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Etiqueta: Poder Judicial

Voto público en la elección de las magistraturas y otros altos cargos – Mitos y realidades

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Foro de Justicia1
Firma responsable: Rosaura Chinchilla Calderón
forodejustiacr@gmail.com

A junio de 2022, hay tres nombramientos de magistraturas pendientes en el Plenario Legislativo, para las vacantes en la Sala Constitucional, la Sala Tercera y la Sala Primera. Las ternas para hacer la selección están a cargo de la Comisión Especial Permanente de Nombramientos (CPEN), y la selección final recae en el Plenario. Ambas votaciones se realizan de forma secreta, generalmente sin fundamentación alguna y luego de un proceso de selección con un fuerte componente de discrecionalidad. Así, la ciudadanía se ve impedida de conocer los fundamentos de las decisiones de sus representantes, de pedirles cuentas y responsabilizarles por su decisión.

Esta práctica contradice los principios constitucionales de transparencia, publicidad, idoneidad, rendición de cuentas y razonabilidad; y además, perjudica no solo las imágenes del Poder Legislativo y del Poder Judicial, sino también las de las personas que se eligen y las de aquellas que sometieron sus nombres al proceso.

Diversos esfuerzos desde la ciudadanía y entes especializados demandan que se haga público y fundamentado el voto para nombrar altos cargos públicos. véase, por ejemplo, el pronunciamiento del Relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, la campaña de redes sociales #VotoPúblicoYA del colectivo Foro de Justicia, el compromiso firmado por el actual Presidente de la República con la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), y el compromiso de varios de las actuales diputaciones con el medio Delfino.cr, entre otros.

Para oponerse a esta amplia demanda ciudadana de transparencia suelen esgrimirse algunos argumentos que, como se demostrará, son excusas y mitos.

Mito 1. La publicidad está contra la ley y la normativa vigente. Realidad: Eliminar la votación secreta en la CPEN solo requiere de la voluntad de las diputaciones que integran dicha comisión, pues la metodología de trabajo la aprueban ellos mismos para cada proceso. Por su parte, en el Plenario legislativo el mecanismo se puede modificar a través de una reforma puntual al Reglamento de la Asamblea Legislativa. Y aún sin dicha reforma, las diputaciones que así lo deseen pueden publicitar su voto, en virtud de los principios constitucionales, de más alto rango que el citado reglamento, de publicidad, representatividad, transparencia y rendición de cuentas que los obliga y en ejercicio de su libertad de expresión. En este sentido, por ejemplo, se encuentra el antecedente de la propia Corte Suprema de Justicia cuando decidió votar de manera pública durante el proceso de selección de fiscalía general en 2018.

Mito 2. El voto secreto es una garantía para quien vota. Realidad: Esto es así para el ciudadano o la ciudadana frente a los eventuales abusos del poder, pero no aplica para quienes representan a otras personas o quienes desempeñan la función pública, quienes, por mandato constitucional, deben rendir cuentas de lo que hacen ante sus electores; y si persisten en recurrir al secretismo y la opacidad es para ocultar intereses contrapuestos, negocios, corrupción, etc. que carcomen la democracia y la institucionalidad (quien actúa por principios no tiene nada que ocultar).

Mito 3. La publicidad expone a diputados y diputadas a riesgos en su seguridad personal o integridad física. Realidad: Aceptar este argumento significa dar por hecho que la institucionalidad está cooptada por grupos criminales que serían capaz de recurrir a ese nivel de violencia, cosa que no ha pasado nunca, ni de ello hay evidencia alguna en el país a la fecha, pero que sí podría irse generando de fomentar la opacidad en el ejercicio del poder. Además, en caso de haber amenazas en este sentido, la visibilización y combate de las causas serían el curso de acción adecuado y no la limitación de un derecho de la ciudadanía de conocer cómo votan sus representantes. En todo caso, los amenazadores tendrían hoy en día muchas formas de saber cómo vota cada diputado (fotos por ejemplo desde el celular), aún cuando este voto sea secreto.

