la porosidad tributaria que permite la elusión y la evasión fiscal, el contrabando y la expatriación de riqueza generada nacionalmente hacia paraísos fiscales u oculta a través de entramados jurídicos locales e internacionales.

Las mismas fuerzas que hoy atizan los prejuicios contra las universidades públicas y los universitarios, a través de información distorsionada o parcial, cierran trincheras y hacen uso de su capacidad de presión y de amenaza para oponerse a cualquier avance en la ruta de una mayor progresividad y transparencia tributaria.

Es real el riesgo de avanzar en una ruta nefasta, en un entorno y en un momento de posicionamiento de actores y mensajes que satanizan lo público, el disenso y el avance en los derechos de las personas. Surge la amenaza de que a “pellizquitos inconstitucionales” en cadena, estas fuerzas del conservadurismo y la privatización vayan debilitando conquistas logradas en el campo de las políticas públicas que hoy, todavía nos permiten mostrarnos como una nación diferente, pese a la galopante desigualdad.

La autonomía universitaria que ha garantizado la libertad de pensamiento y el avance del conocimiento en función de las transformaciones que demanda nuestra sociedad, es una de las columnas vertebrales de nuestra democracia. La defensa de la autonomía universitaria es consecuente también con profundizar los esfuerzos que ya se están realizando en las comunidades universitarias para revisar el modelo salarial, ser más eficientes con el uso de recursos públicos y eliminar inequidades y abusos existentes.

Por lo tanto, como personas que hemos estado ligadas de diversas formas al Partido Acción Ciudadana, demandamos a nuestra fracción legislativa y al señor presidente de la República excluir a las universidades públicas del proyecto de Ley Marco de Empleo Público.

Olga Marta Sánchez Oviedo
Yamileth González García
Alberto Salom Echeverría
Luis Felipe Arauz Cavallini
Eugenio Trejos Benavides
Alicia Vargas Porras
Elizabeth Fonseca Corrales
Margarita Bolaños Arquín
Grettel Ortiz Álvarez
Olivier Pérez González
Nicolás Murillo Rivas
Fernando Rodríguez Garro
Leda María Zamora Chaves
Gerardo Fumero Paniagua
Cristóbal Granados Mora
Carlos Calvo Pineda
Edgar Gutiérrez Espeleta
Daniel Vartanian Alarcón
Jeannette Cordero Gamboa
Emilia Molina Cruz
Henry Mora Jiménez
Patricia Salgado Muñoz
Javier Cambronero Arguedas
Sarah Salazar Bonilla
Melvin Jiménez Marín
Ana Cristina Briceño Lobo
Eduardo Enrique Solís Portuguez
María Antonieta Camacho Soto
Fabián Solano Fernández
Yanina Soto Vargas
Janina Montero Cabezas

Detractores de la autonomía municipal

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Manuel Hernández

En materia de autonomía municipal, el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público significa viajar en el túnel del tiempo, devolviéndonos más de 70 años atrás, a los lejanos debates de la Asamblea Constituyente, de 1949, en el siglo pasado.

¿Quién lo hubiera creído, a estas alturas de la modernidad del Siglo XXI?

En uno de los debates encendidos de la Constituyente, un diputado afirmó:

“Se debe desligar a las municipalidades-como cuerpos elegidos por el pueblo- de las influencias del Poder Ejecutivo.”

Otro diputado constituyente enfatizó:

“Si se desea realmente otorgar a las municipalidades plena autonomía, deben desligarse del Poder Ejecutivo.”

El mal llamado proyecto de empleo público, por contrario, aspira que el Poder Ejecutivo dirija y controle el régimen autonómico municipal, implicando un retroceso antidemocrático y una deplorable afrenta contra la Constitución Política.

El proyecto derrumba la Constitución, porque las municipales van a ser simples despachos administrativos de la autocrática MIDEPLAN o la DGSC.

Esto tiene muy graves repercusiones políticas contra la autonomía de los gobiernos locales.

Menos democracia territorial y más concentración de poder en manos del Gobierno.

¡Un Leviatán inconstitucional!

Se deben estar revolcando en sus tumbas los constituyentes socialdemócratas que defendieron la autonomía municipal, maldiciendo a sus detractores del PLN.

Desplazamientos forzados en Costa Rica: pueblos indígenas, usurpación blanca, Estado omiso

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Por Memo Acuña. (Sociólogo y escritor costarricense)

Entre el 28 y 29 de junio de 2014, mientras la mitad del país se entregaba a la euforia de la celebración por el triunfo de su selección de futbol en el Mundial de Brasil, otro tipo de euforia revestida de ira y odio racista circundaba los territorios indígenas ubicados en el sur del país.

Decenas de finqueros, hombres, blancos, armados, la mayoría de ellos con considerables rastros de ingesta de alcohol, arremetieron contra caseríos y personas del territorio Bribri de Salitre, quemaron sus ranchos, les golpearon, amedrentaron y persiguieron hasta perderlos en las montañas.

Días después de estos hechos fui invitado a participar en la Sétima Misión de Observación Independiente del Observatorio de Derechos Humanos para la Autonomía indígena (ODHAIN), en mi condición de director del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional en aquel periodo. Fuimos a observar y verificar nuevos actos de violencia y desplazamiento ocurridos solo una semana después del acontecimiento de junio. Conversamos, observamos, anotamos. Pudimos constatar en el campo las denuncias de los pobladores indígenas, pero ante todo sus temores, sus miedos fundados.

Se producía así un episodio más de una larga escalada, histórica, en que la legitimidad originaria por el derecho a la tierra y sus recursos ha sido recusada una y otra vez por la apropiación, la ocupación, el despojo y la violencia bajo la cual se escudan sectores de población no indígena para hacerse con sus territorios. La mayoría de estos eventos terminan con una expulsión violenta, inmediata y premeditada de las poblaciones indígenas, obligándolas a vivir fuera de los espacios que por ley ancestral les pertenece y sin que el Estado actúe de forma pertinente.

Es esta una dinámica no verbalizada en Costa Rica, como tantos hechos invisibilizados en su historia reciente, tales como las movilidades de población costarricense hacia el extranjero, las violencias contra poblaciones vulnerables y los desplazamientos forzados internos.

Hablar de desplazamientos forzados en una realidad como la costarricense, implica desmontar el mito sobre el cual se han construido discursos igualitarios y homogenizantes. Significa, reconocer la emergencia de un sujeto social con características particulares: des territorializado, despojado y obligado a dejar su lugar de origen y residencia. Al mismo tiempo, orienta miradas acerca de procesos que han experimentado otros países de la región centroamericana y cuyas manifestaciones vienen aumentando en Costa Rica.

Justamente violencia y despojo son dos rasgos distintivos que experimentan las poblaciones indígenas frecuentemente desalojadas de sus territorios. Por ello, entendemos la noción de desplazamiento forzado interno como una dinámica de movilidad causada por factores de expulsión y que merece ser discutida y reflexionada ampliamente en el contexto costarricense.

Por las constantes denuncias de riesgo y peligro que experimentan las poblaciones indígenas en Costa Rica, en particular las situaciones expuestas por los pueblos Teribe y Bribri de Salitre, el Estado fue apercibido con una medida cautelar impuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2015 en la que se le exhortaba a adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de ambos pueblos.

Pese a esta consideración planteada por el organismo internacional, el Estado ha actuado con dilación, lentitud y poca capacidad de respuesta. Entre 2019 y 2020, dos dirigentes indígenas de los territorios fueron asesinados sin que hasta la fecha el sistema judicial haya actuado en consecuencia. En la actualidad, varios dirigentes y líderes indígenas siguen siendo amenazados sin que la institucionalidad judicial costarricense intervenga para su protección.