Mito 4. La publicidad abre el portillo para la presión de grupos poderosos. Realidad: Al contrario, el secretismo es el caldo de cultivo de las componendas entre corruptores y corruptos. En cambio, la publicidad transparenta los eventuales intereses en juego y facilita su control cívico. Aceptar aquel argumento implicaría que también las leyes deberían seguir ese mecanismo, lo que es absurdo y antidemocrático. En todo caso, quien legisla debe entrenarse y prepararse para enfrentar estas presiones que tendrán en prácticamente todas las decisiones que tomen.

Ciertamente, el voto público no resuelve los problemas y debilidades que tiene el proceso de nombramiento de los altos cargos y, en particular, de las magistraturas, pero sí se trata de un pequeño pero importante paso para promover una justicia independiente e imparcial que salvaguarde los derechos de toda la población, sin discriminación alguna.

Instamos al Parlamento (pero también a la Corte Suprema de Justicia en las designaciones a su cargo) a usar y fomentar este mecanismo en los asuntos de su competencia.

1 Foro de Justicia es una organización que busca el fortalecimiento de la justicia independiente y democrática y está integrada por la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), la Asociación Americana de Juristas, rama Costa Rica, la Asociación Costa Rica Íntegra, la Facultad de derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad La Salle, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), por el Programa Estado de la Nación y por personas expertas independientes.

Un Fiscal General para Costa Rica. Hallazgos del Panel Independiente de Personas Expertas para el fortalecimiento del proceso de selección – Conversatorio

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Este viernes 24 de junio a las 10:00 am, el Foro de Justicia Costa Rica llevará a cabo el conversatorio: Fiscal General para Costa Rica. Hallazgos del Panel Independiente de Personas Expertas para el fortalecimiento del proceso de selección.

Se contará con la participación de Manuel Antonio Solís, investigador quien ha trabajado a profundidad el tema del Poder Judicial en Costa Rica.

Puede seguir la transmisión mediante el Facebook del Foro de Justicia. Este es el enlace: https://bit.ly/3ycwnD1

Ante la impunidad: la responsabilidad ciudadana

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Pacheco Murillo

Sigue siendo una desgracia para este y para cualquier otro país la impunidad. Los delincuentes, de cualquier tipo que sea, al saber que no hay castigo para quienes llevan a cabo sus fechorías y la comisión de delitos, se sienten en libertad de seguir haciendo lo que les dé la gana, robando, hurtando, malversando, volando cualquier ley y cualquier reglamento, aparte de sentirse con una seguridad de que bajo cualquier circunstancia nada le pasará.

Los peores delincuentes siempre han sido los que menos se castigan. Los que tienen poder, los que han llegado a diferentes puestos públicos para servirse y no para servir. Los más detestables delincuentes son aquellos que han lucrado y la desando. No la fe y la esperanza de los más sencillos y de los que menos tienen, incluso cuando les hacen creer que obtendrán beneficios si confían en ellos y luego simplemente los engañan y además les quitan lo que es suyo.

Hemos tenido muchos ejemplos de eso y desgraciadamente en muchos casos todo lo hacen bajo el amparo y protección de las mismas autoridades.

Inclusive del que se supone que debería de acusar, pero se dedicó a encubrirlos: el Ministerio Público, la fiscalía que en muchos casos se ha demostrado que ha estado al servicio de los delincuentes y nada pasa.

Todos los días tenemos denuncias sobre acciones delictivas de en las que dineros públicos han sido malversados y simplemente no pasa nada, nadie sale castigado: la impunidad se impone. Y la peor de las desgracias es que hasta el poder judicial ha dado muestras de la corrupción que ha tomado control y por ello la desesperanza de que podría sancionarse a los delincuentes con poder.

Nos corresponde a los ciudadanos asumir las actitudes y las acciones para demostrar nuestro descontento. Todos sabemos cuáles y quienes son esos delincuentes, salirnos de cualquier lugar al que lleguen manifestando que no podemos estar donde hay delincuentes porque corremos peligro es una forma de manifestarnos. Es demasiado el daño que han hecho al país en general y miles de personas en particular.