Desde el año 2020 y en plena coyuntura pandémica, el territorio cabécar de China Kichá ha sido sometido a la continuación de las tensiones producidas por la ocupación-usurpación de personas no indígenas y la recuperación legítima de sus pobladores. Nuevos actos de violencia física y agresiones a personas recuperadoras han sido documentados.

La problemática en este territorio está lejos de resolverse, pese a las acciones de incidencia impulsadas por personas dirigentes, personas recuperadoras y organizaciones sociales y académicas que acompañan a estas poblaciones. Al momento de escribir esta columna se conoció que al menos el Poder Ejecutivo, dadas las presiones de muchos actores involucrados, había emitido la declaratoria de vulnerabilidad social estipulada en la normativa, en el caso de un inminente desalojo en Yuwi Senaglö, perteneciente a este territorio.

Es preciso que la comunidad internacional se pregunte por los mitos que han sostenido la imagen del Estado costarricense como defensor de los derechos humanos. Es necesario cuestionar esta lógica de producción inversa de discurso que alimenta una forma de reconocer un Estado, pero no de profundizar en sus prácticas. De igual manera, es necesario que, en la región centroamericana, en particular en su región norte, se considere el hecho de que los desplazamientos forzados internos son una realidad incuestionable que abarca prácticamente toda la geografía centroamericana, incluyendo Costa Rica. Esta visibilización es urgente para avanzar hacia una restitución real y permanente de las definiciones ancestrales en materia de territorios y derechos, que asisten a nuestras poblaciones indígenas.

El circo legislativo del 10 de febrero

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Vladimir de la Cruz

Primer acto:

El pasado miércoles el Presidente de la República se presentó al recinto parlamentario, obligado bajo amenaza de ser llevado con la Fuerza Pública, de la cual el Presidente es su máximo jerarca, pero convencido de que lo que estaba sucediendo no era constitucional, ni podía ser conminado de esa manera por un grupo de diputados, donde parecían más una recua política, en la cual uno tras otro rebuznaba, más que razonaba, procurando ver cómo encontraban algún resquicio que les permitiera aprovechar algo para solucionar el problema que se ha creado, más artificial y políticamente, que de la realidad real de la Casa Presidencial, alrededor de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Entró el Presidente, al Palacio Parlamentario, con la entereza y la dignidad de su cargo, portando la Constitución Política bajo su brazo izquierdo, llevándola muy cerca de su corazón, y en conciencia, sabiendo y teniendo en su mente que había jurado defenderla y, convencido, de que su presencia de esa forma era inconstitucional, pero que en esa inconstitucionalidad provocada por los diputados que le obligaron a presentarse de esa manera, él estaba defendiendo la Constitución Política que juró defender y cumplir, y se las estaba enrostrando en su cara, y la defendía de cara a la ciudadanía que seguía el show circense, montado con ese propósito, en el escenario que habían montado alrededor de esa llegada, y en el Teatro que convirtieron el Plenario Legislativo.

No tuvo gran sorpresa, en esa entrada, de lo que parecía, viéndolo en la televisión, un ring de boxeo o de lucha libre, cuando era la plataforma, la pista de circo, donde iban a operar el grupillo de presentes, con voz y voto, y algunos solo con voz, que como no tenían nada que decir, pasaban la voz, como en el viejo teatro griego donde se ponían la máscara para representar otro personaje, o para hacerse representar por otro, en cierta forma, o hablar por otro, en este caso, de una manera cobarde y escapista.

En el aparato de televisión se distinguía bien cuando los actores de ese circo se ponían la máscara de la comedia, la de la tragedia, o la del drama. Era una mezcla de llanto y de risa, símbolos de las máscaras, ahí en ese escenario, para los espectadores serios a la distancia, que veían aquella escena, que parecía una farsa, en este caso, no tan breve, de 8 horas, de teatro cómico y satírico que exhibe aspectos ridículos y grotescos de ciertos comportamientos humanos, entre ellos el comportamiento de legisladores.

Entre los actores del circo había orgásmicamente felicidad y tristeza, emoción y depresión al enfrentar al Presidente, que parecía más un convidado de piedra, que no le permitían explicar y dar respuesta ampliamente a lo que se le preguntaba, le interrumpían o le pedían que no siguiera explicando. Probablemente, para el Presidente quienes ante él actuaban, de esa manera, y usaban esas máscaras, de conformidad a la tradición teatral árabe seguramente se le mostraban como bufones, payazos, y personas risibles.

La acrobacia, el contorsionismo, la cuerda floja, la cama elástica, el balancín, el equilibrismo, el escapismo, la magia, el malabarismo, el trapecismo, el forzudismo, y las otras artes circenses estaban dispuestas para que el gran público apreciara por donde se iban a mover los actores del circo y por donde querían llevar al invitado a esa actividad teatral. Faltaron tragafuegos, que sí había quienes escupían fuego, tragasables que al menos los exhibían, al estilo de los tribunales religiosos medievales e inquisitoriales.

No se sorprendió el Presidente cuando vio que los presentes, con ropa de diputados, actuando como diputados, en ese circo político que se había montado, mientras él llevaba su Constitución en su corazón y en su mente, los veía de pie y sentados, poniéndoles sus zapatos encima a esa Constitución Política. Bastaba ver cuando le preguntaban tontamente si él, el Presidente, estaba convencido de que el acto en que participaba era inconstitucional, cuando ellos, con la Constitución, bajo sus zapatos, estaban ensuciándola y pateándola, y le conminaban con esa pregunta.

Uno de los presentes al menos tuvo la gallardía de decir y reconocer que se trataba de un verdadero juicio político, que de eso trataba porque esa era la labor que ellos hacían en el llamado control político legislativo. Un personaje circense que quiere llegar a ser Presidente de Costa Rica defendiendo los juicios políticos, al estilo de cualquiera de los grandes, medianos o pequeños déspotas, dictadores, tiranos, sátrapas, de todos los continentes, de todos los que han existido usando su poder político sobre el judicial.

Segundo Acto:

El escenario, la pista del circo. El Presidente fue llamado por una Comisión Investigadora del caso UPAD. Las Comisiones tienen recintos o espacios en el nuevo Edificio Legislativo para trabajar y llevar a cabo sus funciones. Están también los escenarios de los Mini Plenarios, donde se reúnen con capacidad legislativa grupos de 19 diputados. Son espacios abiertos a la prensa y al público que puede asistir a ver las sesiones.

En ocasiones se puede solicitar a los diputados que una situación de una Comisión se trate y se conozca en el Plenario legislativo, actuando todos los diputados como Comisión al efecto, y así se sesiona en el recinto del Plenario Legislativo.

En esta ocasión no se acudió a pedir al Plenario de los Diputados que actuaran como Comisión todos y hacer del Plenario el escenario de la Comisión Investigativa de la UPAD.

Para esta oportunidad, obviamente, por el magnicidio que se pretendía montar se solicitó el Salón Plenario, donde se reúnen los 57 diputados, para que allí se realizara el teatro, o el circo, donde se esperaba que se llenaran los palcos con los restantes 57 diputados que no son miembros de la Comisión, actuando como palcos del circo que se montaba. Los de la gradería se sol, o del último piso de ese circo, estábamos a la distancia, siguiendo el show desde las casas o desde la radio, en casas o en autos.

La sorpresa fue que esa gradería de los 57 palcos estaba literalmente vacía. Solo estaban, en la pista del circo que se montó, los diputados de la Comisión, y unos pocos, poquísimos, que llegaron a pedir la palabra para cederla, y unos para hablar por ellos mismos. Para el resto de diputados, para los ausentes al Plenario, parecía que eso no tenía ninguna importancia ni trascendencia.