Dios quiera que los que funcionarios de este nuevo gobierno, desde el presidente hasta el oficinista, tengan claro qué hay que acabar con la impunidad y tomen las medidas del caso.

Ley de Empleo Público: Implicaciones en el Poder Judicial / conversatorio

Escrito en . Publicado en Derechos.

Promovido por ANPROJUD y ANEJUD

Este miércoles 6 de abril de 2022 a las 3:30 p.m. se llevará a cabo un conversatorio sobre la Ley de Empleo Público y sus implicaciones en el Poder Judicial. 

En este conversatorio se contará con la participación de:

  • Mag. Fernando Cruz, Presidente Corte Suprema
  • Lic. Manuel Hernández, abogado laboralista
  • Lic. Mario Mena, de ANEJUD, y
  • Lic. Juan Carlos Sebiani, de ANPROJUD

El conversatorio contará con asistencia presencial en el Salón Multiusos.

Carlos Andrés Pérez Sánchez: víctima de la administración Alvarado

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Isabel Ducca D.

¿Ustedes se imaginan a un saboteador de una refinería de petróleo descalzo?

La sentencia del Tribunal de Apelaciones del Juzgado de Goicoechea, reproduce la acusación que se le planteó a Carlos Andrés Pérez S. como causante de un sabotaje a Recope en Moín y llama la atención que, cuando lo detienen, se encontraba descalzo.

Este operario fue detenido la noche del 11 de septiembre del 2018 en Moín; se le responsabilizó de entrar a las instalaciones con la intención de crear un peligro para la seguridad común. Mediante el uso de un objeto idóneo, cortó el cable de señal de nivel de las esferas 7710 y 7711, retiró dos fusibles que suministran la electricidad a los instrumentos de control y dañó el sistema de la válvula hidráulica, desconectando las líneas de fluido hidráulico, tanto en la parte inferior como la parte superior de tal forma que la esfera 711 quedó con las válvulas cerradas, creando un peligro (sic) la seguridad común pues con su actuar interrumpió el bombeo de gas desde el buque Strident Force a las esferas de almacenamiento, para lo cual cerró la válvula de entrada a la esfera, lo que puedo (sic)producir que las tuberías que trasladan el gas sufrieran una ruptura, produciendo una explosión que hubiera liberando (sic) gas licuado de petróleo a la atmósfera, a una razón de 1500 barriles por hora, catástrofe que se logró evitar gracias a la rápida acción del personal de RECOPE.[1][i]

Este fue el sabotaje al que se refirieron tanto Alejandro Muñoz, presidente ejecutivo de Recope, como Michael Soto, ministro de Seguridad, el 17 de septiembre 2018, con orgullo de salvadores de los costarricenses por habernos liberado de terroristas con mano criminal.

El trabajador fue condenado por los medios de comunicación, las altas autoridades del gobierno antes de ser también culpado por un juez de Limón el día 27 de noviembre del 2018 a dos años de cárcel y diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. ¡Justicia pronta y cumplida!, cuando así les conviene.

O más bien, ¡injusticia pronta y cumplida!, ya que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, Segundo Circuito de San José, Goicoechea, el 26 de febrero del 2019, declaró con lugar la apelación interpuesta tanto por el Ministerio Público como por su defensor. Son múltiples las irregularidades que dicho tribunal encontró en el proceso. Nos interesa rescatar una conclusión fundamental de esa argumentación jurídica:

Pocas veces este Tribunal se ha enfrentado a un proceso y a una sentencia cargada de tantos y tan graves errores en la aplicación del derecho vigente como la presente. Por ello, porque se estima, conforme a lo indicado, que no se trata de simples discrepancias de criterios jurídicos o de errores menores, sino de un burdo desconocimiento del Derecho Penal y Procesal Penal, se considera procedente testimoniar piezas ante el Tribunal de la Inspección Judicial a fin de que se determine si al juez de mérito le asiste alguna responsabilidad disciplinaria al tenor de lo estipulado en el artículo 199 párrafo final de la Ley Orgánica del Poder Judicial.[ii]