Si se esperaba por los organizadores del circo que aquello iba a ser apoteósico, fue un verdadero desastre, eso sí político. Fue una función circense que no provocó el aplauso, ni el compromiso del resto de los diputados, ni del gran público a la distancia, lo que no quiere decir que estén de acuerdo con UPAD. Pero sí evidencian el repudio a la forma teatral con que se montó ese acto inquisitorio.

Si podía o no actuar la Comisión en el Plenario legislativo es una discusión de poca monta. Perfectamente podían hacerlo siguiendo los rigores de los trámites administrativos y políticos para hacerlos. Los trámites políticos, porque tiene que haber habido acuerdo político de los Jefes de las Fracciones parlamentarias para proceder de esa manera, con acuerdo también del Directorio Legislativo.

La Asamblea Legislativa a todos los efectos es su Edificio, es la representación genuina de la máxima Casa del Pueblo. El Plenario es su símbolo supremo, donde se reúnen los 57 diputados, los representantes populares, los diputados que expresan de la forma más amplia la voluntad política, electoral y soberana del pueblo costarricense.

Si la Asamblea Legislativa puede cambiar su recinto de sesiones plenarias, y trasladarlo fuera de San José, como a veces ocurre, obvio es que el recinto de comisiones pueda cambiarse dentro del mismo edificio legislativo, incluso usando el Salón Plenario si así se dispone por acuerdos legislativos de carácter administrativo. Lo han hecho en el pasado para ir a la Casa Presidencial también.

Tercer Acto:

La inconstitucionalidad del acto circense. Que las Comisiones Especiales Investigadoras de la Asamblea Legislativa puedan hacer comparecer a cualquier persona, para interrogarla, no quiere decir que puedan hacer eso con quien ejerce la Presidencia de la República, en su condición de Presidente. Esa es la única persona que está excluida constitucionalmente de ese llamado, ni por la fuerza. No existe la figura constitucional, ni legislativa, ni del reglamento legislativo, que tiene fuerza de ley, para llamar al Presidente a estos interrogatorios, interpelaciones y conminaciones.

El único acto al que el Presidente está obligado ante la Asamblea Legislativa, ante sus Diputados, es a presentar en forma escrita el 1 de mayo de cada año su Informe sobre la Buena Marcha de la República. Ni siquiera está obligado a irlo a leer. Bien podría enviarlo y que el Secretario del Congreso lo lea.

La tradición ha establecido que el Presidente se presente a leerlo, en un acto de la mayor solemnidad establecida. Este Informe sobre el Estado de la Nación ni siquiera se discute con el Presidente. Se le recibe y luego, en los siguientes tres días, por un corto espacio de tiempo, los diputados y sus fracciones tienen unos minutos para referirse a este Informe. Esa sería la gran oportunidad de discutir a fondo, y con sesiones de ocho horas, como la del miércoles pasado, ese Informe, que a todas luces es más importante.

La discusión del Informe Presidencial que hacen los diputados es en mucho ridícula, vacía, y no deja nada de resultado, es un canto a la luna.

Los Ministros, que sí pueden ser interpelados por la Asamblea Legislativa, y hasta sancionados, están igualmente obligados a entregar anualmente, un Informe similar al del Presidente, ante los diputados, antes del 15 de mayo de cada año. ¿Cuándo han sido llamados los Ministros o interpelados sobre sus informes a la Asamblea Legislativa? Nunca, que yo recuerde, han llamado a algún Ministro, que además tienen asiento legislativo, con voz, que pueden asistir o concurrir en cualquier momento, si así quisieran, a las sesiones.

Ni siquiera sobre parcialidad política del Presidente podría ser llevado a la Asamblea Legislativa. En este caso tan solo se tramitaría ante la Asamblea Legislativa la acción respectiva para “dar cuenta del resultado de la investigación”. Ni siquiera se señala en la Constitución que sea para levantarle la inmunidad y someterlo a los Tribunales de Justicia.

La Asamblea Legislativa puede admitir acusaciones, en trámite judicial, contra el Presidente, que no es el caso de esta situación de la UPAD, para levantarle su inmunidad.

Cuando en la Constitución se habla de que a la Asamblea se puede hacer comparecer a cualquier persona, a renglón seguido se menciona que se puede interpelar a los Ministros, pero se excluye al Presidente, por el rango de la investidura y representación que tiene. Y esto tiene que respetarse, lo que no se hizo, violentando la Constitución Política con el acto bochornoso del pasado miércoles 10 de febrero, y con los actos envalentonados, al estilo de Trump, de algunos diputados, que provocadoramente le solicitan al Presidente que acuda a la Sala IV para reclamar su inconstitucionalidad, y poner a chocar a los tres Supremos Poderes de la Republica. ¿Qué quieren con esto? ¿Más circo en el período pre electoral?

La Oficina de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, que asesora en materia jurídica a todos los diputados y a sus respectivas fracciones partidarias había establecido que era inconstitucional lo que se pretendía con el Presidente. ¿Por qué el grupillo de diputados de esta Comisión se empeñó en actuar contra la Constitución Política? ¿Fue solo por hacer un montaje politiquero, en este momento que está en marcha la campaña electoral?

Enseñar de esta forma, por parte de los diputados, a irrespetar la Constitución Política es introducir la violación de la Constitución como una práctica cotidiana por cualquier persona o grupo de personas, es debilitar el sistema jurídico nacional y las bases del Estado de Derecho y del Estado Social de Derecho que hemos construido en estos 200 años de vida Independiente, es llamar a ejercer el autoritarismo en cualquiera de las formas que pueda manifestarse.

La inconstitucionalidad realizada es también un acto de ilegalidad contra el Estado de Derecho existente, que pone en entredicho la relación jerárquica de los Poderes Públicos, haciendo del Legislativo un órgano autoritario que, con este comportamiento, no se aleja mucho de las formas fascistas de gobernar.

En Costa Rica al Presidente de la República no se le puede parlamentaria o legislativamente interpelar, censurar ni darle aplausos, menos conminar, como se hizo con él.

Cuarto Acto:

Cuando el diputado Dragos Dolanescu, luciéndose de payazo en la arena del circo, manifestó que conocía, y le hizo recordar al Presidente la clave de su teléfono, que estaba en el expediente que se tiene en el Ministerio Público, en la Fiscalía, cometió la estupidez más grande que se puede haber hecho ese día. Sencillamente dio los instrumentos legales para invalidar toda la prueba, que se quiera montar, contra el Presidente, de todos los objetos personales que le fueron decomisados, asociados al teléfono confiscado. Ese era más que un dato sensible, era una situación sensible de trámite judicial.

Que la Fiscalía investigue cómo Dolanescu obtuvo esa, y quien sabe qué otra información logró, tan solo un trámite interno de la Fiscalía de investigación de cómo se le suministró, o si él mismo Drago se la robó. Lo que es obvio es que se inutilizó una prueba y toda la que esté ligada a ese dato. ¿Será imbécil o tonto?

La violación de datos que se le imputa la Presidente con su UPAD quien la realizó fue el payazo principal de este circo, Dolanescu, cuando él si violó la confidencialidad, la privacidad de datos del Presidente y de un Expediente en tramite de investigación judicial, cuando con su acto irresponsable creó la condiciones para que todo esto se anule.

¿Oh, estaré pensando a lo Dolanescu? ¿Será que Dolanescu en todo este espectáculo le hizo el juego al Presidente para anular su expediente investigativo? Esto sería como el Premio Mayor de la Lotería de diciembre.

Dragos Dolanescu sí cometió un acto ilícito, de manera pública, con cámaras de televisión y micrófonos de radio, que consta en actas legislativas, al declarar que conocía la clave del teléfono del Presidente y además decirla con luces y altoparlantes. Además, seguramente se la robó del expediente que se tiene en la Fiscalía, si no dice quién se la dio.

Su exhibicionismo político no dista mucho de los exhibicionistas sexuales, solo le faltó salir corriendo en esa pista legislativa desnudo, al estilo de los viejos sátiros de barrio que mostraban tan solo sus menudencias…

Quinto Acto:

Por más tonto que pudiéramos pensar que es el Presidente, que no lo es, bien sabe que no puede hacer nada, incluso en Decretos, que no esté facultado para realizarlos, ni pueden esos Decretos ser ilegales, estar contra una Ley o inconstitucionales porque violen la Constitución. En la jerarquía del ordenamiento jurídico del país los Decretos están debajo de las Leyes y la Constitución Política. Es un principio de legalidad básico, que nos permite disfrutar el Estado de Derecho que tenemos, y de confiar en él. Si se produjera abuso de poder se puede castigar.

El Control Político de los diputados es irrenunciable para investigar cualquier actuación de cualquier funcionario público, sobre actos políticos y morales, sancionables o reprochables, o inconstitucionales o ilegales que afecten los intereses públicos.

Sexto Acto:

Nunca en el país, al menos durante la Segunda República, en estos 72 años, se había visto tal bochorno contra un Presidente, allanarle la Casa Presidencial, decomisarle objetos personales, teléfonos y computadoras, revisarle sus comunicaciones oficiales y personales…

Sétimo Acto:

La discusión sobre la UPAD debió haber sido sobre la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS). Esta sí es una policía política, directamente dependiente del Despacho del Ministerio de la Presidencia. Aquí sí se recaba constantemente datos de costarricenses y se llevan expedientes con todo lo que se pueda saber de ellos, por sus militancias políticas, sus actuaciones públicas, sus viajes a países socialistas, cuando existían esos países, seguramente se siguen llevando sobre quienes simpatizan con Venezuela, Cuba, Nicaragua, la China Comunista, Corea del Norte, Vietnam, o con algunos dirigentes políticos de izquierda de Suramérica, o de los países árabes. En época del Presidente Rodrigo Carazo se dio orden de llevar información de miembros del Movimiento Costa Rica Libre. Se llegó a decir que la DIS tenía capacidad de ubicación de una persona que estuviera en sus archivos y datos en 8 minutos.

Todavía se sigue llevando información política, y también bancaria, asociada a los nuevos delitos de blanqueo de capitales, y otros. Todas las personas que participan en partidos políticos como candidatos, o en puestos de elección popular están clasificados, para efectos bancarios, como “sospechosos” de blanqueo de capitales. Así operan los bancos hoy, y tienen que rendir declaraciones de sus ingresos o movimientos bancarios cuando pasan de 10.000 dólares

A todos los que participan en política y en partidos políticos les tienen un expediente personal. Me consta. La DIS solicita esta información al Tribunal Supremo de Elecciones, que la entrega sin discusión.

La DIS no solo hacía expedientes sino que decomisaba libros, hojas sueltas, periódicos de izquierda, detenía arbitrariamente, en casas y en el aeropuerto, donde tenían agentes destacados, amenazaban con detener y hasta con torturar.

Todo disidente, contestatario, opositor al sistema político ahí se le anotaba, y se le sigue anotando. Lo hemos visto en las últimas marchas y movilizaciones ciudadanas.

De la DIS salía información clasificada hacia los diputados para evitar nombramientos como los de magistrados y magistradas, por sus vinculaciones de izquierda o por sus amistades de izquierda. Fui testigo de un caso hace pocos años, en que se hizo circular una información pidiendo a los diputados que no votaran por una candidata a Magistrada.

Por ello, si se trata de discutir de DATOS, debió haberse empezado a discutir de los datos que maneja la DIS. Los de la UPAD pareciera menos politizados, son una pulga comparados.

La información de todos los costarricenses está bien documentada públicamente, en el Registro Civil y en el Tribunal Supremo de Elecciones, en todo el Sistema Bancario Nacional, en el ICE, en el SNAA, en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, en Migración, en todo el sistema escolar, secundario y universitario, en la Dirección General de Tránsito, en el Registro Nacional, en el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en las Encuestas de Hogares, en la Caja Costarricense del Seguro Social y de todos los EBAIS, incluso se han abierto los expedientes médicos, en todos los Tribunales de Justicia, en todas sus instancias y regiones, en todas las empresas que venden a crédito, y en otras instituciones, así como en Waze, y en todas las redes informáticas, en todas las cableras…hasta hay empresas privadas que venden información de personas a empresas y a quien la pague…

Todo esto lo accesa la DIS. ¿Por qué entonces tanto alboroto con la UPAD que pareciera más para la toma de decisiones de políticas públicas, de ejercicio de gobierno, de este y de los que vengan, como herramientas estadísticas, así como seguirá existiendo la DIS con el próximo gobierno sea cual sea?

Si de datos personales, sensibles se trata, esta es la discusión nacional que se debe llevar, la de todas las bases de datos que existen de los costarricenses.

Octavo Acto:

El Presidente no salió mal parado de la función circense. Los actores de ese circo del miércoles no dieron la talla, fueron ellos los que perdieron. Los que estábamos de público a la distancia y en la virtualidad quedamos decepcionados por los hechos pero sobre todo por la pésima función, por la mala actuación, por payazos que daban lástima de su papel y actuación, por el mal circo que se montó y ejecutó, por la mala imagen que le ocasionaron estos actores de vodevil barato, de enredo y poca trascendencia. Salió desmejorada la imagen del Poder Legislativo.

Para los que pensaban politiqueramente que el Presidente y el Partido Acción Ciudadana iban a quedar en el suelo, preocúpense, porque el Presidente no salió más débil de cómo llegó, y su Partido no fue objeto de discusión en esa pista circense.

Siendo un Partido en el Gobierno no hay que descartar la posibilidad de un tercer gobierno del PAC, considerando el descalabro que tienen todos los otros partidos políticos. Así vi el espectáculo del circo del miércoles pasado.

FMI y Empleo Público: ¿La última frontera?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

La locura no tiene propósito o razón, pero puede tener objetivo
Sr. Spock. Stark Trek

Luis Andres Sanabria Zaniboni

En las últimas semanas asistíamos a la confirmación e inicio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para el acceso al Servicio Ampliado del Fondo. Este hecho ha provocado muchas intervenciones desde distintos sectores, que cada quien se coloca desde las diversas posiciones al respecto, sin embargo, un hecho resalta a todas luces, la decisión del Poder Ejecutivo de dar prioridad máxima a la Ley de Empleo Público como llave para las negociaciones con el FMI. No podemos dejar de mirar el proceso político-económico que viene adoptando el país y consolidado con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, esa hoja de ruta que hoy vuelve a confirmarse, debemos preguntarnos ¿Por qué esta necesidad de impulsar ese proyecto?

Si con la ley de Finanzas Públicas quedaba claro la postura de la carga impositiva regresiva del país y la protección de ciertos sectores económicos-financieros dominantes del país, la “Ley para brindar seguridad jurídica sobre las huelgas y sus procedimientos” perfiló la postura autoritaria ante el disenso y la criminalización de la protesta social, facilitando así la imposición de un supuesto “consenso” de los actores políticos, y el etiquetado a los disidentes.

Sin embargo, faltaba más, la Ley de Empleo Público procura realizar una reingeniería social sobre el Estado, basada en la anulación de la independencia y las autonomías de las instituciones, a través de la centralización de la política del empleo en MIDEPLAN, sin embargo, salta la primera pregunta ¿Qué hay del servicio civil?