El criterio de juristas destacados fue expuesto en la Revista de Canal 13 del Sistema de Radio y Televisión dirigida por Laura Martínez.[iii] Dicha sentencia fue calificada por José Miguel Villalobos como un mamarracho jurídico que deja ver, como la punta de un iceberg, la crisis del sistema judicial porque una sentencia así amerita que ese juez sea investigado e incluso destituido por la flagrante ignorancia que demuestra; incluso puede ser acusado por prevaricato por la cantidad de vicios procesales y de fondo que contiene la sentencia de ese juez de Limón, pues sus argumentos son contrarios a la ley.

La pregunta fundamental planteada por este jurista es si se trata una magna ignorancia de parte del juez o de un acomodo a la presión para exhibir una condena que correspondiera con la coacción ejercida por sectores empresariales y círculos editoriales para declarar el suministro de combustible como servicio esencial, con el objetivo de garantizar la anulación de la posibilidad de huelga en servicios públicos como el de Recope.

La sentencia del juez de Limón fue presentada por algunos medios como el non plus ultra de la defensa de la institucionalidad porque la intención siempre es confundir al ciudadano, de manera que ligara suministro de combustible con servicio esencial y prohibición de la huelga. Había un sector muy importante que deseaba cerrar el derecho a huelga en los servicios públicos.

Otro asunto muy cuestionable es que los medios de comunicación le hicieron creer a la ciudadanía que existía alguna prueba del sabotaje; sin embargo, el Ministerio Público afirmó que no había ninguna prueba directa, nadie lo observó manipulando algo. A pesar de todo eso, el juez lo convirtió en un indicio preciso y concordante de que esa persona estaba intentando sabotear; ese fue el único indicio para acusarlo. ¡No existe prueba directa! ¡No existen varios indicios!

Nuestra solidaridad para con Carlos Andrés Pérez Sánchez quien entró esa noche a las instalaciones de RECOPE por su lealtad para con el país y la institución, pues tenían varias horas él y otros compañeros que se encontraban fuera en el estacionamiento, de oler como si hubiera una fuga de combustible. Para prevenir una tragedia entraron a revisar. Cuando estaban dentro del plantel, una patrulla entró a detenerlos… Sin palabras, imaginen el resto.

Este viernes tendrá lugar en Limón el juico. Las organizaciones sociales están solicitando Sobreseimiento definitivo para Carlos Andrés.

Si todavía existe justicia en Costa Rica, así será.

[1] Tanto los graves problemas de redacción como el subrayado son del original.

[i]Chinchilla, R., García, A. y Rojas, G. (2019). Resolución: 2019-0319 Expediente: 18-000244-1130-PE (7)TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL, Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, p.6.

[ii] Idém, p.42.

[iii] S.a. Costa Rica Noticias. Revista: Entrevista: Cuestionamientos a sentencia de trabajador de Recope. Recuperado de: http://www.costaricanoticias.cr/revista/page:2

En defensa del Poder Judicial

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Dice la candidata Lineth Saborío que está a favor de eliminar la reelección automática de integrantes de la Corte Suprema. En primer lugar, hay que aclararle al electorado que la reelección automática no existe en Costa Rica. Por razones justificadas y con la mayoría de dos tercios, la Asamblea Legislativa puede remover o no reelegir a un magistrado. Es un sistema equilibrado que busca garantizar la independencia judicial para no hacer de los miembros de Corte simples marionetas de los políticos de turno, amenazándolos permanentemente si sus decisiones no son del agrado de éstos.

Doña Lineth fue directora del OIJ. No puede decirse que ignora la importancia de órganos judiciales independientes. En su momento aspiró a ser magistrada de la Corte sin lograrlo. Eran tiempos en los que todavía se valoraba, en la mayoría de los casos, el peso jurídico de los aspirantes. Doña Lineth después dejó botada su carrera judicial por meterse en política. En tiempos donde la demagogia hizo de la llamada seguridad contra la delincuencia el tema de campaña, ella dilapidó su patrimonio como policía para ocupar una vicepresidencia, nada sobresaliente, por cierto.