Más allá de las percepciones que podríamos tener al respecto, que no se ignora la necesidad de repensar el empleo público, pero salta a la vista que esta postura no va en línea de la formalización laboral y protección de los derechos, sino como instrumento “austero” de los salarios, facilitando la congelación de estos y desregulación del empleo.

Como señalan muchos de sus defensores desde el Poder Ejecutivo hasta representantes de los mismos Organismos Financieros Internacionales, esta Ley coloca a Costa Rica en los “estándares internacionales”, sin embargo leamos esta afirmación detenidamente, estar dentro de dichos estándares para estos sujetos es la promoción de la desregulación laboral; la precarización de las condiciones de trabajo tanto de lugar de trabajo como de derechos, no podemos dejar de pensar lo que significó años atrás la movilidad laboral, en definitiva son formas de extorsión sobre los sectores trabajadores.

Y con esto, se consolida lo que muchas personas han señalado al respecto del Neoliberalismo, la erosión de la institucionalidad pública, grandes cascarones administrativos dedicados al pago de servicios profesionales, lo cual garantiza el desmejoramiento de los servicios y mercantilización de los derechos sociales, económicos y culturales, entiéndase la educación, la salud y la cultura de nuestro país.

Tal vez al leer esto ya lo pensó, el país continúa su ya reconocida vereda anti-sindical, si con el proyecto de Ley anti-huelga habían generado un consenso político de suprimir sindicatos (existía dicha cláusula, nada más que por extraño que parezca para estos sujetos era inconstitucional), este proyecto de ley procura cerrar los espacios de negociación colectiva de las y los trabajadores, profundizando así los alcances de las posturas autoritarias que están caracterizando a la formulación del tipo Estado que desean las élites político-económicas en esta época del “Consenso del Coronavirus”.

Podrían argumentarse con toda razón que nos encontramos en una crisis fiscal sin precedentes, pero les preguntamos aquí de todo lo que han propuestos los actores políticos ¿Qué asignaciones tienen que ver con la recuperación económica? A manera de ejemplo los grandes ausentes: política de empleo post-covid, alivio de deudas a la población, política de crédito blando para sectores productivos (pequeños y medianos), política contra la elusión y evasión fiscal integral o combate contra la morosidad de los grandes contribuyentes, impuestos selectivos sobre a las nuevas actividades económicas, por citar los grandes ausentes.

No es de extrañar que las grandes propuestas de negociación presentadas el pasado octubre 2020 fueran el calco y copia de las recomendaciones de la auditoría del FMI, así que para esta ocasión no podemos ser ingenuos, los supuestos “Acuerdos Multisectoriales” fueron una forma de legitimar esta negociación, ¿Cuánto de eso está en la mesa de negociación? Sumado a estas estrategias, el FMI invita a participar con 5 minutos para exponer, así legitiman su estilo participativo (tenemos que tomar nota esta será la nueva forma “participativa” para futuras negociaciones).

Por esta razón, es importante reconocer que la hoja de ruta está planteada lo que justifica el porqué de las contradicciones entre las y los negociadores, ya que las negociaciones tomarán el rumbo que este Organismos cite, hay consenso en las elites de las bondades para esta reingeniería del Estado, las desigualdades estructurales continuarán (precarización laboral y erosión de los servicios públicos) y el privilegio de algunos se consolida (exoneraciones, privatizaciones y desregulación).

Ante esto es necesario reconocer la importancia de la protesta social como instrumento de incidencia pública, eso sí mientras siga existiendo, pero claramente insuficiente, se hace necesario repensar la participación desde otros espacios, y debemos abordar la discusión desde otras propuestas de trabajar y abordar el déficit fiscal y la estabilidad financiera, pero la urgencia es evidenciar los intereses en conflicto y dejar claro que la apuesta de la población seguirá siendo por una sociedad inclusiva y solidaria.

 

Imagen tomada de CRONICON.

No hay tiempo para grandes reformas electorales

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

¿Necesitamos más o menos diputados? ¿Cómo elegir de otra manera los diputados? ¿Hay tiempo para hacer los cambios constitucionales o legales para implementar hacia las próximas elecciones del 2022? ¿Es caro aumentar el número de los diputados?

Estas y otras preguntas son frecuentes cuando se habla de estos cambios posibles y ¿necesarios?

La Asamblea Legislativa, como se le llama al Poder Legislativo, desde 1949, es dentro de conjunto de los Poderes Públicos, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, con su Corte Suprema de Justicia y el Poder Electoral, con el Tribunal Supremo de Elecciones, el más importante, en su rango, por la representatividad popular que en ella se expresa y por la función legislativa que tiene, de hacer las leyes, y porque en ella descansa, por ese motivo, la Soberanía Popular.

Por los orígenes históricos y fundamentos políticos filosóficos que justificaron la existencia de estos Poderes, en oposición a las ideas teocráticas que justificaban el poder de las monarquías, que hacían descansar su origen en una decisión divina, de Dios, son poderes totalmente laicos.

La integración de sus miembros, en el caso del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, es por elección popular, donde los ciudadanos depositan su poder, por delegación de su voluntad, en el gobernante y en los diputados.

En la teoría política clásica esta delegación de poder debe guardar armonía entre gobernante y gobernados, con capacidad de los gobernados para destituir al gobernante que se aparte de esa armonía convirtiéndose en un dictador, en un déspota, en un tirano o haga de su gobierno un ejercicio autoritario, opresivo, conculcador de libertades y derechos, en perjuicio de los ciudadanos.

Frente al próximo proceso electoral se han venido impulsando iniciativas, de distinto orden y escenarios, entre ellos la misma Asamblea Legislativa, con proyectos de ley para tratar de modificar la integración del número de diputados, aumentándolos.

Para avanzar en esa dirección hay que hacer cambios constitucionales y legales, para los cuales ya no hay tiempo para impulsarlos y aprobarlos de modo que empiecen a funcionar en el próximo proceso electoral, al menos en la forma que se quieren introducir.

La esencia de la discusión es si debe aumentarse el número de diputados. ¿Cuántos diputados debemos tener hoy? Antes de 1949 el Congreso tenía 47 diputados, número que se mantuvo hasta 1956, cuando los diputados aumentaron a 57, como funciona hoy la Asamblea Legislativa. Al hacerse esa reforma no se previó haberla hecho de manera que periódicamente, con base a estudios censales de crecimiento de la población, se hubiera ido aumentando el número de diputados de conformidad a ese crecimiento poblacional.

Así, antes de 1949, con una población que andaba alrededor de los 700.000 ciudadanos, los 47 diputados representaban, cada uno de ellos, a 15.000 habitantes. Cuando se elevó el número de diputados, a partir de 1956, a 57, con una población de un millón de habitantes, cada uno de los diputados representó, en ese momento a 17.500 habitantes. Hoy tenemos cinco millones de habitantes con los mismos 57 diputados, de forma tal que un diputado hoy representa a 87.800 ciudadanos.

Es lógico entender que un diputado. debe representar a un número de habitantes. Así se hace hoy para distribuir el número de diputados a elegir por las diferentes provincias. Por eso unas provincias eligen más diputados que otras, lo que puede alterarse cada diez años por el análisis censal de población, para determinar dónde debe aumentarse un diputado en una provincia y cual otra provincia lo pierde si ha reducido su población inscrita registralmente.

De este modo, si guardamos la relación de 1957 entre población y número de diputados la Asamblea Legislativa debería tener 285 diputados. Esta estrecha relación puede resultar válida para un mejor control directo de los diputados por parte de los ciudadanos. En una escala de más de 100 países con una población similar a la nuestra los países tienen parlamentos o Asambleas Legislativas que oscilan entre 180 y 220 diputados.

El nuevo edificio de la Asamblea Legislativa fue planeado para tener más de 100 diputados, debidamente instalados. Esto ha sido un acierto en perspectiva de hacia dónde debemos avanzar.

La otra discusión vinculada es cómo elegir. Aquí hay diferentes tesis. Una es aumentar el número de diputados al menos en una treintena más, hasta 87, que podrían elegirse de la forma como se hace ahora proporcionalmente por provincias. Otra es que esa treintena de diputados se elija en lista nacional paralela a las listas provinciales. En la Asamblea Legislativa hay un proyecto de ley para crear 40 distritos electorales, que elegirían un diputado cada uno y otro número de diputados que se elegiría por lista nacional hasta un número superior a los 80 diputados.

Ninguna de estas propuestas es válida para empezar a funcionar en las elecciones del 2022, porque requieren reformas constitucionales que hay tiempo de hacerlas. Esto quedaría para el 2026, siempre y cuando estas reformas se hagan entre el 2022 y el 2023.

Me parece que el Tribunal Supremo de Elecciones, en uso de sus facultades constitucionales y electorales, sí podría hacer una reforma electoral que produciría mejores efectos de distribución y de elección de diputados, sin alterar el número total de 57 diputados que hoy tenemos, y sin modificar el número de diputados que le corresponde a cada provincia.

El Tribunal Supremo de Elecciones bien podría dividir cada provincia en regiones internas, atendiendo número de habitantes y regiones para que el número de diputados de cada provincia se elija por micro regiones, sin hacer listas separadas de la lista provincial. Tan solo se determina que los primeros puestos son electos por una de estas micro regiones, y así sucesivamente con las regiones que se establezcan. De esta manera las provincias tendrían en la Asamblea Legislativa una mejor representación regional y de sus poblaciones. A modo de ejemplo, una Provincia como Guanacaste podría dividirse a este efecto en la región de los cantones de altura y los de bajura, la Provincia de San José en la parte central, en Pérez Zeledón con algunos otros cantones, y en la zona de los cantones de los Santos, la Provincia de Alajuela igual haría con los cantones de la zona económica del norte, los de la parte central de la Provincia y con los cantones del oeste.

Si el primero de enero, como debe estar programado por Tribunal Supremo de Elecciones, se anuncia y publica el calendario electoral desde esa fecha hasta los días que siguen al primer domingo de abril del 2022, en caso de que hubiere segunda ronda electoral, ya es muy difícil hacer reformas electorales profundas, que requieran modificaciones constitucionales.

Por eso la anterior propuesta puede ser válida. No requiere reforma constitucional alguna al mantener el número nacional de diputados y el número de diputados por provincia. Y, sin lugar a dudas mejoraría la representación provincial de diputados.

El derecho constitucional a las convenciones colectivas

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Mauricio Castro Méndez

En algo que no es nuevo, el señor Rubén Hernández plantea la inconstitucionalidad de las convenciones colectivas en la mayor parte del sector público costarricense.

Adiciona además en sus comentarios (en la Asamblea Legislativa), que en esta discusión no debemos participar los laboralistas porque no entendemos nada, y en una publicación reciente en una empresa de comunicación, señala que tampoco debe participar en esa discusión los empleados públicos y sus organizaciones, a quienes asimila a delincuentes.

Debo advertir entonces que, bajo los parámetros definidos por este abogado de larga data empresarial, intervengo desde mi doble deslegitimación, ya que soy laboralista y delincuente (en tanto empleado público y ex-asesor sindical).

No obstante, les tomo un par de minutos para valorar por el fondo lo que este jurista dice, y que es aplaudido una vez más por la Procuraduría General de La República que siempre ha insistido en esta posición.

Al efecto inicio con algo que ya había escrito hace un par de años respecto de esta posición:

Respecto del intento de don Rubén Hernández de señalar que la Reforma Procesal Laboral es inconstitucional (artículo de La Nación) por haber incluido la negociación colectiva en el sector público, les puedo asegurar que, de acuerdo a los señalado expresamente por la Sala Constitucional, está totalmente equivocado.

En concreto:

La argumentación de don Rubén Hernández se cae por dos razones:

  1. EN PRIMER LUGAR la posición inicial de la Sala Constitucional cambió, primero con un voto minoritario del magistrado Carlos Arguedas, luego de Fernando Cruz, hoy presidente de la Corte Suprema de Justicia, y más reciente de la UNANIMIDAD de la Sala Constitucional.

En síntesis, Rubén Hernández está viviendo en el pasado. Hoy la Sala Constitucional sostiene, UNANIMEMENTE OTRA COSA. En la sentencia del año pasado (7721-2015) la Sala Constitucional declara constitucional la convención colectiva de trabajo en el Ministerio de Educación Pública (gobierno central), frente a la tesis que defendía Otto Guevara que es la misma que sostiene Rubén Hernández en el artículo de hoy.

  1. EN SEGUNDO LUGAR: Dicho lo anterior, la RPL partió de los lineamientos de la sentencia 1696-92 que estableció que se pueden usar el arbitraje y la conciliación en el sector público, pero con limitaciones (todas recogidas en la RPL: por ejemplo, en art. 692 se prohíbe el arbitraje de conciencia, y en el 693 se prohíbe excepcionar leyes y normas).

También se siguió la sentencia 4453-00 en la que dijo que pueden negociar convenciones colectivas de trabajo los empleados públicos que no realicen gestión pública. La RPL definió quiénes son los que hacen gestión pública y los excluyó del derecho a la huelga (inciso 5 que se agrega al art. 112 de la Ley General de la Administración Pública; y arts. 683 y 689).

En términos generales, el proyecto de ley de empleo público en diversas versiones, que se discute actualmente tiene dos objetivos: reconcentrar el poder en el Poder Ejecutivo, y establecer mecanismos unilaterales de imposición de las condiciones de trabajo para el empleo público, le guste o no le guste al empleo público, y sin derecho alguno a participar en la determinación de esas condiciones de trabajo.

Los impulsores de esta idea, incluido el señor Hernández y la Procuraduría, quedan retratados de cuerpo entero como autoritarios y antidemocráticos, ya que Hernández entiende que las personas trabajadoras son cuasi delincuentes a los cuales se les tiene que imponer las condiciones de trabajo.

Definitivamente no se percataron de que en el siglo XX se transitó, mundialmente, del constitucionalismo clásico que permitía no solo desconocer sino perseguir y penalizar a las organizaciones de trabajadores, al constitucionalismo social que entiende como parte consustancial de la democracia, la participación de las personas trabajadoras por medio de su organización colectiva.

Las teorías administrativas clásicas, que fueron abrazadas con fervor por Mussolini, Hitler y Franco, fueron abandonadas por los constitucionalistas sociales, y por el derecho administrativo moderno, que reconoce en países como Italia y España, el derecho que tiene el empleo público a negociar colectivamente, como uno de los elementos que distingue a las democracias contemporáneas.

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos y por Mariano Sáenz

Partidos políticos y la reforma a la deuda electoral

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Los partidos políticos, tal y como los conocemos hoy, en la vida nacional, surgieron en 1890. Desde entonces, solamente por medio de partidos políticos los costarricenses pueden participar en elecciones y solo por medio de ellos pueden aspirar a algún puesto de elección popular, como candidatos al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo o a los puestos de elección municipal y cantonal.

Desde aquella época hasta hoy el proceso electoral ha evolucionado mucho, y de mejor forma. Así por ejemplo, hasta 1913 se impuso la elección directa, todavía con voto público, eliminando la elección con electores de segundo grado. En 1924 se estableció el voto secreto, dándole más fuerza al elector para que votara en conciencia si temor de persecuciones o presiones de ningún tipo. Desde 1889, con motivo de la movilización popular que se hizo para defender el resultado de las elecciones, y el papel que en esa movilización tuvieron las mujeres, el Presidente José Joaquín Rodríguez, introdujo la idea de reconocer el voto de las mujeres, lo que en ese momento no se logró, pero detonó a partir de la década de 1910 movimientos que se realizaron en esa dirección. En la Asamblea Constituyente de 1917 se discutió esto sin que se aprobara. Con la Asamblea Constituyente de 1949 se incorporó a la mujer con plenos derechos políticos y desde 1953 empezó a participar como candidata a puestos de elección popular. En 1953 se eligieron las primeras tres diputadas. En este campo se ha fortalecido su participación obligando primero la representación vertical obligada de manera alternativa y, luego, también horizontal para los partidos que inscriben papeletas en dos o mas provincias, o cantones de una misma a provincia. En 1974 se introdujo el voto a los 18 años. Entre1974 y 1975 se eliminó la traba constitucional del Segundo párrafo del Art. 98, que se aplicaba para no permitir la participación de partidos de izquierda.

Dentro de las reformas importantes, para asegurar la mayor transparencia al proceso electoral se creó, en 1946, el Tribunal Electoral, luego llamado Tribunal Supremo de Elecciones que desde 1949 goza de autonomía con rango igual a los Poderes del Estado.

En la perspectiva histórica inmediata y de mediano plazo no hay nada que conduzca a que esta situación cambie. Se seguirán haciendo elecciones con partidos políticos y solo con ellos. No hay propuestas de proyectos de ley para establecer, por ejemplo el voto a los 16 años, como existe en otros países. Hay proyectos para modificar la elección de diputados, pero no para permitir que se puedan elegir por grupos sociales organizados que no sean partidos políticos, los hay para ampliar el plazo de elección a 5 o 6 años, con reelección consecutiva y con cambio de la mitad de diputados a medio período, o para aumentar el número de diputados que es necesario hacerlo, lo mismo que proyectos de ley de revocatoria de mandatos para diputados como para el Poder Ejecutivo. Para reformas electorales hay todavía para hacer y que son necesarias.

A los partidos políticos, con la Constitución de 1949, se les reguló y se garantizó por reformas posteriores su financiamiento para las campañas electorales, a cargo del Estado, con la intención de sacarlos del área de influencia de unos cuantos ricos que antes ponían candidatos financiando sus campañas políticas y las de sus partidos.

Esa reforma de por sí democrática, no lo fue tanto. Se crearon los mecanismos para que de ese financiamiento solo se favorecieran, para el reconocimiento del pago de sus gastos electorales de campaña, solo a los partidos políticos que en la elección sacaran un 4% o más de votos. En algún momento, en la década de 1950, se propuso que solo recibieran ese apoyo los que sacaban más del 10%. Con esos dos porcentajes solo dos partidos políticos se beneficiaban de ese porcentaje, exceptuando de vez en cuando que algún pequeño partido lo lograra.

Cuando estos pequeños partidos eligieron diputados sin el 4% de votos impusieron para las negociaciones parlamentarias, y el negocio de sus votos para Proyectos de Ley, que especialmente el Poder Ejecutivo necesitaba, que se modificara la disposición para que se les reconociera el derecho a la deuda electoral, como se reconoce hoy, cuando se elige al menos un diputado.

Esto ha hecho que más del 95% de los partidos que han participado en los procesos electorales, desde 1953, no se les reconozca nada respecto a los gastos electorales que incurren, aún bajo la supervisión contralora del Tribunal Supremo de Elecciones. Con esto el Tribunal ha mantenido una segregación y una división de los ciudadanos y electores en dos categorías, los que califican para que al partido que votaron les reconozcan pagos de la deuda y a los que no. Los ciudadanos, todos iguales, en derechos y en el padrón electoral, no lo son para el valor económico que se le asigna a cada cual en el proceso electoral. Los electores que no eligen diputados pierden su valor económico, en su partido político. En su lugar solo valen los de los partidos que sí sacan el 4% o eligen diputados. No ha habido forma que el Tribunal Electoral modifique esto.

Lo peor de este proceso es que la plata, o el valor de los votos que no se pagan a partidos pequeños, de esos pequeños partidos, a la cual deben tener derecho, se redistribuye entre los que si lograron elegir o sacar el 4% de votos, lo cual es y sigue siendo una verdadera estafa a la participación democrática, y a la igualdad ciudadana en materia electoral, y a la discriminación real y efectiva de partidos políticos.

Para financiar estos gastos se ha dispuesto un 0.17% del Producto Interno Bruto, que equivale en términos generales a una cifra grande de millones de colones.

Los partidos políticos obligados por ley a presentar presupuestos para su campaña electoral, que por presentados no pueden ser modificados, nunca han llegado a justificar en el 100% de los gastos que presentan para que se les reconozcan, y el conjunto de todos los presupuestos, de todos los partidos que participan en cada campaña electoral, que es lo que les da derecho a cobrar pasada la campaña, tampoco llega a superar más del tercio del 0.17 % que existe para este propósito. Esto se ha justificado hipócritamente en la idea que es para ahorrar dineros al Estado. Ello ha llevado a que en las últimas campañas se realicen modificaciones para que en lugar del 0.17% se cubra solo el 0.11%, y aun así tampoco se llega a gastar todo.

El Tribunal de Elecciones, para pensar lo mejor, y no lo peor, ha caído en esta trampa y en cierta manera la estimula. Actualmente hay proyectos de ley para establecer de manera permanente un techo que no sea superior al 0.11%. Los más perjudicados de esto son en general todos los partidos pequeños que están dentro de la Asamblea Legislativa y peor, o más perjudicados, los que no están con representación parlamentaria.

El IFED, instituto que tiene el Tribunal, que yo apoyo, para estimular procesos de capacitación en democracia y de los partidos políticos, hasta ahora en todas sus gestiones y trabajos, no se proyecta más fortaleciendo la estructura y la vida cotidiana de los partidos políticos, especialmente de los que no eligen representantes pero que siguen existiendo de una elección a otra, y para verdaderamente estimular nuevos partidos políticos, independientemente de que pudieran ser una “catizumba” de partidos.

Si originalmente, con garantizar el pago de las campañas a cargo del Estado, se trataba de eliminar la influencia de los ricos y el control de ellos sobre partidos y candidatos, eso no se ha podido evitar porque pueden financiar personas y partidos políticos, porque está autorizado el financiamiento privado.

El financiamiento público debería regularse de manera que se prohíba de cualquier forma el financiamiento directo a personas candidatos y a partidos políticos. Esta es la única manera que se evite ese control, porque puede darse, de la misma manera, el financiamiento de grupos narcos, mafiosos, y lavadores de dineros a candidatos y a partidos políticos.

¿Es posible esto, de prohibir el financiamiento privado? Es posible si el Tribunal ejerciera el control completo del movimiento financiero de los partidos políticos, desde que se presentan los presupuestos de campaña. ¿Cómo? Administrando toda la deuda electoral de las campañas, democráticamente de la siguiente manera, a modo de ejemplo, para entender mejor:

1.- La mitad de lo dispuesto para financiar a todos los partidos se le da, a los partidos que vuelven a participar en la elección, en proporción a los votos que recibieron en la campaña anterior. De esta manera todos los partidos, que de nuevo se inscriben, reciben su parte proporcional que es mucho dinero.

2.- A todos los nuevos partidos y a los que repiten se les proporciona de manera igual la otra mitad de dineros destinados para los gastos electorales de la campaña que viene. Así todos los partidos nuevos y viejos reciben una parte del dinero para sus gastos que ha presupuestados y han entregado en su Presupuesto al Tribunal.