Aparte de asegurarle trabajo a su esposo y otras personas cercanas, no se le recuerda ningún logro significativo. Después quiso volver al Poder Judicial, pero ya no era tan sencillo el retorno. Había que hacer exámenes y acumular méritos para el reingreso y ella no los tenía. Ahora, otra vez en campaña, la emprende de nuevo contra el Poder Judicial. Está de moda emprenderla contra los jueces. Hace rato el PUSC, el partido de expresidentes ayer involucrados en graves casos de corrupción y hoy con algún diputado cercano a narcotraficantes, considera necesario debilitar, aún más a la Corte Suprema, obligando a sus miembros a portarse bien por breves cuatro años porque de lo contrario, los políticos no los reelegirán.

Estamos avisados: la corrupción y el crimen organizado avanzan a paso firme y tendrán patente de corso para actuar a sus anchas.

Apuntes puntuales sobre la Consulta Facultativa de Constitucionalidad promovida desde el propio Poder Judicial sobre el proyecto de empleo público

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Por Juan Carlos Durán Castro

Dirigente Sindical SIFUPCR-CMTC

08-12-2021

  1. Tal acción es un reflejo del alto grado de fetichización (corrupción), dentro de un sistema de derecho nacional que se lo hacen ver “justo y legal”, pero al quitarle su careta resulta todo lo contrario, Es así como tenemos un Poder Judicial que camina hacia escenarios en los cuales no vemos garantía de respeto a los derechos humanos, laborales, sociales y políticos elementales, lo cual nos pone en un predicado muy peligroso, que el pueblo en su conjunto no atina a ver por distintas razones.
  2. Sin duda los tenemos actores políticos de distinto tipo y de muy distintas disciplinas, tonalidades, sabores y colores profesionales, que han tomado los tres Poderes de la República y no dudamos que son altamente conservadores. Es decir, y para que se entienda en sencillo, son lobos y lobas con piel de oveja, son esos seres humanos que nos deslumbran por su profesionalidad y visión, pero que en resumidas cuentas tienen al país con cifras que dan vergüenza y para colmo de males van al extranjero y no dicen la verdad.
  3. Esos sectores de han logrado avanzar como nunca en la historia reciente desde la Constitución de 1949 en el debilitamiento de la institucionalidad y no se detendrán hasta dinamitar y dejar casi en escombros una necesaria institucionalidad que aun con sus debilidades ha demostrado ser la tabla de salvación para miles de familias en el marco de la pandemia sanitaria del Covid- 19, cuyos efectos e impactos vemos más ahora pero que arrastramos desde hace años y no solo son el resultado del tema de salud, sino de otros propios de una sociedad que conducen a la decadencia.
  4. Así las cosas, este acto de promover desde las entrañas del Poder Judicial una consulta facultativa sobre el proyecto 21.336 (Ley Marco de Empleo Público), lo podríamos categorizar de muchas formas y hasta darle diversas valoraciones, pero lo que debe entender el pueblo en sencillo es que dentro de ese mundo de leyes existen pujas internas que desde el plano ideológico tienen formas distintas de ver el proyecto de ley 21.336. Es decir, tenemos sectores progresistas y sectores más conservadores dentro del Poder Judicial y en este contexto histórico han decidido transparentar un poco esas diferencias, lo cual más allá de toda valoración, pose o posición, aporta al verdadero fortalecimiento de una democracia que se desvanece ante nuestras propias narices.
  5. Debe nuestro pueblo entender que esa disputa de enfoque por el proyecto 21.336, que está teniendo lugar y es más visible ahora en lo relativo al Poder Judicial, tiene que ver con las mayorías (entiéndase más allá del sector público), pues ese debate político-ideológico en el corazón de la Corte, es posiblemente solo un fragmento revelador de lo que está en disputa para el futuro del país, para los siguientes cincuenta años o más, es decir, lo que se determine de esta situación que nos parece ajena y que parece va ganando el sector más adinerado del país en alianza con sus marionetas político-electoreras (tristemente electas por la gente), no parece presentar cambios halagüeños y mucho menos un mínimo viraje de camino en la mayoría de propuestas políticas para febrero 2022, lo cual acrecienta nuestras preocupaciones.
  6. Este fenómeno social de tanto empuje de ideas conservadoras, esta ruta al parecer de alta derechización nacional (entiéndase como esa idea repetida mil veces de disminuir el Estado como única solución), provocará más temprano que tarde un punto de inflexión, un nuevo estallido social y esto no lo ponemos en duda, ya que ante una «LEGALIDAD INJUSTA», no dejan otra opción a los pobres y oprimidos que continuar organizándose y aunque suene feo, luchar desde una ILEGALIDAD JUSTA, para articular nuevos liderazgos y nuevas luchas sociales que restablezcan el buen vivir de las mayorías excluidas y el respeto a la madre naturaleza.
  7.  En el peor de los escenarios y ante la inminente aprobación del proyecto de ley 21.336, debido a tanta corrupción y enfoque dogmático, debemos apuntar con mirada de mediano plazo a caracterizar a los verdaderos patriotas (hombres y mujeres), para reimpulsar un enorme bloque patriótico y apostar a visibilizar con más fuerza modelos corruptos e injustos y redoblar el trabajo social y sindical en los territorios y con los sectores más oprimidos. Esa tarea urgente de confrontar modelos de desarrollo injustos y corruptos o los que van en esa ruta, como lo es el caso de Costa Rica, que hemos denominado «LA CHILENIZACIÓN TICA», debemos desarrollarla para edificar resistencias y tejido social, y así, ayudar a construir un nuevo bloque social de los oprimidos y sembrar semillas de cambio y esperanza.