3.- Ya fijados los montos posibles que les corresponderá a cada partido, viejos y nuevos, el Tribunal abre cuentas en la Banca Nacional o Privada, según cada partido disponga donde la quiere, y allí depositará lo correspondiente a pagos que deban hacerse contra los gastos que se van realizando, contra la solicitud que hagan, ante el Tribunal Supremo de Elecciones, los partidos de sus contratos de servicios electorales, debidamente bien presentados y justificados. De esta manera todos los partidos tienen posibilidad de contratar servicios para su campaña, contra el derecho real que tienen, por tradición electoral anterior y por participar por primera vez. Todas las empresas, incluidas las de medios de comunicación, y sus agencias publicitarias podrían ganar más dinero si de eso se trata, porque se pone más dinero en gastos asegurando de esa manera a todos los partidos. Se evita que las empresas publicitarias se conviertan en verdaderas organizaciones “mafiosas” de control de la publicidad, solo para ciertos medios de comunicación, y se evita la manipulación perversa que se hace de las encuestas para no financiar pequeños partidos políticos. Los que contratan con los partidos pierden los riesgos de no pagos de contratos, aseguran de esta manera sus pagos. Los partidos que no logran votos se enfrentan a la posibilidad de que en la siguiente campaña les toque menos dinero.

4.- Los contribuyentes privados, si se mantiene el derecho de hacer donaciones, en este caso podrían hacer sus contribuciones directamente a las cuentas oficiales abiertas, del partido de sus preferencias, y bajo control del Tribunal de Elecciones. El Tribunal en estas cuentas solo tiene el papel fiscalizador de velar por los ingresos de dineros, y el de la salida contra los pagos debidamente contratados, que finalmente en todas las campañas el Tribunal siempre fiscaliza, post campaña, para autorizar los pagos correspondientes.

Mientras se mantenga abierto el portillo del financiamiento privado siempre va a haber el peligro de la mano sucia del dinero sucio en las campañas electorales. Esto ahora es más fuerte y tenebroso. Es casi inevitable. Por algunos sucesos policiales, que están sucediendo en el país, pareciera que nos acercamos a situaciones como las de Colombia y República Dominicana cuando hace algunas campañas electorales las mafias directamente tenían sus candidatos o financiaban directamente candidatos.

Es una tontería política, que no es ingenuidad parlamentaria, tratar de reducir el Presupuesto del 0.17%, que hoy existe para las campañas electorales. Ese dinero debe servir, en este momento, con más urgencia, a fortalecer al Tribunal Supremo de Elecciones para que pueda montar para las elecciones del 2022 el sistema electrónico de las mismas, del voto electrónico, cueste lo que cueste. No habría pretexto si hay dinero para pagar el sistema que permita realizar las votaciones de esta manera. Pero, además, debe asegurarse una buena cantidad de dinero, y no migajas, para el financiamiento de las campañas municipales, que no tienen un buen respaldo económico en este sentido. Y debe hacerse una reserva de dinero, en manos del Tribunal Supremo de Elecciones para procesos de consultas populares que podrían convocarse. La Democracia hay que pagarla y si “jugamos” a la Democracia hagámoslo bien.

Algunos de los diputados que están defendiendo la tesis de rebajar el 0.17% al 0.11%/, o menos, es porque sus maquinarias partidarias están aseguradas con lo que saben que les puede corresponder con ese monto, o con uno más alto, y saben que menos posibilidades tendrán los partidos pequeños, a quienes les interesa aplastar o estrujar.

Y los diputados de partidos pequeños que están defendiendo estas tesis equivocadas, lo hacen por ingenuidad, torpeza, ceguera o por idiotez política extrema, más que por demagogia. Aquí la demagogia de la austeridad en gastos no opera. La Democracia hay que pagarla cueste lo que cueste, de lo contrario vamos a tener la democracia de las mafias operando en los procesos electorales.

Además, están las elecciones municipales que hay que darles buen financiamiento, que no lo tienen. Junto a esto hay que asegurarle al Tribunal dineros para realización de Referéndums, Plebiscitos y Consultas ciudadanas que podrían estimularse más para lograr una sociedad y una participación democrática más moderna y efectiva.

La otra discusión que está en el ambiente parlamentario es hipócrita en la forma. Tal vez válida en el fondo. ¿Se debe reducir el plazo de la campaña electoral? Veamos.

Las campañas hasta hace no muchos procesos electorales, con la prensa y radio tradicionales, exigían largos períodos de campaña para poder recorrer el país por parte de los candidatos. Con la televisión sumada se aceleraron esos tiempos. Radio, Televisión, y una prensa que llegaba cada vez más largo en el territorio nacional, y el mismo día, ya no obligaba a esas giras tan largas y sostenidas. Empezaron a preocuparse los partidos por las grandes concentraciones, especialmente finales, en las ciudades y en la capital, en la víspera del día de votación. Por supuesto que intensificó la presencia en medios de comunicación, y electrónicos que empezaron a sumarse en esta contienda electoral.

Hoy, frente a este desenfreno de medios de comunicación, de las llamadas redes informáticas, con todos sus matices, las concentraciones prácticamente han desaparecido, además de que son caras en su preparación. La pandemia ha demostrado que, con sus programas de relaciones de grupos, tipo zoom y otros, se pueden atender públicos diversos, por muchas horas en el día en diferentes partes del territorio nacional. Pongo un ejemplo sencillo. Hoy una conferencia por zoom puede reunir hasta 700 personas. He tenido esa experiencia. Y he salido de esa actividad y entro a otra con 70 personas, y luego a otra con otro público, y otra, incluso, fuera del país, en lugares tan distantes que si no fuera por estos medios, habría que haber programado esas actividades por los menos en tres días diferentes.

El país tiene la población educada para los procesos electorales, la tiene preparada para confiar en el Tribunal Supremo de Elecciones, hasta ahora inmaculado de fraudes originados en su institucionalidad, o de estar sometido a un Gobierno o un partido político determinado. Su autonomía es respetada por tirios y troyanos, y la honradez y honestidad de sus integrantes también.

¿Podemos reducir el plazo de las campañas? Si las elecciones se hacen electrónicas si se puede reducir hasta un mes perfectamente para la primera vuelta, y hasta tres semanas para una segunda vuelta si fuera del caso. Hay experiencias internacionales en este sentido que pueden ser útiles y asimilables.

Hay que dejarse de carajadas. Hay que ir a la reforma del pago de la deuda electoral en igualdad de condiciones para todos los partidos políticos, de manera que se garantice que todos los electores valgan igual para todos los partidos políticos, en lo que cuesta cada voto en el Presupuesto Nacional dispuesto para ello.

Hay que ir a las elecciones electrónicas, ojalá para las elecciones del 2022. ¿Se puede? Sí se puede si hay voluntad política en el Tribunal Supremo de Elecciones y en los partidos políticos, con asiento en la Asamblea Legislativa, para asumir el costo de lo que pueda significar implementar el sistema electrónico.

Hay que asegurar, que el financiamiento privado a las campañas sea totalmente prohibido, o que en su lugar se haga canalizado a cuentas bancarias oficiales de los partidos políticos, a través del Tribunal Supremo de Elecciones, ante quien se justificaría la donación respectiva.

Hay intereses políticos y económicos que posiblemente no quieren que se hagan estos cambios. Es más fácil y es mejor para el engranaje mafioso que se está desarrollando en el país, que haya menos controles financieros de las campañas, que se siga facilitando el financiamiento privado, casi sin control, y que las campañas duren lo más posible por el movimiento de dineros que de manera sucia se pueden mover alrededor de los procesos electorales.

¿Avanzamos o no avanzamos, en mejorar el sistema, pareciera ser el dilema?