 

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Durán Castro.

Familias Sobreviviendo el Femicidio: Caso de Fernanda y Raisha

Escrito en . Publicado en Derechos.

Familias Sobreviviendo el Femicidio

San José, 23 de noviembre 2021

A raíz de la liberación del principal sospechoso de la autoría intelectual de los femicidios de Fernanda Sánchez Aguilar y de Raisha Ríos Sánchez manifestamos.

  • Luego de la abundante y contundente prueba aportada por el OIJ, es inexplicable e injustificable la medida de dejar en libertad al sospechoso Carmen Fabio Ríos Garro, pareja y padre de las víctimas y presunto autor intelectual de sus muertes.
  • Reclamamos al Poder Judicial, específicamente a los jueces de Cartago, por seguir con una conducta de desprecio y misoginia en contra de las víctimas de femicidio y sus familias. En los últimos meses hemos visto con tristeza su accionar en los casos de Luany, Alisson y ahora con Raisha y Fernanda. Alejados de las consideraciones y realidades de la violencia estructural y sistémica en contra de las mujeres. Que solo refuerza estas conductas violentas y despreciables. Que además envía un pésimo mensaje a la sociedad y rehúye el papel formador y ejemplarizante que le corresponde a la administración de justicia en un Estado de Derecho.
  • Apoyamos a la familia Sánchez Aguilar y exigimos que la justicia llegue pronto a aliviar y reparar sus vidas. Los jueces no pueden seguir desconectados de la realidad que viven y sufren con sangre y muerte las víctimas y sus familias. No están solas. Grupo de Familias Sobrevivido al Femicidio.

 

Compartido con SURCOS por Nayla Carvajal Sancho.

Revista Espiga: «Las reformas impostergables en el Poder Judicial»

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte la siguiente información:

El próximo viernes 5 de noviembre a las 10:00 a.m. se llevará a cabo una conferencia en el marco de un esfuerzo para el voto informado, con miras al proceso electoral 2022. La exposición estará a cargo de la Mag. Rosaura Chinchilla Calderón.

Adjuntamos la invitación formal al evento: